Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Azul · Causa 61104
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Modificar la sentencia apelada de fs. 45/47 vta., ordenando llevar adelante la ejecución por la suma de $1.200 (conf. doct. y jurisp. cit.).
2Revocar el decisorio de fs. 45/47 vta. en cuanto dispuso la solidaridad entre los ejecutados, siendo la obligación a cargo de los mismos simplemente mancomunada (art. 75 y ccs. del CPCC, art. 828 y ccs. del CCCN, art. 58 del decreto ley 8904/77 y doct. y jurisp. cit.).
3Confirmar la sentencia de la anterior instancia en cuanto dispuso que al crédito ejecutado en autos deberá adicionarse la tasa legal del art. 54 inc. b) decreto-ley 8904/77; esto es la tasa activa.
4Adecuar las costas de primera instancia distribuyéndolas en un 90% a cargo de los ejecutados y un 10% a cargo del actor, teniendo en cuenta la medida en la que prosperó su pretensión.
5Imponer las costas de alzada en el orden causado, en atención al resultado de la vía recursiva (arts. 68, 69 y ccs. del CPCC), difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 del decr.-ley 8904/77).
Causa nº: 2-61104-2016 "PEY ROBERTO JESUS C/ SCHNEIDER OSCAR ALFREDO Y OT. S/ EJEC.
HONORARIOS"
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 3 - TANDIL
Sentencia Registro nº: 111 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los 10 días del mes de Agosto del año Dos Mil Dieciséis, reunidos en Acuerdo Extraordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi, Víctor Mario Peralta Reyes y Jorge Mario Galdós, para dictar sentencia en los autos caratulados “Pey Roberto Jesús c/ Schneider Oscar Alfredo y ot. s/ Ejecución Honorarios” (Causa N° 61.104), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Galdós, Dr. Peralta Reyes y Dra. Longobardi.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1era. ¿Es justa la sentencia de fs. 45/47 vta.?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Galdós, dijo:
rechazó la excepción de inhabilidad de título articulada por el accionado Oscar Alfredo Schneider, hizo lugar a la demanda ejecutiva por cobro de honorarios promovida por el Dr. Roberto Jesús Pey y mandó llevar adelante la ejecución condenando a Oscar Alfredo Schneider y David Emilio Nasib Vicente a pagar la suma de $1.320, en forma solidaria entre los ejecutados, con más los intereses que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento (tasa activa), desde la fecha de mora (09/04/2015) y hasta la del efectivo pago. Impuso las costas a los ejecutados vencidos. Para desestimar la excepción de inhabilidad de título ponderó que el trámite impreso al presente proceso es el de ejecución de sentencia (art. 498 inc. 3 del CPCC), cuya finalidad es la realización del derecho que emerge del título.
En este marco consideró que en lo que respecta a los honorarios del ejecutante, el título ejecutivo (cuya copia certificada obra a fs. 4/6) reúne las formalidades exigidas por la ley. Con relación a la solidaridad entre los ejecutados dijo que los honorarios del letrado de la parte demandada, vencedora en el proceso principal deben ser soportados por los aquí ejecutados en forma solidaria. En cuanto a los intereses, el fallo apelado estableció que al crédito por honorarios profesionales ejecutado en autos deberá adicionarse una tasa de interés equivalente a la que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento (fs. 44/47 vta.). Contra ese pronunciamiento ambos ejecutados interpusieron recurso de apelación (fs. 50 y 51), fundándolos con un único memorial presentado por el apoderado a fs. 53/55 vta., el que fue respondido por la parte actora a fs. 57/58 vta.
Los ejecutados se agravian porque la sentencia de trance y remate no trató el planteo referido a la inhabilidad de título sustentado en la falta de legitimación del letrado ejecutante para reclamar los aportes previsionales a cargo de la parte en juicio contradictorio (10%). Critican la solidaridad establecida en la sentencia apelada señalando que el fallo citado de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires se refiere a otro supuesto –costas de su propio letrado- por lo que no resulta aplicable al presente. Aducen que la obligación es mancomunada porque no existió decisión judicial que estableciera la solidaridad en el momento de la regulación de honorarios y ésta no se presume, argumento que –según entienden- no ha sido atendido por la magistrada de primera instancia.
Por otra parte, cuestionan la tasa de interés aplicada expresando que no se ha tenido en cuenta el criterio establecido por la Suprema Corte provincial en el precedente “Isla”, del que resulta la aplicación de la tasa pasiva. Sostienen que, en materia de ejecución de honorarios, la opción del art. 54 del dec.-ley 8904/77, debe ser ejercida por el letrado y no lo hizo, por lo que tal omisión no puede ser suplida por la magistrada. Por último, se agravian por la imposición de costas y solicitan se haga lugar a la excepción de inhabilidad de título revocándose la sentencia dictada. A su turno, la parte actora contesta el traslado conferido, solicitando se confirme la sentencia recurrida con costas (fs. 57/58).
A fs. 66 se consideró que la cuestión de autos resulta definitiva, debiendo resolverse con la formalidad del acuerdo, encontrándose firme dicho despacho (fs. 66 vta.). Consecuentemente, habiéndose cumplido con los pasos procesales de rigor, se encuentra esta Alzada en condiciones de abocarse al análisis de estas actuaciones, a los fines del dictado de la presente sentencia.
II. El actor intenta ejecutar la suma de $ 1.320 en concepto de honorarios y aportes firmes regulados en el marco del proceso principal (“Schneider Oscar Alfredo y ot. c/ Romay Gabriel Mariano y ot. s/ Cobro ordinario de sumas de dinero”). En dicho proceso se rechazó la demanda por cobro de pesos promovida por Oscar Alfredo Schneider y David Emilio Nasib Vicente contra Gabriel Mariano Romay y María de los Ángeles Ross de Romay, imponiéndose las costas a los accionantes vencidos (fs. 4/6). En este marco, abordaré en primer término el agravio referido a la falta de legitimación del actor para ejecutar los aportes previsionales, a cargo de la parte obligada (10%), sobre los honorarios que le fueran regulados ($ 1.200).
Esta Sala ha resuelto que “no corresponde incluir en la ejecución de los honorarios el importe de los aportes previsionales a cargo de la parte obligada, pues dicho porcentual constituye un crédito cuya titularidad se encuentra en cabeza de la Caja de Previsión Social para Abogados, y no del letrado afiliado” (esta Sala, causa n° 55.301, “Rodríguez…”, del 04/04/11). En idéntico sentido, la doctrina señala que “a los efectos de la promoción del incidente de ejecución o juicio ejecutivo por percepción de estipendios, los aportes previsionales (en este caso el 10% a cargo del deudor, arts. 12, inc. a], 21, LCP) no deben incorporarse al ´capital´ (que en este caso son los emolumentos), ya que se incluirán en el momento del efectivo pago” (Hitters, Juan Manuel – Cairo, Silvina, “Honorarios de abogados y procuradores”, Ed. Lexis Nexis, págs. 675/676). De este modo, cabe concluir que asiste razón a los apelantes en cuanto consideran que el ejecutante carece de legitimación para reclamar los aportes previsionales.
En virtud de lo expresado, propicio al acuerdo modificar la sentencia apelada ordenando llevar adelante la ejecución por la suma de $1.200 (honorarios regulados a favor del ejecutante).
III. Con respecto a la solidaridad de los ejecutados en el pago de la deuda, cabe señalar que en el proceso principal se impusieron las costas a los accionantes vencidos, Oscar Alfredo Schneider y David Emilio Nasib Vicente. Ahora bien, el Dr. Roberto Jesús Pey intervino como letrado patrocinante de los demandados Gabriel Mariano Romay y María de los Ángeles Ross de Romay, quiénes resultaron vencedores.
Resulta menester destacar que, conforme ha resuelto nuestro Máximo Tribunal Provincial, “la solidaridad del art. 58 del decreto ley 8904/77 se refiere a la establecida entre los condenados en costas y los beneficiarios de la tarea profesional…” (SCBA, C 92029, “Espósito…”, del 21/12/11) y no se aplica al caso de autos donde el ejecutante persigue el cobro de honorarios contra los actores condenados en costas en el juicio principal, supuesto este último en el que la solidaridad no tiene recepción legal y por tanto corresponde aplicar la regla general que es la mancomunión simple (cfr. SCBA, C 92029 citada). En este sentido, el art. 828 del CCCN establece que “la solidaridad no se presume y debe surgir inequívocamente de la ley o del título constitutivo de la obligación.” Al respecto, se ha dicho que “teniendo en cuenta que la solidaridad constituye una excepción a los principios del derecho común (art. 701 del derogado Cód. Civ.), no mediando expresa solidaridad es simplemente mancomunada la obligación de pagar costas por los litisconsortes vencidos en juicio (CNCiv., Sala C, 23/3/88, ED, 130-416, cit. en Loutayf Ranea, Roberto G., “Condena en costas en el proceso civil”, Ed. Astrea, pág. 199, nota 429). En esta línea, se ha sostenido que “la solidaridad surge de la voluntad de las partes o de la ley y no se presume (art. 701 del Código Civil), de donde y ante la ausencia de toda estipulación al respecto, cabe interpretar que la obligación derivada del contrato de arrendamiento tiene naturaleza mancomunada. Por ello -mutatis mutandi- igual condición reviste la obligación de pago de los honorarios regulados, aplicándose la regla establecida en el art. 75 del CPCC que establece como principio general que las costas deben distribuirse entre los litisconsortes, siendo cada uno de ellos individualmente responsable por el pago de la correspondiente fracción” (Cám. Civ. y Com. de Junín, causa nº 41694, del 07/11/2006, “Echevarria…”).
En la misma dirección, la doctrina señala que “como principio, la condena en costas a varias personas impuesta en sentencias o resoluciones judiciales pasadas en autoridad de cosa juzgada no crea una obligación solidaria a cargo de los litigantes a quiénes se impone. Por el contrario, la condena en costas a varios litigantes determina la existencia de mancomunión simple, que tiene lugar cuando se admite el fraccionamiento del crédito o de la deuda entre los coacreedores o codeudores, respectivamente, de tal forma que cada uno de los interesados tenga derecho a percibir, o el deber de pagar, su cuota parte en la obligación” (Loutayf Ranea, Roberto G., ob. cit., págs. 198/199). Por lo expuesto, cabe acoger el agravio de los apelantes y revocar la resolución apelada en cuanto dispuso la solidaridad entre los ejecutados, siendo la obligación a cargo de los mismos simplemente mancomunada (art. 75 y ccs. del CPCC, art. 828 y ccs. del CCCN, art. 58 del decreto ley 8904/77 y doct. y jurisp. cit.).
IV. a) Con relación al agravio referido a la tasa de interés fijada en el decisorio apelado (tasa activa) los apelantes sostienen que no se ha tenido en cuenta el criterio establecido por la Suprema Corte en el precedente “Isla”, del que resulta la aplicación de la tasa pasiva. A fines de dar respuesta al agravio habré de transcribir –reiterando y reafirmando- la reciente jurisprudencia de este Tribunal vertida en la causa nº 60.869, "Rodríguez…”, del 16/05/16 en la que se analizó exhaustivamente la cuestión. “… 1.- Entiendo que debe seguirse el argumento propiciado por distintos tribunales provinciales que entienden que la sanción del Código Civil y Comercial modificó la doctrina legal de la Suprema Corte de Buenos Aires sustentada en la causa “Isla” que dispuso -por mayoría- que el art. 54 inc. b del decreto ley 8904/77 (que fija la tasa activa para las deudas por mora en el pago de los honorarios profesionales de los abogados) queda desplazado por la ley de convertibilidad y corresponde acudir a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días. En efecto la sanción del CCCN -que admite la tasa activa para distintas obligaciones (por caso, la obligación de pagar alimentos; art. 552 CCCN)- conlleva la modificación de esa doctrina y ahora no puede continuar afirmándose que la previsión normativa del art. 54 inc. b del citado decreto importa vulneración de la prohibición de indexar o actualizar los créditos, conforme lo prevé el art. 7 de la ley 23.928. El razonamiento argumental de mi postura (arts. 1, 2, 3 y 7 CCN) es el siguiente: - la doctrina legal de la Suprema Corte de Buenos Aires es de acatamiento obligatorio por los tribunales inferiores; - la doctrina legal en el precedente “Isla” afirma que el art. 54 inc. b del decreto ley 8904/77 contiene un mecanismo de indexación o actualización encubierto que vulnera la prohibición de indexar del art. 7 ley 23.928; - el CCCN es de aplicación inmediata en materia de intereses, conforme se desprende de su art. 7; - la doctrina legal de “Isla” queda superada con la sanción del CCCN; - la interpretación constitucional de las reglas, principios y valores del CCCN, en el marco de la presunción de coherencia y unidad del sistema de derecho privado y del realismo económico, no admite que ahora se sostenga que la aplicación de la tasa activa importa indexar los créditos.
2. En efecto, desde siempre este Tribunal viene sosteniendo que el acatamiento obligatorio por parte de los tribunales inferiores de la doctrina legal de la Suprema Corte de Buenos Aires tiene raigambre constitucional (arts. 15, 169 y 171 Constitución Provincia de Buenos Aires) y que en caso de jurisprudencia divergente entre la Corte Suprema de la Nación y la Suprema Corte local, por razones de economía y celeridad procesal conviene seguir el efecto vinculante de la doctrina federal (art. 161 inc. 3º ap. a de la Const. Pcial.; arts. 278, 279, 280, 289 y ccs. C.P.C.)… Jurisprudencia casatoria más reciente destaca que “el particular diseño del sistema recursivo de nuestra Provincia hace que la doctrina establecida por este Tribunal tenga un grado de exigibilidad (es decir, una virtualidad para constreñir, en particular, a los jueces) muy alto, aspecto que encuentra su justificación -desde el punto de vista estrictamente jurídico- tanto en la necesidad de procurar y mantener la unidad de la jurisprudencia (entre muchos, conf. causas Ac. 58.428, sent. del 17-II-1998; C. 92.695, sent. del 8-III-2007; C. 116.994, sent. del 11-XII-2013), como en la de efectuar un control sobre la racionalidad y la corrección de los pronunciamientos.
También, por supuesto, porque deben ser respetados los más elementales principios de economía y celeridad procesales” (SCBA, por unanimidad, voto Dr. de Lázzari, 1/4/2015 Ac C. 117.292, "Salinas, Bernardo y otros contra Sancor Cooperativas Unidas Limitada. Daños y perjuicios"). Tanta es la gravitación institucional de la doctrina legal vinculante que la misma Suprema Corte ha aplicado derechamente su jurisprudencia casatoria, acatándola sus propios miembros que dejan a salvo su postura contraria que no hace mayoría, reafirmando la importancia de respetar los criterios sustentados “por los acuerdos de los miembros ordinarios y naturales del Tribunal, de tal manera que se eviten situaciones de desigualdad que podrían provenir de integraciones accidentales” (conf. voto del Dr. de Lázzari de adhesión a la mayoría en materia de aplicación de la tasa pasiva de intereses para los créditos laborales y una vez decretada la inconstitucionalidad de la ley 14.339; SCBA, L 109.467, 24/6/2015, “Chiappalone, Marta Liliana c/ Obra Social del Personal Municipalidad de La Matanza s/ despido”, LLBA 2015 (julio), 653; IMP 2015-9, 243 – DJ0912/15, 36; LLBA 2016 (abril), 5, con nota de Carlos J.
Laplacette). En otros casos algunos votos de los jueces del Alto Tribunal que tienen fundamentos que no conforman su doctrina legal, para adherir y conformar la mayoría de opiniones que exige la Constitución Provincial, acuden al arbitrio del art. 31 bis ley 5827 (voto Dr. Hitters, causa Ac. C. 113.397 del 27/11/2013). Más aún: en materia de acatamiento a la doctrina legal de la Suprema Corte relativa a la aplicación de la tasa pasiva, este Tribunal ha respetado dicha doctrina por resultar obligatoria, dejando de lado opiniones personales de los suscriptos (esta Sala, causas n° 58.287, "Leunda", sentencia del 30 de abril de 2014, causa n° 58.704, “Caruso”, sentencia del 21/8/14 citadas en Causa N° 59.063, 20/11/2014, “Capitanich Construcciones SA c/ Industrial Systems SA s/ Cobro Sumario Sumas Dinero) y en función de “la necesidad de afianzar la seguridad jurídica: la previsibilidad de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, de modo que cada ciudadano pueda conocer con certeza sus derechos y obligaciones y prever, razonablemente, los efectos de sus actos" (S.C.B.A., C.101.774, "Ponce", sentencia del 21-10-09, sumarios JUBA B 32095, B 32098 y B 32099; esta Sala, causa n°57.519, del 30/5/2013, “Antivero”).
