Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2021-22900178-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad del auto de apertura de sumario en los términos de lo dispuesto en el considerando VII.- de la presente.
2Declarar prescripta la acción del Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de los tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación con las operaciones Nros. 04001TG05000153Z, 04001TG04000146R, 04001TG0000145Z, 04001TG04000141M y 04001TG04000150M, en las actuaciones SIGEA N° 12136-152-2009.
3Costas a cargo del Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-32004914-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 27 de Marzo de 2025 S.A.
Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de resolver en el Expediente EX-2021-22900178--APN- SGASAD#TFN “PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”, El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Determinar si la Resolución DE PRLA N° 2975, de fecha 30/06/2015, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en el marco de la actuación SIGEA Nº 12136-152-2009 resulta ajustada a derecho, en cuanto condena a la firma PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. al pago de una multa equivalente a $ $105.059,50 y formula cargo, conjuntamente a la aseguradora AFIANZADORA LATINOAMERICANA CÍA. DE SEGUROS por tributos cuyo monto asciende a U$S 18.171,86 (Derechos de Importación, Tasa de Estadística e IVA) y $ 30.130,28 (IVA adicional e Impuesto a las Ganancias). Ello en razón de encontrarla responsable de la infracción del art. 970 del C.A. relacionada a las destinaciones de importación temporal Nros. 04001TG05000153Z, 04001TG04000146R, 04001TG0000145Z, 04001 TG04000141M y 04001TG04000150M, todas ellas con vencimiento en el año 2005.
II. Fundamentos de la apelación: En fecha 15/03/2021 (RE-2021-22899595-APN-SGASAD#TFN) se presenta la actora, por apoderado, e interpone recurso de apelación contra la resolución antes citada. Luego de formular un relato de los hechos que dieron origen a la causa, asevera que el auto de apertura de sumario careció de la eficacia requerida para surtir los efectos que la legislación aduanera le atribuye y solicita se declare su nulidad. Como consecuencia de ello, explica que operó la prescripción de las acciones en cabeza del Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de los tributos. Cita jurisprudencia. De igual forma, argumenta que el sumario excedió todo plazo de razonabilidad, afectando disposiciones constitucionales y convencionales que consagran el derecho al “plazo razonable”. En subsidio, peticiona la aplicación del art. 898 del C.A. y la atenuación de la multa. Para concluir, cuestiona la liquidación tributaria, atento a la inclusión de rubros que califica como improcedentes, con cita los precedentes de la CSJN “CLADD” y “Frisher”. Finalmente, ofrece prueba, formula reserva de Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas a la contraria.
III. Contestación del traslado: Mediante IF-2021-39387500-APN-DTD#JGM, en fecha 07/05/2021, se presenta la representación fiscal, contesta el traslado del recurso interpuesto y acompaña las actuaciones administrativas. En primer término, efectúa un relato de los hechos y formula una negativa general. A continuación, asevera que la actora no aportó elementos que permitan tener por cumplidos los deberes impuestos por el régimen de excepción al que ella se adhirió. Reseña los artículos del C.A. que entiende aplicables. Recuerda y enfatiza que las infracciones aduaneras poseen carácter objetivo y que recae sobre la importadora la carga de la prueba del cumplimiento de los deberes a su cargo. Cita jurisprudencia. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal, y solicita que se confirme el fallo aduanero, con costas.
IV. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas SIGEA N° 12136-152-2009 (archivo embebido al IF-2021-39389414-APN-DTD#JGM) se inician a fs. 2 y vta. con el acta de denuncia, de fecha 11/12/2009. A fs. 4/8 se adjuntan constancias de las destinaciones involucradas y el contenido de los respectivos sobres. A fs. 12 se dispone la instrucción de sumario, en fecha 05/08/2010. A fs. 14/16 se incluyen constancias de la garantía afectada a las operaciones. A fs. 18/20 se encuentra el aforo de la mercadería y la liquidación de los tributos luce a fs. 21/25. A fs. 28/32 se agregan nuevas liquidaciones de multa y tributos. A fs. 33/34, en fecha 30/04/2015, se dispone correr vista de todo lo actuado, notificada a fs. 38 y 52 vta., en fechas 21/05/2015 y 12/06/2015. A fs. 39/42 y 54/58 vta. la importadora y la aseguradora se presentan y contestan vista. A fs. 65/68 se adjuntan constancias del Registro de Infractores. A fs. 69/71 vta. Se dicta la resolución apelada.
V. En fecha 13/02/2025 se elevaron los autos a la Sala “G” (PV-2025-16113603-APN-VOCXXI#TFN) y finalmente, en fecha 16/02/2025, pasaron a sentencia (IF-2025-16814817-APN-VOCXXI#TFN).
VI. Que, en primer término, corresponde tratar las excepciones de nulidad y prescripción interpuestas por la actora.
Que a esos fines cabe recordar que el art. 934 del C.A. expresa “La acción del fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de 5 años” comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción. Que el 937 del C.A. establece las causales de interrupción del plazo de prescripción del aludido art. 934, y específicamente en su inc. a) determina como tal al “...dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario...”.
Que, con relación a los tributos, el art. 803 del C.A establece que: “Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que dicho plazo, según el art. 805 inc. a) del C.A., se suspende: “...desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión;...”
Que razonablemente, para poder tener el referido efecto interruptivo y/o suspensivo, el acto -en el caso, el auto de apertura del sumario- debe claramente ser válido, siendo para ello necesario que reúna todos los elementos formales y materiales que determina la normativa vigente.
Que es el art. 1094 del C.A. el que establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario, y en este sentido dispone que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.”
Que a fs. 12 del sumario administrativo antecedente de estos autos obra el auto de apertura del sumario de fecha 05/08/2010.
Que de la compulsa del mismo resulta claramente que, si bien se refirió a la presunta infracción imputada a la firma, el mismo no cumple con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del C.A. para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye a dicho acto, de hecho, no ha habido liquidación de tributos ni aforo de la mercadería, efectuada recién en el año 2011, una vez operada la prescripción (cfr. fs. 18/20 de las act. adm.)
Que de la letra del art. 1094 resulta evidente que el servicio aduanero, en el mismo auto de apertura de sumario, se encuentra obligado a determinar, a clasificar y valorar la mercadería y liquidar los tributos que correspondan.
Que, dicha obligatoriedad ha sido querida por el legislador que dispuso que el administrador “ determinará...” y “dispondrá...”, términos que no pueden sino interpretarse en el sentido de que resulta imperativo para el servicio aduanero cumplimentar con todos los requisitos allí determinados, reitero, en el mismo auto de apertura.
Que, en virtud de ello, y conforme el criterio sostenido, en mi voto en minoría, en la causa “CEARCA S.A. c/Dirección General de Aduanas, s/recurso de apelación”, Expte. Nº 25.681-A, de esta Sala, y en muchos otros pronunciamientos, considero que por carecer de requisitos esenciales el acto de apertura de sumario de fecha 05/08/2010 -obrante a fs. 12 de las actuaciones administrativas, es nulo de nulidad absoluta, en tanto violatorio de la ley, por estar en palmaria contradicción a lo establecido en el referido art. 1094 ya citado.
Que, en orden a lo manifestado, al ser nulo el acto de apertura de sumario, carece de aptitud para interrumpir la prescripción de la acción para imponer penas y perseguir el cobro de los tributos. Que, por lo expuesto, y siendo que los vencimientos de las temporales en trato operaron en el año 2005 (22/01/2005, 28/01/2005, 26/01/2005 y 12/01/2005)- conforme la legislación aplicable- el plazo de prescripción para imponer penas y perseguir el cobro de los tributos es de 5 años y que dicho plazo comenzó a correr a partir del 01/01/2006 y no mediando causales suspensivas e interruptivas de la prescripción, la misma operó el 31/12/2010, careciendo de aptitud suspensiva de la prescripción, el acto de apertura de sumario de fecha 05/08/2010, por las razones ya expresadas precedentemente.
Que, para concluir, cabe puntualizar que la representación fiscal no incluyó-en el escrito de contestación del traslado-argumentos que sustenten la validez del auto de apertura ni aquellos relativos al planteo de prescripción efectuado por la actora.
VII. Que cabe destacar que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II, en los autos: “Agencia Marítima TAGSA S.A. c/DGA s/Recurso directo de organismo externo”. Expte. 40.306/13 (18/03/2014), señaló que para que el acto de apertura de sumario sea válido es necesario que reúna los requisitos formales y materiales que determina la normativa vigente, art. 1094 del C.A. En este sentido resolvió de acuerdo al criterio adoptado por la Sala IV, en los autos: “Agencia Marítima Tagsa S.A. (TF 27435-A) c/ D.G.A.” del 11 de junio de 2013 (sentencia que quedó firme, por haber sido declarado inadmisible por la CSJN. el recurso extraordinario interpuesto por el Fisco, con fecha 4/02/2014)”. Sostuvo que para que el auto de apertura del sumario tuviera tal virtualidad, debía tratarse de un acto válido, siendo para ello necesario que reuniera los requisitos formales y materiales que determina la normativa vigente. Así, subrayó que el art. 1094 del C.A. identifica los enunciados obligatorios con que debe contar la resolución que dispone la apertura del sumario. Concluyó que resulta imperativo cumplir con aquellos requisitos para luego correr vista de lo actuado y posibilitar al intimado de pago ejercer correctamente su defensa; por el contrario, la falta de alguno de ellos deriva indefectiblemente en la nulidad del acto (confr. también Sala IV in re: Boston Compañía Argentina de seguros S.A. (TF 29422-A) y otro c/DGA” y en similar sentido, Sala I in re “Unisel SA c/AFIP DGA -Resol. 9315/99 s/ A.N.A.”, sentencia del 23/02/10)”.
Dicho criterio fue mantenido en las causas: “YPF SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 27/04/17; 39183/17 “Gibaut Hnos Manufacturas de Cuero SA c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, sent. del 19/12/17; y 88231/2017 “Isamar SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 15/03/18, entre otras.
Finalmente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, en la causa “Denso Manufacturing Argentina SA TF 28874-A C/ DGA S/Recurso Directo de Organismo Externo”, Expte. 55478/2019, se explayó acerca de la interpretación que la Sala, le ha asignado al art. 1094 inc. d) del C.A.: “En efecto, ha sostenido que, como regla general, disponer la liquidación de los tributos al momento de abrir el sumario, reviste una importancia fundamental, dado que: (i) evidencia el interés del organismo aduanero en percibir dicho tributo, lo que justifica que el plazo sea suspendido según el art. 805, inc. a), del Código Aduanero; (ii) garantiza la defensa en juicio y el juzgamiento del particular en un plazo razonable, al exigir cierta celeridad en la liquidación del tributo y su correspondiente vista al particular —lo que no se garantizaría si, como en el caso, la vista de la liquidación se corrió 10 años después de realizado el hecho gravado—; y (iii) en el caso de diversas multas, la liquidación del tributo sirve para cuantificar el monto de las multas” (conf. in re, “Arte Radiotelevisivo Argentino SA (TF 28836- A) c/ DGA”, Expte. No. 21.830/2012, del 6/6/2013). (…) Por tal razón, la realización de la liquidación tributaria correspondiente, no se trataba de una formalidad carente de sentido sustancial, sino que era fundamental para el normal desarrollo del procedimiento aduanero (esta Sala, causa “Arte Radiotelevisivo Argentino S.A.” citada).”
A mayor abundamiento, en recientes precedentes, la Cámara antes citada ha reafirmado la importancia del auto de apertura de sumario y la necesidad de que este cumpla con todos los requisitos del régimen legal. (Sala I, “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. –TF 33562-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, 3/11/2022, Sala I, “Federal Express Corporation (TF 30584-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, 11/10/2022).
Que, con fundamento en lo expuesto, corresponde declarar la nulidad del auto de instrucción de sumario y, en consecuencia, la prescripción de la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos e imponer penas, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación a la destinación en trato, con costas al Fisco.
VIII. Que atento el punto precedente, deviene abstracto el tratamiento de las restantes cuestiones invocadas.
Por todo lo expuesto, voto por:
1).- DECLARAR la nulidad del auto de apertura de sumario en los términos de lo dispuesto en el considerando VII.- de la presente.
2).- DECLARAR PRESCRIPTA la acción del Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de los tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación con las operaciones Nros. 04001TG05000153Z, 04001TG04000146R, 04001TG0000145Z, 04001TG04000141M y 04001TG04000150M, en las actuaciones SIGEA N° 12136-152-2009.
3).- Costas a cargo del Fisco.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Por estrictas razones de economía procesal, previo a adentrarme en los fundamentos de mi voto, me remito y hago parte del presente la descripción efectuada por el vocal preopinante con relación al objeto del proceso, los fundamentos de la apelación y la contestación del traslado (considerandos I, II y III). Considero, a su vez, que en la presente litis, corresponde revocar la Resolución DE PRLA n° 2975, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros el 30 de junio de 2015. Sin embargo, estimo que los fundamentos empleados para justificar la mencionada revocación deben ser diferentes a los empleados por el voto que me precede. En efecto, en este último, se decide declarar la nulidad del acto administrativo por el que se dispuso la apertura del sumario y, en consecuencia, reconocer que las acciones del fisco tendientes a imponer sanciones y perseguir el cobro de la deuda tributaria se encuentran prescriptas. Dicha decisión se fundamenta en el hecho de no haberse constatado, al momento de la mencionada apertura del sumario, ni la liquidación de los tributos, ni el aforo de la mercadería correspondiente.
II. Tanto el art. 805, inc. a), del C.A., como el art. 937, inc. a), del mismo plexo normativo, establecen que el dictado del auto por el cual se ordenase la apertura del sumario trae como consecuencia la suspensión de la prescripción de la acción para percibir los tributos, y la interrupción de la acción para imponer penas respectivamente. En sentido contrario a mi convicción, la interpretación mayoritaria sostiene que estos efectos se producen automáticamente, sin que sea necesario que el acto sea notificado al presunto deudor/infractor. En otras palabras, la sola existencia de la resolución que dispone la apertura del sumario interrumpe o suspende el cómputo del plazo prescriptivo. Este criterio, que ha sido avalado en sede tanto administrativa como judicial, se funda en la lógica de que la investigación sumarial, una vez iniciada, genera efectos sobre la prescripción con independencia de la participación del sumariado.
III. En tales condiciones, debe hacerse notar que el principio de conservación del acto administrativo constituye una pauta rectora del derecho administrativo argentino; e impone, este último, la necesidad de preservar la eficacia de los actos administrativos en tanto cumplan con su finalidad esencial, y sin perjuicio de la posibilidad de corregir defectos formales o menores que no alteren sustancialmente su contenido ni afecten derechos fundamentales de los administrados. En ese sentido, la resolución de apertura del sumario tiene por finalidad delimitar los hechos investigados y habilitar la instrucción del procedimiento sancionador, a fin de esclarecer la presunta infracción aduanera e impulsar las medidas necesarias para su debida sustanciación. Así, la liquidación del tributo que pudiera corresponder, exigida por el inciso d) del artículo 1094 del C.A., constituye un elemento accesorio del acto, en tanto su ausencia no impide la prosecución del sumario ni afecta la posibilidad del administrado de ejercer su derecho de defensa en el transcurso del procedimiento.
En tales condiciones, conforme a la interpretación mayoritaria, si la suspensión de la prescripción opera automáticamente desde la emisión del acto administrativo, sin necesidad de notificación alguna al administrado, va de suyo que ese acto no podría tener otro fundamento válido que exhibir el interés fiscal recaudatorio. Ya que, en efecto, el administrado adquiere conocimiento de la suma reclamada al momento en que se le corre vista del sumario, siendo en esta instancia donde puede formular su descargo y ejercer plenamente su derecho de defensa. En consecuencia, la omisión de la liquidación en la resolución de apertura del sumario, en rigor, no genera indefensión real ni afecta el equilibrio del procedimiento, toda vez que la determinación del tributo puede ser notificada en una etapa posterior, sin menoscabo de los derechos del administrado.
En tales condiciones, la omisión de la liquidación del tributo en la resolución de apertura del sumario no configura un vicio invalidante del acto administrativo, en tanto no compromete su finalidad esencial ni afecta garantías fundamentales. En este sentido, declarar la nulidad del acto en base a una exigencia meramente formal, sin perjuicio concreto para el administrado, implicaría una interpretación contraria a los principios de eficacia y conservación del acto administrativo, conduciendo a una nulidad por la nulidad misma, lo cual resulta inadmisible en el marco de los principios generales del derecho administrativo.
IV. Sin perjuicio de lo que antecede, encuentro que las particulares circunstancias de la causa llevan a declarar la invalidez del procedimiento sustanciado en estos actuados por no haberse observado pautas temporales razonables. En efecto, mediante el examen detenido de lo actuado en sede administrativa, se llega a observar que, si bien el auto de apertura del sumario pertinente fue dictado el 5 de agosto de 2010, y la liquidación de tributos y multas, junto con el aforo correspondiente de la mercadería, fueron elaborados durante el año 2011, las notificaciones a los supuestos responsables se llevaron a cabo recién durante el mes de mayo de 2015, diez años a posteriori del vencimiento de las destinaciones de importación temporaria objeto de la presente investigación, y casi cinco años después de la correspondiente apertura del sumario. A su vez, se constata que, entre el acto de apertura del correspondiente sumario en 2010 (a fs. 12 de las actuaciones administrativas n° 12136-152-2009) y la efectiva notificación a las partes afectadas en 2015 (a fs. 33/52 vta. ibid.), los únicos movimientos en el expediente administrativo consistieron en la inclusión de las constancias de la garantía afectada a las operaciones (a fs. 14/16 ibid.), y en la elaboración del aforo de la mercadería y de las liquidaciones tanto de los tributos como de la correspondiente multa (a fs. 18/25 ibid.); cuestiones, estas últimas, que, desde ningún puno de vista, pudieron consumir cinco años.
En tales condiciones, se impone señalar, que el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional, disposición que otorga jerarquía constitucional a diversos instrumentos internacionales vinculados con la protección de los derechos humanos, obliga a tener en cuenta que el art. 8, inc. 1°, del Pacto de San José de Costa Rica, referente a las garantías judiciales, prescribe no solo el derecho a ser oído, sino también el de ejercer tal derecho con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. A su vez, el art. 25 del mismo tratado internacional, al consagrar la protección judicial, asegura la tutela judicial efectiva contra cualquier acto que viole los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional, la ley o la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, aun cuando tal incumplimiento sea cometido por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
Por ende, considero importante remarcar que el derecho a ser notificado de un pronunciamiento judicial, sin dilaciones injustificadas, se manifiesta como un corolario del derecho de defensa en juicio consagrado en el art. 18 de nuestra Constitución Nacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que todos los órganos del Estado que ejerzan funciones jurisdiccionales deben respetar estas garantías judiciales, en todas las instancias del proceso (Corte IDH, caso Tribunal Constitucional vs. Perú, sentencia del 31 de enero de 2001, párr. 69; caso Baena, Ricardo y otros vs. Panamá, sentencia del 2 de febrero de 2001; y Garantías judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 27). En efecto, la exigencia de la notificación en un plazo razonable se incorpora como un objetivo de la administración, de forma tal que la eficiencia y la eficacia se logren si los tiempos que insumen resultan ser proporcionados.
Ahora bien, el referido análisis debe considerar las recientes reformas incorporadas por la ley N° 27.742 de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” (B.O. 08/07/2024) (en adelante, ley “Bases”) a la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos (L.P.A.); y, particularmente, las incorporaciones realizadas al crear el art. 1° bis, mediante el cual se establecen los principios fundamentales del procedimiento administrativo, entre los cuales se destacan la juridicidad, razonabilidad y, crucialmente, el derecho a un plazo razonable. Este derecho implica que los procedimientos administrativos deben tramitarse y concluir en un tiempo adecuado, garantizando así una tutela administrativa efectiva. Es así que, la obligación de la Administración de dictar resoluciones y notificarlas a los administrados se refuerza en este contexto, en el que se resalta o subraya que la inacción o la dilación en los plazos administrativos puede vulnerar derechos fundamentales. Por lo tanto, la inusitada demora en la notificación de la resolución aquí apelada no sólo contraviene el principio de razonabilidad, sino que también podría interpretarse como una violación del derecho a la tutela administrativa efectiva. La ley “Bases” no sólo refuerza la necesidad de plazos razonables y la notificación oportuna, sino que también proporciona un marco jurídico que sostiene la exigencia de un procedimiento administrativo ágil y efectivo. En este sentido, entiendo que este Tribunal tiene el deber de asegurar que estos principios se respeten, garantizando así los derechos de los contribuyentes frente a la maquinaria administrativa. En virtud de lo expuesto, voto por:
1).- Revocar la Resolución DE PRLA n° 2975, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros el 30 de junio de 2015.
2).- Costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1).- DECLARAR la nulidad del auto de apertura de sumario en los términos de lo dispuesto en el considerando VII.- de la presente.
2).- DECLARAR PRESCRIPTA la acción del Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de los tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación con las operaciones Nros. 04001TG05000153Z, 04001TG04000146R, 04001TG0000145Z, 04001TG04000141M y 04001TG04000150M, en las actuaciones SIGEA N° 12136-152-2009.
3).- Costas a cargo del Fisco.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2025.03.27 08:58:22 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Date: 2025.03.27 11:13:29 ART Date: 2025.03.27 14:35:15 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.03.27 14:35:37 -03:00
Fin de la sentencia