Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2020-24711043-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la invalidez del Decreto delegado 793/2018, emanado por el Poder Ejecutivo Nacional, desde su fecha de entrada en vigencia (B.O. 04/09/2018) y hasta su ratificación plena y expresa por parte del Poder Legislativo, mediante los artículos 81 y 82 de la ley 27.487 (Ley de Presupuesto 2019), publicada en el Boletín Oficial el 4 de diciembre de 2018.
2Revocar la Resolución RESOL-2020-17-E-AFIPADCAOL#SDGOAI (AD CAOL), dictada por el Administrador de la División Aduana Caleta Olivia en la Actuación SIGEA n° 19144-11253-2019, en cuanto rechazó el pedido de devolución de la suma de $ 238.477,57, abonada en demasía por la firma actora en concepto de derechos de exportación establecidos por el Decreto 793/18.
3Ordenar a la DGA demandada la devolución de la suma de $ 238.477,57, que fueran ingresados por Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A en concepto de derechos de exportación, con sustento en el decreto n° 793/2018, respecto de los permisos de embarque objeto de autos Nros. 18087EC01000615P, 18087EC01000606P, 18087EC01000605Y, 18087EC01000603M, 18087EC01000604N, 18087EC01000623Y, 18087EC01000622N, 18087EC01000743R, 18087EC01000656U y 18087EC01000655T, que fueran oficializados entre la fecha de entrada en vigencia del Decreto n°793/2018 (B.O. 04/09/2018) y la fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467(B.O. 4/12/2018); con más los intereses ordenados por los artículos 811 y 812 del Código Aduanero. …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2021-124589656-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 22 de Diciembre de 2021 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Miguel Nathan Licht (Vocal Subrogante), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, a fin de resolver en los autos caratulados: “PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. c/D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente nº EX-2020-24711043- -APN- SGASAD#TFN.
El Dr. Licht dijo:
1. Que mediante RE-2020-24710648-APN-SGASAD#TFN se presenta, por apoderado, la firma PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. e interpone recurso de apelación contra la resolución RESOL-2020-17-E-AFIP- ADCAOL#SDGOAI en cuanto rechazó el pedido de devolución de la suma de $ 238.477,57, abonada en demasía en concepto de derechos de exportación establecidos por el Decreto 793/18, en relación a las operaciones de exportación documentadas mediante los permisos de embarque nros. 18087EC01000615P, 18087EC01000606P, 18087EC01000605Y, 18087EC01000603M, 18087EC01000604N, 18087EC01000623Y, 18087EC01000622N, 18087EC01000743R, 18087EC01000656U y 18087EC01000655T, oficializados entre el 5/9/18 y el 4/12/18. Sostiene que tal derecho fue ilegítimamente establecido por el PEN en franca violación al principio constitucional de Legalidad Tributaria sin previa ley que fijara las bases del tributo. Se refiere a los principios y derechos constitucionales consagrados en los arts. 4; 17; 19; 28; 31; 75 inciso 1 y 99 inciso 3 de nuestra Constitución Nacional. Solicita la aplicación a la causa del criterio sentado en “Camaronera Patagónica” y sostiene que, en el presente caso, se dan circunstancias similares por cuanto, el Decreto 793/2018, entró en vigencia el 5/9/18 y fue convalidado legalmente mediante la Ley 27.467 de Presupuesto 2019 que fue publicada en el BO el 4/12/18, es decir, con posterioridad al registro de las operaciones de autos. Destaca que, conforme el criterio sentado en el precedente invocado, el derecho de exportación resulta válido recién a partir de la entrada en vigencia de la ley que lo convalida siendo improcedente su aplicación retroactiva.
Subraya, asimismo, que conforme lo establece el art. 76 de la Constitución Nacional, se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de la administración o de emergencia pública no encontrándose comprendida la creación o modificación de tributos dentro dichas materias. Agrega que, la delegación legislativa en materia tributaria, se encuentra vedada en el art. 99 inc. 3 de la C.N. Finalmente, plantea que, al momento de dictarse el Decreto 793/2018, no había ley alguna que lo sustentara en tanto, el art. 755 del CA, no reunía las condiciones previstas por la ley para ser considerado “norma delegante”. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, ordenando la devolución de la suma reclamada, con más intereses y costas.
2. Que, mediante IF-2020-62798506-APN-DTD#JGM, la representación fiscal contesta el traslado del recurso conferido. Hace un resumen de los antecedentes normativos. Sostiene que el criterio sentado en “Camaronera” no resulta aplicable a la presente causa en tanto el contexto normativo de uno y otro caso es diferente. En este sentido, señala que la Resolución 11/02 fue dictada con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 26.122 mientras que, el Decreto 793/2018, fue dictado con posterioridad a la misma. Explica que el decreto bajo análisis tiene plena vigencia desde su publicación en el B.O. en tanto no sea expresamente derogado por el Congreso. Señala que el decreto en cuestión no fue rechazado por el Congreso en los términos del art. 24 de la Ley 26.122 sino que, por el contrario, mantuvo su validez mediante el art. 82 de la Ley 27.467 y, posteriormente, mediante el art. 54 de la Ley 27.541.
Afirma que, en virtud de ello, el decreto en cuestión se mantiene vigente y los derechos de exportación vinculados al mismo son absolutamente legales. Cita fragmentos del voto del Dr. Juan Manuel Soria en la causa: “Transportadora de Gas del Sur”, expte. n° 38.422-A en apoyo a su postura. Asimismo, sostiene que, al momento del dictado del Decreto 793/18, los elementos esenciales de los derechos de exportación tenían rango legal toda vez que, al convalidar el Congreso la Resolución N° 11/02 y el Decreto 509/07, las alícuotas previstas en dichas normas pasaron a complementar las pautas previstas en el art. 755 del C.A. Plantea que, en virtud de tal circunstancia, el P.E. se encontraba facultado para modificar la alícuota del derecho de exportación que ya existía pero que se encontraba temporalmente en el 0% (en virtud del Decreto 349/16 que lo redujo a dicha alícuota pero no lo eliminó).
Considera que la modificación de la alícuota no puede confundirse con la creación de un nuevo tributo sobre mercaderías no gravadas y destaca que el decreto cuestionado fue dictado en ejercicio de la facultad prevista en el art. 755 inc. c y no de la prevista en el inc. a. En relación a la “clara política legislativa”, menciona que, mediante el art. 755 del C.A. se faculta al P.E. a modificar tributos a fin de que éste pueda adoptar medidas rápidas y eficientes para aminorar las consecuencias gravosas para la economía del país. Cita jurisprudencia. Por último, sostiene que, conforme lo normado en el art. 1164 del CA, corresponde rechazar el planteo de la actora. En subsidio, solicita que, en caso de entenderse procedente la repetición intentada, se aplique el criterio establecido por nuestra Corte Suprema en la causa “Cencosud SA”, del 15/5/14 y, asimismo, que se apliquen los intereses previstos en los arts. 811 y 812 del C.A.
Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
3. A continuación, se elevan los autos a esta Sala “F”, la que los pasa a sentencia.
4. Que en el sub lite se halla en discusión –en síntesis– si los derechos de exportación previstos en el Decreto 793/18 han sido válidamente establecidos a la luz de lo dispuesto en los artículos 17 y 76 de la Constitución Nacional Argentina. En efecto, en lo que aquí interesa, el mentado decreto fijó, hasta el 31 de diciembre de 2020, un derecho de exportación del DOCE POR CIENTO (12%) a la exportación para consumo de todas las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (NCM). Posteriormente, mediante el artículo 82 de la ley 27.467 se dispuso mantener la validez y vigencia del decreto citado, como así también, de toda otra norma vigente que se haya dictado en el marco de aquellas facultades.
5. Que, de acuerdo con la índole de las cuestiones planteadas, abordaré el recurso en el orden que se trata. Así, las cosas, en primer lugar, corresponde indagar si es cierto que el derecho abonado fue establecido a extramuros de la Constitución Nacional. Adelanto que, los elementos esenciales de la obligación tributaria aduanera, no tienen que ser exigidos en base a una ley previa que rigurosamente defina todos sus elementos. Además, entiendo que no es aplicable a la situación examinada el artículo 76 de la Carta Magna, su cláusula transitoria octava, ni su legislación reglamentaria. Ello así, habida cuenta de que el derecho de exportación cuestionado fue dictado al amparo del ejercicio de las facultades reglamentarias ejecutivas que le asisten al Presidente de la Nación Argentina en los términos del artículo 99 inc. 2 de la Constitución Nacional.
6. Que, a estas alturas, no tiene sentido poner en discusión que, los elementos esenciales de una obligación de índole tributaria, tienen que ser determinados por una ley formal. Específicamente, en cuanto aquí interesa, tampoco encuentro posible poner en tela de juicio que la determinación de la alícuota es uno de sus elementos sustanciales. Y, bajo esa comprensión del asunto, tampoco existe espacio para admitir que pueda ser objeto de reglamentación administrativa si la ley no dispone un máximo aplicable. Todo ello es consecuente con la máxima según la cual corresponde al legislador instituir cada uno de los tributos que den vida al sistema fiscal, de acuerdo con los postulados del principio de reserva de ley. La creación de cada categoría tributaria, dependerá de los presupuestos normativos —contenidos en una ley— a los que está vinculado el nacimiento de la obligación tributaria. Cada uno de ellos sólo tiene una vía de manifestación: la ley. En este sentido, a través de una construcción normativa lógica fáctica, y de su posterior realización, se vincula al contribuyente con la administración fiscal, esta última como acreedora de una deuda impositiva.
7. Que, ahora bien, la premisa inconcusa, según la cual ningún elemento esencial de la obligación tributaria puede ser establecido por una orden administrativa, no resuelve la vexataquaestio de cuándo una obligación es en sí misma tributaria y, en consecuencia, cuándo le es aplicable la regla liminar que impide al Poder Ejecutivo participar de la reglamentación de los elementos esenciales[1].
8. Que, en tales condiciones, lo prioritario es hallar un concepto susceptible de nuclear bajo su manto, a todos los recursos públicos que presenten condiciones relevantes y homogéneas entre sí. Siendo que la jurisprudencia cortesana ha interpretado que la materia tributaria no admite la (su) reglamentación de sus elementos esenciales por vía de los decretos de necesidad y urgencia y los decretos delegados, va de suyo que, ninguno de los recursos públicos económicos que razonablemente puedan ser objeto de configuración administrativa, podrá formar parte de la definición de tributo[2].
9. Que, en ese entendimiento del asunto, ab initio, no existe en el campo tributario la incertidumbre planteada por la opinión del juez Marshall, recogida por la Corte Suprema en el caso Delfino[3], cuando revelaba que no había sido trazada de modo definitivo la línea que separa los importantes asuntos que deben ser regulados por el Congreso de aquellos de menor interés, acerca de los cuales se acepta como suficiente que resulten reglados a través de una provisión general, en cuyo marco se otorga facultad o poder a los que deben cumplirlos bajo tal general provisión para encontrar los detalles pertinentes que complementen la eficacia del sistema normativo[4]. Ello así, habida cuenta que el Poder Legislativo es el único poder del Estado investido de la atribución para crear la obligación tributaria, de conformidad con los arts. 4, 17, 52 y 75 de la Constitución Nacional[5].
10. Que, al respecto, no puede dejar de hacerse notar que el concepto de “tributo”, no tiene fundamento en la naturaleza de las cosas, sino que es una elucubración representativa de determinadas características que necesariamente tiene que revistar una obligación para resultar encuadrada en el régimen tributario constitucional. En ese entendimiento del asunto, cuando una situación razonablemente no pueda ajustarse dentro de ese reducto, habrá que colegir en su falta de representatividad para considerar al recurso público como tributo. Es lo que ocurre, por ejemplo, con determinadas exigencias económicas también coactivas, que se imponen a personas que no son consideradas como contribuyentes, sino como administrados inmersos en relaciones organizativas específicas que cumplen cometidos públicos que les fueron asignados en competencia por el ordenamiento.
En la mayoría de los casos, también, esos cometidos serán “prestacionales específicos”, en el sentido que se encontrarán destinados a satisfacer intereses específicos de los individuos. Puntualmente, para obtener la satisfacción de tales intereses, los administrados –aun cuando se trate de derechos garantizados por la Constitución-, deberán cumplir con determinadas exigencias legales o reglamentarias que podrán ser establecidas por el Congreso de acuerdo con los arts. 14 y 75 inciso 32 de la Constitución Nacional, pero también, de no tratarse de una competencia exclusiva del Congreso, por el Presidente de la Nación (art. 99. 1 y 2, CN); por el Jefe de Gabinete (art. 100. 2, CN); por los demás ministros (art. 103, CN) o por los órganos o entes a los que la norma correspondiente –legal o reglamentaria, según los casos, les haya otorgado competencia para ello (también por vía de delegación administrativa, por supuesto). Dentro de aquellas exigencias reglamentarias puede encontrase, según los casos, la obligación de pagar una suma de dinero, en carácter de “cargo”, “canon”, “peaje”, “tarifa”, “sellado”, “pasaje”, “portazgo”, “arancel”, etc.
11. Que, en líneas generales, se sostiene que, los derechos aduaneros, tienen carácter tributario, en cuyo caso, no podría considerarse su reglamentación por vía administrativa por violentar el principio de reserva de ley tributaria. En el caso, es prístino que la ley aduanera no estableció la regulación aplicable a la alícuota del derecho a la exportación, sino que encargó al Poder Ejecutivo su reglamentación.
12. Que, en ese marco, la determinación de si se está frente a una obligación tributaria deviene dirimente, ya que, en tanto no sea un recurso tributario, su alícuota podrá ser diferida por el legislador a la reglamentación sin que ello implique afectación del principio de reserva de ley. 13) Que, en ese sentido, no me resulta ajeno que la jurisprudencia constante y consolidada de la Corte Suprema atribuye naturaleza tributaria a toda carga económica coactiva (arg. Fallos: 318:676, considerando 8º).
14. Que, con arreglo a esa comprensión del asunto, todas las veces que se presente a estudio una contribución patrimonial dispuesta unilateralmente, en principio, de acuerdo con ese temperamento, lo correcto sería la sujeción del poder estatal a los términos de los arts. 4º y 17 y con los límites de los artículos 76 y 99 inc.3 de nuestra Constitución Nacional.
15. Que, sin embargo, contrariamente a lo señalado por esa doctrina, insisto que esa caracterización por sí misma, no tiene entidad suficiente para exigir la inexcusable aplicación de las normas y principios constitucionales aplicables al ejercicio de la potestad tributaria. Se me hace imprescindible hacer notar que podemos encontrarnos frente a obligaciones patrimoniales dispuestas unilateralmente por el Estado y cuyo encuadramiento no sea el propio de las obligaciones estrictamente tributarias, ya que no es una novedad la imposición legal de cargas que no son impuestos ni tasas, y cuya constitucionalidad ha sido expresamente admitida por la Corte suprema (Fallos, 181:209; 183:234; 199:483 y otros).
16. Que, en efecto, debo hacer notar que, el carácter coactivo que de consuno se atribuye por antonomasia a toda carga tributaria, no es dirimente para sostener la aplicabilidad, sin más, de la reserva de ley, ya que está visto también que existen obligaciones patrimoniales económicas, regidas por el derecho público y cuyo tratamiento constitucional no impone la observancia del principio de reserva de ley. Como muestra reciente de lo expresado, además de lo referido precedentemente, también puede traerse a colación el afamado caso Colegio Público de Abogados[6] y más recientemente el voto del juez Rosenkrantz in re: “Swiss Medical S.A. c/ EN - SSS s/ amparo ley 16.986” (Fallos: 343:86, del 18 de febrero de 2020).
17. Que, en esa inteligencia del asunto, el problema traído a resolución ha sido ya planteado otras veces en condiciones semejantes a las del caso actual. Con excepción del caso “Camaronera” (Fallos:337:388), la doctrina de la Corte Suprema, desde los primeros tiempos de su constitución, ha sido benevolente con relación a la admisibilidad de la delegación impropia de las leyes aduaneras. Es que, si bien con relación a los impuestos ha sido imperativo que sus elementos esenciales resulten reglados por una ley formal, no ha ocurrido lo propio en la específica materia aduanera.
18. Que, así es que, desde la vigencia de la Constitución de 1853 –hasta algo después de 1900–, fue recurrente que el Congreso encomendara en el Ejecutivo la confección de la base imponible, el cual lo hacía atribuyendo un valor a cada mercancía en la llamada tarifa de avalúos. Así, la Ley 157 estableció que el Ejecutivo fijara “... cada año los avalúos de las mercaderías”. Tiempo después, la Ley 202 acortó su vigencia. Dispuso que “el Poder Ejecutivo fijará cada seis meses los avalúos de las mercaderías...”. La Ley 4933 –de 1905– dispuso, en su art. 12, que “los derechos de importación se liquidarán por su tarifa de avalúos...”. Y su artículo siguiente dijo que, mientras el Congreso no la fijara, “... el Poder Ejecutivo hará la designación y fijará a moneda metálica los avalúos de las mercaderías y productos que hayan que incluirse en la tarifa de que habla el artículo anterior”.
También la determinación de la alícuota fue encomendada al Ejecutivo. Así, el art. 664 del Código Aduanero faculta al Ejecutivo a fijar los derechos de importación. En lo que nos interesa, dice así: “1. En las condiciones previstas en este Código y en las leyes que fueren aplicables, el Poder Ejecutivo podrá: a) Gravar con derecho de importación la importación para consumo de mercadería que no estuviere gravada con este tributo; b) Desgravar del derecho de importación la importación para consumo de mercadería gravada con este derecho; y c) Modificar el derecho de importación establecido”. A su vez, el art. 666 del mismo cuerpo legal fija el máximo de tales alícuotas. Dice: “El Poder Ejecutivo en ejercicio de las facultades conferidas en el apartado 1 del art. 664, no podrá establecer derechos de importación que excedieren el equivalente al seiscientos por ciento del valor en aduana de la mercadería cualquiera fuere la forma de tributación”.
La expresión “cualquiera fuere la forma de tributación” quiere decir que, aun cuando una mercancía tribute derechos ad valorem y, además, derechos específicos, la suma de ambos no puede exceder un importe equivalente al seiscientos por ciento de su valor en aduana. Ese tope disminuye con respecto a los países que forman parte del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), ya que nuestro país se comprometió, con respecto a ellos, a que ese tope no superara el treinta y cinco por ciento (35 %) ad valorem. Respecto del caso de los derechos exportación, el art. 755 del Código Aduanero dice que el Poder Ejecutivo puede “a) Gravar con derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería que no estuviere gravada con este tributo; b) Desgravar del derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería gravada con este tributo y c) Modificar el derecho de exportación establecido”.
19. Que, en tales condiciones, ha de advertirse que, si la distinción entre delegación propia e impropia que caracterizó al anterior régimen constitucional está perimida y, en consecuencia, la única delegación permitida es la que ahora señala el art. 76 con los requisitos que aquí se establecen; va de suyo que, bajo esa comprensión del asunto, la copiosa jurisprudencia y doctrina que refirió a la posibilidad de la delegación impropia de facultades legislativas pasaría al arcón de los recuerdos ya que, tanto la materia tributaria como la aduanera y, en general, toda aquella que no encuadre en la materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública, pasarían a estar signadas por una reserva de ley absoluta.
20. Que la situación planteada es una inusitada gravedad institucional. La experiencia universal en la materia aduanera apareja la necesidad imperiosa de dejar librado al arbitrio razonable del órgano ejecutivo, tanto la determinación de las mercaderías sujeta a imposición, como la alícuota aplicable, lo que guarda evidente relación con el hecho de que la actividad aduanera está caracterizada por su complejidad, dinamismo, y tecnicismo. La naturaleza esencialmente dinámica de la actividad ha llevado a atribuir al órgano ejecutivo amplias facultades regulatorias por cuanto se requiere un organismo que pueda responder en forma ágil y eficiente a la dinámica cambiante y a la complejidad del comercio exterior. Ello ha llevado a nuestro ordenamiento jurídico y a los del derecho comparado a atribuir a los departamentos administrativos amplias atribuciones en atención su intrínseca relación con la satisfacción del bienestar general de la sociedad en la esfera económica y social (Fallos 311:2339 y demás antecedentes en él citados).
21. Que la doctrina antes expuesta importa afirmar, en consecuencia, que, si no se aplica rigurosamente la reserva de ley en la determinación de los elementos esenciales de la obligación aduanera, es porque se ha aceptado su diversa naturaleza jurídica. En tales condiciones, entiendo que el art. 755 del Código Aduanero, no es una norma tributaria, ni tampoco es una ley delegante en los términos del artículo 76 y cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional, por lo que se advierte que esa disposición no presenta óbices en cuanto a su constitucionalidad.
22. Que, en efecto, en la búsqueda de la naturaleza jurídica de la materia tributaria, es evidente que, las propiedades aplicables a la materia impositiva y aduanera, no son intercambiables entre sí. En este aspecto, es la propia jurisprudencia de la Corte Suprema, la que sugiere que, la singularidad de la materia aduanera, la condujo al reconocimiento constitucional de las normas aduaneras que autorizan al Poder Ejecutivo a disponer gravámenes (o a desgravar, según el caso), siempre que fuera a efectos de perseguir determinados objetivos establecidos en la legislación. (Fallos: 148:430; 245:276; 31:1617; 311:2339).
23. Que, en oposición a esa doctrina, debe señalarse que, tratándose concretamente de la materia impositiva, la jurisprudencia del alto tribunal ha señalado en reiteradas oportunidades que, una vez establecido un gravamen por el Congreso de la Nación, los elementos sustanciales de aquél, definidos por la ley, no podrían ser alterados a su arbitrio por el órgano ejecutivo, ya que se desvirtuaría la raíz histórica de la reserva de ley y se la vaciaría de buena parte de su contenido útil (Fallos, 180:384; 183:19, entre otros).
24. Que, en consecuencia, parece indiscutible que, la potestad reglamentaria de las obligaciones, recibe un tratamiento que no condice con las exigencias que reserva la Constitución Nacional para la materia tributaria. Según lo estimo, el confronte entre estas dos especialidades jurídicas puede ser la mejor forma de explicar el distinto sentido y alcance que tiene el Principio de Legalidad de la Administración- principio rector del Derecho Administrativo y el Derecho Aduanero- y el Principio de Reserva de Ley- principio rector del Derecho Tributario-.
25. Que, en definitiva, las clasificaciones no son verdaderas ni falsas, sino que pueden ser útiles o inútiles. Por consiguiente, no sea cosa que, por alentar y expandir las fronteras de lo tributario, luego terminemos aplicando a los casos tributarios ideas que fueron pensadas para atender específicamente a la materia aduanera.
26. Que, para comprender lo anterior, cabe insistir respecto de la originalidad del tributo como obligación regida por el derecho público, por cuanto la abundante jurisprudencia de la Corte con relación a la delegación impropia de facultades legislativas no resulta aplicable a la materia tributaria. Así, por ejemplo, no sería admisible que el legislador del impuesto al valor agregado le otorgue al ejecutivo la posibilidad de determinar el objeto del hecho imponible y la alícuota aplicable.
Cabe destacar muy especialmente que no es argumentativo sostener que, las obligaciones aduaneras, son obligaciones de derecho público no regidas por el derecho tributario constitucional. Las obligaciones aduaneras no están enteramente regidas por normas de derecho constitucional tributario. De lo contrario, sería fácil caer en el manifiesto yerro de considerar la existencia de decretos delegados que pudieran versar sobre materia tributaria y convalidar que la legislación aplicable habilite al Poder Ejecutivo nacional a establecer la alícuota correspondiente enunciando meramente el fin de la contribución.
27. Que, a lo precedentemente expuesto, no escapa que, en la Sala G -si bien con otra integración-, sentenció en sentido contrario, considerándose plausible la delegación de los elementos sustantivos de la obligación tributaria[7].
28. Que entiendo que esa posición no debe ser mantenida, pues es incorrecto entender que la letra constitucional permite la delegación de la materia tributaria a favor del órgano ejecutivo, por cuanto: (a) La legislación delegante y los reglamentos delegados no son fuente idónea para el establecimiento de obligaciones tributarias; (b) La Convención reformadora constituyente actuó como poder constituyente derivado y se reunió con la finalidad de modificar, o no, sólo aquellas cláusulas constitucionales que el Congreso declaró que podían ser reformadas. Entre ellas, no estaba prevista la reforma del artículo 17 de la Constitución Nacional consagratoria del Principio de Reserva de Ley; (c) ni la materia aduanera ni la tributaria es comprensiva de las materias determinadas de administración a las que refiere el artículo 76 de la Constitución Nacional. Al respecto, es claro que el constituyente se refirió a cuestiones que son, por su contenido, materialmente administrativas que corresponden al ámbito de la competencia de la ley[8].
29. Que, sin embargo, la delegación impropia es un fenómeno recurrente en materia aduanera que no tiene parangón posible en el ámbito tributario. Así, puede vislumbrarse que varias disposiciones del Código Aduanero contemplan la atribución sine die de amplias potestades reglamentarias: arts. 631 (prohibiciones de carácter no económico a la importación o exportación); 632 (prohibiciones de carácter económico a la importación o exportación); 663 (derechos específicos a la importación); 664 (gravar, desgravar o modificar con derechos de importación); 667 (exenciones totales o parciales a los derechos de importación); 673, 680, 684 y 685 (referidos al impuesto de equiparación de precios y sus bases); 755, que reviste especial importancia para la cuestión examinada, mediante el cual se permite gravar, desgravar o modificar derechos de exportación[9]; 757 (exenciones al pago de los derechos de exportación); 768 (tasa de estadística); 770 (tasa de comprobación de destino); 771 (exenciones a la tasa antes mencionada); 774 (tasa de servicios extraordinarios) y 776 (tasa de almacenaje). Más adelante, se sancionó la ley 22.792 (de 1983), mediante la cual se autorizó al Poder Ejecutivo a subdelegar las facultades de los arts. 631, 632, 663, 664, 667, 673, 680, 684, 685, 755, 757, 768, 770, 771, 774 y 776, CA., lo que éste hizo en el Ministro de Economía a través del decreto 2752/1991.
30. Que, a estas alturas, salvo que se adoptase una lectura antojadiza de la Constitución Nacional y de la historia de nuestras instituciones jurídicas, no cabe desatender que el fenómeno tributario está sometido a reglas y principios propios que lo apartan de otras disciplinas que pertenecen al derecho público.
Ello es así porque, el aforismo nullum tributum sine lege, tiene una significación propia, que no tiene parangón en el derecho administrativo, ni en ninguna otra rama del derecho público. En tales condiciones, no hay espacio para matices, ya que todos y cada uno de los elementos esenciales del tributo tienen que ser previstos por una ley material y formal, entendida ésta como la disposición que emana del órgano constitucional que tiene la potestad legislativa, conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución para la sanción de las leyes y que contiene una norma jurídica[10].
31. Que, siendo como queda dicho, nuestras tradiciones mantienen al derecho tributario argentino en el sistema clásico o tradicional de reserva de ley ortodoxo, rígido o absoluto, a tenor del cual la ley formal, además de aprobar el tributo, debe contemplar todos los elementos esenciales de la hipótesis de incidencia tributaria —comprende los estructurales: material, personal, temporal y espacial; y los cuantitativos: base de cálculo y tarifa—; exenciones u otros beneficios; mecanismo determinativo, e ilícitos y sanciones.
32. Que, en ese sentido, las normas reglamentarias para superar el test de constitucionalidad en materia impositiva deben superar un escrutinio estricto y, por consiguiente, es el poder administrador quien debe probar que la reglamentación persigue un fin legítimo, relevante e imperioso.
33. Que, en atención a lo antes señalado, se estima que la mera conformidad del reglamento administrativo con el espíritu de la ley reglamentada no es suficiente para superar la prueba de constitucionalidad.
34. Que, en cambio, tengo para mí que, el estándar de amplitud relativo al ejercicio del control judicial sobre la delegación impropia de facultades legislativas, es totalmente diferente al que depara la materia tributaria. Los jueces deben guardar deferencia con el órgano legislativo y ejecutivo y, por esa razón, solamente pueden declarar la inconstitucionalidad del ejercicio de las facultades legislativas para conferir autoridad al poder administrador en caso de una absoluta y manifiesta desatención de los límites constitucionales.
35. Que, al hilo de las ideas esbozadas, cabe mencionar que los decretos que integran o complementan las leyes aduaneras no están sujetos a la revisión de los mecanismos establecidos en la Ley 26.122. Si el Congreso rechazare un decreto ejecutivo mediante el mecanismo de resolución previsto en esa normativa, estaría avanzando sobre el ejercicio de facultades que pertenecen al órgano ejecutivo.
36. Que es verdad que, en esta causa, la situación es distinta a la considerada por la Corte Suprema en Camaronera Patagónica, toda vez que no había sido sancionada la Ley 26.122- regulatoria del trámite y los alcances de la intervención del Congreso respecto de decretos que dicta el Poder Ejecutivo-. Su incorporación al ordenamiento jurídico argentino trae aparejado la novedad de que existe un primer órgano de contralor específico relativo al exceso del ejercicio de las facultades delegadas. Por tanto, y pese a que su existencia no cohíbe el control judicial de constitucionalidad, no es menos cierto que impone una doble carga impugnativa, ya que no solamente deberá cuestionarse el reglamento administrativo delegado, sino también la resolución que los aprueba.
37. Que, de todas maneras, me parece una elucubración fuera del texto constitucional, aquella interpretación que colige la existencia de decretos delegados en materia tributaria, los cuales, a partir de la sanción de la ley citada, deben ser revisados por el Congreso. Si bien las limitaciones impuestas a los decretos de necesidad y urgencia no se repiten textualmente respecto de los decretos delegados, lo cierto es que no puede obviarse la inexcusable observancia del mecanismo de formación y sanción de la ley tributaria contemplado en el artículo 52 de la Constitución Nacional. Siendo evidente que el Congreso no puede sustraerse de ese procedimiento específico, so pretexto de una interpretación literal de la manda constitucional.
38. Que, en fin, a la luz del estándar interpretativo comentado, dejando de lado a los reglamentos tributarios, en el resto de las situaciones resulta exigible y necesario para quitar validez constitucional a un reglamento administrativo, la prueba inequívoca de la desnaturalización del sistema de división de poderes imperante.
39. Que, en efecto, existe en la jurisprudencia de la Corte Suprema, un largo camino recorrido a favor de una interpretación dialógica entre la ley y el reglamento administrativo respecto del uso de la facultad legisferante. Como surge de lo expresado, la situación no es entonces susceptible de ser caracterizada como un proceso que se lleva a cabo con desapego al principio de división de poderes.
En tal sentido, es de destacar sucintamente la jurisprudencia iniciada a partir del caso A.M. Delfino[11], en donde declaró constitucional la habilitación en el Poder Ejecutivo para crear sanciones de policía portuaria que luego aplicaría la Prefectura del Puerto de Buenos Aires. Según estableció la Corte en esa oportunidad: "existe una distinción fundamental entre la delegación de poder para hacer la ley y la de conferir cierta autoridad al Poder Ejecutivo o a un cuerpo administrativo a fin de reglar los pormenores y detalles necesarios para la ejecución de aquella. Lo primero no puede hacerse, lo segundo es admitido"[12]. Al año siguiente de A.M. Delfino, la Corte resolvió el caso “Administración de Impuestos Internos c. Chadwick, Weir y Cía. Ltda.” en el cual se discutía si el Poder ejecutivo había excedido el límite de las facultades reglamentarias otorgadas por el artículo 86, inciso 2° (actual artículo 99, inciso 2°) Allí afirmó la Corte que: "[...] los decretos reglamentarios del poder administrador pueden apartarse de la estructura literal de la ley, siempre que se ajusten al espíritu de la misma; el texto legal es susceptible de ser modificado en sus modalidades de expresión siempre que ello no afecte su acepción sustantiva [...]"[13].
Tiempo después, el Alto Tribunal sostuvo la constitucionalidad de los Decretos 89/58 y 3547/58 (reguladores de materias vinculadas con el salario obrero) en el caso “Carmelo Prattico c/Basso y Cía.”[14]. Allí, sentenció que: “Tratándose de materias que presentan contornos o aspectos tan peculiares, distintos y variables que al legislador no le sea posible prever anticipadamente la manifestación concreta que tendrán en los hechos, no puede juzgarse inválido, en principio, el reconocimiento legal de atribuciones que queden libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo, siempre que la política legislativa haya sido claramente establecida.Porque en tales supuestos ese órgano no recibe una delegación proscripta por los principios constitucionales, sino que, al contrario, es habilitado para el ejercicio de la potestad reglamentaria que le es propia (. . .) cuya mayor o menor extensión depende del uso que de la misma potestad haya hecho el Poder Ejecutivo”.
Más adelante, en “Banco Argentino de Comercio c/Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires” (Fallos, 286:325, del 20 de setiembre de 1973), la Corte reiteró: “No existe propiamente delegación de facultades legislativas cuando la actividad normativa del poder administrador encuentra su fuente en la misma ley, que de ese modo procura facilitar el cumplimiento de lo que el Poder Legislativo ha ordenado”.
Valiendo la pena destacarse que todo ese devenir alcanzó un súmmum en el caso "Jorge Daniel Cocchia v. Nación Argentina y Otro"[15], referido a un planteo de inconstitucionalidad de artículos del Dec. 817/92, por entender el accionante que dicho reglamento laboral cercenaba garantías consagradas en la Constitución Nacional. Si bien es cierto que para sus detractores, el fallo refleja un proceso de "desconstitucionalización" de las instituciones, en rigor de verdad, la decisión no hizo otra cosa que sistematizar la jurisprudencia preexistente, ya que la clasificación de los reglamentos de ejecución que esa decisión había llevado a cabo (decretos ejecutivos adjetivos y decretos ejecutivos sustantivos) es una mera clasificación dogmática.
40. Que, como surge de lo expresado, la distinción entre la delegación y la reglamentación ejecutiva de la ley ha sido problemática y tiene nuevos bríos a partir de la reforma que la complejizan. Ello obedece a que la Constitución Nacional incorpora nuevos preceptos, al tiempo que mantiene indemne los viejos que ameritaron una determinada interpretación del sentido y alcance de la potestad reglamentaria en la constitución originaria. Precisamente, lejos de zanjar la cuestión, luego de la reforma, permanece latente el interrogante de si se mantiene la jurisprudencia de la Corte Suprema, la cual solamente fulminaba como nulas o inválidas las delegaciones que impliquen el traspaso total del poder.
41. Que, en ese estado de cosas, resulta claro que hubiera sido conveniente que el constituyente centrase el eje del debate en la razonabilidad con que se ejercen las competencias reglamentarias, ya que es incontrastable que el Poder Ejecutivo siempre ha ejercido una actividad creadora de normas. Los argentinos tan afectos a la retrospectiva parecen soslayar que el mundo ha dejado de lado el problema del déficit democrático de los reglamentos administrativos y, en lugar de ello, ha centrado su preocupación en el cumplimiento comprobable objetivamente de la normativa jurídica vigente, es decir, la primacía indudable y no debatible de la ley sobre la voluntad de los poderes constituidos.
Como es dable apreciar, desde aproximadamente mediados de siglo, la constitucionalidad y los límites de las atribuciones de poderes normativos a la administración constituyen, una de las grandes controversias del derecho público [16].
42. Que, conforme a lo expuesto, resulta imperioso establecer un marco de referencia sobre la técnica de la delegación legislativa. Desde ya, cabe adelantar que resultaría alarmante para el buen funcionamiento del gobierno y en aras a la protección del principio de seguridad jurídica que se entendiere como ley delegante a aquella por medio de la cual el Congreso otorga a un cuerpo legislativo una atribución para completar o integrar un mandato legislativo previo. Si bien, no escapa que el objetivo primordial de la reforma fue revalorizar las atribuciones del Congreso y dar concluida una etapa histórica de hiperpresidencialismo, no obstante ello, y de un modo acorde con nuestras tradiciones legislativas, ese desiderátum no permite afirmar sin más que medió una deliberada intención del constituyente de la revisión de la distinción a que se viene haciendo referencia en el derecho público argentino desde el afamado caso “A.M. Delfino y Cía”.
43. Que, en consecuencia, de manera preliminar, corresponde aclarar que resulta inconsistente la propuesta de hacer un borrón y cuenta nueva. Desde ya, no parece plausible interpretar que no caben delegaciones por fuera de la letra del art. 76, en la medida que la desconcentración temporal de funciones legislativas que propone el art. 76 de la Constitución no condice con las necesidades de un buen gobierno y la ingente necesidad de asigna roles legislativos a organismos administrativos formados por burócratas profesionales[17].
44. Que, en tales condiciones, se advierte que la decisión de otorgar status constitucional a los organismos de control de los servicios púbicos es una ratificación implícita a la posibilidad de atribuir competencias legisferantes a cuadros administrativos en los términos tradicionales de nuestra doctrina constitucional[18]. A lo que se añade que, la referencia al derecho de los Estados Unidos resulta inconsistente con la idea de abrogar la distinción entre delegación propia e impropia reconocida por la jurisprudencia de la Corte Suprema[19]. Es que, en efecto, cabe consignar que el requerimiento constitucional, en orden a que la ley delegante estableciera un estándar –inteligible standard– como patrón o criterio para guiar al organismo administrativo al cual transfiere facultades, ya era una exigencia ponderada en los fallos del alto tribunal. En cambio, el requerimiento vinculado a la que la ley delegante tuviere un plazo de vigencia y vinculado a determinadas materias no es un requisito exigido ni en la doctrina constitucional de los Estados Unidos ni en la Argentina[20].
45. Que, por ello, tampoco cabe admitir que el constituyente argentino revolucionó la doctrina constitucional mundial, sino más bien ambicionó mantener los estándares mundiales que permiten el apoderamiento permanente de competencias legislativas a cuerpos administrativos, e innovar con la posibilidad de atribuir al Presidente, la posibilidad de sancionar una ley con arreglo a un procedimiento legislativo de excepción.
Sobre el particular, corresponde reflexionar en orden a qué argumentos habría tenido el constituyente para librarse de la laboriosa doctrina que da cuenta de que: “Tratándose de materias que presentan contornos o aspectos tan peculiares, distintos y variables que al legislador no se le sea posible prever anticipadamente la manifestación concreta que tendrán en los hechos, no puede juzgarse inválido, en principio, el reconocimiento legal de atribuciones que queden libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo, siempre que la política legislativa haya sido claramente establecida. Porque en tales supuestos ese órgano no recibe una delegación proscripta por los principios constitucionales, sino que, al contrario, es habilitado para el ejercicio de la potestad reglamentaria que le es propia (…) cuya mayor o menor extensión depende del uso que de la misma potestad haya hecho el Poder Ejecutivo”[21]. Acaso es necesario la renovación periódica de las facultades delegadas en materia aduanera. Cabe preguntarse si es razonable considerar que el constituyente legitimó su delegación bajo el manto de una emergencia que deberá ser reconocida por el legislador hasta el final de los tiempos. Es que, en definitiva, los hechos precedentemente expuestos revelan que una interpretación imperfecta del artículo 76 es capaz de poner en tela de juicio la continuidad que casi 2000 normas que refieren, entre otras materias, a política fiscal, aduanera, financiera, minería, educación, sanidad, comunicaciones, ejercicio de diversas profesiones, transportes, pesca, estupefacientes, hidrocarburos, negociación sobre la deuda externa, salud, deportes, etc.
46. Que, para comprender lo anterior, cabe recordar que la Corte Suprema ha señalado reiteradamente que la misión esencial del intérprete jurídico es determinar la versión técnicamente elaborada de la norma aplicable, indagando lo que ella dicte jurídicamente mediante una interpretación sistemática y razonable a fin de evitar soluciones disvaliosas por puro apego al texto legal[22]. También ha sostenido que “la Constitución ha de ser interpretada de modo que sus limitaciones no traben el eficaz y justo desempeño de los poderes atribuidos al Estado al efecto del cumplimiento de sus fines del modo más beneficioso para la comunidad”[23].
En tales condiciones, cabe destacar muy especialmente que no es argumentativo sostener, que la atenuación del sistema presidencial no debe verse por el lado de la restricción de las atribuciones con que contaba el Presidente antes de la reforma, sino que debe buscarse en el fortalecimiento de los mecanismos de control legislativos.En efecto, el sentido general del nuevo régimen constitucional sobre la delegación legislativa en relación al régimen anteriormente vigente no modifica la competencia presidencial para dictar decretos ejecutivos en el sentido y alcance determinado por la doctrina de los fallos de la Corte Suprema anteriores a la reforma constitucional. Huelga decir, además que, por razones evidentes, el constituyente deliberadamente mantuvo incólume la redacción del artículo 99 inc.2 (ex art. 86 inc.2) de la Constitución.
47. Que, en fin, en la cúspide las argumentaciones que llevan al mantenimiento de la doctrina del caso Delfino y sus pronunciamientos ulteriores estriba la imposibilidad de establecer un deslinde entre competencias legislativas y administrativas en orden al grado de la importancia del asunto reglado. En nuestro sistema legal es reducto de la ley, con abstracción de la Constitución, el dictado de toda norma general e individual. En consecuencia, bien podría decirse entonces que, cuando se habilita a un cuerpo administrativo a dictar una norma general e individual, es fruto de una “delegación”, ya que, como regla general, la competencia reglamentaria sólo puede ejercitarse cuando la ley no es autosuficiente. En consecuencia, no parece conducente decir que son decretos delegados los que se dictan a partir de una habilitación legal[24].
48. Que, en ese sentido, es igualmente claro que la única posibilidad de establecer con éxito un deslinde entre los decretos ejecutivos y los decretos delegados es dar cuenta que la reglamentación es una actividad normativa de índole secundaria, complementaria e integrativa de la ley. En cambio, la actividad normativa delegada refleja un procedimiento alternativo de construcción de normas primarias.
49. Que, sentado lo anterior, cabe dejar claramente expuesto que el constituyente no intentó crear un nuevo régimen constitucional para la delegación legislativa, ya que no deja de lado las anteriores creaciones jurisprudenciales ni modifica la doctrina elaborada desde el caso Delfino hasta llegar a Cocchia.
Por ello, en el sistema jurídico argentino, delegación y reglamentación ejecutiva son conceptos disímiles. Los reglamentos ejecutivos son normas secundarias, mientras que los reglamentos delegados son normas administrativas con rango de ley. Se insiste, la separación de los conceptos de delegación y reglamentación legislativa solamente tiene asidero si se atiende que los decretos delegados son normas primeras y los decretos ejecutivos son normas secundarias.
50. Que, en suma, la reforma constitucional crea un nuevo haz de atribuciones reglamentarias que no se encontraba previsto en la Constitución originaria, el que resulta complementario al de la delegación impropia que ya existía anteriormente y que continúa existiendo luego de la reforma de 1994.
Con sujeción a los principios hasta aquí expuestos, cabe asimismo advertir que el apoderamiento de competencias legislativas al Presidente puede hacerse por dos vías: a) Si se atribuye el poder de complementar o integrar la ley, debe hacerse con sujeción a lo dispuesto en el art. 99 inc.2 de la Constitución; b) en cambio, si se confiere el poder de dictar una norma con rango de ley debe encarrilarse en las condiciones señaladas en el art. 76 y concordantes, es decir, utilizando el nuevo sistema que incorpora la reforma constitucional.
51. Que es claro, por tanto, que para valorar los alcances de la prohibición constitucional de la delegación legislativa se debe ser muy cuidadoso en no confundir la delegación con la encomienda legislativa dirigida al Ejecutivo para la reglamentación ejecutiva de una ley, aunque ésta utilice, en sentido "impropio" el término "delégase”. Por todo ello, la esencia de la función legislativa no está en la posibilidad de incidir abstracta y generalmente sobre la esfera jurídica de los individuos sometidos a su jurisdicción. Antes bien, la nota sustantiva del régimen legislativo está ceñida por la facultad de dictar normas legales sobre materias específicas que serán normas de aplicación directa de la Constitución. Esa es la delegación que se encontraba prohibida con anterioridad a la reforma y, hoy, se permite excepcionalmente bajo las condiciones del artículo 76.
52. Que lo señalado precedentemente es de suma importancia, inclusive, para entender el encuadre jurídico de este Tribunal Fiscal de la Nación u otro al que se le haya asignado la competencia jurisdiccional. Toda vez que, una incorrecta lectura constitucional del instituto de la delegación legislativa, podría conducir a interpretar que es un tribunal administrativo de emergencia, al que se apoderó de las mismas facultades que los jueces de la Constitución Nacional y cuya continuidad en el tiempo está supeditada a sucesivas renovaciones legislativas. Y, a tales efectos, es necesario advertir que, si el legislador puede únicamente “delegar” su competencia bajo los términos estrictos del artículo 76 de la Constitución Nacional, va de suyo que no podría “delegar” la competencia constitucional de los jueces bajo estándares menos rigurosos.
53. Que en este sentido, es necesario recordar, que, si bien los tres grandes departamentos del gobierno pueden tener a su cargo el ejercicio de actividades materialmente legislativas, administrativas y jurisdiccionales, lo deben hacer en el marco de su función privativa. Por lo tanto, en cuanto aquí interesa, el órgano ejecutivo puede tener competencias materialmente legislativas, pero que no se confunden con las leyes, son actos administrativos subordinados a las leyes. Y de igual manera, los actos administrativos materialmente jurisdiccionales tampoco son sentencias en su dimensión constitucional. Así, entonces, tampoco existe propiamente una función judicial, cuando un tribunal administrativo resuelve un conflicto, con criterio neutral e independiente con respecto a la estructura jerárquica de la organización en la que se encuentra incardinado, según el sentido presupuesto del término empleado en el art. 9° de la ley de administración financiera 24.156.
54. Que, de acuerdo con estos principios sobre la materia, la actividad jurisdiccional de la administración es constitucional si no se le reconoce a los jueces administrativos un poder de idéntica clase que el atribuido a los jueces de la Constitución. Contrariamente a lo sostenido por alguno de mis distinguidos colegas de este Tribunal, el poder jurisdiccional de los vocales del Tribunal Fiscal de la Nación, ni por asomo se iguala al de los jueces que resultan nombrados luego de transitar el iter procedimental establecido en el artículo 99 inc.4 de la CNA. Es que nosotros somos simplemente funcionarios administrativos calificados, lo que no nos hace ni mejores ni peores respecto de los jueces constitucionales, asimilados a los jueces de la segunda instancia, exclusivamente, en lo que concierne a la retribución neta y régimen previsional. Asumir lo contrario implicaría que por una norma infra-constitucional se puede reformar la Norma Fundamental (razonamiento que no resiste el más mínimo escrutinio); y, aparatarse -sin explicar los motivos- de precedentes de la Corte en referencia a la exigencia de seguir el procedimiento constitucional de selección por el Consejo de la Magistratura, nominación por el Poder Ejecutivo y acuerdo por el Senado para el nombramiento o designación definitiva de jueces (Cfr. Fallos:338:1216; Fallos:330:2361 y “Recurso Salto Instancia Nº 1 - BERTUZZI, PABLO DANIEL Y OTRO c/ EN-PJN Y OTRO s/AMPARO LEY 16.986”, del 3 de noviembre de este 2020).
Efectivamente, si bien, la independencia e imparcialidad en el desempeño de la función están fuera de discusión; también es de notarse en este punto, que permitir que un burócrata técnico pueda censurar la validez de una ley del Congreso, es de una osadía impensada.
Basta reparar que, a diferencia de los jueces designados por el mecanismo constitucional, que tuvieron que pasar el filtro de la Cámara de Senadores; en cambio, ningún estamento parlamentario tomó nota de nuestras designaciones como funcionarios, habida cuenta de que el procedimiento de selección en curso meramente prevé un concurso de antecedentes y solamente fuimos interrogados superficialmente antes de asumir el cargo por funcionarios del Ministerio de Economía.
55. Que, bajo este punto de vista, debe hacerse hincapié en que, en nuestro derecho constitucional, el artículo 75 inciso 32 del Texto Fundamental confiere al Congreso poderes implícitos para regir cuestiones que no fueron previstas por el legislador constituyente. Y, en este marco, es que resultan dables las habilitaciones de competencias materialmente legislativas y jurisdiccionales a favor de organismos públicos desconcentrados y entidades descentralizadas de la administración pública. La cláusula de los poderes implícitos es la que permite la creación de tribunales administrativos, pero no se permitirá atribuirles el poder originario de los jueces.
56. Que, sobre la base de lo expuesto, cabe destacar las especiales características que posee la actividad jurisdiccional de los tribunales administrativos. En armonía con la regla del art. 109 de la Constitución Nacional, debe advertirse que toda controversia de derecho sólo puede ser definitivamente solucionada por el Poder Judicial, salvo que las leyes otorguen la posibilidad de elegir alternativamente entre acudir a la justicia o a la solución administrativa. En sintonía con lo anterior, tampoco pueden los funcionarios administrativos que ejercen funciones judiciales declarar la inconstitucionalidad de una norma ley, suponiendo que son jueces de la Constitución y brincando con juegos interpretativos la máxima que impone el sometimiento de la administración a la ley. Por ello, la administración pública, bajo ninguna de sus manifestaciones, puede derogar ni declarar inconstitucional una ley, porque está obligada a ejecutarla y cumplirla, lo que no impide que, sin perjuicio de su cumplimiento, examine la validez de estas a la luz de la Constitución y proponga por los canales del derecho, su declaración de inconstitucionalidad o su derogación, ante los órganos competentes.
57. Que, sin embargo, se advierte que la mayoría de las demandas de inconstitucionalidad no se resuelven mediante una simple operación silogística, como podría ser el establecimiento de un tributo por decreto de necesidad y urgencia, sino que demandará una ponderación de los principios aplicables a los casos sin necesidad de declarar la inconstitucionalidad de aquél que tiene menor gravitación en el caso. Entrando en la consideración del control de constitucionalidad por parte de los miembros del Tribunal Fiscal de la Nación, me afirmo en la convicción de que la limitación legal tiene relación con los casos que demandan su solución mediante una subsunción por la ausencia de complejidad sustancial y el ejercicio del control de constitucionalidad puede ser directo. En sentido concordante, cabe consignar que no son pocos los casos en que el ejercicio de los derechos plantea conflictos cuya solución hace necesaria la armonización concreta de las normas constitucionales enfrentadas, impidiéndose que se busque la efectividad de un derecho mediante el sacrificio o restricción de otro.
Así, recientemente, el pasado 30 de abril de 2020, en la sentencia dictada in re “C. J. C. c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa - Ejército s/ daños y perjuicios”, ED-CMXIX-139, Revista de Derecho Administrativo, mayo 2020 - Número 5, la Corte Suprema declaró inaplicable el régimen de ejecución de sentencias de condenas monetarias contra el Estado Nacional, regulado en el art. 22 de la Ley 23.982, respecto del crédito de una persona mayor de 70 años de edad, discapacitada, y con serios problemas de salud. Así lo hizo el Alto Tribunal al encontrar que el caso del actor no estaba exceptuado normativamente del régimen general para la cancelación de créditos no consolidados en contra de un organismo del sector público, que implica una serie de trámites y plazos de espera para su percepción, considerándose entonces en el voto principal a la situación planteada como un “caso no previsto” que, por razones de equidad, debía ser resuelto por aplicación de normas análogas. Ello así por cuanto conforme al desenvolvimiento natural de los hechos, con la espera, se estaría frustrando la sustancia del crédito del reclamante. En consecuencia, el Tribunal Cimero resolvió que esta persona no podía ser sometida a las esperas previstas legalmente, excluyéndola del régimen general para que cobrara en forma inmediata su crédito. En cuanto aquí es de específico interés, debe hacerse notar que el voto principal (suscripto por los Dres. Maqueda, Lorenzetti y Rosatti) evita expresa e intencionalmente declarar la inconstitucionalidad del art. 22 de la Ley 23.982, siquiera en cuanto a su aplicación al caso concreto. A todas luces es significativo que en este nuevo pronunciamiento el Alto Tribunal elija apartarse de la declaración de inconstitucionalidad y se incline directamente por la inaplicabilidad de la ley en el caso concreto.
En ese marco interpretativo sobre los alcances de la actividad jurisdiccional, debe considerarse que la Corte Suprema no ha hecho otra cosa que prescindir de la norma aplicable cuando conduce ocasionalmente a un resultado injusto en su aplicación concreta a un caso particular, en función de sus particularidades, a veces imprevisibles para el propio legislador. En estos supuestos, corresponde prescindir de la letra de la norma y priorizar el espíritu del legislador, resolviendo el caso como este lo hubiera hecho de haberse representado las circunstancias del mismo, aun cuando esto implique dejar de lado el texto de la previsión normativa aplicable al caso. Esto es precisamente lo que ha hecho nuestra Corte en el fallo que anotamos, al excluir al caso del art. 22 de la Ley 23.982.
Sobre la base de lo expresado precedentemente puede advertirse que no existe óbice legal alguno para que los llamados jueces administrativos puedan resolver las colisiones entre bienes jurídicos, de forma que se maximice la efectividad de cada uno de ellos. Esa situación es parte de la actividad cotidiana de los órganos jurisdiccionales, por cuanto la ponderación exige tener en cuenta los diversos bienes e intereses en juego y propender su armonización en la situación concreta, como momento previo y necesario a cualquier jerarquización o prevalencia de una norma constitucional sobre otra. Evidentemente, se pueden identificar dos soluciones contrapuestas. La ponderación no implica la eliminación del mundo jurídico sino la búsqueda de un equilibrio práctico entre las situaciones enfrentadas. Entonces, es importante mostrar que no son pocas las ocasiones en que frente a la antinomia, puede encontrarse la solución, no mediante la declaración de invalidez sino, atendiendo a las circunstancias concretas y específicas de cada caso. En esa línea, se observa que la lógica, la subsunción y el razonamiento deductivo deben interactuar con la tópica, la ponderación y el razonamiento problemático o práctico. Se trata, en definitiva, de un panorama que se condice bien con el siguiente diagnóstico de Alexy: más principios que reglas, más ponderación que simple subsunción, más jueces que legislador[25]. Y con respecto a esta cuestión, cabe destacar que el fenómeno de la derrotabilidad jurídica está más cercano a la aplicabilidad o inaplicabilidad concreta de las disposiciones, que a su validez o invalidez abstracta. Se sigue de las anteriores consideraciones, que la derrota circunstancial no implica que la norma resulte incompatible con normas supraordenadas ni por la forma ni por el fondo. De hecho, una norma derrotable suele ser una norma cuya aplicación textual la mayoría de las veces resulta válida. No obstante, se trata de una norma que, por imperio de la moral jurídica fundamental, es posible que no deba aplicarse a ciertos casos individuales subsumibles en su caso genérico.
58. Que, debido a lo expuesto, huelga decir que determinar si un mandato debe ser aplicado sin más o en la medida de sus posibilidades es una cuestión que no puede determinarse a priori, sino a la luz de los hechos, ya que en los llamados casos fáciles las normas deberían interpretarse como reglas, mientras que en los casos difíciles un mismo enunciado normativo podría ser interpretado como principio[26] imponiéndose la necesidad de conciliar la seguridad con la justicia.[27] .
59. Que, al fin de cuentas, no conozco juez que sostenga que su labor consista en ser un mero aplicador de las leyes. Siendo, como queda dicho, es innegable que la naturaleza de la lógica que emplean los tribunales está lejos de asumir una forma deductiva, sino que se exhibe bajo una perspectiva dialógica.
Sobre la base de estos datos, nos parece una metáfora adecuada la que vincula el derecho con una obra colectiva que empieza, en una sociedad política, a escribir el constituyente y termina un juez. En definitiva, el Derecho y su saber se orienta a dirigir conductas justas por medio de un proceso determinador que culmina en una definición circunstanciada y concreta sobre el estatus deóntico-jurídico de cierto comportamiento en cuanto prohibido, obligatorio o permitido.
60. Que, en esa inteligencia y como conclusión de lo expresado en los párrafos anteriores, entiendo que los arts. 1164 del C.A. y 185 de la Ley 11.683, en modo alguno lesionan la expectativa de confianza de los litigantes en obtener una declaración ajustada a derecho.
En efecto, ese valladar no cercena injustificadamente la posibilidad efectiva de los administrados de acceder de modo pleno a un órgano jurisdiccionalmente apto para reclamar el reconocimiento de derechos fundamentales en toda su extensión, a poco que se repare que, en presencia de un caso sencillo, es decir, aquel que no requiere de una interpretación sistemática y que presenta una objeción constitucional aplicable en toda circunstancia, puede recurrirse a los remedios establecidos en las leyes de procedimiento para obtener la tutela de los derechos que se dicen vulnerados. No casualmente, tras ser admitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, uno de los campos recurrentes para la proliferación de las acciones meramente declarativas ha sido el tributario. En el famoso precedente “Newland” (Fallos:310:606), la Corte declaró la procedencia formal de la acción declarativa de inconstitucionalidad y consideró que la regla solve et repete no constituía ningún obstáculo a la admisibilidad de la acción, ya que la exigencia del cumplimiento previo de lo que constituía el objeto de la disputa implicaba desconocer la esencia misma de la acción declarativa de certeza, que tiende a prevenir o evitar la consumación del daño.
Ahora bien, no me escapa que, si la inconstitucionalidad no es facial y, consecuentemente, debe estarse a las circunstancias específicas del caso, por regla general, no habrá otro camino que recorrer que el del régimen establecido en la Ley 11.683 y el Código Aduanero. Efectivamente, pueden citarse hasta el hartazgo casos en los cuales se cuestionaba la validez constitucional de un impuesto. En esos supuestos, la limitación cognoscitiva de la cuestión constitucional impuesta al Tribunal Fiscal de la Nación no es inconstitucional, por cuanto, la mera postergación del análisis judicial, no constituye una denegación del debido proceso si la oportunidad que se brinda para la determinación final de la responsabilidad resulta adecuada.
Además, insisto, para resolver un caso difícil en el que se presente una antinomia entre un derecho fundamental, como verbigracia el derecho al debido proceso, y una norma infra legal, como aquella que establece una forma determinada de computar los plazos de prescripción, no es menester la tacha de constitucionalidad para dar prevalencia al principio o derecho fundamental. Así fue que, por ejemplo, en el célebre caso Losicer, sin declarar la inconstitucionalidad de la norma que regula el plazo de prescripción, la Corte Suprema desestimó una resolución administrativa sancionatoria impuesta por el Banco Central por el hecho que no se respetó el derecho al plazo razonable, toda vez que la sanción se impuso después de haber transcurrido dieciocho años desde el acaecimiento de los hechos supuestamente infraccionales y tras quince años de haberse dispuesto su apertura del sumario.
61. Que, en suma, respecto a los poderes constitucionales del Congreso para establecer tribunales atípicos, cabe mencionar que esa atribución discrecional no puede significar que estemos dispuestos a considerar que pueden crearse tribunales inferiores de justicia que no cumplen con los requisitos de selección y remoción que los constituyentes asignaron a los miembros del Poder Judicial. No sea que, so pretexto de investir a los vocales del Tribunal Fiscal de la Nación con las ropas de los jueces que entienden en la materia contenciosa administrativa, terminemos sembrando la posibilidad de instituir tribunales administrativos- si se prefiere los llamaremos legislativos-, a la usanza de lo que sucede en algunos países europeos que son totalmente opuestos en su configuración constitucional.
62. Que, en efecto, constituye principio arquitectónico de nuestro ordenamiento constitucional aquél que consagra que ningún poder puede arrogarse mayores facultades que las que le hayan sido conferidas expresamente y que el reconocimiento de poderes implícitos, es decir, 'poderes imprescindibles para el ejercicio de los expresamente concedidos', sólo son dables cuando dichas atribuciones no han sido depositadas expresamente en rama alguna. Es claro, entonces que, según nuestra Constitución, el Poder Ejecutivo no legisla ni juzga.
63. Que, en esa inteligencia, si bien las atribuciones del Tribunal Fiscal son esenciales judiciales en su naturaleza, no se puede considerar integrante del Poder Judicial de la República Argentina. Si anteriormente pudo arribarse a la controvertida caracterización del Tribunal Fiscal de la Nación como un tribunal judicial, so pretexto de la jurisprudencia del Supremo Tribunal de los Estados Unidos[28] y la comparación simétrica entre su Constitución y la nuestra, ese intento se desvanece de un plumazo frente al específico procedimiento de selección de jueces establecido en el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional.
64. Que, por los mismos motivos, tampoco parece razonable inferir que las normas internacionales sobre derechos humanos obligan a establecer el control judicial difuso de constitucionalidad en los países signatarios[29]. Es claro, entonces que, lo que no puede invocarse con relación a los tribunales judiciales mucho menos puede exigirselo con relación a los tribunales administrativos.
65. Que, en definitiva, la llamada 'actividad jurisdiccional de la administración' no deja de ser actividad administrativa del Poder Ejecutivo y no implica una delegación propia de facultades jurisdiccionales. De lo contrario, podría inferirse equivocadamente que las competencias jurisdiccionales de este tribunal deben sujetarse a las pautas del artículo 76 de la Constitución Nacional. Al final del camino, esas premisas conducen al atolladero de dictar una sentencia sin competencia aparente para hacerlo, puesto que la supuesta legislación delegada preexistente, dejó de tener vigencia en nuestro sistema institucional.
En efecto, es imperativo tener presente que no debe confundirse la delegación propia- sujeta a los límites del artículo 76 de la Constitución Nacional- y la delegación impropia- que sigue teniendo su fundamento constitucional en el artículo 75 inciso 32-.
De todo lo antedicho cabe extraer que la summadivisio entre delegación propia e impropia, remite a la consideración de si el poder atribuido es acotado y de diferente naturaleza al que ejerce el órgano delegante, o bien tiene la misma intensidad de ejercicio, lo que permite considerarlo como una modalidad alternativa para su ejercicio. En mi lectura de la manda constitucional, el órgano ejecutivo solamente debe seguir los carriles de la delegación legislativa prevista en el artículo 76, si la atribución le permite dictar una norma con rango de ley. Y frente a ello, también está claro que la delegación propia de funciones jurisdiccionales está prohibida, por cuanto siquiera está permitida bajo las excepciones del artículo 76, toda vez que el poder que puede transferirse es el que el constituyente le otorgó al órgano legislativo y no el que pertenece al órgano judicial.
66. Que siendo entonces diversa la naturaleza de las facultades ejercidas por vía de apoderamiento legislativo, no puede encuadrarse a la enorme cantidad de leyes que fueron dictadas desde los albores de la Nación como supuestos propios del fenómeno que caracteriza a la delegación propia de facultades legislativas. En el caso, es insoslayable atender que en nuestra república se han sancionado leyes de carácter económico, tecnológico, impositivo, financiero, de fomento a determinadas actividades, etc., las cuales no regulan detalladamente la materia y los derechos individuales que están destinadas a reglamentar, sino que, por el contrario, establecen sólo "standards" o pautas genéricas.
67. Que, para dar una idea más completa de las trascendencia que tiene esta cuestión, basta imaginar la situación que se crearía en el ordenamiento jurídico argentino si, vencido el término de la delegación legislativa, toda esa legislación desapareciera por ausencia de ratificación oportuna, como también por la imposibilidad de su continuidad constitucional, so pretexto que ha perdido sentido, todo el bagaje jurisprudencial anterior a la reforma constitucional[30], en cuanto negó la procedencia de la delegación, pero aceptó que un cuerpo administrativo desarrolle o integre una ley, si el legislador define la materia que quiere regular, la estructura y sistematiza, aún si remite su aplicación concreta al juicio de oportunidad temporal o conveniencia de contenido del poder administrador[31].
68. Que vale decir, en suma, que el Poder Ejecutivo puede ser receptor de competencias legislativas por dos vías: a) Si se atribuye el poder de complementar o integrar la ley debe hacerse con sujeción a lo dispuesto en el art. 99 inc.2 de la Constitución; b) Si se confiere el poder de dictar una norma con rango de ley debe hacerse en las condiciones señaladas en el art. 76 y concordantes, es decir, utilizando el nuevo sistema que incorpora la reforma constitucional. En este orden de ideas, cabe recordar que las habilitaciones a favor de organismos públicos desconcentrados y entidades descentralizadas de la administración pública sigue encontrando fundamento en el actual artículo 75 inciso 32 (ex artículo 67. inciso 28), referido a los poderes implícitos del Congreso.
69. Que en virtud de ello, se puede afirmar que todo el andamiaje establecido para distinguir entre actividad reglamentaria y actividad delegada, propuesto con tanto ahínco por quienes atribuyen a la reforma la intención de establecer un borrón y cuenta nueva de años de jurisprudencia, se derrumba como un castillo de naipes cuando les cabe considerar la naturaleza jurídica de la actividad reglamentaria de los organismos desconcentrados y de los entes descentralizados de la administración pública[32]. Efectivamente, la tesitura no tiene forma alguna de explicar, cómo es que la delegación impropia de facultades legislativas a favor del Presidente encuadra en los artículos 76 y 100 inciso 12 de la Constitución, mientras que los apoderamientos reglamentarios a favor de los órganos desconcentrados y entes descentralizados administrativos puede hacerse por afuera de esos recaudos.
70. Que, como ya fue adelantado, frente al otorgamiento legal de facultades al órgano ejecutivo para completar o integrar la ley, no deviene aplicable sin más lo previsto en el artículo 76 de la Constitución Nacional. En primer lugar, debe destacarse que esa opción interpretativa implicaría la opción del legislador constituyente argentino por una opción de política legislativa que no tiene parangón con la idiosincrasia legislativa de nuestro medio ni con los antecedentes del derecho constitucional estadounidense ni europeo. La idea de encapsular a toda atribución de facultades reglamentarias sustantivas en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional llevaría a un desastre en el ordenamiento jurídico argentino, cuyas implicancias no podrían ser ignoradas.
71. Que, frente a una simple compulsa de la historia de la legislación argentina del último siglo, no pasa desapercibido que el principio de legalidad adquirió más bien la forma de principio, de mandato que ha de optimizarse en función de las circunstancias aplicables, que de una norma de rigurosa observancia. Como se advierte del repaso de todas esas normas, existe una notable tendencia a reconocer en los cuerpos administrativos mayores poderes para poder incidir sobre la vida ciudadana. En este punto, cabe poner de relieve que esa preferencia de política legislativa no es fruto de un capricho, sino que responde al reconocimiento explícito de que un órgano unipersonal se maneja con tiempos distintos a los que demanda el procedimiento legislativo. Se trata de una dinámica global que ha devenido en la habilitación de funciones legislativas en el Poder Ejecutivo y que ha dejado muy atrás la clásica formulación del principio de separación de poderes, en virtud de la cual resultaba necesario atribuir a cada una de las tres ramas o poderes clásicos la responsabilidad de desplegar, en forma exclusiva, sendas tareas ontológicamente distintas: la Ejecutiva, la Legislativa y la Judicial.
72. Que, conforme a lo expuesto, la interpretación aquí esbozada halla su fundamento en una realidad social que deviene insoslayable y que, además, condice el espíritu de seguir entronizando al principio de división de poderes como sustento de las instituciones políticas argentinas. Si bien, como se señaló, el poder administrador puede crear derecho por medio de disposiciones administrativas generales y particulares, la idea central que sigue en el centro de la escena es que, ese poder normativo que asiste a la autoridad administrativa, no sea parangonable al que tiene el legislador.
73. Que, en consecuencia, si bien se faculta a la autoridad administrativa a crear derecho, se advierte una clara preocupación del legislador constituyente porque siempre lo haga bajo la sombra del legislador e inclusive la reglamentación administrativa deviene inaplicable respecto de algunas materias específicas que regulan situaciones preferidas. La simple constatación de la realidad demuestra claramente que el Derecho es una obra colectiva cuyo primer impulso de juridicidad corresponde a la realidad y que sucesivamente desarrollan y perfeccionan el Constituyente, el Legislador y el Juez. Esa situación conduce inexorablemente a considerar la potestad de producción de actos normativos de efectos generales y de carácter reglamentario en órganos de muy diversa índole.
74. Que, si bien la Corte Suprema in re: “Camaronera” (Fallos:337:388)[33] ha dicho que el Código Aduanero tiene carácter de norma delegante, al encuadrar su examen en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, cabe hacer notar que, con posterioridad al fallo citado, el alto tribunal dictó pronunciamientos en los que se aplicaron las supuestas leyes delegantes y reglamentos delegados que, a la luz de esas pautas rectoras, ya no gozarían de vigencia en el sistema jurídico argentino.
75. Que, en efecto, debe traerse a consideración que la reforma constitucional de 1994 incorporó el artículo 76, que dice: "Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa".
Esta norma fue completada con la Disposición Transitoria Octava, cuyo texto es el siguiente: "La legislación delegada preexistente que no contenga plazo establecido para su ejercicio, caducará a los cinco años de la vigencia de esta disposición, excepto aquella que el Congreso de la Nación ratifique expresamente por una nueva ley".
Asimismo, en cumplimiento del mandato contenido en la Disposición Transitoria Octava fue dictada la Ley N° 25.148 por medio de la cual se dispuso en prieta síntesis: a) la ratificación por tres años (hasta agosto de 2002) de legislación delegante sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública dictada con anterioridad a la reforma constitucional de 1994, cuyo objeto no se hubiese agotado por su cumplimiento b) la reglamentación del concepto "materias determinadas de administración", contenido en el artículo 76; c) aprobar la totalidad de la legislación delegada, dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994; y d) dejar establecido que la Ley 25.148 no comprendía los reglamentos ejecutivos.
Con posterioridad se dictaron las Leyes 25.645; 25.918; 26.135 y 26.519 que, por un lado, fueron prorrogando el plazo originalmente establecido en la ley 25.148 y, por el otro, generaron nuevas ratificaciones de la legislación delegada, con excepción de la Ley 26.519.
76. Que indudablemente si -como lo sostiene la Corte Suprema en “Camaronera”- el Código Aduanero es una ley delegante, cabe concluir que, al igual que otras leyes delegantes previas a la reforma, su vigencia en ningún caso podría ir más allá del 24 de agosto de 2010, por cuanto expiró el plazo de gracia establecido en la ley 26.519.
Inclusive, por aplicación de ese criterio, pienso que las circunstancias conducen a considerar que, en rigor de verdad, la desaparición operó con la sanción de la reforma constitucional, por cuanto ninguna norma que delegaba facultades legislativas era constitucional ni podía sobrevivir a la sanción constitucional. Pero, como se dijo, podría entenderse que la legislación sin capacidad de superar el umbral del artículo 76 de la Constitución, dejó de pertenecer al mundo jurídico argentino al expirar el plazo fatal establecido en la cláusula transitoria octava, es decir, el 24 de agosto de 1999. Al fin, y al cabo, la única legislación que se mantuvo en pie por medio de la ley 25.148 es la legislación que versaba sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública dictada con anterioridad a la reforma constitucional de 1994, cuyo objeto no se hubiese agotado por su cumplimiento. El resto de la supuesta legislación delegante preexistente no fue ratificada, ni podría habérselo hecho en contravención a los límites previstos en el artículo 76 citado.
77. Que, en las condiciones indicadas, la aplicación de la doctrina expuesta en el caso “Camaronera”, en cuanto se apoya en una interpretación amplia del instituto de la delegación legislativa, puede significar, cuanto menos, la desaparición de una cantidad de leyes que se vienen aplicando sin validez constitucional. Así, sin ir muy lejos, puede traerse a colación, el caso de cualquier ley penal en blanco, ya sea que se interprete que la Ley 25.148, exclusivamente, ratificó las leyes que disponían delegaciones sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública emitidas con anterioridad a la reforma constitucional de 1994, o bien porque con posterioridad al 24 de agosto de 2010, no se produjo la renovación recurrente de ese plexo de normas.
78. Que, en ese orden de ideas, no se requiere un mayor esfuerzo expositivo para concluir que si el artículo 755 del Código Aduanero es una ley delegante, también deben serlo, por ejemplo, las leyes penales en blanco, por su condición de preceptos incompletos, que necesariamente deben ser completados con otras disposiciones legales, decretos y/o reglamentos a los cuales queda remitida la ley penal. Estos decretos o reglamentos serían “delegados”, al fijar, en el fondo, el alcance de la ilicitud sancionada. En ese sentido, debe tenerse presente que, bajo esa comprensión constitucional del instituto de la delegación legislativa, por ejemplo, el Régimen Penal Cambiario resultaría actualmente inaplicable por las razones expresadas precedentemente.
79. Que, en efecto, la conclusión reconoce su fundamento en lo argumentado y concluido en la causa “Camaronera”, en que la Corte consideró que le era aplicable la citada cláusula transitoria octava, a la reglamentación administrativa por la que se dispusieron derechos de exportación. En función de ello, cabe consignar que en el marco de dicha disposición constitucional solamente puede aprobarse la legislación que delega facultades en materia administrativa. Desde ya, en ese entendimiento de la cuestión, ninguna de las leyes que se dictaron en el marco de dicha disposición constitucional (25.418, 25.645, 25.918, 26.135 y 26.519) habría podido prorrogar ninguna ley penal, tributaria, aduanera u otra índole que sea ajena a la materia administrativa prevista en el artículo 76 de la Constitución Nacional, ni aprobar la reglamentación dictada a su amparo con efectos retroactivos.
80. Que esa interpretación de la cláusula constitucional en cuestión supone otro gravísimo inconveniente, puesto que, el encuadramiento de la atribución de poderes reglamentarios en los artículos 76 y 100 inc. 12 de la Constitución, traería aparejada la eliminación de la costumbre que el Congreso desarrolló en el pasado de efectuar habilitaciones legislativas en organismos y entes de la administración central, descentralizada o autárquica. En ese sentido, debe tenerse presente que no existe administración gubernamental que concentre todas las potestades normativas de los cuerpos administrativos en el Presidente. Al unísono, tampoco existe modelo alguno que limite las potestades reglamentarias a la materia administrativa o la existencia de una emergencia. Por el contrario, los regímenes legislativos contemporáneos revelan una burocracia administrativa que se extiende a los ámbitos más variados del quehacer social. Inclusive el constituyente de 1994 no fue ajeno a esa exigencia, ya que exigió la creación de entes descentralizados a los que se encomienda con carácter permanente la regulación y control de los servicios públicos.
La experiencia de más de cien años en la práctica de nuestras instituciones también demuestra que el Congreso ha sido muy parco en el ejercicio de su facultad de legislar el comercio exterior; y en lo que al caso interesa, es decir, al establecimiento de derechos aduaneros, siempre ha necesitado de una actuación complementaria de los órganos administrativos. Todo ello demuestra que se compadece más con una interpretación finalista, admitir la posibilidad de habilitación reglamentaria, por la vía del artículo 99 inc.2 de la Constitución Nacional o por la del 75 inc.32, a la hipótesis de hacerlo exclusivamente por medio de lo reglado en el artículo 76.
Por esa razón, es de rigor señalar que no puede conferirse a la función legislativa la facultad excluyente de emitir normas de alcance general, ya que ello significaría retornar a un criterio organicista y subjetivo, es decir, un criterio que la realidad demuestra insuficiente para identificar a las funciones actuales de legislación y administración en el gobierno. Y por cierto, tal conclusión es tributaria de una regla de interpretación constitucional que indica que debe darse preeminencia a los fines de la ley, al conjunto armónico del ordenamiento jurídico y a los principios fundamentales del derecho. Es que, cuando la inteligencia de una norma basada exclusivamente en la literalidad de sus términos conduce a resultados que sean adversos a sus fines o provoque consecuencias notoriamente injustas, es posible arbitrar otras de mérito opuesto, lo cual resulta compatible con el fin común tanto de la tarea legislativa como de la judicial (doctrina de Fallos: 300: 417; 302: 1209, 1284)
81. Que a lo precedentemente expuesto no escapa la situación planteada en el sub lite, pues podría afirmarse sin hesitación alguna que hay cientos de leyes que confieren atribuciones normativas en distintos cuerpos administrativos y miles de reglamentos que disciplinan nuestra vida diaria. Cabe destacar muy especialmente que un temperamento que considere encuadrable la situación en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional y la Ley 26.125, pone en dudas la vigencia y la constitucionalidad de ese abanico de normas. Para peor, atento a la caducidad de la “legislación delegante”, encontrándose vencido el plazo establecido en la Ley 26.135, ninguna de las leyes que delegaban competencias en materia administrativa permanecería en vigor y todas las normas dictadas a su amparo carecerían de causa suficiente.
82. Que, en esa inteligencia, cualquier intento de analizar la normativa constitucional e infraconstitucional vigente a este respecto, de espaldas a la realidad, resultará no solamente infructuoso, sino, incluso, pernicioso desde el punto de vista teleológico: normas que no se ajustan a necesidades reales, interpretaciones divorciadas de lo que las circunstancias fácticas reclaman están condenadas a ser letra muerta. Esto es lo que columbró como tensión dialéctica entre la realidad y el derecho[34], puesto que éste debe nacer de aquélla para ordenarla, sin degradarse a retrato ni a fantasía. Lo que es aparece entonces como la raíz y al tiempo el fruto de lo que debe ser. El Estado moderno, ya desde mediados del siglo XIX en los países centrales, es por antonomasia administrador, burocrático, profesionalizado; servido por una clase universal que posteriormente, en los años del Estado de Bienestar, ganó dramáticamente en volumen y complejidad.
83. Que, en esa comprensión del asunto, es imperioso resolver a favor de la interpretación tradicional de la Corte Suprema que siempre ha encontrado fundada la delegación impropia de facultades legislativas en el art. 86, inc. 2° (hoy 99 inc.2), de modo tal que, en realidad, a estar a nuestra jurisprudencia, no existiría en el derecho argentino la categoría de reglamentos delegados sino, simplemente, la de reglamentos ejecutivos.
84. Que, el contexto descrito, la especial trascendencia de la materia examinada así como elementales razones de seguridad obligan a rechazar cualquier inteligencia del artículo 76 de la Constitución Nacional que lleve a obstruir o paralizar el ejercicio de la potestad reglamentaria. Debe tenerse en cuenta la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, sobre el punto. En Delfino, una Corte Suprema de Justicia que conservaba mucho de liberalismo puro, netamente decimonónico, reconoció al P.E.N. una facultad meramente reglamentaria que se deducía sin esfuerzo del por entonces 86 inc. 2°; con Mouviel, en el brillante dictamen del Dr. Sebastián Soler, se negó al Poder Ejecutivo toda facultad en la arena penal, erigiendo así una muralla infranqueable al poder administrador; en Prattico y Cocchia, se rindió homenaje a la realidad que imponía el impulso certero de la administración, no como antaño en el detalle y el pormenor sino en una sustancialidad guiada ya por la explícita base legislativa, ya por la directriz implícita de un programa de gobierno emanado de los órganos representativos. Se trata, para algunos, de una secuencia que esculpió el sistema del que habría sido un hito más, maguer que culminante, la reforma constitucional de 1994; quienes disienten afirman que ésta vino a cercenar los abusos o deshacer los entuertos a que una redacción de la Carta Magna devenida insuficiente había dado lugar, con lo que habría quedado en el camino la añosa construcción jurisprudencial mentada.
85. Que, a fin de cuentas, la herramienta de gobierno que aquí nos ocupa, junto con otras, está íntimamente vinculada con el proceso descripto; de hecho, a él debe su existencia. Todo lo que se ha dado en llamar Delegación Legislativa no es sino la traducción jurídica de la necesidad política de encomendar a cuerpos especializados la regulación de áreas técnicas que por su propia naturaleza rehúsan verse sujetas a las veleidades deliberativas de órganos colegiados como son los Parlamentos. Al respecto del asunto, ha dicho el Juez Antonin Scalia, de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que: "la delegación amplia (...) es el sello distintivo del Estado administrativo moderno"[35]9. Las divergencias aparecen cuando es menester reconciliar este sustrato fáctico con un texto constitucional aparentemente ideado para limitar el fenómeno enunciado; diferendos de este tenor surcan la doctrina y jurisprudencia nacional e internacional.
86. Que, por ello, a la sazón son estériles los esfuerzos doctrinarios por establecer diferencias sustantivas entre la actividad legislativa y la reglamentaria. Los autores que predican esas diferencias no alcanzan a comprender que no pueden existir diferencias ontológicas entre ambas fuentes, si se aprecie que el reglamento por antonomasia es una norma secundumlegem.
87. Que ello sentado, pondero que existen razones significativas para reconsiderar la cuestión y apartarse de la doctrina jurisprudencial establecida en el caso “Camaronera” (Fallos: 337:388). Pareciera que, de acuerdo con la doctrina del caso citado, en prieta síntesis, los otrora reglamentos ejecutivos sustantivos son reglamentados delegados, de tal suerte que su dictado debe subordinarse a los requisitos del artículo 76 de la Constitución Nacional.
Cabe destacar muy especialmente que no es argumento sostener que la ley habilita a la autoridad administrativa a regir situaciones que son competencia legislativa. Si toda habilitación de competencias legislativas a favor del Ejecutivo, reconoce su génesis en el instituto de la delegación legislativa, debería ponerse en tela de juicio la constitucionalidad de la atribución reglamentaria a organismos administrativos para reglar cuestiones vinculadas a facilitar la ejecución de la ley, por cuanto en esos casos también existe participación de la autoridad administrativa respecto de situaciones cuyo tratamiento es resorte primario del legislador.
En fin, esa tesitura no advierte que solamente existe una verdadera delegación en los casos en que se confía al Presidente un poder de iguales características que el atribuido al Congreso, pero no así, cuando se le confía una participación en el proceso de construcción de las reglas de derecho. De conformidad con esas pautas, el otorgamiento de facultades a favor del Presidente para completar un mandato legislativo no necesariamente importaría el ejercicio de la función legislativa, porque lo que el Parlamento le autoriza a hacer, nunca importa transferirle la facultad de crear situaciones de 'novedad jurídica'.
Según lo estimo, la mayor reglamentación es siempre reglamentación, condicionada por el plano subordinante de la legislación --no obstante que éste sólo suministre criterios generales destinados a ser llenados y determinados en concreto [36].
88. Que, en las condiciones indicadas, la aplicación de la doctrina expuesta anteriormente, lleva a sostener como posible o viable una hermenéutica según la cual el término "delegación legislativa" del art. 76 de la Constitución se tome como aludiendo a la "delegación propia", siendo entonces a este tipo de delegación a la que prohíbe por vía de principio y permite excepcionalmente.
En otras palabras, la reforma habría incorporado un nueva facultad presidencial y, a la vez, mantenido la tesis originaria de la Corte Suprema, permitiendo genéricamente la "delegación impropia" con fundamento en lo dispuesto en los arts. 99 inc.2 y 75 inc.32 de la constitución. Si así no fuera, nos encontraríamos con la imposibilidad de conciliar el art. 76 con los artículos referidos, toda vez que, por añadidura, toda norma abstracta y de carácter general importaría el ejercicio de una atribución cuyo tratamiento es resorte primario del legislador y, de allí, podría interpretarse que el Poder Ejecutivo no podría en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones reglamentarias ya que tienen carácter legislativo.
Por ello, es de rigor, establecer con absoluta claridad la diferenciación entre los reglamentos delegados y los decretos reglamentarios de las leyes. La delegación de competencias legislativas importa crear la ley; la reglamentación que hace el poder ejecutivo implica dictar una norma secundaria, no necesariamente limitada a modelar pormenores y detalles para efectivizarla.
Con sustento en las consideraciones efectuadas, no cabe sino concluir en la conveniencia de volver a la jurisprudencia tradicional de la Corte Suprema y dejar de lado la doctrina recaída en el caso “Camaronera”.
89. Que el retorno a la doctrina tradicional lleva a concluir que el decreto no ha excedido los límites de su competencia al fijar, hasta el 31/12/2020, un derecho de exportación del 12% para la exportación a consumo de todas las mercaderías comprendidas en las PA de la NCM fijándose un tope de $4 o $3 por cada dólar estadounidense del valor imponible o del precio oficial FOB, según corresponda 90) Que por lo demás y como argumento complementario, vale detenerse en que, ni los decretos ejecutivos ni los decretos delegados, necesitan de una ratificación ulterior para gozar de los atributos de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria de los actos de naturaleza normativa. Respecto de esa última consideración, no puede pasar desapercibido que en el fallo “Camaronera”, la objeción constitucional relativa al ejercicio de la facultad reglamentaria tuvo andamiaje durante el lapso temporal comprendido entre el 05.03.02 (fecha en que entró en vigor la resolución cuestionada en esos actuados) y el 24.08.02, momento a partir del cual rigió el art 3 de la Ley 25.645 que ratificó la Resolución (MEI) 11/02, otorgándole a las alícuotas que fija rango legal. Esta doctrina resultaría inaplicable al sub judice en mérito a la sanción de la Ley 26.122, que regula, con rango de ley constitucional, el control legislativo de los reglamentos delegados –además de los DNU y veto parcial de leyes-. De la diferencia expuesta deriva que, desde el año 2006, los supuestos reglamentos delegados dictados en la materia aduanera, no encontrarán norma de rango legal alguno que subsane la objeción constitucional establecida por la Corte Suprema en el caso “Camaronera Patagónica”, cuya aplicación analógica pretende la actora.
91. Que las razones expuestas son suficientes por sí solas para dar cuenta de la gravedad del problema, pero parece oportuno en esta ocasión abarcar otros aspectos que no fueron tenidos en cuenta por la Corte Suprema. Por una parte, el sustento del fallo “Camaronera” finca en la violación de la reserva de ley, al no encontrarse una norma con rango de ley que ponga coto a la norma tributaria delegada dictada por el PEN y, por el otro, la posibilidad de subsanar el vicio de origen mediante la ratificación legislativa.
92. Que, ahora bien, en tales condiciones, admitido que se trataba de un asunto de naturaleza tributaria, lo cierto es que las Leyes 25.148, 25.645, 25.918 y 26.135, que sucesivamente fueron innecesariamente aprobando los reglamentos delegados, debieron ser sancionadas con sujeción a un procedimiento específico: el del artículo 51 de la Constitución Nacional Argentina. Todo ello llevaría a una impactante conclusión: desde la re- implementación de los derechos de exportación en el año 2002, se estarían percibiendo a extramuros de la Constitución Nacional. Ello así, porque si el Código Aduanero es legislación tributaria delegante resultaría ajena por su naturaleza al instituto de la delegación legislativa previsto en el artículo 76 de la Carta Magna y siendo que ninguna de las leyes que aprobaron los reglamentos delegados tributarios fue precedida del procedimiento específico y complementario del principio de reserva de ley. 93) Que, en suma, el ejercicio de la potestad reglamentaria en materia aduanera no resulta ajena a la evolución de la jurisprudencia que viene dándole su significado al artículo 86 inc.2 (hoy 99 inc.2) de la Constitución Nacional. Con particular referencia a la materia aduanera, en el caso "Laboratorios Anodia"[37], en el cual se cuestionó la constitucionalidad de la delegación para el establecimiento de las llamadas "retenciones cambiarias" sobre las exportaciones, establecidas por decretos leyes del gobierno del general Aramburu en el año 1958, la Corte Suprema citó al menos tres casos de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Estados Unidos que admitían el criterio que allí se sustentaba[38].
94. Que, en este orden de ideas, cabe recordar que la línea jurisprudencial generada en esta materia a partir del caso "Laboratorios Anodia" fue tenida en cuenta al sancionarse el Código Aduanero[39]. Entonces, como se ha dicho, antes de la reforma constitucional de 1994, la Corte Suprema argentina había admitido la validez de normas, similares a la del art. 755 del Código Aduanero, sosteniendo que la facultad para su dictado no constituía una delegación propiamente dicha, sino una modalidad del poder reglamentario contemplado en el art. 99 inc. 2 (ex art. 86 inc. 2), CN[40]. Añadiéndose que "no existe reparo constitucional en que las atribuciones especiales que el Congreso otorgue al Poder Ejecutivo para dictar reglamentos delegados o de integración puedan ser subdelegadas en otros órganos o entes de la Administración Pública, siempre que la facultad se halle contemplada en la ley"[41].
Es entonces, en la naturaleza diversa de la tributación aduanera, en donde anida la posibilidad de admitir la delegación impropia de las facultades reglamentarias en el establecimiento de elementos esenciales de la obligación contributiva. Como resulta de los antecedentes expuestos, el Principio de Reserva Legal referido a la intervención del Poder Legislativo en la aplicación de los tributos al comercio exterior y, particularmente, en la modificación de las alícuotas del arancel aduanero no tiene la inflexibilidad que adquirió en otros ámbitos de la imposición[42]. Ha de advertirse, en consecuencia, que, los antecedentes históricos, las razones de política de comercio exterior expresadas por la doctrina especializada tanto nacional como extranjera, así como la solución que emerge en forma generalizada del derecho comparado, abonan claramente la necesidad de prever la delegación legislativa a favor del Poder Ejecutivo cuando se trata del gobierno del arancel aduanero.
No en vano, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, refiriéndose a este tipo de situaciones, expresó que, "tratándose de materias que presentan contornos o aspectos tan peculiares, distintos y variables, que al legislador no le es posible prever anticipadamente la manifestación concreta que tendrán en los hechos, no puede juzgarse inválido, en principio, el reconocimiento legal de atribuciones que queden libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo, siempre que la política legislativa haya sido claramente establecida", añadiendo luego que "...en tales supuestos, ese órgano no recibe una delegación proscripta por los principios constitucionales, sino que, al contrario, es habilitado para el ejercicio de la potestad reglamentaria que le es propia (art. 86 , inc. 2 [hoy art. 99 , inc. 2], CN.), cuya mayor o menor extensión depende del uso que de la misma potestad haya hecho el Poder Legislativo (Fallos 148:430 , consids. 12 y 15; 199:483, consid. 11 y otros)"[43].
95. Que, de todos modos, aún cuando no se compartiese todo lo anterior, cabe advertir que el actor para poder cuestionar la aplicación del decreto 793/18 a una operación concretada durante su vigencia, debió haber también impugnado expresamente por inconstitucional al 82 de la ley 27.467, en cuanto por él el Congreso de la Nación mantuvo expresamente la validez y vigencia de aquel sin limitación temporal alguna.
Que cabe señalar que en mismo sentido que la presente me expedí, entre otras, en la causa EX-2020-15395348- -APN- SGASAD#TFN, de igual carátula que la presente, que tramitó ante la Sala “G” de este Tribunal.
Que, en virtud de todo lo expuesto, voto por:
Confirmar la Resolución RESOL-2020-17-E-AFIPADCAOL#SDGOAI (AD CAOL), dictada por el Administrador de la División Aduana Caleta Olivia en la Actuación SIGEA n° 19144-11253-2019. Costas por su orden en atención a la existencia de jurisprudencia contradictoria sobre el tema.
[1] Véase sobre esto último la doctrina del precedente de Fallos: 319:3400, en especial, su considerando 9. [2] De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, el Poder Ejecutivo nacional tiene vedado establecer tributos aún por la vía extraordinaria de los decretos de necesidad y urgencia, toda vez que el art. 99, inc. 3° de la Ley Fundamental le prohíbe, en forma terminante, emitir este tipo de disposiciones cuando se trate -entre otras de la materia tributaria. El Tribunal aplicó lo prescripto por esta norma en los conocidos precedentes de Fallos 318:1154 y 319:3400 ("Video Club Dreams" y "La Bellaca SAACIF", respectivamente).
[3] Fallos, 148:430.
[4] Y a ello cabe agregar que ha sostenido más recientemente la Corte Suprema norteamericana, a través del voto del juez Scalia, en la misma dirección, que ella “no ha tenido éxito al tratar de trazar la línea que separa el otorgamiento adecuado de poderes del Congreso al Ejecutivo de una delegación inconstitucional de facultades legislativa, de hecho tiene razón Schoenbrod cuando piensa que hace tiempo hemos dejado de intentarlo”, caso Printz, 521 US 898 (1997).
[5] Fallos: 248:482; 303:245; 305:134; 312:912; 316:2329, entre muchos otros.
[6] Fallos:331:2406, del 4-11-2008. En lo sustancial, allí se discutía si un decreto delegado podía eximir a los abogados del Estado de contribuir al sostenimiento de la colegiatura. La Procuradora circunscribió la situación de autos a la doctrina de Fallos:319:676. Consideró que la naturaleza tributaria de la dispensa fulminaba la validez del decreto delegado. La Corte Suprema siquiera trató esa argumentación y centró su atención en la conformidad del reglamento delegado con la ley delegante.
[7] Cfr. Voto del doctor J.M. Soria in re: “Transportadora de Gas del Sur”, Expte. N° 38.422-A, de fecha 30/10/2019). [8] El Congreso –que es el primer intérprete de la Constitución– ha enumerado, en la Ley 25.148, art. 2º, estas “materias determinadas de administración” como todas aquellas que se vinculen con las siguientes: “a) La creación, organización y atribuciones de entidades autárquicas institucionales y toda otra entidad que por disposición constitucional le competa al Poder Legislativo crear, organizar y fijar sus atribuciones.Quedan incluidos en el presente inciso, el correo, los bancos oficiales, entes impositivos y aduaneros, entes educacionales de instrucción general y universitaria, así como las entidades vinculadas con el transporte y la colonización; b) La fijación de las fuerzas armadas y el dictado de las normas para su organización y gobierno; c) La organización y atribuciones de la Jefatura de Gabinete y de los Ministerios; d) La creación, organización y atribuciones de un organismo fiscal federal, a cargo del control y fiscalización de la ejecución del régimen de coparticipación federal; e) La legislación en materia de servicios públicos en lo que compete al Congreso de la Nación; f) Toda otra materia asignada por la Constitución nacional al Poder Legislativo, que se relacione con la administración del país”. [9] Como se ha dicho, el art. 755, CA. faculta al Poder Ejecutivo para que establezca o modifique los derechos de exportación. En su apart. 2 establece las finalidades que, de conformidad con la línea jurisprudencial de la Corte Suprema antes mencionada, habilitarían la delegación de los "pormenores" en el Poder Ejecutivo. Basta con detenerse en el inc. b del apart. 2, que establece como finalidad vinculante el "ejecutar la política monetaria, cambiaria o de comercio exterior", para advertir que la habilitación para que el Poder Ejecutivo imponga, elimine o modifique los derechos de exportación es de tal amplitud que desnaturaliza las limitaciones que la doctrina judicial ha establecido.
[10] El sistema de reserva de ley atenuada, flexible o relativa, lo adoptan, entre otros, los textos constitucionales de Italia, España y México. Las notas comunes de esta innovación —salvo cuando se han seguido cursos de acción de hecho, han sido sistematizadas por Ramón Valdés Costa de la siguiente forma: "1) el desplazamiento de la competencia legislativa del Parlamento al Poder Ejecutivo está organizado a nivel constitucional; 2) tiene carácter excepcional; 3) está limitada en cuanto al tiempo y a la materia; 4) está subordinada al Poder Legislativo, ya sea por la vía de la autorización o la ratificación; 5) los instrumentos jurídicos son: la delegación de competencias hecha por los parlamentos, que es el más utilizado, y los decretos-leyes (o medidas provisorias) dictados por el Poder Ejecutivo por propia iniciativa.
El primero encuentra su fundamento en la supuesta superioridad técnica de la administración, y el segundo, en las razones de urgencia que actúan en algunos tributos en determinadas circunstancias" (VALDES COSTA, Ramón: Instituciones de derecho tributario, capítulo IV: "El principio de legalidad", sección segunda: "El derecho comparado", § 28: "La delegación de competencia legislativa" subparágrafo 28.1.: "Características en el Estado contemporáneo", pág. 165, Depalma, Buenos Aires, 1992). Entre estos sistemas de reserva de ley tributaria ex novo, la Constitución de la República Italiana de 1947, prevé en su art. 23: Ninguna prestación personal o patrimonial puede ser impuesta, si no es con arreglo a la ley.En términos semejantes, la Constitución española de 1978 consagra por el art. 31.3.: Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. [11] Fueron hechos del caso "Delfino": la ley 3.445, sancionada en 1896, había otorgado el poder de policía de los mares, ríos, canales y puertos nacionales, a la Prefectura General de la Nación, perteneciente al PEN.
Su art. 3° facultó a la Prefectura a juzgar las faltas a las ordenanzas policiales cuando la pena no excediera de un mes de arresto o multa de $100, entre otras, hasta tanto se sancionara el Código de Policía Fluvial y Marítima. En virtud de esa ley, la Prefectura dictó el Reglamento del Puerto de la Capital, cuyo art. 43 prohibió a los buques arrojar objeto alguno en el interior del puerto. Los agentes del barco alemán "Bayen" violaron esas normas; por ello la Prefectura aplicó multa de $50, prevista por el art. 117 del citado Reglamento. Los agentes sostuvieron la inconstitucionalidad de esas normas, por estimar que constituían una delegación de facultades legislativas, violatoria de los arts. 18, 67, incs. 11 y 12 (actual art. 75, incs. 12 y 13) y 86, inc. 2 (actual art. 99, inc. 2) de la Constitución nacional.
El Alto Tribunal estableció que el Congreso no puede delegar en el PEN (ni en ningún departamento de la administración) atribución o poder alguno que la Constitución ha conferido al Congreso de modo expreso o implícito: consideró que ni la ley 3445, ni los artículos cuestionados por los agentes multados, eran incompatibles con esta regla, pues entendió que el Poder Legislativo había llamado al PEN a ejercitar sus potestades reglamentarias (art. 86, inc. 2; actual 99, inc. 2) y que el PEN había obrado en consecuencia de ese texto constitucional. El límite resultante del art. 86, inc. 2, consistía en no alterar el contenido de la ley. Los jueces consideraron que los arts. 43 y 117 del mencionado decreto revestían el carácter de contravención de policía comprendida dentro de los fines generales de la ley 3445, por lo que no alteraban su espíritu, y constituían el ejercicio legítimo de la facultad de reglamentar conferida al PEN por la Constitución Nacional.El Alto Tribunal creó, de ese modo, el siguiente test constitucional para la delegación legislativa: "Existe una distinción fundamental entre la delegación de poder para hacer la ley y la de conferir cierta autoridad al Poder Ejecutivo, o a un cuerpo administrativo, a fin de reglar los pormenores y detalles necesarios para la ejecución de aquélla.
Lo primero no puede hacerse, lo segundo es admitido".
[12] Nuestro Alto Tribunal cita el voto del juez John Marshall —quien presidiera la Suprema Corte de Justicia estadounidense desde 1801 a 1835—, dado en el fallo "Wheaton" (10, Wheaton, 1, 43), del siguiente modo: "No ha sido definitivamente trazada la línea que separa los importantes asuntos que deben ser regulados por la legislatura misma, de aquéllos de menor interés acerca de los cuales una provisión general puede ser hecha, dando facultad o poder a los que deben cumplirlos bajo tal general provisión para precisar los detalles. La diferencia entre los departamentos es ciertamente que la legislatura hace la ley, el ejecutivo la ejecuta y el Poder Judicial la interpreta, pero quien hace la ley puede delegar algo a la discreción de los otros departamentos y el límite preciso de este poder es materia de delicada investigación".El Alto Tribunal cita también parte del voto de la mayoría de la Suprema Corte de Justicia estadounidense en el precedente "Union Bridge Company" (204 US 364), donde se dijo: "Negar al Congreso el derecho de delegar el poder para determinar algún hecho o estado de cosas de las cuales depende la fuerza de sus sanciones, sería parar la máquina del gobierno y producir [...] parálisis en el campo de las necesidades públicas".
[13] Cfr. CS, Fallos:151:5.
[14] Cfr. CS, Fallos, 246:345, sentencia del 20 de mayo de 1960.
[15] Cfr. CS, Fallos: 316-2624, 2/12/1993.
[16] En términos parecidos, pero refiriéndose al derecho español, el Tribunal Supremo reconoce que «el tema de la potestad reglamentaria de la Administración ha sido y es uno de los más complicados del Derecho Administrativo en general y del español en particular y ello antes como después de la Constitución de 1978...». Los autores españoles admiten igualmente que la Constitución dista de haber dejado definitivamente clarificado el ámbito y los límites de la potestad reglamentaria. STS de 16 de diciembre de 1986 (R. Ar. 8111).
[17] Al respecto, es suficiente con reparar en toda la legislación administrativa concerniente a la prestación de los servicios públicos o vinculados al cumplimiento de los deberes de colaboración en la obtención de información tributaria relevante. Véase, por ejemplo, lo relativo a las resoluciones administrativas que exigen a los responsables de las obligaciones tributarias que lleven en debida forma determinada documentación. Cabe señalar que la exigencia es de la misma naturaleza que la dispuesta en el artículo 43 del Código de Comercio en cuanto establece la obligación de los comerciantes de llevar libros los cuales deben reflejar en forma clara verídica y exacta la situación patrimonial y financiera del comerciante, como así también la evolución de sus negocios (artículo 51 y 52 del Código de Comercio).
[18] En efecto, quienes consideran que toda atribución de competencias legislativas debe hacerse bajo los parámetros del artículo 76, ya no tienen posibilidad alguna de justificar con éxito la asignación de competencias reglamentarias a los cuerpos administrativos en razón de los poderes implícitos del Congreso de la Nación. (art. 75 inc.32, Constitución). Ello así, máxime que no puede reconocerse el ejercicio de esa clase de poderes cuando expresamente el constituyente habría considerado una solución contraria. El resultado de esa interpretación conduciría al absurdo de que en lugar de producirse una desconcentración del poder presidencial, en rigor, todos los reglamentos deberían ser preparados por los órganos auxiliares de la administración pública y refrendados por el primer magistrado. Así las cosas, antes que producirse una desconcentración y minoración del poder presidencial, se produciría el efecto contrario, habida cuenta de que se vería obligado a emitir todas las normas administrativas secundarias a las leyes, vaciándose así de contenido prácticamente la actividades de los distintos ministerios, secretarías, del Banco Central, de la AFIP, de la ANSES, de los entes reguladores, de las personas públicas no estatales, etcétera.
[19] Puede leerse: “En particular, la cuestión de la delegación legislativa provino, en el tratamiento preconstituyente, del Dictamen de la Comisión de Reforma Constitucional de la UCR, del 18 de febrero de 1988 – en punto 2 denominado “Reformas al Congreso de la Nación y al trámite legislativo”- que propuso “permitir la delegación en el ejecutivo de facultades legislativas en materias que requiriesen alta especialización técnica”, y del tercer documento de la Comisión de Juristas del PJ, del 2 de junio de 1992 –en punto 8.15, incluido en “Atribuciones del Congreso”- que aconsejó admitirla en materias determinadas de administración o emergencia pública, con fijación de plazo para su ejercicio y con control parlamentario directo8. Al referirse García Lema a la delegación legislativa, como miembro informante del proyecto de mayoría ante la Comisión de Coincidencias Básicas de la Convención Constituyente, sostuvo que para la redacción de las normas se siguieron los principios que rigen la delegación en los EE.UU., donde se reconoce que el Congreso debe definir la materia de la delegación, un estándar –intelligible standard– como patrón o criterio para guiar al organismo administrativo al cual transfiere facultades; dura un tiempo limitado, pasado el cual las facultades concedidas son recuperadas por el Congreso, de forma tal que la delegación legislativa es siempre por materias o plazos determinados; se faculta al Jefe de Gabinete a refrendar estos decretos y sujetarlos al contralor de la Comisión Bicameral Permanente. Respecto a la cláusula transitoria expresó que fue habitual, en especial durante los gobiernos de facto (aunque también se realizó durante gobiernos constitucionales), dictar leyes o decretos-leyes que delegaban al Poder Ejecutivo o a organismos de su administración, el ejercicio de competencias legislativas, sin plazos para su ejercicio, cuyo uso por la administración se convirtió en una práctica, las cuales debían ser examinadas para corroborar su adecuación y pautas establecidas por el que fue luego artículo 76 de la Constitución.
[20] Ciertamente, cuando los tribunales de Estados Unidos se refieren a la delegación de facultades legislativas como el poder conferido para "llenar los vacíos" de las leyes -implementándolas de forma razonable, sin alterar el propósito buscado por el legislador, plasmado en un 'criterio inteligible'- en realidad se ocupan de la potestad reglamentaria que nuestro presidente posee por imperio del art. 99 inc. 2 (anterior 86, inc. 2), de las cuales el Jefe de Estado de aquel país carece.
[21] Cfr. CS in re “Carmelo Prattico c. Basso y Cía” (Fallos: 246:345).
[22] Cfr. CS, Fallos, 265:336.
[23] Cfr. CS, Fallos, 214:436.
[24] En sentido contrario señala a este respecto María Angélica Gelli que con la CT 8º “reconoció la existencia de delegaciones en el sistema jurídico argentino”, en “Cuestiones de la delegación legislativa”, ED, 182-1277. Sostiene Alberto Bianchi que “se pretendió también por medio de la disposición transitoria octava, que el Congreso reasumiera los poderes delegados en el Presidente, la Administración Pública y todo otro ente u órgano al que le hubieran sido transferido facultades legislativas propias y determinara cuáles serían convalidadas expresamente y cuáles no”, BIANCHI, Alberto, “Toda la legislación delegada está por caducar: ¿qué hacemos con la disposición transitoria octava?”, ED, 182-1272. [25] Cfr. ALEXY, Robert, El concepto y la validez del Derecho, 2da. edición, traducción de J. Seña, Gedisa, Barcelona, pp. 159 - 161. [26] Cfr. BERNAL, Carlos, El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2003, págs. 588 y ss. [27] Cfr. ZAGREBELSKY, Gustavo, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, Ed. Trotta, Madrid, 2003, 5ª ed., ps. 111-118. [28] Cfr. In re; “FREYTAG ET AL. V. Comissioner of Internal Revenue”, 501 U.S. 868 -1991”.
[29] Cfr. En sentido opuesto el voto del Dr. Garbarino dictado en la causa N° 23.469-A, caratulada “La Mercantil Andina Cía. Argentina de Seguros S.A. c/ D.G.A. s/ apelación”.
[30] En torno a la cuestión planteada, somos participes de la idea que el art. 99 inc.2 no ha cambiado su significado y mantiene su vigencia la interpretación que hiciera de éste la jurisprudencia de la Corte Suprema desde 1927 hasta 1994. Especialmente consideramos que mantiene su vigencia la jurisprudencia que consideró plausible confiar en un organismo administrativo la reglamentación de la ley si previamente el legislador había establecido la política legislativa, tal por ejemplo en Prattico c. Basso y Cía. Fallos 246-345 (1960); Laboratorios Anodia S.A. c. Nación, Fallos 270-42 (1968); Domínguez c. Kaiser Aluminio S.A.I.C.F. Fallos 280- 25 (1971); Juan Antonio Brocchiero, Fallos 289, P. 457 (1974); The American Rubber Co. S.R.L., Fallos 298-609 (1977); Ufito S.R.L., Fallos 304-1898 (1982); Romero de Martino c. Caja Nacional de Ahorro y Seguro, Fallos 307-539 (1985); Conevial S.A. c. Estado Nacional (Administración Nacional de Aduanas), Fallos 310-2193 (1987); Compañía Azucarera y Alcoholera Soler S.A. c. Estado Nacional (Ministerio de Economía), Fallos 311-1617 (1988); Verónica S.R.L. s/ apelación ley 20.680, Fallos 311-2339 (1988)Firpo c. Estado Nacional - Ministerio de Educación, Fallos 312-1484 (1989); Legumbres SA. y otros s/ contrabando, Fallos 312-1920 (1989); Arpemar S.A.P.C. e I., Fallos 315-908 (1992); Propulsora Siderúrgica S.A.I.C., Fallos 315-1820 (1992); Agüero c. Banco Central de la República Argentina, Fallos 315-2530 (1992); Cafés La Virginia S.A., Fallos 317-1282 (1994); Chocobar c. Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos, Fallos 319-3241 (1996); Selcro S.A. c. Jefatura de Gabinete de Ministros, Fallos 326-4251 (2003); Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina y otros c. Secretaría de Energía, Fallos 328-940 (2005); Comisión Nacional de Valores c. Establecimiento Modelo Terrabusi S.A., Fallos 330-1855 (2007); YPF S.E. c. Esso S.A.P.A., Fallos 335-1227 (2012), entre otros.
[31] La Corte Suprema de Justicia de la Nación, si bien nunca reconoció expresamente la validez de los reglamentos delegados, sistemáticamente los convalidó con fundamento en el art. 86, inc. 2º de la Constitución Nacional (art. 99, inc. 2º, Constitución Reformada). El primer antecedente es el caso Delfino (20/6/1927), en donde la Corte sostuvo que no se había producido una delegación legislativa sino simplemente una utilización de la potestad reglamentaria del entonces art. 86 inc. 2º. La Corte entendía que cuando el Ejecutivo llenaba los vacíos de la ley, aunque se creasen nuevas obligaciones o se restringiese un derecho, ello no era legislar, sino la reglamentación ejecutiva autorizada por la Constitución, ya que se debe distinguir entre la delegación para poder hacer la ley y la de conferir cierta autoridad al Poder Ejecutivo o a un cuerpo administrativo, a fin de reglar los pormenores y detalles necesarios para la ejecución de aquélla. Lo primero no puede hacerse, lo segundo es admitido.Esta postura de la Corte se reiteró en otros fallos como son: Boneno (1929), Novick (1933), y Verdaguer (1936). En 1960, tenemos el caso Prattico en donde se estableció que el Poder Ejecutivo no recibe una delegación proscripta por los principios constitucionales, sino que, al contrario, es habilitado para el ejercicio de la Potestad Reglamentaria que le es propia (art. 86 inc. 2º), cuya mayor o menor extensión dependen del uso que de la misma potestad haya hecho el Poder Legislativo. Llegamos así al caso Cocchia, producido antes de la Reforma Constitucional, donde la Corte analizó la validez del dec. 817/92 (Adla, LII-B, 1763), dictado por el Poder Ejecutivo Nacional con fundamento en la deslegalización dispuesta por el art. 10 de la ley 23.696 (LLC, 1989- 811) entendiendo que, pese a no poder considerarse en nuestro derecho (aún no tenía vigencia el nuevo texto constitucional) la existencia de reglamentos delegados, admite la llamada delegación impropia, la que ocurre cuando el legislador encomienda al Ejecutivo la determinación de aspectos relativos a la aplicación concreta de la Ley, según el juicio de oportunidad temporal o de conveniencia de contenido que realizará el poder administrador, supuesto en que no existe transferencia de competencia.
[32] En efecto, se destaca que en el nuevo régimen constitucional hay delegación legislativa, como algo distinto a la reglamentación legislativa, cuando el Congreso habilita al Poder Ejecutivo a dictar una determinada norma en el ámbito de sus propias atribuciones y competencias que le reconocen el art. 75 y otras disposiciones constitucionales. Y se añade que la delegación en todos los casos implica transferencias de competencias propias del sujeto delegante al sujeto delegado. Si el Poder Ejecutivo puede dictar el acto normativo en ejercicio de sus facultades propias no existe delegación, sino tan sólo utilización de su potestad reglamentaria. Ese ejercicio de la facultad reglamentaria puede estar fundado en el art. 99 inc. 1° para los reglamentos autónomos; en el art. 99 inc. 2°.
[33] En donde los jueces presentan votos contrapuestos es en relación a las consecuencias de la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional frente al dictado de las sucesivas leyes que "ratificaron" o "aprobaron" normas delegadas con anterioridad a la reforma constitucional de 1994. Tanto en el voto de la mayoría, como en el del doctor Zaffaroni, en idénticos términos, se sostiene que, a los efectos de establecer el alcance de la invalidez de la resolución 11/02 —que se declara— deben traerse a colación otras normas dictadas en el marco de lo dispuesto por el art. 76 de la Constitución Nacional, tales como las leyes 25.148, 25.645, 25.918, 26.135 y 26.519 que "ratificaron" o "aprobaron" normas delegadas con anterioridad a la reforma constitucional de 1994.
En este sentido, se destaca que —con excepción de la ley 26.519— todas las restantes citadas tienen una estructura similar ya que, por un lado, ratifican la totalidad de la delegación legislativa, por los plazos y en las condiciones que allí se establecen (art. 1) y, en lo que interesa, aprueban la totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994.Sobre este aspecto, el voto de la mayoría y el del doctor Zaffaroni, puntualizan que: a) Resulta evidente que los términos empleados por el legislador al sancionar la ley 25.645 constituyen una clara manifestación de su decisión política de ratificar la legislación delegada dictada hasta el 24 de agosto de 2002; b) Más allá de las objeciones que puedan efectuarse respecto de la técnica legislativa empleada, ello no resulta suficiente para privar de validez a la ley citada y a las que con el mismo objetivo la precedieron o sucedieron, sin que la circunstancia de que no se haya identificado en forma particular cada una de las normas aprobadas invalide la ratificación; en tanto una interpretación en contrario vaciaría de contenido a las disposiciones del art. 3 de las leyes citadas, recayéndose en una exégesis inadmisible; c) La ley 25.645 carece de eficacia para convalidar retroactivamente una norma que adolece de nulidad absoluta e insanable —como la resolución 11/02 de que se trata— pero no existen motivos para privarla de efectos en relación con los hechos acaecidos después de su entrada en vigencia; d) Por ello, se aclara que la invalidez de la mencionada resolución se circunscribe al período comprendido entre el 5 de marzo de 2002 (fecha en que entró en vigor) hasta el 24 de agosto de 2002, momento a partir del cual rige la ley 25.645, disposición que le otorga, a su contenido, rango legal.
En cambio, sobre tal cuestión, los doctores Petracchi y Argibay dicen que: "ninguna de las normas citadas podría ser invocada como una ratificación o aprobación retroactiva de la resolución 11/02, puesto que —según se lleva expresado— dicha resolución es inválida desde sus orígenes y si alguna ratificación cupiese esta sólo podría tener efectos hacia el futuro..." como así también al puntualizar que "...debe existir una voluntad legislativa clara y explícita que pueda ser entendida —más allá de las imperfecciones técnicas de su instrumentación— como un aval de los contenidos de la norma que ratifica...", lo cual no ocurrió en el caso de la norma cuestionada, resolución 11/02; máxime cuando se trata de una materia ajena a las mencionadas en el art. 76 de la Constitución Nacional, y la propia ley 26.519 puso en evidencia que, a pesar de haber transcurrido más de diez años, desde el vencimiento del plazo de cinco años que el convencional le otorgó al congreso para expedirse, éste ni siquiera ha logrado establecer cuáles son las leyes que delegan facultades; cuáles de ellas se encuentran vigentes, modificadas o derogadas o son de objeto cumplido, ni si las materias se corresponden con lo regulado en el art. 76 de la Constitución Nacional, razón por la que se ha decidido crear en el seno del Poder Legislativo una comisión bicameral especial con el fin de "revisar, estudiar, compilar y analizar...la totalidad de la legislación delegante preexistente..." (art. 3º de la ley 26.519); sin que la situación descripta variara desde entonces, atento a que el Congreso a pesar del tiempo transcurrido aún no se ha expedido al respecto. [34] PASINI, Diño, "Vita e forma nellarealta del diritto", Milán, Giuffré, 1964, citado en FONTANARROSA, "Derecho Comercial Argentino, Parte General", Tomo I, Editorial Zavalía, Buenos Aires, 1997, pág. 17, nota 11.
[35] SCALIA, Antonin “Judicial deference to administrative interpretations of law”, 1989, Duke Law Journal, 411, 516. [36] CAMPOS, Germán J., Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino, t. II, p. 16, Ed. Ediar, Buenos Aires, 1986. [37] El 13 de febrero de 1968 el Alto Tribunal se pronuncia en el caso "S.A. Laboratorios Anodia c. Nación Argentina" (Fallos: 270-42), que versa también sobre derechos a las exportaciones. El Alto Tribunal, con cita del precedente "Delfino", reiteró que el Congreso no puede delegar en el PEN, o en departamento alguno de la administración, las atribuciones o poderes que le han sido expresa o implícitamente conferidos por la Constitución nacional. Agregaron que no existe delegación, salvo que una autoridad, investida de un poder determinado haga pasar el ejercicio de ese poder a otra autoridad o persona, descargándolo sobre ella. En la especie, se admitió la constitucionalidad del decreto 11.917/58 el cual —por medio de una delegación dada por el decreto ley 5168/58— había establecido recargos en los derechos de exportación e importación en forma temporaria y retenciones a las exportaciones de hasta el 25% del valor de los productos, sin mediar para ello la autorización de la Comisión de Aranceles instituida por el citado decreto ley. Consideraron al decreto 11.917/58 como mera reglamentación del decreto ley 5168/58.
[38] Uno de ellos fue el recaído en autos "Field v. Clark", de 1892, en los cuales aquella Corte declaró la constitucionalidad de la Ley de Aranceles de 1890, que autorizaba al Poder Ejecutivo a suspender la libre importación de una serie de mercaderías "durante el tiempo que el presidente estimara justo" cuando otros países imponían derechos sobre productos agrícolas de los Estados Unidos que el mismo Poder Ejecutivo estimara inequitativos o injustos. En segundo lugar invocó el precedente de la Corte norteamericana del año 1928 recaído en autos "J. W. Hampton Junior & Co. v. United States", en el cual ante el cuestionamiento de la Ley de Aranceles de 1922, que facultaba al Poder Ejecutivo a aumentar o disminuir los derechos de importación de manera que reflejaran las diferencias de los costos de producción en los Estados Unidos y en el extranjero (costos de producción que, a su vez, eran determinados por el Poder Ejecutivo), avaló dicha delegación. Por último hizo mención del caso "Norwegian Nitrogen Products Co. v. United States", en el cual el juez Cardozo en un fallo de 1933 sostuvo que las funciones de la comisión de aranceles y del Poder Ejecutivo, consistentes en modificar las tarifas arancelarias para ajustarlas a las nuevas condiciones, eran compatibles con la Constitución.
[39] La doctrina especializada aduanera se ha volcado mayormente en favor de la delegación del establecimiento del quantum del tributo aduanero en el Poder Ejecutivo. Alsina, Basaldúa y Cotter Moine, al comentar el Código Aduanero, han sostenido que, para preservar el sistema de división de poderes o funciones que hacen a la esencia del régimen de gobierno republicano adoptado por nuestra Constitución, el Congreso no podría delegar en el Poder Ejecutivo las atribuciones que le ha asignado nuestra Ley Suprema. Como consecuencia de ello, se ha afirmado que el Congreso no podría delegar en el Poder Ejecutivo el ejercicio de potestad tributaria, que incluiría especialmente la determinación del quantum o tasa del impuesto. Sin embargo, desde hace ya algunos años, la jurisprudencia ha admitido la validez de este tipo de delegación al Poder Ejecutivo, siempre que se fijaren pautas precisas para el ejercicio de las atribuciones de que se trata (ALSINA, Mario A., BASALDÚA, Ricardo X., COTTER MOINE, Juan P., Código Aduanero. Comentarios. Antecedentes. Concordancias (Art. 585 a 672), t IV, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1985, ps. 365 a 372.
[40] Corte Sup., "Domínguez, Luis v. Kaiser Aluminio S.A.", del 9/6/1971, Fallos 280:25 Ver Texto (JA 11-1971- 482). [41] Corte Sup., "Lares, Gabino", 10/4/1959, Fallos 245:276, especialmente en el consid. 13, p. 284, "Verónica S.R.L" (JA 1989-IV-575), 17/11/1988, Fallos 311:2339, y "Compañía Azucarera y Alcoholera Soler S.A.", 23/8/1988, Fallos 311:1617 Ver Texto. Según el criterio que se desprende de estos fallos, para que este tipo de subdelegación sea legítima es necesario que la propia ley expresamente la faculte. En este sentido, en el caso "Verónica", antes mencionado, el dictamen del procurador general aclaró en el pto. IV, párr. 9º que "aceptada la constitucionalidad de la habilitación en cabeza de órganos o entes administrativos, ningún principio se opone, en mi parecer, a que el Parlamento faculte en esos casos al Poder Ejecutivo y en la misma ley atribuya la posibilidad de transferir esa función a un órgano dependiente".
[42] Sobre el principio de legalidad en materia de la regulación del Arancel Aduanero y su flexibilidad, puede verse: AHUMADA, Guillermo, quien advierte que "Si el Estado tuviere que esperar la sanción de la respectiva ley de impuestos, los importadores, en conocimiento de las reformas proyectadas, pueden hacer grandes stock de aprovisionamiento para eludir la carga mayor, una vez que la ley sea sancionada. Para evitar la especulación, está la fórmula del decreto-ley, por el cual la sobretasa se entra a aplicar desde el instante mismo en que la aduana ha recibido la comunicación ministerial. La eficacia de la medida depende del estricto secreto, de la rapidez de la ejecución y de la justificación de la misma. Las indiscreciones y la violación del absoluto secreto, pueden ser causa de negocios inmorales para aquellos afortunados que obtuvieran detalles de la medida a tomarse, permitiéndose entonces el agio o la ganancia ilícita, a costa de la comunidad" (Tratado de Finanzas Públicas, Assandri, Córdoba, 1948, vol. II, ps. 550 y 551). [43] Corte Sup., "Prattico v. Basso", Fallos 246:345.
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que a fin de resolver el presente, en primer término me remito al relato de los hechos efectuado en el voto del Juez preopinante.
II. Que, sentado ello, cabe señalar, como consideración preliminar, que en la tarea de esclarecer la inteligencia que corresponde otorgar a las normas en debate, este Tribunal no se encuentra limitado por las posiciones que asumieron los funcionarios aduaneros actuantes, ni por los planteos de la recurrente ni de la demandada, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre los puntos disputados, según la interpretación que rectamente debe serle otorgada (doctrina de Fallos: 307:1457; 319:1716; 322: 2750, entre otros).
III. Que, asimismo, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver la causa “Herrera Ulloa” en fecha 2 de julio de 2004 enfatizó que de acuerdo al objeto y fin de la Convención Americana de Derechos Humanos, cual es la eficaz protección de los derechos humanos, se debe entender que el recurso que contempla el artículo 8.2.h. de dicho tratado debe ser un recurso ordinario eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho.
Y si bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del fallo.
Al respecto, la propia Corte internacional estableció que “no basta con la existencia formal de los recursos sino que éstos deben ser eficaces”, es decir, deben dar resultados o respuestas al fin para el cual fueron concebidos.
En efecto, el denominado recurso ante juez o tribunal superior --que sería superior solamente en grado, dentro del orden competencial de los tribunales, como es el supuesto de este Tribunal Fiscal respecto de la DGA en la etapa de revisión de las resoluciones aduaneras, en tanto no cabe admitir superioridad o jerarquía diferencial alguna de los jueces en relación con el resto de la ciudadanía-- debe ser uno que, conforme el razonado voto concurrente del entonces Presidente de la CIDH Dr. Sergio García Ramírez, “efectivamente permita al superior entrar en el fondo de la controversia, examinar los hechos aducidos, las defensas propuestas, las pruebas recibidas, la valoración de éstas, las normas invocadas y la aplicación de ellas…”, por lo que cabe colegir que todos los tribunales de justicia de los países signatarios del Pacto de San José de Costa Rica –condición que indudablemente ostenta este Tribunal Fiscal- deben “agotar” su capacidad recursiva al momento de resolver, sin limitaciones normativas ni teleológicas, debiendo interpretarse todas las dudas que puede plantear el alcance del accionar de sus jueces en la forma menos limitativa de la amplia jurisdicción de este Tribunal para impartir justicia.
IV. Que, bajo tales postulados, corresponde recordar que este Tribunal Fiscal de la Nación goza de plenas facultades para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, conforme fuera sostenido por el suscripto al votar con fecha 31/07/2013 en la causa N° 23.469-A, caratulada “La Mercantil Andina Cía. Argentina de Seguros S.A. c/ D.G.A. s/ apelación”, que tramitara por ante la Vocalía de la 13a Nominación (Sala “E”); como así también con fecha 2/11/2012 en la causa “Cargill S.A.C. e I. c/ D.G.A. s/ apelación”, -Expediente N° 28.754-A-, de la 17a. Nominación (“Sala “F”), entre otros, donde resolviera declarar la inconstitucionalidad del art. 1164 del Código Aduanero por resultar violatorio del art. 18 de la Constitución Nacional y de las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos que cuentan con jerarquía constitucional, en cuanto resguardan el derecho fundamental a la tutela administrativa y judicial efectiva (arts. XVIII y XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8° y 10° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8° y 25° de la Convención Americana de Derechos Humanos, 2° inc. 3° aps. a) y b), y 14 inc. 1° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
V. Que, en efecto, para arribar a esa conclusión no debe perderse de vista que la actual redacción del inciso 22 perteneciente al artículo 75 de la Constitución Nacional modificó radicalmente el sistema de fuentes del orden jurídico argentino que imperaba hasta la última reforma constitucional de 1994.
El reconocimiento de la jerarquía constitucional de manera directa a once instrumentos internacionales sobre derechos humanos y la posibilidad de otorgar igual jerarquía en el futuro a otros "tratados y convenciones" sobre la misma materia consagran una clara apertura hacia el derecho internacional de los derechos humanos (confr. Pizzolo, Calógero: “La validez jurídica en el ordenamiento argentino. El bloque de constitucionalidad federal”, La ley, tomo 2006-D, pág. 1023 y ss).
De tal manera, en la actualidad el ordenamiento jurídico argentino se encuentra presidido por un bloque (plural) de constitucionalidad federal, integrado por la Constitución nacional, los referidos instrumentos internacionales y los pronunciamientos de los organismos internacionales de control, vinculantes para los distintos niveles de gobierno, poderes y órganos del Estado argentino, en cuanto los mismos definen las condiciones de vigencia de dichos instrumentos internacionales En este camino, dicho Bloque de Constitucionalidad Federal ha promovido un cambio estructural en las instancias procesales internas introduciendo la antedicha instancia internacional de revisión que persigue, como fin en sí mismo, verificar el cumplimiento efectivo de obligaciones internacionales que garantizan, por ejemplo, la doble instancia procedimental (cfr. arts. 8°, CADH, y 14 PIDCP).
Ello así, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1164 del Código Aduanero, la pertinencia de la cuestión constitucional oportunamente introducida por la parte actora en esta etapa jurisdiccional-judicial debe ser analizada a la luz tanto de dicha normativa como de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las directivas de la Comisión Interamericana, en virtud de que indudablemente las mismas deben servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales (confr. CSJN, caso "Marchal, sentencia de 10 de abril de 2007, votos de los Dres. Fayt y Zaffaroni), constituyendo una imprescindible pauta de interpretación de los deberes y obligaciones derivados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos" (confr. CSJN, caso "Simón", sentencia de 17 de junio de 2005, considerando 17).
Pues la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina ha reiteradamente referido que las decisiones de la Corte Interamericana “resultan de cumplimiento obligatorio para el Estado Argentino (art. 68.1, CADH)”, estableciendo el Alto Tribunal que “en principio, debe subordinar el contenido de sus decisiones a las de dicho tribunal internacional” (sentencia emitida el 23 de diciembre de 2004 en el Expediente 224. XXXIX, “Espósito, Miguel Angel s/ incidente de prescripción de la acción penal promovido por su defensa”, Considerando 6°).
Con posterioridad, el Tribunal Cimero puso nuevamente de manifiesto que “la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” ya que se “trata de una insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos argentinos en el ámbito de su competencia y, en consecuencia, también para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos” (confr. “Mazzeo, Julio Lilo y otros, recurso de casación e inconstitucionalidad”, M. 2333. XLII. y otros, del 13 de Julio de 2007, párr. 20)
Por eso, cuando un responsable de las decisiones internas se encuentre ante la alternativa de una interpretación de la legislación interna que pondría al Estado en conflicto con el Pacto y otra que permitiría a ese Estado dar cumplimiento al mismo, el derecho internacional exige que se opte por esta última" (confr. Comité de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales, Observación General N° 9, "La aplicación interna del Pacto" (1988), adoptada en el 19° período de sesiones, párrafos 14-15).
VI. Que, por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que “cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, por lo que los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles -condición que indudablemente reviste este Tribunal Fiscal- están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana” (confr. casos “Cabrera García y Montiel Flores vs. México”, del 26 de noviembre de 2010, párrafo 225 y “Gelman vs. Uruguay”, del 24 de febrero de 2011, párrafo 193; entre otros).
Siendo ello así, si el intérprete u operador nacional -que en el caso sería este Tribunal Fiscal en tanto es un órgano vinculado a la administración de justicia- debe, por imperio de la jurisprudencia supra citada, ejercer siempre el control de convencionalidad, va de suyo que también debe realizar un adecuado control de constitucionalidad, atento la íntima e indisoluble interrelación que existe entre ambos (confr. Sagues, María Sofía, “Aproximación a la retroalimentación entre el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad a la luz de un reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, Revista Jurídica El Dial, del 4 de octubre de 2010).
En tal sentido, la convivencia de dos subsistemas con igual condición jerárquica impone la integración incluyente como criterio de interpretación, por lo que la necesaria consecuencia de su aplicación permite concluir que toda norma interna que lesione las garantías del Pacto debe quedar inoperante.
Por lo tanto, las normas que impiden el control de constitucionalidad por parte de este Tribunal Fiscal de la Nación han devenido derogadas por la Convención Americana de Derechos Humanos habida cuenta de su jerarquía supralegal (nuevamente “Fallos” 315:1492), derogación reafirmada por la reforma constitucional de 1994, que asignó jerarquía constitucional a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos –nominados en su artículo 75, inciso 22, segundo párrafo, con más los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos que el Congreso apruebe con ulterioridad, bien que éstos en las condiciones de su tercer párrafo– (confr. Corti, Arístides, “Acerca de la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación para declarar la inconstitucionalidad de las leyes”, en “Tribunal Fiscal de la Nación, a los 50 años de su creación”, EDICON, Mayo de 2010, volumen II, pág. 133).
VII. Que, sentado ello, y conforme la doctrina sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del precedente “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA”, del 26 de junio de 2012, el carácter jurisdiccional del procedimiento de marras tampoco puede erigirse en un óbice para la aplicación de los principios reseñados, pues en el estado de derecho la vigencia de las garantías enunciadas por el art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos no se encuentra limitada al Poder Judicial -en el ejercicio eminente de tal función- sino que deben ser respetadas por todo órgano o autoridad pública al que le hubieran sido asignadas funciones materialmente jurisdiccionales, como es el caso de este Tribunal Fiscal, que ostenta facultades jurisdiccionales-judiciales. Bajo tales postulados, resulta imprescindible señalar que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos había dejado establecido que “a pesar de que el citado artículo no especifica garantías mínimas en materias que conciernen a la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del mismo precepto se aplica también a esos órdenes y, por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene también el derecho, en general, al debido proceso que se aplica en materia penal" (caso "Tribunal Constitucional vs. Perú., sentencia del 31 de enero de 2001, párrafo 70).
Al respecto, también ha destacado dicho Tribunal internacional que cuando la citada Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un tribunal competente para la determinación de sus derechos, esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de personas. Por la razón mencionada, en el caso supra citado la C.I.D.H. ha considerado "que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del art. 8 de la Convención Americana" (párrafo 71).
Y en un fallo posterior esta doctrina fue ampliada por ese mismo Tribunal que consignó que si bien el artículo 8 de Ia Convención Americana se titula "Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, en palabras de la mencionada Corte, que "cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal", pues "es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar soluciones justas, no estando la administración excluida de cumplir con ese deber. Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas" (caso "Baena Ricardo y otros vs. Panamâ", sentencia del 2 de febrero de 2001, párrafos 124 y 127).
Finalmente y en este orden de ideas, cabe concluir que "en supuestos como el presente en los que se encuentra en juego la interpretación de una norma procesal, es aplicable el principio con arreglo al cual las leyes deben interpretarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que la informan, de la manera que mejor se compadezcan y armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías constitucionales, en tanto con ello no se fuerce indebidamente la letra o el espíritu del precepto que rige el caso (Fallos 256:24; 261:36; 307:843; 310:933 y sus citas) ... incluso, que en casos no expresamente contemplados, ha de preferirse la inteligencia que favorece y no la que dificulte aquella armonía y los fines perseguidos por las reglas (Fallos 303:1007, 1118 y 1403, entre otros)" (conf. dictamen del señor Procurador General en Fallos 319:585), extremo que autoriza, sin más, a que este Tribunal Fiscal se pronuncie sobre la cuestión constitucional introducida en la litis .
De otro modo, el hecho de negar a este Tribunal la plena facultad para declarar la inconstitucionalidad de las leyes cuando la norma impugnada claramente resulta contraria a la Ley Fundamental, constituiría una limitación directa al modo en que sus integrantes desempeñan su tarea, y a su independencia (de criterio) misma, lo que no se ajusta al orden jurídico imperante, pues ante tales supuestos igualmente deberían aplicarla, aun a sabiendas de reputarla inconstitucional, por lo que la restricción legal reduce su misión a un "art pour l'art" poco edificante y escasamente compatible con un estado constitucional de derecho, minimizando claramente las funciones que la sociedad les ha confiado a aquellos ciudadanos que se encuentran a cargo de la administración de justicia, en todos sus niveles.
VIII. Que, por las razones expuestas, cabe concluir que este Tribunal Fiscal de la Nación ejerce funciones jurisdiccionales, y al igual que el fuero contencioso administrativo federal, las mismas resultan sustantiva o materialmente judiciales -por ello es correcto denominarlas, en especial a partir de la reforma constitucional de 1994, facultades jurisdiccionales-judiciales-, en tanto es un órgano de justicia (en el caso aduanera), imparcial e independiente de la administración activa; y resulta el único tribunal del país especializado en la materia aduanera, por lo que debe gozar de al menos idénticas facultades que las que ostentan por definición los tribunales de justicia en todo tipo de proceso que implique determinación de derechos, en tanto ambos tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el cabal respeto a las garantías del debido proceso adjetivo y de la doble instancia plena establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y participan de igual modo en la sublime misión de impartir justicia (confr. “Shimisa de Comercio Exterior S.A. s/ media cautelar” -Expte. 30.400-A-, del 10 de febrero de 2012, voto del suscripto).
A tal fin, cabe recordar que el artículo 8vo. de la Convención Americana de Derechos Humanos equipara las nociones de “juez” y “tribunal competente”, siendo que de acuerdo a lo sostenido por señera jurisprudencia en la materia “la previsión contenida en la invocada cláusula del Pacto de San José de Costa Rica relativa a la necesaria intervención de un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, se exhibe plenamente satisfecha, desde que, en la especie, la intervención del TFN responde a tales exigencias” (Confr. Sala I Cont. Adm. Federal, in re “Colfax S.A. -TFN 11.715-I- c/ Fisco NAcional (AFIP-DGI) s/ medida cautelar autónoma”, del 12/5/2000).
Por lo tanto, a efectos de cumplir con los lineamientos jurisprudenciales supra referidos, en especial aquellos vinculados a la doble instancia, la revisión por parte de este TFN debe ser plena, amplia y efectiva, sin limitación legal alguna, que permita un adecuado control de las normas cuestionadas en toda su extensión, máxime cuando por imperio del artículo 1172 del Código Aduanero la apelación de sus sentencias que condenaren al pago de tributos, sus actualizaciones e intereses, se otorgan al sólo efecto devolutivo.
Admitir lo contrario implicaría cercenar injustificadamente la posibilidad amplia y efectiva de los administrados de acceder de modo pleno a un órgano jurisdiccionalmente apto para reclamar el reconocimiento de derechos fundamentales en toda su extensión, conculcando, en definitiva, la vigencia y progresividad del principio de la tutela jurisdiccional efectiva en materia tributaria (aduanera), que se encuentra tutelado tanto en diversos tratados internacionales que ostentan, conforme fuera señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Fallos 315:1492, jerarquía supralegal (art. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; art. 2, numeral 3° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; entre otros), como por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (“Caso de la Panel Blanca” -Paniagua Morales vs. Guatemala -, Consid. 149 y ss, del 8/3/1998; “Caso del Tribunal Constitucional del Perú” -Aguirre Roca, Rey Ferry y Revoredo Marsano vs. Perú-, Consid. 66 y ss, del 31/1/2001; “Baena Ricardo y otros c/ Panamá”, Consid. 129 y ss., del 2/2/2001; “Ivcher Bronstein c/ Perú”, Consid. , 100 y ss, del 6/2/2001; “Gelman c/ Uruguay”, Consid. 193, del 24/2/2011), que deviene vinculante -confr. art. 68 de la CADH- para los distintos poderes del Estado Nacional.
IX. Que no se trata de cualquier acto de gobierno, sino nada menos que de la percepción de los tributos por el Fisco Nacional, disciplina que, con la Carta Magna, está vinculada a los remotos orígenes del constitucionalismo y que ha sido objeto de discusiones —y de las más reñidas— en diversas asambleas constituyentes, como así también, en materia específicamente aduanera, desde el inicio de nuestra historia ha dado lugar a las luchas más sangrientas, las que han tenido lugar principalmente en relación a la potestad para fijar de los derechos de aduana, siendo que la resolución de dichos conflictos constituyó la condición inexcusable para concluir en la unión e integridad nacional. Por ende, es deber de este Tribunal Fiscal, atento ser el único tribunal del país especializado en la materia aduanera, velar muy especialmente por la custodia del orden jurídico en todos sus aspectos.
X. Que a tal fin, y en orden a compatibilizar el procedimiento recursivo llevado a cabo ante este Tribunal con las premisas de hecho y derecho esbozadas en los considerandos que anteceden, corresponde destacar, en un todo de acuerdo con las enseñanzas del maestro Corti, que “la doble instancia judicial ordinaria para los beneficiarios del Pacto, establecida en su artículo 8, inciso 2, punto h, fue reconocida por la CSJN en el precedente de “Fallos” 318:554 (“Giroldi”), que consideró insuficiente, a título de segunda instancia, el recurso extraordinario articulado ante ella, modificando así la jurisprudencia anterior a la reforma constitucional (“Fallos 311:274, caso “Jáuregui”), que admitiera como consistente con dicho artículo 8, inciso 2, punto h) el referido remedio federal de excepción. A su vez, con posterioridad, la CSJN dictó el precedente “Casal” del 20/9/2005 (“Fallos” 328:3399) reconociendo que en materia penal la segunda instancia –el recurso de casación ante la Cámara Nacional de Casación– no debe circunscribirse a revisar el derecho, sino también las cuestiones de hecho y prueba.
Ahora bien, destacada jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos –vinculante para los distintos poderes del Estado Nacional– ha establecido que la garantía de la doble instancia con el alcance indicado (ordinario y pleno) no se circunscribe exclusivamente a la materia penal, sino que se extiende a las extra penales (civiles, laborales, fiscales o de cualquier otro carácter). Así lo ha establecido expresamente la valiosa sentencia del 31/1/01, caso del “Tribunal Constitucional del Perú -Aguirre Roca, Rey Ferry y Revoredo Marsano vs. Perú-”, considerandos 66 y ss., en especial considerandos 69”).
En definitiva, con arreglo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos transcripta precedentemente –en cuanto garantiza la doble instancia judicial ordinaria y plena, y como requisito inexcusable para la consideración de dicha plenitud que autorice a tener al TFN como primera instancia jurisdiccional (materialmente judicial)–, el artículo 185 de la ley 11.683 debe necesariamente entenderse como derogado, cuanto menos (aunque su derogación, según se ha expresado, vino producida con la entrada en vigencia de la Convención Americana, con jerarquía supra legal) por la reforma constitucional de 1994 –que asignó jerarquía constitucional a los tratados internacionales en materia de derechos humanos en las condiciones de su vigencia, es decir, en las condiciones fijadas por la jurisprudencia de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (confr. Corti, Arístides, “Acerca de la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación para declarar la inconstitucionalidad de las leyes”, en “Tribunal Fiscal de la Nación, a los 50 años de su creación”, EDICON, Mayo de 2010, volumen II, pág. 138); conclusión que debe hacerse extensiva, como indudablemente lo hubiera hecho el maestro Corti, al artículo 1164 del Código Aduanero.
Por lo demás, el principio de supremacía constitucional contemplado en el artículo 31 de nuestra Carta Magna le plantea a este tribunal el desafío imperativo de desplazar la prohibición del artículo 1164 del referido Código, por ser contrario a nuestra Ley Fundamental (en el mismo sentido vide Spisso, Rodolfo: “Acciones y Recursos en materia tributaria”, de. Lexis Nexis, segunda edición, pág. 35), siendo que una interpretación en sentido contrario sólo puede fundarse en una exégesis irrazonable de la norma, que no armoniza con los principios enumerados, toda vez que se le estaría otorgando una indebida preeminencia a lo dispuesto en el texto aduanero por sobre los postulados de la Convención Americana de Derechos Humanos, dejándola parcialmente inoperante, lo que resulta contradictorio con el orden jurídico, tanto convencional como constitucional.
Por lo tanto, no cabe más que concluir en que el organismo no puede estar impedido de declarar la inconstitucionalidad, antes bien, está obligado a ello (confr. Giuliani Fonrouge, Carlos M.: “Derecho Financiero”, 4ta. Edición, págs. 833/834). Por último, la Corte Federal ha resuelto en el caso “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c. Ejército Argentino s/daños y perjuicios”, del 27/11/2012 (LL 30/11/2012, 2), que: “Los tribunales nacionales no están impedidos de ejercer, aun de oficio, el control de constitucionalidad, pues la Constitución Nacional, al incorporar al derecho interno las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, habilitó la aplicación de la regla interpretativa formulada por la Corte Interamericana que obliga a los órganos judiciales de los países que la ratificaron a ejercer dicho examen”.
XI. Que, sentado lo que antecede, cabe destacar que la firma recurrente persigue en autos la devolución de la suma de $ 238.477,57, que fuera abonada en demasía en concepto de derechos de exportación, establecidos por el Decreto 793/18, por reputar dicha norma de inconstitucional, entre la fecha de su vigencia (B.O. 5/9/2018) y la de su ratificación legislativa expresa, mediante la ley 27.467, que fuera publicada en el Boletín Oficial el 4 de diciembre de 2018.
XII. Que nuestra Corte Suprema ha sostenido que “entre los principios generales que predominan en el régimen representativo republicano de gobierno, ninguno existe más esencial a su naturaleza y objeto, que la facultad atribuida a los representantes del pueblo para crear contribuciones necesarias a la existencia del Estado” (Fallos: 155:290). En ese orden de ideas, el Alto Tribunal ha señalado que “el principio de reserva de la ley tributaria de rango constitucional y propio del estado de derecho, sólo admite que una ley formal tipifique el hecho que se considera imponible y que constituirá la posterior causa de la obligación tributaria” (Fallos: 294:152).
Bajo tales premisas constitucionales, jurídicamente se deduce que "el primer principio fundamental del Derecho Tributario Constitucional, lo que podríamos llamar la 'partida de nacimiento' del Derecho Tributario, es el principio de legalidad, principio análogo al que rige en el Derecho Penal -si bien sus fundamentos son tal vez distintos-, llamado también principio de reserva de la ley" (Jarach, Dino: "Curso de Derecho Tributario" - Ed. Cima - Bs. As. - 1980 - pág. 75).
En tal sentido, nuestra Carta Magna prescribe en forma reiterada esa regla fundamental, tanto en el artículo 4, puesto que los recursos del Tesoro Nacional se conformarán con "...las demás contribuciones que, equitativa y proporcionalmente a la población, imponga el Congreso General", como cuando refuerza este contenido en el artículo 17, al estatuir que "...sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4", y, también cuando prescribe, en el artículo 52, que corresponde a la Cámara de Diputados la iniciativa de las leyes sobre contribuciones; siendo que dicho principio ostenta la misma fortaleza en la materia aduanera que en la impositiva, por lo que su estricta aplicación en toda la disciplina tributaria deviene inexcusable para cualquier operador del derecho, y mucho más para aquellos que la sociedad ha honrado en facultarlos con la misión de aplicarlo, para decidir conflictos con fuerza de verdad legal.
XIII. Que la reforma constitucional de 1994 fue fruto de una voluntad tendiente a lograr, entre otros objetivos, la atenuación del sistema presidencialista y el fortalecimiento del rol del Congreso. En este sentido, el art. 99, inc. 3°, segundo párrafo, contiene la regla general que expresa el principio en términos categóricos: "El Poder Ejecutivo no podrá en ningún momento bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo" (Fallos: 322:1726, considerando 7°). El texto es elocuente y las palabras escogidas en su redacción no dejan lugar a dudas de que la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace en condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción a exigencias materiales y formales.
XIV. Que, en este sentido, el tercer párrafo del citado art. 99, inc. 3°, precisa: "Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributario, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros". Seguidamente, la cláusula constitucional contempla la intervención del Congreso.
XV. Que, como puede observarse, la Ley Fundamental consagra una limitación a las facultades del Poder Ejecutivo con la innegable finalidad de resguardar el principio de división de poderes. Únicamente en situaciones de grave trastorno que amenacen la existencia, la seguridad o el orden público o económico, que deban ser conjuradas sin dilaciones, puede el Poder Ejecutivo Nacional dictar normas que de suyo integran las atribuciones del Congreso, siempre y cuando sea imposible a éste dar respuesta a las circunstancias de excepción. En consecuencia, el ejercicio de la prerrogativa en examen está sujeto a reglas específicas, que exigen un estado de excepción y el impedimento de recurrir al sistema normal de formación de sanción de las leyes y contemplan, además, una intervención posterior del Poder Legislativo. Por otro lado, las medidas que se adopten no están exentas del contralor judicial -en el caso jurisdiccional-, que constituye la salvaguarda de los derechos individuales (Fallos: 322:1726 -voto del juez Boggiano-).
XVI. Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido categóricamente en el precedente de Fallos 321:366, "in re", "Luisa Spak de Kupchik y otro c/Banco Central de la República Argentina y otro"), que "...los principios y preceptos constitucionales prohíben a otro Poder que el Legislativo el establecimiento de impuestos, contribuciones y tasas (Fallos - T. 155 - pág. 290; T. 248 - pág. 482; T. 303 - pág. 245 y T. 312 - pág. 912, entre otros), y, concordantemente con ello, ha afirmado reiteradamente que ninguna carga tributaria puede ser exigible sin la preexistencia de una disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y recaudos constitucionales, esto es, válidamente creada por el único Poder del Estado investido de tales atribuciones (causa "Eves Argentina SA" - Fallos - T.
316. pág. 2329 -Consid. 10 y su cita, entre otros-)" (énfasis añadido). Es más, el Poder Ejecutivo Nacional tiene aún vedado establecer tributos por la vía extraordinaria de los decretos de necesidad y urgencia, toda vez que el artículo 99, inciso 3), de la Ley Fundamental le prohíbe, en forma terminante, emitir este tipo de disposiciones cuando se trate -entre otras- de la materia tributaria. El Tribunal aplicó lo prescripto por esta norma en los conocidos precedentes de Fallos [T.
318. pág. 1154 y T. 319 - pág. 3400 ("Video Club Dreams" y "La Bellaca SAACIF", respectivamente)].
XVII. Que, bajo tales premisas, se advierte con claridad que no se encuentran satisfechos los recaudos constitucionales para el dictado de la norma impugnada en autos. En efecto, la misma comporta, en su gran mayoría, el ejercicio de facultades de carácter tributarias-aduaneras, las que son competencia exclusiva del Poder Legislativo -arts. 4°, 17 y 75, incs. 1° y 2°, de la Constitución Nacional- y cuyo ejercicio está vedado al Poder Ejecutivo Nacional, aun en las condiciones excepcionales que podrían justificar el dictado de decretos de necesidad y urgencia, en atención a la explícita exclusión de tales materias que efectúa la Constitución Nacional (doctrina de Fallos: 318:1154; 319:3400; 321: 366, entre otros).
XVIII. Que la última jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde analizara la validez constitucional de los derechos de exportación (Fallos: 337:388, in re “Camaronera Patagónica S.A.”, del 15 de abril de 2014), se declaró la invalidez de los derechos de exportación (retenciones) impuestos por la Administración durante el período en que no contaron con expresa ratificación legislativa.
En tal sentido, el Alto Tribunal, estableciendo una doctrina que resulta expresamente predicable en esta litis, señaló que las leyes que el Estado Nacional invocaba para justificar la resolución dictada por el Ministerio de Economía no habían delegado al Poder Ejecutivo Nacional el poder de establecer retenciones como las que pretendía aplicar.
También destacó que si bien es cierto que en materia de comercio internacional es necesario que el Poder Ejecutivo cuente con herramientas que le permitan en forma ágil implementar políticas económicas para proteger la producción local, los precios del mercado interno o la competitividad, ellas deben provenir de una ley sancionada por el Congreso, que establezca de manera cierta e indudable pautas claras para su ejercicio, lo que no ocurría en el caso. En tal sentido, el Tribunal Cimero concluyó en que el Código Aduanero no cumple con la exigencia constitucional, pues no sólo no prevé una alícuota para las retenciones que se pretendía aplicar a la repitiente, sino que ni siquiera fija topes máximos que limiten la actuación del Poder Ejecutivo Nacional.
En efecto, si bien –en palabras de la propia Corte- no cabe dudas que “los derechos aduaneros está íntimamente ligados a las continuas fluctuaciones que presenta el comercio internacional' y, por ende, ''resulta admisible que el Congreso atribuya al Poder Ejecutivo ciertas facultades circunscriptas, exclusivamente, al aspecto cuantitativo – extremo que en el supuesto de autos no acontece- de la obligación tributaria'', dicha hipótesis no puede extenderse a convalidar, con base constitucional, la actuación del PEN como creador de la propia normativa en crisis.
Por otra parte, una constante jurisprudencia del Tribunal Cimero invalidó la posibilidad de acudir al dictado de decretos de necesidad y urgencia en materia tributaria (ver Fallos: 318:1154 y 319:3400, entre muchos otros), y señaló que la ratificación de un decreto mediante una ley del Congreso es inhábil para justificar la aplicación retroactiva de un tributo (ver Fallos: 321: 366, considerando 14), siendo que la plena observancia del principio de legalidad en materia tributaria, opera del mismo modo y con la misma fortaleza tanto en la disciplina impositiva como en la aduanera.
XIX. Que lo expuesto precedentemente permite concluir, mutatis mutandi, que el Decreto 793/2018 (B.O. 5/9/2018), al haber sido recién convalidado por la ley 27.467 en fecha 4/12/2018, ostenta plena validez constitucional a partir de ese momento, resultando insanablemente nulo hasta la fecha de publicación de la norma ratificatoria en el Boletín Oficial, por oponerse al principio de legalidad que rige en materia tributaria y al claro precepto del artículo 99, inc. 3°, de la Constitución Nacional.
Por ende, se encontraba privado de todo efecto jurídico entre el 5 de septiembre de 2018 y el 4 de diciembre de ese mismo año, en tanto emanaba de un Poder del Estado incompetente para establecer tributos, en palmaria violación a la Ley Fundamental.
XX. Que, en efecto, no debemos olvidar que nuestro padre constitucional nos ha enseñado que “Fuera de la Constitución no existe, ni puede, ni debe existir ley alguna que de algún modo no sea reglamentaria de los principios, derechos y garantías privados y públicos, que la dicha Constitución establece como base fundamental de toda ley en la República. Según esto, todas las leyes del derecho civil, comercial y penal, todos los reglamentos de la administración en sus diferentes ramos de gobierno, guerra, hacienda, marina, etc., no son más que leyes y decretos orgánicos destinados a poner en ejercicio los derechos del Estado y de sus habitantes, consagrados expresamente por la ley fundamental de, las otras leyes.” (Alberdi, Juan Bautista: “Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853”).
XXI. Que, por lo demás, no puede caber duda en cuanto a que los aspectos sustanciales del Derecho Tributario no tienen cabida en la materia respecto de la cual la Constitución Nacional (art. 76) autoriza, como excepción y bajo determinadas condiciones, la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo (confr. Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re "Selcro", del 21 de octubre de 2003); pero dicha facultad no puede comprender la atribución de crear tributos, que la Carga Magna reserva exclusivamente al Poder Legislativo.
Por ello, habida cuenta que la norma en crisis estableció, para el régimen de que se trata, una obligación tributaria, sustituyendo así al legislador, y toda vez que tal sustitución de funciones no se encuentra permitida por el texto constitucional -ya que la creación de tributos, conforme fuera expuesto supra es una actividad reservada exclusivamente al Congreso de la Nación-, corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 (B.O. 5/9/2018).
XXII. Que, por lo demás, y si bien el interés recaudatorio constituye una valor esencial -al respecto no está de más recordar que ya en la Antigua Roma Marco Tulio Cicerón había sostenido que “los impuestos son los tendones del Estado”- de toda política pública en el marco de un estado constitucional y democrático de derecho, con justicia social y plena vigencia, desarrollo y efectividad de los derechos humanos, que no son sólo los derechos civiles y políticos, sino también los derechos económicos, sociales y culturales , es decir, todos los derechos que resultan fundamentales a la dignidad del hombre; jamás puede ejercitarse dicho interés fiscal violentando garantías constitucionales de los administrados, como lo hace la resolución ministerial en crisis, máxime cuando el interés tutelado por la normas tributarias no es el de proteger la recaudación, sino gravar la exacta capacidad contributiva presupuesta en el hecho imponible.
XXIII. Que, por último, tampoco debe perderse de vista que en un sentido similar al aquí propuesto se ha expedido la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia en los autos “Estelar Resources Limited S.A. c/Poder Ejecutivo Nacional s/Amparo Ley 16.986” con fecha 26 de diciembre de 2018; el Juzgado Federal Nro. 1 de Rosario en los autos “Danes SRL c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ Amparo Ley 16.98” con fecha 22 de marzo de 2019, siendo dicha sentencia confirmada por la Sala A de la Cámara Federal de Rosario el 27 de agosto de 2020; el Juzgado Federal de Rafaela in re “Berandebi S.A. c/ AFIP s/ Amparo Ley 16.986”, con fecha 19/6/2019, siendo dicha sentencia parcialmente confirmada por la Sala B de la Cámara Federal de Rosario el 5 de marzo de 2020 ; el Juzgado Federal de San Juan Nro. 2 en los autos caratulados “Minera Andina del Sol SRL c/ DGA División San Juan s/ Amparo Ley 16.986 “, con fecha 13/3/2020, y en los autos caratulados “Minas Argentinas S.A. c/ DGA División San Juan s/ Amparo Ley 16.986 “, con fecha 30/6/2020, siendo dicha sentencia confirmada por la Sala B de la Cámara Federal de Mendoza con fecha 16/9/2020 ; entre otros.
Por las razones expuestas en los Considerandos que anteceden, VOTO por:
1. Declarar la invalidez del Decreto delegado 793/2018, emanado por el Poder Ejecutivo Nacional, desde su fecha de entrada en vigencia (B.O. 04/09/2018) y hasta su ratificación plena y expresa por parte del Poder Legislativo, mediante los artículos 81 y 82 de la ley 27.487 (Ley de Presupuesto 2019), publicada en el Boletín Oficial el 4 de diciembre de 2018.
2. Revocar la Resolución RESOL-2020-17-E-AFIPADCAOL#SDGOAI (AD CAOL), dictada por el Administrador de la División Aduana Caleta Olivia en la Actuación SIGEA n° 19144-11253-2019, en cuanto rechazó el pedido de devolución de la suma de $ 238.477,57, abonada en demasía por la firma actora en concepto de derechos de exportación establecidos por el Decreto 793/18.
3. Ordenar a la DGA demandada la devolución de la suma de $ 238.477,57, que fueran ingresados por Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A en concepto de derechos de exportación, con sustento en el decreto n°793/2018, respecto de los permisos de embarque objeto de autos Nros. 18087EC01000615P, 18087EC01000606P, 18087EC01000605Y, 18087EC01000603M, 18087EC01000604N, 18087EC01000623Y, 18087EC01000622N, 18087EC01000743R, 18087EC01000656U y 18087EC01000655T, que fueran oficializados entre la fecha de entrada en vigencia del Decreto n°793/2018 (B.O. 04/09/2018) y la fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467(B.O. 4/12/2018); con más los intereses ordenados por los artículos 811 y 812 del Código Aduanero.
4. Las costas se imponen a la parte demandada vencida (confr. art. 1163 del Código Aduanero).
El Dr. González Palazzo dijo:
Adhiero al voto del Dr. Garbarino.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
1. Declarar la invalidez del Decreto delegado 793/2018, emanado por el Poder Ejecutivo Nacional, desde su fecha de entrada en vigencia (B.O. 04/09/2018) y hasta su ratificación plena y expresa por parte del Poder Legislativo, mediante los artículos 81 y 82 de la ley 27.487 (Ley de Presupuesto 2019), publicada en el Boletín Oficial el 4 de diciembre de 2018.
2. Revocar la Resolución RESOL-2020-17-E-AFIPADCAOL#SDGOAI (AD CAOL), dictada por el Administrador de la División Aduana Caleta Olivia en la Actuación SIGEA n° 19144-11253-2019, en cuanto rechazó el pedido de devolución de la suma de $ 238.477,57, abonada en demasía por la firma actora en concepto de derechos de exportación establecidos por el Decreto 793/18.
3. Ordenar a la DGA demandada la devolución de la suma de $ 238.477,57, que fueran ingresados por Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A en concepto de derechos de exportación, con sustento en el decreto n° 793/2018, respecto de los permisos de embarque objeto de autos Nros. 18087EC01000615P, 18087EC01000606P, 18087EC01000605Y, 18087EC01000603M, 18087EC01000604N, 18087EC01000623Y, 18087EC01000622N, 18087EC01000743R, 18087EC01000656U y 18087EC01000655T, que fueran oficializados entre la fecha de entrada en vigencia del Decreto n°793/2018 (B.O. 04/09/2018) y la fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467(B.O. 4/12/2018); con más los intereses ordenados por los artículos 811 y 812 del Código Aduanero.
4. Las costas se imponen a la parte demandada vencida (confr. art. 1163 del Código Aduanero).
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Dres. Miguel Nathan Licht (vocal subrogante de la Vocalía de la XVIII Nom.), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2021.12.20 21:35:03 -03:00 Date: 2021.12.22 18:36:57 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.12.22 21:26:45 -03:00 Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.12.22 21:26:46 -03:00
Fin de la sentencia