Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 81125372-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia(i) rechazar el recurso interpuesto por la parte actora; (ii) hacer lugar al recurso interpuesto por la parte demandada, y, en consecuencia, rechazar la excepción de prescripción de conformidad con lo expuesto en el considerando IX; (iii) imponer las costas de ambas instancias a la parte actora; y (iv) disponer el reenvío de la presente causa al Tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento en donde se expida con respecto al fondo la cuestión planteada en autos.
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 2/24 de esta Cámara.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
CAUSA Nº 48068/2023 “PETROQUÍMICA ARGENTINA SA (TF 81125372-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de Septiembre de 2024. NAI Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Sumario de los hechos del caso La firma Petroquímica Argentina SA solicitó se revoque la Resolución DE PRLA Nº 9091/2018, mediante la cual se la condenó por la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero, alegando la nulidad del procedimiento administrativo y la prescripción de la acción del Fisco. El Tribunal Fiscal de la Nación hizo lugar parcialmente a lo solicitado.
II. Sentencia del Tribunal Fiscal En este entendimiento, la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, mediante sentencia del 28/6/2023 (confr. DEO 12637200) resolvió: i) hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la empresa Petroquímica Argentina SA y, en consecuencia, declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción al artículo 970 del Código Aduanero, en relación a parte de la mercadería ingresada temporariamente por la parte actora, mediante la operación N° 05 001 IT14 005815 G, con costas al Fisco; ii) rechazar la excepción de prescripción de la acción del fisco opuesta por la parte actora para imponer sanciones por la comisión de la infracción al artículo 970 del Código Aduanero, en relación a parte de la mercadería ingresada temporariamente por la firma Petroquímica Argentina SA mediante la operación N°05 001 IT14 005815 G, con costas a la parte actora; iii) disponer que vuelvan los autos a la Vocalía XXI a efectos de la continuación del procedimiento correspondiente. Para decidir de este modo, luego de efectuar un análisis de las constancias obrantes en las actuaciones administrativas, puntualizó que la cuestión a resolver consistía en determinar si en el caso se había configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del Código Aduanero, con respecto a parte de la mercadería importada temporariamente mediante la operación N° 05 001 IT14 005815 G de la firma Petroquímica Argentina SA, registrada el 5/8/2005.
Así las cosas, respecto del planteo de prescripción opuesto por la parte actora, determinó que de la compulsa del auto de apertura del sumario se advertía que el mismo cumplía con los extremos legales exigidos por el artículo 1094 del Código Aduanero. Ello así, señaló que del cotejo de las actuaciones administrativas surgía que se había determinado, en forma previa al auto de apertura, la clasificación arancelaria y valoración de la mercadería, y la liquidación de tributos. De este modo, expresó que, de conformidad con la legislación aplicable, el plazo de prescripción de 5 años tanto para imponer penas (confr. artículo 934 del Código Aduanero), como para perseguir el cobro de tributos por parte del fisco (confr. artículo 803 del Código Aduanero) había comenzado a correr a partir del 1/1/2009. En este sentido, destacó que en cuanto a la prescripción de la acción en cabeza del fisco para perseguir el cobro de los tributos, el plazo de la prescripción se suspende, en virtud de lo dispuesto por el artículo 805 inciso a) del Código Aduanero, desde la apertura del sumario. En concordancia, indicó que, debido a que en el caso de autos la instrucción del sumario se había dictado el 9/12/2013, hasta ese momento habían transcurrido 4 años, 11 meses y 8 días del plazo de prescripción quinquenal, por lo que del plazo de prescripción restaban cumplirse 22 días, los que debían computarse una vez que cesara la mencionada suspensión.
En esta línea, consideró que, en la causa bajo estudio, la decisión prevista en el artículo 805, inciso a), del Código Aduanero, había sido la resolución definitiva recaída en el sumario, es decir, la Resolución DE PRLA N° 9091/2018 dictada el 26/11/2018. Por lo tanto, entendió que la suspensión del plazo de prescripción de la acción tributaria, se había dado entre el 9/12/2013 (fecha del dictado del auto de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA Nº 48068/2023 “PETROQUÍMICA ARGENTINA SA (TF 81125372-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
apertura del sumario) y el 26/11/2018 (fecha del dictado de la resolución aduanera). Ello así, estableció que el curso de la prescripción de la acción tributaria había continuado desde el 27/11/2018, es decir, que desde allí habían comenzado a correr los 22 días que restaban para completar el plazo prescriptivo, el cual se había cumplido el 19/12/2018, sin que se hubiera producido en el transcurso del mismo, algún otro acto suspensivo o interruptivo.
