Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 38853-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar los agravios ofrecidos por la parte demandada;
2Confirmar el pronunciamiento apelado;
3Imponer las costas de esta instancia a la parte demandada; y 4. Regular los honorarios de acuerdo con el punto VII.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
Causa nº 49256/2025 "PETROBRAS ARGENTINA SA (TF 38853 -A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO"
Buenos Aires, 16 de abril de 2026.- MBR Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que el Tribunal Fiscal de la Nación declaró la nulidad de la resolución nº 68/2018 (AD SALO), por la que se había confirmado los cargos tributarios nros. 3023 al 3037 del año 2011 y declaró prescripta la acción para exigir tributos a la firma actora. Impuso las costas a la parte demandada vencida.
Para así decidir (fs. 120/122), expuso los siguientes argumentos:
i. "[...] la Aduana tiene el deber de guarda de la documentación original relacionada con las destinaciones y de su agregación a las actuaciones en los procedimientos iniciados, independientemente de que por medio de resoluciones dictadas por el propio organismo se establezcan a su favor plazos de conservación".
ii. "[...] si bien el administrado (o en su defecto el despachante de aduanas) debe colaborar con la Aduana, aportando cuando le fuere requerido la documentación que pudiera tener en su poder, el servicio aduanero no se encuentra exceptuado de preservar como elemento integral de la actuación administrativa, las carpetas originales de los PE y documentación complementaria, pues resultan el elemento ventral para sostener el reclamo tributario cuestionado, máxime teniendo en cuenta que es la Aduana quien debe demostrar debidamente la procedencia de las reliquidaciones tributarias".
iii. "[...] lo contrario implicaría desvirtuar el principio de la defensa en juicio más aún si —como acontece en la especie—, la documentación se encuentra involucrada en una discusión administrativa o judicial".
iv. "En el caso de autos, este déficit no puede ser suplido con la información que surge de las impresiones de pantalla agregadas [...] puesto que las mismas no contienen los datos necesarios al efecto".
v. "[...] la cuestión aquí planteada se centra fundamentalmente en establecer si es correcta la reliquidación de los derechos de exportación correspondientes a las operaciones de exportación en trato y para ello resulta necesario analizar [...] los elementos obrantes en las actuaciones administrativas y demás pruebas producidas en autos [...]. Sin embargo este análisis no resulta posible sin la documentación de la cual surjan los datos tenidos en cuenta por el servicio aduanero para fundamentar la formulación de los cargos dispuestos”.
vi. "[...] para poder verificar que efectivamente la carga de combustible destinado a rancho de cada uno de los abastecidos excedió las cantidades estimadas y autorizadas [...] es necesario contar con la declaración de rancho presentada por cada uno de los medios de transporte, puesto que dicha declaración es el documento legalmente válido y exigido por la normativa aduanera que permite saber certeramente cuáles son las cantidades de mercadería y combustible necesarios para su consumo durante el viaje abastecido".
vii. "La Aduana debió tener a la vista, al momento de verificar y corroborar el presunto excedente al régimen especial en la carga de combustible, las declaraciones de rancho de cada uno de los buques, conjuntamente con las correspondientes a los PE en cuestión".
viii. "[...] la omisión de las pruebas documentales referidas precedentemente, no permiten corroborar la validez de la reliquidación tributaria efectuada por la Aduana".
ix. "[...] la actora es quien abasteció [...] el combustible para el rancho de los medios de transporte. Ahora bien, la actora no resultó ser quien utilizó el combustible abastecido y carecía de herramientas que le permitieran efectuar el control del destino final efectivamente dado por cada buque".
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Causa nº 49256/2025 "PETROBRAS ARGENTINA SA (TF 38853 -A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO"
x. "[...] todo el procedimiento por el cual se formularon los cargos se encuentra viciado por falta de causa y motivación conforme lo establecido por el art. 7, incs. b) y e) de la Ley 19.459. Ello por cuanto no se encuentra incorporado el elemento esencial [...] —esto es la prueba documental necesaria mediante la cual se verifica efectivamente el exceso en las cantidades de combustible debidamente autorizadas para el consumo de cada buque abastecido—, como así también por la improcedencia de la atribución de la responsabilidad tributaria a la actora por darle un destino diferente al de rancho, dado por el medio de transporte, a las cantidades de combustible presuntamente excedentes a las amparadas por dicho régimen especial".
xi. "[...] al declararse la nulidad de los cargos formulados, notificados a la actora el 27/12/2011 [...] corresponde declarar prescripta la acción del fisco para percibir tributos".
