Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa P-809/19-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el pedido de aclaratoria o ampliación incoado por la parte actora mediante PE29774-2020.-
2Recaratular los presentes en los siguientes términos: "Consejo Profesional de la Agrimensura, Ingeniería y Arquitectura de la Provincia de Santa Cruz (CPAIA) c/ Provincia de Santa Cruz s/ Demanda Contencioso Administrativa -Incidente de Medida Cautelar-", Expte. Nº C-809/19, dejando debida constancia en el sistema de gestión de los expedientes de la Secretaría.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: P-809/19-TSJ Sentencia N°: 1080 Actor: PHILEMON JORGE LUIS Demandado: PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR- Fecha: 16/07/21 Texto:
TOMO XVIII -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 1080 FOLIO Nº 3448/3450 PROT. ELECT. TSS1 010 C.211
Río Gallegos, 16 de julio de 2021.-
Los presentes autos caratulados: “PHILEMON JORGE LUIS C/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR-”, Expte. Nº P-809/19-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso de aclaratoria y/o ampliación interpuesto por el Sr. Adrián Lloret, en su carácter de Presidente de la Comisión Directiva del Consejo Profesional de la Agrimensura, Ingeniería y Arquitectura de la Provincia de Santa Cruz (CPAIA), con el patrocinio letrado del Dr. Juan Pablo Codino (cfr. PE29774-2020), contra la Resolución del 8 de julio del 2020 (cfr. fs. 44/47 del expediente en soporte papel).-
II. En la especie, la actora solicitó una medida cautelar innovativa a fin de que el Colegio Único de los Profesionales de la Higiene y Seguridad de la Provincia de Santa Cruz (CUPHyS) y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Cruz se abstengan de exigir la matriculación en ese colegio a aquellos profesionales matriculados -o que se matriculen en el futuro- en el CPAIA que realicen actividades relacionadas con la higiene y seguridad en el trabajo, como así también de formular imputaciones de presuntas infracciones administrativas o aplicar multas basadas únicamente en el hecho de que el profesional matriculado en el CPAIA no reviste idéntica condición ante el CUPHyS (cfr. foja 17 vta.).-
III. Esta pretensión cautelar fue rechazada por este Excmo. Tribunal Superior de Justicia.-
En prieta síntesis, se consideró que lo que se procuraba era obtener provisionalmente la suspensión de los efectos de la Ley Nº 3610 (texto según Decreto Nº 1023/18) de “Regulación de las Actividades Vinculadas con la Higiene y Seguridad en el Trabajo”, en tanto tendía a neutralizar o desvirtuar la aplicación que hacen de ella las autoridades competentes. Frente a ello, se dijo que este tipo de medidas se encontraba sujeta a la demostración fehaciente de las razones que la justifican, en atención a la presunción de constitucionalidad y legalidad que reviste una ley formal dictada por el Poder Legislativo Provincial.- En este contexto, se entendió que la accionante no había logrado acreditar la verosimilitud en el derecho, poniéndose énfasis en el hecho de que la aplicación de la Ley Nº 3610 por parte del CUPHyS, actuando como encargado del otorgamiento y control de la matrícula de los profesionales en la Higiene y Seguridad en el Trabajo, no aparecía prima facie como arbitraria o ilegítima. Tampoco se verificó peligro en la demora.-
IV. Tal como se anticipó, contra esta decisión la accionante articula recurso de aclaratoria y/o ampliación, en los términos del artículo 91, inciso b), del CPCA, Ley Nº 2600.-
Sostiene que sin neutralizar o desvirtuar -ni provisionalmente- la aplicación de la Ley Nº 3610, su parte pretende cautelarmente que sus matriculados puedan ejercer, con la matrícula que poseen (expedida por el CPAIA), las profesiones universitarias, licenciaturas universitarias y tecnicaturas superiores universitarias en higiene y seguridad en el trabajo.-
Precisa que el objeto de la medida cautelar solicitada consiste en que los matriculados en el CPAIA puedan continuar ejerciendo su profesión con la matrícula habilitante expedida por su institución, sin el deber de hallarse matriculado además en el CUPHyS.-
Dice que por este motivo solicita que se aclare si el rechazo de la cautelar significa que los matriculados en el CPAIA -mientras se desarrolla el proceso principal- deberán contar con una doble matriculación o bien coexistir -provisionalmente- la que otorga el CPAIA y la que expide el CUPHyS.-
Agrega que la aclaración o ampliación pretendida obedece al derecho constitucional de igualdad que poseen los matriculados en el CPAIA a no recibir un trato diverso respecto de quienes se encuentren matriculados en el CUPHyS.-
V. La aclaratoria o ampliación en el marco del proceso contencioso administrativo se encuentra contemplada en el artículo 91, inciso b), del CPCA, Ley Nº 2600, cuyo texto legal habilita expresamente su interposición contra sentencias interlocutorias, en cuya categoría es dable subsumir la Resolución del 8 de julio del 2020 (cfr. fs. 44/47).-
Este cuerpo normativo no detalla específicamente los supuestos que viabilizan este remedio, por lo que frente a una aclaratoria o ampliación ejercitada a pedido de parte, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 167, inciso 2°, del CPC y C. Ello, a tenor de la remisión normativa desplegada en el artículo 45 del CPCA, Ley Nº 2600, que declara aplicable a las causas contencioso administrativas, las normas del juicio ordinario contenidas en el régimen adjetivo civil y comercial, en cuanto no se opongan a ella.-
VI. Lo que se procura a través de este carril es:
a) corregir errores materiales, es decir, defectos de expresión, tales como aritméticos, nombres de las partes, calidades de las mismas, de impresión; constituyen meras equivocaciones que de ninguna manera pueden asimilarse a los llamados errores in indicando, debido a que no son fallas en el razonamiento judicial ni en la fijación de los hechos;
b) aclarar algún concepto ambiguo o contradictorio de una resolución. Se consideran así a aquellos pronunciamientos que pueden interpretarse o entenderse de distinta manera y que son susceptibles de originar dudas o incertidumbre. Se trata de deficiencias puramente lexicográficas, terminológicas o idiomáticas que influyen en la expresión de voluntad del juez; c) suplir cualquier omisión incurrida en el tratamiento y decisión de algunas de las pretensiones planteadas y debatidas en el proceso. El mecanismo trata de efectivizar el postulado de la congruencia, ya que se configura este supuesto cuando se ha dejado de decidir sobre asuntos oportunamente planteados en el proceso (cfr. Richero, María Julia, “El sistema recursivo”, en Botassi, Carlos A. [director], El nuevo proceso contencioso administrativo de la Provincia de Buenos Aires, 3ª ed., La Plata, Librería Editora Platense, 2011, pág. 674).-
VII. En cuanto a las formalidades de las que se halla revestido este remedio, Julio Chiappini afirma: “La parte que recurre tiene la carga procesal de fundamentar su reclamo, indicando los errores materiales, las omisiones o conceptos obscuros del pronunciamiento. Las formalidades del cuestionamiento no tienen por qué ser ‘sacramentales’; pero el incumplimiento de la obligación que reseñábamos genera la declaración de inadmisibilidad.” (cfr. autor cit., “El recurso de aclaración”, ED-174, pág. 1133).- En sentido coincidente, se ha señalado: “El escrito pidiendo la aclaratoria debe indicar con precisión cuál es el punto de la sentencia que se desea esclarecer, si se trata de una oscuridad en qué consiste, si es una omisión, en qué foja y escrito se planteó la pretensión y en que se basa el recurrente al afirmar que no se ha tratado el tema, si fue omitido parcialmente…Si se cuestiona un yerro numérico o nominal, en qué consiste el mismo, cuál es la cifra consignada y cuál la verdadera y de dónde surge ésta. Todas estas precisiones son necesarias para la procedencia de la aclaratoria…” (cfr. López Mesa, Marcelo J., Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, 1ª ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley, 2014, Tomo II, pág. 673).- En la presentación bajo estudio, la actora no individualiza de manera precisa ninguno de los tópicos aludidos; es decir, no aclara si lo que se pretende es enmendar un error material, salvar alguna oscuridad o suplir alguna omisión, lo que autorizaría, por si solo, a su rechazo.-
Por otra parte, cabe precisar que “…la aclaratoria debe tener como fundamento la existencia de un agravio, es decir, debe tener una transcendencia tal que su no corrección sea susceptible de generar un perjuicio consistente en la dificultad o imposibilidad de cumplimiento de lo resuelto o de vigencia de lo decidido.” (cfr. Kandus, Cecilia Beatriz, “Recurso de aclaratoria”, en Arazi, Roland [director], Recursos ordinarios y extraordinarios en el régimen procesal de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, 1ª ed., Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2005, pág. 62).- En el caso que nos ocupa, este recaudo ha sido soslayado por el presentante, quien en modo alguno arguye algún tipo de impedimento para cumplir con la decisión plasmada en la Resolución cuya aclaración pretende.-
VIII. A mayor abundamiento, resulta dable indicar que no se avizora ninguno de los supuestos que tornarían procedente el remedio intentado.-
No aparece ningún yerro material evidente que torne necesario su superación a través del andarivel de marras.-
Tampoco se revela alguna deficiencia puramente lexicográfica, terminológica o idiomática que amerite su aclaración. Como bien enseña Santiago Sentis Melendo, la oscuridad o claridad de un concepto debe ser examinado con cuidado por el juez, a fin de evitar abusos en el ejercicio de la aclaratoria. Si los términos son lo suficientemente claros, no deberá explicarlos ni insistir sobre ellos, sino que se deberá limitar a decir que la petición es improcedente, en virtud de esa claridad. La aclaratoria no sirve para encubrir una reposición totalmente improcedente. Y, finalmente, el precitado autor puntualiza que el concepto oscuro, cuya aclaratoria se solicita, ha de referirse a la sentencia del juez, sin que sea procedente renovar el debate sobre interpretación y aplicación de leyes, doctrinas y jurisprudencias, hechas por el tribunal al fallar el asunto (cfr. autor cit., “Aclaratoria de sentencia”, Enciclopedia Jurídica Omeba, Editorial Bibliográfica Argentina, Tomo I, pág. 285).- Menos aún, se evidencia la omisión de alguna pretensión oportunamente introducida y debatida que haga necesaria la integración del pronunciamiento. En punto a ello, vale destacar que “…no es posible incorporar por mediación de la aclaratoria hechos o cuestiones nuevas.” (cfr. Hitters, Juan Carlos, “Técnica de los recursos ordinarios”, La Plata, 2000, Librería Editora Platense, pág. 202).-
IX. En suma, se observa que el pedido de aclaratoria o ampliación incoado no persigue que se desentrañe un error material o algún concepto ambiguo o vago del pronunciamiento, sino la alteración sustancial del decisorio. Frente a ello, no cabe más que recordar que: “…‘No resulta procedente…la aclaratoria que persigue la revocación de lo decidido…’ […] ocurre que la alteración sustancial de la sentencia, importa un proceder arbitrario, toda vez que ocasiona un serio menoscabo al derecho de defensa, tutelado en el artículo 18 de la Constitución Nacional.” (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XIV, Reg. 924, Folio 2757/2758).- En mérito a lo expuesto, debe concluirse que la Resolución obrante a fs. 44/47 es suficientemente clara al disponer el rechazo de la medida cautelar peticionada por la parte actora a fs. 11/20, por lo que debe rechazarse el pedido de aclaratoria o ampliación incoado mediante PE29774-2020.-
X. Asimismo en atención a las constancias de autos, corresponde recaratular los presentes en los siguientes términos: "Consejo Profesional de la Agrimensura, Ingeniería y Arquitectura de la Provincia de Santa Cruz (CPAIA) c/ Provincia de Santa Cruz s/ Demanda Contencioso Administrativa -Incidente de Medida Cautelar-", Expte. Nº C-809/19, dejando debida constancia en el sistema de gestión de los expedientes de la Secretaría.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazar el pedido de aclaratoria o ampliación incoado por la parte actora mediante PE29774-2020.-
2. Recaratular los presentes en los siguientes términos: "Consejo Profesional de la Agrimensura, Ingeniería y Arquitectura de la Provincia de Santa Cruz (CPAIA) c/ Provincia de Santa Cruz s/ Demanda Contencioso Administrativa -Incidente de Medida Cautelar-", Expte. Nº C-809/19, dejando debida constancia en el sistema de gestión de los expedientes de la Secretaría.-
3. Regístrese y notifíquese. Oportunamente, acumúlense las presentes actuaciones al principal.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-.-
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1010C.211 Tomo: XVIII Sentencia: 1080 Folio N°: 3448/3450 Secretaría: 1
Fin de la sentencia