En concordancia, consideró que correspondía hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la parte actora y declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos. Por otro lado, se expidió respecto a la prescripción de la acción para imponer sanciones.
Al respecto, señaló que, conforme la legislación aplicable, el plazo de prescripción de 5 años para imponer penas (confr. artículo 934 del Código Aduanero) había comenzado a correr el día 1/1/2009, el cual había sido interrumpido por el dictado del auto de apertura de sumario del 9/12/2013, por lo que el nuevo plazo quinquenal había comenzado a correr a partir del día 10/12/2013, finalizando el 10/12/2018.
Por lo tanto, concluyó que al momento de la emisión del acto atacado (26/11/2018), no había operado la prescripción de la acción en cabeza del fisco para imponer sanciones, motivo por el cual debía rechazarse la excepción de prescripción, correspondiendo remitir la presente causa a Vocalía para que se continúe con el procedimiento.
III. Agravios de la actora Contra la sentencia, la parte actora interpuso recurso de apelación y expresó agravios el 9/8/2023, los cuales no merecieron réplica de la contraria.
En primer lugar, alega que en la sentencia apelada se efectuó una aplicación estricta del artículo 934 del Código Aduanero. y que de esa forma se limitó a contabilizar el plazo de 5 años a partir de la fecha del dictado de la apertura de sumario para concluir que la Resolución Aduanera N° 9091/2018 había sido dictada en término. Así, aduce que el auto de apertura de sumario es nulo en tanto no reúne los requisitos exigidos en el artículo 1094 del Código Aduanero, por lo cual no pudo haber interrumpido la acción del Fisco para imponer penas. En este sentido, refiere que en el auto de apertura de sumario no se encuentra determinada la liquidación de los tributos que pudieren corresponder, por lo que el acto no reúne los requisitos exigidos por la ley, siendo de esta manera nulo, motivo por el cual no pudo haber interrumpido el plazo de prescripción.
Así las cosas, sostiene que la conclusión arribada por el Tribunal Fiscal de la Nación es arbitraria debido a que se aplicó lisa y llanamente el artículo 934 del Código Aduanero desconectado totalmente del artículo 1094 de la normativa individualizada, lo cual ocasiona un agravio a la parte actora.
A continuación, se agravia de que en la sentencia apelada no se tuvo en consideración que la resolución condenatoria dictada el 25/11/2018 fue recién notificada el 4/7/2022, es decir, dos años y medio después de su presunto dictado. Al respecto, entiende que el mero dictado de la resolución condenatoria dentro del plazo quinquenal –sin exigir su notificación dentro del mismo plazo– implica desconocer por completo el artículo 1012 del Código Aduanero que expresamente establece la notificación de los actos administrativos de alcance individual que tuvieren carácter definitivo y los que sin serlo, obstaren a la prosecución de los tramites, así como también la notificación de los actos que en alguna medida afectaren derechos subjetivos o intereses legítimos. En este orden de ideas, refiere que por imperio del artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, la Aduana se encuentra obligada a notificar el acto administrativo dentro de los cinco (5) días computados a partir del dictado de la resolución aduanera, y que también dicha obligación surge CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA Nº 48068/2023 “PETROQUÍMICA ARGENTINA SA (TF 81125372-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
del artículo 142 del Código Procesal Penal (de aplicación supletoria conforme lo dispuesto en el artículo 1017 del Código Aduanero) que ordena que las resoluciones deberán darse a conocer dentro de las 24 horas de dictadas.
A su vez, puntualiza que aun cuando se considere válido el auto de apertura de sumario del 9/12/2013 a pesar de no reunir los requisitos exigidos en el artículo 1094 del Código Aduanero, la acción del Fisco se encuentra prescripta ya que la notificación de la resolución aduanera ocurrió el 4/7/2022, es decir, con posterioridad a que operara la prescripción quinquenal el 8/12/2018.
