Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa P-2269/18-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de casación interpuesto por la actora a fs. 1876/1947 vta. y en consecuencia, confirmar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 1855/1872.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: P-2269/18-TSJ Interlocutorio N°: 664 Actor: PETROQUÍMICA COMO- DORO RIVADAVIA S.A.
Demandado: BANCO SANTA CRUZ S.A.
Objeto: ORDINARIO Fecha: 25-06-2020 Texto: TOMO XX -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 664 FOLIO Nº 3834/3842 PROT. ELECT. TSS1 006 S.201
Río Gallegos, 25 de junio de 2020.-
Los presentes autos caratulados: “PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. c/ BANCO SANTA CRUZ S.A. s/ ORDINARIO”, Expte. Nº P-20.306/04 (P-2269/18-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso de casación articulado por la actora, por intermedio de los letrados apoderados Dres. Ignacio Ferreyra de las Ca- sas y Mario R. Paradelo a fs. 1876/1947 vta., contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, que obra a fs. 1855/1872, que rechazó la demanda incoada por Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. contra el Banco Santa Cruz S.A., e impuso las costas de ambas instancias a la actora.-
En el recurso de casación afirman que: “...han resultado violados (sic) las disposiciones enunciadas a continuación, las que de ser aplicadas rectamente conducen a la revocación de lo resuelto y admisión plena de la acción in- tentada: arts. 520, 622, siguientes y concordantes del Código Civil.” (cfr. foja 1937).-
Expresan que: “368. En la página 22 del fallo se sostie- ne textualmente: ‘Atento lo dicho y siendo éste el principal argumento que sostiene el a quo para rechazar la acción incoada en contra del Banco corresponde revocar la sentencia de primera instancia y declarar inoficioso el tratamiento de los demás agra- vios’. 369. En la parte resolutiva punto 2º) se revoca ‘la sentencia de fs. 697/705’, y como ésta es la que dispuso rechazar (punto 1º) ‘la demanda incoada a fs. 15/40 por la firma Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. contra el Banco Santa Cruz S.A.’, imponiéndole a la actora las costas (punto 2º), es incuestionable que la revocación que se dispuso importa admitir la acción, con costas. 370.
No obstante ello, en forma harto contradictoria, en el punto 3º) de la parte resolutiva de la sentencia de fecha 24/ 11/17, se lee ‘Rechazando la demanda incoada por Petroquímica Comodoro Rivada- via S.A. contra el Banco Santa Cruz S.A.’, y en el siguiente (4º) ‘Imponiendo las cos- tas de ambas instancias a la parte actora perdidosa’.” (cfr. fs. 1938/1939). Añaden que: “373. De allí que asume el carácter de contradictorio e incongruente disponer en el punto 3º) ‘Rechazando la demanda incoada por Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.’, y en el siguiente ‘Imponiendo las costas de ambas instancias a la actora perdi- dosa’, cuando antes -en el punto 2º de esa misma parte resolutiva-, se decidió exacta- mente lo contrario. 374.
De manera tal que, sumando más confusión a la ya existente, primero se admite la demanda por vía de revocar la sentencia de primera instancia, y renglón seguido se la desestima, en manifestación del desconcierto que subyace en el fallo y que conduce linealmente a su descalificación como acto judicial válido...” (cfr. foja 1939 vta.).- Observan que la Excma. Cámara de Apelaciones, luego de declarar la responsabilidad del Banco por haber pagado mal los cheques librados, entiende que el daño reclamado no ha sido probado y por ende la acción debe ser re- chazada (cfr. foja 1940 vta.). Al respecto agrega que: “379. El pronunciamiento pre- tende sostener que la actora, titular de los fondos depositados en la cuenta corriente, luego de que se le sustrajeran los mismos, como consecuencia de las extracciones efectuadas violando la normativa del BCRA., no ha probado el daño y que por ende la acción debe ser desestimada…380.
O sea que a juicio del fallo en crisis, todo ciuda- dano que tiene fondos depositados en un Banco y los mismos le son quitados, debe ‘acreditar’ el daño que esa circunstancia le provoca, para que recién entonces pueda el Poder Judicial pronunciarse sobre la procedencia de la acción promovida por aquél comportamiento ilegal de la institución bancaria, tendiente al pago de las sumas per- didas y sus intereses. 381. La posición que refleja el pronunciamiento es no solo ma- nifiestamente desarreglada a derecho, sino que además exterioriza un preocupante di- vorcio con el curso natural y ordinario de las cosas, o su natural manifestación en el sentido común, que no podemos silenciar en orden a la patente violación que aquella trasunta de la garantía de inviolabilidad de la propiedad consagrada en el artículo 17 de la Constitución Nacional.” (cfr. fs. 1940 vta./1941).- Estiman que configura un inequívoco desacierto judicial exigir la prueba del daño que deriva de que a uno le quiten el dinero propio (cfr. foja 1941).-
Aducen que: “383. El hecho de sacarle a uno el dinero propio representa, por sí sólo, un daño tan claro, básico y elemental, que convierte a la insólita ‘exigencia’ de acreditación del 'perjuicio' que ello ocasiona, en mayúsculo contrasentido...” (cfr. foja cit.).-
Plantean que: “...el capital del que se ha privado al acreedor y los intereses representan las consecuencias inmediatas y necesarias (in- cumplimiento culposo), y por ende no exigen demostración alguna, mientras que todo otro daño solo procede en el supuesto de incumplimiento doloso, por vía de las conse- cuencias mediatas, que si imponen su efectiva acreditación...” (cfr. foja 1942).-
Dicen que: “393. En razón que la sentencia contra la que se endereza esta apelación extraordinaria provincial, se avoca al examen de la conducta de Bautista Simón, ex apoderado de la actora, corresponde señalar que ello constituye nueva muestra del desvío que evidencia el decisorio de la Excma. Cámara, que parece olvidar que en autos la acción de daños y perjuicios ha sido dirigida al Banco y no al nombrado. 394. Si el pronunciamiento admite la responsabilidad del Banco, y tan es así que revoca el fallo de primera instancia que le había negado y re- chazado la acción, lo único que le restaba hacer era -de la mano de los arts. 520 y 622 del Código Civil-, condenar a la demandada en la forma que se requirió al deducir aquella [...] 397. Si en autos se reclama por la responsabilidad objetiva del Banco, y si la misma es en definitiva lisa y llanamente declarada, no se entiende como puede exi- mirse a aquel de su deber de indemnizar, pretendiendo sostener que un daño que no debe demostrarse, no resultado ‘probado’…cuando nadie discute que la actora se vio privada de sus fondos, por el accionar ilegal de la institución bancaria.” (cfr. fs. 1943 vta./1944). Completan diciendo: “399. O sea que si el actuar de Simón no incide en absoluto en la responsabilidad objetiva del Banco, mucho menos puede tener influen- cia alguna en las consecuencias ‘inmediatas y necesarias’ (art. 520 CC) derivadas de aquella, lo que equivale a sostener que no haber condenado a la parte demandada, confirma el abismo existente entre lo aquí decidido y la solución legal y constitucio- nal que se impone, o sea la de mandar a aquella a pagar lo reclamado al interponer la acción.” (cfr. foja 1944 vta.).- Argumentan que al haberse soslayado la aplicación en los artículos 520 y 622 del Código Civil se incursiona por un camino descalificado de antemano para arribar a una insostenible solución, la cual es que no se “acreditó” un daño que resulta “diáfanamente” de las normas arbitrariamente eludidas. Por este mo- tivo califica a la sentencia de decisión signada por el absurdo y arbitraria (cfr. fs. 1945 vta./1946).-
Ratifican reserva del caso federal (cfr. fs. 1946 vta./1947).-
A fs. 1965/1966, este Alto Cuerpo declaró bien concedido el re- curso de casación y se dispuso poner los autos a disposición de las partes a los fines dispuestos en el artículo 8 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Re curso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, habiendo hecho uso de ese derecho sólo la parte demandada (cfr. certif. de foja 1992).-
A fs. 1974/1990 la demandada contesta el memorial por inter- medio de su letrado apoderado, Dr. Daniel Gustavo Martín. Allí expresa, por los fun- damentos que esgrime y a los que nos remitimos para ser más breves, que el recurso intentado resulta improcedente y que se debe rechazar la demanda. También hace reserva del caso federal (cfr. fs. 1974 vta. y 1989 vta.).-
Que a fs. 1993/1998, dictamina el Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Tribunal Superior de Justicia, quien expresa que el recurso no debe pros- perar por los motivos que allí esgrime y a los cuales nos remitimos por razones de brevedad (cfr. foja 1998).- A fs. 2002, se llaman autos para dictar sentencia y a foja 2003 pasan a estudio.-
II. Que conforme ha quedado planteada la cuestión extraordi- naria articulada por la parte recurrente, ésta se desarrolla en el ámbito del carril im- pugnativo establecido por el artículo 3º inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -De- creto Nº 2228/15- al afirmarse que la Excma. Cámara de Apelaciones ha incurrido en errónea aplicación de la ley; atacándose también la actividad de juzgamiento de la Al- zada, interpretando que la misma, a su entender, ha incurrido en arbitrariedad.-
Con carácter previo a ingresar en el fondo de la cuestión, es me- nester determinar cuál es la legislación llamada a resolver el caso.-
Las normas jurídicas tienen una vigencia limitada en el tiempo. Las mismas regulan hechos, situaciones y relaciones jurídicas que poseen una ubica- ción temporal. En función a las particularidades del caso se debe determinar la legis- lación que las disciplinará. En el caso sub examine el momento crítico a estos fines es el que transcurre entre diciembre del 2000 a abril de 2001, período el cual la actora asevera que la demandada habría abonado cheques causándole un perjuicio (cfr. fs. 18/19 vta.). En dicha época se encontraba vigente el derogado Código de Comercio y el también derogado Código Civil. Recién el 1º de agosto de 2015 entró en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación (cfr. art. 7 de la Ley Nº 26.994).- Lo tocante a la actuación de la ley en relación al tiempo lo re- suelve el artículo 7 del CC y C, el que dispone que: “A partir de su entrada en vigen- cia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar de- rechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más fa- vorables al consumidor en las relaciones de consumo.”.-
En función del texto trascripto se sigue que las leyes, en princi- pio, sólo rigen para el futuro y que no tienen efecto retroactivo (cfr. art. 7 del CC y C) (cfr. Herrera Marisa, Caramelo Gustavo y Picasso Sebastián (Directores): “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. Título Preliminar y Libro Primero”, Info- jus, Buenos Aires, 2015, págs. 25/27) (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVIII, Reg. 601, Folio 3444/3452). Pues como lo determina el artículo 7 del Código Civil y Comercial las leyes no tienen efecto retroactivo, salvo disposición en contrario. Esta solución también se impone desde el punto de vista lógico. Justamente, se debe aplicar la vieja ley en el caso sub examine, pues fue la que tuvieron en cuenta las partes para ordenar su conducta. Es imposible pretender que ellos hubiesen ajustado su accionar a reglas aún inexistentes (el nuevo Código Civil y Comercial). En esta in- teligencia el Dr. Julio Rivera expresó: “Justamente uno de los problemas que genera la aplicación de normas nuevas a hechos ya ocurridos, es que, retrospectivamente, en- cierra cierta injusticia, en tanto las partes no pudieron haber ajustado su conducta a la norma que, por hipótesis, no existía. El derecho pierde, en tales supuestos, su rol de guía de la conducta y altera las expectativas formadas alrededor de cierta conducta que se realizó con conciencia de su ajuste a derecho. Esto último supone generar ga- nadores y perdedores, alterando las posiciones relativas de las partes en relación con el derecho al que ajustaron su conducta. Por eso es sumamente común que los ordena- mientos jurídicos adopten estrategias para mitigar los daños que las transiciones lega- les imponen.” (cfr. aut. cit.: “Aplicación del Código Civil y Comercial a los procesos judiciales en trámite. Y otras cuestiones que debería abordar el congreso”, del 04/05/ 2015. www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: AR/DOC/1424/2015).- Por lo tanto la legislación sustantiva que regula este caso son los derogados Códigos de Comercio y Civil; la normativa emanada del Banco Cen- tral; y la legislación complementaria vigente entre diciembre de 2000 y abril de 2001. Consecuentemente, aplicando tal normativa es que se resolverá el sub lite.-
Ya en el análisis concreto del recurso intentado, en cuanto a la contradicción que presentaría la sentencia, se advierte claramente, de la lectura inte- gral de la misma que se dispone rechazar la demanda por los fundamentos que esgri- me la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones. Concretamente en el punto 3º de la parte resolutoria textualmente se falla: “3º) Rechazando la demanda incoada por Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. contra el Banco Santa Cruz S.A..” (cfr. foja 1871 vta.).-
Además, las irregularidades invocadas no impidieron a la recu- rrente controvertir el acierto de la resolución en crisis, tal como se desprende de la lectura de su recurso de casación.-
No se puede predicar que el resolutorio en crisis no haya brin- dado los elementos necesarios para resolver la litis o que no se hayan expuestos los fundamentos esenciales al punto de impedir el conocimiento íntegro de su juridicidad por la vía extraordinaria provincial. Por lo tanto no se puede pregonar que haya exis- tido violación de la garantía de defensa en juicio (art. 18 de la C.N.).-
Más allá de los defectos que pudiese poseer, la sentencia está suficientemente fundada, lo que permite calificarla como una unidad lógico jurídica, cuya parte dispositiva es una derivación de los presupuestos de hecho y derecho ex- puestos en los considerandos. Una eventual nulificación de la sentencia, amén de in- justificada, implicaría una dilación innecesaria de la respuesta jurisdiccional que debe brindarse en el sub lite; afectándose el derecho a ser juzgado en un plazo razonable (cfr. art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de jerarquía consti- tucional de conformidad con lo establecido en el art. 75 inc., 22 de la C.N.).-
Por lo tanto no se configura ningún supuesto que habilite a in- validar el decisorio por esta cuestión.-
Pasando a otra cuestión, es pertinente destacar que la relación que unía a la actora y a la demandada era un contrato bancario de cuenta corriente bancaria en la cual existía un pacto de cheque.-
Sobre el contrato bancario se ha señalado que: “...es el esquema jurídico de la operación bancaria; es todo acuerdo para constituir, regular o extinguir una relación que tenga por objeto una operación bancaria. Si no hay otras operaciones bancarias, en sentido estricto, que aquellas en que participa un banco, debe concluirse que si el contrato es la vestidura jurídica de la operación bancaria, para que éste pue- da calificarse como bancario en sentido propio, tiene que participar en él una empresa bancaria. Este enfoque permite concluir entonces que el contrato bancario constituye un ‘tipo contractual’ dentro de la teoría general de la contratación, con notas distinti- vas que no concurren en ninguna otra especie negocial: constituye la estructura jurídi- ca de las operaciones bancarias y siempre interviene una entidad bancaria.” (cfr.
Eduardo Antonio Barbier: “Contratación bancaria. Consumidores y usuarios”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2000, pág. 203).- Respecto del contrato de cuenta corriente bancaria se ha dicho -en lo que aquí interesa- que: “...es el principal y más frecuente de los contratos ban- carios, consecuencia de una operación de importancia relevante, desde que casi todo el movimiento de un cliente en un banco queda reflejado en aquella cuenta. Allí se canalizan todos o la mayor parte de los negocios del banco con el titular: depósitos del cliente o de terceros originados en su actividad, retiro de fondos para atender sus necesidades diarias, créditos otorgados por el banco, pagos para amortizarlos o en compensación por otros servicios, etcétera.
La realidad de la praxis bancaria demues- tra que la cuenta corriente opera con efectos múltiples, y en ella el banco no solamen- te acredita los depósitos del cliente, sino también los préstamos que le otorga, la com- pra de valores y las cobranzas que realiza a su nombre, debitándole las extracciones y toda otra obligación que aquél posea respecto de la entidad, ya sea por capital, ajus- tes, intereses, comisiones, débitos por tarjeta de crédito o gastos. De tal modo, la cuenta corriente, aunque reconocida especie del depósito bancario, es aquélla en la que se registran deudas y créditos recíprocos entre el banco y el titular, que se com- pensan dando lugar a un saldo exigible por una u otra parte, según su signo [...] es un contrato autónomo y como tal se encuentra regulado en el Código de Comercio por los arts. 791 a 797 (ver leyes 24.452 y 24.760) y en las circulares del BCRA…” (cfr. aut. y ob. cit., págs. 266/267).- El pacto de cheque: “...es una convención accesoria al contrato de cuenta corriente bancaria mediante la cual se pone en ejecución o funcionamiento el servicio de cheque, que no es sino uno de los servicios tradicionales que los bancos comerciales brindan a su clientela.” (cfr.
Carlos Gilberto Villegas: “El cheque”, Ru- binzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 1998, págs. 57/58). En cuanto a su contenido se ha dicho que: “La relación entre el librador y el banco girado se regula por medio del pacto de cheque. Es decir por un convenio entre una persona física o jurídica (cliente) con un banco (que en nuestra legislación debe ser un banco comercial -art. 21, ley 21.526-). Ese convenio es el que regula las dos condiciones que la doctrina había señalado como requisitos jurídicos de existencia de cheque: a) La provisión, es decir la disponibilidad en cuenta que el librador necesita como condición necesaria para poder librar cheques, y b) la autorización del banco para que el librador pueda emitir cheques.” (cfr. aut. y ob. cit., pág. 58).
El pacto puede ser expreso o tácito, pues si las partes no hubieran suscripto un convenio al respecto, el mismo surgirá tácitamente de la entrega de la chequera al cliente (cfr. aut. y ob. cit., pág. 61).- En razón de lo expuesto nos encontramos en el sub lite ante una pretensión indemnizatoria por daños y perjuicios que derivarían de un posible incum- plimiento contractual; pues la relación que unía a las partes era de tal naturaleza (cfr. CSJ Tucumán: “Banco de la Provincia de Tucumán c/ Cornejo Ana G.”, del 05/05/ 1998. www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/2245/1998).-
La cuestión central a determinar, en primer término, es si el pa- go de los cheques de marras constituyó un incumplimiento contractual por parte del Banco Santa Cruz S.A.. Sobre el particular se debe afirmar que pagar los cheques re- gularmente emitidos por el librador es obligación de la entidad bancaria emergente del pacto de cheque (cfr. art. 38 de la Ley de Cheques -cfr. sum. CCiv. y Com. San Isidro, sala I: “Compañía Arenera S.A. c/ Banco Río de la Plata.”, del 04/03/1993-. www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/399/1993. Ver también Carlos Gilberto Villegas: “El cheque”, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 1998, pág. 73). El Banco girado sólo puede negarse a abonar los cheques en los casos establecidos en la Ley de Cheques o en su reglamentación -Comunicaciones del Banco Central- (art. 34 de la Ley de Cheques).- En este contexto sólo se le podría enrostrar responsabilidad a la demandada si hubiese tenido la obligación de no pagar algunos o todos los cheques en razón de la disposición legal o reglamentaria. Luego, si se llegase a la conclusión de que se abonaron cheques contrariando la ley o la reglamentación, entonces podría seguirse avanzando para determinar si se presentan otros presupuestos de la responsa- bilidad civil, como el daño y el nexo de casualidad.-
Una de las disposiciones que se deben tener en cuenta para re- solver el presente es el punto 1.4.2.8. de la Comunicación “A” 3075 del Banco Cen- tral de la Republica Argentina, que establece que las entidades bancarias: “...No debe- rán abonar en efectivo cheques -comunes o de pago diferido- extendidos al portador o a favor de persona determinada, por importes superiores a $ 50.000 o su equivalente en dólares estadounidenses. Esta restricción no se aplicará en los siguientes casos: i) Cheques librados a favor de los titulares de las cuentas sobre las que se giren, exclu- sivamente cuando sean presentados a la entidad girada por ellos mismos. ii) Valores a favor de terceros destinados al pago de sueldos y otras retribuciones de carácter habi- tual por importes que comprendan la nómina salarial en forma global, para lo cual el librador deberá extender, en cada oportunidad, una certificación en la que conste ex- presamente la finalidad de la libranza, que quedará archivada en la entidad.”. Además de esta disposición se debe tener presente lo establecido en la Comunicación “A” 3094 del Banco Central de la Republica Argentina.- Por su parte, el punto 2.1 de la Comunicación “A” 3094 del Banco Central de la Republica Argentina también determina la limitación para abonar por ventanillas cheques por importes superiores a pesos cincuenta mil ($50.000) o su equivalente en dólares estadounidenses. El punto 2.3 agrega que los Bancos deberán tomar los recaudos necesarios tendientes a prevenir que mediante reiterados retiros por importes que no alcancen el nivel determinado en el punto 2.1 (pesos cincuenta mil o su equivalente en dólares estadounidenses) resulte soslayada la limitación esta- blecida. De igual manera, el punto 2.2. dispone excepciones a esta restricción, idénti- cas a las contempladas en el punto 1.4.2.8 de la Comunicación “A” 3075 del Banco Central de la Republica Argentina.- El dictamen pericial, agregado a fs. 371/379, da cuenta de que el 30 de abril de 2001 se cobró un cheque por pesos cincuenta y cinco mil ($55.000) (cfr. foja 376). Además se informa que se cobraron cheques el día 20 de febrero de 2001: por pesos ciento ochenta y nueve mil ($189.000); el 21 de febrero de 2001: pe- sos noventa mil ($90.000); el 3 de abril de 2001: pesos ciento cincuenta mil ($150.000); el 4 de abril de 2001: pesos doscientos mil ($200.000); y el 25 de abril de 2001: pesos ciento ocho mil ($108.000) (cfr. foja cit.).-
Por otro lado se encuentran agregados cheques a fs. 1391/1401, pero ninguno de ellos individualmente considerados supera el monto de pesos cin- cuenta mil ($50.000) o su equivalente en dólares estadounidenses. Sin embargo de esa documental surge que el 20 de febrero se cobraron cuatro cheques por un monto total de pesos ciento cincuenta y nueve mil ($159.000); son los cheques números 00470477 por pesos nueve mil ($9.000), 00470478 por pesos cincuenta mil ($50.000), 00470479 por pesos cincuenta mil ($50.000), 00470480 por pesos cin- cuenta mil ($50.000), obrantes respectivamente a fs. 1391, 1392, 1393 y 1401. Estos cheques fueron librados al portador y cobrados directamente por el Sr. Juan Bautista Simón. Por lo que prima facie, al menos en estos casos, se habría omitido la obliga- ción de tomar los recaudos tendientes a evitar que mediante sucesivos retiros (en este caso diarios) se eluda la limitación impuesta en el punto 2.3 de la Comunicación “A” 3094 del Banco Central de la Republica Argentina, que establece que los Bancos de- berán tomar los recaudos necesarios tendientes a prevenir que mediante reiterados re- tiros, por importes que no alcancen el nivel determinado en el punto 2.1 (pesos cin- cuenta mil o su equivalente en dólares estadounidenses), resulte soslayada la limita- ción establecida.- Ahora bien, corresponde analizar, si pese a esta circunstancia, el pago de esos cheques fue correcto en atención a las excepciones previstas en los pun- tos 2.2.1 de la Comunicación “A” 3094 y 1.4.2.8 de la Comunicación “A” 3075 am- bas del Banco Central de la Republica Argentina. Sobre esta cuestión se debe dar una respuesta negativa, pues los cheques no fueron librados a favor del titular de la cuenta sobre la que se giró -punto 1.4.2.8. i) de la Comunicación “A” 3075 del Banco Cen- tral de la Republica Argentina-, sino al portador y quien los cobró fue el Sr. Juan Bautista Simón (cfr. fs. 1391, 1392, 1393 y 1401). Por lo tanto no puede considerarse que hayan sido librados en favor del titular de la cuenta y presentados al cobro por el mismo (Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.).- Tampoco existe ningún indicio que pueda llevarnos a pensar que los valores cobrados hayan estado destinados al pago de sueldos.-
Ahora bien, la apertura de una cuenta corriente y el otorgamien- to de libretas de cheques para operar en ella constituyen una actividad lícita para la demandada como entidad bancaria autorizada; y su responsabilidad sólo se producirá si hubiese obrado con dolo, culpa o negligencia (cfr. art. 1067 del C.C.) (cfr. SCBA: “Figueroa Juan Carlos c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjui- cios por incumplimiento contractual”, del 13/11/2013. Causa LP C 116386 S).-
En atención a lo expuesto, se debe concluir que los cheques agregados a fs. 1391, 1392, 1393 y 1401 fueron abonados de manera antijurídica, pues el Banco incumplió con las normas establecidas por el Banco Central vinculadas al funcionamiento de las cuentas corrientes bancarias (Comunicaciones “A” 3075 y “A” 3094 del Banco Central de la Republica Argentina) lo que originó un supuesto de responsabilidad atribuible a título de culpa, pues el Banco no debió pagar esos che- ques y negligentemente lo hizo (cfr. arts. 512 y 902 del C.C.).-
Por otro lado, se constata, contrariamente a lo que aduce la re- currente, que las normas aplicables no establecen una responsabilidad contractual ob- jetiva para el Banco por las conductas que se le enrostran. La responsabilidad objetiva debe surgir de la ley o del contrato que une a las partes; lo que no acontece en autos. Es más, el artículo 34 de la Ley de Cheques Nº 24.452 expresa que el girado (Banco) que paga cheques queda válidamente liberado, a menos que haya procedido con dolo o culpa grave. Lo que nos aleja aún más de la posibilidad de sostener que el caso bajo estudio es un supuesto encuadrable como de responsabilidad contractual objetiva. En este sentido se ha dicho: “Cuando el girado paga el cheque cumple con su obligación respecto del librador en el marco de la relación interna de cuenta corriente con pacto de cheque, quedando pues, válidamente liberado, salvo que haya pagado mal actuan- do con dolo o culpa grave. Naturalmente, la caracterización del dolo y la culpa grave en la especie se regirá por los principios comunes (arts. 506, 511, 512, 902, 1108 y concs., Cód. Civil) en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias que constituyen el régimen del cheque…” (cfr. Efraín Hugo Richard y Jorge Osvaldo Zu-nino: “Régimen de Cheques”, 2ª edición actualizada y ampliada, Buenos Aires, As- trea, 2000, pág. 127).- Al haberse determinado el obrar antijurídico y la culpa de la de- mandada corresponde analizar otro de los presupuestos de la responsabilidad civil: el daño.-
La apertura de una cuenta corriente y el otorgamiento de libre- tas de cheques para operar en ella constituyen una actividad lícita para la demandada como entidad bancaria autorizada. Su responsabilidad sólo se produciría si con su ac- tuar hubiese causado un daño a la actora (cfr. arts. 506, 508, 511 y 1067 del C.C.). En esta inteligencia se ha dicho: “En nuestro derecho la responsabilidad civil está direc- tamente supeditada al daño causado y no cabe imponer la sanción resarcitoria donde éste no exista pues en tal caso no hay nada que reparar (arts. 511 y 1067, Cód. Civ. y su doctrina). El perjuicio se constituye entonces, en el presupuesto central de la res- ponsabilidad civil, puesto que sin él no puede suscitarse ninguna pretensión resarci- toria; sin daño -como bien se ha señalado- no hay responsabilidad civil, lo cual no es más que una aplicación del principio más general según el cual sin interés no hay acción. En este sentido nuestro Código Civil expresamente dispone que: El deudor es responsable al acreedor ‘de los daños e intereses...’ (arts. 506, 508 y 511), y aún con mayor claridad el art. 1067 establece que, sin daño causado u otro acto exterior que lo pueda causar no habrá acto ilícito punible (conf. ‘Temas de responsabilidad civil’ en honor al doctor Augusto M. Morello, pág. 31).” (cfr. SCBA: “Bartoszevich, Stella Maris c/ Banco Río de La Plata S.A. s/ Daños y perjuicios”, del 25/02/2009. Causa LP C 91376 S).- Concretamente el artículo 511 del Código Civil dispone: “El deudor de la obligación es también responsable de los daños e intereses, cuando por culpa propia ha dejado de cumplirla.” y el artículo 1067 del Código Civil sostiene: “No habrá acto ilícito punible para los efectos de este código, si no hubiese daño cau- sado, u otro acto exterior que lo pueda causar, y sin que a sus agentes se les pueda im- putar dolo, culpa o negligencia.”.-
De lo antedicho se desprende que el daño es un presupuesto in- dispensable de la responsabilidad civil. Sin daño no existe obligación de indemnizar. Sobre esta cuestión se ha dicho: “El daño es presupuesto esencial de la responsabili- dad civil. Y es requisito infaltable en la responsabilidad resarcitoria: sin daño no hay qué indemnizar. Desde una perspectiva práctica y metódica, es el primer presupuesto, pues el problema del resarcimiento recién comienza a plantearse a partir de la produc- ción de un perjuicio. Fuera de condicionar la responsabilidad, el daño decide con qué extensión se responde: debe resarcirse todo, y no más, que el daño causado.” (cfr. Alberto J. Bueres (dirección), Elena I. Highton (coordinación): “Código Civil y nor- mas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial”, Ed. Hammurabi, 1999, Tomo 3 A, pág. 96). En el mismo sentido se ha afirmado que: “El art. 1067 no exige el daño como elemento del hecho ilícito considerado en sí mismo, sino como presu- puesto de su punibilidad: una conducta antijurídica puede no causar daños...En suma, el daño es un elemento de la responsabilidad, pues nada debe repararse si el daño no se ha producido.” (cfr. Belluscio Augusto (Director) y Zannoni Eduardo (Coordina- dor): “Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1984, Tomo 5, pág. 28).- El daño es pues, en consecuencia, fuente esencial de la obliga- ción resarcitoria ante una eventual violación de deberes impuestos por un negocio ju- rídico. Por lo tanto, la cuestión central a desentrañar ahora es determinar si ha existi- do daño y, en su caso, su extensión a raíz del pago de los cheques de marras. En caso de llegarse a la conclusión afirmativa sobre esta cuestión, entonces podría seguirse avanzando para determinar si se presenta otro presupuesto de la responsabilidad civil: el nexo de casualidad.-
Para que el daño sea indemnizable debe ser cierto. En este sen- tido se ha dicho que: “...para que el daño causado sea indemnizable, debe reunir estos requisitos: a) Certeza: El daño debe ser cierto. La noción de daño causado comprende todo perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria que afecta en forma cierta a otro, a su patrimonio, a su persona, a sus derechos o facultades. De ello se deriva que el da- ño debe ser cierto, por oposición a lo puramente hipotético, eventual o conjetural [...] El daño debe ser ante todo real, cierto y existente, pues proceder a la reparación de un daño eventual o hipotético...equivaldría a enriquecer sin causa a la víctima.” (cfr. Fe- lix A. Trigo Represas y Marcelo J.
Lopez Mesa: “Tratado de la responsabilidad ci- vil”, La Ley, Buenos Aires, 2004, Tomo I, págs. 412/413).- El daño que invoca el actor haber padecido se habría traducido en que su apoderado, Sr. Juan Bautista Simón, no le habría entregado el monto de va- rios cheques cobrados al Banco de Santa Cruz S.A.. Ahora bien, a quien le incumbe demostrar el daño es a quien lo afirma, es decir a la actora (cfr. Bueres Alberto J. (di- rección), Highton Elena I. (coordinación): “Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial”, Ed. Hammurabi, 1999, Tomo 3 A, pág. 105. Ver también Belluscio Augusto (Director) y Zannoni Eduardo (Coordinador): “Códi- go Civil y leyes complementarias”, Ed.
Astrea, Buenos Aires, 1984, Tomo 5, pág. 29). Lo antedicho se desprende del artículo 355 del CPC y C. derogado -vigente al momento de la interposición de la demanda-, el que dice en su parte pertinente: “Ar- tículo 355º.- Carga de la prueba. Incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido…Cada una de las partes deberá probar el pre- supuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pre- tensión, defensa o excepción.”. El actual Código de Procedimiento Civil y Comercial, confirma el mismo principio y en su parte pertinente dice: “Art. 355º.- Carga de la prueba. Cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que favorezcan su pretensión, defensa o excepción...”.
A este respecto la Su- prema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha dicho que: “...uno de los requisitos para que el daño sea resarcible radica en que sea cierto, esto es, no mera- mente hipotético o conjetural sino real y efectivo corriendo su prueba por cuenta del que lo reclama, quien debe demostrarlo de manera fehaciente, siendo ineficaz la mera posibilidad de ese perjuicio (conf. Ac. 75.375, sent. del 31-X-2001). Así pues para el derecho un daño no acreditado carece de existencia y la obligación de indemnizar se mide por la estricta acreditación del mismo sin que sea suficiente la demostración de la conducta culpable o dolosa en que hubiere incurrido aquél que lo generó.” (cfr.
SCBA: “Bartoszevich, Stella Maris c/ Banco Río de La Plata S.A. s/ Daños y perjui- cios”, del 25/02/2009. Causa LP C 91376 S); y: “Las partes tienen la obligación de aportar la prueba de sus afirmaciones o, en caso contrario, soportar las consecuencias de omitir ese imperativo en el propio interés.” (cfr. SCBA, junio 3-986: “Borsani Jorge A. c/ Gillette de Argentina”, publicado en La Ley, 1987, Tomo C, pág. 423. Causa L.35.795).- Con el mismo criterio se ha entendido que: “Reclamada la in- demnización por daños y perjuicios, queda a cargo del actor demostrar la existencia del daño y su magnitud (SCJBA, 22-4-86, ‘Troncaro, Tomás c/ Astete Cortez, Mateo s/ Daños y perjuicios’', A. y S. 1986-I-470).
Es al actor a quien le incumbe la prueba del hecho generador del daño, y en tal cometido debe aportar al proceso elementos concluyentes sobre la forma en que ocurrió el suceso, para que éste sea aprehendido en la regla que impone el resarcimiento al autor o responsable...(Cám. Civ. y Com. de San Martín, sala 1ª, 24-2-94, ‘Gines, Enrique J. c/ Compañía de Transportes La Ar- gentina SA s/ Daños y perjuicios’). La prueba del daño incumbe a quien reclama la indemnización, porque ninguna razón de justicia o equidad habría de imponer a una persona el resarcimiento de un perjuicio que ella no ha causado. (Cám. Civ. y Com. de San Isidro, sala 1ª, 3-3-98, ‘Casali de Matviu c/ Bonfa s/ Daños y perjuicios’).” (cfr.
Mosset Iturraspe Jorge y Lorenzetti Ricardo Luis (Dirección): “Revista de Dere- cho de Daños. La prueba del daño - II”, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 1999, págs. 299/300).- Sin embargo Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. no ha cumplido la carga de probar el daño que alega. No ha demostrado que el monto de los cheques que considera incorrectamente abonados a su mandante no hayan sido ingre- sados en su peculio.-
La actora pretende tener por acreditado el no ingreso a su patri- monio de los fondos por parte de su mandatario Simón con las actuaciones penales “Simón Bautista s/ Administración fraudulenta”, Expte. Nº S-32.700/01, que trami- taran en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Río Gallegos, Secretaría Nº 2 (cfr. foja 689 del alegato de la parte actora). Pero de las copias de ese expediente, agregadas por cuerda a autos, no se tiene por demostrada tal circunstancia. En el mismo no se condenó, ni se procesó, ni siquiera se llamó a indagatoria a Simón. Es más, se dictó sobreseimiento definitivo a foja 641 de dichos autos penales.-
Vinculado con lo antedicho se debe tener presente el vínculo que unía al Sr. Simón con la actora.-
El Sr. Juan Bautista Simón libró y cobró los cheques de marras en virtud del poder especial que le otorgó la actora mediante escritura número trescientos cuarenta y cuatro, con fecha 16 de junio de 1999 (obrante a fs. 10/13 del expediente penal citado). Por dicho poder se lo habilitaba a realizar diversas operaciones bancarias concernientes a Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A., entre ellos: “…1) Abrir y clausurar cuentas de cualquier clase, pedir saldos, estados de cuentas, libretas de cheques, depositar dinero, cheques, giros o cualquier otro valor y extraer total o parcialmente esos mismos depósitos o los constituidos con anterioridad a este mandato o durante la vigencia del mismo, por la sociedad mandante o por otras personas a su nombre y orden...2) Librar, endosar, aceptar, descontar, renovar, negociar en cualquier forma en los bancos, instituciones financieras o con cualquier personas o entidad, letras de cambio, pagarés, cheques...” (cfr. foja 11 del menciona- do expediente penal). Además su firma se encontraba registrada para operar en la cuenta de la cual se cobraron los cheques (cfr. foja 75 del mencionado expediente).- Las operaciones de banco son declaradas por el Código de Co- mercio como actos de comercio (cfr. art. 8, inc. 3º del C.Com.). Asimismo las nego- ciaciones respecto de cheques también lo son (art. 8, inc. 4º del C.Com.). El mandato que tiene por objeto la realización de actos de comercio es considerado por la ley co- mo mandato comercial (cfr. art. 223 del C.Com.. Ver Raymundo Fernández y Osval- do Gómez Leo: “Tratado teórico-práctico de Derecho Comercial”, Ed. Depalma, Bue- nos Aires, 1986, Tomo III-A, pág. 156).-
Por lo expuesto, el alcance del poder otorgado al Sr. Simón será analizado a la luz de lo dispuesto por el Código Comercial respecto del mandato mer- cantil, sin perjuicio de la aplicación supletoria de la normas del Código Civil cuando corresponda (arts. 1869 a 1985) (cfr. aut. y ob. cit., pág 157).-
El mandato mercantil es conceptualizado por el artículo 221 del Código Comercial en los siguientes términos: “El mandato comercial, en general, es un contrato por el cual una persona se obliga a administrar uno o más negocios lícitos de comercio que otra le encomienda.”. La primera parte del artículo siguiente (art. 222 del CCom.) determina que: “Se llama especialmente mandato, cuando el que ad- ministra el negocio obra en nombre de la persona que se lo ha encomendado.”. De es- ta definición surge que un elemento del contrato de mandato comercial es la represen- tación (cfr. Fontanarrosa, Rodolfo O.: “Apuntes para una teoría general de la repre- sentación con especial referencia a la materia comercial”, del 01/06/2013. www.infor- maciónlegal.com.ar. Cita Online: AR/DOC/2771/2004).- La representación -en lo tocante al contrato analizado- es la in- vestidura que le otorga el mandante al mandatario en virtud del contrato por ellos ce- lebrados y tiene como consecuencia que las relaciones jurídicas que el representante contrae con terceros obligan directamente al representado (cfr. CNCom., sala A: “Ca- ravelli Rolando Pedro y otro c/ Banco Itau Argentina S.A. s/ ordinario”, del 09/10/ 2014. www.microjuris.com, Cita: MJ-JU-M-93589-AR|MJJ93589. Ver Ricardo Luis Lorenzetti: “Tratado de los contratos”, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2000, Tomo II, págs. 153/154).-
El carácter del mandatario como representante del mandante y la consecuencia de que los actos celebrados por aquel (mandatario), dentro de los lí- mites del mandato, se le imputan a éste (mandante) es reafirmado por el artículo 1930 del Código Civil, el que dispone: “Contratando en nombre del mandante, no queda personalmente obligado para con los terceros con quienes contrató, ni contra ellos ad- quiere derecho alguno personal, siempre que haya contratado en conformidad al man- dato, o que el mandante en caso contrario hubiese ratificado el contrato.”; y también por el artículo 1946 del Código Comercial, el que reza: “Los actos jurídicos ejecuta- dos por el mandatario en los límites de sus poderes, y a nombre del mandante, como las obligaciones que hubiese contraído, son considerados como hechos por éste perso- nalmente.” (disposiciones -arts. 1930 y 1946 del C.C.- aplicables al mandato mercan- til -cfr.
Raymundo Fernández y Osvaldo Gómez Leo: “Tratado teórico-práctico de Derecho Comercial-”, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1986, Tomo III-A, pág. 225). En consonancia con estas normas, autorizada doctrina indica que: “Cuando el mandato es representativo y el acto se ejecuta dentro de lo estipulado en él, se reputa celebrado por el mandante, para todos sus efectos.” (Ghersi Carlos Alberto: “Contratos civiles y comerciales. Partes general y especial”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1994, Tomo I, 3ª edición actualizada y ampliada, pág. 669).- Sobre el carácter representativo del mandato, la jurisprudencia ha afirmado que: “En primer lugar, debo recordar que el mandato comercial puede presentarse en dos formas: mandato con representación y mandato sin representación, es decir que se ejercita en nombre del mandante o en nombre del mandatario.
En el primer supuesto tenemos mandato comercial propiamente dicho; en el segundo, la co- misión o consignación [...] El efecto típico de la representación consiste entonces en que el negocio regularmente concluido dentro de los límites de sus poderes por el re- presentante, produce efectos jurídicos y se considera como concluido directamente por el representado, como si éste hubiese celebrado el negocio, en tanto que el prime- ro queda desligado de todas las consecuencias jurídicas y económicas.” (cfr. CNCom, sala B: “García, Héctor R. c/ Volkswagen S. A. de Ahorro y otros.”, del 10/04/1997. www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/544/1997). También pretoriana- mente se ha dicho que: “En virtud del efecto representativo del mandato (art. 1869), todas las consecuencias activas y pasivas del negocio concluido por el mandatario re- caen directamente en el patrimonio del mandante…” (cfr. sum.
SCBA: “Uribe, Nés- tor O. c/ Cortina, Juan C. y Otros s/ Restitución de Seña Doblada”, del 23/12/2004. Causa CC0101 MP 126545 RSD -656-4 S); y que: “…los actos jurídicos ejecutados por el mandatario en [los] límites de sus poderes y a nombre del mandante y las obli- gaciones que hubiera contraído son considerados hechos personalmente por este últi- mo…” (cfr. CNCiv., sala C., junio 27-1984: “Ramos Aguilar, Zacarías G. y otro c/ Río Iguazú S.A.”, El Derecho, 1985, Tomo 110, pág. 458). Estas afirmaciones son aplicables, mutatis mutandis, al sub lite.- Al estar expresamente autorizado el Sr. Juan Bautista Simón an- te el Banco Santa Cruz S.A. para operar en la cuenta en la cual se libraron los che- ques; y al haber contado con mandato tanto para librar y cobrar los cheques de Petro- química Comodoro Rivadavia S.A., se debe estimar que los montos fueron cobrados personalmente por la actora en atención a lo dispuesto en el artículo 1946 del Código Civil (Ver cfr.
CCiv. y Com. Azul, sala I, “Madueña, Norberto Luis y otro c/ Petit de Afonso, Marta Alicia y otros s/ Alquileres - Daños y Perjuicios”, del 29/09/2015. www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/32471/2015). En función de lo antedicho podría tenerse por acreditado el daño si Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. hubiese demostrado que los montos reclamados al Banco Santa Cruz S.A. por el pago de los cheques de marras no le fueron entregados por su mandatario. Pero no consta siquiera el inicio de un proceso de rendición de cuentas (cfr. art. 1909 del C. C.) que pudiera llevar luz sobre este tema.- En el contexto apuntado, Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. debió haber acreditado fehacientemente el perjuicio sufrido a raíz del pretenso incumplimiento de la demandada para poder aspirar a un resarcimiento; cosa que no hizo.
Pues si bien el Juez tiene la facultad de fijar prudencialmente el monto de la in- demnización, quien lo reclama debe probar la realidad del perjuicio. Tal como lo esta- blece el artículo 166 del CPC y C, que en su parte pertinente dispone: “...La sentencia fijará el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto.”.-
Entonces, al no haberse acreditado el daño que invoca la actora haber sufrido se impone rechazar la acción, tal como hizo la Excma. Cámara de Ape- laciones.-
Vinculado con lo hasta aquí expuesto y a fin de dar acabada res- puesta al planteo recursivo de la actora se debe sostener que tampoco puede prosperar la denuncia de arbitrariedad de sentencia, toda vez que no se observa, en el pronun- ciamiento atacado un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso o que adolezca de una decisiva carencia de fundamentación (cfr. TSJ Sana Cruz, Sentencia, Tomo XIV, Reg. 490, Folio 2671/2677).-
Recuérdese que es tesis de este Tribunal Superior de Justicia que: “‘...La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir sentencias equi- vocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a su- puestos de gravedad excepcional en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación…’ (confr. T.S.J. Santa Cruz, Tomo III, Interlocutorio, Reg. 282, Folio 457/458; ídem, Tomo VI, Interlocutorio, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre varios).” (cfr. Sentencia, Tomo XIII, Reg. 446, Folio 2431/2439). Ninguno de estos supuestos se presenta en el sub lite.-
En consideración a lo antedicho se debe rechazar la impugna- ción de arbitrariedad por la supuesta incongruencia.-
Tampoco debe prosperar la denuncia de violación del derecho de propiedad (art. 17 de la CN), ya que la sola mención de disposiciones o principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin expli- car de que manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 585, Folio 3347/3353).-
En conclusión, por los argumentos desarrollados debe rechazar- se el recurso intentado.-
III. Que en razón de lo expuesto, corresponde rechazar el re- curso de casación articulado por la actora a fs. 1876/1947 vta. y en consecuencia, confirmar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Co- mercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 1855/1872, con costas a la actora por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPC y C); difiriendo la regulación de honorarios de los letrados intervi- nientes en la casación hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes y sean regulados en las anteriores instancias; te- niendo presente la reserva del caso federal efectuada a fs. 1946 vta./1947.-
Por todo ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazar el recurso de casación interpuesto por la actora a fs. 1876/1947 vta. y en consecuencia, confirmar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 1855/1872.-
3. Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervi- nientes en la casación hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes y sean regulados en las anteriores instancias.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse aceptada la excusación de la Sra. Vocal Dra. Reneé Guadalupe Fernández (art. 27, 2º párrafo de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal;
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1006S.201 Tomo: XX Interlocutorio: 664 Folio N°: 3834/3842 Secretaría: 1
Fin de la sentencia