Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2019-58202294-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A, en relación a la mercadería ingresada temporariamente mediante la operación N° 06 001IT14000057-A, en la Actuación 12197-16705-2008, en los términos de los arts. 803 y stes., del C.A., con costas a la D.G.A.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-91153787-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 19 de Agosto de 2025 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura (Vocal subrogante de la Vocalía de la 18 Nominación) Pablo Adrián Garbarino y Christian Marcelo González Palazzo, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “PETROQUÍMICA ARGENTINA S A c/ DGA s/ recurso de apelación”; EX-2019-58202294- -APN-SGASAD#TFN El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 4245/2018, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros en fecha 22/06/2018, en la Actuación Nº 12197-16705-2008, en cuanto archiva las actuaciones en los términos del punto D.4 de la Instrucción General N° 09/17 y formula cargo a la aquí actora PETROQUÍMICA ARGENTINA SA, en concepto de tributos adeudados por la suma de U$S 5.434,45, referido a derechos de importación, tasa de estadística e IVA y por la suma de $14.160,45 correspondiente a los rubros IVA adicional e impuesto a las ganancias, con más los intereses correspondientes al art. 794 del C.A., por encontrarla responsable de la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A., en relación con la mercadería introducida temporalmente mediante la destinación 06 001 IT14 000057 A, con vencimiento el 05/01/2008.
II. Fundamentos del recurso: Mediante IF-2019-58202195-APN-DTD#JGM se presenta la firma PETROQUÍMICA ARGENTINA SA, e interpone recurso de apelación contra la resolución mencionada. Hace un resumen de los hechos. Sostiene que no ha tenido oportunidad de defenderse contra la pretensión tributaria. Alega que resulta temeraria la ligereza con que se condena a pagar tributos respecto a un hecho presuntamente cometido 13 años atrás. Manifiesta que la supuesta notificación del sumario se habría realizado a 7 años del vencimiento del DIT. Señala que si dicha notificación fuera válida, fue extemporánea. Solicita se revoque la pretensión tributaria por nula de nulidad absoluta siendo que la misma ha sido notificada transcurridos holgadamente los plazos que por ley deben respetarse para evitar la vulneración del derecho de defensa. Plantea la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos conforme a los arts. 803 y 804. Se agravia del plazo razonable, cita los fallos “Losicer, Jorge Alberto y Otros c/BCRA y “Bossi y García”. Impugna la liquidación en dólares estadounidenses, sostiene que la liquidación de los tributos debe realizarse conforme las normas que al efecto se dictaron arts. 638 y 639 del C.A. Impugna la tasa de interés. Deja planteada la incorrección de la aplicación de percepción del impuesto al valor agregado y a las ganancias. Solicita en subsidio la exención del IVA y la reducción de ganancias. Alega que se trataría de una presunta y eventual deuda preconcursal. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal y solicita se dicte sentencia revocando la resolución apelada con costas a cargo de la demandada.
III. Contestación del traslado: Mediante IF-2021-39307894-APN-DTD#JGM, la representación fiscal contesta el traslado del recurso interpuesto por la actora y acompaña las actuaciones administrativas. Efectúa un relato de los hechos y niega todos y cada uno de los hechos y derecho invocados por la actora que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. Efectúa un análisis de los antecedentes normativos respecto a los derechos de exportación. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas SIGEA N°12197-16705-2008. Hace reserva del caso federal. Solicita se confirme la Resolución con expresa imposición de costas a cargo de la parte actora.
IV. Que, en lo que aquí interesa, la actuación administrativa SIGEA N° 12197-16705-2008, se inicia a fs. 1/2 con el acta de denuncia 556/08. A fs. 4 obra el sobre contenedor de la DIT. A fs. 6/7 obra el aforo de la mercadería. A fs. 10 luce agregada la determinación de multa y tributos. A fs. 15, con fecha 23/12/2013 se dispone la instrucción de sumario y corrida de vista. A fs. 17/18 luce agregada copia del SICNEA referido a la corrida de vista, con la leyenda enviado en fecha 10/10/2014. A fs. 19/24 se agrega la contestación de vista de la aseguradora. A fs. 30 luce determinación de multa y tributos. A fs. 35/39 luce agregada la Resolución 4245/2018 dictada el 22/06/18 aquí apelada. A fs. 46, con fecha 23/11/18 se notifica a la aseguradora y a fs. 47 se notifica a la importadora con fecha 12/6/2019 de dicha resolución. A fs. 48 la actora acredita la apelación ante este Tribunal.