Por último, y para el caso de que no prosperen los agravios expuestos en los párrafos precedentes, se agravia que no se declaró prescripta la acción por el instituto del plazo razonable. Al respecto, sostiene que el auto de apertura de sumario fue dictado al filo de la prescripción, que se lo notificó para tomar vista de las actuaciones más de seis (6) años después de la presunta infracción, y que la notificación de la Resolución Aduanera N° 9091/2018 se había realizado dos años y medio después de su dictado, todo lo cual configura un claro caso de vulneración a ser juzgado en un plazo razonable. En consecuencia, manifiesta que en las actuaciones se verifica una demora injustificada e inútil, motivo por el cual entiende que la prescripción se impone ya que las dilaciones del trámite perjudicaron directamente el derecho de defensa y de obtener un pronunciamiento en un plazo razonable. Así, pone de resalto que al momento de la notificación de la resolución condenatoria, la cual tuvo lugar el 4/7/2022, habían transcurrido 14 años de acaecido –presuntamente– el hecho imputado objeto del presente. Por lo tanto, aduce que recién en julio del 2022 la Aduana pretendió con un acto positivo “accionar” contra la imputada, notificando la resolución dictada el 25/11/2018.
IV. Agravios del Fisco – DGA Por su parte, contra la sentencia, la parte demandada interpuso recurso de apelación el 25/8/2023 y expresó agravios el 5/9/2023, los cuales fueron contestados por la contraria el 21/9/2023. Se agravia respecto de la prescripción de la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos. Al respecto, sostiene que si la legislación aplicable establece el plazo de prescripción de 5 años para imponer penas (confr. artículo 934 del Código Aduanero), el cual comenzó a correr el 1/1/2009 y luego fue interrumpido por el dictado del auto de apertura sumarial el 9/12/2013, el nuevo plazo quinquenal comenzó a correr a partir del día 10/12/2013, finalizando el 10/12/2018. Ello así, entiende que al momento de la emisión del acto apelado, es decir el 26/11/2018, no había operado la prescripción de la acción en cabeza del fisco para imponer contravenciones, por lo que debería continuarse con la vía recursiva procedimental.
Asimismo, puntualiza que de las actuaciones administrativas surge que el auto de apertura del sumario cumple con los extremos legales del artículo 1094 del Código Aduanero, y que en forma previa al auto de apertura sumarial se determinó la clasificación arancelaria y valoración de la mercadería, así como también se efectuó la correspondiente liquidación tributaria.
En este orden de ideas, postula que el artículo 937 inciso a) del Código Aduanero contempla como causal de interrupción del curso de prescripción la resolución que dispone la apertura del sumario, la cual no se encuentra incluida entre aquellas que obligatoriamente deban ser notificadas (confr. artículo 1012 del Código Aduanero), por lo que entiende que resulta innecesario acudir a otros cuerpos normativos. Por último, en cuanto a la acción para percibir tributos refiere que la suspensión comenzó con la instrucción del sumario en los términos del artículo 805 inciso a) del Código Aduanero y que la interrupción se produjo con la notificación de la liquidación tributaria consignada en la vista.
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V. Alcances del pronunciamiento.
De manera preliminar, es necesario advertir que esta Sala no se encuentra obligada a seguir a los apelantes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración de la alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (confr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/2008; “Multicanal S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986”, del 21/5/2009; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/2010; “CPACF- Inc Med (2-III- 11) c/ BCRA- Comunicación ‘A’ 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/2011; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 –Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/2011, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/2014, “Laham, Alberto Elías c/DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/2015; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/2018, entre otros).
VI. Circunstancias fácticas del caso En primer lugar, corresponde señalar que mediante la Resolución DE PRLA Nº 9091 el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros resolvió condenar a la firma Petroquímica Argentina SA al pago de una multa igual a una vez el importe de los tributos, la que asciende a la suma de $ 44.655,72.-, en relación a la infracción tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero, respecto del DIT N° 05 001 IT14 005815 G (ITEM 1: 10,50363 Toneladas); y formular cargo a la mencionada firma y a la garante Aseguradores de Cauciones SA Cía. de Seguros al pago de la suma de U$S 14.344,91.-, en concepto de derechos de importación, estadística e IVA, y por la suma de $ 27.856,96.-, debiendo tenerse en cuenta los límites y rubros afianzados por la firma garante en la póliza Nº 577433.
A fin de examinar los planteos en torno a la nulidad del auto de instrucción del sumario y de la prescripción del reclamo por la sanción impuesta y por la persecución de los tributos, cabe indicar que de las actuaciones administrativas N° 12197-167-2013 (incorporadas en el DEO Nº 12637200) surge que:
i) Se inician con la denuncia Nº 108/2013 por la presunta comisión de la infracción al artículo 970 del Código Aduanero, en relación al despacho de importación temporaria 05 001 IT14 005815 G, cuyo vencimiento operó el 26/9/2008 (confr. fs. 1).
ii) A fs. 2 del mencionado expediente, se encuentra agregado el DIT 05 001 IT14 005815.
iii) El 23/4/2013 la División Verificación efectúa la clasificación arancelaria y valoración de la mercadería en infracción (confr. fs. 4).
iv) El 4/10/2013, mediante Nota N° 8910/2013, se efectúo la liquidación de tributos (confr. fs. 7).
v) El 9/12/2013 se dispuso la instrucción del sumario en los términos del artículo 1090 inciso c) del Código Aduanero (confr. fs. 8).
vi) El 23/9/2014 mediante Nota Nº 46/2014, se adjuntó póliza de seguro de caución de la firma Aseguradores de Cauciones SA Compañía de Seguros afectada a la importación temporal correspondiente a la operación N° 05 001 IT14 005815 G (confr. fs. 10/12).
vii) A fs. 13/14 consta nueva liquidación de los tributos y multa.
viii) El 5/12/2014 se ordenó correr vista a la firma actora y citar a la empresa Aseguradores de Cauciones SA Compañía de Seguros, en su carácter de garante de la obligación tributaria, a fin de que CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA Nº 48068/2023 “PETROQUÍMICA ARGENTINA SA (TF 81125372-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
ejerzan su derecho de defensa y ofrezcan las correspondientes pruebas (confr. fs. 15).
ix) El 2/2/2015 la firma Aseguradores de Cauciones SA Compañía de Seguros se notificó de la corrida de vista dispuesta el 5/12/2014 (confr. fs. 21).
x) El 13/2/2015 se presentó la firma Petroquímica Argentina SA, contestó la vista y solicitó el sobreseimiento definitivo. A tal fin, señaló que no se había configurado el ilícito imputado (confr. fs. 23/58).
xi) A fs. 59 el Jefe División Secretaría de Actuación Nº 1 de la DGA, tuvo por presentada a la firma Petroquímica Argentina SA, y, como medida para mejor proveer, dio intervención a la Sección Operativa y Registral (Norte) a fin de que informara sobre la descarga de la importación temporal denunciada, indicara si existe mercadería en infracción y, en su caso, ratificara y/o rectificara la denuncia oportunamente realizada (confr. fs. 59).
xii) El 16/11/2018, mediante Nota Nº 1147/18 el Jefe interino de la Sección Operativa y Registral Importación, informó que la mercadería en infracción se correspondía con el DIT N° 05 001 IT14 005815 G, ITEM 1: 10,50363 Toneladas (confr. fs. 60).
xiii) A fs. 61 consta nueva liquidación de tributos y multa (confr. fs. 61).
xiv) El 26/11/2018 se dictó la Resolución DE PRLA Nº 9091, la cual el 4/7/2022 fue notificada a las firmas Aseguradores de Cauciones SA Compañía de Seguros, y a Prudencia Compañía de Seguros Generales SA (confr. fs. 64/68 y 72/73).
VII. Sobre la alegada nulidad de la apertura del sumario En primer lugar corresponde tratar el agravio relativo a la nulidad del auto de apertura de sumario alegado por la parte actora. En este sentido, es del caso recordar que el objeto y finalidad de las nulidades procesales –que deben ser ponderadas con criterio restrictivo– es el resguardo constitucional de la defensa en juicio, por lo que, en cada caso, debe acreditarse el perjuicio ocasionado a ese derecho. Ello, aplicado al procedimiento administrativo, ha llevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a sostener que “… cuando la supuesta restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del artículo 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior” (confr. CSJN, Fallos: 205:549; 212:456; 218:535; 247:52; 267:393; 273:134 y Causa N° F. 1762. XXXVIII., “Formosa, provincia de (Banco de la Pcia. de Formosa) c/ DGI s/ impugnación de la resolución 604/99 (DV RRRE)”, del 16/12/2008, entre otros), toda vez que se satisface la exigencia de la defensa en juicio “ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia” (confr. CSJN, Fallos: 205:549).
De allí que, en principio, no cualquier irregularidad de un acto procesal determina su nulidad, si de ella no resulta una afectación sustancial al derecho de defensa del interesado (confr. esta Sala, in rebus: “Citricola Ayui SAAICC TF 25929- A c/ DGA”, Causa N° 36.790/2016, del 8/9/2017; “Kimberly Clark Argentina SA (TF 32331-A) s/recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 89475/2018, del 4/11/2020; “Mercedes Benz Argentina SA (TF 37183-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 62921/2019, del 30/11/2021, y “Conuar SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 2944/2021, del 17/5/2022, entre otros).
Por lo demás, y teniendo en consideración el análisis efectuado en el considerando VI, el acto que dispuso la apertura del sumario (confr. fs. 8 de las actuaciones administrativas N° 12197-167- 2013) fue dictado de conformidad con las exigencias establecidas en el artículo 1094 del Código Aduanero, individualizando el sustrato fáctico CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA Nº 48068/2023 “PETROQUÍMICA ARGENTINA SA (TF 81125372-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
que lo motivó y especificando la materia objeto de investigación frente al presunto incumplimiento de reexportación de la mercadería importada bajo la DIT Nº 05 001 IT14 005815 G. Asimismo, a fs. 4 de las actuaciones administrativas consta la clasificación y valoración de la mercadería, a fs. 7 luce la liquidación provisoria de los tributos, y a fs. 15 se corrió vista. Siendo ello así, el agravio en análisis debe ser rechazado.
VIII. La acción punitiva del fisco no se encuentra prescripta Que el artículo 929, inciso c), del Código Aduanero establece que “[L]a acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se extingue por: (…) c) prescripción”. El artículo 934 del mismo código dispone que “[L]a acción para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de CINCO (5) años”, mientras que el artículo 935 precisa que ese plazo “…comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción o, en caso de no poder precisársela, en la de su constatación”.
A su vez, el código que rige la materia prevé causales de interrupción y de suspensión del cómputo de la prescripción. En cuanto aquí interesa, cabe estarse a lo normado por el artículo 937, incisos a) y d) en virtud de los que “[L]a prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario; (…) d) el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera”. Además, el artículo 936 establece que “[L]a prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se suspende desde la interposición del recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal o la demanda contenciosa en sede judicial deducidos contra la resolución aduanera condenatoria, hasta que recayere decisión firme en la causa”. En la especie, el plazo quinquenal, al que alude el artículo 934 del Código Aduanero, comenzó a correr desde el 1/1/2009, toda vez que la infracción reprochada habría sido cometida en el año 2008, como consecuencia del vencimiento del plazo de permanencia de la mercadería sometida a una importación suspensiva, y vencía el 31/12/2013. De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 22.415, el curso de la prescripción resultó interrumpido, primero, por el auto que dispuso la instrucción del sumario de fecha 9/12/2013.
De manera que el nuevo vencimiento del plazo quinquenal operaba el 9/12/2018. Sin embargo, la prescripción, fue nuevamente interrumpida por el dictado de la resolución condenatoria el 26/11/2018, sin que se requiera la notificación de los respectivos actos a los efectos de que operen estas causales (confr. artículo 937, incisos a) y d), del Código Aduanero; y CSJN, Fallo: “Wonderland SRL c/ Aduana s / recurso de hecho”, 12/5/2009, y doctrina plenaria sentada por esta Cámara en el precedente “Hughes Tools SA c/ ANA (TF 7.830-A)”, Causa Nº 6.078, del 23/9/2003).
Por otra parte, el 5/8/2022, se suspendió el plazo de la prescripción –que había comenzado al día siguiente de la resolución condenatoria y que vencía el 27/11/2023– con la interposición del recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación (confr. IF-2022- 81125280-APN-DTD#JGM, confr. artículo 936 del Código Aduanero) y, nuevamente, con el recurso de apelación bajo examen en esta instancia judicial.
Por consiguiente, no obstante la evidente prolongación del trámite, corresponde rechazar los agravios expresados por la parte actora en tanto la acción punitiva cuestionada no se encuentra prescripta.
IX. La acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos no se encuentra prescripta En este orden de ideas, en cuanto al agravio de la Afip- DGA respecto a que la acción para perseguir el cobro de los tributos no se encontraría prescripta, corresponde poner de relieve que la acción prescribe por el transcurso de un plazo quinquenal (artículo 803 del CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA Nº 48068/2023 “PETROQUÍMICA ARGENTINA SA (TF 81125372-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Código Aduanero), que comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera producido el hecho gravado (artículo 804 de la Ley Nº 22.415). En el caso, al tratarse del incumplimiento de una importación temporaria, que torna operativa la presunción de importación para consumo, el plazo se debe computar desde el primero de enero del año siguiente al de la fecha del vencimiento de la operación (ello es, desde el 1/1/2009).
Por su parte, el artículo 805, inciso a), del mismo cuerpo legal, dispone que se suspende el plazo de prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera desde la apertura del sumario en la causa que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión. Esta causal de suspensión prevista en el citado artículo 805, inciso a), fue ideada en consideración a que la acción del Fisco para percibir el tributo no se halla expedita, debiendo esperarse hasta la finalización de la causa abierta para investigar la existencia de un ilícito aduanero (confr. esta Sala, in re: “Ingeniería y Computación SA (TF 52131305-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 20.092/2022, del 14/10/2022).
En el caso, la instrucción del sumario en los términos del artículo 1090 inciso c) del Código Aduanero dispuesta el 9/12/2013 suspendió el cómputo de la acción para percibir los tributos aduaneros. A su vez, al encontrarse recurrida la sentencia del Tribunal Fiscal y por no existir aún un “pronunciamiento que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo” (confr. artículo 805 del Código Aduanero) el plazo de la prescripción de la acción tributaria se encuentra todavía suspendido (en similar sentido, esta Sala, in re: “Ingeniería y Computación SA (TF 52131305-A)”, ya citado.)
De lo expuesto se advierte que el pronunciamiento apelado no ha realizado una adecuada valoración de los hechos y del derecho sometido a su consideración, motivo por el cual corresponde hacer lugar al agravio deducido por la parte demandada.
X. El plazo razonable del proceso Con relación al plazo razonable que debe durar el proceso sin afectar los derechos constitucionales y los acuerdos internacionales, cabe recordar que en oportunidad de resolver la Causa Nº 42.279/12, “Jeferson Sudamericana c/ DGA”, la Sala sostuvo que: “…si bien no escapa al Tribunal que el art. 1143 del CA pone en cabeza del a quo la carga de impulsar el procedimiento y que los plazos estipulados por el art. 1155 del Código citado y el art. 32 del Reglamento de Procedimiento aprobado por la AC. 840/1993 se encontraban ampliamente vencidos; tampoco lo hace el hecho de que el mero transcurso del tiempo no resulta suficiente a los efectos de que se produzca la conculcación del derecho involucrado. Pues, tal como lo ha precisado la jurisprudencia del máximo tribunal, existen ciertas pautas a los fines de valorar dicha circunstancia, las cuales pueden resumirse en a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales y d) el análisis global del procedimiento (CSJN, in re “Losicer, Jorge”, ya cit. y sus citas)”. De este modo, no se advierte que en el caso bajo análisis, se haya configurado un retardo de justicia exclusivamente imputable a la autoridad administrativa jurisdiccional (arg. CSJN, Causa L. 216. XLV, in re: “Losicer, Jorge Alberto y otros el BCRA - Resol. 169/05 (expte. 105666/B6 SUM FIN 708)”, del 26/6/2012; esta Sala, in re: “Miranda Roberto y otro c/ BCRA Resol 142/10”, Causa Nº 1405/2011, del 7/2/2013). Máxime si se recuerda que debe valorarse, no sólo la naturaleza de los derechos involucrados, sino también cuál ha sido la responsabilidad de la parte en dicha demora, ni menos aún, ha presentado un pedido de pronto despacho de las actuaciones (arg. CSJN, Fallos: 322:663). En definitiva, tales circunstancias resultan determinantes del rechazo de los agravios articulados por la recurrente al respecto.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
CAUSA Nº 48068/2023 “PETROQUÍMICA ARGENTINA SA (TF 81125372-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
XI. Costas Por último, en cuanto a las costas de ambas instancias, corresponde imponerlas a la parte actora vencida (confr. artículo 1163 del Código Aduanero, y artículos 68, primer párrafo, y 279 del Código Procesal).
Por las razones expuestas, SE RESUELVE: (i) rechazar el recurso interpuesto por la parte actora; (ii) hacer lugar al recurso interpuesto por la parte demandada, y, en consecuencia, rechazar la excepción de prescripción de conformidad con lo expuesto en el considerando IX; (iii) imponer las costas de ambas instancias a la parte actora; y (iv) disponer el reenvío de la presente causa al Tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento en donde se expida con respecto al fondo la cuestión planteada en autos.
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 2/24 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia