Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2022-133845121-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la prescripción de la acción del Fisco Nacional (DGA) para percibir tributos en relación a la firma PETROQUIMICA ARGENTINA SA en las presentes actuaciones. Costas a la DGA.
2Revocar el artículo 1° de la Resolución (DE PRLA) N° 10779/2018, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros en fecha 29/11/2018 y notificada en fecha 22/11/2022 en las actuaciones SIGEA N° 12197-6281-2013, por expresa aplicación del principio de insignificancia fiscal. Costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-120073670-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 29 de Octubre de 2025 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “PETROQUÍMICA ARGENTINA SA c/ DGA s/ recurso de apelación”, EX-2022-
133845121- -APN-SGASAD#TFN
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que se presenta la firma del epígrafe, mediante apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 10779/2018, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros en fecha 29/11/2018 (notificada en fecha 22/11/2022), en la Actuación Nº 12197-6281-2013, en cuanto dispone: “ARTICULO 1º) CONDENAR en la presente causa a la firma PETROQUIMICA ARGENTINA S.A. (CUIT 30-70772705-1) al pago de una multa igual a una vez el importe de los tributos que gravan la importación para consumo de la mercadería introducida temporalmente mediante la destinación cuyo monto asciende a la suma de (SON PESOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS) $46.459,46… ARTICULO 2) FORMULAR CARGO por la multa… ARTICULO 3) FORMULAR CARGO… por los tributos adeudados… a la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA C/69/100 (U$ 10.430,69) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA y por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON SESENTA Y SIETE ($ 33.334,67) en concepto de IVA adicional e impuesto a las ganancias, e INTIMAR A SU PAGO…’’, por encontrarla responsable de la infracción prevista y penada en el artículo 970 del CÓDIGO Aduanero, en relación con la mercadería introducida temporalmente mediante la destinación 07001IT14001848K, con vencimiento el día 2 de marzo de 2009.
Hace un resumen de los hechos del caso, detallando los antecedentes que componen el sumario administrativo. Plantea la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos e imponer, conforme a lo dispuesto en los artículos 803, 804, 937 y concordantes de la ley 22.415. Afirma la inexistencia de infracción, destacando que al haber transcurrido más de 15 años desde la oficialización del DIT en estudio (2007), le resulta imposible abordar una defensa o aportar documentación que respalde dicha operatoria. No obstante, manifiesta que la exigencia tributaria no corresponde, habida cuenta que el hecho imponible no ocurrió, ni tampoco fue probada la conducta infraccional por quien debe impulsar la acción penal aduanera, toda vez que el servicio aduanero no realizó ninguna diligencia necesaria a fin de probar el reproche imputado, sino que simplemente se limitó a acompañar una impresión de pantalla, extremo que le genera un estado de indefensión absoluta, ya que a más de 10 años del presunto hecho es anoticiada de que la operación se encontraba denunciada e intimada a pagar tributos por una operación que no fue jamás constatada. Se agravia de la vulneración del plazo razonable. Impugna la liquidación en dólares estadounidenses, sostiene que la determinación de los tributos debe realizarse conforme las normas que al efecto se dictaron en los términos de los artículos 638 y 639 del CÓDIGO Aduanero. Asimismo, impugna la tasa de interés aplicada en al litis. Deja planteada la improcedencia de la aplicación de las percepciones del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Ganancias. Invoca su situación concursal. Cita doctrina y jurisprudencia favorable a su tesitura. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal y solicita se dicte sentencia revocando la resolución apelada, con costas a cargo de la demandada.
II. Que, corrido el traslado de ley, la representación fiscal (DGA), contesta los argumentos vertidos en el recurso interpuesto por la empresa actora y ofrece las actuaciones administrativas involucradas en la causa. Efectúa un relato de los hechos y niega todos y cada uno de los hechos y derecho invocados por la apelante, que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. Efectúa un análisis de los antecedentes normativos. Rechaza el planteo de prescripción de multa y tributos esgrimido por la recurrente, como así también la afectación de su derecho de defensa. Sostiene la plena vigencia de la acción de la DGA para percibir tributos e imponer penas. Se pronuncia sobre el plazo razonable y la cuestión de fondo ventilada en la litis. Rechaza expresamente la prescripción del IVA e Impuesto a las Ganancias. Se opone a la pretendida inaplicabilidad de los intereses devengados en la especie. Cita doctrina y jurisprudencia, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme la Resolución apelada, con expresa imposición de costas a cargo de la parte actora.
III. Que del análisis de la actuación administrativa SIGEA N° 12197-6281-2013 se desprende que a fs. 3 obra el sobre contenedor de la DIT nro. 07001IT14001848K y a fs. 4 se encuentra el acta de denuncia nro. 3369/2013. A fs. 7 luce agregada la liquidación de tributos. A fs. 8, con fecha 17/12/2014 se dispone la instrucción de sumario. A fs. 9 obra la determinación de base de tributos y multas. A fs. 11 obra agregada la corrida de vista de fecha 10/10/2019, que fuera notificada a la importadora a fs. 13, con fecha 23/10/2019, y es contestada a fs. 11/29. A fs. 30 se provee el escrito presentado por la empresa sumariada. A fs. 31/33 se presenta Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A. y realiza el pago de los tributos reclamados por $ 109.000, en fecha 8/11/2019, en atención al límite de la póliza involucrada en la litis. A fs. 37/40 luce agregada la Resolución 10779/2018 (DE PRLA) dictada el 29/11/18. A fs. 46 se notifica a la firma importadora, con fecha 22/11/202. A fs. 47 la actora acredita la apelación ante este Tribunal Fiscal.
IV. Que habiendose elevado los autos a la Sala “F”, los mismos se encuentran en condiciones de dictar sentencia.
V. Que, corresponde -en primer lugar- entender en el planteo impetrado por la firma recurrente respecto de la prescripción de la acción del Fisco Nacional para exigir tributos. Que la resolución apelada en la litis fue dictada el 29 de noviembre de 2018 y notificada recién el 22 de noviembre del año 2022, por lo que los agravios de la parte actora introducidos en materia prescriptiva en la presente causa encuentra adecuada respuesta en los fundamentos de los votos emitidos por el suscripto in re “EX-2019-112544550- ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-APN-VOCXVIII#TFN y “EX- 2022-71387564- -APN-SGASAD#TFN- MERISANT ARGENTINA S.R.L.”, del 7 de septiembre de 2023, entre muchos otros.
En efecto, cabe destacar que el plazo de prescripción respecto de los tributos es el de cinco años que prescribe el artículo 803 del CÓDIGO Aduanero, que comenzó a correr el 1/1/2010, en los términos del artículo 804, inciso b), de la ley 22.415 (atento a que el vencimiento de la operación en trato acaeció el 2 de marzo del año 2009), debiendo haber fenecido el 1/1/2015, de no haberse producido causales suspensivas o interruptivas. Por otra parte, desde el instante en que se dispuso la apertura del sumario en fecha 17 de diciembre de 2014 -vide fs. 8 act. adm.-, el plazo quinquenal para que el Fisco pueda exigir tributos se suspendió "hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” (art. 805, inc. a), del C.A.).
