Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2021-116469422-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar Resolución N.º 553/2021 (AD BEIR), dictada el 03/11/2021 por el Administrador de la Aduana de Bernardo de Irigoyen en la Actuación N.º 19417-99-2020 (SC82-21-2021/4), en cuanto la condena al pago de la suma de $ 1.378.840,32 en concepto de multa, en relación a la Declaración Jurada de Venta al Exterior N.º 19082DJVE000671X, por la comisión de la infracción prevista en el art. 969 el C.A. y el art. 9 de la Ley 21.453, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-21389458-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 27 de Febrero de 2023 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados “PHALARIS SERRANOS S.A.”, expediente EX-2021-
116469422-APN-SGASAD#TFN.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Mediante el RE-2021-116468951-APN-SGASAD#TFN la firma PHALARIS SERRANOS S.A. interpone recurso de apelación contra la Resolución N.º 553/2021 (AD BEIR), dictada el 03/11/2021 por el Administrador de la Aduana de Bernardo de Irigoyen en la Actuación N.º 19417-99-2020 (SC82-21-2021/4), en cuanto la condena al pago de la suma de $ 1.378.840,32 en concepto de multa en relación a la Declaración Jurada de Venta al Exterior N.º 19082DJVE000671X por la comisión de la infracción prevista en el art. 969 del C.A. y el art. 9 de la Ley 21.453, por no haber cumplido con la exportación del 90% de la mercadería. En primer lugar, enfatiza que los regímenes contemplados en el art 969 del C.A. y la ley 21.453 son diferentes, por lo que la fusión que efectúa la aduana de ambos institutos lesiona derechos fundamentales de raigambre nacional y supranacional. Por otro lado, niega la comisión de la infracción, en virtud de que, en instancia administrativa no se determinó la figura del bien jurídico comprometido ni su lesión. En esa línea, arguye que, por un hecho externo y absolutamente excepcional -pandemia Covid19- se vio involucrada en un espiral de costos y perjuicios que no puede imputársele. A razón de ello manifiesta que en la práctica diaria del comercio exterior -muchas veces- la cotidianeidad de las operaciones excede de la estática normativa involucrada, generando situaciones injustas como en su caso. Finalmente, plantea la nulidad del auto de instrucción de sumario, la incompetencia de la aduana para el juzgamiento de la infracción imputada y la vulneración de la garantía de ser juzgado en un plazo razonable. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución aduanera.
II. Por medio del IF-2022-31773362-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el traslado. Hace una somera reseña de los antecedentes administrativos y niega categóricamente todos y cada uno de los hechos esgrimidos por la actora que no sean objeto de su expreso reconocimiento. En primer lugar, hace un análisis de la normativa aplicable y manifiesta que la actora no cumplió con la exportación de la mercadería amparada en la DJVE en trato, en los plazos, forma y condiciones establecidas en el régimen aplicable, a razón de lo cual, se impuso la sanción prevista por el art. 9 de la ley 21.453 tipificada en el art. 969 del C.A. Hace hincapié que, para que las causales invocadas por la imputada puedan tenerse como eximentes de responsabilidad, debe efectuar el trámite correspondiente por ante el organismo de aplicación y éste, tener por acreditada dicha situación, a fin de dar por cumplida la obligación asumida, sin embargo, ese extremo no se probó. En ese contexto alude que, la actora es infraccionalmente responsable por la transgresión cometida. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme el fallo, con costas.
III. La Actuación Administrativa N.º 19417-99-2020 (SC82-21-2021/4), se inicia a fs. 1 con la multinota N.º 214/20 presentada por el despachante de aduana, mediante la cual comunica que por razones de fuerza mayor no se ha podido a embarcar la mercaderia de la DJVE en trato. A fs. 2 obra la Nota N.º 074/20 de la Sección de inspección Ex- Ante (AD BEIR), en donde eleva denuncia por presunta infracción al art. 969 del C.A. y el art. 9 ley 21453, luego de constatar el incumplimiento de embarque de la totalidad de la mercadería documentada e informa que no se ha presentado documentación referente al “cumplido sin sanción” emitida por la autoridad competente. A fs. 6 se adjunta la liquidación de la multa reclamada. A fs. 8 y 9 (el 16/03/2021), se dispone la apertura del sumario y se corre vista de lo actuado a la firma (notificada a fs. 14 -el 07/04/2021-). A fs. 15 se declara la rebeldia de la actora. A fs. 18/34 la actora se presenta, interpone recurso de revocatoria y efectua su descargo. A fs. 35/vta se provee su presentación, se lo tiene por presentado en forma extemporánea y se rechaza el recurso de revocatoria. A fs. 37/38, el 03/11/2021, se dicta la Resolución N.º 553/2021 (AD BEIR), apelada en autos.
IV. Mediante PV-2023-01083798-APN-TFN#MEC se declara la causa de puro derecho y se elevan los autos a esta Sala G, la que los pasa a sentencia (v. IF-2023-13616413-APN-VOCXIX#TFN).
V. De acuerdo a la índole de las cuestiones planteadas, en primer lugar, corresponde tratar el agravio relativo a la nulidad del sumario.
En tales condiciones, es preciso resaltar que el análisis de las circunstancias en relación a la nulidad, no puede efectuarse en forma mecánica, sino sopesando la gravedad de la irregularidad y la posibilidad de su subsanación en cada caso en concreto.
Es así que, en el caso de autos, no se constata que en sede aduanera haya existido error o vicio alguno, que causare a la actora una indefensión o gravamen que no pueda ser subsanado en esta instancia.
Así las cosas, es claro que la actora contó con la suficiente oportunidad para ofrecer y producir toda la prueba que evaluare pertinente en esta sede a fin de ejercer su derecho de defensa.
En ese marco interpretativo, la CSJN ha sostenido en reiteradas oportunidades que la violación de la garantía constitucional contenida en el art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa judicial posterior (Fallos, 205:549, 247:52, 267:393, entre otros).
En consecuencia, conforme a lo expuesto, no corresponde hacer lugar a la nulidad planteada.
VI. En relación al planteo de incompetencia esgrimido por la actora, es menester señalar que del Decreto 1177/92 reglamentario de la Ley 21.453 surge expresamente que: “habiéndose decretado la disolución de la JUNTA NACIONAL DE GRANOS, organismo que actuaba como autoridad de aplicación del régimen de conformidad con el Decreto N. 2.923 del 19 de noviembre de 1996, resulta procedente determinar la autoridad encargada de ejercer las funciones antedichas y la participación que le cabe a la ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS”.
Por otro lado, en art. 5° del mencionado decreto dispone que: “A los efectos de la aplicación de las sanciones a que se refieren los artículos 8° y 9° de la ley serán de aplicación el procedimiento para las infracciones y el régimen recursivo establecido por el Código Aduanero”.
En consecuencia, en virtud de la normativa aludida, queda en manifiesto que la AFIP-DGA es el órgano competente con las atribuciones suficientes para instruir y resolver los sumarios por incumplimiento y transgresión a las normas del régimen especial de la Ley 21.453.
Por lo que tampoco corresponde hacer lugar a los agravios relativos a la falta de competencia de la D.G.A. para resolver y la nulidad del procedimiento invocada por la actora fundada en ello.
VII. En cuanto al planteo opuesto por la actora en relación a que se ha violado la garantía de ser juzgado en un plazo razonable. Es importante recalcar que si bien es cierto que la exigencia de un plazo razonable es exigible a la autoridad administrativa para que esta ejerza sus potestades, también lo es que no puede sostenerse su violación por el mero cotejo del paso del tiempo, ya que, siempre será necesario que el responsable demuestre acabadamente que el procedimiento administrativo se vio prolongado sin razón que lo justifique.
En ese entendimiento del asunto, ese extremo no se ha visto corroborado en la especie toda vez que las alegaciones presentadas por la actora han sido demasiado genéricas e imprecisas.
En atención a lo expuesto, no corresponde hacer lugar al planteo de la actora en lo que a esta cuestión se refiere.
VIII. Sentado lo precedente, concierne expedirse si la resolución apelada, en cuanto condena a la actora por la comisión de la infracción prevista y penada en el art. 969 del C.A. y lo dispuesto en el art. 9 de la Ley 21.453, por no haber cumplido con la exportación del 90% de la mercadería declarada en la DJVE N.º 19082DJVE000671X, se ajusta a derecho.
Cabe recordar que el art. 969 del C.A. establece que: “Cuando el exportador que hubiere optado por el régimen previsto en el Art. 729 no cumpliere con la exportación en los plazos, forma y condiciones contemplados en el Art. 730 sin mediar las causales previstas en el Art. 731 será sancionado con una multa del 10% al 20% del valor en aduana de la cantidad, peso o volumen de la mercadería no exportada”.
A su vez, el art. 9 de la Ley 21.453 dispone: “Las ventas declaradas se darán por cumplidas cuando, dentro del plazo estipulado para la declaración jurada, el exportador hubiese registrado la declaración aduanera de exportación para consumo de por lo menos el noventa por ciento (90%) de la cantidad (peso o volumen) declarada. La Autoridad de Aplicación podrá dar por cumplidas las operaciones o extender los plazos de cumplimiento de las mismas cuando existan causas de incumplimiento no imputables al exportador. El incumplimiento o la anulación de operaciones correspondientes a las declaraciones de ventas registradas, será sancionado con una multa equivalente al quince por ciento (15%) del valor FOB de venta de la parte incumplida de la declaración, como máximo hasta el noventa por ciento (90%) de la cantidad declarada”.
Sentado lo que antecede, corresponde recalcar que, tanto en la corrida de vista como en la Resolución aquí apelada, se imputó la infracción del art. 969, cuyo régimen especial se encuentra establecida en la Ley 21.453. De acuerdo a lo señalado, y a la normativa aplicable, el registro de la DJVE efectuado por la actora implica el acogimiento a los beneficios establecidos por la Ley 21.453, que señala en su art. 9 la sanción para el exportador en caso de incumplimiento de las operaciones registradas.
En esa comprensión del asunto, es imperioso tener presente, lo que el más Alto Tribunal ha sostenido en reiteradas oportunidades que el acogimiento a un régimen de excepción importa el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tales efectos y obsta a su ulterior impugnación (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos “Medefín S.A.”, sentencia del 01/10/91).
En ese marco, es relevante indicar que la DJVE N.º 19082DJVE000671X fue registrada el 31/10/2019 por un total de 260 toneladas en relación a la mercadería de la Posición Arancelaria 1206.00.90.290 L “LAS DEMAS SEMILLAS DE GIRASOL, INCLUSO QUEBRANTADA”, con vencimiento el 24/10/2020.
En las condiciones consignadas, resulta elocuente que no se encuentra controvertido que la actora no ha cumplido con el mínimo tolerable del 90% establecido por el art. 9 de la Ley 21.453, es más, en el caso, no se reexportó cantidad alguna de mercadería.
En ese estado de las cosas, es necesario remarcar que en sus argumentos la encartada aduce que el incumplimiento se debió a razones de fuerza mayor por un hecho externo y absolutamente excepcional -la pandemia Covid19- el cual hizo que se viera envuelta en un espiral de costos y perjuicios que no puede imputársele.
En el contexto descripto, debe hacerse hincapié que las razones deducidas no justifican la exclusión de responsabilidad, dado que, se trata de una circunstancia que no puede considerarse ajena a los riesgos propios de su actividad comercial, debido a que, los riesgos de la actividad empresarial no son oponibles a la aduana. A mayor abundamiento, no puede dejar de hacerse notar que la causal de eximición de fuerza mayor -invocada por la recurrente en la multinota N.º 214/20 (v. fs. 1 de las act.adm.)- debe ser adecuadamente acreditada por medio de los mecanismos que el régimen prevé ante el organismo de aplicación, quién debe tener por configurada la circunstancia enunciada por acto expreso la cual podrá -a petición de parte- dar por cumplida la declaración sin sanción de naturaleza alguna (crf. Resolución 384/96 y sus modificatorias).
En tales condiciones, ha de advertirse, que, conforme surge de las actuaciones administrativas, la recurrente no ha acompañado -en sede administrativa ni en esta instancia- documental alguna referente al “cumplido sin sanción” emitida por la autoridad competente de acuerdo a la normativa vigente. De este modo, al no tener la documental requerida que la exima de responsabilidad, y habiendo acaecido el vencimiento de la DJVE, se configuro la infracción denunciada en autos.
IX. Sentado lo precedente, atañe señalar que el total de la mercadería no exportada ascendió a U$S 171.600 y teniendo en cuenta el 90% correspondiente a la mercadería declarada en la DJVE, la mercadería no exportada asciende a U$S 154.440, siendo el tipo de cambio de $59,520 al momento de la comisión del hecho (conversión en pesos: $ 9.192.268,80), el 15% equivale a $ 1.378.840,32, suma que coincide con el monto que se exige en la resolución apelada. Por lo expuesto, voto por:
Confirmar Resolución N.º 553/2021 (AD BEIR), dictada el 03/11/2021 por el Administrador de la Aduana de Bernardo de Irigoyen en la Actuación N.º 19417-99-2020 (SC82-21-2021/4), en cuanto la condena al pago de la suma de $ 1.378.840,32 en concepto de multa, en relación a la Declaración Jurada de Venta al Exterior N.º 19082DJVE000671X, por la comisión de la infracción prevista en el art. 969 el C.A. y el art. 9 de la Ley 21.453, con costas.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Que si bien la emergencia decretada por el COVID constituye un elemento externo, ajeno y no provocado por las partes, no puede, por su sola mención, eximir al exportador de sus obligaciones que, habiendo optado por la aplicación de un régimen más favorable, incumplió. Por ello adhiero al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
Confirmar Resolución N.º 553/2021 (AD BEIR), dictada el 03/11/2021 por el Administrador de la Aduana de Bernardo de Irigoyen en la Actuación N.º 19417-99-2020 (SC82-21-2021/4), en cuanto la condena al pago de la suma de $ 1.378.840,32 en concepto de multa, en relación a la Declaración Jurada de Venta al Exterior N.º 19082DJVE000671X, por la comisión de la infracción prevista en el art. 969 el C.A. y el art. 9 de la Ley 21.453, con costas.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2023.02.24 17:06:15 ART Date: 2023.02.26 19:06:14 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.02.27 18:30:24 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.02.27 18:30:47 -03:00
Fin de la sentencia