Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de nulidad formulado por la recurrente, con costas.
2Rechazar el recurso de apelación presentado contra las Resoluciones Nros. 62/10 y 63/10, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe firma conjunta Número: IF-2024-63311666-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 14 de Junio de 2024 s/recurso de apelación”.
En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10°Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente N°33.829-I (y su acumulado N° 33.830-I) caratulado “Petro Gas S.A s/recurso de apelación”.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. Petro Gas S.A. interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las siguientes Resoluciones dictadas el 26 de abril de 2010 por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mendoza de la Administración Federal de Ingresos Públicos:
a) la Resolución N° 62/10, en la que se determina de oficio su obligación en el impuesto a las ganancias por el período fiscal 2005 y se la intima a ingresar $572.247,83, más intereses resarcitorios. Asimismo, se hizo reserva de juzgar su conducta infraccional por el mismo periodo fiscal, por aplicación del art. 20 de la ley 24.769. b) la Resolución N°63/10, en la que se determina de oficio sus obligaciones en el impuesto al valor agregado en los períodos fiscales diciembre 2005 a mayo de 2006 y se la intima a ingresar $154.035,22, más intereses resarcitorios. Allí también se hizo reserva de juzgar su conducta infraccional de los mismos periodos fiscales por aplicación del art. 20 de la ley 24.769.
En sus presentaciones ante este Tribunal, Petro Gas S.A. solicita que se dejen sin efecto dichas Resoluciones al considerarlas arbitrarias y carentes de fundamentos en cuanto al rechazo de la prueba ofrecida y al desconocimiento de los agravios por ella expuesto en sede administrativa. Considera en concreto que al no haberse tenido en cuenta la prueba documental presentada -que a su entender hubiera permitido disminuir los montos ajustados-, se vulneró lo dispuesto por las leyes 19.549 y 11.683, abusando así de su poder discrecional y soslayando de esta manera su legítimo derecho de defensa en juicio.
Manifiesta que de dicha prueba documental surgían todos los movimientos efectuados por las empresas SCAFI S.A. y Petro Gas S.A., durante el periodo fiscal 2005. Informa que se incluyeron depósitos bancarios que eran ingresos facturados por Petro Gas S.A. que fueron acreditados mediante recibos y que se realizó una cesión gratuita de cheques a favor de SCAFI S.A. que fueron incorporados durante el proceso de inspección que incluyen actas de cesión de cheques en julio de 2007.
Justifica dichos movimientos en que la cedente se encontraba inhibida en el sistema bancario, y por lo tanto le era imposible depositar esos valores, los cuales una vez acreditados eran extraídos en efectivo y utilizados para pagar la nómina salarial de Petro Gas S.A., más todos los gastos que hacían al movimiento o giro comercial de la empresa.
Relata que por problemas ajenos a la empresa, toda esa documentación no fue aportada en legal tiempo y forma durante el proceso de inspección, ni tampoco al contestar la vista de los ajustes conferida, lo que atribuye a una falta en el asesoramiento contable pero sí se aportó después como prueba documental que es la que, según dice, no fue valorada al dictarse las Resoluciones de determinación de oficio.
Se agravia, además, por la tasa de interés aplicada a la deuda y solicita que se reduzcan.
Aporta prueba documental y ofrece la producción de prueba pericial contable, cita jurisprudencia y doctrina, y solicita, por último, que se revoquen las Resoluciones, con costas.
II. A fs.40/48 y fs. 106/113 el Fisco Nacional contesta el traslado de los recursos, solicitando que se confirmen sus actos, también con costas.
III. A fs. 55 obra el auto de apertura a prueba en el que rechaza la prueba pericial contable ofrecida atento que los puntos de pericia no recaían sobre hechos controvertidos.
A fs. 126 se decidió por Tribunal en Pleno acumular el exp. N°33.830-I que tramitaba anteriormente ante la Vocalía de la 9° Nominación Sala C, al que lleva el N° 33.829-I de igual caratula, en trámite ante está Vocalía. A fs. 144 se elevan los autos a consideración de la Sala. A fs. 147 se solicita a las partes que informen si las deudas determinadas en las Resoluciones fueron regularizadas, total o parcialmente. A fs. 153, contesta el Fisco Nacional haciendo saber que Petro Gas S.A. incluyó las obligaciones correspondientes al impuesto a las ganancias del períodos fiscal 2005 y del impuesto al valor agregado de diciembre 2005 a abril de 2006 en un Plan de Facilidades de Pagos –RG 3451/2013-. Adjunta documentación del acogimiento e informa allí también que el plan se encuentra caduco por falta de pago de sus cuotas.
A fs. 169 la representación fiscal confirma la regularización de las obligaciones, esta vez el período fiscal mayo 2006 incluido, el pago de dos cuotas y la caducidad del plan decretada el 19 de noviembre de 2013. Corrido el traslado de dicha información a Petro Gas S.A., guardó silencio.
A fs. 204 quedan en estado para dictar sentencia.
IV. Corresponde resolver sobre la validez y legitimidad de las Resoluciones.
En primer lugar, deben tratarse los planteos de nulidad articulados, lo que cabe ya adelantarlo, no pueden prosperar, ya que contrariamente a lo que Petro Gas S.A. sostiene en ningún momento se vio agraviada la garantía del debido proceso adjetivo. Es que para ello, es necesario que el vicio haya colocado a la parte en estado de indefensión, situación que no se verificó en el sub lite, prueba de lo cual es que tuvo oportunidad de presentar sus defensas en la instancia administrativa previa así como también ante este Tribunal.
En efecto, las Resoluciones se encuentran debida y suficientemente motivadas en los antecedentes de hecho y de derecho descriptos en sus Considerandos, por lo que no se advierte violación alguna a ninguna de las disposiciones de la ley 11.683, ni tampoco al procedimiento administrativo reglado en la ley 19.549, ya que de allí no se advierte que se haya incurrido en ningún vicio que justifique que este Tribunal declare la nulidad de dichos actos. La prueba documental que aportó fue valorada por el juez administrativo pero fue desestimada por tratarse de fotocopias simples, sin firmas de responsables de la empresa lo que junto con la oportunidad en que fue presentada y otras consideraciones que se expresan en los Considerandos, hicieron poner en seria duda su validez formal.
Sin perjuicio de lo señalado, cabe recordar que la nulidad de un acto no puede invocarse en forma abstracta, sino que es indispensable acreditar la existencia de afectación en algún derecho de quien la pide y un perjuicio concreto, requisitos que en el caso no se han cumplido, ya que Petro Gas S.A. ha tenido oportunidad de hacer valer sus defensas tanto en el procedimiento sustanciado en sede administrativa, como ante este Tribunal. Así lo ha manifestado en forma reiterada y constante la Cámara que ejerce como alzada de este tribunal al decir que “…cuando se plantea la nulidad de un acto administrativo debe señalarse, concretamente, cuáles son los vicios que exhibe y qué perjuicio ha provocado (causa “Cooperativa de Trabajo AEI “Colonia Barraquero” LTDA c/ INAES – Resol. 806/08 (Expte. 137/03)”, pronunciamiento del 3 de febrero de 2012). También ha sostenido que el interesado debe acreditar la violación de una forma procesal, o la omisión de un acto, que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a su indefensión, por lo que las nulidades son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se vio privado de oponer el impugnante (causa “EDI Fumigaciones SRL (TF 27564-I) c/ DGI”, “Cachape SRL c/ DGI”y “Ángel Russo Combustibles SRL (TF 24979-I) c/ DGI”, pronunciamientos del 2 de febrero de 2012, del 12 de julio de 2012 y del 20 de mayo de 2015, respectivamente)” -conf. ”Bringas Raul”, sentencia del 1.10.2020, entre otros-.
Por ello, corresponde rechazar el planteo de nulidad, sin costas (“Bolland”, Fallos 336:70).
V. Corresponde entonces establecer si los ajustes fiscales determinados en las Resoluciones Nros. 62/10 y 63/10 se ajustan a derecho, análisis en el que no puede perderse de vista que fue Petro Gas S.A. el que los reconoció cuando incluyó las deudas en un plan de facilidades de pago, tal lo que se encuentra acreditado con la documentación obrante en el Expediente.
El art. 2° de la RG 3451/2013 disponía, en lo que aquí importa, que “Podrán regularizarse también mediante el régimen dispuesto por la presente: …b) Las deudas derivadas de ajustes de inspección, en tanto el contribuyente conforme la pretensión fiscal”.
Por su parte, el art. 6° agregaba que “Será condición excluyente para adherir al plan de facilidades de pago, que las declaraciones juradas determinativas y/o informativas de las obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, por las que se solicita la cancelación financiada, se encuentren presentadas a la fecha de adhesión al régimen”, lo que implica que para adherirse al plan Petro Gas S.A. debió presentar las declaraciones juradas rectificativas en cada uno de los impuestos y períodos fiscales exteriorizando los saldos con los ajustes fiscales.
Es claro, entonces, que la regularización llevada a cabo por Petro Gas S.A. en el año 2013 implicó la aceptación de la pretensión fiscal notificada en las Resoluciones dictadas en el año 2010.
Por su parte, el art. 14 de la citada reglamentación, para el caso de decretarse la caducidad del plan por falta de pago de sus cuotas, que es lo que también está acreditado en el Expediente, dispone que, “En caso que la solicitud de adhesión resulte anulada, o se declare el rechazo o caducidad del plan de facilidades de pago, por cualquier causa, esta Administración Federal proseguirá con las acciones destinadas al cobro de la deuda en cuestión, conforme a la normativa vigente”.
La caducidad se encuentra reglada en un capítulo especial, el Capítulo F - CADUCIDAD. CAUSAS Y EFECTOS. Allí se dispone que “La caducidad del plan de facilidades de pago, operará de pleno derecho y sin necesidad de que medie intervención alguna por parte de este Organismo ante la falta de cancelación de: a) DOS (2) cuotas, consecutivas o alternadas, a los SESENTA (60) días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la segunda de ellas, o b) una cuota, a los SESENTA (60) días corridos contados desde la fecha de vencimiento de la última cuota del plan”. Se encuentra acreditado que Petro Gas S.A. tan solo pagó las dos primeras cuotas del plan. En lo que aquí en particular interesa, en tanto marca el procedimiento que debió haberse seguido luego de disponerse la caducidad del pan, a continuación dispone que “Una vez operada la caducidad —situación que se pondrá en conocimiento del contribuyente a través de una comunicación que se le cursará por el servicio “e- Ventanilla” (13.1.) al que accederá con su “Clave Fiscal”—, el juez administrativo competente, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas, deberá disponer el inicio o prosecución, según corresponda, de las acciones judiciales tendientes al cobro del total adeudado”.
Las acciones judiciales no son otras que las previstas en el art. 92 de la ley 11.683, esto es el juicio de ejecución fiscal tendiente al cobro coactivo de una suma que, en el caso, fue reconocida por el propio contribuyente al conformar la pretensión fiscal y adherirse a un plan de facilidades de pago cuyas condiciones no cumplió. Este procedimiento es, según la normativa transcripta, el que debió adoptar la Administración Federal de Ingresos Públicos una vez dispuesta la caducidad del plan el 19 de noviembre de 2013, según lo informado en su presentación ante este Tribunal de fs. 169 del 28 de noviembre de 2023.
Es que habiendo el contribuyente reconocido con sus propios actos las obligaciones determinadas de oficio, queda prácticamente eliminado el análisis técnico y jurídico que este Tribunal está designado por ley llamado a realizar, vgr. mediante la revisión de los hechos imponibles determinados en los actos recurridos u otros elementos de la obligación tributaria. Prueba de ello es, precisamente, que el art. 76 de la ley 11.683, en su tercer párrafo, en el inc. 3) expresamente declara improcedente al recurso de apelación cuando se dirige contra actos que declaran la caducidad de planes de facilidades de pago, naturaleza que por vía indirecta adquirieron los actos recurridos en este Expediente.
Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de apelación. Costas a la vencida (art. 68, CPCCN). El Dr. Martín dijo:
Que comparto el relato efectuado en el voto de la Dra. O’ Donnell, como así también lo decidido en el mismo en razón de que, según manifiesta el representante fiscal a fs. 155, la recurrente ingresó los montos y conceptos discutidos en un plan de pagos, que si bien luego resultó caduco, implicó el reconocimiento de la deuda de autos. Que en lo que hace a la defensa de nulidad articulada por la apelante, considero que, por los motivos expuestos en el Considerando IV.-, la misma debe ser rechazada, con costas atento que se difirió su tratamiento para esta oportunidad a fs. 114 pto. 2°).
La Dra. Gómez dijo:
I. Que teniendo en cuenta el requerimiento formulado por la Vocalía Instructora a fs. 147 punto 2°, surge de tres presentaciones efectuadas por el Fisco Nacional (fs. 153, 155 y 169) que si bien existió un plan de pagos formulado respecto a “impuestos y períodos fiscales tramitados en la causa” (sic. fs. 153), se decretó la caducidad del mentado plan y no se ingresaron de otra manera los montos adeudados. Que tampoco hay constancias en la causa que indiquen que la recurrente haya desistido de la acción y el derecho.
Que en virtud de la reseña efectuada en la cual ni siquiera surge cancelación o vigencia de la regularización intentada, es que no permite concluir en que la actora haya desistido de la acción y el derecho, incluso el de repetición, en autos y es por ello, que corresponde analizar la procedencia de las resoluciones apeladas (cfr. criterio de esta juzgadora in re “Díaz Mario Ceferino”, sentencia del 8 de noviembre de 2012).
II. Respecto a la nulidad planteada por la actora, corresponde adherir a la solución propiciada por la Dra. O´Donnell, coincidiendo con lo expuesto por el Dr. Martín con relación a la imposición de costas a la vencida.
III. Que se cuestionan los actos determinativos correspondientes Impuesto a las Ganancias período 2005 e IVA períodos fiscales diciembre de 2005 a mayo de 2006; todo ello con más sus intereses y haciendo reserva de aplicar sanciones en sendas resoluciones (fs. 12/23 y 80/90).
Que frente a los ajustes efectuados en el débito fiscal y los ingresos del período 2005 por ser inferior los exteriorizados a los que surgieron de las circularizaciones practicadas, a la vez que en materia del cómputo de crédito fiscal y costos también se consideraron los resultados obtenidos en tales circularizaciones motivadas por la falta de cumplimiento de requerimiento de información por parte de la aquí apelante (vg. fs. 81), era éste quien debía probar en esta instancia, por un lado, que los mayores ingresos estaban no alcanzados o exentos en el IVA y en el Impuesto a las Ganancias y/o demostrar la existencia de mayores costos.
Resultando aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377 del CPCCN, en el marco de una contienda jurídica cada parte tiene que -inexcusablemente- recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para sustentar sus dichos; se desprende de autos que la actora no ofreció la prueba idónea para rebatir los ajustes practicados por el Fisco Nacional, ni siquiera objetando lo dispuesto el punto 1° de la providencia que luce a fs. 55.
En esta línea, la necesidad de documentar todos los actos que involucren a los contribuyentes sólo puede resultar en su propio beneficio para evitar que pueda darse una determinación alejada de la realidad económica, encontrándose a su cargo, como ya se dijo, la obligación de contrarrestar con pruebas fehacientes las conclusiones del Ente Fiscal (vide criterio de esta Sala in re “Piñeyro De León Liliana B.” Expte. 19.299-I y su acumulado N° 19.301-I); circunstancia que no se vislumbra en el presente.
Que si bien este Tribunal -conf. art. 164 de la ley de rito- tiene amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes, es jurisprudencia pacífica que ello no implica llegar al extremo de reemplazar a la parte remisa o descuidada en la defensa de sus derechos, en violación del principio de la igualdad procesal, a lo que se agrega que las estimaciones de impuestos efectuadas de oficio gozan, en principio, de legitimidad e incumbe a quien las impugna demostrar fehacientemente los hechos en que sustenta su pretensión . Que de seguirse otra tesitura “la prerrogativa de la Administración respecto de la legitimidad de sus actos desaparecería frente a cualquier proceso judicial, obligando al Estado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, así como la validez de las conclusiones extraídas de ellos” (conf. CSJN - in re “Romero SA”, sentencia del 8 de febrero de 2005).
Por lo expuesto, corresponde confirmar los ajustes practicados en IVA y en el Impuesto a las Ganancias.
IV. Que en cuanto a la liquidación de accesorios efectuada en los actos apelados, cabe recordar que el artículo 37 de la Ley Nº 11.683 dispone que "la falta total o parcial de pago de los gravámenes, retenciones, percepciones, anticipos y demás pagos a cuenta, devengará desde los respectivos vencimientos, sin necesidad de interpelación alguna, un interés resarcitorio". Tal consideración, basada en la literalidad de la norma, permite descartar sin más la procedencia de su aplicación (cfr. Sala V in re "Cuerolandia SACIF (TF 9740-I) c/ DGI", sentencia del 27/07/2005).
En esta línea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado en autos “Cittibank NA C/D.G.I” (sentencia del 1/06/2000), resolviendo que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias y que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del Código Civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales, ajenas al deudor y que deben ser restrictivamente analizadas -las cuales definitivamente no se presentan en el caso concreto- resaltando que la imposición de intereses no responde a normas represivas, con lo cual se descarta la necesariedad del elemento culpa para su imposición.
Además, debe precisarse que los accesorios previstos en el art. 37 de la ley de rito trascienden el mero interés particular de las partes pues ponen de relieve una finalidad de otra naturaleza, esto es la necesidad de estructurar un sistema que permita una más eficiente y rápida recaudación tributaria. De allí que, en principio, resulta razonable que frente a la mora en que incurra el contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, la ley prevea la posibilidad de fijar una tasa de interés más elevada que la prevista para las relaciones entre particulares (conf. "Arcana Orazio" del 3/7/84 y "Marthay, Jorge" del 6/6/1995, entre otras), sin que se advierta en el caso que el Fisco se haya extralimitado de forma alguna en el cálculo de los accesorios bajo trato. A mayor abundamiento, debe precisarse que "el interés común en el pago puntual de los impuestos a fin de permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado, interés que justifica la elevación de las tasas más allá de lo normal, elevación que -por otra parte- no beneficia a personas determinadas, sino a la comunidad toda" (Fallos: 308:283).
Que en virtud de todo lo expuesto, procede confirmar la liquidación de los intereses resarcitorios intimados en los actos recurridos, toda vez que los mismos se ajustan a lo dispuesto por el art. 37 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.).
V. Por lo expuesto, corresponde: i) Rechazar el planteo de nulidad efectuado por la actora, con costas; ii) Confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes. Con costas a la vencida.
En atención al resultado de la votación que antecede, por mayoría,
1. Rechazar el planteo de nulidad formulado por la recurrente, con costas.
2. Rechazar el recurso de apelación presentado contra las Resoluciones Nros. 62/10 y 63/10, con costas. Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2024.06.14 17:11:16 -03:00 Date: 2024.06.14 17:34:51 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.06.14 19:32:41 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.06.14 19:32:42 -03:00
Fin de la sentencia