VI. Que, bajo tales postulados, corresponde tener en consideración que la notificación de los actos administrativos tiene trascendental importancia en el procedimiento administrativo, constituyéndose como un deber de información impuesto como carga a la Administración, en garantía de los derechos de los particulares, en tanto su régimen se vincula indudablemente con la garantía de la defensa en juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de la buena fe, las causales de suspensión de la prescripción que surgen del artículo 805, inciso a) del CÓDIGO Aduanero -norma que fuera declarada inconvencional por el suscripto in re “LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. DE SEGUROS c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” (Expte. Nro. 30.630-A), del 6 de marzo de 2015, que tramitara por ante la Vocalía de la 16° Nominación; entre muchos otros- deben interpretarse a la luz de la doctrina del “plazo razonable” de tramitación de los procesos, que fuera fijada por la Corte Suprema a partir del precedente “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA”, del 26 de junio de 2012, siendo que la misma ha sido objeto de expreso seguimiento por la Cámara Contencioso Administrativo Federal en los autos “Aero Vip S.A. (Sala V, 19/6/2014) y “Alles Import SACIFI“ (sala I, 8/4/2014), entre otros; y por esta Sala “F” del Tribunal Fiscal en las causas “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. c/ D.G.A S/ apelación (Expte. nº 15.598-A, sentencia del 5/12/2013 -voto del suscripto-) y “Carossio Vairolatti & Cía. S.R.L. c / DGA s/ apelación” (Expediente n° 16.915-A, sentencia del 11/7/2013), entre muchas otras.
Que, en tal orden de ideas, cabe colegir que si bien desde la fecha en que se dispusiera la apertura del Sumario (17/12/2014) hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 29 de noviembre de 2018- el plazo de prescripción se encontraba suspendido, en los términos del artículo 805, inciso a), del CÓDIGO Aduanero, no debe perderse de vista que dicho acto administrativo recién se notificó el dia 22 de noviembre de 2022 (confr. fs. 46 act. adm.), es decir, casi cuatro años después de su dictado -constituyendo un extremo fáctico de vital importancia temporal a los fines de la resolución del agravio prescriptivo de naturaleza tributaria expresamente articulado en la litis, cuyo tratamiento ningún Tribunal de Justicia puede soslayar-, cuando el curso de la prescripción había ampliamente fenecido, puesto que el servicio aduanero contaba con cinco días hábiles para notificar la citada resolución en los términos del artículo 40 de la ley 19.549, después del dictado de la resolución apelada.
VII. Que, en tales condiciones, y toda vez que no existe en el Código Aduanero norma que imponga plazo alguno a la DGA para notificar las distintas resoluciones, corresponde aplicar en forma supletoria las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos y su decreto reglamentario, conforme se desprende en modo palmario del artículo 1017 de la ley 22.415 -más allá que la normativa que rige en la actualidad, es decir la Ley 27.742, también conocida como Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, actualizó la Ley de Procedimientos Administrativos, disponiendo en su artículo 1 bis, inciso e), apartado iv) que “Cuando no se hubiere establecido un plazo especial para la realización de trámites, notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos y contestación de traslados, vistas e informes, aquél será de diez (10) días”-, reanudando su cómputo a partir de dicho instante-.
Que, por su parte, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo –vigente al momento de los hechos analizados- dispone que “las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas”.
VIII. Que, por ello, cabe colegir que la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en la referida normativa no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosos Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inc. a), del CÓDIGO Aduanero, en la litis sólo operaba hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.
IX. Que, por lo demás, y sin perjuicio del modo en que se decide el agravio bajo análisis, este Tribunal no puede dejar de señalar la honda preocupación que implica la extensa duración del sumario aduanero de marras, en el cual la DIT en trato ha vencido en fecha 2 de marzo de 2009 y la resolución apelada ha sido notificada el 22 de noviembre de 2022, casi 4 (cuatro) años, cuadra repetir, de haber sido dictada.
Por consiguiente, cabe concluir que la acción del Fisco para exigir tributos se encontraba prescripta al momento de la notificación de la resolución aquí apelada, por lo cual corresponde hacer lugar a este planteo, con expresa imposición de costas (en el mismo sentido, esta Sala in re “3M ARGENTINA SACIFIA”, del 3 de febrero de 2023); siendo que la solución que aquí se sustenta guarda cabal consonancia con los principios de certeza y de seguridad jurídica que deben salvaguardarse en los procedimientos, ya que una solución contraria podría importar que la Aduana notificara en cualquier momento (por ejemplo, transcurriendo varios años, lustros, decenios, etc.) una resolución datada antes de que operara la prescripción, con la consiguiente incertidumbre en cuanto a los derechos de los administrados (en el mismo sentido, esta Sala “F” in re “EX-2019-112544550-
ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-APN- VOCXVIII#TFN, voto del Dr. Pablo Garbarino), y sin respetar la mencionada garantía del plazo razonable de tramitación de procesos aduaneros, de raíz tanto consitucional como convencional, vinculada estrechamente con el derecho al debido proceso adjetivo, cuyo irrestricto respeto corresponde a este Tribunal siempre salvaguardar.
X. Que, a continuación, corresponde analizar el planteo de prescripción de la acción del Fisco Nacional para imponer penas, articulado en modo expreso por la empresa recurrente.
En tal sentido, por razones de brevedad y economía procesal corresponde remitirse -en lo primordial- a los fundamentos esbozados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 8 de noviembre de 2011 en autos “Bossi y García S.A. (TF 5932-A) c/ DGA”, en tanto resulta sustancialmente análoga a la presente, a los fines de resolver lo atinente a la prescripción del Fisco para imponer sanciones en cabeza de la firma importadora; siendo que dicha doctrina ha sido recientemente utilizada por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal in re “Arcangel Maggio S.A.”, del 15 de abril de 2025, máxime cuando no es la firma actora la “responsable de velar por la celeridad y diligencia de la actuación de las autoridades en el desarrollo del proceso” (Fallos: 344:3104, voto de los jueces Rosenkrantz y Maqueda).
En efecto, en lo que aquí interesa el Tribunal Cimero señalo que “...el instituto de la prescripción de la acción tiene una estrecha vinculación con el derecho del imputado a un pronunciamiento sin dilaciones indebidas (Fallos: 322:360, esp. disidencia de los jueces Petracchi y Boggiano, y 323:982)...”; por lo que a su respecto deben aplicarse en debida forma todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.).
Por ende, cabe colegir que el procedimiento sumarial de marras ha excedido todo parámetro de razonabilidad de duración de un proceso infraccional, con franca violación del derecho constitucional de la actora a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas (artículos 18, Constitución Nacional, y 8°, inc. 1, Convención Americana sobre Derechos Humanos; Fallos: 329:445; 330:1369; 332:1492 y sus citas). Ello así, toda vez que a la fecha se ha prolongado durante más de 18 años, siendo que de fs. 3 de las actuaciones administrativas se desprende que la fecha de la operación de importación objeto de autos ha tenido lugar el 19 de enero de 2007, su vencimiento data del 8 de marzo del año 2008, y su prórroga del 2 de marzo de 2009.
A mayor abundamiento, cabe señalar que a idéntica solución arribó nuestro Más Alto Tribunal en la causa "Sudamericana de Intercambio SACI y F c/ Administración General de Puertos" (Fallos: 312:2075) respecto a la decisión de la autoridad aduanera que había impuesto la pena de multa, en un supuesto semejante al que se plantea en el sub lite; siendo que en la causa "Egea" afirmó que cualquiera sea el criterio que se adopte respecto de la suspensión del curso de la prescripción "la duración del proceso penal por [en ese caso] casi dos décadas, viola ostensiblemente las garantías del plazo razonable de proceso y del derecho de defensa" (Fallos: 327:4815). Por lo tanto, y de conformidad con el criterio que se deriva de tales precedentes, correspondería que sea este Tribunal Fiscal el que ponga fin a la presente causa —en cuanto aquí se trata— declarando la extinción de la acción penal por prescripción.
XI. Que, no obstante el modo en que se decide el aspecto prescriptivo en materia infraccional, habida cuenta la inveterada y mayoritaria jurisprudencia de la Sala “F” en tal sentido –cuya solución difiere de la doctrina sustentada en tal sentido por la Vocalía de la 16° Nominación-, el modo en que dicho planteo es habitualmente decidido por los otros Vocales ante situaciones fácticas sustancialmente análogas a la presente litis, a los estrictos fines de formar mayoría y por razones de celeridad y economía procesal, se procede a decidir el fondo del asunto, prescindiendo del criterio particular del suscripto en la materia, por devenir minoritario.
