Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 37479-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la decisión de fs. 72/74, con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
2Dejar sin efecto la regulación de honorarios de fs. 82, de conformidad con lo expuesto en el considerando 7º y declarar inoficioso el tratamiento de las apelaciones deducidas contra aquélla.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
2897/2024 “PETROBRAS ARGENTINA SA (TF 37479-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, julio de 2024.
1. Que, a fs. 72/74, el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la resolución AD SALO 879/16, dictada en la actuación SIGEA 12517-11-2012, por la que se había condenado a Petrobras Argentina SA al pago de una multa de $160.861,68 por la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1º, inciso c, del Código Aduanero, con relación a una exportación con destino a Paraguay, realizada mediante la modalidad de precios revisables regulada en la resolución ex ANA 2780/92 (PE 11 057 ES02 93W/11 057 EC08 92L). Impuso las costas al Fisco Nacional.
Para resolver como lo hizo, explicó que el sumario se había iniciado porque los consignatarios de la mercadería involucrada en la operación (Copetrol SA Paraguay y Puma Energy Paraguay) no coincidían con el comprador que figuraba en el contrato de compraventa aportado en el marco del referido régimen de precios revisables (Trafigura Beheer BV, radicada en Ámsterdam); motivo por el cual el servicio aduanero entendió que este último régimen devenía inaplicable, subsumió los hechos en la infracción imputada y determinó como importe de la multa el equivalente a la diferencia de valor FOB existente entre la destinación transitoria –ES02– y la definitiva –EC08–.
Frente a esto, el tribunal administrativo indicó que la infracción endilgada exigía para su configuración la existencia de una diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación y el resultado de la comprobación; lo que debía ser apreciado en base a lo dispuesto por el artículo 332 del Código Aduanero.
En ese entendimiento, objetó que el servicio aduanero no hubiese cuestionado el precio FOB ni ningún otro elemento exigible de la declaración aduanera.
Especificó que la factura de exportación –que no había sido cuestionada por la Aduana– consignaba que el comprador de la mercadería era Trafigura Beheer BV Ámsterdam, de manera coincidente con el contrato; como así también, que existía correlato entre el precio declarado en el permiso de embarque definitivo con el que surgía de la factura comercial. A su vez, refirió a la certificación contable obrante a fs. 78 de los antecedentes, que daba cuenta de que la aludida factura se encontraba registrada en los libros de la empresa exportadora, al igual que el pago efectuado por Trafigura Beheer BV Ámsterdam, por un monto equivalente al valor FOB total declarado (v. fs. 28 y 79, act. adm.).
Ponderó también que, tanto en la destinación definitiva como en la provisoria, se había declarado que la mercadería tenía como destino Paraguay, y que la Aduana pudo conocer desde un principio que el comprador se hallaba radicado en Ámsterdam, a partir de la documentación complementaria al despacho.
Por otra parte, tuvo en cuenta que el régimen aplicable tampoco obligaba a destinar la mercadería al comprador, por lo que no se alcanzaba a vislumbrar cuál era la norma transgredida en el caso. A su vez, hizo referencia al informe de la propia División Fiscalización de Operaciones Aduaneras de la Dirección Regional de Rosario, obrante a fs. 24 de las actuaciones administrativas, en el que se había afirmado que “la resolución ANA 2780/92 no avanza en el análisis de la situación planteada…solicita la presentación del respectivo contrato, el cual debe determinar una fijación de precios a futuro, constituyéndose en el principal requisito a ser cumplido a los efectos de justificar el encuadre en el subrégimen invocado…no existe suficiente sustento normativo para la imputación…”. Esta circunstancia –a criterio del tribunal–, restaba sustento a la imputación, que se basaba en la suposición de que la actora no debió haber utilizado el régimen de precios revisables.
En definitiva, concluyó que el hecho de que la mercadería se hubiese consignado a terceras empresas indicadas por el comprador no implicaba que Petrobras Argentina SA y Trafigura Beheer BV Ámsterdam no fuesen las partes involucradas en la operación, según se desprendía de la declaración, el contrato y la factura; aspecto que, por lo demás, tampoco había sido objetado por el servicio aduanero al otorgar el cumplido de la operación de exportación.
Finalmente, sostuvo que tampoco se encontraba debidamente justificada la determinación del importe de la multa, en tanto fue la propia Aduana quien aprobó el precio determinado en forma definitiva, que además resultó concordante con el de la factura.
2. Que, disconforme, el Fisco Nacional interpuso y fundó apelación a fs. 100/103vta., que se concedió a fs. 110 y fue replicada a fs. 112/120vta.
