Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 26.729-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución Nº 417/2006 (SDG OAM), dictada en las actuaciones administrativas N° 12197-18089-2005.
2Costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-21387182-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 27 de Febrero de 2023 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: “PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente Nº 26.729-A, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 12/17 Peugeot Citroën Argentina S.A. interpone recurso de apelación contra el acto administrativo que denegó la devolución del importe pagado en concepto de Tasa de Estadística de Importación. El fundamento de su reclamo estriba en que el tributo oblado debe limitarse al costo del servicio prestado para guardar conformidad con las disposiciones del art. VIII del GATT. En ese entendimiento del asunto, señala que el Decreto 389/95, en cuanto fijó una alícuota del 3% ad valorem a percibir en dicho concepto, motivó la condena de la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo que obligó al país a dictar un nuevo régimen legal, por el cual se redujo la alícuota del 3% por una del 0,5%, también ad valorem. Hace notar que, posteriormente, se dictó el Decreto 108/99, por el cual se fijó la Tasa de Estadística que grava las importaciones con un límite de 500 USD. Apunta que, como resultado del procedimiento que tramitara en el ámbito de la OMC, la república se comprometió a establecer un límite en valor absoluto a las sumas de dinero cobradas a los importadores en dicho concepto. De todo ello, arguye la inconstitucionalidad de la alícuota de la Tasa de Estadística fijada a través del Decreto 389/95, la cual resultó exigida al momento de oficializar las Destinaciones de Importación en cuestión.
II. De su lado, en su responde a fs. 24/27, el representante del organismo fiscal, si bien acuerda con el recurrente que las importaciones en trato han sido documentadas bajo la vigencia del Decreto N° 389/95, al unísono considera que los agravios esgrimidos no logran conmover la resolución apelada, por cuanto se limitan a enunciar una supuesta supremacía de un acuerdo inaplicable. Expresa que se vio obligado a rechazar el reclamo, toda vez que el Decreto 97/98, que redujo la Tasa de Estadística a 0,50%, entró en vigencia el 16/01/98, mientras que los despachos de importación aquí cuestionados fueron oficializados con anterioridad, por lo que esta norma ninguna incidencia proyecta sobre el presente caso.
III. En tales circunstancias, entiendo pertinente recordar que la Corte tiene dicho que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones a encomendar a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado la última ratio del orden jurídico (Fallos: 302:1149; 303:1708, entre muchos otros). En este sentido, la Corte expresa que no cabe formular la declaración de consitucionalidad sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados (conf. doctrina de Fallos: 315:923), y que la colisión con los preceptos y garantías de la Constitución Nacional debe surgir de la ley misma y no de la aplicación irrazonable que de ella se haga en el caso concreto (Fallos: 317:44).
Así las cosas, los argumentos con los que la recurrente pretende sustentar, con base constitucional, su objeción al pago de la Tasa de Estadística no resultan atendibles. Ello es así, puesto que basa su impugnación en dos extremos: a) que el gravamen es irrazonable, porque su monto no guarda una adecuada proporción con el costo del servicio prestado, y b) su aplicación viola las normas de OMC.
IV. En efecto, en relación a lo primero, cabe recordar que la tasa no necesariamente debe suponer una contraprestación equivalente al costo del servicio prestado (Fallos: 192:139; 234:663; 270:468, entre otros), máxime que, respecto de ciertos servicios, no resulta posible fijar con exactitud el costo individual y, por ende, se fijan contribuciones con pautas de justicia distributiva. Es por ello que, para la fijación de la cuantía de la tasa es prudente tomar en cuenta, no sólo el costo efectivo de ellos con relación a cada contribuyente, sino también la capacidad contributiva de los mismos (Fallos: 234:663, 277:218 y 287:184). En mi opinión, la doctrina del Tribunal sobre el punto resulta aplicable en la especie y cabe, por lo tanto, rechazar el argumento de la parte, por insustancial.
Debe señalarse, entonces, que resulta inobjetable que la fijación de su cuantía tome en consideración no solo el costo de los servicios que se ponen a disposición de cada contribuyente, sino también su capacidad contributiva. A lo que se agrega en la especie, que el apelante no aportó argumento alguno tendiente a demostrar en concreto la irrazonabilidad o desproporción del tributo, máxime que los cuestionamientos constitucionales al modo en que la norma aplicable determinaba los elementos cuantitativos de la tasa en cuestión debían sustentarse no solo en su falta de proporción con relación al costo del servicio prestado, sino también en función de la capacidad contributiva tenida en cuenta por el referido tributo, extremo que la recurrente no había siquiera invocado.
V. En relación al segundo de los agravios, corresponde recordar que el apartado a) del párrafo 1 del artículo VIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (“GATT”) suscripto por Argentina el 11 de octubre de 1967, estipula que "todos los derechos y cargas de cualquier naturaleza que sean […] percibidos por las partes contratantes sobre la importación o la exportación o en conexión con ellas, se limitarán al coste aproximado de los servicios prestados y no deberán constituir una protección indirecta de los productos nacionales ni gravámenes de carácter fiscal aplicados a la importación" (el énfasis me pertenece).
En ese sentido, cabe recordar que, cuando se plantea un caso de conflicto de normas constitucionales y de pluralidad de fuentes, debe aplicarse la regla de la interpretación coherente y armónica (Fallos: 186:170; 296:432 y 342:1061, voto del juez Lorenzetti). La determinación del referido estándar exige: a) delimitar con precisión el conflicto de normas y fuentes a fin de reducirlo al mínimo posible, para buscar una coherencia que el intérprete debe presumir en el ordenamiento normativo; b) proceder a una armonización ponderando los principios jurídicos aplicables; c) considerar las consecuencias de la decisión en los valores constitucionalmente protegidos (Fallos: 330:3098, disidencia de los jueces Lorenzetti y Zaffaroni).
VI. En las condiciones indicadas, como quedó expuesto, la resolución de la controversia sometida a estudio del Tribunal impone discernir el límite en el ejercicio de las competencias discrecionales del legislador. Conforme a una lectura integral y armónica de las normas involucradas permite concluir que el límite al ejercicio de la potestad tributaria es que la tasa no se convierta en una herramienta de carácter meramente recaudatorio, sino que guarde relación con el financiamiento de una actividad en el ejercicio de la función administrativa.
VII. En virtud de lo anterior, para que la alícuota de la Tasa de Estadística revista un marco de legalidad no necesariamente debe existir una adecuada correspondencia con el costo del servicio que el Estado presta, pues demandar una equivalencia estricta, resultaría de incumplimiento imposible. En ese sentido es propicio recordar que la Corte ha dicho que al momento de interpretar una norma, cualquiera sea su índole, debe tenerse primordialmente en cuenta su finalidad (Fallos: 305:1262; 322:1090; 330:2192; 344:1810). Ello toda vez que no es siempre método recomendable el atenerse estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que la nutre ha de determinarse en procura de una aplicación racional, que elimine el riesgo de un formalismo paralizante (Fallos: 326:2095; 329:3666; 330:2093; 344:223), dado que lo importante no es ceñirse a rígidas pautas gramaticales, sino computar el significado profundo de las normas (Fallos: 344:2591).
Asimismo, sostuvo que los magistrados al momento de juzgar no pueden dejar de evaluar la intención del legislador y el espíritu de la norma (Fallos: 323:3139). Es que, la interpretación de la ley debe practicarse teniendo en cuenta la finalidad perseguida por las normas (Fallos: 284:9); indagando, por encima de lo que ellas parecen decir literalmente, lo que dicen jurídicamente (Fallos: 294:29). También enseña la jurisprudencia de la Corte Suprema que debe preferirse siempre la interpretación que favorezca a los fines que inspiran la ley y no la que los dificulte (Fallos: 326:3679; 330:2093; 344:223; 344:2513). Así, indicó que, al interpretar una norma, es necesario indagar la ratio legis y el espíritu de la misma, extremos que no deben ser obviados por posibles imperfecciones técnicas de la instrumentación legal, precisamente, para evitar la frustración de los objetivos del precepto legal (Fallos: 344:1539).
Ello, ya que no es el espíritu de la ley el que debe subordinarse a las palabras, sino éstas a aquél, máxime cuando aquella "ratio" se vincula con principios constitucionales que siempre han de prevalecer en la interpretación de las leyes (Fallos: 323:212). La exégesis de la ley requiere la máxima prudencia, cuidando que no pueda llevar a la pérdida de un derecho, o el excesivo rigor de los razonamientos no desnaturalice el espíritu que ha inspirado su sanción (Fallos: 326:2390; 329:2890; 330:1356; 330:4713), y por ello, resulte turbado el esclarecimiento de la verdad jurídica objetiva, pues ello resulta lesivo del adecuado servicio de justicia garantizado por el art. 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 325:1845).
VIII. En consecuencia, para que la Tasa de Estadística no resista el test de constitucionalidad, debió demostrar el interesado que el costo de los servicios financiados no condice en absoluta con el financiamiento del servicio administrativo. No es suficiente alegar que la alícuota aplicable resulta en punga con las disposiciones del GATT. De lo que se sigue que los agravios planteados por la recurrente encuentran respuesta en la doctrina establecida por la Corte Suprema en la causa R.1055.XLIII "Renault Argentina SA (TF 19.292-A) c/ DGA", sentencia del 16 de febrero de 2010, a cuyos fundamentos corresponde remitir en lo pertinente. En ese caso, Renault Argentina S.A. había solicitado la repetición del importe pagado en concepto de Tasa de Estadística por una operación de importación a consumo registrada en 1996, por considerarla opuesta al compromiso asumido en el art. VIII del GATT de 1947. A tal efecto, Renault Argentina S.A. solicitó la declaración de inconstitucionalidad del decreto 398/95, que había fijado la tasa de estadística en un 3% ad valorem, sin un tope máximo. La repetición fue rechazada por el Tribunal Fiscal de la Nación, pero la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal le dio la razón a la actora. Al analizar el recurso extraordinario federal interpuesto por el Fisco Nacional, la Procuradora sostuvo que para declarar la inconstitucionalidad del decreto 398/95 resultaba imprescindible acreditar en todas y cada una de las importaciones analizadas que el coste del servicio efectivamente prestado fuera inferior a lo pagado a título de tasa. En ese sentido, destacó la necesidad de producción de prueba para cuantificar las concretas actividades realizadas por la Administración en favor del contribuyente y que conforman la causa de la obligación tributaria involucrada, para así poder compararlas con las sumas pagadas.
IX. Por otra parte, ninguna incidencia tiene en la presente causa el Decreto N° 37/98, que redujo la tasa de estadística al 0,50% y cuya aplicación persigue la actora, ya que conforme al art. 2 de la citada norma, su vigencia se estableció a partir de la fecha de su dictado, esto es, el 09/01/98, siendo que los Despachos cuestionados en autos fueros oficializados durante el año 1997.
Por todo lo expuesto, corresponde confirmar la Resolución N° 417/2006 (SDG OAM), dictada en las actuaciones administrativas N° 12197-18089-2005, en cuanto deniega la devolución de los importes solicitados por la actora en razón de que, a la fecha del registro de las Destinaciones de Importación involucradas en la causa, era aplicable la Tasa de Estadística del 3%, establecida por el Decreto N° 398/95.
En virtud de todo lo expuesto, voto por:
1. Confirmar la Resolución Nº 417/2006 (SDG OAM), dictada en las actuaciones administrativas N° 12197-18089-2005.
2. Costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE
1. Confirmar la Resolución Nº 417/2006 (SDG OAM), dictada en las actuaciones administrativas N° 12197-18089-2005.
2. Costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2023.02.24 13:16:15 ART Date: 2023.02.26 19:12:09 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.02.27 18:24:25 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.02.27 18:24:50 -03:00
Fin de la sentencia