XII. Que, bajo tales premisas, en atención a la insignificancia del monto de la multa -cuyo valor asciende a la suma de $ 46.459,46-, considero que debe dejarse sin efecto el reclamo por dicho concepto, por aplicación del principio de bagatela o insignificancia fiscal (en el mismo sentido, vide Sala “F” in re “Citrusvil S.A.” -Expte. Nro. 29.993-A-, del 16 de agosto de 2022, voto del suscripto; “Aceitera General Deheza. S.A.” –Expte. Nro. 35.111-A-, del 10 de abril de 2023; entre muchos otros).
Ello no significa concluir que en relación a la firma recurrente no se haya configurado la infracción investigada en autos, sino que la aplicación de la multa deviene prescindible para la sociedad por su insignificancia pecuniaria y el costo administrativo que irrogaría su percepción, en virtud de su escaso monto (confr. ssta Sala in re “HB FULLER ARGENTINA S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, Expediente N° 39.906- A), entre muchos otros).
Por lo demás, no debe olvidarse que al tratarse de un procedimiento por infracciones (Sección XIV, Título II, Capítulo III, del CÓDIGO Aduanero), resultan aplicables en primer término las disposiciones del Código de Procedimientos en lo Criminal para la Justicia Federal (hoy Código Procesal Penal de la Nación, ley 27.063), según lo dispone expresamente el inc. 2, del artículo 1.017 de la ley 22.415 y la doctrina de Fallos 332:1109 -voto del Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni-, entre muchos otros.
En el mismo sentido, ha sido la propia DGA, en su calidad de organismo instructor de los Sumarios Aduaneros que pueden terminar siendo objeto de revisión plena por parte de esta magistratura imparcial e independiente, quien adopta un criterio similar, en plena consonancia con el denominado “principio de oportunidad” o de la disponibilidad de la acción por parte del Ministerio Público Fiscal, pues a través del dictado de la Instrucción General Nro. 2/2023 del 30 de enero del 2023 dispuso, siguiendo las mismas pautas procedimentales de sus antecesoras, como la Instrucción General Nro. 9/2017, que los -mal denominados, a criterio del suscripto- jueces administrativos a cargo de las áreas indicadas en el apartado C. de la referida normativa -previa evaluación de cada caso en particular- podrán disponer el archivo de las actuaciones en las que tramita la aplicación de sanciones por infracciones aduaneras (entre las cuales se encuentra expresamente incluida la norma infraccional aplicada en la litis) cuando el importe de la multa mínima no alcanzare la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL ($ 360.000), sin que resulte necesario pronunciarse previamente sobre la presunta responsabilidad infraccional del administrado sujeto a sumario aduanero.
XIII. Que, por ende, cabe concluir, de acuerdo al criterio sostenido por el suscripto a partir de su voto en el precedente “DENSO MANUFACTURING ARGENTINA S.A.” (EXPTE. 2020-373800/76), del 17 de noviembre de 2021, que tramitara por ante la Vocalía de la 17° Nominación, que uno de los criterios de oportunidad que posibilitan la disponibilidad de la acción penal por parte del Ministerio Público Fiscal es aquél que hace referencia a la “Insignificancia del hecho”, debiendo interpretarse que se trata de hechos de mínima importancia, que no poseen la entidad suficiente como para poner en peligro ni lesionar el bien jurídico tutelado ni tampoco el interés público, siendo que este principio, con los matices y dentro de los límites propios de la materia aduanera, puede ser aplicado por la Dirección General de Aduanas al momento de instruir casos de escasa significación económica, a través de la aplicación de normas reglamentarias que recepten su hermenéutica y siempre que no resulten incompatibles con las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos que cuentan con jerarquía constitucional, en cuanto resguardan el derecho fundamental a la tutela administrativa y judicial efectiva (arts. XVIII y XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8° y 10° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8° y 25° de la Convención Americana de Derechos Humanos, 2° inc. 3° aps. a) y b), y 14 inc. 1° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
XIV. Que, bajo tales postulados, corresponde destacar que el principio de bagatela también ha sido aplicado inveteradamente por el Tribunal Fiscal de la Nación, en supuestos en los que se analizó la procedencia de aplicar sanciones cometidas en infracciones aduaneras ante incumplimientos de importaciones suspensivas, entre los que, sólo a modo de ejemplo, se pueden mencionar las sentencias dictadas por la Sala “E” (en su anterior composición) en los expedientes no 17.847-A, “REGA S.A. c/ D.G.A. s/ apelación”, del 18/02/2004, y Expediente n° 18.188-A ,“POLIMETAL S.A. C/ D.G.A. s/ recurso de apelación”; sentencia del 26/08/2004, siendo que en ambos pleitos se revocaron las resoluciones aduaneras condenatorias.