Planteó que la actora había sido sancionada por su obrar negligente frente a las normas que tutelan el principio de veracidad y exactitud de las declaraciones y manifestaciones que se presentan ante el servicio aduanero.
Acto seguido, transcribió lo informado por las áreas especializadas a fs. 1 y 4 de las actuaciones administrativas, donde se había advertido por la inconsistencia entre el comprador que figuraba en el contrato de venta y los consignatarios de los conocimientos de embarque; información, ésta, que no se encontraba reflejada en la declaración detallada a la fecha en que se efectuó el control documental. Explicó que, por ese motivo, el servicio aduanero entendió que la operación debió haberse documentado originariamente como una exportación para consumo EC01, y determinó el importe mínimo de la multa en función de la diferencia de valor existente entre la ES02 y el EC08.
Agregó que la exportadora no había arrimado elementos para desvirtuar la imputación, y que la decisión apelada era el resultado de una valoración arbitraria de los hechos y de las pruebas.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
2897/2024 “PETROBRAS ARGENTINA SA (TF 37479-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Por último, refirió a la facultad que tiene la Aduana para investigar la veracidad o exactitud de los precios declarados con arreglo al Acuerdo relativo a la Aplicación del Art. VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (Acuerdo de Valoración), el cual fue aprobado mediante la ley 23.311 y –como lo señala la propia recurrente– rige en lo referido a la determinación del valor en aduana de las mercaderías que se importan para consumo (v. fs. 103/vta.).
3. Que, a su vez, a fs. 82 se regularon los honorarios de la representación letrada de la parte actora en la suma de $174.000, los que fueron apelados por altos a fs. 88 y por bajos a fs. 90/93vta., los que fueron concedidos a fs. 96.
4. Que, que esta Sala examinará la cuestión propuesta con arreglo a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 30/8/22, en las causas FSA 8622/13 “Chehadi” (Fallos: 345:849) y CAF 42372/18 “Rossi”, donde sostuvo que el beneficio de la condonación previsto en la ley 27.260 es improcedente en supuestos como el de autos, en que se discute una multa impuesta en los términos del artículo 954, apartado 1, inciso c, del Código Aduanero, ante una conducta que no resulta apta para generar un perjuicio fiscal.
5. Que la configuración de la infracción prevista y penada por el artículo 954 del Código Aduanero queda condicionada a la concurrencia de dos elementos sin los cuales no puede considerarse, desde el punto de vista objetivo, que exista conducta reprochable: a) la constatación de una diferencia entre la declaración de la mercadería que es objeto de una operación o destinación aduanera, y el resultado de la comprobación física o documental que realice el servicio aduanero; y b) que esa inexactitud produzca, o pueda producir, alguna de las consecuencias previstas en los incisos a, b, o c, de la norma, porque, como también lo establece la Exposición de Motivos del Código Aduanero, “si la declaración incorrecta no es idónea para provocar alguno de estos efectos no es punible en sí misma” (cfr. esta Sala, causas 10060/12 “Bankboston National Association”, sentencia del 14/8/12; y 56316/15 “Atanor SCA”, fallo del 3/3/16, entre otros; con referencia a la doctrina de Fallos: 312:1997; 315:929 y 942; 321:1614; 322:355; 325:786 y 830; y causa R.867.XLVIII “Río Chico SA (TF 29758-A) c/DGA”, resol. del 23/9/14). Con relación al primer requisito, esta Sala tiene dicho —de un modo acorde con lo que resolvió el Tribunal Fiscal de la Nación— que la falta de correspondencia debe recaer sobre algún dato exigible de la declaración aduanera; lo que, en casos como el presente, debe analizarse en función del texto del artículo 332 del Código Aduanero, que obliga indicar “toda circunstancia o elemento necesario para permitir al servicio aduanero el control de la correcta clasificación arancelaria y valoración de la mercadería que se trate” (doctr. esta Sala, causas 30153/11 “Dibella”, sent. del 8/3/12; 56708/15 “Peugeot Citroen Argentina SA”, sent. del 25/8/16, y sus citas). Además, el Tribunal considera que la inexactitud debe quedar suficientemente demostrada por el servicio aduanero (cfr. esta Sala, causa 18731/08 “First Rate SA”, sent. del 15/7/14).
Por otra parte, en cuanto al alcance que corresponde asignar al efecto lesivo previsto en el inciso c, de la norma (es decir, “el ingreso o el egreso, desde o hacia el exterior, de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere”), se debe tener en cuenta que en los precedentes “Bunge y Born” (Fallos: 321:1614) y “Free Port Importación SRL” (Fallos: 322:355) la Corte federal interpretó que no es indiferente al control aduanero la fiscalización de la correspondencia entre los importes emergentes de las declaraciones comprometidas por quienes actúan en dicho ámbito y los atribuibles a las operaciones efectivamente realizadas. Y añadió que el tipo infraccional abarca tanto a las diferencias en más como en menos, ya sea que se trate de destinaciones de importación o de exportación (doctrina reiterada, a su vez, en Fallos: 325:786).
Resta mencionar que, en forma reciente, la Corte precisó esa línea jurisprudencial al señalar que, en tanto se pueda tener por probado que los precios declarados se corresponden con los efectivamente percibidos por las operaciones, queda eliminada toda posibilidad de configuración de la infracción prevista y penada por el artículo 954, apartado 1º, inciso c, del Código Aduanero (cfr. punto IV del dictamen de la Procuradora Fiscal, al que remitió la Corte en la causa CAF 20/2019, “Pioneer Argentina SRL TF 38718-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 29/2/24; en similar sentido, ver los precedentes de esta Cámara en las causas homónimas “Maltería Pampa SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Sala I, expte. 22091/18, sent. del 9/5/19; Sala II, expte. 19247/21, sent. del 17/2/23; esta Sala, expte. 44732/22, sent. del 6/6/22; entre otras).
6. Que, en ese contexto, no se aprecian motivos para apartarse de lo resuelto por el Tribunal Fiscal de la Nación, en cuanto interpretó que el artículo 954, apartado 1º, inciso c, del Código Aduanero no contemplaba el supuesto del caso.
Una lectura atenta del pronunciamiento apelado permite advertir que esa conclusión se asentó en dos argumentos, que no fueron rebatidos con la suficiencia que el caso requería:
a) La indicación del consignatario no es un elemento exigible de la declaración que formula quien tiene la disponibilidad jurídica de la mercadería ante el servicio aduanero, y tampoco constituye un requerimiento particular del sub-régimen de exportación de mercaderías con precios revisables.
b) El servicio aduanero no discutió el valor FOB total declarado en la destinación definitiva de exportación para consumo, ni controvirtió que aquel importe coincidiese con el que había sido facturado, registrado contablemente y abonado a la empresa actora, de acuerdo con la documentación y certificación obrantes en la causa.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
2897/2024 “PETROBRAS ARGENTINA SA (TF 37479-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Frente a esto, el Fisco Nacional remitió a los informes producidos en sede aduanera pero, en concreto, no indicó cuál era el fundamento legal para afirmar –como lo había hecho– que resultaba indispensable declarar al destinatario final de los bienes como condición para usufructuar el sub-régimen de exportación con precios revisables. No escapa a este Tribunal que el memorial de agravios incluso refirió a normas que no tienen directa aplicación al caso, y sin mayor explicación; como el citado Acuerdo de Valoración en materia de importaciones.
Es claro que sin esa construcción argumental no es posible sostener que se haya comprobado una inexactitud en un elemento exigible de la declaración informativa. Esa circunstancia, sumada a que tampoco se discutió la falta de producción del efecto lesivo previsto en el tipo, dejan huérfana de sustento la imputación, tal como lo resolvió el organismo jurisdiccional.
Lo expuesto conduce a rechazar la apelación y confirmar la decisión apelada; con costas al vencido (art. 68, primer párr., del CPCCN).
7. Que, en atención a lo resuelto por la Corte federal –por mayoría– en las causas “Establecimiento Las Marías” y “All, Jorge Emilio” (Fallos: 341:1063 y 345:220, respectivamente) –criterio que fue adoptado por esta Sala en los autos “Empresa Nacional de Telecomunicaciones (en Liquidación) c/ Telefónica de Argentina SA s/Contrato Administrativo”, resol. del 22/03/22–, y ponderando que la tarea realizada en la tercera etapa fue realizada bajo la vigencia de la ley 27.423 (v. esp. fs. 66/68), corresponde dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada a fs. 82, toda vez que el Tribunal Fiscal de la Nación aplicó la ley 21.839 para cuantificar los emolumentos correspondientes a todas las etapas cumplidas ante esa instancia.
Por consiguiente, a fin de salvaguardar el derecho de defensa de las partes, corresponde devolver las actuaciones al tribunal de origen para que practique una nueva regulación de honorarios, de conformidad con las pautas que emanan de la presente. Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la decisión de fs. 72/74, con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
2. Dejar sin efecto la regulación de honorarios de fs. 82, de conformidad con lo expuesto en el considerando 7º y declarar inoficioso el tratamiento de las apelaciones deducidas contra aquélla.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORAN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia