Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa 45.877-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la excepción de prescripción con relación a las facultades del Fisco Nacional para aplicar la multa relativa al impuesto al valor agregado (periodo fiscal 01 a 06, 09 y 11 de 2009) y rechazar dicha excepción con respecto al mencionado impuesto por el periodo fiscal 12 de 2009. Costas en proporción a los respectivos vencimientos.
2Confirmar la resolución venida en recurso en cuanto aplica multa en el impuesto al valor agregado por el periodo fiscal 12 de 2009. Con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-131722100-APN-VOCII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 6 de Diciembre de 2022 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En la Ciudad de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Laura Amalia GUZMÁN (Vocal Titular de la Segunda Nominación), Pablo Alejandro PORPORATTO (Vocal Subrogante de la Tercera Nominación) y Agustina O´DONNELL (Vocal Subrogante de la Primera Nominación) a fin de resolver el expediente N° 45.877-I, caratulado: “PETRONOR COMBUSTIBLES S.R.L. s/ recurso de apelación-Impuesto al Valor Agregado.
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que a fs. 15/23 la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 2121/15 dictada por la A.F.I.P.-D.G.I, mediante la cual se aplica una multa, en el Impuesto al Valor Agregado, correspondiente al período fiscal Enero a Junio, Septiembre, Noviembre y Diciembre de 2009, con fundamento en los art. 46 y 47 inc. a) de la ley 11.683 (t.o. 1998 y modif.) equivalente a 1/3 de los dos (2) tantos del Impuesto omitido, con la reducción dispuesta por el art 49 del citado ordenamiento legal.
En primer lugar, manifiesta que la Resolución apelada no contiene una adecuada fundamentación para sustentar la determinación que aquí se discute. Ello así, remarca que el organismo recaudador incurrió en una escueta técnica que no guarda correspondencia con la intensa labor fiscalizadora ni con el monto en discusión.
Bajo ese razonamiento, entiende que la determinación de la multa resulta extemporánea y responde a periodos prescriptos por la supuesta presentación de DDJJ en blanco del Impuesto al Valor Agregado por los periodos ut supra mencionados, en donde se aplicó una multa de $86.748,87.- sobre un ajuste de $160.123,31.
En esa tesis, sostiene que tal sanción resulta arbitraria e injusta toda vez que – según sus dichos – no posee antecedentes que justifiquen los montos con los que la administración lo condena. Por otra parte, destaca que su conducta no puede ser enmarcada como defraudatoria, por cuanto ha colaborado con la fiscalización, aportando toda la documentación que le fue requerida por el ente Fiscal. Asimismo, analiza la conducta tipificada en la norma con reposo en la doctrina. Sentando ello, explica la presunción dispuesta por el art. 47 inc. b de la ley de rito, y en particular alega que el Fisco basó su determinación en dicho precepto, sin los fundamentos suficientes para encuadrar su conducta en dicho plexo normativo. Ello así, aduce que los comprobantes impugnados fueron exigidos y recibidos de buena fe, en oportunidad de realizar las operaciones impugnadas. Con respecto a ello, entiende que, si existió alguna irregularidad en la DDJJ, es consecuencia de los comprobantes cuya invalidez no hubiera podido determinar, aun obrando –según su teoría – con el debido cuidado y previsión. En efecto, argumenta que dicha circunstancia no puede ser entendida como un obrar deliberado a fin de falsear y omitir información a efectos de perjudicar al Fisco Nacional.
Por otra parte, sostiene que la sanción violenta el derecho constitucional de razonabilidad establecido en el art. 28 de la carta magna, toda vez que el organismo recaudador aplicó una sanción de manera automática sin evaluar los antecedentes de caso, como así tampoco logro – según su postura- fundar la resolución que aquí se recurre.
Solicita que, en subsidio, se aplique la figura prevista en el art. 45 de la ley procedimental. Plantea la nulidad del accionar de la administración por considerar que no resulta ajustado a derecho y violatorio de la ley 19.549.
Finalmente, ofrece prueba, efectúa reserva del caso Federal y solicita que, oportunamente, se revoque la resolución impugnada.
II. Que a fs. 53/61vta., contesta el recurso la representación fiscal y por las razones de hecho y derecho que expone, solicita que se confirme el acto apelado, con costas. Acompaña como prueba los antecedentes administrativos de la causa y hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 102 se dio por decaído el derecho a la recurrente a la producción de la prueba pericial contable.
A fs. 153, se elevaron los autos a consideración de la Sala “A” y finalmente, a fs. 157, pasan a sentencia.
IV. Que conforme se desprende del informe de inspección que obra a fs. 19/27 de las actuaciones administrativas acompañadas correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, con motivo a las tareas de fiscalización - que le son propias-, el organismo fiscal procedió a verificar el cruce informático del cual surgió una diferencia de $36.904,71 entre el importe declarado por el contribuyente en sus posiciones de IVA por los periodos de enero a noviembre de 2009, contra Citi Compras (información terceros) y de cuyo análisis, el ente recaudador presume indicios que hacen suponer omisiones y/o evasiones de impuesto.
Ello así, como consecuencia de dicho cruce y teniendo en cuenta que la fiscalización cursada con anterioridad - bajo la O.I N° 295.993 -, abarcó los periodos fiscales en IVA, hasta diciembre de 2007 y en Ganancias, hasta el año 2006, informa que efectuó el mismo análisis comparativo entre las DDJJ presentadas (sin movimientos) y la información obrante en las “Bases”, determinándose diferencias para el periodo 2008 de $38.357.-
Asimismo, relata que con fecha 06 de julio de 2010 se concurrió al domicilio fiscal perteneciente a la firma PETRONOR COMBUSTIBLES SRL, sito en Ruta 9 Km. 100 de la ciudad de Lima, donde se constató que se trataba de una estación de servicios de venta de combustibles al por menor. Allí, un empleado de la firma - el Sr. Rafael Izaguirre -, manifestó que en esos momentos no se encontraba presente ninguna persona responsable o autorizada dispuesta a recibir la documentación de la que se trataba notificar. Ello así, en una segunda visita, con fecha 27 de julio de 2010, se procedió a entregarle – al Sr. Izaguirre - un sobre cerrado con actas de constataciones en Fs. 8400 Nro. 021000201008299701 y 021000201008299801, Formulario 8000 013 N° 0011840 y requerimiento en F. 8600/I N° 021000201008299304. Frente a tal circunstancia, la notificación del inicio de inspección se perfeccionó bajo los lineamientos del segundo párrafo del inciso b) del artículo 100 de la Ley 11.683 (T.O. en 1998 y modificaciones).
Con relación al impuesto al valor agregado, surge que se efectuaron consultas vía "Intranet" en la herramienta "DD/JJS" acerca de las presentaciones realizadas por la recurrente, de las que surge que dio cumplimiento con las presentaciones en el mencionado impuesto por los periodos correspondientes a enero de 2008 a marzo de 2010. Remarca que en todas las declaraciones juradas no se exteriorizaron importes en los distintos rubros que componen los respectivos Formularios. Destacan los actuantes que durante el trascurso de la verificación, la actora mediante multinota - ante la Agencia de Zarate - solicitó prorroga a fin de dar cumplimiento con la documentación solicitada en el requerimiento.
Informa que, al vencimiento de los plazos, la recurrente puso a disposición de la administración, la siguiente documentación: 1) Copia de Libros Subdiarios de IVA Compras y Ventas respaldando las operaciones comerciales durante enero de 2008 a marzo de 2010. 2) Copias de los Formularios 731 (DDJJ de IVA) presentados el día 01 de septiembre de 2010, de los mismos meses que en el punto anterior. Finalmente, se relevaron los totales que arrojaron las sumatorias de los libros subdiarios de IVA y fueron comparados con los créditos y débitos fiscales consignados en las posiciones, determinándose saldo a favor de la administración.
La recurrente presento DDJJ rectificativas en el IVA correspondiente a los periodos fiscales 01- 2008 a 03-2010, incorporando los ajustes propuestos por la verificación, quedando pendientes el ingreso de los saldos determinados a favor de la AFIP.
Ello así, con fecha 19 de junio de 2015 se instruyó el sumario correspondiente, que concluyó con el acto que ahora se impugna.
V. Que, en primer lugar, corresponde señalar que del relato efectuado no se advierte la violación al procedimiento administrativo que alega la recurrente. Debe señalarse que del análisis de las actuaciones administrativas acompañadas puede constatarse que se cumplió debidamente con las pautas establecidas en los arts. 70 y siguientes de la ley 11.683, toda vez que -mediante la resolución dictada, firmada por Juez Administrativo-, surgen claramente los hechos tenidos en cuenta para achacarle la conducta reprimida, se le otorgó el plazo correspondiente de 15 (quince) días para que formule su descargo y ofrezca las pruebas que estimare convenientes para la defensa de sus derechos.
En puntual contestación a los agravios vertidos por la recurrente cabe señalar que la motivación consiste en la exposición de las razones que llevaron al órgano administrativo a emitir el acto, exponiendo los antecedentes de hecho y derecho que precedieron al mismo y justifican su dictado. Ha sido precisada por la doctrina jurisprudencial como “una necesidad tendiente a la observancia del principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales y que desde el punto de vista del particular o administrado traduce una exigencia fundada en la idea de una mayor protección de los derechos individuales, ya que de su cumplimiento depende que el administrado pueda conocer de una manera efectiva y expresa los antecedentes y razones que justifiquen el dictado del acto (conf. S.C.B.A., “Ferrara”, DIBA, 94-13).
En esa dirección, de la simple lectura del acto en crisis se desprenden claramente las explicaciones respecto a los elementos tenidos en cuenta para llegar a la conclusión inserta en su parte resolutiva. En definitiva, los agravios se emparentan más con discrepancia con las conclusiones del juez administrativo que con la ausencia de motivación. Y en ese contexto, los planteos deben ser rechazados, máxime cuando son meras alegaciones sin precisión de los vicios que alega.
VI. – Que sentado lo que antecede, corresponde expedirse con relación a la excepción de prescripción planteada por la actora y analizar si la facultad del fisco para aplicar la multa se encuentra prescripta de conformidad con lo previsto por las disposiciones de la ley 11.683. La ley 11.683, en su artículo 56, dispone que las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos y para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras previstas en la ley de rito prescriben, conforme el inc. a), por el trascurso de cinco (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos. Por otro lado el art. 58 establece, que el término de la prescripción de la acción para aplicar multas comenzará a correr desde el 1° de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente considerada como hecho u omisión punible.
En ese contexto, el término de cinco (5) años para aplicar sanción en el impuesto al valor agregado por el periodo comprendido entre enero a junio (ambos inclusive), septiembre y noviembre de 2009, comenzó a correr el 1 de enero de 2010. De tal forma, culminó el 31 de diciembre de 2014. Ello así y, habida cuenta que la sanción que aquí se discute es de fecha 15 de septiembre de 2015, notificada a la recurrente el 01 de diciembre de 2015 (v. constancia fs. 11 de los antecedentes administrativos), corresponde hacer lugar a la defensa de prescripción opuesta por la recurrente toda vez que en oportunidad de dictarse el acto en crisis, se encontraban prescriptas las facultades del Fisco Nacional para aplicar la sanción por los periodos enero a junio, septiembre y noviembre de 2009, por el impuesto al valor agregado.
No ocurre lo mismo con el período diciembre de 2009. En efecto, en este caso el plazo de prescripción comenzó a correr el 1 de enero de 2011, culminando el período de cinco años, el 31 de diciembre de 2015, razón por la cual, teniendo en consideración la fecha del acto sancionatorio, el mismo se dictó dentro del plazo legal para aplicar la sanción.
Las costas de la excepción se imponen en proporción a los respectivos vencimientos.
VII. Que sentado lo que antecede, cabe analizar ahora los agravios expuestos por la recurrente dirigidos a que este Tribunal establezca la procedencia de la sanción apelada y el encuadre efectuado por el ente fiscal, correspondiente al período fiscal diciembre de 2009, que el ente fiscal subsume en los artículos 46 y 47, inciso a) de la ley 11.683 (t.v.).
Debe precisarse, que para considerar configurado el ilícito material por defraudación contemplado en el artículo 46 citado debe verificarse la existencia de sus elementos tipificantes. En primer término, el aspecto objetivo, que consiste en analizar la presencia de la conducta antijurídica y si en su caso, no existió causal que enervara su antijuridicidad.
Comprobada la presencia del elemento objetivo corresponde analizar la imputabilidad del autor. La norma exige la acreditación no sólo de la conducta descripta sino la presencia de un accionar engañoso o malicioso mediante hechos concretos. Ello por cuanto en materia sancionatoria es aplicable el principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible pueda serle atribuida tanto objetiva como subjetivamente.
Al respecto, no resulta ocioso destacar que la defraudación fiscal se configura con la comisión de un artificio o engaño; con la realización de una conducta dirigida a evadir el tributo. Como señala la doctrina, “el engaño es, ante todo, expresión objetiva de una falsedad subjetivamente pensada”. Debe existir la conducta falsa, pero esa falsedad debe ser conocida por el sujeto activo de la defraudación.
Y ello es así toda vez que “El elemento tipificante del art. 46 de la ley 11.683 está constituido por la intención defraudatoria cuya descripción genérica puede esbozarse como representación de aquellas circunstancias de hecho que correspondan a los elementos constitutivos esenciales de un delito. No obstante, no basta para constituirlo la presencia de elementos genéricos configurantes, es decir, la conciencia de la criminalidad del acto y la dirección de la acción, pues el aspecto subjetivo del tipo establecido está definido de manera especial y requiere instrumentación expresa a través de “declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas.” (conf. Damarco, Jorge H. (Director) “Tratado Jurisprudencial y Doctrinario”, Derecho Tributario. Régimen Penal Tributario e Infracciones”, Cap. XXI, “Multa por defraudación”, Ed. La Ley, Bs. As, 2010, p. 304).
Bajo esas premisas, sólo resta afirmar que será el ente fiscal el encargado de comprobar la existencia de ambos elementos.
VIII. Que en el caso sub examine, el Fisco Nacional recurrió, para el encuadre de la conducta del recurrente, al artículo 47 de la ley 11.683 (t.o. en 1998) que presume, salvo prueba en contrario, que existe voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas, cuando se verifiquen algunas de las situaciones que se describen en sus cinco incisos. Dos características son comunes a todo tipo de presunciones, cualquiera sea su clase: por un lado la estructura lógica de su juicio en que se basan; por otro, y como consecuencia, el hecho de que no son juicios orientados a la certeza, sino razonamientos simplemente probabilísticos. La doctrina las ha definido como aquélla operación lógica tendiente a fijar la existencia o dimensión de un hecho desconocido a partir de uno conocido, que según la experiencia le sigue o precede. En el caso de las presunciones contenidas en el artículo citado, el legislador, a partir de un hecho cierto (hecho inferente, comprobado o fundante, que son los descriptos en sus incisos) y que debe ser probado por el ente fiscal, elabora a partir de él una regla de experiencia que nos indica cómo es –generalmente- el orden natural de las cosas y a partir del cual deriva una afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (inferido, presumido, fundado). En la especie, deriva la afirmación de que existió la voluntad de producir declaraciones engañosos u ocultaciones maliciosas, que posibilita tener por cierto que existió un obrar en fraude al Fisco.
Según Bielsa, la presunción jurídica no es una fórmula legal puramente artificial o imaginaria, sino una disposición legislativa que tiene fundamento en la realidad, pues la ley funda la presunción en el hecho de que en general eso casi siempre ocurre (“presumtio sumitir ex so quo prelumque fit”), aunque en algunos casos no suceda así (Bielsa, Rafael, “Metodología Jurídica”, Librería y Editorial Castellvi, Santa Fe, 1961, pag. 580).
Desde ya, que las presunciones así definidas y contenidas en el artículo 47 dispensan de la prueba del hecho presumido al organismo fiscal favorecido por ella, pero pueden ser refutadas por el contribuyente mediante el desarrollo de una probanza en la cual se acredite la falsedad o inexistencia del hecho presumido.
IX. Que analizados los antecedentes administrativos, el informe del inspector actuante y la resolución dictada en consecuencia, se desprende que el Fisco Nacional actuó diligentemente en razón de las consideraciones que paso a exponer.
En el acto administrativo impugnado se imputa al recurrente la voluntad de presentar declaraciones engañosas o realizar ocultaciones maliciosas donde “medie una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de las declaraciones juradas o con los que deban aportarse en la oportunidad a que se refiere el último párrafo del artículo 11 o cuando en la documentación indicada se consignen datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible.”
En efecto, el presente cargo se basó en que a raíz de que la actora –en lo que aquí interesapresentó las ddjj del impuesto a al valor agregado, mediando la omisión de débitos fiscales “ocultación de ventas” y sin movimiento – en cero - por el periodo correspondientes a diciembre del 2009, circunstancia esta, que llevo a la administración a aplicar la sanción que aquí se discute. Obsérvese que el ente recaudador pudo comprobar la grave contradicción entre la DDJJ presentada –en cero- y la información recabada con motivo de las tareas investigativas. Efectuó observaciones que conllevaron a considerar el accionar de la actora en una conducta dirigida a defraudar al organismo fiscal, originándose un mayor impuesto a ingresar; y en consecuencia encuadró su conducta en las previsiones del art. 47 incisos a) al presumir una conducta dolosa que permite extraer la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas.-
X. Que resulta oportuno destacar que las presunciones aplicadas “guardan un orden lógico entre los hechos económicos (entre los cuales se halla el imponible), sus comprobantes contables o documentos jurídicos destinados a servir de prueba de aquéllos, las registraciones o asientos, donde se sintetiza esa información, incluyendo el balance impositivo, donde esa síntesis se estructura en relación con la determinación de los impuestos. Cualquier interrupción en esa cadena, voluntaria o involuntaria, que ocasione o no perjuicio fiscal, por error o inexistencia de alguno de sus pasos daría por configurada la materialidad de un ilícito. Formal, si no hay perjuicio fiscal; material en caso contrario. A título de culpa, si no hay error excusable ni intencionalidad probada por prueba directa o presuncional; a título de dolo en la hipótesis contraria” (Conf. L.N. Gurfinkel de Wendy y E.A. Russo, “Ilícitos tributarios”, pág. 201 y sgtes). En esa dirección, no puede decirse que el ente fiscal extrajo “automáticamente” la conclusión de que cabía la responsabilidad establecida en las normas en las que funda su acto sancionatorio. Muy por el contrario, funda el mismo en hechos concretos y probados, claramente determinados.
En función de lo expuesto, corresponde confirmar la multa aplicada por el período fiscal diciembre de 2009, la que se advierte ha sido correctamente cuantificada. Con costas. El Dr. Porporatto dijo:
I. Que adhiere a los relatos y a los considerandos IV, V, VII, VIII, IX y X del voto de la Dra. Guzmán.
II. Que en cuanto al tratamiento de la prescripción de las sanciones respecto de los períodos enero a junio, septiembre y noviembre de 2009, debe señalarse que la acción del Fisco para aplicar y hacer efectivas las multas prescribe a los 5 años en el caso de contribuyentes inscriptos (artículo 56 ley N° 11.683), plazo que se computa desde el 1° de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente considerada como hecho u omisión punible (artículo 58 ley N°11.683).
Teniendo en cuenta la comisión de las infracciones relativas a los períodos fiscales enero a junio, septiembre y noviembre de 2009, las facultades sancionatorias del fisco vinculadas con dichas obligaciones prescribían el 01/01/15.
Que, por su parte el artículo 68 de la ley procedimental dispone que la prescripción para aplicar multa “se interrumpirá: a) Por la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 1° de enero del año siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible”.
Con relación a esta disposición, la Alzada tiene dicho que ”no es menester que la infracción haya sido juzgada por la autoridad fiscal, pues en esta materia, como en lo penal ordinario, el efecto interruptivo deriva del acto ilícito en sí mismo, de su comisión, y no de la decisión judicial acerca de su punibilidad” (Sala V de la CNACAF in re “Parques Interama S.A (TF 8151-I c/ DGI, del 04/09/02; con cita de Guiliani Fonrouge y Navarrine, Procedimiento Tributario, De Palma, 1979, comentario al artículo 70, actual art. 68 T.O. 1998).
Considerando que la recurrente incurrió en una nueva infracción en el período 12/09 no corresponde declarar la prescripción de la multa por los períodos fiscales enero a junio, septiembre y noviembre de 2009, con costas.
La Dra. O´Donnell dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Guzmán .
Por ello, en mérito al resultado de la votación que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Hacer lugar a la excepción de prescripción con relación a las facultades del Fisco Nacional para aplicar la multa relativa al impuesto al valor agregado (periodo fiscal 01 a 06, 09 y 11 de 2009) y rechazar dicha excepción con respecto al mencionado impuesto por el periodo fiscal 12 de 2009. Costas en proporción a los respectivos vencimientos.
2. Confirmar la resolución venida en recurso en cuanto aplica multa en el impuesto al valor agregado por el periodo fiscal 12 de 2009. Con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvase los antecedentes administrativos y archívese.-
Date: 2022.12.05 22:37:50 -03:00 Date: 2022.12.06 09:45:56 -03:00 Pablo Alejandro Porporatto Agustina O'Donnell Vocal Subrogante Vocal Subrogante Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.12.06 11:38:38 -03:00 Laura Amalia Guzman Vocal Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.12.06 11:38:39 -03:00
Fin de la sentencia