Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2023-14682357-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad del artículo 3° de la Resolución (DE PRLA) Nro. 4395/2018, dictada en el marco de las Actuaciones SIGEA nro. 12197-17775-2008 en fecha 29 de junio de 2018 y notificada a la recurrente en fecha 19 de diciembre de 2022.
2Declarar la prescripción de la acción del Fisco Nacional (DGA) para percibir tributos en relación a la firma PETROQUIMICA ARGENTINA S.A. en las presentes actuaciones.
3Imponer las costas del pleito a la demandada vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-102388973-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 15 de Septiembre de 2025 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “PETROQUÍMICA ARGENTINA S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2023-
14682357- -APN-SGASAD#TFN)
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que se presenta la firma PETROQUÍMICA ARGENTINA S.A., mediante apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 4395/2018, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros en fecha 29/06/2018 (notificada en fecha 19/12/2022), en la Actuación Nº 12197-177755- 2008, en cuanto le formula cargo, en concepto de tributos adeudados por la suma de U$S 5.388,17, referido a Derechos de Importación, Tasa de Estadística e IVA y por la suma de $13.995,15 correspondiente a los rubros percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, con más los intereses previstos en el artículo 794 del CÓDIGO Aduanero, por encontrarla responsable de la infracción prevista y penada en el artículo 970 del citado cuerpo legal, en relación con la mercadería introducida temporalmente mediante la destinación 06001IT14000140Z, con vencimiento el día 9 de enero de 2008.
Hace un resumen de los hechos del caso, detallando los antecedentes que componen el sumario administrativo. Plantea la nulidad del procedimiento, destacando que, contrariamente a lo que dispone el CÓDIGO Aduanero, el sumario de referencia se instruyó sin ningún tipo de prueba ni informe, sino que tan sólo existe una denuncia del año 2008 vacía de contenido, el sobre contenedor de la destinación denunciada -que nada acredita ni prueba- y una apertura de sumario del 12 de julio de 2013. Sostiene que no existe ni un sólo elemento de prueba que pueda comprobar la conducta infraccional que se atribuye a la declarante; y que basta con tomar vista del legajo de interés para advertir la desidia con la que actuó el servicio aduanero durante la ‘’sustanciación’’ del sumario administrativo, vulnerando las garantías del debido proceso y derecho de defensa, así como la arbitrariedad con la que se resolvió formular cargo por tributos presuntamente adeudados.
Por ende, solicita que se declare la nulidad absoluta de la Resolución nro. 4395/2018, al haberse dictado en un sumario aduanero plagado de nulidades, donde ni las más mínimas garantías constitucionales se resguardaron y, consecuentemente, se disponga el inmediato archivo de las actuaciones administrativas, por corresponder en derecho y justicia. Seguidamente, articula la nulidad del auto de apertura de sumario, por no reunir los requisitos exigidos en el artículo 1094 de la ley 22.415, resultando ineficaz a los efectos interruptivos y suspensivos de la prescripción y, como consecuencia, a su juicio deviene nulo todo lo actuado a partir de su dictado. Afirma que no ha tenido oportunidad de defenderse contra la pretensión tributaria, toda vez que jamás se corrió vista, por lo que operó la prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera el día 31/12/2013.
Asimismo, peticiona que se revoque la pretensión tributaria, por ser nula de nulidad absoluta, siendo que la misma ha sido notificada transcurridos holgadamente los plazos que por ley deben respetarse para evitar la vulneración de su derecho de defensa. Plantea la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos, conforme a lo dispuesto en los artículos 803 y 804 de la ley 22.415. Se agravia de la vulneración del plazo razonable e invoca la aplicación del beneficio de la duda. Impugna la liquidación en dólares estadounidenses, sostiene que la determinación de los tributos debe realizarse conforme las normas que al efecto se dictaron en los términos de los artículos 638 y 639 del CÓDIGO Aduanero.
Impugna la tasa de interés aplicada en al litis. Deja planteada la improcedencia de la aplicación de las percepciones del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Ganancias. Invoca su situación concursal. Cita jurisprudencia favorable a su tesitura. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal y solicita se dicte sentencia revocando la resolución apelada, con costas a cargo de la demandada.
II. Que, corrido el traslado de ley, la representación fiscal (DGA), contesta los argumentos vertidos en el recurso interpuesto por la empresa actora y ofrece las actuaciones administrativas involucradas en la causa. Efectúa un relato de los hechos y niega todos y cada uno de los hechos y derecho invocados por la apelante, que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. Efectúa un análisis de los antecedentes normativos. Rechaza los planteos de pretensa nulidad y prescripción esgrimidos por la recurrente, como así también la afectación de su derecho de defensa. Sostiene la plena vigencia de la acción de la DGA para percibir tributos. Se pronuncia sobre el plazo razonable y la cuestión de fondo ventilada en la litis. Se refiere al alcance de la garantía (póliza). Rechaza expresamente la prescripción del IVA e Impuesto a las Ganancias. Se opone a la pretendida inaplicabilidad de los intereses devengados en la especie. Cita jurisprudencia, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme la Resolución apelada, con expresa imposición de costas a cargo de la parte actora.
III. Que la actuación administrativa SIGEA N° 12197-17715-2008 se inicia con el acta de denuncia 585/08. A fs. 4 obra el sobre contenedor de la DIT nro. 06001IT14000140Z, oficializada en fecha 6/1/2006. A fs. 7 luce agregada la liquidación de de tributos. A fs. 8, con fecha 12/7/2013 se dispone la instrucción de sumario. A fs. 9 obra la determinación de base de tributos y multas. A fs. 10 obra la consulta al Sistema de Causas Archivables (SUMARCHI). A fs. 12 luce agregada la Resolución 4395/2018 (DE PRLA) dictada el 29/06/18. A fs. 15/16 se notifica a la aseguradora (en fecha 15/12/2022) y a fs. 17/18 se notifica a la firma importadora, con fecha 19/12/202. A fs. 19 la actora acredita la apelación ante este Tribunal Fiscal.
IV. Que habiendose elevado los autos a la Sala “F”, los mismos se encuentran en condiciones de dictar sentencia.
V. Que, bajo tales premisas, corresponde -en primer lugar- tratar la nulidad de la resolución apelada opuesta por la firma actora, con fundamento en que el servicio aduanero dispuso sin más el archivo del sumario y la intimó al pago de tributos, sin posibilidad alguna de defensa al respecto, al no haberle notificado la corrida la vista prevista en el artículo 1101 del CÓDIGO Aduanero, lo que vulnera la garantía constitucional de la defensa en juicio y del debido proceso legal.
En tal sentido, cabe drecordar que la referida norma dispone que: “Cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el artículo 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder. Si no tuvieren en su poder la prueba documental, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare”.
VI. Que de la plataforma fáctica de la litis se desprende que la Aduana omitió notificar la corrida vista de lo actuado, al/los presunto/s responsables de la infracción prima facie verificada y, concretamente, de las obligaciones tributarias emergentes del DIT involucrado en la especie, limitándose a dictar la resolución que se apela en la causa disponiendo el archivo del sumario en los términos de la Instrucción General 9/17 (DGA) y la formulación de cargo a la aquí recurrente y a la empresa garante, por los tributos adeudados por el presunto incumplimiento del DIT 06001IT14000140Z.
Por ende, cabe colegir que, en el caso, la Aduana se apartó del procedimiento reglado por el CÓDIGO Aduanero para las infracciones, habida cuenta que, luego del dictado de la instrucción de sumario, ninguna intervención se le otorgó a la firma recurrente, siendo que los actos procesales cumplidos posteriormente, en su totalidad, fueron realizados por el servicio aduanero. Es decir, no existió la oportunidad de acompañar o, en su defecto, solicitar el agregado de la documentación que pudiera acreditar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el régimen de importación temporaria.
