Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa P-809/16-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar a la medida cautelar peticionada por la parte actora a fs. 11/20.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: P-809/16-TSJ Sentencia N°: 1066 Actor: PHILEMON JORGE LUIS Demandado: PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR- Fecha: 08/07/20 Texto:
TOMO XVII -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 1066 FOLIO Nº 3365/3368 PROT. ELECT. TSS1 005 C.201
Río Gallegos, 8 de julio de 2020.-
Los presentes autos caratulados: “PHILEMON JORGE LUIS c/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR-”, Expte. Nº P-809/19-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que, a fs. 11/20 se presenta el Sr. Jorge Luis Philemon en su carácter de Presidente de la Comisión Directiva del Consejo Profesional de la Agrimensura, Ingeniería y Arquitectura de la Provincia de Santa Cruz (CPAIA), con el patrocinio letrado del Dr. Juan Pablo Codino, promoviendo acción declarativa de certeza en los términos del artículo 40, inciso c) del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo en contra del Estado Provincial, a fin de hacer cesar el estado de incertidumbre que se ha originado al exigir el Colegio Único de los Profesionales de la Higiene y Seguridad de la Provincia de Santa Cruz (CUPHyS) y/o el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con base en la Ley Nº 3610, la matriculación de los trabajadores que realicen tareas vinculadas a higiene y seguridad en el trabajo en el último de los colegios mencionados, desconociendo la validez de la matrícula emitida por el CPAIA. Subsidiariamente, peticiona la declaración de in- constitucionalidad de la ley precitada.- En el acápite VI de su presentación solicita el dictado de una medida cautelar innovativa a fin de que el CUPHyS y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Cruz se abstengan de exigir la matriculación en ese colegio a aquellos profesionales matriculados -o que se matricu- len en el futuro- en el CPAIA que realicen actividades relacionadas con la higiene y seguridad en el trabajo, como así también de formular imputaciones de presuntas infracciones administrativas o aplicar multas basadas únicamente en el hecho de que el profesional matriculado en el CPAIA no reviste idéntica condición ante el CUPHyS (cfr. foja 17 vta.).- Postula que su pretensión cautelar tiene base verosímil si se tiene en cuenta la ilegitimidad y arbitrariedad manifiesta de las disposiciones que exigen a profesionales matriculados en el CPAIA su inscripción en el CUPHyS en virtud de las actividades que realizan (cfr. foja 17 vta./18).-
En cuanto al peligro en la demora, explica que la medida caute- lar procura evitar los graves perjuicios de imposible reparación ulterior que el cumpli- miento de la Ley Nº 3610 ocasiona al obstaculizar el ejercicio de una profesión con título habilitante y matrícula del CPAIA, reglamentando ilegítimamente el derecho constitucional a trabajar, al crear exigencias que interfieren arbitrariamente con ese propósito (cfr. foja 18). Precisa que el riesgo de daño irreparable para el CPAIA y sus matriculados surge de la imposibilidad de ejercer sus profesiones así como la pérdida de control e ingresos económicos que proporciona la matrícula de los profesionales involucrados (cfr. foja 18 vta.).- Corrido el traslado a la demandada, es contestado a fs. 31/36 por el Sr. Fiscal de Estado de la Provincia de Santa Cruz, Dr. Fernando Pablo Tanarro y la Dra. Fernanda A. Loncón Paredes. Allí sostienen que cuando las medidas caute- lares se dirigen contra el Estado se deben evaluar los intereses en juego y en el caso que nos ocupa, éste se vincula con el poder de policía atinente a la regulación del ejercicio de las profesiones (cfr. foja 31 vta.).- Manifiestan que la verosimilitud del derecho no se encuentra debidamente acreditada, por cuanto no se evidencia la ilegitimidad y arbitrariedad manifiesta de la Ley Nº 3610, que fue sancionada de conformidad al procedimiento constitucional establecido. Refiere que la contraria no demuestra los vicios graves o notorios que justifiquen la suspensión de los efectos de la norma aludida. Postula igualmente que deben meritarse los efectos de la medida solicitada, en tanto obstacu- lizan las facultades y funciones propias del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguri- dad Social (cfr. foja 32).- Señalan que no existe peligro en la demora, puesto que la even- tual disminución de los recursos económicos del CPAIA lejos está de configurar un perjuicio que convierta en dificultosa o imposible su reparación (cfr. foja 33).-
Finalmente, destacan que la actora no ofreció contracautela y que el objeto de la medida coincide con la pretensión de fondo, por lo que su acogi- miento implicaría un adelanto indebido del resultado del pleito (cfr. foja 35).-
A fs. 38/39 dictamina el Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuer- po quien sostiene que no debe hacerse lugar a la medida cautelar peticionada.-
A foja 40 pasan los presentes al Acuerdo.-
II. Tal como se anticipó precedentemente, la pretensión caute- lar sometida a consideración de este Tribunal Superior de Justicia procura que el CUPHyS y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se abstengan de exigir la matriculación en esa entidad a aquellos profesionales matriculados -o que se matriculen en el futuro- en el CPAIA y que realicen actividades relacionadas con la higiene y seguridad en el trabajo, como así también de formular imputaciones de pre- suntas infracciones administrativas o aplicar multas basadas únicamente en el hecho de que el profesional matriculado en el CPAIA no reviste idéntica condición ante el CUPHyS (cfr. foja 17 vta.).- Se adelanta desde ya que no corresponde -con los elementos arrimados a la causa- despachar favorablemente la medida cautelar solicitada.-
Como bien afirma la demandada (v. foja 31 vta.), lo que se procura en definitiva es obtener provisionalmente la suspensión de los efectos de la Ley Nº 3610 (texto según Decreto Nº 1023/18) de “Regulación de las Actividades Vincu- ladas con la Higiene y Seguridad en el Trabajo”, en tanto tiende a neutralizar o des- virtuar la aplicación que hacen de ella las autoridades competentes.-
En efecto, la Ley Nº 3610 (texto según Decreto Nº 1023/18) rige el ejercicio profesional de las actividades relacionadas con la higiene y seguridad en el trabajo en el ámbito provincial (cfr. art. 1º), definiendo a éstas últimas como aquellas en las que resulta necesario la aplicación de conocimientos y capacidades con el fin de prevenir riesgos a través del mejoramiento continuo de los ambientes laborales (cfr. art. 2º). Para el ejercicio de la actividad del Profesional en la Higiene y Seguridad en el Trabajo se requiere -entre otras cosas- estar inscripto en la matrícula correspondiente (cfr. art. 3º, inc. b), cuyo otorgamiento y control se encuentra a cargo del CUPHyS (cfr. arts. 4, 10, 11 y 14, incs. b, c y h).- Las exigencias que hacen procedente el dictado de una medida cautelar se agudizan en el caso de medidas como la aquí solicitada y por ende deben ser apreciadas con especial prudencia y con un carácter especialmente restrictivo.-
En este sentido, este Alto Cuerpo ha sostenido que: “…al tratarse de una ley, se debe extremar la cautela al pronunciarse respecto a una medida como la peticionada por la actora en tanto que -para concederla- deberíamos juzgar ‘prima facie’ que la legislación atacada resulta inconstitucional y conculca irreparablemente derechos legítimos que la misma ostenta (conf. TSJ Santa Cruz, Conten- cioso Administrativo, Tomo XII, Reg. 796, Folio 2256/2259).” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XVI, Reg. 1022, Folio 3179/3183, voto de la mayoría).- En la misma senda, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires tiene dicho que: “…cuando lo que se pretende cautelarmente es la suspensión de los efectos de una ley o reglamento, la reunión de los requisitos necesarios para que ello proceda debe ser efectuada con el mayor rigor, puesto que tales actos tienen en general la presunción en su favor de ser conformes a la Constitución…” (cfr. “Presidente de la Junta Electoral de la Provincia de Bs. As. c/ Poder Ejecutivo y Legislativo s/ confl. Art. 161 inc. 2º const. Prov.”, 18/12/2013).- En suma, la viabilidad de este tipo de medidas se encuentra sujeta a la demostración fehaciente de las razones que la justifican, en atención a la pre- sunción de constitucionalidad y legalidad que reviste una ley formal dictada por el Poder Legislativo Provincial. A ello, debe adunarse la consideración del interés públi- co en juego (en el caso, el poder de policía local vinculado a la regulación del ejerci- cio de las profesiones).- No resulta baladí la circunstancia de que la concesión de la medida pretendida importaría la modificación del statu quo, es decir, la alteración del estado de hecho o de derecho actual, lo que configura una anticipación de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, máxime teniendo en cuenta que la accionante postula como pretensión subsidiaria la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Nº 3610 (cfr. foja 11 vta.).- La mesura que requiere juzgar este tipo de medidas se acrecienta aún más frente a la incidencia que refleja sobre el principio de división de poderes. La misión más delicada del Poder Judicial es la de mantenerse dentro del ámbito de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes ni suplir las decisiones que aquellos deben adoptar (Fallos 155:248; 272:231; 311:2553; 328:3573; 338:488; 339:1077, entre muchos otros).-
III. A la luz de los parámetros expuestos y frente al acotado marco cognoscitivo propio de este tipo de procesos, se verifica que no concurren en el presente caso los recaudos de procedencia que habilitan el despacho favorable de la medida solicitada. Esta negativa obedece a que los argumentos expuestos por la accionante en orden a sustentar la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora resultan insuficientes para justificar su procedencia.- Al fundar la verosimilitud del derecho, la accionante se limita a sostener que su pretensión cautelar tiene base verosímil si se tiene en cuenta la ilegi- timidad y arbitrariedad manifiesta de las disposiciones que exigen a profesionales ma- triculados en el CPAIA su inscripción en el CUPHyS en virtud de las actividades que realizan (cfr. foja 17 vta./18). En mérito a ello, surge palmaria la orfandad argumental desplegada por la peticionante, quien no brinda mayores precisiones en torno a este recaudo.- La aplicación de la Ley Nº 3610 por parte del ente normativo establecido para ponerlo en práctica, esto es el CUPHyS, actuando como encargado del otorgamiento y control de la matrícula de los profesionales en la Higiene y Seguridad en el Trabajo, no aparece prima facie como arbitraria o ilegítima. Idéntica tesitura debe replicarse frente al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, cuya actuación de contralor debe presumirse conforme a derecho.- En definitiva, no se avizora en el sub lite arbitrariedad mani- fiesta que permita en este estado inicial de la causa hacer lugar a lo peticionado, al margen de lo que luego de tramitado el presente juicio se pueda determinar en defini- tiva.-
Es que tal como se viene delineando, para derrumbar la presunción de legitimidad, la misma debe emerger con indiscutible nitidez. En este marco, este Tribunal Superior de Justicia ha señalado que: “…el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares reviste particular estrictez cuando se cuestiona una ley, atento a la presunción de validez de la que goza, exigencia que imprime de una mayor profundidad a la ponderación de la verosimilitud del derecho invocado…” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XVI, Reg. 1022, Folio 3179/3183, voto de la mayoría).- En consecuencia, cabe reputar que los fundamentos y elementos aportados por la accionante no logran demostrar la verosimilitud del derecho invocada.-
IV. Las circunstancias descriptas hasta aquí resultan suficientes para eximir a este Alto Cuerpo de analizar el recaudo relativo al peligro en la de- mora, puesto que de poco sirve el periculum in mora (o perjuicios graves o irreparables) o el interés público, sin un fumus de buen derecho (o de actuación administra- tiva ilegal) (cfr. Hutchinson Tomás, “Derecho Procesal Administrativo”, Ed. Rubin- zal Culzoni, Santa Fe, 2009, Tomo III, pág. 573).- Sin perjuicio de ello, resulta conveniente poner de resalto que en el caso de autos tampoco se evidencia con claridad suficiente un peligro inminente de magnitud tal que amerite el dictado de la cautelar que se peticiona, y mucho menos que el mismo asome como irreparable ulteriormente. Ciertamente, no basta para ello alegar genéricamente la producción de perjuicios patrimoniales (cfr. foja 18 y vta.). Ello así, puesto que tales manifestaciones no resultan habilitantes, sin más, para acre- ditar el carácter irreparable de los agravios que se le ocasionaría a la interesada.- Este Tribunal Superior de Justicia tiene dicho que las afirmaciones que no pasan de ser una mera opinión personal, carente de sustentación obje- tiva -ante la ausencia del más mínimo elemento de prueba que la respalde- resultan insuficientes para satisfacer el requisito bajo estudio (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XVII, Reg. 1031, Folio 3208/3211).-
Desde este cuadrante, cabe advertir que las argumentaciones esbozadas por la peticionante no logran demostrar con éxito una situación de peligro real, de entidad inminente o asaz. Amén de ello, nada impediría que en caso de obtener una sentencia definitiva favorable logre una justa reparación integral de los daños y perjuicios que se le hubiere ocasionado (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomos IX, Reg. 722, Folio 2036/2037; Reg. 743, Folio 2096/2098 y XV, Reg. 978, Folio 2984/2986).-
V. Resta indicar que el hecho de que no se encuentren configurados los presupuestos a los que se hizo referencia más arriba exime a este Alto Cuer- po de ponderar la afectación del interés público, puesto que tales requisitos deben hallarse siempre presentes, ya que no funcionan de forma alternativa sino completen- taria (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XVII, Reg. 1031, Folio 3208/3211).-
VI. Finalmente, cabe poner de resalto que la decisión a la que se arriba es provisoria y no implica prejuzgamiento alguno sobre el fondo de la cues- tión debatida en los autos principales, la cual será analizada al momento de dictarse el pronunciamiento definitivo.-
Por ello, y considerando que no se ha acreditado, dentro del estrecho margen de conocimiento de este incidente de medida cautelar, que la actuación del CUPHyS o del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Cruz responda a un accionar irrazonable o arbitrario, como así tampoco el requisito del peligro en la demora, corresponde no hacer lugar a la medida cautelar peticionada, imponiendo las costas en el orden causado en virtud de lo estipulado por al artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600.- Que, en atención a las consideraciones expuestas y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No hacer lugar a la medida cautelar peticionada por la parte actora a fs. 11/20.-
3. Regístrese y notifíquese. Oportunamente, acumúlense las presentes actuaciones al principal.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-.-
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1005C.201 Tomo: XVII Sentencia: 1066 Folio N°: 3365/3368 Secretaría: 1
Fin de la sentencia