Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 25051636-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, y en consecuencia, revocar la sentencia apelada del Tribunal Fiscal de la Nación y reconocer el derecho de la firma PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA SA a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa con más los intereses, de conformidad con lo establecido en los considerandos IX y X. Costas de ambas instancias a la parte demandada vencida.
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA N° 34109/2023 “PETROQUIMICA COMODORO
RIVADAVIA SA (TF 25051636-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de marzo de 2024. NAI Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Por sentencia del 11/11/2022, la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación, confirmó la Resolución RESOL-2020-34-E-AFIP- ADCAOL#SDGOAI, (dictada en el expediente administrativo SIGEA N° 19144-11143-2019, que se encuentra digitalizado en el DEO 10872847) mediante la cual se rechazó el pedido de devolución de derechos de exportación formulados por la firma PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA SA. Asimismo, impuso las costas por su orden.
Para así decidir, el Tribunal Fiscal de la Nación señaló que, el 26/4/2022, en virtud del Fallo Plenario IF-2022-40809437-APN- VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN- SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, la competencia aduanera del Tribunal Fiscal por mayoría había acordado: “ARTÍCULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTÍCULO 2 °.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”.
Así las cosas, puntualizó que, teniendo en expresa consideración lo ordenado en el artículo 151 de la Ley N° 11.683, a los fines de la resolución de la causa resultaba plenamente aplicable la doctrina legal establecida en el referido Acuerdo Plenario, por lo que resultaba ajustado a derecho confirmar la resolución apelada, en cuanto había dispuesto rechazar el pedido de devolución de derechos de exportación formulado por la firma PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA SA.
II. Contra la sentencia, la parte demandada interpuso recurso de apelación y expresó agravios el 16/12/2022 (v. IF-2022- 135514435-APN-DTD#JGM), los cuales fueron contestado por la contraria el 27/2/2023 (v. IF-2023-21295500-APN-DTD#JGM).
Se agravia únicamente respecto de la imposición de costas por su orden.
Al respecto, sostiene que, no resulta aplicable el artículo 1163 actualizado por la Ley N° 27.430 (sancionada en el año 2017), en virtud de que las actuaciones bajo análisis que derivaron en la sentencia apelada lo fueron bajo el amparo del artículo 1.163 introducido por el Decreto N° 1684/93, artículo 9, el cual específicamente establece que “La parte vencida en el juicio deberá, sin excepción alguna, pagar todos los gastos causídicos y costas de la contraria, aún cuando esta no lo hubiere solicitado”.
Seguidamente, postula que tampoco existen razones suficientes para apartarse del principio objetivo de la derrota, y aplicar el artículo 184 de la Ley N° 11.683, con la modificación introducida por la Ley N° 25.239, que en materia impositiva permite eximir total o parcialmente de costas al litigante vencido.
En este sentido, puntualiza que no existen dudas de que la firma actora fue quien resultó vencida.
Ello así, aduce que teniendo en consideración que las actuaciones tramitaron en su totalidad bajo el amparo del antiguo artículo CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA N° 34109/2023 “PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA SA (TF 25051636-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
1.163 del Código Aduanero, no existen motivos que permitan apartarse del principio objetivo de la derrota allí establecido.
Por último, y ante el hipotético caso de que se considere que debe aplicarse el actual artículo 1.163 del Código Aduanero, se agravia por considerar la imposición de costas como arbitraria por parte del Tribunal Fiscal de la Nación. En consecuencia, refiere que la sentencia recurrida no debería haberse apartado del principio objetivo de la derrota, menos aún sin haber justificado dicho apartamiento, lo cual conlleva la pena de nulidad.
III. Por su parte, la actora interpuso recurso de apelación el 1/2/2023 (v. IF-2023-12046763-APNDTD#JGM) y expresó agravios el 24/2/2023 (v. RE-2023-20562310-APN-DTD#JGM), los cuales fueron contestados por la parte demandada el 14/3/2023 (v. IF-2023-27850400-
APN-DTD#JGM).
En primer lugar, la firma exportadora aduce que el derecho de exportación fue ilegítimamente establecido por el Poder Ejecutivo de la Nación, mediante el Decreto N° 793/18, en violación al principio constitucional de legalidad tributaria, sin previa ley que fijara las bases del tributo, violando los preceptos constitucionales. En este sentido, se agravia de que el Decreto N° 793/18 haya sido considerado válido.
Así, sostiene que respecto del Decreto N° 793/18, la ley no dispuso mantener la validez y vigencia del decreto con efectos retroactivos, sino hacia el futuro.
También, expresa que el derecho de exportación tiene carácter tributario y no puede ser establecido por vía administrativa sino por ley. En este orden de ideas, puntualiza que el derecho de exportación cuestionado no había sido dictado al amparo del ejercicio de las facultades reglamentarias ejecutivas que le asisten al presidente, ya que no existía ley previa que hubiera establecido las pautas de aplicación del derecho referido, susceptible de reglamentación.
Seguidamente, manifiesta que se soslayó la condición impuesta legalmente para ejercer la facultad prevista por el artículo 755 del Código Aduanero, la cual consiste en cumplir con las condiciones impuestas por el Código Aduanero y las leyes que fueren aplicables, en el total entendimiento que todas las pautas esenciales del derecho de exportación, incluyendo su alícuota, debe ser establecida previamente por ley. Ello así, indica que, tratándose el derecho de exportación de un tributo regido por la legislación aduanera, le cabe el principio de reserva de ley, conforme lo establecido por la Constitución Nacional y el artículo 755 del Código Aduanero.
Por otro lado, se agravia del alcance dado a la Ley N° 26.12, en tanto entiende que la misma resulta inaplicable al Decreto N° 793/18, toda vez que dicha norma establece un régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes, no constituyendo el referido decreto ninguno de estos tipos de decretos.
Asimismo, aduce que debe aplicarse al caso bajo análisis la doctrina de la Corte Suprema del fallo “Camaronera” (Fallos: 337:388).
A continuación, postula que el Decreto N° 793/18 carece del debido sustento legal conforme lo exigido por el propio artículo 755 del Código Aduanero, es decir una ley previa que hubiera establecido una clara política legislativa en la materia tributaria, con todos los elementos esenciales del derecho de exportación que se pretende aplicar, en especial la mercadería sujeta al gravamen y su alícuota.
En concordancia, refiere que surge en forma manifiesta su ilegitimidad, afectando además derechos, garantías y principios constitucionales.
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Por último, cita y analiza diversa jurisprudencia en la cual se dispuso la ilegitimidad e inconstitucionalidad de los derechos de exportación establecidos por el Decreto N° 793/18.
IV. De manera preliminar, es necesario advertir que este Tribunal no se encuentra obligado a seguir a los apelantes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (confr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “CPACF- Inc Med (2-III-11) c/ BCRA Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/2011; “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/2014, “Laham, Alberto Elías c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/2015; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/2018; “Martínez, José Domingo y otros c/ EN-M° Seguridad -PSA- s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, Causa Nº 48697/2017, del 25/11/2020; “Cargill SACI c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa N° 55388/2019, del 18/10/2022, entre otros).
V. En este orden de ideas, es adecuado recordar que, en consonancia con lo previsto en el artículo 1.180 del Código Aduanero, no cabe rever en esta instancia las cuestiones fácticas planteadas en la instancia anterior, atento la limitación con que ha sido previsto por la ley el recurso que se intenta (confr. CSJN, Fallos: 300:985 y; esta Sala, in rebus: “Schmid, Walter Edmundo”, del 26/10/84; “Procter & Gamble Soc. Col (TF 19609-A) c/ DGA”, del 21/9/2006; “Baxter Argentina SA TF 34662-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 16/12/2020, entre otras).
Es decir que, por principio, no cabe revisar en esta instancia cuestiones atinentes a la valoración de los elementos fácticos en los que el Tribunal Fiscal de la Nación ha fundado su decisión, en virtud de lo normado por el citado artículo 1.180 del Código Aduanero, puesto que está reservada a dicho tribunal la apreciación respecto de la prueba y su suficiencia, salvo que mediara error de magnitud suficiente en esa ponderación, supuesto en el que cabría apartar la aplicación de aquél principio (confr. CSJN, Fallos: 300:985; esta Sala, in rebus: “Welding Argentina SA (TF 17821-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 6774/2015, del 15/12/2016; “Holgado, Alejandra Marcela TF 26455-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 37638/2017, del 4/10/2018; “Novartis Argentina SA (TF 28664-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 5609/2016, del 21/6/2019; “Procesadora de Boratos Argentinos SA (TF 30115-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 3084/2020, del 5/5/2021; “Paraná SA de Seguros (TF 38231-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 10/2019, del 22/7/2022 y, “Gargiulo, Antonio Bartolomé (TF 40091-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 27458/22, del 27/12/2022, entre muchos otros).
VI. Ello así, la materia sobre la cual debe expedirse esta Alzada –según la lectura de las piezas que conforman esta litis– es si los derechos de exportación abonados por la firma “PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA SA”, en ocasión de documentar los permisos de embarque Nros. PE 18 087 EC01 000581 R, PE 18 087 EC01 00586 W, PE 18 087 EC01 00613 N, PE 18 087 EC01 000590 R, PE 18 084 EC01 000589 C, PE 18 087 EC01 000588 B, PE 18 087 EC010 00602 L, PE 18 087 EC01 000600 J, PE 18 087 EC01 000599 D y, PE 18 087 EC01 000597 B (en total $156.876,360), conforme a las disposiciones del Decreto N° 793/18 (B.O. 4/9/2018), resultan o no ajustados a derecho.
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VII. A tal fin, resulta conveniente, previamente, describir el plexo normativo aplicable, junto con los principales lineamientos que emanan del precedente “Camaronera Patagónica SA” de la Corte Suprema, ya que resultan de insoslayable lectura para su resolución. En este orden de ideas, cabe señalar que la Constitución Nacional dispone que: “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca…” (artículo 76, primer párrafo).
Por otro lado, en su artículo 99 prevé que el Presidente de la Nación posee diversas atribuciones, entre las que se encuentran –en lo que aquí interesa– las siguientes: (i) expedirá las instrucciones y reglamentos que sean necesarias para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias (inciso 2º); (ii) es quien participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y las hace publicar, pero no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo (inciso 3º).
Asimismo, en el mismo inciso se dispone que “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros”. A tal fin, “El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso” (art. 99 inciso 3º).
A su vez el artículo 100 establece que tanto el jefe de gabinete de ministros como los demás ministros secretarios no solo tienen a su cargo el despacho de los negocios de la Nación, sino que también a ellos les corresponde refrendar y legalizar los actos del presidente por medio de su firma, los cuales sin dicho requisito, carecen de eficacia. Además, el mencionado artículo determina que el jefe de gabinete de ministros es a quien le corresponde refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los cuales también estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente (inciso 12).
Por su parte, el Código Aduanero establece que el Poder Ejecutivo podrá “a) gravar con derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería que no estuviere gravada con este tributo; b) desgravar del derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería gravada con este tributo; y c) modificar el derecho de exportación establecido” (inciso 1º, artículo 755).
Por otro lado, en el precedente “Camaronera Patagónica SA” la mayoría del Máximo Tribunal destacó la indudable naturaleza tributaria de este derecho de exportación.
Ello así, señaló que se trataba de un “tributo cuya definición puede comprenderse en el artículo 724 del Código Aduanero, en tanto grava el hecho de la exportación misma de la mercadería, para consumo, involucrando una carga pecuniaria coactiva para el sujeto pasivo que realice la acción gravada prevista por la norma, con destino a las arcas públicas…” (Considerando 6º).
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Asimismo, destacó que en el Código Aduanero se determinó la posibilidad de que este tipo de gravámenes fuera establecido con finalidad recaudatoria, es decir, para nutrir el erario público y, también con el objeto de cumplir con los demás fines estatales. En este sentido, la Corte Suprema mencionó que “las razones que se invocaron para dictar la resolución 11/02 se inscriben dentro de tal caracterización pues en los considerandos que precedieron a dicha norma se aludió al fuerte deterioro de los ingresos fiscales (…) No obstante ello, corresponde reiterar que el ‘derecho’ establecido por la resolución mencionada es por su naturaleza un tributo – específicamente, un impuesto–, más allá de los fines que con él se hayan querido lograr” (Considerando 7º).
Así las cosas, y luego de señalar que la controversia suscitada requería el examen de compatibilidad de las normas en debate – especialmente el artículo 755 del Código Aduanero y la Resolución N° 11/02– con las que la Constitución Nacional fijó para el establecimiento de los gravámenes, afirmó que “nuestra Ley Fundamental prescribe, de manera reiterada y como regla primordial, tanto en el art. 4º como en los arts. 17 y 52, que solo el Congreso impone las contribuciones referidas en el primero de ellos”, y puntualizó que el principio de legalidad o reserva de ley, de raigambre constitucional “abarca tanto a la creación de impuestos, tasas o contribuciones especiales como a las modificaciones de los elementos esenciales que componen el tributo, es decir, el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones” (Considerando 8º).
A continuación, en relación con el principio de reserva de ley en materia tributaria indicó que el mismo no cede en el supuesto de que se actúe mediante el mecanismo de la delegación legislativa, recordando que ella misma sostuvo al respecto que “los aspectos sustanciales del derecho tributario no tienen cabida en las materias respecto de las cuales la Constitución Nacional (art. 76), autoriza, como excepción y bajo determinadas condiciones, la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo…” (Considerando 9º).
A partir de tal premisa, destacó que el legislador no había determinado de manera cierta e indudable la forma de cuantificar la prestación, sino que había recurrido a lo dispuesto por la Resolución N° 11/02, de manera que el Congreso Nacional no había previsto cuál era la alícuota aplicable, ni siquiera mediante el establecimiento de unos baremos máximos y mínimos para su fijación. Por lo tanto, concluyó que “al guardar silencio el citado cuerpo legal respecto de la alícuota máxima que puede establecerse en materia de derechos de exportación, coloca a la resolución impugnada a extramuros de las normas y principios constitucionales antes reseñados” (Considerando 9º, último párrafo).
Seguidamente, en el Considerando 10 explicó la utilidad que revisten los tributos aduaneros como herramienta estadual frente a las fluctuaciones que presenta el comercio internacional, exponiendo que en el ámbito de los derechos aduaneros “cobra relevancia la doctrina según la cual ‘tratándose de materias que presentan contornos o aspectos tan peculiares, distintos y variables que al legislador no le sea posible prever anticipadamente la manifestación concreta que tendrán en los hechos, no puede juzgarse inválido, en principio, el reconocimiento legal de atribuciones que queden libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo, siempre que la política legislativa haya sido claramente establecida’”. A continuación, mencionó que en ese contexto, resultaba admisible que el Congreso atribuyera al Poder Ejecutivo determinadas facultades, las que se ceñirían exclusivamente al aspecto cuantitativo de la obligación tributaria, consistiendo por lo tanto en autoriza elevar o disminuir las alícuotas aplicables, siempre y cuando, para el ejercicio de dicha atribución, se fijaran pautas y límites precisos mediante una clara política legislativa.
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A partir de este análisis la Corte Suprema concluyó que la Resolución Nº 11/02 resultaba inválida.
Sin embargo, en el Considerando 11 desechó que pudiera desconocerse que la Ley N° 25.645 había aprobado “la totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma de 1994”, destacando que “Es evidente que los términos empleados por el legislador al sancionar la ley 25.645 constituyen una clara manifestación de su decisión política de ratificar la legislación delegada dictada hasta el 24 de agosto de 2002…”, lo cual representó “…la voluntad expresa del Congreso Nacional en la materia y solo pueden ser interpretados en el sentido de que quiso conferir rango de ley al contenido de todas las normas delegadas dictadas con anterioridad a su entrada en vigencia”.
Por lo tanto, negando que la Ley N° 25.645 pudiera convalidar retroactivamente una norma que adolecía de nulidad absoluta e insanable como la Resolución N° 11/02, declaró que no existía “razón alguna para privarla de efectos en relación con los hechos acaecidos después de su entrada en vigencia…”, resolviendo que la invalidez del reglamento se circunscribía al período comprendido entre el 5/6/2002 y el 24/8/2002, momento –este último– a partir del cual había comenzado a regir la Ley N° 25.645.
VIII. Teniendo en consideración todo lo expuesto, resulta conveniente destacar que la presente cuestión ya ha sido examinada por esta Sala en las causas “Catajuy SRL c/ EN DGA s/ DGA”, Causa N° 377 /2021, del 18/10/2022, “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 25041338-A) c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa N° 26.963/2022, del 29/12/2022, “Argen Pork Export Consorcio de Cooperación c/ EN -AFIP- DGA s/ DGA”, Causa N° 62.761/2019, del 03/02/2023 y “El Galgo SA c/ EN -AFIPDGA s/ DGA”, causa Nº 14.520/2020, del 28/03/2023, entre otras.
En dichos precedentes, se señaló que la ratificación legislativa, como regla general, carecía de efectos retroactivos respecto de los decretos que adolecían de vicios en su origen, al tiempo que, particularmente en la causa “Catajuy SRL”, se explicaron las razones del apartamiento a lo resuelto por esta Sala el 14 /11/2019 en la Causa N° 74.554/2018, “Patagonic Gas SRL c/ EN -AFIP- DGA s/ Amparo”. En cuanto al fondo del asunto, se desestimó la tesis sostenida por la demandada, dirigida a subsumir el Decreto N° 793/18 en las facultades del artículo 99, inciso 2 de la Constitución Nacional, atento a la preponderancia que en materia tributaria posee el principio de legalidad.
Asimismo, se puso de resalto que si bien al dictarse el decreto en cuestión regía la Ley N° 26.122, ello no tornaba diferente la situación a la decidida por la Corte Suprema en la causa “Camaronera Patagónica SA”, ya que en ambos casos el vicio era congénito y superado por la ley posterior sancionada por el Poder Legislativo.
A su vez, con base en lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley N° 27.467, se dispuso que el Decreto N° 793/18 –aquí cuestionado– careció de vigencia entre el 4/9/2018 –fecha de entrada en vigor del aludido decreto– y el 4/12/2018 –fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 27.467– por lo que correspondía reconocer el derecho al reintegro de los derechos de exportación abonados en dicho periodo (confr. esta Sala, in re: “ARCOR SAIC (TF 69421146-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 23225/2023, del 7/11/2023).
IX. De conformidad con todo lo reseñado y explicado, y advirtiendo que el planteo de autos guarda semejanza sustancial con las causas mencionadas en el considerando que antecede –ello, tanto desde el plano fáctico como jurídico–, en línea con lo allí resuelto, corresponde admitir los agravios presentados por la firma actora y, en consecuencia, dejar sin efecto la sentencia apelada.
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Por ello, toda vez que las operaciones relativas a los permisos de embarque Nros PE 18 087 EC01 000581 R, PE 18 087 EC01 00586 W, PE 18 087 EC01 00613 N, PE 18 087 EC01 000590 R, PE 18 084 EC01 000589 C, PE 18 087 EC01 000588 B, PE 18 087 EC01 000602 L, PE 18 087 EC010 00600 J, PE 18 087 EC01 000599 D y, PE 18 087 EC01 000597 B, de acuerdo con las constancias de autos, tuvieron lugar entre el 27/9/2018 y el 5/10/2018 (esto es, con anterioridad al 4/12/2018), deberán reintegrarse las sumas reclamadas por la firma actora.
X. En cuanto a los intereses que habrán de adicionarse a las sumas a reintegrar (artículo 811 del Código Aduanero), deberán liquidarse de la siguiente manera: (i) debido a que el reclamo de repetición –SIGEA 19144-11143-2019– fue presentado el 12/9/2019, una vez que ya surtía efectos la Resolución N° 598/19 MH (v. artículo 10, 1/8/2019), corresponderá estarse a sus términos hasta el 30/8/2022; (ii) con posterioridad, deberán aplicarse los intereses establecidos en la Resolución N° 559/22 del Ministerio de Economía (desde el día 1/9/2022 –confr. artículo 9– hasta el día 31/1/2024); y (iii) finalmente, corresponderá aplicar los intereses previstos en la Resolución N° 3/24 (desde el día 1/2/2024 –confr. artículo 10–) o la que en el futuro pudiera regir, hasta el momento del pago.
XI. Por último, en cuanto a la imposición de costas, teniendo en cuenta que en esta instancia se resuelve revocar el decisorio de la anterior instancia y, que tampoco se advierte la existencia de cuestiones suficientes para que el Tribunal se aparte del principio general de la derrota, corresponde imponerlas –en ambas instancias– a la parte demandada vencida (artículos 68, primera parte, y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
En concordancia, resulta inoficioso expedirse respecto del agravio deducido por la parte demandada.
Por ello, en mérito de lo precedentemente expuesto, y habiendo dictaminado el Sr. Fiscal General, SE RESUELVE: hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, y en consecuencia, revocar la sentencia apelada del Tribunal Fiscal de la Nación y reconocer el derecho de la firma PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA SA a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa con más los intereses, de conformidad con lo establecido en los considerandos IX y X. Costas de ambas instancias a la parte demandada vencida.
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General –mediante correo electrónico dirigido a la dirección oficial del Ministerio Público ante esta Alzada ([email protected]; [email protected]; [email protected]; y dvocosmpf.gov.ar)– y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Fin de la sentencia