Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar las resoluciones Nros. 02/2011 y 99/2017 en todas sus partes, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-93745977-APN-VOCVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 25 de Septiembre de 2026 s/ apelación”, sentencia.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúnen los miembros de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Viviana Marmillon (Vocal titular de la 7ma. Nominación) y Claudio Esteban Luis (Vocal titular de la 8va. Nominación) a fin de sentenciar en el expediente N° 35.723-I y su acumulado N° 48.554-I caratulados “ PETROBRAS ARGENTINA S.A. s/ apelación”
La Dra. Marmillon dijo:
I. Que a fs. 36/50 y 217/231 PETROBRAS ARGENTINA S.A (Petrobras) interpone sendos recursos de apelación contra las resoluciones 02/2011 y 99/2017. Por la primera de ellas de fecha 22/12/2011, suscripta por el Jefe (Int.) de la División Recaudación de la Dirección de Operaciones de Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP-DGI, se intima a la contribuyente a ingresar las sumas allí consignadas en concepto de Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural (ITC) ley 23.966 Título III (t.o. en 1998) correspondiente a los períodos enero de 2006 a agosto de 2011, ambos inclusive, con más sus intereses resarcitorios. Por la segunda resolución de fecha 27/12/2017, suscripta por la Jefa de la División Jurídica del Departamento Legal Grandes Contribuyentes Nacionales Dependiente de la Subdirección General de Operaciones Impositivas de la AFIP-DGI se aplica una multa equivalente al 70% del impuesto y períodos presuntamente omitidos determinados en el acto administrativo 02/2011, con sustento en lo dispuesto por el art. 45 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modif.).
Relata la recurrente que el proceso de fiscalización se originó a instancias de la Dirección de Análisis de Fiscalización Especializada (DAFE) que luego de evaluar la evolución de los precios de los combustibles, comparando las ventas dentro de la zona de exención que prevé la ley (al sur del paralelo 42°) y las realizadas fuera de dicha zona, concluyó que la disminución de la diferencia entre unos precios y otros en los últimos años, constituye una apropiación del beneficio fiscal efectuado por las empresas proveedoras de combustible de la zona sur.
Expone que el 16/11/2011 se le requirió que informe respecto de los períodos involucrados los siguientes datos: modalidad de venta a estaciones de servicio que se encuentran dentro de la zona de exención, detalle de los clientes con los que se efectúan operaciones y si existe por parte de la firma algún tipo de control sobre el precio de venta al público, como así también el detalle de los precios de venta dentro y fuera de la zona de exención.
Manifiesta que contestó el requerimiento indicando que la totalidad de los clientes informados opera y/o han operado bajo la modalidad de reventa, que Petrobras no cuenta ni ha contado anteriormente con otra modalidad de vinculación comercial con sus clientes; consecuentemente, los clientes adquieren los productos y los comercializan a los consumidores finales bajo su exclusiva responsabilidad, cuenta y riesgo.
Aclara que dentro de la zona de exención operaron hasta el año 2009 dos estaciones de servicio en la Ciudad de Comodoro Rivadavia, de titularidad de Eg3 Red S.A., sociedad controlada por Petrobras. Indica que no existen estaciones de servicio dentro ni fuera de la zona de exención que se relacionen comercialmente con Petrobras mediante la modalidad de consignación, locación y servicios, comisión ni ninguna otra equivalente.
Agrega que junto a la mencionada contestación se adjuntó: 1) listado de los clientes de Petrobras que operan o han operado estaciones de servicio dentro de la zona exenta, entre los años 2006 y 2011, 2) listado de precio de venta por litro y por producto gravado, en forma mensual, diferenciando las estaciones de servicio dentro y fuera del área de exclusión. Ese listado se presentó con una apertura correspondiente a tres zonas: a. Área Metropolitana (Ciudad de Buenos Aires y Pcia. de Buenos Aires), b. Interior (resto del país con exclusión de la zona exenta) y c. Zona exenta y 3) un muestreo de facturas de venta, a razón de una por mes entre los años 2006 y 2011 por cada una de las zonas desagregadas.
Informa que en un requerimiento posterior se adjuntó 1) copia simple de varios contratos que vinculan comercialmente a Petrobras con las estaciones de servicio, 2) se informó la ubicación de las plantas de producción y de distribución de Petrobras y 3) se explicitó la modalidad y condiciones de entrega de combustible a las estaciones de servicio.