Por lo demás, tampoco debe perderse de vista que la apelante recién pudo tomar conocimiento fehaciente de la existencia del sumario en trato al notificarse del dictado de la resolución apelada en autos, con fecha 22/11/2022 (confr. fs. 17 act. adm.), donde se le reclama el pago de los tributos que corresponderían por el incumplimiento del DIT en cuestión; siendo que la existencia del procedimiento administrativo tiene por finalidad constituir el marco en el cual la recurrente va a poder discutir la legalidad y procedencia del reclamo tributario que pretende percibir la Administración y es en el marco del mismo, donde se debe garantizar al contribuyente el ejercicio de su derecho de defensa, consagrado primordialmente en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Asimismo, es dable señalar que el procedimiento para las infracciones resulta ser la etapa procesal oportuna para acreditar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la beneficiaria del régimen, por lo que no cabe duda que la omisión de notificar la corrida de vista de los presentes actuados, desnaturaliza el procedimiento bajo análisis y no puede considerarse cumplida con la notificación de la resolución apelada en autos.
En consecuencia, y toda vez que la omisión de notificar la corrida de vista a la empresa recurrente, le impidió ejercer debidamente su derecho de defensa tutelado por el artículo 18 de la Constitución Nacional, causándole un perjuicio que no es susceptible de ser subsanado en esta instancia, vulnerándose así elementales principios de jerarquía constitucional, el derecho a ser oído y derecho al debido proceso, en cuanto se exige el pago de tributos por la supuesta comisión de la infracción prevista en el artículo 970 de la ley 22.415 sin haberse verificado ni constatado la misma, cabe concluir en que no procede exigencia tributaria alguna en relación a Petroquímica Argentina S.A. en las presentes actuaciones, en tanto la DGA no ajustó la tramitación del procedimiento a las disposiciones contenidas en la Sección XIV del CÓDIGO Aduanero, por lo que resulta ajustado a derecho declarar la nulidad del artículo 3° de la Resolución (DE PRLA) Nro. 4395/2018.
VII. Que, sentado ello, corresponde entender en el planteo impetrado por la firma recurrente respecto de la prescripción de la acción del Fisco Nacional para exigir tributos. Que la resolución apelada en la litis fue dictada el 29 de junio de 2018 y notificada recién el 19 de diciembre del año 2022, por lo que los agravios de la parte actora introducidos en materia prescriptiva en la presente causa encuentra adecuada respuesta en los fundamentos de los votos emitidos por el suscripto in re “EX-2019-112544550- ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-APN-VOCXVIII#TFN y “EX-2022-71387564- -APN-SGASAD#TFN- MERISANT ARGENTINA S.R.L.”, del 7 de septiembre de 2023, entre muchos otros.
VIII. Que, en efecto, cabe destacar que el plazo de prescripción respecto de los tributos es el de cinco años que prescribe el artículo 803 del CÓDIGO Aduanero, que comenzó a correr el 1/1/2009, en los términos del artículo 804, inciso b), de la ley 22.415 (atento a que el vencimiento de la operación en trato operó el 9 de enero del año 2008), debiendo haber fenecido el 1/1/2014, de no haberse producido causales suspensivas o interruptivas. Por otra parte, desde el instante en que se dispuso la apertura del sumario en fecha 12 de julio de 2013 -vide fs. 8 act. adm.-, el plazo quinquenal para que el Fisco pueda exigir tributos se suspendió "hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” (art. 805, inc. a), del C.A.).
IX. Que, bajo tales postulados, corresponde tener en consideración que la notificación de los actos administrativos tiene trascendental importancia en el procedimiento administrativo, constituyéndose como un deber de información impuesto como carga a la Administración, en garantía de los derechos de los particulares, en tanto su régimen se vincula indudablemente con la garantía de la defensa en juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de la buena fe, las causales de suspensión de la prescripción que surgen del artículo 805, inciso a) del CÓDIGO Aduanero -norma que fuera declarada inconvencional por el suscripto in re “LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. DE SEGUROS c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” (Expte. Nro. 30.630-A), del 6 de marzo de 2015, que tramitara por ante la Vocalía de la 16° Nominación; entre muchos otros- deben interpretarse a la luz de la doctrina del “plazo razonable” de tramitación de los procesos, que fuera fijada por la Corte Suprema a partir del precedente “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA”, del 26 de junio de 2012, siendo que la misma ha sido objeto de expreso seguimiento por la Cámara Contencioso Administrativo Federal en los autos “Aero Vip S.A. (Sala V, 19/6/2014) y “Alles Import SACIFI“ (sala I, 8/4/2014), entre otros; y por esta Sala “F” del Tribunal Fiscal en las causas “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. c/ D.G.A S/ apelación (Expte. nº 15.598-A, sentencia del 5/12/2013 -voto del suscripto-) y “Carossio Vairolatti & Cía. S.R.L. c / DGA s/ apelación” (Expediente n° 16.915-A, sentencia del 11/7/2013), entre muchas otras.
Que, en tal orden de ideas, cabe colegir que si bien desde la fecha en que se dispusiera la apertura del Sumario (12/7/2013) hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 29 de junio de 2018- el plazo de prescripción se encontraba suspendido, en los términos del artículo 805, inciso a), del CÓDIGO Aduanero, no debe perderse de vista que dicho acto administrativo recién se notificó el dia 19 de diciembre de 2022 (confr. fs. 17/18 act. adm.), es decir, cuatro años, cinco meses y veinte dias después de su dictado -constituyendo un extremo fáctico de vital importancia temporal a los fines de la resolución del agravio prescriptivo de naturaleza tributaria expresamente articulado en la litis, cuyo tratamiento ningún Tribunal de Justicia puede soslayar-, cuando el curso de la prescripción había ampliamente fenecido, puesto que el servicio aduanero contaba con cinco días hábiles para notificar la citada resolución en los términos del artículo 40 de la ley 19.549, después del dictado de la resolución apelada.
X. Que, en tales condiciones, y toda vez que no existe en el Código Aduanero norma que imponga plazo alguno a la DGA para notificar las distintas resoluciones, corresponde aplicar en forma supletoria las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos y su decreto reglamentario, conforme se desprende en modo palmario del artículo 1017 de la ley 22.415 -más allá que la normativa que rige en la actualidad, es decir la Ley 27.742, también conocida como Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, actualizó la Ley de Procedimientos Administrativos, disponiendo en su artículo 1 bis, inciso e), apartado iv) que “Cuando no se hubiere establecido un plazo especial para la realización de trámites, notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos y contestación de traslados, vistas e informes, aquél será de diez (10) días”-, reanudando su cómputo a partir de dicho instante-.
Que, por su parte, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo –vigente al momento de los hechos analizados- dispone que “las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas”.
XI. Que, por ello, cabe colegir que la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en la referida normativa no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosos Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inc. a), del CÓDIGO Aduanero, en la litis sólo operaba hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.
XII. Que, por lo demás, y sin perjuicio del modo en que se decide el agravio bajo análisis, este Tribunal no puede dejar de señalar la honda preocupación que implica la extensa duración del sumario aduanero de marras, en el cual la DIT en trato ha vencido en fecha 9 de enero de 2008 y la resolución apelada ha sido notificada el 19 de diciembre de 2002, casi 4 (cuatro) años y medio después, cuadra repetir, de haber sido dictada.
Por consiguiente, cabe concluir que la acción del Fisco para exigir tributos se encontraba prescripta al momento de la notificación de la resolución aquí apelada, por lo cual corresponde hacer lugar a este planteo, con expresa imposición de costas (en el mismo sentido, esta Sala in re “3M ARGENTINA SACIFIA”, del 3 de febrero de 2023); siendo que la solución que aquí se sustenta guarda cabal consonancia con los principios de certeza y de seguridad jurídica que deben salvaguardarse en los procedimientos, ya que una solución contraria podría importar que la Aduana notificara en cualquier momento (por ejemplo, transcurriendo varios años, lustros, decenios, etc.) una resolución datada antes de que operara la prescripción, con la consiguiente incertidumbre en cuanto a los derechos de los administrados (en el mismo sentido, esta Sala “F” in re “EX-2019-112544550-
ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-APN- VOCXVIII#TFN, voto del Dr. Pablo Garbarino), y sin respetar la mencionada garantía del plazo razonable de tramitación de procesos aduaneros, de raíz tanto consitucional como convencional, vinculada estrechamente con el derecho al debido proceso adjetivo, cuyo irrestricto respeto corresponde a este Tribunal siempre salvaguardar.
XIII. Que, por último, corresponde puntualizar que en la especie el servicio aduanero ha procedido –cabe precisar que sólo en materia infraccional, pues también ha formulado un cargo aduanero a la empresa importadora y a la compañía aseguradora interviniente- , al “archivo”, sin más trámite, de las presentes actuaciones en los términos de la Instrucción General N° 9/17 dela DGA (art. 1° Resol. DE PRLA n° 4395/2018). Por lo tanto, y en la medida en que el suscripto considera que dicha decisión aduanera se ha tornado definitiva e irrevocable, no corresponde pronunciarse sobre dicho extremo, al no existir en la litis un planteo concreto de la interesada en relación a ello, màxime cuando la jurisdicción de este Tribunal se encuentra en este supuesto limitada por los términos del escrito en recurso (confr. doctrina de Fallos: 296:291; 302:283; entre muchos otros). Asimismo, el archivo del presente Sumario en la faz infraccional implicó indudablemente una renuncia de la DGA a ejercer la potestad sancionatoria, por lo que ello impide ingresar en el examen de dicho agravio (confr. Sala I Contencioso Administrativo Federal in re “Denso Manufacturing Argentina S.A.”, del 11 de octubre de 2022).
XIV. Que, en definitiva, entiendo que la forma en que se resuelve tanto la cuestión tributaria como el reproche infraccional es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y la legalidad, al resultar sus efectos compatibles con los demás derechos fundamentales, preservando la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siendo que, en tal sentido, siempre se deben aplicar, en debida forma, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, C.N.).
XV. Que ello es así, en virtud de que las normas específicas que rigen toda cuestión litigiosa deben ser interpretadas considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional, para obtener un resultado adecuado, pues la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común, tanto de la tarea legislativa como de la judicial (Fallos: 255:360; 258:75; 281:146; 302:813.
Y si bien resulta cierto que la primera exigencia de cualquier método hermenéutico en la interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador, también lo es, y desde el plano normativo, la de estimar que uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su congruencia con el resto del sistema a que está engarzada, es la consideración de sus consecuencias (Fallos: 234:482; 295:1001).
XVI. Que, asimismo, no debe jamás olvidarse que la función específica de los magistrados exige siempre conjugar los principios contenidos en la ley con los elementos fácticos del caso, pues el consciente desconocimiento de unos u otros no se compadece con la misión -SUBLIME- de administrar justicia (doctr. Fallos: 234:482; entre muchos otros).
Por las razones expuestas en los Considerandos que anteceden, VOTO por:
1. Declarar la nulidad del artículo 3° de la Resolución (DE PRLA) Nro. 4395/2018, dictada en el marco de las Actuaciones SIGEA nro. 12197-17775-2008 en fecha 29 de junio de 2018 y notificada a la recurrente en fecha 19 de diciembre de 2022.
2. Declarar la prescripción de la acción del Fisco Nacional (DGA) para percibir tributos en relación a la firma PETROQUIMICA ARGENTINA S.A. en las presentes actuaciones.
3. Imponer las costas del pleito a la demandada vencida.
El Dr. González Palazzo dijo:
En primer lugar, por razones de economía procesal y celeridad práctica, hago propio el detalle de los hechos realizado por el dr. Garbarino así como también del relato de los elementos acollarados al expediente. En segundo -y neurálgicamente- si bien he de acompañar su propuesta nulificante, adelanto que no comparto lo que desarrolla a lo largo de su autoreferencial deposición -para fundar lo que propone como solución al entuertoen razón –basalmente- de lo resuelto por la Alzada en el plenario “Hughes Tool C/ DGA” y –centralmente- lo sentenciado por nuestro tribunal Cimero en Wonderland (Fallos: 332:1109), pues entiendo que no se dan los presupuestos establecidos en el código de fondo para adoptar un temperamento extintivo como el propuesto por el dr. Garbarino.
No acompaño la interpretación de la literalidad de lo dispuesto en el art. 805 inc. a) del C.A. que realiza el vocal para resolver la suerte de la pretensión tributaria del Fisco respecto de la importadora Petroquímica Argentina S.A., en tanto la norma es clara en determinar como límite temporal del efecto suspensivo que dota la apertura del sumario que el dictado de la “decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” devenga firme adquiriendo carácter ejecutorio. Lo dicho, evidencia que el criterio sostenido por el colega de grado va de bruces con la literalidad de la norma, pues - y es prístino para quien suscribe-, una decisión –o acto administrativo- recién habilita el ejercicio de la acción para su ejecución cuando ésta adquiere la firmeza que solamente puede darse una vez transcurrido el plazo previsto en la norma para su cuestionamiento, que comienza a transcurrir desde su notificación al pretenso obligado.
Entiéndase, esa decisión administrativa -revestida de ropaje de sentencia- no puede ser ejecutada mientras no sea notificada ni tempestivamente recurrida por aquél de quien se pretende un comportamiento compulsivo, ergo, la suspensión prevista en la norma se encuentra en pleno vigor y por ello debe rechazarse el planteo prescriptivo incorporado al debate.
Nótese que el razonamiento que aquí se plasma, fue receptado por el legislador al punto de reformar mediante el DNU 70/2023 (Decreto del ejecutivo con intervención posterior del Poder Legislativo) el art. 1037 del C.A. (actos de notificación obligatoria) incorporando como incisos m) y n) los siguientes: el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario; n) el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera. (Ver artículo 151 del DNU).
En síntesis: la imprevisión del legislador que presumen mis colegas en su particular interpretación de la norma ha quedado desvirtuada con la aludida reforma que hecha luz a la cuestión y conmueve asertivamente el criterio del suscripto, al que cabe remitirse.
No hay norma a aplicar supletoriamente –en este caso la Ley de Procedimientos Administrativos y su decreto reglamentario- porque el legislador deliberadamente omitió ordenar la notificación de sendos actos administrativos y esa omisión quedó sobre relieve con el dictado del DNU 70/2023.
Y es por ello que, visto la repuesta casi sistemática del Superior, he de limitarme a votar por el RECHAZO a la prescripción de la acción del fisco para exigir tributos en el marco de la operación de importación que conformara objeto del expediente SIGEA 1219717752008.
Empero, respecto a la situación de la acción del Fisco para imponer penas, teniendo en cuenta la nulidad que aquí se resuelve y la fecha del último acto interruptivo –apertura del sumario del 12 de julio de 2013- cabe declarar su extinción por prescripción.
Así lo voto.
El Dr. Segura dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Garbarino.
Por ello, SE
1. Declarar la nulidad del artículo 3° de la Resolución (DE PRLA) Nro. 4395/2018, dictada en el marco de las Actuaciones SIGEA nro. 12197-17775-2008 en fecha 29 de junio de 2018 y notificada a la recurrente en fecha 19 de diciembre de 2022.
2. Declarar la prescripción de la acción del Fisco Nacional (DGA) para percibir tributos en relación a la firma PETROQUIMICA ARGENTINA S.A. en las presentes actuaciones.
3. Imponer las costas del pleito a la demandada vencida.
Regístrese. Notifíquese. Oportunamente, archívese.
Date: 2025.09.11 19:55:10 ART Date: 2025.09.13 09:08:37 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.09.15 12:52:06 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.09.15 12:53:05 -03:00
Fin de la sentencia