V. Que, mediante PV-2021-43807670-APN-VOCXVIII#TFN se tiene por contestado el traslado y por acompañadas las actuaciones. Mediante PV-2022-79380298-APN-VOCXVIII#TFN se abre la causa a prueba. En PV-2023-47362279-APN-VOCXVIII#TFN, se da por decaído el derecho a producir la prueba a la actora. Se certifica la prueba. Posteriormente se elevan los autos a la Sala “F” y pasan a sentencia.
VI.- - Que, en primer término, corresponde analizar la prescripción de la acción del fisco para exigir los tributos, opuesta por la actora.
Que, en lo que aquí interesa, el art. 803 del C.A establece que: “Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción. Que dicho plazo, según el art. 805 inc. a) del C.A., se suspende: “...desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión...” Que el vencimiento del despacho de importación temporaria 06 001IT14000057 A, operó el 05/01/08; por lo que el cómputo de la prescripción tributaria se inició el 1/1/09 y operaba, de no mediar causales suspensivas y/o interruptivas de su curso el 31-12-13.
Que, habiéndose dictado el auto de apertura de sumario el 23-12-13 -ver fs. 15 de las actuaciones administrativas-, se suspende el cómputo.
Que, en lo que aquí interesa, hasta dicha fecha transcurrieron 4 años, 11 meses y 22 días; restando para que opere la prescripción de la acción del fisco para percibir los tributos, 9 días.
Que, la Resolución DE PRLA N° 4245/2018, se dictó el 22-06-18.
Que, atento lo establecido en el ya referido art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario -en el caso 23-12-13 “... hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión:...”. Que si bien el C.A. no posee disposición alguna que imponga un plazo al servicio aduanero para notificar la Resolución dictada, el art. 1017 del C.A. dispone que “1. Las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos se aplicarán supletoriamente en los procedimientos que se cumplieren ante el servicio aduanero.”
Que en cuanto a las notificaciones, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos dispone que “(…) las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas.”
Que tal como interpretó este Tribunal (Sala “F”) en el precedente “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación” -expediente EX-2019-112544550- -APN- SGASAD#TFN “(…) la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en el referido artículo 40 no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana y armónica interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inciso a), del CÓDIGO Aduanero, sólo opera hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.” -el resaltado me pertenece-.
Que, teniendo en cuenta que la Resolución 4245/18 se dictó el 22/06/18, computando los 5 días hábiles para notificar la misma, el plazo de prescripción se inició el 28/06/18.
Entonces, computándose los 9 días que restaban para que opere la prescripción conforme lo expuesto ut supra, dicho plazo se cumplió el 05-07-18 sin que se hubiera producido en el transcurso del mismo, ningún otro acto suspensivo o interruptivo (siempre con relación a la prescripción de la acción tributaria). El único acto que hubiera tenido tal virtualidad (en el caso “interruptiva”) habría podido ser el de la notificación (a la aquí actora) de la resolución apelada en autos, pues esa notificación habría sido la de “... la liquidación tributaria aduanera”, conforme lo prevé el art. 806 inc. a) del C.A.
Que, no obstante, la aludida notificación se efectuó recién en fecha 12-6-2019, conforme luce constancia de SICNEA a fs. 47 de las actuaciones administrativas, es decir cuando ya había vencido ampliamente el plazo prescriptivo, por lo que no pudo tener el efecto interruptivo previsto por la norma En efecto, en este punto resulta oportuno señalar que “la notificación de la liquidación tributaria aduanera”, a la que se refiere el art. 806 inc. a) como causal de interrupción en materia tributaria, comprende tanto la notificación de un cargo suplementario (es decir, sin denuncia infraccional que motivara la apertura de sumario en la que estuvieran en juego ambas acciones fiscales) como la notificación de la liquidación contenida en la resolución definitiva de un sumario aduanero (tal como la resolución apelada en el caso de autos) pero no así la notificación que se realiza con la notificación de la vista del art. 1101 del C.A. y/o con la citación –al mismo efecto sólo en orden de la acción tributaria- al garante de los tributos (ello en armonía con lo dispuesto en el art. 1103 del C.A. y de conformidad con lo sostenido jurisprudencialmente por el suscripto). Esto último porque la suspensión de la prescripción de la acción tributaria (prevista en el inc. a) del art. 805 del C.A.) forzosamente le quita virtualidad interruptiva a la notificación de la liquidación tributaria que se produce al notificarse la corrida de vista en los términos del art. 1101 del C.A., que se produce inevitablemente con anterioridad al dictado de la resolución definitiva.
Que, si bien es claro que no surge -como ya se ha mencionado- plazo alguno en el en el CA que imponga al Fisco el deber de notificar los actos dictados en cierto plazo, es importante considerar que dicha notificación debe ser inmediata. Lejos de eso, como se advierte del simple cómputo de plazos, transcurrió un año desde el dictado de la resolución apelada dictada el 22-06-18 hasta su notificación a la actora, el 12-6-2019, conforme constancias de fs. 47 de las actuaciones administrativas, lo que devela una inactividad por parte de la administración que perjudica e incide negativamente sobre los derechos del administrado y retrasa la posibilidad de que ejerza sus defensas debidamente.
Que el derecho no se trata de compartimentos estancos y el derecho administrativo nutre al CA de principios propios que imponen -desde ya- el deber de que el procedimiento aduanero se desarrolle en debida forma, partiendo de la juridicidad, la tutela administrativa efectiva, la buena fe y la confianza legítima, entre muchos otros.
Que procede tener presente, como explica Perrino con cita de Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández: “El procedimiento administrativo no ha sido ciertamente concebido por el legislador como una carrera de obstáculos cuya superación sea requisito necesario para la adopción de la resolución final, sino como un cauce ordenado capaz de garantizar la legalidad y el acierto de aquélla dentro del más absoluto respeto de los derechos de los particulares”. (Perrino, Pablo E., La garantía constitucional de la defensa en el procedimiento administrativo, R LALEY AR/DOC/8399/2012).
Que no resulta acorde al debido procedimiento que se habilite que el plazo prescriptivo quede suspendido “sine die”, toda vez que el servicio aduanero no notifica la resolución aduanera de forma que la normativa impone, en perjuicio de los derechos de los administrados.
Que, con fundamento en todo lo antes expuesto, corresponde declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos.
VII. Que por el modo en que se resuelve, entiendo que se torna inoficioso el tratamiento de las demás cuestiones planteadas en autos.
Por todo lo expuesto, VOTO POR:
Declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A, en relación a la mercadería ingresada temporariamente mediante la operación N° 06 001IT14000057-A, en la Actuación 12197-16705-2008, en los términos de los arts. 803 y stes., del C.A., con costas a la D.G.A.
El Dr. Garbarino dijo:
1. Que adhiero a la propuesta decisoria del Dr. Segura, en tanto recepta adecuadamente la doctrina expuesta por el suscripto in re “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación” (Expediente EX-2019-112544550- -APN-SGASAD#TFN), del 3 de febrero de 2022.
2. Que, en efecto, y toda vez que no existe en el Código Aduanero norma que imponga plazo alguno a la DGA para notificar las distintas resoluciones, corresponde aplicar en forma supletoria las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos y su decreto reglamentario, conforme se desprende en modo palmario del artículo 1017 de la ley 22.415.
En tal sentido, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos dispone que “las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas”.
3. Que, por ello, cabe colegir que la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en el referido artículo 40 -vigente al momento de los hechos- no afecta ni desnaturaliza las regulaciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inc. a), del CÓDIGO Aduanero, sólo debiera operar hasta el quinta día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar –más allá que la normativa que rige en la actualidad, es decir la Ley 27.742, también conocida como Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, actualizó la Ley de Procedimientos Administrativos, disponiendo en su artículo 1 bis, inciso e), apartado iv) que “Cuando no se hubiere establecido un plazo especial para la realización de trámites, notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos y contestación de traslados, vistas e informes, aquél será de diez (10) días”-, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.
4. Que, por lo demás, tampoco existe en nuestro ordenamiento jurídico norma ni razón alguna que autorice al Fisco Nacional a notificar una resolución administrativa casi 1 año después de su dictado, en tanto dicho proceder resulta manifiestamente irracional y no puede ser cubierto con ningún argumento formal, pues el principio republicano (art. 1 de la Constitución Nacional) prohíbe la irracionalidad de los actos de gobierno.
5. Que, por último, y sin perjuicio del modo en que se decide la excepción de prescripción bajo análisis, este Tribunal no puede dejar de señalar la honda preocupación que implica la extensa duración del sumario aduanero de marras (iniciado en el año 2008), en el cual la resolución apelada ha sido notificada a la firma importadora casi 1 (un) año después, cuadra repetir, de haber sido dictada.
Por consiguiente, cabe concluir que la acción del Fisco Nacional para exigir tributos se encontraba prescripta al momento de la notificación de la resolución aquí apelada, por lo cual corresponde hacer lugar al planteo articulado por la firma actora, con expresa imposición de costas (en el mismo sentido, esta Sala “F” in re “3M ARGENTINA SACIFIA”, del 3 de febrero de 2023); siendo que la solución que aquí se sustenta guarda cabal consonancia con los principios de certeza y de seguridad jurídica que deben salvaguardarse en los procedimientos, ya que una solución contraria podría importar que la Aduana notificara en cualquier momento (por ejemplo, transcurriendo varios años, lustros, decenios, etc.) una resolución datada antes de que operara la prescripción, con la consiguiente incertidumbre en cuanto a los derechos de los administrados (en el mismo sentido, esta Sala “F” in re “EX-2019-112544550- ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-APN-VOCXVIII#TFN, voto del Dr. Pablo Garbarino). ASÍ LO VOTO .-
El Dr. González Palazzo dijo:
En primer lugar, por razones de economía procesal y celeridad práctica, hago propio el detalle de los hechos realizado por el Dr. Segura así como también del relato de los elementos acollarados al expediente. En segundo -y neurálgicamente- adelanto que no comparto lo que desarrolla a lo largo de su propuesta -para fundar lo que propone como solución al entuerto- en razón –basalmente- de lo resuelto por la Alzada en el plenario “Hughes Tool C/ DGA” y –centralmente- lo sentenciado por nuestro tribunal Cimero en Wonderland (Fallos: 332:1109), pues entiendo que no se dan los presupuestos establecidos en el código de fondo para adoptar un temperamento extintivo como el propuesto por el Vocal preopinante al que se adhiere autorreferencialmente el Dr. Garbarino.
No acompaño la interpretación de la literalidad de lo dispuesto en el art. 805 inc. a) del C.A. que realizan mis colegas para resolver la suerte de la pretensión tributaria del Fisco respecto de la importadora Petroquímica Argentina S.A., en tanto la norma es clara en determinar como límite temporal del efecto suspensivo que dota la apertura del sumario que el dictado de la “decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” devenga firme adquiriendo carácter ejecutorio.
Lo dicho, evidencia que el criterio sostenido por el colega de grado va de bruces con la literalidad de la norma, pues - y es prístino para quien suscribe-, una decisión –o acto administrativo- recién habilita el ejercicio de la acción para su ejecución cuando ésta adquiere la firmeza que solamente puede darse una vez transcurrido el plazo previsto en la norma para su cuestionamiento, que comienza a transcurrir desde su notificación al pretenso obligado.
Entiéndase, esa decisión administrativa -revestida de ropaje de sentencia- no puede ser ejecutada mientras no sea notificada ni tempestivamente recurrida por aquél de quien se pretende un comportamiento compulsivo, ergo, la suspensión prevista en la norma se encuentra en pleno vigor y por ello debe rechazarse el planteo prescriptivo incorporado al debate.
Nótese que el razonamiento que aquí se plasma, fue receptado por el legislador al punto de reformar mediante el DNU 70/2023 (Decreto del ejecutivo con intervención posterior del Poder Legislativo) el art. 1037 del C.A. (actos de notificación obligatoria) incorporando como incisos m) y n) los siguientes: el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario; n) el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera. (Ver artículo 151 del DNU).
En síntesis: la imprevisión del legislador que presumen mis colegas en su particular interpretación de la norma ha quedado desvirtuada con la aludida reforma que hecha luz a la cuestión y conmueve asertivamente el criterio del suscripto, al que cabe remitirse.
No hay norma a aplicar supletoriamente –en este caso la Ley de Procedimientos Administrativos y su decreto reglamentario- porque el legislador deliberadamente omitió ordenar la notificación de sendos actos administrativos y esa omisión quedó sobre relieve con el dictado del DNU 70/2023.
Claro está que esta Sala no ha sido pasiva ni desconoce la multiplicidad de casos en los que la aduana notifica los actos administrativos como el aquí recurrido con muchísima demora. El letargo funcional ha sido destacado en no pocas oportunidades. Para dar solución justa al caso optó por recurrir como fundamento de una decisión sentada en derecho, al bloque de garantías convencionales que habilita a este Tribunal jurisdiccional administrativo a inaplicar una norma cuando de ésta se desprendan consecuencias nocivas para el derecho del particular. En el caso sometido a estudio, no advierto que la inactividad estatal pueda contemplársela como lesiva del debido proceso por exceso del plazo razonable en grado tal que evidencie una afectación al derecho del administrado a obtener un pronunciamiento sin indebidas dilaciones (art.8.1 CADDHH) que me conmine a considerar la inaplicación de la norma en este caso, máxime, si se considera la ausencia de proactividad útil de quien, en definitiva, debiera ser un interesado central en perseguir con celo el proceso sumarial aduanero que enmarca una discusión tributaria.
Analizar los efectos derivados del efecto suspensivo previsto en el art.805 inc. a) del Código Aduanero obliga al operador a dimensionar el contexto fáctico y probatorio del casus en su totalidad, lo que incluye -claro está- la actividad desplegada por las partes en el proceso y así, ponderando los derechos en conflicto, evaluar sus consecuencias antes de adoptar un temperamento que pudiere derivar en un extremo extintivo como el aquí propuesto por mis colegas.
Adviértase que la actora conoce la existencia de la presente desde la corrida de vista, su giro comercial no es extraño al comercio exterior ni a la burocracia estatal y –no menos importante- fue beneficiaria de un régimen de excepción como lo es el de importación temporaria, tal como lo expone el vocal Instructor.
Su inactividad no puede ser receptada como aceptable desde la doctrina cimera en “Losicer” como parámetro para la eventual procedencia del instituto del plazo razonable. (L.216. XLV. Losicer, Jorge Alberto otros c/ BCRA Resol. 169/05 (expte. 105666/86 SUM FIN 7081)
Y es por ello que, visto sendas posiciones sustancialmente coincidentes y la latente posibilidad que el superior no acompañe el temperamento prescriptivo propuesto por el Dr Segura (extremo que ha de verificarse en no pocos casos) he de limitarme a votar por el RECHAZO a la prescripción de la acción del fisco para exigir tributos en el marco de la operación de importación identificada como 06001IT14000057A.
Así lo voto.
Que, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
Declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A, en relación a la mercadería ingresada temporariamente mediante la operación N° 06 001IT14000057-A, en la Actuación 12197-16705-2008, en los términos de los arts. 803 y stes., del C.A., con costas a la D.G.A.
Suscriben la presente los Dres. Horacio Joaquín Segura (vocal subrogante de la vocalía 18), Pablo Adrián Garbarino y Christian Marcelo González Palazzo.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2025.08.08 09:45:14 ART Date: 2025.08.18 16:52:08 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.08.19 15:12:47 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.08.19 15:13:14 -03:00
Fin de la sentencia