Entiende que la determinación consistió en comparar por el período 1/2006 a 10/2011 los valores promedio mensualizados de cada producto comercializado (Nafta Súper –que comprende también la Premium-, Nafta Normal y Gasoil), a la salida de la planta entre la zona metropolitana y la zona exenta. Destaca que en los períodos en los que se observó que el precio era mayor para la zona exenta que para la zona metropolitana, se consideró que existía una apropiación indebida del beneficio y que ello implicaba menor ITC ingresado al Fisco.
Considera que la determinación resulta arbitraria e infundada por los siguientes motivos:
1. La resolución apelada se funda en los términos del art 7 de la ley 23.966 que establece que las exenciones del impuesto de productos gravados, entre ellas en el inciso d), sobre las ventas que se destinen al consumo de la zona geográfica al sur del paralelo 42° y castiga con el pago del impuesto, intereses y sanciones, con intimación directa bajo apercibimiento de ejecución fiscal el “cambio de destino del producto”. Destaca que no se discute aquí ningún cambio de destino ya que en todos los casos el combustible se vendió por debajo del paralelo 42°, cuestión que se encuentra fuera de discusión. Por lo tanto la intimación no tiene sustento en la ley de transferencia de combustible, sea desde lo sustancial como desde la aplicación del procedimiento, ya que se pretende ejecutar directamente la deuda.
2. También resulta arbitraria la consideración que tacha de “apropiación indebida a las diferencias de precio entre zona exenta y zona metropolitana. Sostiene que ha aplicado correctamente la norma facturando las ventas por debajo del paralelo 42° sin el impuesto.
3. El precio de venta de los combustibles líquidos no está regulado motivo por el cual no existe ningún impedimento para que cada compañía fije libremente los precios según pautas del mercado. Hace hincapié en que los precios de venta al público no son controlados ni fijados por su parte, que vende los productos a terceros independientes, lo que además ha sido comprobado en el expediente administrativo y que tampoco es materia de controversia.
4. Considera que la determinación es arbitraria porque se ha elegido comparar los precios de venta de la zona exenta con los de la zona metropolitana (Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires) que son los más bajos. Si se hubiesen tomado los precios de la zona norte habría encontrado que éstos eran mayores a los de la zona exenta durante casi todo el período que se pretende objetar. Asimismo expone que el mayor precio que el fisco pretende gravar nunca podría ser considerado impuesto, sino a lo sumo base imponible.
Consigna que las naftas normal y súper así como el gas oil vendidos con destino a ser consumidos por debajo del paralelo 42° fueron facturados sin ITC por aplicación de la exención del art. 7 inciso d) de la ley 23.966, conformando el precio de la siguiente manera: FOT (free on truck) + flete + IVA + ISGO/FH (impuesto sobre combustibles líquidos y gas natural/fondo hídrico). Mientras que en el resto del país se factura con la percusión del ITC, es decir que el precio se compone de: FOT + flete + IVA + ITC + ISGO/FH. Continúa argumentando que bajo esta mecánica de liquidación no hay posibilidad que Petrobras haya hecho apropiación de exención alguna. Hace hincapié en que la fórmula es clara por no tratarse de un subsidio, como así tampoco de un importe que se factura y luego se descuenta, sino que simplemente se factura sin agregar el impuesto.
Hace mérito de la resolución 606/2003 de la Secretaría de Energía de la Nación en cuanto dispone en su art. 1 que todos los operadores que comercializan productos en el mercado deben remitir mensualmente el precio promedio ponderado por volumen, de las ventas realizadas bajo la modalidad de operadores en régimen de reventa a estaciones de servicio en planta de despacho. En ese sentido indica que la mencionada Secretaría, como autoridad de aplicación del régimen a los comercializadores y distribuidores de combustible, no ha realizado observación alguna a dichos precios, por lo tanto no hay apartamiento de la norma que regula la liquidación del gravamen.
Plantea que las conclusiones vertidas en el informe elaborado por la DAFE, que origina el ajuste aquí cuestionado no resultan aplicables al caso, ya que las estaciones de servicio a las que Petrobras realiza sus ventas son de titularidad de terceros independientes, por lo tanto la modalidad de comercialización es la venta y no la consignación, por ello Petrobras no paga comisiones a los estacioneros.
