Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2022-93418504-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la nulidad del art. 3 de la resolución 7363/18 (DE PRLA), en cuanto intima al pago de tributos a la actora, con costas a la Aduana.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-70965117-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 5 de Julio de 2024 Se reúnen los Vocales miembros de la Sala “E” Dres. Juan Manuel Soria, Héctor Hugo Juárez y Miguel N. Licht (como subrogante por encontrarse vacante la Vocalía 14ª), con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados EX-2022-93418504- -APN-SGASAD#TFN (“PETROQUIMICA ARGENTINA SA”).
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. El 06.09.22 la firma recurrente mediante IF-2022-93418391-APN-DTD#JGM interpone recurso de apelación contra la resolución 7363/18 (DE PRLA), dictada por la Aduana de Buenos Aires, recaída en la actuación SIGEA 12197-17773- 2008, por la cual se le formula cargo respecto de la destinación 06001IT14000514V, por un monto total de Dólares Estadounidenses Ocho Mil Seiscientos Ochenta (u$s8.680.-) en concepto de tributos adeudados y de Pesos Veintiún Mil Ochocientos Cincuenta con 29/100 centavos ($21.850,29.-) en concepto de percepción de IVA adicional e impuesto a las ganancias. Comienza sus argumentos con una cronología de los hechos acaecidos, poniendo ante todo en conocimiento que la resolución aduanera fue dictada luego de que operara la prescripción de la acción del fisco, tanto en el aspecto tributario como en el infraccional.
Señala que el hecho imputado a la firma habría ocurrido el día 25.01.08, con el conforme del DIT denunciado, por lo que, el plazo quinquenal con el que contaba el Fisco para ejercer sus acciones comenzó el día 01.01.09, operando la prescripción el día 31.12.13. Funda su apelación en varias nulidades. Plantea la nulidad del procedimiento por violación del derecho de defensa. Marca que sin siquiera una sola prueba que acredite el incumplimiento del régimen, ni un solo informe de las áreas técnicas, el servicio aduanero resolvió no correr vista a la sumariada por la infracción imputada y dictó resolución aduanera apelada ordenando el archivo de la denuncia efectuada en los términos del art. 970 CA por bajo monto y formula cargo por los tributos presuntamente adeudados.
Manifiesta ser una decisión arbitraria el hecho de dictar una resolución sin notificar la corrida de vista, vulnerando los derechos y garantías constitucionales. Cita jurisprudencia al respecto. Además, plantea la nulidad del auto de apertura a sumario, toda vez que no reúne los requisitos exigidos por el art. 1094 de la ley 22.415 y cita jurisprudencia que avala su postura. En subsidio, argumenta la inexistencia de la infracción y para ello, argumenta que habiendo trascurrido más 16 años desde la oficialización de la DIT en cuestión, resulta imposible abordar una defensa y aportar documentación que respalde la operatoria. Ello sumado, a que no corresponde la exigencia tributaria cuando el hecho imponible no ocurrió, ni se probó la conducta infraccional.
Asimismo, haciendo referencia a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Cladd Ita SA”, dice que corresponde que se revoque la percepción al Impuesto al Valor Agregado y Ganancias. Impugna la intimación de dólares en la pretensión tributaria, siendo esta pretensión contradictoria con el art. 639 de la ley 22.415 y la tasa de interés que se le aplica. Entiende que existió una violación del plazo razonable. Para el caso de que no se haga lugar a sus pretensiones, pone en conocimiento que la firma se encuentra en concurso preventivo, el cual se abrió el 21.09.11, y que el momento imponible data del año 2007 y/o 2008, por lo que se trataría de una presunta y eventual deuda preconcursal.
Hace reserva de caso federal. Ofrece prueba. Solicita que se revoque la resolución aduanera apelada con costas.
II. La representación fiscal contesta el traslado conferido en fecha 28.02.23 mediante el IF-2023-21859661-APN- DTD#JGM y acompaña las actuaciones administrativas 12197-17773-2008. Reseña los hechos y niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la contraria que no sean objeto de su reconocimiento. Argumenta que la Instrucción General 9/17 (DGA) prevé que los jueces administrativos a cargo del sumario deberán previa evaluación del caso en particular, archivar las actuaciones administrativas por las que tramita la investigación de sanciones por infracciones aduaneras en una serie de casos, entre los que se encuentran las investigaciones de denuncias por infracción al art. 970 del C.A., cuando el importe del mínimo de la multa no superare los $30.000.
Seguidamente, aclara que el archivo de las actuaciones de ninguna manera obstará la formulación de cargo por tributos que la aduana considerase que pudieren corresponder. Trae a colación el Código Procesal Penal de la Nación a los fines de definir la naturaleza del término archivo y cita abundante jurisprudencia al respecto. Con relación al agravio de la prescripción, argumenta que el texto legal dispone específicamente (al hablar de la instrucción de sumario) la suspensión del cómputo del plazo cuando hablamos de tributos. Entiende que resulta de interés para el Estado Nacional el cobro inmediato de los tributos para hacer frente a las múltiples necesidades que tiene la Nación. Determina que el plazo quinquenal comenzó a correr a partir del 01.01.09, que la acción prescribiría el 31.12.13, pero que sin embargo, el 02.10.13 (EN PLAZO) se instruyó el sumario, suspendiéndose el término del instituto.
Reitera que el hecho de que su mandante haya dispuesto el archivo de las actuaciones administrativas por una cuestión referente al monto mínimo de la multa, no quiere decir que no pueda perseguir el cobro de los tributos derivado del ajuste de valor efectuado. Asimismo, manifiesta que el principio que prescribe la indisponibilidad del crédito fiscal tornaría anti-jurídica una disculpa estatal a una deuda de naturaleza tributaria. Manifiesta, citando jurisprudencia, que el accionar del servicio aduanero se ajustó a los plazos establecidos por el CA, resultando la actividad desplegada conforme a derecho y encontrándose aún vigente la acción de mi mandante para reclamar el cobro de tributos. En cuanto a la determinación de los tributos en moneda distinta a la del curso legal, dice que los cargos tributarios se determinaron en dólares estadounidenses, ello conforme lo prescripto por el art. 20 de la ley 23.905.
Que si no hubiese sido de esa manera la deuda quedaría licuada por el mero transcurso del tiempo, ya que la firma actora quedaría obligada a pagar la misma cantidad al tipo de cambio del día en que oficializó la operación, suma que dejaría de ser representativa del respectivo porcentaje del valor en dólares de la mercadería importada/exportada (conf. artículo 734 del C.A.). Transcribe los arts. 794 y 796 del CA y argumenta que de dicha normativa se desprende que una vez vencido el plazo de diez días desde la notificación del acto por el cual se liquidaron los tributos, el deudor debe pagar, juntamente con aquellos, un interés sobre el importe no ingresado en dicho plazo, y dicha tasa de interés, se devenga desde la fecha que señala el art. 794 del CA, que es la que ha fijado la Secretaría de Hacienda.
Por último, hace saber que ha sido instruida a los efectos de allanarse en forma parcial y exclusivamente en relación a los conceptos de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias incluidos en la liquidación del Cargo. Ofrece las actuaciones administrativas como prueba. Hace reserva de caso federal. Solicita se rechace la apelación interpuesta con expresa imposición de costas.
III. La actuación 12197-17773-2008 se inicia con el acta denuncia 587/08 de fecha 28.01.09 y la nota 8314/08 (SE PRTE) de fs. 5. A fs. 4 se agrega la carpeta contenedora de la DIT 06001IT14000514V. Realizadas las correspondientes liquidaciones de tributos, con fecha 02.10.13 se dispone la instrucción de sumario (fs. 8). A fs. 10 se realiza la liquidación art. 970. A fs. 12 se dicta la resolución 7363/18 (DE PRLA), resolución apelada en autos, la que es notificada a la parte por cédula SICNEA estado notificado –notificación automática de oficio- de fecha 16.08.22 (fs. 14).
IV. El 7.06.24 se elevan los autos a la Sala “E” y el 01.07.24 se los pasa a sentencia.
V. Que corresponde resolver los planteos de nulidad y prescripción de la recurrente.
Por razones de orden procedimental se examinará, en primer lugar, los planteos referidos a la ineficacia del acto administrativo, a fin de constatar la validez de la actuación de la Aduana.
Del examen de las actuaciones administrativas surge que labrada el acta denuncia 587/08 de fecha 28.01.09 (v. fs. 1 act. adm.), con fecha 02.10.13 se dispone la instrucción de sumario (v. fs. 8 act. adm.). Nótese que no surge de los actuados aduaneros, que se le haya corrida vista a las partes. No hay constancias de que se haya notificado de ello, ni de ningún otro acto que se haya generado en los actuados, a la recurrente. Tampoco obran constancias de que se hayan efectuado las diligencias necesarias a los fines de verificar la existencia de comisión de la infracción que prima facie habría sido verificada.
El Código Aduanero establece que las infracciones aduaneras, salvo aquellas que tuvieren previstas sanciones aplicables en forma automática, se juzgaran conforme el procedimiento reglado en el Capítulo Tercero del Título II de la Sección XIV, por cual cuando la Aduana tome conocimiento de la presunta configuración de una infracción, deberá practicar todas las diligencias necesarias para investigar los hechos, a cuyo efecto podrá ejercer todas las funciones de control que las leyes le acuerden (Conf. Arts. 1080 y 1081 del CA). El artículo 1101 del CA dispone que: “Cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el artículo 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder. Si no tuvieren en su poder la prueba documental, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare”.
Surge evidente de las actuaciones administrativas que el servicio aduanero no solo omitió correr vista de lo actuado a los presuntos responsables de la infracción prima facie verificada, sino que ni siquiera instruyo sumario, limitándose a dictar la resolución que aquí se apela, disponiendo el archivo de las actuaciones de acuerdo a lo establecido en la Instrucción General (DGA) 9/17 y la formulación de cargo a la recurrente.
De lo relatado surge manifiesto que la recurrente ha sido privada de ejercer su derecho a un debido proceso adjetivo, corolario del derecho de defensa tutelado por el artículo 18 de la Constitución. La recurrente recién tomo conocimiento del sumario en trato al notificarse de la resolución que aquí se apela, por la cual se generó un cargo. Por lo expuesto, debe señalarse que el servicio aduanero se apartó del trámite reglado por el CA para los procedimientos infracciónales, situación que no puede ser subsanada ante esta instancia. Le asiste razón al recurrente al sostener que la resolución administrativa vulnera groseramente la garantía del derecho de defensa, como así también el principio de tutela judicial efectiva que ampara al imputado, afectando sus derechos subjetivos e intereses legítimos al privarlo de una defensa oportuna.
Resulta claro que no se dio intervención al presunto imputado y responsable del incumplimiento que se endilga, por el que se exige además el pago de tributos. Tampoco fue dictada la resolución en los términos de lo establecido en el artículo 1112 del CA. Ello es así dado que el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, si hubiese seguido el procedimiento reglado en tiempo hábil, debería haber condenado o absuelto al imputado (conf. el inc. a) del art. 1112 del CA) y no ordenar el archivo, sin más trámite, de acuerdo a lo establecido en la Instrucción General N° 9/17 (DGA). Conforme lo expuesto corresponde declarar la nulidad del art. 3 de la resolución 7363/18 (DE PRLA) apelada, haciendo lugar al planteo formulado por la firma PETROQUIMICA ARGENTINA SA, con costas a la Aduana. .
Por la forma en que se resuelve el planteo de nulidad deviene inoficioso expedirse acerca de la prescripción de las acciones de la Aduana para exigir tributos y respecto al allanamiento parcial de la presentación fiscal con relación a los conceptos de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias incluidos en la liquidación del Cargo.
Por todo ello VOTO POR:
Declarar la nulidad del art. 3 de la resolución 7363/18 (DE PRLA), en cuanto intima al pago de tributos a la actora, con costas a la Aduana.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que me remito al relato efectuado en los considerandos I a IV del voto del Dr. Soria.
II. Que con fecha 28/1/2009 se formula denuncia por presunta infracción del art. 970 del C.A.. Con fecha 2/10/2013 se dispone la instrucción de sumario no constando en las actuaciones el dictado del auto de corrida de vista a la firma. En tales condiciones, previa determinación de multa y tributos y constancia de la inexistencia de antecedentes infraccionales de la sumariada, se dictó la resolución ahora apelada.
Que en efecto, la disposición aduanera atacada, fue dictada en cumplimiento de la Instrucción General nº 9/17 (DG ADUA) por lo cual, al tiempo que dispone el archivo de la denuncia infraccional, ordena formular cargo por los tributos que considera adeudados.
Que el servicio aduanero ha omitido la consideración de que el archivo de la denuncia revestía carácter provisorio hasta que transcurra el plazo de doce meses, vencido el cual, de no mediar otras sanciones que en su conjunto superen el monto fijado, el archivo devenía definitivo. Por tal motivo la resolución DE PRLA n° 7363/2018 no puede considerarse definitiva y sólo puede reconocérsele efectos de intimación al pago de tributos.
Que, en tal sentido, devienen nula la notificación cuya constancia luce a fs. 13 de las actuaciones, que fácilmente pudo inducir a la actora a interpretar que la resolución revestia el carácter de definitiva, cuando no lo es. Que, en consecuencia, corresponde declarar la nulidad de la notificación de la resolución DE PRLA n° 7363/2018 dirigida a la firma importadora, con costas a la demandada.
III. Que visto lo resuelto precedentemente, corresponde atender el planteo de prescripción de la acción del Fisco para imponer multa y percibir tributos opuesto por la actora.
Que, el régimen de prescripción de la acción del Fisco para imponer la multa en la especie se encuentra regulado por el C.A. el cual, en el art. 934 establece que: “La acción para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de cinco años”, plazo éste que conforme lo dispone el art. 935 comienza a correr “el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción o, en caso de no poder precisársela, en la de su constatación”.
Que, de acuerdo a la normativa transcripta precedentemente, el plazo quinquenal mencionado debe computarse desde el 1º de enero de 2009, atento a que el vencimiento de la DIT operó el 25/1/2008 conforme surge de fs. 5 de los antecedentes.
Que, sin embargo, el plazo prescriptivo para imponer penas fue interrumpido, con el auto que dispuso la apertura del sumario de fecha 2/10/2013 (fs. 8 de los ant. adm.).
Que, por ende, habiéndose dictado el auto que dispuso la apertura del sumario el 2/10/2013, se interrumpió la prescripción en lo referente a la acción para imponer penas en los términos del art. 937, inc. a), del C.A.
Que desde el 3/10/2013, al dictado de la Resolución del 11/10/2018 ( fs. 12 de los ant. adm.), transcurrió el plazo quinquenal del art. 934 del C.A.
Que, por ende, operó el plazo de cinco años de prescripción a que refiere el art. 934 del C.A. con relación a la acción para imponer penas, por lo que corresponde hacer lugar a la prescripción opuesta por la actora en este sentido, con costas a la vencida.
Que respecto presunta prescripción de la acción del Fisco para el cobro de los tributos, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 803 y 804 del Código Aduanero, la acción del fisco para exigir tributos prescribe por el transcurso de cinco años computados a partir del 1° de enero del año siguiente al de la fecha del hecho gravado, el cómputo de la prescripción comenzó el 1/1/2009 se suspendió el 2/10/2013 con el dictado del auto de apertura del sumario, hasta la fecha del dictado de la Resolución que habilita el ejercicio de la acción para percibir los tributos (cfme. art. 805, inc. a). En la especie, como se dijo, esa Resolución fue dictada el 11/10/2018.
Que por lo expuesto, la acción del fisco para percibir tributos que se reclaman no se encuentra prescripta, razón por la que corresponde rechazar la excepción opuesta por la actora, con imposición de costas.
IV. Que el artículo 1104 del Código Aduanero dispone que dentro del plazo previsto en el artículo 1101, los supuestos responsables podrán impugnar las actuaciones sumariales cumplidas, con fundamento en los defectos de forma de que adolecieren, no pudiendo hacerlo en lo sucesivo.
Que por lo tanto, corresponde devolver las actuaciones a la DGA y disponer que la División Secretaría de Actuación n° 1 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, subsanando las irregularidades incurridas, imprima el trámite pertinente a la exigencia tributaria en el marco del procedimiento infraccional, conforme lo previsto en el art. 1101 del CA.
Que asimismo a los efectos de la prosecución del trámite deberá tenerse en cuenta el allanamiento parcial opuesto por la representación fiscal.
Que en la forma en que se resuelve, no corresponde el tratamiento del resto de los planteos realizados.
Por ello, VOTO por:
1. Declarar la nulidad de la notificación de la resolución DE PRLA n° 7363/2018 dirigida a la firma PETROQUIMICA ARGENTINA SA, con costas al fisco.
2. Declarar la prescripción de la acción del fisco para imponer multa, costas a la vencida.
3. Rechazar el planteo de prescripción para percibir tributos planteado por la actora, con costas.
4. Disponer la devolución de las actuaciones para que la División Secretaría de Actuación N° 1 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros imprima el trámite pertinente a la exigencia tributaria en el marco del procedimiento infraccional, conforme lo previsto en el artículo 1101 del Código Aduanero (Ley Nro. 22.415).
El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Soria..
En virtud de la votación precedente, por mayoría, SE
Declarar la nulidad del art. 3 de la resolución 7363/18 (DE PRLA), en cuanto intima al pago de tributos a la actora, con costas a la Aduana.
Regístrese, notifíquese y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria, Juárez y Licht por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del R.T.F.N. y 1162 del CA)
Date: 2024.07.05 14:50:20 -03:00 Date: 2024.07.05 17:44:45 -03:00 Miguel Nathan Licht Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.07.05 18:18:49 -03:00 Juan Manuel Soria Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.07.05 18:18:50 -03:00
Fin de la sentencia