Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 1 de Mar del Plata · Causa 32482
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Haciendo lugar a la demanda interpuesta y, en consecuencia, reconociendo a Elías Humberto Petta el derecho a percibir los haberes retenidos con motivo de la desafectación del servicio decretada por el Auditor General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en el marco del expediente administrativo nº 21.100-732362/2020 - ISA 1050-54217/320 ( arts. 12 inc. 2º, 50 y ccdtes. del CCA, art. 20, 21, 22 y ccdtes. de la ley 13982, arts. 133,241, 242 y ccdtes. del decreto 1050/09).
2En consecuencia, se condena a la Provincia de Buenos Aires a abonarle al nombrado el importe que resulte de la liquidación que se practique con las pautas establecidas en el considerando 9, el que deberá abonarse dentro de los treinta (30) días contados desde que quede firme el auto de aprobación de la liquidación (arts. 63 del CCA).
3Imponiendo las costas a la demandada vencida (art. 51 inc. 1º del CCA, texto según ley 14.437).
4Difiriendo la regulación de honorarios para la oportunidad establecida en el art. 51 del decreto ley 14.967.
AUTOS: " PETTA ELIAS HUMBERTO C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES MINISTERIO DE SEGURIDAD S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO " (expediente nº 32482 ) de trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo nº 1 del Departamento Judicial Mar del Plata.
VISTO: Que la presente causa se encuentra en estado de dictar sentencia.
1. Que Elías Humberto Petta, por derecho propio, ha promovido la presente demanda contencioso administrativa pretendiendo el reconocimiento del derecho a percibir los haberes retenidos con motivo de la desafectación del servicio decretada por el Auditor General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en el marco del expediente administrativo nº 21.100-732362/2020 - ISA 1050-54217/320 (escrito electrónico del 14/02/2022).
Al reseñar los antecedentes de la causa señaló que es agente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con la Jerarquía de Oficial del Escalafón Comando y que oportunamente estuvo involucrado -juntamente con otra oficial- en el mencionado procedimiento interno, ordenado a los fines de deslindar responsabilidades por la presunta infracción a lo establecido en el art. 208 incs. "g" y "h" del decreto 1050/09.
Narró que como consecuencia del dictado de dicha medida cautelar, estuvo desafectado del servicio desde el 10 de marzo de 2020 y hasta el 7 de julio de 2020.
Relató que durante ese período se le efectuaron retenciones salariales bajo el código de descuentos 0210, correspondientes a los meses de abril, mayo, junio c/SAC y julio de 2020, por un total de $ 82.799,02.
Destacó que, mediante la resolución administrativa 5783 del 6 de julio de 2022, el Auditor General de Asuntos Internos dispuso archivar la investigación llevada adelante en el expediente administrativo nº 21.100-732362/2020 - ISA 1050-54217/320, por considerar que los elementos reunidos no resultan suficientes para tener por acreditada la comisión de una falta disciplinaria o la autoría de personal policial sobre la misma.
Puntualizó que, en el mismo acto administrativo, el mencionado funcionario dispuso dar intervención a la dependencia encargada de la liquidación de haberes en los términos del art. 22 de la ley 13.982, es decir, a efectos de que le fueran reintegrados los haberes retenidos durante el tiempo transcurrido en desafectación del servicio, con más los intereses correspondientes.
Mencionó que, habiendo transcurrido un plazo prudencial sin que se hubiera hecho efectiva dicha restitución de haberes, el 10 de julio de 2024 presentó un reclamo formal por intermedio de la dependencia policial en la cual e desempeñaba.
Resaltó que el 21 de agosto del mismo año se le notificó que el Departamento de Fiscalización de Asignaciones rechazó su pedido, argumentando que el archivo del sumario no constituye un supuesto que permita la devolución de los haberes descontados .
Planteó que, al resolver de ese modo, el Estado Provincial viola su derecho de propiedad, toda vez que -según alegó- el procedimiento sumarial al que estuvo vinculado fue archivado por no existir motivos para sancionarlo.
2. Requeridas las actuaciones administrativas vinculadas con la cuestión aquí debatida (art. 30 inc. 1 del CCA), se acompañó el expediente nº EX-2025-08720273-GDEBA-DDPRYMGEMSGP (que incluye copia del expte. n° EX-2024-24085216-GDEBA-DDPRYMGEMSGP), acompañado en formato digital (proveído del 05/05/2025).
3. Habiéndose ordenado el traslado de la demanda, se presentó la apoderada de la Fiscalía de la Provincia de Buenos Aires y contestó la misma (escrito electrónico del 14/08/2025).
Afirmó que, c onforme surge de las actuaciones administrativas agregadas en autos, el aquí actor fue imputado en el expediente administrativo nº 21.100-732362/20 - ISA 1050-54217/320 por infracción a lo normado en el art. 208 incs. "g" y "h" del decreto 1050/09, siendo desafectado del servicio mediante resolución 23/2020 del 10 de marzo de 2020 y 2413/2020 del 9 de mayo de 2020.
Expuso que a través de la resolución 5783 del 6 de julio de 2022 se resolvió el archivo de las actuaciones disciplinarias, por cuanto los elementos incorporados al sumario no resultaban suficientes para tener por acreditada la comisión de una falta disciplinaría (art. 329 Inc. "b" del decreto 1050/09),
Resaltó que el 10 de julio de 2024 el Sr. Petta presentó una nota reclamando el reintegro de los haberes retenidos bajo código 210 por la desafectación del servicio durante los meses abril a julio del año 2020, el cual fue rechazado por PV-2024-28770927-GDEBA-DPTEDYFA-MSGP del 16/08/2024.
Planteó la prescripción del reclamo aquí promovido como defensa de fondo, argumentando que el accionante pretende el reconocimiento del derecho a percibir haberes retenidos entre abril a julio de 2020, cuando la presentación efectuada en sede administrativa requiriendo su devolución fue efectuada recién el 10 de julio de 2024, es decir, una vez vencido el plazo de prescripción bienal aplicable al caso (conf. art. 2561 inc. "c" del CCyC).
Expuso que, sin perjuicio de lo anteriormente expuesto y para el caso que no se declare la prescripción de las sumas reclamadas, la demanda resulta igualmente improcedente porque el archivo del sumario no es un supuesto que permita la devolución de los haberes descontados.
Alegó, en tal sentido, que el art. 22 de la ley 13.982 establece que los haberes descontados durante la desafectación del servicio, solo serán reintegrados cuando en el sumario administrativo se dictare resolución imponiendo sanción de amonestación o suspensión del empleo por no más de treinta (30) días o cuando se sobreseyera o absolviera al agente sumariado.
Sostuvo que en el caso no concurren ninguno de esos supuestos, dado que el Sr. Petta no fue sobreseído, ni absuelto, ni tampoco se encuentra concluido el procedimiento disciplinario, ya que se resolvió archivar las actuaciones con la posibilidad de reabrirla si nuevos elementos probatorios así lo requirieran.
Manifestó el desinterés de su parte en la producción de la prueba pericial ofrecida por el accionante, en los términos del art. 476 del CPCC.
4. Habiéndosele conferido traslado de la defensa de prescripción opuesta por la demandada, el accionante contestó el mismo (escrito electrónico del 21/08/2025).
Manifestó que no reclama el pago de un determinado concepto que la autoridad empleadora debía pagar, sino que su demanda está enfocada a que se reconozca su derecho a que se le sea reintegrado el haber salarial oportunamente retenido y que hoy conforma un capital cuyo monto será determinado a través de la prueba pericial contable oportunamente ofrecida.
Aseveró que, por ese motivo, corresponde aplicar al reclamo el plazo de prescripción genérico de cinco años previsto el el art. 2560 del CCyC.
Concluyó que, habiendo sido notificado por el Departamento de Fiscalización de Asignaciones del Ministerio de Seguridad del rechazo de devolución de los importes retenidos el 21 de agosto de 2024, la defensa opuesta por la demandada debe ser rechazada.
5. En oportunidad de celebrarse la audiencia prevista en el art. 41 del CCA de modo remoto por medio de la plataforma "Microsoft Teams", se fijaron los hechos conducentes a la decisión del proceso, prestando las partes su conformidad (acta del 29/10/2025).
Aquellas manifestaron tener interés únicamente en las constancias del expediente, la documental y el expediente administrativo n° 21.100-732362/20 - ISA 1050-54217/320.
Atento a ello, se les corrió traslado para que expusieran sus alegaciones sobre los hechos y el derecho controvertidos en la causa (art. 41 apartado 2º del C.C.A.).
Agregado el alegato de la parte demandada y no habiendo hecho uso de ese derecho la parte actora, se llamó autos para sentencia, el que se encuentra firme.
6. Conforme resulta de la reseña precedente, el Sr. Petta persigue el reconocimiento del derecho a percibir los haberes retenidos con motivo de la desafectación del servicio decretada por el Auditor General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, mediante resoluciones 23/2020 y 2413/2020 dictadas el 10 de marzo y el 9 de mayo de 2020 respectivamente, en el marco del expediente administrativo nº 21.100-732362/2020 - ISA 1050-54217/320.
No se ha controvertido en autos que, en función de dicha medida, se le retuvo al nombrado un porcentaje de sus haberes durante los meses de abril, mayo, junio y julio de 2020 (conf. art. 20 de la ley 13.982).
Tampoco se ha discutido que a través de la resolución 5783 del 6 de julio de 2022, el Auditor General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires dispuso el archivo de las mencionadas actuaciones disciplinarias; ni que los haberes retenidos durante el tiempo transcurrido en desafectación del servicio, no le fueron reintegrados al aquí actor (Pto. II del escrito electrónico del 14/02/2022; Pto. III del escrito electrónico del 14/08/2025).
7. Al contestar la demanda, la apoderada de la Fiscalía de Estado se opuso al progreso de la demanda aquí promovida, en base a dos argumentaciones.
Planteó, por un lado, la prescripción del reclamo aquí promovido, aduciendo que el Sr, Petta solicitó el reintegro de los haberes retenidos entre abril a julio de 2020 recién el 10 de julio de 2024, una vez vencido el plazo de prescripción bienal aplicable al caso (conf. art. 2561 inc. "c" del CCyC) (Pto. III.2 del escrito electrónico del 14/08/2025).
A continuación, en forma subsidiaria, aseveró que la demanda resulta igualmente improcedente porque que en el caso no concurren ninguno de los supuestos previstos en el art. 22 de la ley 13.982 para que proceda el reintegro pretendido, dado que el hoy actor no fue sobreseído, ni absuelto, ni tampoco se encuentra concluido el procedimiento disciplinario, ya que se resolvió archivar las actuaciones con la posibilidad de reabrirla si nuevos elementos probatorios así lo requirieran (Pto. III.3 del mismo escrito electrónico).
7.1. Señalo, en primer lugar, que el razonamiento que expone la demandada en su contestación encierra una profunda contradicción, en tanto se sustenta en premisas antagónicas.
Para hablar de prescripción, es menester ubicar el punto de partida ("dies a quo") para el cómputo del plazo establecido por la ley para ejercer el reclamo, que -en el presente caso- está dado por el acto que hubiese determinado la pérdida o el reintegro de los haberes retenidos al Sr. Petta (conf. arts. 21 y 22 de la ley 13.982).
Ahora bien, es la propia demandada quien asevera que el sumario no estaría concluido (Pto. III.3 del escrito electrónico del 14/08/2025) y, por ende, no puede sostener válidamente la existencia de la prescripción que alega.
7.2. Remarco, asimismo, que el mencionado art. 22 de la ley 13.982 (invocado por la apoderada fiscal en sustento de su postura defensiva), establece que los haberes retenidos durante el tiempo transcurrido en desafectación del servicio serán reintegrados de oficio cuando en el sumario se dictare resolución imponiendo amonestación o suspensión de empleo por no más de treinta (30) días, o cuando se sobreseyera o absolviera al agente.
Vale decir, el reintegro de los haberes retenidos en función de dicha medida procede sin previo requerimiento de parte o sin necesidad de petición de ésta y, por lo tanto, el planteo de prescripción es desafortunado también por esta causa. Volveré sobre este punto.
8. Más allá de estas contradicciones que por si solas resultan suficientes para quitarle todo crédito a la defensa estatal, pasaré a abordar individualmente los planteos.
8.1. En primer lugar me voy a referir al argumento vinculado a que no se da el presupuesto que habilita al reintegro de los haberes retenidos por no configurarse los supuestos previstos normativamente para ello. Puesto que una vez determinado el derecho, recién ahí corresponde analizar lo concerniente a su prescripción.
8.1.1. Mediante resolución 5783 del 6 de julio de 2022, el Auditor General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires luego de disponer el archivo de las actucaciones sumariales ordenó: "Dar intervención a la dependencia encargada de la liquidación de haberes en los términos del artículo 22 de la Ley 13982, en atención que el Oficial Elías Humberto Petta y la Oficial Stefanía Yanil Llanos, permanecieron afectados a medida cautelar" (sic) (art. 2º del mencionado acto, agregado a fs. 20/21 de la documental acompañada con el escrito electrónico del 30/09/2024).
Es decir, la propia autoridad creada por el Estado Provincial con el objeto de planificar y conducir las acciones tendientes a prevenir, identificar, investigar y sancionar las conductas vinculadas con la actuación del personal perteneciente a las Policías de la Provincia de Buenos Aires (conf. art. 41 de la ley 13.204), dispuso que le fueran reintegrados a los nombrados los haberes retenidos durante el tiempo transcurrido en desafectación del servicio.
8.1.2. E n ese contexto, considero que la postura adoptada por la demandada implica una violación de la teoría de los actos propios, según la cual no es admisible que una de las partes de un juicio se coloque en contradicción con sus propios actos anteriores, deliberados, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces, mucho menos cuando con ello ha generado una cierta expectativa en su contraria.
La Suprema Corte de Justicia local ha sostenido que cuando una persona, con su conducta dentro de una relación jurídica, ha suscitado en otro la confianza de que un derecho no será ejercitado o lo será en un determinado sentido, debe mantener necesariamente dicha confianza, desestimándose toda actuación incompatible con el sentido que objetivamente se deduzca de la primera (conf. SCBA, doct. causas B 56.704, "Agremiación Médica Platense", sent. del 11-IV-2012; B 53706, "Electromecánicos Asociados SRL", sent. del 11-XI-2015; B 52154, "Huayqui S.A. de Construcciones", sent. del 28-X-2015).
Agrego que la idea antes descripta armoniza con la buena fe que debe animar la ejecución de los contratos -el empleo público tiene es naturaleza- que impone que cada contratante soporte las consecuencias desfavorables de su propia conducta e impide que pueda lograr tutela judicial quien ejerce una conducta incompatible con la asumida anteriormente (conf. CSJN, doc. Fallos 305:1011; 315:1299; 319:2037; 321:2530; 325:1787; 327:4723; 328:2004; 330:1649; entre otros).
8.1.3. Pongo de resalto que la justificación que esgrime la demandada, según la cual no concurren en el caso ninguno de los supuestos que habilitan el reintegros de los haberes retenidos al Sr. Petta dado que este no fue sobreseído, ni absuelto en el procedimiento disciplinario, implica un desconocimiento del principio de inocencia (art. 18 de la CN).
Si la Administración no logró reunir prueba suficiente para tener por acreditada la comisión de la falta disciplinaria atribuida al nombrado, luego de haber llevado adelante la investigación que tramitó por expediente nº 21.100-732362/2020 - ISA 1050-54217/320, no puede pretender mantenerlo en una situación indefinidamente, privándolo de su derecho a la presunción de inocencia que lo habilita a percibir las sumas que le fueran retenidas c on motivo de la desafectación del servicio.
La suspensión preventiva de haberes no es una sanción anticipada, sino una medida precautoria sujeta a las resultas del sumario. Si el procedimiento termina sin condena, la medida cautelar cae (tal como lo dispuso la propia administración).
La retención preventiva de haberes es una medida cautelar accesoria que pierede su sustento jurídico si el procedimiento finaliza sin declarar la responsabilidad administrativa del agente.
Negar la devolución por el mero nombre técnico ("archivo" en lugar de "sobreseimiento") configura un exceso ritual manifiesto.
8.2. Descartada la defensa analizada, retomaré el abordaje de la de prescripción.
Para ello reitero que el derecho cuyo reconocimiento se persigue en autos ya ha sido reconocido por la propia administración, mediante el artículo 2° de la resolución 5783 del 6 de julio de 2022 (ya referenciada) ordenó darle intervención a la dependencia encargada de la liquidación de haberes para que procediera a la restitución de las sumas retenidas al aquí actor y a otra agente.
Hago hincapié en este dato puesto que a partir del mismo es dificil sostener la prescripción opuesta, cuando es la propia administración la que ha dejado de actuar conforme los lineamientos que ella misma fijó.
Es decir, está planteando la prescripción a partir de su propia inacción en un procedimiento administrativo que dependía de su impulso.
Las razones de seguridad jurídica en que se funda la prescripción contrasta con el hecho de que la inseguridad resultante radica en el accionar (u omisión, para ser más preciso) del que sólo es imputable la Administración.
8.3. A mayor abundamiento, considero oportuno destacar que el accionante realizó un reclamo administrativo, que dio lugar a la decisión que aquí se impugna, cuyo rechazo no se fundó en razones de prescripción.
Considero que, en consecuencia, mal puede venir la administración a plantear una defensa en tal sentido en el presente proceso.
Lo dicho implica desconocer el efecto interruptivo de aquel reclamo. Ello así, pues la doctrina judicial en general ha asimilado la presentación efectuada en sede administrativa reclamando el derecho pretendido, a la demanda judicial prevista en el art. 3986 del Código Civil como acto idóneo para la interrupción de la prescripción, en el marco de la doctrina general que considera con ese efecto a 'cualquier acto que demuestre en forma auténtica que no hay abandono y sí intención y propósito de no perder el derecho a ejercitar' (SCBA, causas Ac. 44.606, "Leonelli", sent. del 10-XII-91; conc. B. 49.479, "Philipps", sent. del 11-VIII-87; B. 53.126, "Hernández de Fernández", sent. del 3-V-95; B 55.828 "Bonfetto", sent. del 29-IV-1997).
9. Como consecuencia de lo hasta aquí expuesto, corresponde reconocer al Sr. Petta el derecho a percibir los haberes retenidos con motivo de la desafectación del servicio decretada por el Auditor General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en el marco del expediente administrativo nº 21.100-732362/2020 - ISA 1050-54217/320.
A la suma que resulte se adicionarán -desde la fecha en que cada suma fue retenida y hasta su efectivo pago, los intereses que resulten de la aplicación de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a treinta días (conf. SCBA, doct. causa B 62.488, "Ubertalli Carbonino", sent. del 18-V-2016).
10. Corresponde en este estado que me pronuncie respecto de las costas del presente proceso, cuyo pago estará a cargo de la autoridad demandada, en su condición de vencida (art. 51 del CCA, texto según ley 14.437).
Por lo hasta aquí expuesto FALLO:
1. Haciendo lugar a la demanda interpuesta y, en consecuencia, reconociendo a Elías Humberto Petta el derecho a percibir los haberes retenidos con motivo de la desafectación del servicio decretada por el Auditor General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en el marco del expediente administrativo nº 21.100-732362/2020 - ISA 1050-54217/320 ( arts. 12 inc. 2º, 50 y ccdtes. del CCA, art. 20, 21, 22 y ccdtes. de la ley 13982, arts. 133,241, 242 y ccdtes. del decreto 1050/09).
2. En consecuencia, se condena a la Provincia de Buenos Aires a abonarle al nombrado el importe que resulte de la liquidación que se practique con las pautas establecidas en el considerando 9, el que deberá abonarse dentro de los treinta (30) días contados desde que quede firme el auto de aprobación de la liquidación (arts. 63 del CCA).
3. Imponiendo las costas a la demandada vencida (art. 51 inc. 1º del CCA, texto según ley 14.437).
4. Difiriendo la regulación de honorarios para la oportunidad establecida en el art. 51 del decreto ley 14.967.
Firmas
Funcionario firmante: ISACCH Simon Francisco - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 513-2026
Fin de la sentencia