II. Que la parte demandada apeló y expresó agravios, que fueron contestados (fs. 154, 159/163 y 167/170, respectivamente). Sus críticas pueden ser sintetizadas de la siguiente forma: —"[...] el sentenciante [...] no ha valorado acertadamente las actuaciones administrativas, incurriendo [...] en arbitrariedad en la apreciación de los hechos y pruebas".
—"En cuanto a la declaración de nulidad decretada por el a-quo cabe resaltar que el Código Procesal [...] establece: 'Ningún acto procesal será declarado nulo si la ley no prevé expresamente esa sanción'".
—"Por otra parte, el planteo de nulidad resulta improcedente en razón de lo dispuesto por el art. 1051 del Código Aduanero [...] 1. La nulidad no podrá ser declarada cuando el acto hubiese sido consentido".
—"En cuanto a la falta de agregación de los sobres originales de los permisos de embarque involucrados, cabe remitirse a fs. 103 de las AA, donde la Sección Inspección Ex-Ante informa que los mismos se encuentran desafectados y destruidos, motivo por el cual se adjuntan impresiones de pantalla del Sistema Informático María".
—"[...] se constataron discrepancias entre las cantidades 'efectivamente embarcadas' (Combustible) y las que fueran declaradas en las destinaciones referenciadas, como 'necesarias' para el consumo de los medios de transportes involucrados [...] se han exportado mercaderías bajo el régimen de rancho, por encima de las cantidades necesarias procediéndose a liquidar derechos de exportación por el régimen general, por las cantidades de mercadería embarcadas en exceso".
—"[...] el declarante, en su condición de exportador, contaba con suficiente información como para declarar correctamente las cantidades de combustible necesarios para ser considerado 'rancho'".
—"[...] el sentenciante ha desconocido el principio de legalidad".
III. Que es útil retener los antecedentes más relevantes que surgen de las actuaciones administrativas:
—El informe técnico nº 75/2011 (SE FVEX), de fecha 16 de diciembre de 2011, por el que la sección de fiscalización y valoración de exportaciones dio cuenta de "[...] la existencia de excedentes en la cantidad de unidades embarcadas, lo que hace presuponer al área que se han exportado mercaderías bajo el régimen de Rancho (Sección VI- Capitulo 5 de la Ley 22.415), por encima de las cantidades necesarias [...], razón por la cual se estima correspondería aplicar el Régimen General liquidándose los Derechos de Exportación por las cantidades de mercadería embarcadas en exceso", con relación a los permisos de embarque nros.
06057ER01000250T, 06057ER01000278G, 06057ER01000323U, 06057ER01000356D, 06057ER01000387H, 06057ER01000412T, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
Causa nº 49256/2025 "PETROBRAS ARGENTINA SA (TF 38853 -A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO"
06057ER01000430T, 06057ER01000441V, 06057ER01000442W, 06057ER01000448F, 06057ER01000457F, 06057ER01000480B,
06057ER01000485G, 06057ER01000499L y 06057ER02000013R (fs. 19 ref./20).
—En la misma fecha se liquidaron las diferencias de derechos de exportación de los permisos de embarque mencionados (fs. 21 ref.) y se formularon los cargos nros. 3023 al 3037, todos del año 2011 (fs. 22/51 ref.).
—El 21 de diciembre de 2011 se notificaron los cargos a la firma actora y los impugnó el 29 de diciembre de 2011 (fs. 54/56 y 1/8).
—El 31 de octubre de 2012 la aduana tuvo por deducido el procedimiento de impugnación y dispuso que "[p]or Sección 'R' PROCÉDASE a agregar las destinaciones involucradas en autos conforme fuera solicitado como medio de prueba" (fs. 58 ref.). —El 20 de febrero de 2014 se agregaron impresiones de pantalla del Sistema Informático Malvina de los permisos de embarque indicados (fs. 70 ref./144 ref.).
—El 1º de marzo de 2018 se dictó la resolución nº 68/2018 (AD SALO) que confirmó los cargos formulados y rechazó la impugnación deducida (fs. 151 ref./154 ref.).
Para resolver de ese modo, la aduana sostuvo que "[...] la determinación tributaria atacada, reconoce su causa en el excedente de mercadería que ha sido exportada fuera de las que se encuentran alcanzadas por el beneficio que otorga el régimen de Rancho, y sobre las cuales recaen derechos de exportación que no han sido abonados por la firma".
Señaló que "[...] en autos surge mercadería cargada en exceso, detallada en el informe técnico de fs. 19/20".
Finalmente, precisó que "[...] respecto a la agregación de los sobres originales en autos, atento la imposibilidad de hacerlo por encontrarse los mismos desafectados por ser todos del año 2006, es que se agregaron impresiones de pantallas debidamente certificadas a fs. 66/140".
IV. Que la parte demandada no demostró que la apreciación de los hechos realizada por el Tribunal Fiscal de la Nación sea errónea (artículo 1180 del Código Aduanero).
En efecto, las objeciones formuladas por la parte demandada no logran desvirtuar la conclusión central del pronunciamiento recurrido: la falta de agregación de la documentación que sirvió de fundamento a la exigencia tributaria y al hecho de que la firma actora —si bien abasteció el combustible para el rancho de los medios de transporte— no fue quien lo utilizó, lo que "[...] evidencia a todas luces la improcedencia de imputarle responsabilidad tributaria por una presunta exportación a consumo de un presunto excedente al régimen especial de rancho".
V. Que, en consecuencia, corresponde desestimar los agravios formulados por la parte demandada.
VI. Que las costas de esta instancia quedan a cargo de la parte demandada vencida (artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
VII. Que resta examinar los recursos de apelación interpuestos "por bajos" (fs. 137/140) y "por altos" (fs. 145/1462) contra la regulación de los honorarios (fs. 131).
La cuestión relativa a la estimación de la base regulatoria encuentra una adecuada respuesta en las consideraciones desarrolladas por esta sala en las causas n°5936/2024 "
Establecimientos Vitivinícolas Escorihuela (TF 13753978-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo", pronunciamiento del 17 de diciembre de 2024, y n°5936/2024, "Petrobras Argentina SA (TF CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I Causa nº 49256/2025 "PETROBRAS ARGENTINA SA (TF 38853 -A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO"
37789-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo", pronunciamiento del 17 de diciembre de 2024, y sus citas, a las que cabe remitir por razones de brevedad.
Por tanto, dada la naturaleza del proceso, su monto —que fue establecido de acuerdo a las pautas fijadas en los precedentes citados— las tres etapas procesales cumplidas, la extensión y la calidad jurídica de la labor profesional desarrollada a la luz del resultado obtenido, corresponde REDUCIR en 72 UMA —equivalentes a la suma de $6.658.704, conforme a los valores establecidos en la resolución SGA n° 538/2026 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación— los honorarios del letrado Juan Patricio Cotter por su actuación en ejercicio de la dirección letrada y la representación procesal de la parte actora en la instancia anterior (artículos 6, 19, 20, 21, 29, 32, último párrafo, y demás concordantes de la ley 27.423).
Sobre pautas análogas, corresponde FIJAR en 22 UMA —equivalentes a la suma de $2.034.604, de conformidad con los valores establecidos en la resolución SGA n° 538/2026 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación— los honorarios del doctor Juan Patricio Cotter por su actuación —escrito de fs. 167/170— en ejercicio de la dirección letrada y la representación procesal de la parte actora ante esta instancia (artículo 30 y demás concordantes de la ley 27.423).
La regulación precedente no incluye el impuesto al valor agregado, monto que —en su caso— deberá ser adicionado conforme a la situación subjetiva del profesional beneficiario frente a dicho tributo.
En mérito de las razones expuestas, el tribunal RESUELVE: 1. Desestimar los agravios ofrecidos por la parte demandada; 2. Confirmar el pronunciamiento apelado; 3. Imponer las costas de esta instancia a la parte demandada; y 4. Regular los honorarios de acuerdo con el punto VII.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Se hace constar que suscriben la presente decisión dos integrantes de la sala por hallarse vacante el tercer cargo (art. 109 del R.J.N.).
Fin de la sentencia