Asimismo, en el mismo sentido -revocatorio- se ha expedido esta Sala “F” en los expedientes no 32.184-A, “MANUFACTURA DE MOTORES ARGENTINOS S.R.L c/ D.G.A. s/ apelación”, Expediente n° 29.748-A, “MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A. C/ D.G.A. s/ recurso de apelación”, ambas del 1° de marzo de 2017, y en el Expte. Nro. 35.247-A, caratulado “ASEGURADORES DE CRÉDITOS Y GARANTIAS S.A. c/Dirección General de Aduanas, s/recurso de apelación”, al que se encontraba acumulado el expediente n° 35.279-A caratulado “DANCAN S.A. c/Dirección General de Aduanas s/recurso de apelación”, del 3 de noviembre de 2016, que tramitara por ante esta Vocalía de la 16° Nominación (voto del Dr. Pablo Garbarino, al que adhirieron los Dres. González Palazzo y Basaldúa).
Y, por lo demás, también en idéntica postura se pronunció la Sala “G” en los expedientes n° 19.223-A, “Y A BASILE SAICE C/ D.G.A. s/ recurso de apelación”; sentencia del 18/03/2014 y n° 24.515-A, “AGRO ACEITUNERA S.A. c/Dirección General de Aduanas, s/recurso de apelación”.
Por otra parte, en el mismo sentido también se ha pronunciado la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, al sostener “...Que el principio que en materia penal se ha dado en denominar de bagatela o irrisoriedad o insignificancia es aquél en virtud del cual deben considerarse atípicas aquellas conductas que si bien por su exteriorización resultan encuadrables en la descripción de un tipo legal, han afectado de modo insignificante, irrelevante o manifiestamente menor al bien jurídico que la norma tiene como fin tutelar. Su creación es eminentemente pretoriana por vía jurisdiccional.”.
Además, la Alzada sostuvo que “Atento la ínfima cantidad de mercadería en infracción, en pos de dotar de plena vigencia a los principios básicos del derecho penal y los principios y garantías fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales con jerarquía constitucional, es que se impone mantener la decisión recurrida, pues la afectación del bien jurídico tutelado es tan escasa que no es posible aplicar una pena sin afectar la proporcionalidad que debe guardar con el disvalor jurídico de la conducta típica que contempla el artículo 970 del CÓDIGO Aduanero. Es que la cantidad de mercadería en infracción es tan intrascendente, que aplicar una multa a su respecto conllevaría transgredir el principio de reserva del artículo 19 de la Constitución Nacional…”. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso administrativo Federal, Sala III, in re “Anilinas Americanas Versanil S.A.” c. DGA”, causa N° 36215/12, del 19/11/2013).
Que, por lo demás, cabe destacar que dicha doctrina ha sido aplicada por la propia competencia impositiva de este Tribunal Fiscal in re “Lemesoff, Néstor Mario” (Sala C, sentencia de fecha 12/7/99); como así también por el Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires en los expedientes no 2360-0368336, “FRIGORÍFICO RYDHANS S.A. c/ D.G.A. s/ apelación”, sentencia de fecha 28/02/19 y n° 2360-214941 caratulado “MOLINO OLAVARRIA S.A. C/ D.G.A. s/ recurso de apelación”, sentencia de fecha 31/08/21, siendo que, en ambos casos, el mencionado Tribunal dispuso revocar las disposiciones condenatorias emanadas del organismo fiscal local.
XV. Que, en definitiva, entiendo que la forma en que se resuelve tanto la cuestión tributaria como el reproche infraccional es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y la legalidad, al resultar sus efectos compatibles con los demás derechos fundamentales, preservando la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siendo que, en tal sentido, siempre se deben aplicar, en debida forma, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, C.N.).
XVI. Que ello es así, en virtud de que las normas específicas que rigen toda cuestión litigiosa deben ser interpretadas considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional, para obtener un resultado adecuado, pues la admisión de soluciones disvaliosas no resulta compatible con el fin común, tanto de la tarea legislativa como de la judicial (Fallos: 255:360; 258:75; 281:146; 302:813.
Y si bien resulta cierto que la primera exigencia de cualquier método hermenéutico en la interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador, también lo es, y desde el plano normativo, la de estimar que uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su congruencia con el resto del sistema a que está engarzada, es la consideración de sus consecuencias (Fallos: 234:482; 295:1001).
Por último, no debe jamás olvidarse que la función específica de los magistrados exige siempre conjugar los principios contenidos en la ley con los elementos fácticos del caso, pues el consciente desconocimiento de unos u otros no se compadece con la misión -SUBLIME- de administrar justicia (doctr. Fallos: 234:482; entre muchos otros).
Por las razones expuestas en los Considerandos que anteceden, VOTO por:
1. Declarar la prescripción de la acción del Fisco Nacional (DGA) para percibir tributos en relación a la firma PETROQUIMICA ARGENTINA S.A. en las presentes actuaciones. Costas a la DGA.
2. Revocar el artículo 1° de la Resolución (DE PRLA) N° 10779/2018, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros en fecha 29/11/2018 y notificada en fecha 22/11/2022 en las actuaciones SIGEA N° 12197-6281-2013, por expresa aplicación del principio de insignificancia fiscal. Costas por su orden. El Dr. González Palazzo dijo:
En primer término, por razones de método y buena práctica forense, hago propio el relato de los hechos y de la prueba acollarada efectuados por el señor Vocal preopinante, a cuyas constancias me remito por razones de mérito y brevedad. Sin perjuicio de ello, anticipo que no comparto la solución propuesta en punto a la prescripción: el criterio que postula iniciar un nuevo cómputo a partir del mero dictado de la resolución aduanera, prescindiendo de su notificación al administrado, no encuentra sustento en el régimen aplicable ni se compadece con la jurisprudencia que exige interpretación estricta de los institutos suspensivos e interruptivos. El caso se rige por el marco normativo vigente con anterioridad al DNU 70/2023. Atribuir al legislador —por vía interpretativa— la previsión de un reinicio del plazo con el solo dictado del acto importaría introducir por la ventana lo que el sistema nunca colocó por la puerta. El DNU 70/23 no hace más que confirmar que el acto deviene eficaz y ejecutable desde su notificación; por ende, la suspensión del art. 805 inc. a) del Código Aduanero se mantiene hasta que exista una decisión que efectivamente habilite el ejercicio de la acción para percibir tributos, lo que sólo ocurre con la notificación en legal forma.
El dr. Garbarino tampoco analiza el impacto de lo establecido en el art.806 del Código Aduanero en la suerte de su tesis, lo que denota cierta liviandad en el tratamiento de tamaña cuestión, como lo es, la suerte de la acción del Fisco para exigir tributos.
La jurisprudencia nacional refuerza la solución restrictiva: el Plenario “Hughes Tool Company” (CNCAF) y la Corte Suprema en “Wonderland Entertainment S.A. c/ EN – DGA s/ recurso de apelación” enfatizan que los efectos suspensivos e interruptivos de la prescripción, por operar como límite al poder estatal, se interpretan estrictamente y no admiten extensiones analógicas. La Cámara, en la línea “Shell”, “Molinos Río de la Plata” y “Harriet y Donnelly”, ha sostenido lo propio en resguardo de la seguridad jurídica. En suma, ni el texto legal ni la doctrina de los tribunales avalan una renovación del plazo por el solo dictado del acto que ni siquiera fue notificado.
Con la sobriedad que impone el oficio, no puedo dejar de consignar que no son pocos los expedientes que encuentran, con encomiable regularidad, un desenlace por la vía rápida de la prescripción apoyada en la tesis del “dictado sin notificación” como hito renovador del plazo. La reiteración, además de sorprendente, tensiona innecesariamente el principio de seguridad jurídica. Si el objetivo fuese optimizar agenda, el método sería eficaz; lástima que el Código no lo prevé y la jurisprudencia lo desaconseja.
Por las razones expuestas, rechazo la tesis prescriptiva sostenida por el Vocal preopinante. Corresponde que los autos vuelvan a la Vocalía instructora para que se expida sobre la cuestión de fondo, con la amplitud probatoria que el caso demande.
Sin ingresar al fondo, corresponde dejar sentado —a título de directriz técnica— que, en el carril infraccional del art. 970 del Código Aduanero, cuando la lesividad es mínima y el interés público no se ve gravemente comprometido, la respuesta correcta no es “revocar” la sanción como si se tratara de un mero error decisorio, sino declarar la extinción de la acción punitiva por aplicación del principio de insignificancia, conforme a los criterios de disponibilidad del Código Procesal Penal Federal (arts. 30, 31 inc. a] y 32), aplicables supletoriamente por el art. 1017 del Código Aduanero. Tal temperamento se alinea con la doctrina y jurisprudencia de la Cámara Federal de Casación Penal, que reconoce a la insignificancia el carácter de límite material al ius puniendi y de vía de clausura del conflicto.
En orden a las costas, atento el temperamento adoptado y la necesidad de encauzar la definición sustantiva en la instancia instructora, corresponde su imposición en el orden causado.
Por lo expuesto, VOTO por: (i) rechazar la tesis prescriptiva sostenida por el dr. Pablo Garbarino; (ii) disponer que los autos vuelvan a la Vocalía instructora a fin de que se expida sobre el fondo; (iii) dejar expresamente aclarado que, de corresponder evaluar la acción punitiva en supuesto de lesividad mínima, la salida adecuada no es la revocación de la sanción sino la extinción de la acción por insignificancia, con la consecuente inoponibilidad de la multa y del comiso; y (iv) imponer las costas por su orden.
El Dr. Segura dijo:
Adhiero, en lo sustancial, al voto del Dr. Garbarino.
Respecto del punto 2 de su voto, con la aclaración que en igual sentido me he expedido en la Sala G en diversos pronunciamientos, como “Boston Compañía Argentina de Seguros SA c/ DGA s/ recurso de apelación”, TFN Nº 30.408-A (y acumulado HB Fuller Argentina, TFN Nº 30.463-A), sentencia del 10/04/19; “Molinos Río de la Plata SA c/ DGA s/ recurso de apelación”, TFN Nº 31.523-A, sentencia del 23/09/22; “Agro Aceitunera SA c/ DGA s/ recurso de apelación”, TFN Nº 24.515-A, sentencia del 11/05/12; entre otros.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Declarar la prescripción de la acción del Fisco Nacional (DGA) para percibir tributos en relación a la firma PETROQUIMICA ARGENTINA SA en las presentes actuaciones. Costas a la DGA.
2. Revocar el artículo 1° de la Resolución (DE PRLA) N° 10779/2018, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros en fecha 29/11/2018 y notificada en fecha 22/11/2022 en las actuaciones SIGEA N° 12197-6281-2013, por expresa aplicación del principio de insignificancia fiscal. Costas por su orden. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2025.10.28 19:56:58 ART Date: 2025.10.28 21:51:32 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Subrogante Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.10.29 06:32:01 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.10.29 06:32:25 -03:00
Fin de la sentencia