Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 107473050-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir el recurso de la parte actora, revocar la resolución del 4/10/21 en cuanto fue materia de agravios y declarar prescriptas las acciones del Fisco Nacional con relación a la destinación de importación temporaria 07 001 IT14 001646 G.
2Imponer las costas de ambas instancias a cargo del Fisco.
3Reducir los honorarios regulados el 18/4/22 y fijar los correspondientes a la actuación ante esta instancia del modo en que surge del considerando 10.
4Imponer astreintes a la parte actora en los términos dispuestos en el considerando 11.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
17248/2023 “PETROQUIMICA CUYO SAIC (TF 107473050-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, mayo de 2023.
1. Que, el 4/10/21, el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió las excepciones de prescripción y nulidad, declaradas de previo y especial pronunciamiento, y, por mayoría: (i) admitió la nulidad opuesta por la actora y declaró la invalidez de todo lo actuado a partir del auto de fs. 41 de la actuación administrativa 12197-4508-2013, incluida la resolución condenatoria DE PRLA 9635/19; e (ii) impuso las costas a la DGA (v. pp. 677-684 de la versión digital del expte. TF 107473050-A, remitida con el oficio del 17/4/23).
Para decidir de tal modo, previo a todo, el voto que conformó la mayoría se apartó de lo propuesto por el vocal instructor y desestimó el planteo de prescripción de las acciones del Fisco, formulado por la importadora.
Al respecto, destacó que la infracción investigada en las actuaciones se habría cometido el 22/2/09 (fecha de vencimiento del plazo de permanencia de la mercadería amparada por la destinación 07 001 IT14 001646 G), por lo que el plazo quinquenal de prescripción de las acciones tendientes al cobro de los tributos y a la imposición de sanciones había comenzado a correr el 1º/1/10 y hubiese vencido el 31/12/14 (arg. arts. 804 y 935, CA). Sin embargo, con relación a la acción tributaria, señaló que el plazo se había suspendido desde la apertura del sumario dispuesta el 14/11/14 (arg. art. 805, inc. a, CA). Precisó que hasta ese momento habían transcurrido 4 años, 10 meses y 13 días del plazo quinquenal; es decir que restaban cumplirse 1 mes y 18 días. Agregó que, con arreglo a lo dispuesto en el citado artículo, la causal suspensiva había cesado con el dictado de la resolución que puso fin al sumario, el 11/11/19. A partir de allí, comenzaron a correr los días que restaban para completar el plazo quinquenal, que hubiese vencido el 31/12/19. No obstante, el 26/11/19 había tenido lugar la notificación de la resolución DE PRLA 9635/19; acto al que se entendió que correspondía atribuirle efectos interruptivos del curso de la prescripción, con sustento en lo previsto por el artículo 806, inciso a, del Código Aduanero. Por otro lado, en lo que respecta a la acción para imponer sanciones, la mayoría indicó que el plazo en curso se interrumpió con el auto de apertura sumarial del 14/11/14 (arg. art. 937, inc. a, CA). A su vez, con referencia a la causal prevista por el inciso d, del artículo 937 CA, añadió que había comenzado a correr un nuevo plazo de prescripción el 11/11/19, con el dictado de la resolución condenatoria, y que antes de su vencimiento, el 26/11/19, había tenido lugar la notificación de tal acto. Por esa razón, dedujo que “a este respecto tampoco se habría operado en autos la prescripción” (p. 683, expte. cit.).
Más allá del resultado de la votación en lo referente a la extinción de las acciones del demandado, los tres vocales del tribunal de origen coincidieron en que debía prosperar el planteo de nulidad efectuado por la actora con sustento en la falta de notificación de la declaración de rebeldía.
A este respecto, mencionaron que el auto de corrida de vista del sumario se había intentado notificar a la importadora y a la compañía aseguradora mediante el Sistema de Comunicación y Notificación Electrónica Aduanera (SICNEA); sin embargo, la notificación correspondiente a la primera no figuraba en estado “notificado”. También indicaron que, de acuerdo a lo establecido por el anexo I, apartado II, punto 2.1.9 de la resolución general 3474/13 —regulatoria de aquel sistema —, el usuario debió haber sido notificado de la corrida de vista en la forma prevista por el artículo 1013, inciso c, del Código Aduanero; es decir, mediante cédula diligenciada a su domicilio por un funcionario notificador.
En ese marco, dado que no existía constancia en las actuaciones de notificación mediante cédula ni SICNEA con estado “notificado”, y por aplicación del principio que consagra el artículo 898 del Código Aduanero, los miembros del tribunal consideraron que correspondía estar a la documentación presentada por Petroquímica Cuyo SAIC mediante RE-2019-107472589-APN-SGASAD#TFN y tenerla por notificada de la corrida de vista el 13/11/19.
Sobre esa base, consideraron que el auto del 30/10/19, mediante el cual se había declarado rebelde a la actora (fs. 41, act. adm.), careció de fundamento legal. A ello agregaron que este último acto tampoco fue fehacientemente notificado, como hubiese sido necesario para preservar el derecho de defensa del imputado; todo lo cual determinaba la nulidad absoluta de lo actuado a partir de su emisión.
2. Que, disconforme con la decisión, el Fisco Nacional interpuso apelación el 17/11/21, que se fundó el 13/12/21, se concedió el 17/12/21 y fue replicada el 29/12/21 (v. pp. 690-691, 717-728, 730 y 732-737 expte cit.).
En sustancia, planteó que la actora no había acreditado un perjuicio, ya que tuvo oportunidad de ofrecer y producir la prueba que hacía a su derecho en la instancia jurisdiccional ante el Tribunal Fiscal de la Nación, por lo que, a su entender, no correspondía declarar la nulidad del procedimiento sumarial por la nulidad misma. A ello, agregó que la petición de la actora se oponía a lo previsto por el artículo 1051 del Código Aduanero.
3. Que, por su parte, la actora interpuso apelación el 18/11/21, que se fundó el 7/12/21, se concedió el 17/12/21 y fue replicada el 4/2/22 (v. pp. 692, 697-709, 730 y 750-754 expte. cit.).
Por un lado, planteó que la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación era arbitraria porque omitió tratar su planteo de nulidad del acto de instrucción sumarial por incumplimiento de lo previsto en el artículo 1094 del Código Aduanero, lo que hubiese determinado la prescripción de las acciones del Fisco, tanto para exigir el cobro de los tributos como de la multa.
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En particular, sostuvo que el auto de apertura del sumario, del 14/11/14, no fue apto para suspender el curso de la prescripción de la acción tributaria (arg. art. 805, inc. a, CA) ni para interrumpir el de la acción infraccional (937, inc. a, CA), toda vez que no contuvo la liquidación de los tributos; la cual, a juzgar por las fechas de actos posteriores, se habría practicado en algún momento entre el 9/4/15 y el 11/10/19, es decir, una vez vencido el plazo de prescripción original (31/12/14). Esto último, a su entender, impedía considerar válida la apertura del sumario, a la luz de lo dispuesto por el artículo 1094 del código de la materia y la jurisprudencia de este Fuero. Por otro lado, planteó que el pronunciamiento también era arbitrario porque incurría en una evidente contradicción, al desestimar la defensa de prescripción reconociéndole efectos a ciertos actos (la resolución DE PLRA 9635/19 y su notificación) que se declaraban nulos e inexistentes en la propia decisión apelada, por ser posteriores a la declaración de su rebeldía.
Finalmente, cuestionó que se hubieran planteado dudas sobre la fecha en que quedó notificada de la corrida de vista, toda vez que la constancia por ella acompañada (del 13/11/19) no había sido desvirtuada por ningún otro elemento en contrario. Sobre esa base, argumentó que tanto la declaración de rebeldía como la resolución que había puesto fin al sumario resultaron nulas porque se dictaron con antelación al vencimiento del plazo previsto por el artículo 1101 del Código Aduanero, que en su caso operaba en las dos primeras horas del 29/11/19.
4. Que, el 18/4/22, se regularon los honorarios del letrado apoderado de la parte actora, que fueron apelados por altos el 27/4/22 y por bajos el 29/4/22 (v. pp. 763-764, 768-771 y 779-780, expte. cit.). Ambos recursos se concedieron el 3/6/22, y el letrado de la actora contestó el traslado conferido el 23/6/22 (íd., pp. 784 y 786-788).
5. Que, ante todo, debe contemplarse que los jueces no están obligados a seguir a los recurrentes en todas y cada una de sus argumentaciones, sino tan sólo en aquéllas que sean conducentes para resolver el concreto conflicto (cfr. Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; y esta Sala, causa “Larraburu”, sent. del 7/4/92, entre otras).
6. Que la Corte federal tiene reiteradamente dicho que la sentencia debe configurar un todo indivisible, demostrativo de una unidad lógico jurídica ya que no es el imperio del tribunal ejercido en la parte dispositiva lo que le da validez y fija sus alcances, sino que estos dos aspectos dependen también de las motivaciones que sirven de base al pronunciamiento (Fallos: 343:2098; 342:2183; 339:873; entre otros). En ese entendimiento, no puede pasar inadvertido que la decisión mayoritaria del Tribunal Fiscal de la Nación incurre en una contradicción en sus propios términos, susceptible de invalidarla como pronunciamiento jurisdiccional (doctr. Fallos: 307:707 y 316:55, entre otros), toda vez que los argumentos que esgrime para el rechazo de la excepción previa de prescripción —en particular, en cuanto le reconoce efectos sobre el curso de la prescripción al dictado y notificación de la resolución DE PRLA 9635/19— son incompatibles con la resolución de declarar la nulidad absoluta de lo actuado a partir de la declaración de rebeldía de la parte actora. Ello así, pues la consecuencia de tal declaración es privar a los actos viciados de sus efectos propios, y opera de manera retroactiva (cfr. art. 14, inc. b, ley 19.549; Sala I, causa “Kohn Loncarica”, sent. del 12/3/98; Sala III, causa “Stavale”, sent. del 3/8/93; y esta Sala, causa “Galíndez”, sent. del 27/4/93, entre muchas otras).
Se colige, entonces, que el tribunal de origen no pudo válidamente sostener que los actos declarados nulos habían impedido que operase la prescripción de las acciones del Fisco Nacional.
7. Que, con independencia de lo anterior, la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación también es objetable porque omitió expedirse sobre una cuestión oportunamente propuesta a su consideración, como es la nulidad del acto de apertura sumarial del 14/11/14; lo que habilita a su tratamiento en esta instancia con arreglo a lo previsto por el artículo 278 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, supletoriamente aplicable al caso (arg. art. 1182, CA).
A este respecto, y por tratarse de supuestos sustancialmente análogos, corresponde remitir a lo resuelto por esta Sala en la causa 62942/19 “Compañía Constructora de Embarcaciones SA c/ ANA s/ recurso directo de organismo externo”, resolución del 27/2/20.
La similitud entre las causas viene dada porque en este caso, al igual que en el precedente mencionado, la actora planteó la nulidad del auto de apertura del sumario en la primera oportunidad procesal (v. p. 615, expte. cit.). Además, debe evaluarse que, en atención a la fecha de vencimiento de la importación temporaria (22/2/09), la prescripción de las acciones del Fisco comenzó a correr el 1º/1/10 y operaba el 31/12/14. Por otra parte, de las constancias de la actuación se desprende que el Fisco ordenó instruir el sumario el 14/11/14 (íd., p. 556) y que la liquidación definitiva de la multa y de los tributos adeudados tuvo lugar en fecha posterior al 9/4/15 (íd., pp. 557- 559); es decir, cuando las acciones del Fisco ya se habían extinguido por prescripción. Lo mismo cabe decir con respecto a la corrida de vista ordenada el 10/10/19 (íd., p.
566. y notificada el 13/11/19 (de acuerdo con la constancia proporcionada por la importadora, v. p. 350, expte. cit.). Es decir, que la actora tomó conocimiento de la existencia del sumario cuando habían transcurrido más de 10 años desde la supuesta comisión de la infracción y 5 desde que se dispusiese su apertura.
En esas condiciones, se concluye que el acto del 14/11/14 constituyó uno de mero trámite al que no cabe reconocer efectos suspensivos ni interruptivos de la prescripción de las acciones del Fisco en los términos dispuestos por los artículos 805, inciso a, y 937, inciso a, del Código Aduanero, toda vez que fue dictado en violación a CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 17248/2023 “PETROQUIMICA CUYO SAIC (TF 107473050-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
la ley y en detrimento del derecho de defensa en juicio de la recurrente (arg. art. 1094, del CA y causa citada).
Por ello, corresponde admitir el recurso de la parte actora, revocar la resolución del 4/10/21 en cuanto fue materia de agravios y declarar prescriptas las acciones del Fisco con relación a la destinación de importación temporaria 07 001 IT14 001646 G.
8. Que, si bien lo resuelto torna insustancial examinar el recurso del Fisco Nacional –toda vez que la nulidad y consiguiente prescripción de sus acciones se declara por un argumento independiente del que motiva sus agravios–, vale aclarar que este Tribunal mantiene un criterio acorde al de la resolución apelada en punto a la importancia que reviste el acto que declara la rebeldía del imputado y la necesidad de su notificación fehaciente al interesado (cfr. causa 56935/13 “Ortíz Baez, Jacinta c/ DGA”, resol. del 10/6/14; entre otras).
9. Que las costas de la anterior instancia se mantienen a cargo del demandado sustancialmente vencido, y de igual modo se imponen las correspondientes a la actuación ante esta Cámara, por no advertirse motivos que justifiquen la dispensa (arg. arts. 1163 y 1182 del CA, y 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN).
10. Que toda vez que la decisión adoptada no altera la base regulatoria ni el sujeto obligado al pago de los honorarios, corresponde tratar las apelaciones deducidas contra el auto del 18/4/22.
Al respecto, teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, el resultado obtenido y la trascendencia económica de la cuestión en debate; y atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada por Eduardo Mallea en carácter de letrado apoderado en la defensa de la actora, durante la única etapa que tuvo el proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, corresponde REDUCIR los honorarios regulados a su favor a la suma de pesos trescientos cincuenta y ocho mil trescientos noventa y dos ($358.392) –equivalentes a la cantidad de 24 UMA– (arts. 16, 19, 20, 21, 29 inc. a, 51, 58 inc. a, y ccdtes. de la ley 27.423 y acordada CSJN 9/23).
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 y concordantes de la ley de arancel, corresponde REGULAR en la suma de pesos sesenta y siete mil ciento noventa y ocho con cincuenta centavos ($67.198,5) –equivalentes a la cantidad de 4,5 UMA– los emolumentos de Eduardo Mallea, por su actuación en esta instancia como copatrocinante y apoderado en la defensa de la parte actora; y en la suma de pesos treinta y siete mil trescientos treinta y dos con cincuenta centavos ($37.332,5) – equivalentes a la cantidad de 2,5 UMA– los de María Laura Bacigalupo, por su actuación en esta instancia como copatrocinante de la actora (cfr. expresión y contestación de agravios).
Se deja constancia que las regulaciones que anteceden deberán cancelarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la ley 27.423, y que no incluyen el Impuesto al Valor Agregado, monto que –en su caso- deberá ser adicionado conforme a la situación de los profesionales intervinientes frente al citado tributo.
11. Que, por último, en atención a la intimación cursada a la parte actora en el punto V del proveído del 17/4/23, notificada en igual fecha, sin que aquélla cumpliere con la obligación de liquidar la suma adeudada en concepto de tasa de justicia, aplíquense astreintes de $100 diarios a partir del quinto día de notificada la presente, hasta tanto aquélla proporcione los elementos necesarios para la determinación del tributo.
Sin perjuicio de lo expuesto, toda vez que se encuentra configurado el supuesto previsto en el punto 10 in fine de la acordada CSJN 20/92, corresponde remitir los autos al Representante del Fisco para que: (i) determine el monto de tasa exigible a la parte actora; y (ii) se expida sobre la liquidación practicada por la parte demandada el 28/4/23.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Admitir el recurso de la parte actora, revocar la resolución del 4/10/21 en cuanto fue materia de agravios y declarar prescriptas las acciones del Fisco Nacional con relación a la destinación de importación temporaria 07 001 IT14 001646 G.
2. Imponer las costas de ambas instancias a cargo del Fisco.
3. Reducir los honorarios regulados el 18/4/22 y fijar los correspondientes a la actuación ante esta instancia del modo en que surge del considerando 10.
4. Imponer astreintes a la parte actora en los términos dispuestos en el considerando 11.
Regístrese, notifíquese y remítase la causa al Representante del Fisco a los fines indicados en el considerando 11.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia