Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 31.524-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la resolución nro. 108/2012 (AD RIOG), dictada en la Actuación nro. 12830-38-2010, respecto de los cargos FE nros. 1, 2, 20, 21, 22, 23, 26 y 57, todos del 2009.
2Revocar parcialmente la resolución nro. 108/2012 (AD RIOG), en cuanto confirma los cargos FE nros. 24 y 25 del 2009.
3Imponer las costas conforme los respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-112304487-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 22 de Septiembre de 2023 General de Aduanas s/ apelación.
Tribunal Fiscal de la Nación Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Héctor Hugo Juárez, Juan Manuel Soria y Christian González Palazzo (Vocal Subrogante de la Vocalía 14ª), con la presidencia a cargo del Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos caratulados: PETROLERA LF COMPANY S.R.L. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación, expediente nro. 31.524-A.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que a fs. 100/106 se presenta, por apoderado, la firma PETROLERA LF COMPANY S.R.L. e interpone recurso de apelación contra la resolución nro. 108/2012 (AD RIOG) en cuanto confirmó los cargos nros. 1, 2, 20 al 26 y 57, todos del 2009, por la suma total de u$s356.602,93 en concepto de derechos de exportación e intereses. Expresa que por los permisos de embarque involucrados documentó la exportación de gas con destino a la República de Chile y que se pagaron los derechos de exportación que fueron liquidados automáticamente por el SIM en oportunidad del registro de cada una de esas operaciones. Con posterioridad, la aduana consideró que el precio internacional utilizado por el SIM resultaba incorrecto, formulando los cargos en cuestión con fundamento en la aplicación de la resolución MEyP nro. 127/08, que estableció la fórmula para calcular la alícuota de los derechos de exportación aplicables a la mercadería en cuestión.
Señala que los precios internacionales de las mercaderías deben ser informados diariamente por la Dirección Nacional de Refinación y Comercialización a la Aduana, quien debe cargarlas diariamente en el SIM. Precisa que estos precios internacionales solo pueden ser conocidos, y en consecuencia, informados por dicha Dirección al final del día, por lo que el precio internacional utilizado por el SIM para calcular la alícuota de los derechos de exportación siempre es el correspondiente a la fecha anterior al del registro de las operaciones en cuestión. Indica que la resolución 127/08 no se encontraba vigente al momento de registro de las destinaciones 08 049 EC01 000191 L y 08 049 EC01 000190 K, por cuanto las mismas fueron registradas el 17/3/08, en tanto la mencionada resolución fue publicada en el B.O. el 12/3/08 sin establecer cuando entraría en vigencia, por lo que resulta de aplicación el principio general legislado en el art. 2 del Código Civil, que determina que si una ley no designa el día de su entrada en vigencia, serán obligatorias después de los ocho días siguientes al de su publicación oficial, por lo que la norma en cuestión entro en vigencia el 20/3/08, es decir con posterioridad al registro de las destinaciones de exportación.
Considera aplicable la doctrina de la Corte Suprema del efecto liberatorio del pago, en tanto no es responsable de las inexactitudes que pudieran ocasionarse en el propio sistema que la Aduana ha implementado, por lo que no puede exigírsele que cargue con las consecuencias de tales supuestas inexactitudes. Advierte que no debe confundirse la alícuota de los derechos de exportación con los elementos que la componen. Sostiene que la posición asumida por la aduana viola el principio de la inalterabilidad de la declaración, sobre el cual reposa todo el sistema de control aduanero. Expresa que una interpretación contraria implicaría que todas las destinaciones documentadas al amparo de las res. 127/08 deberían ser revisadas, toda vez que las cotizaciones cambian todos los días, sea para reclamar diferencias de derechos, como para ordenar la devolución de los cobrados en demasía.
Subsidiariamente, se opone a la aplicación de intereses. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con expresa imposición de costas.
II. Que a fs. 118/126 y vta. se presenta la representante del Fisco nacional y contesta el traslado conferido. Hace una negativa genérica de los dichos de la actora y una breve reseña de las actuaciones. Sostiene que el art. 792 del C.A. expresamente impone la regla según la cual el pago no extingue la obligación tributaria cuando su importe fuere inferior al debido. Asimismo, cita el art. 348 del C.A. y el art. 9 del decreto 618/97, referido a la revisión ex post, que permite a la Aduana hacer cargos suplementarios y el art. 800 del C.A., respecto a la recepción de un importe sin efectuarse reserva por los intereses o actualización monetaria que pudiera corresponder, ningún efecto produce sobre la existencia o devengamiento de los intereses en relación a los saldos de capital impagos que resulten de la imputación realizada. Sostiene que la actora no tiene un derecho adquirido, toda vez que la Aduana puede revisar y, por ende, hacer los cargos suplementarios de que se liquidó inicialmente. Cita jurisprudencia en apoyo de sus argumentos. Indica que la contraparte pudo razonablemente rectificar la liquidación al advertir que el sistema liquidaba como dice, erróneamente, y proceder al pago de lo adeudado. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal y solicita se confirme el decisorio aduanero cuestionado, con costas.
III. Que a fs. 128 se tiene por contestado el traslado, por acompañadas las actuaciones administrativas y se abre la causa a prueba, cuya producción obra a fs. 134/261. A fs. 270 se declara cerrado el período probatorio. A fs. 276 se elevan los autos a la Sala “E” y a fs. 277 se ponen para alegar. A fs. 281/288 alega la parte actora y a fs. 289 luce constancia de que el Fisco nacional no hizo uso del derecho conferido. A fs. 290 se llaman los autos a sentencia.
IV. Que la Actuación nro. 12830-38-2010 se inicia a fs. 1 con la impugnación de los cargos FE nros. 1/09, 2/09, 20/09 al 26/09 y 57/09. A fs. 9/96 obran copias certificadas de los P.E. involucrados en autos, de los referidos cargos, de las notas (SE FEVE) nros. 021/09, 033/09, 012/09, 010/09, 020/09, 015/09, 011/09, 029/09, 030/09 y 065/09, de las notas D.N.R. Y C. nros. 330, 177, 580, 516 y 256 y de la nota S.E. nro. 1679. Según la constancia de fs. 102, la actora se notificó de los cargos el 12/5/09. A fs. 109/113 se emite el dictamen nro. 140/2012 (AD RIOG). A fs. 114/119, se dicta resolución nro. 108/2012 (AD RIOG), aquí apelada. Por Alcance nro. 12830-38- 2010/1 la actora acredita la interposición de recurso ante este Tribunal.
V. Que corresponde resolver en autos la procedencia de los cargos FE nros. 01/09, 02/09, 20/09, 21/09, 22/09, 23/09, 24/09, 25/09, 26/09 y 57/09 formulado por la Aduana de Río Grande, por los cuales se intima a la actora al pago de la diferencia de derechos de exportación que resultara de la aplicación de la alícuota determinada en las destinaciones nros. 08 049 EC01 000316 K, 08 049 EC01 000241 H, 08 049 EC01 000240 G, 08 049 EC01 000418 N, 08 049 EC01 000458 R, 08 049 EC01 000419 Y, 08 049 EC01 000190 K, 08 049 EC01 000191 L, 08 049 EC01 000314 X y 08 049 EC01 000528 P y la que correspondía aplicar según la Resolución MEyP nro. 127/08.
Que la cuestión principal radica en determinar si, como sostiene la actora, corresponde la aplicación de la alícuota liquidada por el S.I.M. al momento del registro de cada una de las destinaciones, sobre la base del precio internacional informado por la Secretaría de Energía (cotización del día anterior) o, si procede la aplicación de la alícuota del día de la fecha de registro.
Que la actora centra sus defensas en el hecho de que los derechos fueron liquidados y pagados conforme la alícuota generada por el S.I.M., invoca el efecto liberatorio del pago y la inalterabilidad de la declaración aduanera.
VI. Que por medio de las destinaciones de exportación para consumo nros. 08 049 EC01 000316 K (ofic. 7/5/08), 08 049 EC01 000241 H (ofic. 7/4/08), 08 049 EC01 000240 G (ofic. 7/4/08), 08 049 EC01 000418 N (ofic. 17/6/08), 08 049 EC01 000458 R (ofic. 4/7/08), 08 049 EC01 000419 Y (ofic. 17/6/08), 08 049 EC01 000190 K (ofic. 17/3/08), 08 049 EC01 000191 L (ofic. 17/3/08), 08 049 EC01 000314 X (ofic. 7/5/08) y 08 049 EC01 000528 P (ofic. 4/9/08), la firma YPF S.A. documentó, ante la Aduana de Río Grande, la exportación de gas de petróleo de las P.A. 2711.12.90.000D y 2711.13.00.000C, con destino a Chile.
Que, a comienzos de 2009, al efectuarse el cruce de información entre la alícuota documentada en el S.I.M. y la determinada en función de las cotizaciones informadas por la Dirección Nacional de Refinación y Comercialización, dependiente de la Secretaría de Energía y, teniendo en cuenta lo establecido por la resolución MEyP nro. 127/08 (gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos de las P.A. 2711.12.90 y 2711.13.00), se detectaron diferencias en relación a los derechos de exportación -ver Notas (SE FEVE) nros. 021/09, 033/09, 012/09, 010/09, 020/09, 015/09, 011/06, 029/09, 030/09 y 065/09 de la Sección Fiscalización obrantes a fs. 12/13, 21/22, 30/31, 39/40, 47/48, 56/57, 65/66, 73/74, 82/83 y 93/94 de las act. adm.-.
Que, sobre la base de dichos informes, entre los meses de marzo y abril de 2009, se formularon los cargos cuestionados, en concepto de diferencia de derechos de exportación, por considerar incorrecto el precio internacional (P.I.) tenido en cuenta para el cálculo de alícuota de los referidos derechos de exportación. Según las fechas de oficialización de los P.E. involucrados se tomaron en cuenta los P.I. informados por medio de las Notas D.N.R.C. nros. 330/08, 177/08, 580/08, 516/08 y 256/08 y S.E. nro. 1679/08.
Que la resolución MEyP nro. 127/08 modificó los derechos de exportación aplicables al gas natural comprendidos en las posiciones arancelarias que figuran en el Anexo –como son las del caso de marras- determinando que para el caso que el precio internacional supere o iguale al valor de referencia fijado en el Anexo, la alícuota de exportación se calculará con la fórmula polinómica que la misma prevé, sobre la base de esa fórmula se fijan en el Anexo los valores de referencia y de corte (art. 3° y 4°).
A su vez el art. 6 de la misma determina que “la Dirección Nacional de Refinación y Comercialización, dependiente de la SUBSECRETARIA DE COMBUSTIBLES de la SECRETARIA DE ENERGIA del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, informará diariamente a la Dirección General de Aduanas dependiente de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, los precios internacionales de las mercaderías comprendidas en el Anexo que se deberán aplicar a los fines de calcular los derechos de exportación”.
VII. Que no se encuentra discutido en autos que el precio internacional que se tuvo en cuenta para calcular los derechos de exportación no eran los vigentes al día de registro de las destinaciones (EC01) en trato, conforme lo dispuesto por el art. 728 del CA que establece “A los fines de la Liquidación de los derechos de exportación y de los demás tributos que gravaren la exportación para consumo, serán de aplicación el régimen tributario, la alícuota, la base imponible y el tipo de cambio para la conversión de la moneda extranjera en moneda nacional de curso legal, vigentes en las fechas indicadas en los arts. 726 y 727”, esto es “…el derecho de exportación establecido por la norma vigente en la fecha del registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo” (conf. art. 726 del CA), sino que se calcularon en base al precio internacional del día anterior a de la fecha de oficialización, desfasaje producido por la dificultad operativa de la carga de los datos informados diariamente por la Secretaría de Energía en el SIM a través del cual el exportador efectúa su declaración.
Que la cuestión planteada en autos es similar a la que se presenta respecto a la Res. MEyP nro. 394/07, por lo que considero resulta aplicable al caso mutatis mutandis lo resuelto por la Sala II de la Excma. C.N.A.C.A.F., en los autos “PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA c/ Dirección General de Aduana s/ apelación”, causa nro. 15285/211 (TF 26.805-A), mediante sentencia del 5 de julio de 2011, en la cual se sostuvo: “Que los cargos formulados por el servicio aduanero, al advertir –en control ex post de exportación- que la alícuota por la cual se liquidaron los derechos de exportación no se ajustaba a la normativa citada (Resol. 394/2007), tiene su fundamento en las facultades previstas en los arts. 9° ap. 2 inc. d) del decreto 618/97 y 23 inc. d) del Código Aduanero, que en modo alguno conlleva la afectación de la seguridad jurídica en el efecto liberatorio del pago, inaplicable en la especie… Es que, el pago de los derechos de exportación efectuados por la actora fue inferior al que efectivamente correspondía en tanto no se ajustó a lo dispuesto legalmente, cuestión que… no se encuentra discutida.”.
“Y, si bien ello se debió a que el S.I.M. no liquidaba los derechos de exportación en forma correcta debido a cuestiones de carácter operativo de la carga de los datos que informara otro organismo y tal dificultad fue motivo de la modificación de la citada resolución por su similar nro. 599/2010 –en punto a que a los efectos de aplicar el P.I. la Aduana debe considerara las cotizaciones correspondientes al segundo día hábil anterior al del registro de las solicitudes de exportación para consumo (art. 1°, que sustituyó el art. 7°de la resol. 394/2007)-, tal disposición no ha previsto su aplicación en forma retroactiva.”
Que en virtud de lo expuesto se concluye que los derechos de exportación deben ser liquidados y abonados con ajuste a las pautas legales vigentes al momento de registro de la operación y dado que la firma exportadora tenía conocimiento y lo ha reconocido en esta instancia, que las alícuotas abonadas se fijaron en base al precio informado al día anterior al de la operación, son inatendibles los argumentos vertidos en autos en cuanto alega haber pagado correctamente los derechos de exportación correspondientes.
Que, con respecto al agravio de la actora acerca de la inalterabilidad de la declaración aduanera, es dable recordar lo dispuesto por el art. 322 del CA, en el sentido de la posibilidad de rectificación por el propio declarante cuando resultara procedente, y también la facultad que posee la aduana para formular cargos y reajustes cuando son procedentes (arts. 348 del C.A. y 9 ap. 2 del Decreto 618/97)
Que a mayor abundamiento corresponde destacar que si bien el S.I.M. es una herramienta utilizada tanto por el servicio aduanero como por los exportadores para efectivizar el comercio exterior, no se debe cometer el error de interpretar la ley a partir del funcionamiento del mismo, sino de encontrar las alternativas para que aquél se ajuste a la normativa vigente.
VIII. Que sin perjuicio de lo antes expuesto, cabe mencionar que asiste razón a la actora en cuanto sostiene que a la fecha de registro de los PE nros. 08 049 EC01 000191 L y 08 049 EC01 000190 K -esto es al 17/3/08-, la resolución MEyP nro. 127/08, no se encontraba vigente ya que la misma fue publicada en el B.O. el 12/3/08 sin establecer su entrada en vigencia, en tanto conforme lo dispuesto por el art. 103 del RLNPA: “Los actos administrativos de alcance general producirán efectos a partir de su publicación oficial y desde el día que en ellos se determine; si no designan tiempo, producirán efectos después de los ochos (8) días, computados desde el siguiente al de su publicación oficial.” Por lo que la norma en cuestión entro en vigencia el 20/3/08, es decir con posterioridad al registro de las destinaciones de exportación.
Que en virtud de ello corresponde hacer lugar al agravio de la actora y revocar los Cargos FE nros 24 y 25 del 2009, en cuanto intiman las sumas de u$s175.445,92 y u$s128.753,41, en concepto de derechos de exportación e intereses respecto de los PE nros. 08 049 EC01 000190 K y 08 049 EC01 000191 L, respectivamente, con costas al fisco.
IX. Que en relación al agravio planteado en relación a los intereses aplicados, cabe recordar que una vez vencido el plazo de espera sin que la actora haya abonado en su totalidad los derechos y demás gravámenes adeudados comienzan a devengarse los intereses correspondientes a la diferencia impaga, conforme lo dispone el art. 794 del C.A., por lo que no corresponde hace lugar a lo solicitado.
Por ello, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente la resolución nro. 108/2012 (AD RIOG), dictada en la Actuación nro. 12830-38-2010, respecto de los cargos FE nros. 1, 2, 20, 21, 22, 23, 26 y 57, todos del 2009.
2. Revocar parcialmente la resolución nro. 108/2012 (AD RIOG), en cuanto confirma los cargos FE nros. 24 y 25 del 2009.
3. Imponer las costas conforme los respectivos vencimientos.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Adhiero al voto del Dr. Juárez en sus considerandos I a IV, continuando el considerando V conforme lo siguiente:
V. Decisión del caso: Que corresponde resolver en autos si la resolución apelada, en cuanto confirma los cargos FE 01/09, 02/09, 20/09, 21/09, 22/09, 23/09, 24/09, 25/09, 26/09 y 57/09 e intima a la actora al pago de la diferencia de derechos de exportación que resultara de la aplicación de la alícuota determinada en las destinaciones 08 049 EC01 000316 K, 08 049 EC01 000241 H, 08 049 EC01 000240 G, 08 049 EC01 000418 N, 08 049 EC01 000458 R, 08 049 EC01 000419 Y, 08 049 EC01 000190 K, 08 049 EC01 000191 L, 08 049 EC01 000314 X y 08 049 EC01 000258 P y la que correspondería aplicar según la Resolución 127/08 MEyP, se ajusta a derecho.
V.1. Que mediante las destinaciones de exportación para consumo precedentemente mencionadas, oficializadas entre el 17/03/08 y el 04/09/08, la actora documentó, ante la Aduana Río Grande, la exportación de gas –PA 2711.12.90.000D y 2711.13.00.000C- con destino a la República de Chile, respecto de las cuales la Aduana formulo los cargos 01/09, 02/09, 20/09, 21/09, 22/09, 23/09, 24/09, 25/09, 26/09 y 57/09, mediante los cuales se exige el pago en concepto de diferencia de derechos de exportación por considerar errónea la alícuota aplicada, en los términos de la Resolución 127/08 MEyP .
Que mediante las Notas (SE FEVE) 21/09, 33/09, 12/09, 10/09, 20/09, 15/09, 11/06, 29/09, 30/09 y 65/09, se expresa que la Resolución 127/08 MEyP establece, entre otros aspectos, la forma de determinación de la alícuota de derechos de exportación aplicable diariamente a las mercaderías indicadas en su Anexo –dentro de las cuales se encuentran las exportadas en las destinaciones de autos-, señalándose que, mediante la implementación de la formula allí establecida, la alícuota que se declara en las destinaciones de marras no es coincidente con la que surge de la información brindada por la Dirección Nacional de Refinación y Comercialización, por considerar incorrecto el precio internacional tenido en cuenta para el cálculo de la alícuota de los referidos derechos de exportación.
Que la Resolución 127/08 MEyP dispone, en su art. 3, que para las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias que figuran en el Anexo –como son las del caso de marras- y para el caso de que el precio internacional supere o iguale el valor de referencia, la alícuota del derecho de exportación se calculará con la fórmula que allí establece. Asimismo, el art. 6 dispone que la Dirección Nacional de Refinación y Comercialización informará diariamente a la DGA los precios internacionales de las mercaderías comprendidas en el Anexo que se deberán aplicar a los fines de calcular los derechos de exportación.
Que el art. 728 del CA establece que “a los fines de la liquidación de los derechos de exportación y de los demás tributos que gravaren la exportación para consumo, serán de aplicación el régimen tributario, la alícuota, la base imponible y el tipo de cambio para la conversión de la moneda extranjera en moneda nacional de curso legal, vigentes en las fechas indicadas en los arts. 726 y 727”. El art. 726 dispone que es aplicable el derecho de exportación establecido por la norma vigente en la fecha del registro de la destinación de exportación para consumo.
Que la controversia de autos radica en dirimir si corresponde la aplicación de la alícuota calculada por el SIM al momento del registro de las destinaciones sobre la base del precio internacional informado por la Dirección Nacional de Refinación y Comercialización, o si procede la aplicación de la alícuota que considera la Aduana. Que la actora centra sus defensas en el hecho de que los derechos fueron determinados y pagados conforme la alícuota generada por el SIM, invocando la inalterabilidad de la declaración aduanera, y el efecto liberatorio del pago conforme jurisprudencia que cita.
Que surge de las destinaciones motivo de los presentes autos que los derechos de exportación fueron pagados por la actora aplicando la alícuota de derechos de exportación y el coeficiente de derechos incluidos determinados por el SIM, sobre la base del precio internacional de referencia que informaba la Dirección Nacional de Refinación y Comercialización.
V.2. Que resulta aplicable al caso de autos -mutatis mutandis, respecto al coeficiente cargado en el SIM a efectos de la determinación de los derechos de exportación- la doctrina de esta Sala “E” –con integración diferente a la actual- recaída en la causa “Petrolera Río Alto SA” de fecha 6.10.04, en la que la Dra. García Vizcaíno señaló que “si el Estado ha implementado el Sistema Informático María debe garantizar a los contribuyentes su efectividad, sin generarles cargas adicionales por deficiencias del Sistema. Que no se encuentra controvertido que el Sistema Informático María computaba el tipo de cambio comprador y no el vendedor (en el puntual caso de autos se trata del coeficiente) por lo cual en este aspecto la contribuyente pudo considerarse razonablemente liberada de su obligación tributaria, al haber efectuado un ingreso adecuado al Sistema Informático, no pudiendo invocar la aduana el error en este Sistema. En este aspecto, pues, se aplica la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto del efecto liberatorio del pago, salvo dolo o culpa grave de la apelante, lo que ni siquiera se ha invocado en la especie”.
Que la sentencia citada resulta una aplicación particular de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia in re “ARMANDO VICTORIO GARIBOTTI v. ADUANA DE LA NACIÓN” (Fallos: 284:232), sentencia de fecha 20 de noviembre de 1972. En el mismo sentido se ha expedido la más prestigiosa doctrina al sostener que, salvo que la administración sea inducida al error por el dolo del administrado, “rige el principio que el organismo recaudador debe cargar con sus propios errores” (JARACH, Dino: Finanzas Públicas y derecho tributario, pág. 449 Ed. Cangallo Buenos Aires, 1989).”
Que el razonamiento antes expuesto resulta un criterio general en materia tributaria fijado por el Alto Tribunal para supuestos legales donde son las oficinas de recaudación de tributos las que los determinan, o las que determinan alguno de los elementos esenciales de los tributos, tal como sucede en este caso: e.g. la alícuota aplicable para determinar los derechos de exportación. Esta línea jurisprudencial fue ratificada por la Corte Suprema en tiempo más reciente (así lo recordó la Dra. García Vizcaíno en su voto del referido precedente “PETROLERA RÍO ALTO”) in re “Bernasconi Sociedad Anónima Agrícola Ganadera Financiera Comercial Inmobiliaria e industrial c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires” (Recurso de hecho B.216.XXXIV) de fecha de 12 de noviembre de 1998, considerandos 8° y 9°. A tal precedente de la Corte Suprema debe agregarse su sentencia de la misma fecha in re “GUERRERO DE LOUGE, SUSANA ERNESTINA TERESA Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES” (Recurso de hecho G.182.XXXIV) que, pese a resolverse en un párrafo que remite a “Bernasconi”, posee valor propio por el voto del Dr. Enrique S. Petracchi para ambos casos, que se destaca por la completa y prolija reseña que realiza en su considerando 6° de la evolución de la jurisprudencia del Alto Tribunal sobre la materia en trato.
Que la solución propiciada en autos, y que surge de la familia de fallos del Alto Tribunal que ilustra el Dr. Petracchi en “Guerrero de Louge”, no es más que una derivación particular del aforismo del derecho romano Nemo auditur propriam turpitudenem allegans. Tal principio, en su aplicación práctica, debe extenderse también al fisco, que no puede cargar a los contribuyentes con los costos económicos –incluidos los fiscales- derivados de sus errores propios o ineficiencias sistémicas en la recaudación de tributos. Ello es también corolario de que en el derecho argentino las obligaciones impositivas no son otra cosa que obligaciones ex lege, iguales a las obligaciones civiles reguladas por el Código Civil y Comercial y que, como tales, se extinguen cuando son pagadas a satisfacción de lo requerido por el acreedor, desapareciendo el crédito y liberando al deudor (art. 880 del Código Civil y Comercial de la Nación; en tal sentido el voto en disidencia de los doctores Enrique Santiago Petracchi y Juan Carlos Maqueda in re “FILCROSA S.A. s /QUIEBRA s/ INCIDENTE DE VERITIFICACIÓN DE MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA”, sentencia de la Corte Suprema de fecha 30 de septiembre de 2003, considerandos 9° y 10°).
Que, en efecto, no puede cohonestarse judicialmente que la DGA –como representación del estado y de la ejemplaridad que debería presidir su actuación- se valga de un error propio en la carga tempestiva en el SIM de los precios internacionales de referencia, para obligar luego a los contribuyentes -también de modo sistémico- a soportar el costo fiscal de dicho error –ajeno a ellos-, obligándolos a aplicar a posteriori la alícuota que el propio SIM no aplicó en el momento imponible de la determinación de los derechos. Se postula así -erróneamente- que los exportadores deberían ingresar a la DGA las diferencias de derechos de exportación de cada una de sus operaciones sometidas al SIM defectuoso para determinar los derechos, pues el exportador habría aplicado en el momento imponible (registro del PE) una alícuota que, en realidad, correspondía a otro momento imponible pues derivaba de un precio de referencia informado tardíamente: era pues el sistema defectuosamente implementado por el estado y la DGA –con la información tardía de los precios de referencia- el que viciaba la determinación de los derechos de exportación, cuyo pago “correcto” ahora la misma DGA exige. Tal costo fiscal es, en rigor, responsabilidad exclusiva de la DGA o de la dependencia del Estado Nacional que debía suministrar la información para el SIM de los precios internacionales de referencia a los fines de la determinación de los derechos de exportación, no del exportador que paga los derechos que la DGA –a través del SIM- le ordena cancelar.
V.3. Que, adicionalmente, cabe suponer que tal error sistémico del SIM podría originar también un resultado inverso al que motivó la discusión de autos: esto es, la carga tardía de aquellos precios de referencia internacionales válidos pero menores (y en consecuencia con una alícuota de derechos de exportación inferior) respecto al mayor precio de referencia incorrectamente cargado en el SIM al momento de la oficialización, provocando (la ausencia de carga tempestiva del precio correcto) que el exportador haya ingresado derechos de exportación en exceso. Cabría también esperar de la DGA para tales supuestos acciones positivas tendientes a evitar el “error de interpretar la ley a partir del funcionamiento del sistema”, como para “encontrar las alternativas para que aquél (el sistema) se ajuste a la normativa vigente”.
Que, en caso de fallas generalizadas del SIM como las que se denuncian en autos, la posición de la DGA al reclamar la diferencia de derechos tendría cabal legitimidad ejemplificadora si hubiera implementado, en relación al SIM defectuoso, un mecanismo normativo automático de correcciones, completo, integral y simétrico sobre todos los despachos de exportación, procediendo tanto a devolver a los exportadores como a percibir de ellos los derechos pagados –respectivamente- en exceso y defecto como consecuencia de la carga tardía del precio internacional de referencia al SIM.
Que, de tal modo, el encomiable afán de la DGA por el cumplimiento de la normativa vigente –superando y corrigiendo los defectos propios del SIM que traicionarían en la práctica, según su posición, al sistema legalresultaría ecuánime y uniforme tanto para la DGA como para los exportadores, al corregir uniformemente los defectos del SIM tanto cuando resultan perjudiciales para la DGA como cuando le son beneficiosos, y de modo simétrico en relación a los exportadores; esto último sin necesidad de que el exportador afectado ocurra por vía de repetición (art. 809 del Código Aduanero). Sucede que, en casos sistémicos como el que se evidencia en esta contienda, se pone en juego el principio imperativo de exactitud de la renta fiscal –cuyo fundamento es de índole esencialmente moral- por el que se encuentra tan vedado al fisco como al contribuyente apropiarse de renta fiscal en exceso de la que legalmente le corresponde. Tal principio de exactitud de la renta fiscal, si bien no tiene una norma obligatoriamente aplicable en la legislación aduanera, se encuentra recogido en materia impositiva en el art. 81 quinto párrafo de la ley 11.683 (t.o. 1998), al punto que se considera un criterio de equidad fundamental que anima todo el sistema tributario, y que predica como verdadera obligación del fisco incluso respecto de contribuyentes cuyas acciones de repetición se encontraran prescriptas.
Que resta señalar que no comparto la solución a la que se arriba en el precedente “PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC ARGENTINA (TF 26805-A) C/DGA” -sentencia de julio del año 2011 de la Sala II de la Cámara Nacional en lo Contencioso-Administrativo Federal- ni con los fundamentos de la mayoría de la Sala G de este Tribunal -voto del Dr. Krause Murguiondo al que adhiere la Dra. Sarquis- en el precedente “Pan American Energy LLC. Sucursal Argentina S.A. c/DGA S/ Recurso de apelación” (Expte. 27.439-A), sentencia de fecha 12 de julio de 2012.
Que, conforme los fundamentos expuestos supra, corresponde revocar la resolución apelada por la que se confirmaron los cargos FE 01/09, 02/09, 20/09, 21/09, 22/09, 23/09, 24/09, 25/09, 26/09 y 57/09, que también se revocan, con costas. ASÍ LO VOTO V.4.- Que por la forma en que se resuelve, no corresponde analizar el agravio desarrollado por la actora en punto IV.A) de su escrito de apelación.
Por ello, VOTO POR:
Revocar la Resolución 108/12 (AD RIOG) y por ende los cargos FE 01/09, 02/09, 20/09, 21/09, 22/09, 23/09, 24/09, 25/09, 26/09 y 57/09, con costas a la Aduana.
El Dr. Christian González Palazzo dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Juárez.
De conformidad con el acuerdo que antecede por mayoría, SE
1. Confirmar parcialmente la resolución nro. 108/2012 (AD RIOG), dictada en la Actuación nro. 12830-38-2010, respecto de los cargos FE nros. 1, 2, 20, 21, 22, 23, 26 y 57, todos del 2009.
2. Revocar parcialmente la resolución nro. 108/2012 (AD RIOG), en cuanto confirma los cargos FE nros. 24 y 25 del 2009.
3. Imponer las costas conforme los respectivos vencimientos.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese.
Date: 2023.09.21 21:08:37 -03:00 Date: 2023.09.22 02:38:13 -03:00 Juan Manuel Soria Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Subrogante Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.09.22 11:03:53 -03:00 Hector Hugo Juarez Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.09.22 11:03:55 -03:00
Fin de la sentencia