Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 31525-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso interpuesto por la firma actora, revocar la sentencia apelada y, en consecuencia, dejar sin efecto la Resolución Nº 115/12 (AD RIOG), con costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 1163 del C.A; 68 y 279 del CPCCN).
En atención al modo en que se decide, se deja sin efecto la regulación de honorarios practicada a fs. 149 por el Tribunal Fiscal de la Nación y se torna insustancial el tratamiento de los recursos articulados por las partes en su contra a fs. 154 y 157.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/25 de esta Cámara.
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III CAF 12127/2024/CA1; PETROLERA TDF COMPANY SRL (TF 31525– A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO .
DVP Buenos Aires, de agosto de 2025.
Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Mediante sentencia de fecha 31 de octubre de 2023, la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación confirmó –con costas– la Resolución (AD RIOG) Nº 115/12 –dictada en las actuaciones SIGEA Nº 12830-36-2010– que rechazó el recurso incoado por la firma actora contra los cargos Nº 3/09, 27/09, 28/09, 29/09, 30/09 y 58/09, formulados en concepto de diferencia de derechos de exportación en relación con los PE Nº 08 EC01 417M, 261J, 456P, 260X, 416L, 530X, a través de los cuales se documentó la exportación de gas con destino a la República de Chile. Para así decidir, luego de reseñar las posiciones adoptadas por las partes contendientes en sus respectivas presentaciones, efectuar una síntesis de las actuaciones administrativas que llevaron al dictado de la Resolución impugnada y puntualizar que los cargos formulados por la aduana se fundaban en la incorrecta alícuota sobre la que se habían calculado los derechos de exportación –en los términos de la resolución MEP 127/08–, remarcó que no era materia de controversia que los referidos derechos habían sido liquidados y pagados conforme la alícuota generada por el SIM, sobre la base del precio internacional informado por la Secretaría de Energía; datos que la propia Aduana cargaba en el sistema.
Señaló que, conforme con lo dispuesto en los artículos 726 y 728 del Código Aduanero, la alícuota correspondiente debió ser la de la fecha de registro de la operación y, sin embargo, el SIM liquidó los derechos sobre el precio internacional correspondiente al día anterior a la fecha de oficialización; de modo que el importe abonado por la actora resultó incorrecto.
Afirmó que el principio de inalterabilidad de la declaración aduanera no impedía que el propio declarante realice una rectificación en caso de corresponder, conforme con lo dispuesto en el artículo 322 del Código Aduanero, ni tampoco prohibía a la aduana realizar los ajustes del caso, en los términos del artículo 9º, apartado 2, inciso d), del decreto 618/97, máxime cuando se estaba frente a un régimen de precios revisables. En lo relativo a los intereses resarcitorios, y contrariamente a lo sostenido por la firma actora, estimó aplicable el razonamiento sentado por el Alto Tribunal en la causa “Citibank N.A c/DGI” al considerar que las exenciones sustentadas en normas del Código Civil quedan circunscriptas a aquellos casos en los que debido a circunstancias excepcionales y ajenas al deudor, este se ve impedido del oportuno cumplimiento de su obligación tributaria, supuesto que no consideró configurado en autos.
II. Contra dicha sentencia se alza la firma actora interponiendo el recurso de apelación el 18/12/2023, expresando sus agravios el 21/12/2023, los que fueron replicados por la contraria el 11/03/2024. Asevera que en el decisorio impugnado se realiza una errónea interpretación de los artículos 726 y 728 del Código Aduanero, así como de los alcances de la Resolución MEP 127/08.
Remarca que conforme surge del mecanismo establecido por la referida Resolución, la Aduana debe conformar la alícuota de los derechos de exportación aplicables a la mercadería –según el precio internacional que diariamente le informa la Dirección Nacional de Refinación y Comercialización– y cargarla en el SIM a fin de que el sistema calcule la alícuota y liquide los derechos de exportación a abonar.
Explica que, como el precio internacional de una mercadería recién es conocido e informado a la Aduana al finalizar la jornada, es fácticamente imposible documentar una operación de exportación con la cotización del mismo día, por lo que el SIM –a los efectos de calcular los derechos aplicables a las mercaderías comprendidas en la Res. MEP 127/08– siempre aplica la correspondiente a la fecha anterior a la del registro de las operaciones.
Sostiene que, en el caso de autos, el problema radica en el propio sistema empleado por la aduana, el cual liquida de forma automática los tributos a ser ingresados, sin que la firma tenga intervención o posibilidad de corregir y/o modificar.
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Afirma que son dos los motivos fundamentales por los que se debe revocar el decisorio apelado. Por un lado, desconoce el efecto liberatorio del pago que se produjo al haber cancelado los derechos de exportación conforme la liquidación practicada por el SIM –que la Aduana posteriormente considera errónea– sobre la base de declaraciones veraces y exactas de su parte. Por otro lado, vulnera el principio de inalterabilidad de la declaración aduanera, puesto que el entendimiento dado por el Tribunal Fiscal de la Nación habilitaría la rectificación de todas las destinaciones aduaneras registradas bajo la vigencia de la Resolución 127/08 –tanto a favor como en contra del exportador–, convirtiendo la regla en una excepción. En ambos casos, cita jurisprudencia de esta Alzada y del Tribunal Fiscal en sustento de su tesitura.
Considera que de sostenerse la lógica esbozada en el decisorio apelado, se transferiría a la firma actora la responsabilidad de verificar sistemáticamente la corrección y exactitud del funcionamiento del SIM haciéndola cargar con las supuestas consecuencias gravosas de su mal funcionamiento.
Subsidiariamente, y para el caso en que no se revoque la resolución apelada, solicita se dejen sin efecto los intereses resarcitorios reclamados por la Aduana. Manifiesta que, toda vez que cumplió con las obligaciones legales impuestas al momento de registrar las destinaciones de exportación, no corresponde el devengo de los intereses en tanto el retardo en el cumplimiento de la obligación no le puede ser imputado de forma culposa o dolosa, conforme los lineamientos sentados por el Máximo Tribunal en el precedente “Ika Renault S.A.I.C”.
Finalmente, considera erróneo que los cargos suplementarios liquidados ya contuvieran intereses resarcitorios, puesto que estos deberían comenzar a computar a los diez días posteriores a su notificación.
III. Previo a ingresar al tratamiento de los agravios introducidos por la parte actora, es importante destacar que esta Sala no se encuentra obligada a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración de esta Alzada, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf., CSJN, Fallos: 258:304, 262:222, 265:301, 272:225, 278:271, 291:390, 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus, “Martínez, José Domingo y otros c/ EN-M° Seguridad -PSA- s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, Causa Nº 48697/2017, del 25/11/20; “Cargill SACI c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa N° 55388/2019, de 18/10/2022, Caratelli, Stolano c/EN -AFIP- s/ Proceso de Conocimiento”, del 08/03/22¸ “Construmex SA c/EN -DNV- s/ Proceso de Conocimiento”, del 08/11/22, “Hilado S.A. c/ EN – AFIP – DGA s/ Dirección General de Aduanas”; del 21/12/2023; “Western Union Financial Services Argentina SRL c/ EN-AFIP-DGI s/Proceso de conocimiento”, del 11/04/2024, “Morlacchi, Enzio Enrique c/EN-AFIP-LEY 20628 s/amparo ley 16.986”, del 11/07/2024, “Expanobras SRL c/EDENOR S.A s/Proceso de Conocimiento”, del 20/05/2025 y sus citas)
Desde otro ángulo, por principio, no cabe revisar en esta instancia cuestiones atinentes a la valoración de los elementos fácticos en los que el Tribunal Fiscal de la Nación ha fundado su decisión, puesto que, en virtud de lo normado por el art. 1180 del Código Aduanero, está reservada a dicho tribunal la apreciación respecto de los hechos, la prueba y su suficiencia, salvo que mediara error de magnitud suficiente en esa ponderación, supuesto en el que cabría apartar la aplicación de aquél principio (cfr. CSJN, Fallos: 300:985; esta Sala, in rebus: “Procesadora de Boratos Argentinos SA (TF 30115-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 3084/2020, del 5/5/2021; “Paraná SA de Seguros (TF 38231-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 10/2019, del 22/7/2022, “Gargiulo, Antonio Bartolomé (TF 40091-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, Causa N° 27458/22, del 27/12/2022, “Argensun SA (TF 3660641-A) c/DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 5623/2024, del 27/03/2025 y “Ranieri Argentina SA (TF 38615-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 16.068/2024 del 26/6/2025, entre muchos otros)
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IV. Sentado todo ello, corresponde señalar que no ha sido objeto de cuestionamiento el hecho de que la firma actora haya abonado los derechos de exportación conforme la liquidación efectuada por el Sistema Informático María (SIM), en los términos de la Resolución 127/2008. Asimismo, tampoco se encuentra controvertido que la liquidación practicada por el SIM haya computado un precio internacional que, si bien fue informado por la autoridad competente –en los términos del artículo 6 de la referida Resolución– no era el correspondiente a la fecha de oficialización del permiso de embarque, sino que, por cuestiones técnicas y de orden operativo del propio SIM, hicieron que este contemplara el precio del día anterior, circunstancia que origina la diferencia reclamada en el sub-examine.
V. Ello así, el hecho de que fuera el SIM el que computara una cotización de precio internacional de la mercadería diferente de la que debía tomarse en los términos de la resolución vigente al momento de oficializar los PE, conduce a estimar como razonable que, ante el pago realizado, el contribuyente se haya considerado liberado de su obligación tributaria; sin que la aduana pudiera invocar el error a su favor pues, en este aspecto, se aplica la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto del efecto liberatorio del pago, salvo dolo o culpa grave del apelante, circunstancia que no se configura en la especie (cfr. esta Cámara, Sala III, Causa Nº 41.090/2013, in re “Pan American Energy LLC Suc Argentina c/DGA s/recurso directo de organismo externo” del 05/06/2014; Sala IV, Causa Nº 31.360/2016, in re “Total Austral SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo” del 02/03/2017, entre otras)
En este sentido, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia ha entendido que, aun mediando error en la percepción de un impuesto, éste no podría invocarse por el Estado para exigir un nuevo pago, ni siquiera en el supuesto de resultar de inmediata verificación por el contribuyente, por no ser función ni obligación de los particulares fiscalizar, controlar o apercibir al Estado por el descuido o ineficacia de la percepción de la renta (Fallos: 209:213; 258:208; entre otros). Pues, el error, en cuanto a la corrección del ejercicio de sus propias y exclusivas atribuciones por parte de las autoridades receptoras de impuestos, no perjudica al contribuyente, en tanto no haya mediado dolo o culpa grave (CSJN; Fallos: 284:232 y sus citas, entre otros). Asimismo, si el Estado es quien ha implementado el Sistema Informático María, debe garantizar a los contribuyentes su efectividad, sin generarles cargas adicionales por deficiencias del Sistema, por lo que debe aplicarse al caso de autos la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto del efecto liberatorio del pago, salvo dolo o culpa grave del contribuyente (esta Sala, Causa: 23.499/2011, in re “Pan American Energy LLC Sucursal Argentina (TF 19958-A) c/DGA”, sentencia del 23 de marzo de 2012; Causa Causa Nº 41.090/2013, in re “Pan American Energy LLC Suc Argentina c/DGA s/recurso directo de organismo externo” del 05/06/2014, entre otros).
A mayor abundamiento, no se puede dejar de señalar que cuestiones sustancialmente análogas a las aquí resueltas fueron tratadas por esta Cámara –en pleno– en la Causa Nº 25.856/2023, caratulada “Pan American Sur SA (TF 39976–A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 11 de abril de 2025, donde se estableció, como doctrina legal, que “…en el marco de lo dispuesto por el art. 792 del Código Aduanero, es posible reconocer efecto liberatorio al pago del derecho de exportación de hidrocarburos establecidos por la resolución (MEyP) 394/07 cuando este fue efectuado con arreglo a la liquidación generada por el Sistema Informático Maria (SIM) al momento del registro de la respectiva solicitud de destinación aduanera; liquidación, esta, que se practica en base al algoritmo previsto por la referida resolución ministerial y al precio internacional informado por la Secretaria de Energía…”, resultando sus fundamentos aplicables, mutatis mutadis, al caso bajo estudio.
Como corolario de lo expuesto, corresponde hacer lugar a los agravios formulados por la firma actora y revocar la sentencia apelada.
VI. En lo que respecta a las costas del proceso, conforme los lineamientos sentados en el artículo 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se deben imponer las de ambas instancias a la Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III CAF 12127/2024/CA1; PETROLERA TDF COMPANY SRL (TF 31525– A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO .
demandada vencida, en tanto no se advierten motivos que permitan apartarse del principio objetivo de la derrota, sentado en los artículos 1163 del Código Aduanero y 68, primer párrafo, del Código de rito.
Por ello, SE RESUELVE: Hacer lugar al recurso interpuesto por la firma actora, revocar la sentencia apelada y, en consecuencia, dejar sin efecto la Resolución Nº 115/12 (AD RIOG), con costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 1163 del C.A; 68 y 279 del CPCCN).
En atención al modo en que se decide, se deja sin efecto la regulación de honorarios practicada a fs. 149 por el Tribunal Fiscal de la Nación y se torna insustancial el tratamiento de los recursos articulados por las partes en su contra a fs. 154 y 157.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/25 de esta Cámara.
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Regístrese, notifíquese a las partes y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia