Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa P-809/19-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al pedido de citación de tercero efectuado por la actora y en consecuencia, de la demanda instaurada y documental acompañada córra- se traslado al Colegio Único de los Profesionales de la Higiene y Seguridad de la Pro- vincia de Santa Cruz, por el término de treinta (30) días y bajo apercibimiento de ley (arts. 58 y 59 del CPCA, Ley Nº 2600).-
2Suspéndase el procedimiento en los presentes hasta la comparecencia de la tercera citada o el vencimiento del plazo establecido en el punto 1º) (art. 21 del CPCA, Ley Nº 2600).-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: P-809/19-TSJ Sentencia N°: 1072 Actor: PHILEMON JORGE LUIS Demandado: PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 08/03/21 Texto:
TOMO XVII -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 1072 FOLIO Nº 3402/3403 PROT. ELECT. TSS1 002 C.211
Río Gallegos, 8 de marzo de 2021.-
Los presentes autos caratulados: “PHILEMON JORGE LUIS C/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº P-809/19-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia a fin de resolver la citación de tercero solicitada por la actora a fs. 11 vta./12, apartado III.-
Para sustentar su petición, postula que: “…en atención a que la Ley Nº 3.610 crea al Colegio de Trabajadores de Higiene y Seguridad invistiéndolo de las atribuciones de contralor y gobierno de la matrícula profesional como una dele- gación de las atribuciones del Estado Provincial, y visto que cualquier pronunciamiento sobre las pretensiones de fondo tendría virtualidad para incidir en el ámbito de aplicación de la Ley Nº 3.610 -y por tanto afectando a los derechos e intereses de ese Colegio de Trabajadores- es que solicito se lo cite en su condición de tercero…” (cfr. foja 11 vta.).- A foja 34 pasan los presentes al Acuerdo.-
II. En la especie, la actora promueve acción declarativa de certeza en contra del Estado Provincial, a fin de hacer cesar el estado de incertidumbre que se ha originado al exigir el Colegio Único de los Profesionales de la Higiene y Seguridad de la Provincia de Santa Cruz y/o el Ministerio de Trabajo, Empleo y Se- guridad Social, con base en la Ley Nº 3610, la matriculación de los trabajadores que realicen tareas vinculadas a higiene y seguridad en el trabajo en el último de los cole- gios mencionados, desconociendo la validez de la matrícula emitida por el CPAIA. Subsidiariamente, peticiona la declaración de inconstitucionalidad de la ley precitada (cfr. foja 11 y vta.).- Teniendo ello en consideración, corresponde dilucidar si en los presentes procede o no, correr traslado de la demanda al Colegio Único de los Profe- sionales de la Higiene y Seguridad de la Provincia de Santa Cruz, tal como lo preten- de la accionante.-
III. El artículo 18 del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600 establece que: “Los terceros que fuesen individua- lizables, con nombre y domicilio conocido, que pudieran tener un derecho subjetivo o un interés legítimo y directo con relación al acto que se impugne, podrán intervenir como coadyuvantes en cualquier estado del proceso. Si lo fuere por la parte actora o demandada, éstas deberán denunciarlo en el momento de la promoción de la acción o al contestar la demanda, respectivamente. El tercero coadyuvante tomará el procedimiento en el estado en que se encuentra sin que su intervención pueda hacer retro- traer, interrumpir o suspender los trámites procesales debiendo en su primera presen- tación y en la medida que el estado del proceso lo permita, cumplir con los recaudos exigidos para la demanda o su contestación.”.- Conviene tener presente, asimismo, que la intervención de terceros en un proceso judicial tiene lugar cuando se incorporan al litigio personas dis- tintas a las partes originarias (actora o demandada), con el objeto de hacer valer dere- chos o intereses propios aunque vinculados con una determinada relación o situación jurídica.
Como la participación de los terceros constituye una situación excepcional, contraria a la estructura clásica del proceso, debe admitirse con carácter restrictivo. Su fundamento reside, principalmente, en razones de economía procesal, es decir para poder extender con relación a ellos, los efectos de la sentencia que habrá de dictarse en la causa (cfr. Seara, Juan I.: “Los coadyuvantes y terceros en el Código Procesal Administrativo Bonaerense”, Publicado en: LLBA 2005 -julio-, 609; www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: AR/DOC/2292/2005). Esta figura com- prende aquellos casos en los que medie conexidad entre la relación controvertida en el proceso y otra existente entre el tercero y alguna de las partes originarias.- De lo expuesto, surge que si la accionante pretende que se cite a un tercero, la oportunidad que tiene para hacerlo es al momento de promover la acción (cfr. artículo 18 del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600), allí deberá acreditar, además, que se trata de alguno de los supuestos que autorizan a disponerla (Fallos 330:4234, entre otros), esto es, que el tercero tenga un derecho subjetivo o un interés legítimo y directo con relación al acto que se impugna (cfr. artículo 18 cit.), o que pueda mediar, en caso de existir una sentencia adversa, la posibilidad de encontrarse sometido a una futura acción de regreso, supuesto típico que habilita el pedido (cfr. del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema en Fallos 329:5675), para evitar, de tal modo, que los terceros aleguen que la derrota fue consecuencia de la deficiente defensa (cfr. del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema en Fallos 330:3888).
Es por ello que este Tribunal Superior de Justicia ha dicho que la intervención del tercero se justifica cuando la sentencia a dictarse pudiera, eventualmente, afectarlo (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XV, Reg. 981, Folio 2993/2995), previniendo un perjuicio potencial que pudiera irrogarle el desarrollo del proceso (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XV, Reg. 953, Folio 2894/2895).- Consecuencia de tales parámetros es que incumbe a quien solicita la intervención de terceros acreditar que se trata de uno de los supuestos que autorizan a disponerla por tener aquél un interés legítimo que pudiera verse afectado y corresponde desestimarla si no se invoca concretamente la presencia de una comu- nidad de controversia dado la excepcionalidad del instituto bajo examen (cfr.
CSJN, “Aeropuertos Argentina 2000 S.A. c/ Provincia de Buenos Aires y otro”, del 27/04/ 2010; www.informaciónlegal.com.ar. Cita online: AR/JUR/18279/2010). También se ha expresado que cuando se trata de la intervención obligada de un tercero en el proceso, debe existir más que un mero interés del citante y del citado, es necesaria la existencia de comunidad de controversia, no cumpliéndose tal requisito cuando la materia litigiosa no puede alcanzar a dicho tercero (Finochietto - Arazi, Código Pro- cesal Civil y Comercial de la Nación, Tomo 1, Buenos Aires, Ed. Astrea, 1985, pág. 338).- Así resulta necesario la intervención del Colegio Único de los Profesionales de la Higiene y Seguridad de la Provincia de Santa Cruz en los presen- tes autos en virtud de que tendría un derecho subjetivo o un interés legítimo en lo que se decida respecto al estado de incertidumbre aducido por la accionante en torno a la Ley Nº 3610 (texto según Decreto Nº 1023/18) así como también sobre el pedido sub- sidiario de inconstitucionalidad formulado por ésta última.-
IV. En virtud de lo expuesto, el pedido de citación de tercero efectuado por la actora a fs. 11 vta./12, apartado III resulta razonable, por lo que co- rresponde hacer lugar al mismo y en consecuencia, disponer el traslado de la deman- da instaurada y documental acompañada al Colegio Único de los Profesionales de la Higiene y Seguridad de la Provincia de Santa Cruz, por el término de treinta (30) días y bajo apercibimiento de ley (arts. 58 y 59 del CPCA, Ley Nº 2600), debiendo suspenderse el procedimiento en los presentes hasta la comparecencia de la tercera ci- tada o el vencimiento del plazo establecido precedentemente (art. 21 del CPCA, Ley Nº 2600).- Las costas se imponen por su orden en virtud de lo dispuesto por el artículo 90 del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600.-
Por todo lo precedentemente expuesto, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar al pedido de citación de tercero efectuado por la actora y en consecuencia, de la demanda instaurada y documental acompañada córra- se traslado al Colegio Único de los Profesionales de la Higiene y Seguridad de la Pro- vincia de Santa Cruz, por el término de treinta (30) días y bajo apercibimiento de ley (arts. 58 y 59 del CPCA, Ley Nº 2600).-
2. Suspéndase el procedimiento en los presentes hasta la comparecencia de la tercera citada o el vencimiento del plazo establecido en el punto 1º) (art. 21 del CPCA, Ley Nº 2600).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-.-
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1002C.211 Tomo: XVII Sentencia: 1072 Folio N°: 3402/3403 Secretaría: 1
Fin de la sentencia