De modo que, como primera conclusión, la doctrina legal de la Suprema Corte es de acatamiento obligatorio para los órganos judiciales inferiores por lo que, en principio, la doctrina legal de “Isla” tiene alcance de jurisprudencia normativamente vinculante (arts. 15, 169 y 171 Constitución Provincia de Buenos Aires). 3.- La doctrina legal del precedente “Isla”, y ceñido a lo estrictamente necesario para decidir sobre la base de la argumentación de la mayoría, se sustenta en tres fundamentos: - “No resulta dudoso que la disposición del inc. b) del art. 54 del decreto ley 8904/1977 es una norma que consagra la repotenciación por deudas que corresponden al precio de un servicio y, como tal, debe reputarse derogada por imperio del art. 10 de la ley 23.928.” (SCBA Ac A 71170, 10/06/2015, “Isla, Sara E. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Amparo.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley” (voto de la mayoría de la Dra. Kogan al que adhirieron, con sus fundamentos los Dres. Soria y Genoud); - “No resultando aplicable al caso el art. 54 inc. b) del decreto ley 8904/1977, se impone concluir que no existe precepto legal específico que regule la cuestión, por lo que corresponde reemplazar la tasa de interés allí contemplada por el principio general del art. 622 del Código Civil que, ante la falta de fijación legal o convencional, faculta al juez a determinar el interés que debe abonarse en caso de mora del deudor”; - “en ausencia de previsión legal, corresponde aplicar en la especie la doctrina legal establecida por esta Corte en el caso L. 94.446, "Ginossi" (sent. del 21-X-2009), en cuanto se resolvió que los intereses moratorios deben ser liquidados exclusivamente sobre el capital (art. 623, Cód.
Civ.) con arreglo a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente el inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa”. Esta doctrina legal anterior a la fecha de entrada en vigencia del CCCN fue luego reiterada en pronunciamientos posteriores (SCBA, Ac. L 117007, 15/7/2015, “Núñez, Marco c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otro. Indemnización ley 24.557”; SCBA, 117210, 15/7/2015, “Carrasco Quintana, Carlos Marcelo y otros c/ Provincia A.R.T. s/ Ejecución de honorarios”; SCBA, L 115358, 15/7/2015, “Zanaroni, Héctor Alberto c/ ESEBA s.a. s/ Despido”; SCBA, Ac.
LP 114191, 15/7/2015, “Roselli, Roberto Tomás c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otro. Daños y Perjuicios”; SCBA, LP 113958, 15/7/2015, “Romano de Albuernez, Marta D. c/ Dirección General de Escuelas y otra. Accidente de Trabajo”). En definitiva y como segunda conclusión: la doctrina casatoria vinculante sostiene que en materia de intereses devengados por la mora del deudor en pagar los honorarios profesionales del abogado no corresponde aplicar la tasa activa prevista en el art. 54 inc. b de la ley arancelaria provincial porque dicha norma vulnera la prohibición de indexar (art. 7 ley 23.928) y se debe acudir a la tasa pasiva, que es la tasa fijada por la Suprema Corte en ausencia de pacto en contrario o de norma expresa (SCBA causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" ambas del 21-X-2009). 4.- El art. 7 CCCN sienta el principio de la aplicación inmediata de la ley nueva, y partiendo del distingo entre los hechos constitutivos de las relaciones jurídicas y los efectos o consecuencias de las relaciones jurídicas (y a su vez, diferenciando los efectos ya agotados de los efectos en curso), consagra la regla de que la “ley nueva rige a partir de su sanción, por lo que se aplica para el futuro, para “adelante” en el tiempo; pero la ley nueva también alcanza y comprende los efectos no agotados (“La responsabilidad civil y el derecho transitorio”, La Ley 2015-F, 867 y “El art. 7 CCCN y algunas reglas de derecho transitorio en materia de responsabilidad civil”, Rubinzal - Culzoni online, RC D 5/2016 de mi autoría).
En lo relativo a la tasa de interés es de aplicación inmediata la ley nueva, entendiéndose incluso que “los intereses devengados durante el imperio del Código Civil se rigen por esa ley anterior y los que sean a partir del 1 de agosto de 2015 estarán alcanzados por las previsiones contenidas en el Código Civil y Comercial aprobado por la ley 26.994, dado que constituyen consecuencias de una situación jurídica anterior –art. 7 CCCN- lo que excluye la posibilidad de considerar que media un derecho adquirido y que, por tanto, su eventual modificación por la nueva ley es susceptible de afectar el derecho de propiedad” (CNCiv. Sala I, 3/11/2015, “M.G., L. y otro c/ A.,C. y otros s/ daños y perjuicios”, RCyS 2016-III, 124 , RCyS 2016-IV, 165, La Ley online AR/JUR/61314/2015).
Más aún: la aplicación inmediata de los intereses prevista en el CCCN se vinculan con el principio de la reparación plena (CCCom., Sala III, Mar del Plata, 05/04/2016, Causa 160.456 “Corbellini, Leslie Noemi c/ Bonell, Antonio Alberto s/ Daños y Perjuicios”). Procede acotar que la doctrina autoral también sostiene que la aplicación inmediata del CCCN impacta particularmente en la doctrina legal en materia de intereses (aunque sin que ello importe compartir todas las conclusiones ver Formaro, Juan J., “Aplicación de la ley en el tiempo y los intereses moratorios judiciales. Cese de la vigencia de la doctrina de la Suprema Corte de Buenos Aires”, LL 3/12/2015-1, LL 2015-F-1153, AR/DOC/3415/2015; Gossis, Norberto D., “El costo del dinero en el Código Civil y Comercial.
Aplicación judicial de tasas de interés y pérdida de vigencia de la doctrina legal de la SCBA”, LLBA 2016 (Abril, 1, AR/DOC/600/2016). En definitiva y a modo de tercera conclusión: la aplicación inmediata del nuevo Código Civil y Comercial importa la expresa admisión de la tasa activa de intereses para las obligaciones alimentarias y la acumulación o capitalización de intereses cuando se demanda judicialmente o se liquida judicialmente la deuda (arts. 552 y 770 CCCN), lo que –anticipo-confiere sólido sustento normativo y argumental a la aseveración muy difundida en la Cámaras de Apelación en lo Civil y Comercial bonaerenses: “la sanción del nuevo Código Civil y Comercial -en cuanto fija la denominada tasa activa para ciertas obligaciones- importa un cambio de circunstancias suficientemente serias que justifican el apartamiento de la doctrina legal dada por nuestro Superior Tribunal local en el precedente "Isla” (causa nº 11.954, Cám. 2ª Civil y Com.
La Plata, Sala 2, 22/12/2015, “Esperanza Crédito La Plata S.A. c/ Rivadeira, Elva Nieves y Otro/a s/ Cobro Ejecutivo”, voto Dr. Hankovits, al que adhirió la Dra. Bermejo). 5.- De lo que vengo diciendo hasta acá, y conforme el desarrollo argumental, resulta clara la mencionada conclusión de la Cámara platense que puede sintetizarse del modo siguiente: “la ley posterior (nuevo Código Civil y Comercial) tiene la misma raigambre que la ley anterior 23.928 y prevé la aplicación de la tasa activa de intereses para ciertas obligaciones como las deudas por alimentos”, por lo que tal “pauta legal debe servir de guía lógica jurídica con aptitud para servir como criterio de solución” y descarta que ahora, en la actualidad, se entienda que “la aplicación de la tasa activa consagre la repotenciación de deudas o constituya un mecanismo indirecto de actualización monetaria o indexación por precios (doct. arts. 18 y 19 Const.
Nac.; conf. Cám. 1a. Civ. Com., San Isidro, Sala III; doct. C. n° E-9517-2003, sent. del 30-9-15)”. Lo aquí determinante, continúa el fallo platense, es que una ley nacional posterior al pronunciamiento dictado por nuestro más Alto Tribunal Provincial (causa “Isla”) ha considerado que no existe oposición entre la aplicación de la tasa activa (con sus componentes) y la Ley 23.928, en cuanto prohíbe actualización monetaria o indexación por precios; ello, teniendo en consideración la coherencia y unidad de criterio que cabe presumir en el legislador como autoridad normativa”. Por lo que “cabe colegir, entonces, que la sanción del nuevo Código Civil y Comercial -en cuanto fija la denominada tasa activa para ciertas obligaciones- importa un cambio de circunstancias suficientemente serias que justifican el apartamiento de la doctrina legal dada por nuestro Superior Tribunal local en el precedente "Isla" y consecuentemente, siendo que el artículo 54 inciso "b" del Decreto ley 8904/77 establece como tasa legal la denominada tasa activa, corresponde establecer que a las deudas por honorarios en mora cabe aplicar la tasa activa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento a 30 días, desde la mora y hasta el efectivo pago (arts. 768 inc.
"b", CCCN, 54 inc. "b" Ley 8904, 18 CN)” (causa nº 11.954, Cám. 2ª Civil y Com. La Plata, Sala 2, 22/12/2015, “Esperanza…” cit.). El criterio dirimente expuesto fue receptado por otros tribunales provinciales. En tal sentido se pronunció la Cámara Civil y Comercial de Junín que, con primer voto del Dr. Guardiolla, sostuvo también que queda desplazada la doctrina legal de “Isla” (Cámara Civil y Comercial de Junín 31/03/2016” “M. M. F. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/Ejecución Honorarios” elDial.com - AA95D6) y la Cámara de San Isidro que decidió que ”surge de una ley posterior al dictado de la sentencia referida (Fallo "Isla" del 10 de junio de 2015), de igual jerarquía a la mencionada Ley de Convertibilidad -n° 23928 y sus ratificatorias-, de la que claramente se desprende que la autoridad normativa ha valorado que la aplicación de la tasa activa -que "paga" la entidad bancaria- (y con ello sus componentes y/o naturaleza), no colisiona con la prohibición consagrada en los arts. 7 y 10 de la Ley 23298 (quedando descartado por tal interpretación legal que la aplicación de tal índice consagre la repotenciación de deudas, constituya un mecanismo indirecto de actualización monetaria o indexación por precios; en el mismo sentido: Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial Sala III - San Isidro 30/09/2015 “Banco Finansur S.A. s.
Incidente de revisión en: Automotores Colcam s. Concurso preventivo” Rubinzal Online RC J 6928/15, voto Dra Solans).También la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación de La Plata, por mayoría, adoptó ese criterio hermenéutico (voto Dr. Sosa Aubone, con adhesión del Dr. Hankovits y disidencia del Dr. López Muro en CC0201, LP 22/02/2016, “Seoane Ana María s/ Determinación Judicial de Honorarios”). A lo expuesto precedentemente hasta acá debe agregarse otro argumento corroborante, también invocado por un tribunal local que al fallar en sentido parecido al que vengo proponiendo acotó que debía ser tenido particularmente en cuenta al momento de decidir, que no se planteó la inconstitucionalidad del interés legal previsto por el art. 54 inc. b del decreto ley 8904/1977 y que la naturaleza de la cuestión no amerita su examen oficioso (Cám.
Apel. Civ. y Com. Morón, Sala Segunda, 22/12/2015, “Gallego Miguel Omar c/ Adami Daniel Horacio y otros s/ Ejecución Honorarios”). También destaco, sólo a mayor abundamiento, que la solución aquí propiciada no importa abrir juicio a favor de la opinión que sostiene que la incidencia del CCCN sobre la doctrina legal de la Suprema Corte en materia de intereses va mucho más allá que el desplazamiento de la doctrina de “Isla” -que es lo aquí analizado- y supone dejar sin efecto la jurisprudencia casatoria sobre la tasa pasiva la que debe quedar sustituida por la activa (ver entre otros: Formaro, Juan J., “Aplicación de la ley en el tiempo y los intereses moratorios judiciales. Cese de la vigencia de la doctrina de la Suprema Corte de Buenos Aires”, LL 2015-F-1153).
Sobre el tópico recuerdo, también obiter dicta, que recientemente este Tribunal, con voto del Dr. Peralta Reyes, reiteró que no procede diferenciar la tasa de interés según la naturaleza civil o comercial de la obligación y que el actual art. 768 CCCN mantiene en lo sustancial el diseño del anterior art. 622 CC (este Tribunal, causa Nº 60.049, 22/10/2015, “Ortiz Oscar Manuel c/ Sena Carlos Alberto s/ Cobro sumario sumas de dinero”). En efecto se sostuvo allí que como lo “destaca el Dr. De Lázzari en una opinión personal, con referencia al derogado Código Civil, los intereses moratorios que habrá de producir un capital, si no hubieren sido pactados por las partes ni estuvieran legalmente establecidos, deben ser determinados por los jueces (art. 622 del Código Civil)” (S.C.B.A., C 101774, sentencia del 21-10-09, “Ponce”).
Esta regulación se mantiene – básicamente- en el actual art. 768 del Código Civil y Comercial, que establece tres criterios para determinar la tasa de interés: pacto de partes, fijación por leyes especiales, y, en subsidio, por reglamentaciones del Banco Central (art. 768 del C.C. y C.; conf. Lorenzetti, Código Civil y Comercial de la Nación comentado, tomo V, pág.141). Así puede advertirse un cambio en la regulación normativa que no reviste importancia en lo atinente al caso de autos, dado que la facultad de los jueces para determinar la tasa de interés en ausencia de pacto o previsión legal, se encuentra ahora referida a lo que resulte de las reglamentaciones de la autoridad monetaria del país (inciso c) del referido art. 768 del C.C. y C.)”.
Más adelante se agregó que “en ese marco jurisprudencial (la doctrina legal casatoria), la tasa activa de interés sólo está reservada para aquéllos supuestos donde media pacto de partes o previsión de leyes especiales en la materia, ya que en ausencia de estos supuestos corresponde la aplicación de la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprometidos (S.C.B.A., C 101774, sentencia del 21- 10-09, “Ponce”, C 100228, sentencia del 16-12-09, “Ferreyra de Zeppa”, entre muchos otros). No es posible apartarse de este criterio con la sola alegación de la naturaleza mercantil de una relación jurídica” (causa citada del Tribunal 22/10/2015, “Ortiz Oscar Manuel c/ Sena Carlos Alberto s/ Cobro sumario sumas de dinero”, causa Nº 60.049). 6.- El art. 768 CCCN en materia de intereses sigue, en general, las directivas de los arts. 622 y 623 CC fijando como criterio de aplicación, en ausencia de interés convencional o legal, las tasas que fijen las reglamentaciones del Banco Central (art. 768 CCCN).
Sin embargo también prevé otras disposiciones especiales, todas de aplicación inmediata, por ejemplo la norma mencionada en el agravio que determina que las sumas debidas por alimentos devengan siempre “la tasa de interés equivalente a la más alta que cobran los bancos a sus clientes” a la que, según las circunstancias, puede adicionar la que fije el juez (art 552 CCCN). A su vez el régimen de los intereses punitorios se rige por las normas de la cláusula penal (arts. 769, 790, 791, 792, 793 y concs. CCCN) y en los contratos paritarios, negociados o entre iguales los jueces pueden reducir los intereses sólo en los casos previstos legalmente (arts. 771, 1728 y concs. CCCN). En materia de anatocismo y si bien la regla es que “no se deben intereses de los intereses” las excepciones legales previstas en el art. 770 CCCN admiten la capitalización cuando existe cláusula expresa que la autorice con una periodicidad no inferior a los seis meses y cuando medie previsión legal (art. 770 incs. a y d).
A ello se añaden dos supuestos más que son específicos de los intereses devengados en un proceso judicial; procede la acumulación cuando la obligación se demanda judicialmente y a partir de la fecha de la notificación de la demanda o cuando se liquida judicialmente y a partir desde que el juez manda pagar la suma resultante y el deudor es moroso en hacerlo (art. 770 incs. b y c). Más aún, y como lo señala Márquez, el Código Civil y Comercial contiene previsiones especiales que prevén la posibilidad de capitalizar intereses en ciertos tipos contractuales, por ejemplo en la cuenta corriente bancaria, conforme el art. 1398 CCCN, o en la cuenta corriente, como lo dispone el art. 1433 CCCN (Márquez, José Fernando, “Las obligaciones de dar sumas de dinero en el Código Civil y Comercial”, LL 2015-B-606).
Volviendo al art. 768 CCCN, dispone que la tasa de los intereses moratorios se determina por el: 1) acuerdo de partes;
2. por lo que dispongan las leyes especiales, supuesto de los denominados intereses legales o tasa legal, como por ejemplo lo menciona el art 1433 CCCN; 3) en subsidio, por lo que dispongan las reglamentaciones del Banco Central, supuesto éste que es de determinación judicial (Pizarro Ramón D. “Clases de Obligaciones” en Rivera, Julio – Medina, Graciela, “Comentarios al Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, 2012”, pág. 540). De ese modo, queda claro, que se admite la procedencia de las tasas legales previstas también en los regímenes microsistémicos, por ejemplo las “tasas corrientes” para los pagarés del art. 52 inc. 2 del decreto-ley 5965/63, para los cheques del art. 42 inc. 2 de la ley 24.444 o el tope legal del art. 18 de la ley 25.065 de tarjetas de crédito.
Más aún: el art. 1381 CCCN sobre el contenido del contrato bancario dispone que se debe determinar la tasa de interés y que si no lo hace es aplicable “la nominal mínima y máxima respectivamente para las operaciones activas y pasivas promedio del sistema, publicadas por el Banco Central”…De modo que la ausencia de previsión “conlleva como consecuencia la aplicación del menor costo para el cliente en las operaciones activas y la mayor remuneración en las pasivas” (Barbier, Eduardo en Lorenzetti, Ricardo “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado” T VII, pág. 246). En este contexto es importante puntualizar que se sostiene que en el Código Civil y Comercial 2015 “mantienen su vigencia las normas y criterios jurisprudenciales y doctrinarios que permiten incluir en los intereses el componente inflacionario, de cara al sistema nominalista imperante” (Ossola, Federico A., en ob.
Cit., Tomo V, pág. 140) por lo que se puede concluir que - ahora- la tasa activa no contraría en sí misma el art. 7 de la ley 23.928 que prohíbe la “actualización monetaria, indexación de precios, variación de costos o repotenciación de deudas …”. En conclusión: se desprende de la interpretación sistémica del nuevo Código Civil y Comercial (arts. 2, 3 y 7 CCCN) que la determinación de la tasa activa como tasa de intereses moratorios fijados por la ley especial (en el caso, según lo prescribe el art. 54 inc. b del decreto ley 8904/77, la tasa activa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires para las operaciones de descuento) no reviste en la actualidad, y en abstracto, la naturaleza jurídica de "plus" o componente monetario que importe la indexación o actualización monetaria prohibida por el art. 7 de la ley 23.928.
Todo lo expuesto es suficiente para concluir que la aplicación inmediata del CCCN desplaza la vigencia de la doctrina legal de la Suprema Corte elaborada en la causa “Isla”, por lo que la modificación normativa sobreviniente que prevé la tasa activa significa que no debe asignársele efectos indexatorios o de actualización de la moneda prohibidos por la ley 23.928. A ello debe añadirse otro argumento: la interpretación razonable de los dispositivos legales mencionados, conforme el sistema de fuentes del CCCN, que es de aplicación inmediata, emplazada en la presunción de coherencia y unidad del sistema jurídico, con realismo económico, y bajo el prisma de la Constitución Nacional (arts. 1, 2, 3, 7 y concs.
CCCN)…7… En este contexto, concluyo entendiendo que el CCCN incorporó normas expresas en materia de intereses que permite enfatizar la aseveración desarrollada anteriormente: en la actualidad la tasa activa de intereses moratorios prevista en el art. 54 inc. b decreto-ley 8904/77 no contradice la prohibición de indexar o actualizar prescripta por la ley 23.928 (arts. 1, 2, 3, 7 y concs. CCCN). Tan es así que con invocación de doctrina corroborante del CCCN en el ámbito federal se decretó la inconstitucionalidad del art. 61 ley 21.839 que dispone la tasa pasiva para los intereses por deudas por honorarios de los abogados fijando en ese caso el Tribunal la tasa activa (Cám. Civ. y Com. Federal, Sala II, 29/5/2015, “Arasanz, Antonio c/ Estado Nacional.
Prefectura Naval Argentina s/ Cobro de sumas de dinero”)…”
Asumiendo el riesgo de extender demasiado este decisorio entiendo que es necesario formular una precisión conceptual de importancia: la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia recaída en el precedente “Ubertalli Carbonino Silvia c/ Municipalidad de Esteban Echeverría s/ Demanda contencioso administrativa” (causa B 62.488 del 18/05/16) no modifica la actual interpretación sobre la aplicación de la tasa activa para los honorarios profesionales, sin perjuicio de que probablemente en el futuro pueda llegar a tener repercusión.
En efecto, alguna postura -desinterpretando ese antecedente- afirma que la Suprema Corte ahora, y a raíz de ese fallo, sostiene que con excepción del supuesto previsto en el art 552 CCCN en todos los casos la tasa aplicable es la tasa pasiva digital, aseveración que contiene un serio error de interpretación. En “Ubertalli Carbonino”, se discutió la remuneración debida a una agente en el marco de una relación de empleo público y como consecuencia de una cesantía. Allí, por mayoría, y siguiendo el voto del Dr. Soria se decidió que “en relación con los intereses reclamados en la demanda, la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, impone precisar la doctrina que el Tribunal ha mantenido hasta ahora en el ámbito de su competencia originaria. Por tal razón, en este caso los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a 30 días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623, Código Civil; 7, 768 inc. “c” y 770, Código Civil y Comercial; 7 y 10, ley 23.928); voto del Dr. Soria al que adhirieron los Dres. Kogan, Hitters, Genoud y Negri, con disidencia del Dr. de Lázzari y opinión personal del Dr. Pettigiani); en el mismo sentido "Cabrera, Pablo David contra Ferrari, Adrián Rubén. Daños y perjuicios" (SCBA, C. 119.176 del 15/06/16) y "Trofe, Evangelina Beatriz contra Fisco de la Provincia de Bs. As. Enfermedad profesional" (SCBA, causa L. 118.587 del 15/06/16).
Esta doctrina, por consiguiente, es de aplicación para los supuestos de intereses judiciales (que no es el caso aquí debatido), en los que el art. 768 inc c) CCCN autoriza al juez a fijarlos “según las reglamentaciones del Banco Central” y tiene obvia incidencia en la doctrina legal vinculante de la Suprema Corte sobre el alcance de la tasa pasiva que es la “pasiva más alta” (en realidad ahora la “pasiva digital” informada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires). Pero ello para los casos en los que no hay intereses pactados y no hay norma legal expresa (art 768 inc a) y b) CCCN), configurándose en autos -lo reitero- el supuesto de la tasa de interés legal (art 54 dec/ley 8904) el que queda aprehendido en el inciso b) del art 768 CCCN y por lo tanto excluido de la doctrina legal casatoria.
En definitiva: la doctrina legal dice que la tasa de intereses en ausencia de pacto o de norma especial es la pasiva más alta (la “pasiva digital”) y ello no rige cuando hay tasa legal.
Los argumentos expuestos resuelven la cuestión litigiosa en el marco del emplazamiento normativo actual y de la interpretación de la doctrina legal de la Suprema Corte vigente en este momento. Digo esto porque no sería atinado descartar que en el futuro la Casación Bonaerense vuelva a pronunciarse sobre esta cuestión, sea –y lo menciono a título meramente conjetural- trasladando la solución de “Ubertalle Carbonino” al tema de honorarios profesionales de los abogados (lo que supondría la aplicación de la tasa pasiva digital sosteniendo que se trata de la tasa pasiva que constituye su doctrina legal) o revisando la procedencia o no de la tasa activa del art. 54 inc b dec/ley 8904, en cuanto tasa legal y no judicial, atendiendo a la eventual incidencia sobreviviente del CCCN.
b) En cuanto a la falta de ejercicio de la opción prevista en por el art. 54 del dec.-ley 8904/77, cabe señalar que en el escrito de inicio el ejecutante reclamó intereses sin hacer alusión a la depreciación monetaria (inc. a), situación que aclaró posteriormente en la contestación del traslado de fs. 43/44, con anterioridad al dictado de la sentencia de la anterior instancia, donde expresó que su opción siempre fue por el inc. b). Por ello cabe rechazar el agravio referido, señalando que el derecho de defensa de los ejecutados no se vio afectado por la falta expresa de la opción en el escrito de inicio, en tanto ello no los indujo a confusión respecto de la tasa requerida como surge del agravio en el que se solicita la aplicación de la tasa de interés pasiva según la doctrina casatoria de la SCBA (conf. memorial de fs. 53/55 vta.).
Por los argumentos expuestos supra, propicio desestimar el agravio de los ejecutados referido a la tasa de interés y confirmar la sentencia de la anterior instancia en cuanto dispuso que al crédito ejecutado en autos deberá adicionarse la tasa legal del art. 54 inc. b) decreto-ley 8904/77; esto es la tasa activa (esta sala, causa nº 60.869, "Rodríguez…”, del 16/05/16; nº 61.184, “Diez…”, del 30/06/16).
V. Finalmente, con relación a las costas de primera instancia, corresponde adecuarlas al presente pronunciamiento distribuyéndolas en un 90% a cargo de los ejecutados y un 10% a cargo del actor, teniendo en cuenta la medida en la que prosperó su pretensión (art. 274 del CPCC). Las costas de alzada se imponen en el orden causado atento el resultado de la vía recursiva (arts. 68, 69 y ccs. del CPCC).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Peralta Reyes y Longobardi por los mismos fundamentos, adhieren al voto que antecede, votando en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor Galdós, dijo:
Atento lo acordado al tratar la cuestión anterior se resuelve: 1) Modificar la sentencia apelada de fs. 45/47 vta., ordenando llevar adelante la ejecución por la suma de $1.200 (conf. doct. y jurisp. cit.). 2) Revocar el decisorio de fs. 45/47 vta. en cuanto dispuso la solidaridad entre los ejecutados, siendo la obligación a cargo de los mismos simplemente mancomunada (art. 75 y ccs. del CPCC, art. 828 y ccs. del CCCN, art. 58 del decreto ley 8904/77 y doct. y jurisp. cit.). 3) Confirmar la sentencia de la anterior instancia en cuanto dispuso que al crédito ejecutado en autos deberá adicionarse la tasa legal del art. 54 inc. b) decreto-ley 8904/77; esto es la tasa activa. 4) Adecuar las costas de primera instancia distribuyéndolas en un 90% a cargo de los ejecutados y un 10% a cargo del actor, teniendo en cuenta la medida en la que prosperó su pretensión. 5) Imponer las costas de alzada en el orden causado, en atención al resultado de la vía recursiva (arts. 68, 69 y ccs. del CPCC), difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 del decr.-ley 8904/77). Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Peralta Reyes y Longobardi por los mismos fundamentos, adhieren al voto que antecede, votando en igual sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 10 de Agosto de 2016.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar la cuestión anterior, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) Modificar la sentencia apelada de fs. 45/47 vta., ordenando llevar adelante la ejecución por la suma de $1.200 (conf. doct. y jurisp. cit.). 2) Revocar el decisorio de fs. 45/47 vta. en cuanto dispuso la solidaridad entre los ejecutados, siendo la obligación a cargo de los mismos simplemente mancomunada (art. 75 y ccs. del CPCC, art. 828 y ccs. del CCCN, art. 58 del decreto ley 8904/77 y doct. y jurisp. cit.). 3) Confirmar la sentencia de la anterior instancia en cuanto dispuso que al crédito ejecutado en autos deberá adicionarse la tasa legal del art. 54 inc. b) decreto-ley 8904/77; esto es la tasa activa. 4) Adecuar las costas de primera instancia distribuyéndolas en un 90% a cargo de los ejecutados y un 10% a cargo del actor, teniendo en cuenta la medida en la que prosperó su pretensión. 5) Imponer las costas de alzada en el orden causado, en atención al resultado de la vía recursiva (arts. 68, 69 y ccs. del CPCC), difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 del decr.-ley 8904/77). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE por Secretaría y DEVUÉLVASE. Firmado: MARIA INES LONGOBARDI – PRESIDENTE – CAMARA CIVIL Y COMERCIAL – SALA II – VICTOR MARIO PERALTA REYES – JUEZ – CAMARA CIVIL Y COMERCIAL – SALA II – JORGE MARIO GALDOS – JUEZ – CAMARA CIVIL Y COMERCIAL – SALA II. ANTE MI: CLAUDIO MARCELO CAMINO – SECRETARIO – CAMARA CIVIL Y COMERCIAL – SALA II.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fin de la sentencia