Afirma que el presunto mecanismo de manipulación de precios de venta al público a través de comisiones y en connivencia con las estaciones de servicio como sustenta el informe de la DAFE es inexistente.
Analiza que la DAFE toma como ejemplo la evolución promedio de nafta súper en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Comodoro Rivadavia y observa que la diferencia de precios ha disminuido significativamente. Sin embargo expone que esa diferencia está mal calculada porque compara precio en surtidor, lo cual no es un parámetro válido porque Petrobras, como ya se dijo, no dispone el margen de los estacioneros. Reitera en sus agravios de fondo los argumentos vertidos en oportunidad de plantear la nulidad, en el sentido que entiende que no hay ningún motivo en la resolución cuestionada en autos que indique la causa por la que se tomó como parámetro de comparación a la zona metropolitana que es históricamente la de precios más bajos.
Advierte que aun cuando prosperara la determinación fiscal, el quantum está mal calculado y en todo caso la diferencia de precio será la base a la que habrá que aplicar la alícuota del ITC, pero de ninguna manera puede ser impuesto.
Entiende que resulta aplicable la teoría de las correcciones simétricas, ya que sobre este mayor precio que se le imputa pagó impuestos, entre ellos IVA y ganancias, ingresando en exceso las sumas de $11.280.950,94 y $18.801.584,89, respectivamente.
Se agravia de la aplicación de intereses resarcitorios y destaca que en oportunidad de dictar la resolución 02/2011 no se aplicó multas o sanciones.
No obstante lo expuesto con fecha 27/12/2017, es decir 6 años después del dictado de la resolución 02/2011, se emite la resolución 99/2017 mediante la cual se aplica una multa por el impuesto y períodos aquí cuestionados.
Al respecto la recurrente plantea la prescripción de las facultades del fisco para aplicar sanciones y alega nulidad por no haberse establecido la sanción en oportunidad de dictarse la determinación de oficio; subsidiariamente plantea la inexistencia de la infracción.
Ofrece prueba y solicita, finalmente, se revoquen los actos apelados, con costas. Formula reserva del caso federal.
A fs. 74/87 y 245/259vta. la representación fiscal contesta los traslados conferidos oportunamente.
Respecto de la resolución 02/2011 opone excepción previa de “improcedencia formal” por considerar que el mencionado acto no resulta una determinación de oficio sino una intimación de pago, y en relación a la cuestión de fondo se limita a señalar que la recurrente no aportó prueba que demuestre un accionar errado por parte del organismo fiscal o que justifique la diferencia de precios detectada. Se opone a la aplicación de las correcciones simétricas.
Sostiene que no corresponde imponer sanciones en oportunidad de intimar el impuesto previsto en la resolución 02/2011 por no tratarse, como ya fuera indicado, de una determinación de oficio. En referencia a la multa aplicada en la resolución 99/2017, rechaza la prescripción incoada por la recurrente así como la nulidad planteada.
Finalmente solicita que se confirmen los actos apelados, con costas. Hace reserva del caso federal.
A fs. 128/130 esta Sala C, en su anterior composición declaró la competencia de este Tribunal para entender en las presentes actuaciones, con costas.
A fs. 141 se abre la causa a prueba haciendo lugar a la pericia contable, la que es producida a fs. 168/171 vta. A fs. 174 el Fisco Nacional impugna el informe pericial, el que es contestado por la perito designada por la recurrente a fs. 179/183. A fs. 198 se clausura el período probatorio. A fs. 266/266vta. por Tribunal en Pleno se resuelve la acumulación del expte. N° 48.554-I a los presentes autos.
A fs. 274 se elevan las actuaciones a consideración de la Sala C y a fs.279 se ponen los autos para alegar, los que son producidos a fs. 299/304vta. y fs. 306/308vta. por la recurrente y el Fisco Nacional respectivamente. A fs.310 pasan los autos para dictar sentencia.
II. Que habiendo sido resuelta la cuestión previa planteada por el Fisco Nacional, determinando la competencia de este Tribunal para entender en los actos apelados, corresponde analizar si los mismos se ajustan a derecho.
III. Que en primer término, procede expedirse acerca del planteo de nulidad articulado por la actora en su escrito recursivo, en el sentido que la resolución apelada resulta arbitraria e infundada, cuestionando también la normativa aplicada. Asimismo plantea la nulidad de la resolución porque -a su criteriodebió imponerse la sanción en oportunidad de dictarse la determinación de oficio.
Debe recordarse que la causa del acto administrativo como elemento esencial de su estructura se encuentra contemplado en el art. 7 inciso b) ley 19.549 al determinar que “Son requisitos esenciales del acto administrativo los siguientes: ...b) deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable.” Que así se la ha entendido como los antecedentes o circunstancias de hecho y de derecho que justifican su dictado o que en cada caso llevan a producirlo, estos hechos deben existir en la realidad, siendo deber de la administración acreditarlos de algún modo (COMADIRA, Julio R. “El Acto Administrativo” Ed. La Ley, 1° Ed. 4ta. reimpresión, pág. 36 y sgts.).
Entonces es razonable poner de resalto que el acto que se apela hace correcta alusión a los hechos objetivos que le dieran origen, valorando tales hechos en base a una serie de medidas probatorias, que una vez producidas dan sustento a las conclusiones arribadas por el Juez administrativo y que, sin aventurarse en realizar una evaluación de los criterios utilizados por él en esta oportunidad, estos antecedentes fueron merituados en razones de oportunidad, mérito o conveniencia en concordancia con las facultades discrecionales que posee el organismo recaudador. En cuanto a los antecedentes de derecho, se encuentran en correcta correspondencia con el derecho objetivo vigente al momento de su dictado, detallando la normativa involucrada en la cuestión que se decide, quedando salvaguardado el principio de legalidad del acto apelado. En virtud de las consideraciones efectuadas “supra”, procede rechazar los agravios nulidificantes y toda vez que la cuestión no fue tratada como de previo y especial pronunciamiento sino como una defensa más frente a la pretensión fiscal, no puede considerarse de forma autónoma a los efectos de la imposición de costas (arg. CSJN, in-re “Colorín IMSSA”, 02/07/2013)
IV. Que los actos apelados tienen origen en el informe elaborado por la Dirección de Análisis de Fiscalización Especializados (DAFE) -obrante a fs. 1/17 y anexos de los antecedentes administrativos-, en el que se establece que encontrándose exentas de tributar impuesto sobre los combustibles líquidos las operaciones de consumo que se realizan en la zona geográfica de la Argentina que se encuentra al sur del paralelo 42°, se observó que la brecha de los precios entre la zona que goza del beneficio y la que no, había disminuido significativamente.
En ese sentido indica que en el año 1994 la nafta súper de Comodoro Rivadavia resultaba en promedio 55,1% más económica que la comercializada en la Ciudad Autónoma de Buenas Aires, mientras que para el año 2011 dicho combustible solo cuesta en promedio un 16,3% menos.
En el citado informe se señala, además, que hasta el año 2003 el impuesto sobre los combustibles líquidos se liquidaba aplicando un monto fijo por litro comercializado, monto que se encontraba establecido por ley para cada producto, esto es mediante el sistema denominado de base fija (monto de impuesto fijo por unidad de medida).
A partir de agosto de 2003 la ley 25.745 modificó la determinación del gravamen, estableciéndose el sistema “ad valorem” (base imponible por alícuota).
Es así que el informe definió como “apropiación del beneficio” a la diferencia entre el precio de venta minorista sin impuesto a los combustibles cobrado en la zona gravada, respecto del mismo precio cobrado en la zona exenta correspondientes a los períodos enero de 2006 a agosto de 2011.
Asimismo en el informe en cuestión se concluyó que el consumidor final no recibe la totalidad de los beneficios ya que una parte del mismo resulta apropiado por la cadena de comercialización, y en ese sentido argumenta que las estaciones de servicio ubicadas en la zona exenta reciben un mayor porcentaje de comisión sobre los precios de venta y esta maniobra se realizaría en presunta connivencia con las petroleras.
V. Que en este punto, corresponde establecer que no se encuentra controvertido en los presentes autos que las operaciones de venta del combustible en cuestión tienen como destino la zona exenta en el ITC.
En ese sentido el art 7 inc. d) de la ley 23.966 (texto vigente para los períodos en discusión) disponía: “Quedan exentas de impuesto las transferencias de productos gravados cuando:... d) Tratándose de los productos indicados en los incisos a) y b) del artículo 4°, se destinen al consumo en la siguiente área de influencia de la REPUBLICA ARGENTINA: Sobre y al sur de la siguiente traza: de la frontera con CHILE hacia el este hasta la localidad de El Bolsón y por el paralelo Nº 42 y hasta la intersección con la ruta nacional Nº 40; por la ruta nacional Nº 40 hacia el norte hasta su intersección con la ruta provincial Nº 6; por la ruta provincial Nº 6 hasta la localidad de Ingeniero Jacobacci; desde la localidad Ingeniero Jacobacci hacia el noroeste por la ruta nacional Nº 23 y hasta la localidad de Comallo incluida; desde la localidad de Ingeniero Jacobacci hacia el noreste por la ruta nacional Nº 23 y hasta la ruta nacional Nº 3; por la ruta nacional Nº 3 hacia el sur, incluida la ciudad de Sierra Grande, hasta el paralelo Nº 42; por el paralelo Nº 42 hacia el este hasta el Océano Atlántico. Inclúyese en la presente disposición el expendio efectuado por puertos patagónicos de gas oil, diesel oil y fuel oil para consumo de embarcaciones de cabotaje efectuados en la zona descripta y al este de la misma hasta el litoral marítimo, incluido el puerto de San Antonio Oeste.
Quienes dispusieren o usaren de combustibles, aguarrases, solventes, gasolina natural, naftas vírgenes, gas oil, kerosene o los productos a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 4° para fines distintos de los previstos en los incisos a), b), c) y d) precedentes, estarán obligados a pagar el impuesto que hubiera correspondido tributar en oportunidad de la respectiva transferencia, calculándolo a la tasa vigente a la fecha de ésta o a la del momento de consumarse el cambio de destino, y considerando el precio vigente en uno de dichos momentos, de manera tal que la combinación de alícuota y precio arroje el mayor monto de impuesto, con más los intereses corridos desde la primera.
Sin perjuicio de las penas y sanciones que pudieren corresponderles por el hecho, son responsables solidarios con los deudores del gravamen todas las personas indicadas en el artículo 18º de la Ley Nº 11.683 (texto ordenado en 1978 y sus modificaciones).
En estos casos, no corresponderá respecto de los responsables por deuda propia el trámite normado en los artículos 23 y siguientes de la Ley precedentemente mencionada ni la suspensión del procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley Nº 24.769, sino la determinación de aquella deuda quedará ejecutoriada con la simple intimación de pago del impuesto y sus accesorios, sin necesidad de otra substanciación.
En este último supuesto la discusión relativa a la existencia y exigibilidad del gravamen quedará diferida a la oportunidad de entablarse la acción de repetición”.
A su vez, la RG 1234/02 establece la creación del Registro de Operadores de Productos Exentos por Destino y/o con Impuestos Diferenciados, modificada luego por la RG 2079/2006 y la 2080/2006 (AFIP). Asimismo, esta última crea el Registro de Transportistas de Productos Exentos por Destino y/o Productos Intermedios. El artículo 1° de esta última resolución dispone la creación del “Registro de Transportistas de Productos Exentos por Destino y/o de productos intermedios (art. 7°, inc. b) y d) de la ley n° 23.966 y el decreto N° 1016/97)”, detallando, en lo que aquí interesa, a transportistas de: “…a) Productos gravados exentos por destino: 1. Consumidos en el área delimitada por el artículo 7°, inciso d) de la Ley N° 23.966, Título III de Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones (...). Asimismo el art. 2° establece que “… deberán inscribirse quienes transporten —con medios propios o ajenos— los productos gravados con los destinos indicados en el artículo 1º, cuando presten servicios a terceros que se encuentren inscriptos en los siguientes registros:
a) 'REGISTRO DE OPERADORES DE PRODUCTOS EXENTOS POR DESTINO Y/O CON IMPUESTOS DIFERENCIADOS (ART. 7º, INC. D) Y ART. 4º, QUINTO PARRAFO DE LA LEY Nº 23.966)', creado por la Resolución General Nº 1234, texto sustituido por la Resolución General Nº 2079”.
Asimismo el art. 7° de la ley 23.966 antes transcripto, establecía la pérdida del beneficio de exención sólo en caso de que los “combustibles” -entre otros- se usaren para fines distintos de los previstos en los incisos a), b), c) y d), debiendo en consecuencia pagar el impuesto que hubiera correspondido tributar con más sus intereses.
En autos no se configura el supuesto contemplado en la norma, ya que no se cuestiona el cambio de destino del combustible, más aun, no se excluye a la contribuyente de la exención.
La imputación del Fisco Nacional, en base al mencionado informe de la DAFE, consiste en atribuir a Petrobras, aparentemente junto con las estaciones de servicio de la zona exenta, la apropiación de los beneficios establecidos por la norma, sin cuestionar el destino del combustible tanto en lo que se refiere a la zona (debajo del paralelo 42°) como los fines para los cuales el mismo sería utilizado.
El referido informe de la DAFE concluye que esta apropiación de los beneficios de la exención resulta posible por la connivencia que podría llegar a existir entre las petrolera y las estaciones de servicio teniendo en cuenta que “un alto porcentaje de la venta se realiza por consignación, a través de estaciones de servicio de ´bandera´” (vide fs. 9 de las actuaciones administrativas). Dicha hipótesis tampoco es aplicable a Petrobras, cuya operatoria con sus clientes se realiza a través de reventa, situación ésta que fue reconocida por el propio organismo recaudador (conforme surge de la resolución N°02/2011 fs. 21/24). Debe recordarse que ni del informe en cuestión, que sirviera de origen a la imputación a las distintas petroleras que operan en la zona exenta, ni de las actuaciones administrativas o de las constancias de autos ha resultado acreditada la maniobra que el Fisco Nacional atribuye a la recurrente.
Ahora bien, como lo ha sostenido nuestro Tribunal Cimero, en materia de interpretación de las leyes impositivas debe atenderse al fin con el que han sido dicadas (Fallos 329:2975), no resultando lógico atenerse al sentido más restringido que pueda darse a las palabras utilizadas en la norma que estatuye beneficios de carácter fiscal, sino indagar cuál ha sido su finalidad y si ésta se ha cumplido, pues sólo de tal manera, el mayor beneficio esperado a través de la disminución de la recaudación fiscal podrá alcanzar su verdadero sentido (Fallos 308:2554).
Asimismo, el principio de legalidad (art 4, 17, 75 inc1), CN) impide que se excluyan de la norma que concede una exención, situaciones que tienen cabida en ella según los términos del respectivo precepto (CSJN Sedamil S.A. 12/11/1996, entre otros).
Por otra parte el Máximo Tribunal ha dispuesto que “Las normas impositivas no deben interpretarse con el alcance más restrictivo que el texto admita, sino en forma tal que el propósito de la ley se cumpla de acuerdo con los principios de una razonable y discreta interpretación, de donde resulta que las exenciones tributarias pueden resultar del indudable propósito de la norma y de su necesaria implicancia” (Fallos 296:253).
A mayor abundamiento, cabe destacar que el organismo recaudador no impugnó las facturas emitidas por Petrobras, como así tampoco cuestionó las declaraciones juradas y liquidación de los impuestos a las ganancias y al valor agregado de los períodos fiscales controvertidos en autos.
Por lo expuesto, procede revocar los actos apelados, con costas. Por la forma en que se resuelve no corresponde tratar las restantes cuestiones planteadas.
El Dr. Luis dijo:
Que adhiere al voto que antecede.
Por ello, SE RESUELVE:
Revocar las resoluciones Nros. 02/2011 y 99/2017 en todas sus partes, con costas.
Se deja constancia que el presente pronunciamiento lo suscriben dos Vocales Titulares, por encontrarse vacante la Vocalía de la 9a. Nominación (cfr. art. 184, ley 11.683 -t.o. vigente- y art. 52 del Reglamento de Procedimientos de este Tribunal).
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese.
Date: 2026.09.25 11:08:15 ART Date: 2026.09.25 11:49:06 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudio Esteban Luis Viviana Marmillon Vocal Vocal Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.09.25 11:50:59 -03:00
Fin de la sentencia