Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2020-08479039-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución Nº 372/2019 (AD LAPL), dictada por el Señor Administrador de la División Aduana La Plata el 16 de diciembre de 2019 en la Actuación N° 12586-106-2012, en lo que respecta a la procedencia del ajuste de valor y la determinación tributaria principal, disponiendo que el Cargo Nº 58/11 devengará los intereses indicados en el Considerando XVIII del Voto del Dr. Licht.
2Revocar parcialmente dicha resolución en lo que concierne a los importes reclamados en concepto IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3Imponer las costas por su orden, atento a la naturaleza mixta del resultado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-22822658-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 5 de Marzo de 2026 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: “PHILIPS ARGENTINA S.A. c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, EX-2020-08479039-APN-SGASAD#TFN, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 50/61 PHILIPS ARGENTINA S.A. se presentó, por apoderado e interpuso recurso de apelación contra la resolución que confirmó un ajuste de valor formulado en relación con destinaciones de importación documentadas durante el año 2006. Según lo manifestado por el servicio aduanero, tales importaciones fueron ajustadas en los términos del artículo 8, apartado 1, inciso c), del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994, al considerar que los pagos realizados a KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. constituían una condición de venta en el marco del aludido Acuerdo. Se ventila, particularmente, la adecuación probatoria y la correcta interpretación jurídica efectuada por la Aduana al realizar el ajuste cuestionado, poniendo en tensión el alcance exacto del vínculo contractual, la sustancia económica subyacente y las exigencias probatorias sobre la condición de venta.
II. En sustento de su apelación, PHILIPS articuló una extensa y fundamentada crítica dirigida principalmente a demostrar la nulidad de la Resolución N° 372/19 (AD LAPL), dictada por el Señor Administrador de la División Aduana La Plata el 16 de diciembre de 2019. Alegó, con vigorosa retórica y acentuado énfasis jurídico, la ausencia de fundamentación adecuada por parte del acto recurrido, calificándolo como carente de los requisitos esenciales exigidos por el ordenamiento jurídicoadministrativo. La recurrente sostuvo que la Aduana no logró establecer, con el rigor que exige el principio de verdad material, la existencia de una relación efectiva entre los cánones abonados y las mercancías importadas.
Señaló, particularmente, que el ajuste realizado por el organismo fiscalizador incurrió en una interpretación distorsionada del contrato que lo unió a la licenciante, imputándole erróneamente un carácter condicionante sobre la operación de importación, cuando en realidad dichos pagos serían independientes, destinados exclusivamente a retribuir servicios específicos no relacionados directamente con la compraventa internacional de mercaderías. En este sentido, argumentó que la Aduana confundió injustificadamente conceptos que, según afirmó la recurrente, carecen de toda relación de causalidad directa, generando así un ajuste infundado, contrario a las disposiciones del Acuerdo de Valor. Por ende, reclamó la revocación íntegra del acto administrativo por razones tanto formales (defectuosa motivación) como sustanciales (incorrecta valoración del contrato y del material probatorio aportado), invocando fallos relevantes del Tribunal Fiscal de la Nación que avalarían su tesitura jurídica.
Al mismo tiempo destacó que, aun sin compartir la posición del servicio aduanero, por razones contables, -que no explicitó-, se allanó parcialmente y se adhirió a un plan de pagos para abonar un 33,33% de la pretensión tributaria correspondiente a patentes. Así, puntualmente expresó que “… si por vía de hipótesis y analogía se considerara que las patentes de invención (mencionadas en el contrato) resultan equivalentes a las marcas comerciales, y sin compartir este argumento, en marzo de 2017 Philips se allanó parcialmente y pagó un 33% de la pretensión tributaria de conformidad con la ley 27.260. Este porcentaje se adoptó a partir del criterio aceptado por la Aduana, según el cual, es posible prorratear en partes iguales el importe de las regalías cuando no existen parámetros que permitan cuantificar la participación de cada prestación contractual en la determinación de dichas regalías.
En este caso, dado que el Contrato contempla 3 prestaciones diferenciadas, el cargo tributario se dividió por esta cifra."
III. La Administración Aduanera, por su parte, ofreció una firme defensa del acto administrativo cuestionado, desplegando una argumentación que insistió en la corrección jurídica y factual del ajuste practicado. Afirmó, en tono categórico y contundente, que la resolución apelada contó con fundamentos suficientes, destacando especialmente los dictámenes técnicos emitidos por la División Empresas Vinculadas, los cuales establecieron de manera clara y detallada la existencia de una relación directa y condicionante entre los cánones abonados y las mercaderías objeto de importación. La Aduana enfatizó que el ajuste realizado se sustentó en la efectiva existencia de una condición de venta, toda vez que las mercaderías importadas, provistas por empresas pertenecientes al mismo grupo económico, poseían características, tecnología y marcas definidas estrictamente por el licenciante extranjero. Señaló, asimismo, que la recurrente omitió acreditar de forma clara y categórica la independencia efectiva entre los pagos por regalías y las mercaderías importadas, limitándose a sostener argumentos teóricos sin el necesario respaldo probatorio. El organismo fiscalizador reafirmó que la metodología utilizada para determinar el ajuste fue plenamente acorde con el marco normativo aplicable, destacando la pertinencia del principio de realidad económica como elemento rector de la interpretación aduanera en esta clase de conflictos. Finalmente, invocó en sustento de su postura numerosa jurisprudencia tanto nacional como internacional, destinada a demostrar la solidez de su criterio interpretativo y la corrección técnica del ajuste cuestionado.
IV. De este modo, delineado con precisión el escenario fáctico y el entramado argumentativo expuesto por las partes, el núcleo medular de la controversia jurídica radica en determinar si los importes pagados por PHILIPS al licenciante extranjero, Koninklijke Philips Electronics NV, constituyen regalías que efectivamente operan como una condición de venta de las mercaderías importadas, en los términos del artículo 8.1 inciso c) del Acuerdo de Valor. Se trata, en esencia, de resolver si tales pagos, más allá de su denominación formal y su estructura contractual aparente, reflejan en la sustancia económica del negocio una vinculación directa y condicionante con la adquisición internacional de las mercaderías importadas, circunstancia que exige un análisis particularmente riguroso y profundo, de la prueba incorporada al expediente. La cuestión subyacente es, en definitiva, interpretar si la Aduana efectuó una valoración ajustada a derecho, consistente con el principio de verdad jurídica objetiva, o si, por el contrario, incurrió en un exceso interpretativo carente del necesario sustento probatorio y jurídico, tal como lo sostiene enfáticamente la empresa recurrente. En síntesis, el interrogante jurídico que reclama urgente respuesta es el siguiente: ¿constituyen los pagos efectuados regalías que efectivamente operan como una verdadera condición de venta, suficiente y debidamente acreditada, capaz de legitimar su incorporación al valor en aduana según el Acuerdo de Valoración del GATT, o se trata, por el contrario, de pagos independientes, desvinculados causalmente de las operaciones internacionales de compra y, por ende, improcedentes para realizar el ajuste aduanero?
V. Así las cosas, antes de ingresar en el examen de fondo sobre la procedencia del ajuste valorativo, resulta necesario efectuar algunas observaciones relativas al caudal probatorio obrante en el expediente. En efecto, al analizar lo actuado en sede administrativa, se constata que la firma apelante ofreció —como medio de prueba principal— la totalidad de las constancias obrantes en el expediente administrativo identificado como SIGEA 13681-50-2010, expediente que contiene, según afirma, el conjunto de documentos surgidos de la investigación de valor llevada a cabo por la División Empresas Vinculadas, entre los que —se presume— se encontrarían los contratos referenciados hasta el momento. Sin embargo, en su presentación de contestación de traslado ante el presente Tribunal, la representación fiscal optó por acompañar como prueba documental únicamente las actuaciones SIGEA Nº 12589-106-2012 y 13681-50- 2013/3, solicitando además el rechazo in limine de la prueba ofrecida por la contraparte con fundamento en su presunta inconducencia y eventual carácter dilatorio, invocando el artículo 1145 del Código Aduanero. Cabe subrayar, con no poca perplejidad, que una de las pruebas verdaderamente necesarias para desentrañar el fondo de la litis —esto es, el texto íntegro del contrato cuya interpretación y alcance motivan el ajuste fiscal— no fue formalmente agregado a las presentes actuaciones, ni por el Fisco —que lo invoca como fundamento del ajuste—, ni por la empresa apelante —quien, pese a su mención genérica, no lo aportó ante esta instancia. Estoy haciendo referencia, concretamente, al documento que inicialmente se presenta como pieza clave del ajuste efectuado, es decir, el denominado Contrato de Servicios Generales suscripto entre PHILIPS y su casa matriz el 9/10/2007 y con fecha de vigencia a partir del 1/1/2007 hasta el 31/12/2012 e inscripto ante el INPI bajo el Nº 13420 de acuerdo con la información reseñada por el servicio aduanero y en modo alguno cuestionada por la actora.
Tampoco resulta menor la perplejidad que genera la ausencia del contrato citado expresamente en las facturas comerciales, el cual fue identificado como “General Services Agreement”, con vigencia a partir del 1° de enero de 1998 instrumento que tampoco fue acompañado al expediente, a pesar de que su contenido podría haber contribuido a esclarecer la naturaleza jurídica y la finalidad económica de los pagos documentados.
Es más, tal como se advierte de la simple compulsa de las actuaciones, en el cuerpo de la factura puede leerse:: “[w]ith reference to the General Services Agreement effective 01-01-98, we herewith debit your account for the provisional share of services in commercial, accounting, auditing, financial, fiscal, social and legal matters and in all other similar fields in which we have know-how and experience rendered during the period […]” (“[c]on referencia al contrato General de Servicios vigente [a partir del 1° de enero de 1998], debitamos de su cuenta la parte provisional de servicios en materia comercial, contable, de auditoría, financiera, fiscal, social y jurídica y en todos las demás cuestiones similares en el que contamos con el know-how y experiencia aportados durante el período […]” [traducción propia]).
Con toda seguridad, las omisiones adquieren particular gravedad si se tiene en cuenta que, dada su posición estructural dentro del grupo económico, la firma recurrente se encontraba en mejores condiciones de obtener y aportar dichos documentos, máxime cuando cuestiona —precisamente— su alcance, vigencia y relevancia respecto de las operaciones de importación objeto del cargo impugnado. Resulta particularmente llamativo que la empresa haya omitido presentar contratos que —por su directa vinculación con los pagos observados— resultaban imprescindibles para esclarecer la naturaleza de aquellos.
De este modo, se configura una paradoja no menor: el ajuste se funda en un contrato cuya versión íntegra no obra en autos, y cuya lectura debe ser reconstruida sobre la base de fragmentos parciales, aislados y descontextualizados, extraídos por las propias partes con fines argumentales. A falta de constancia documental completa, el debate queda librado a un juego de interpretaciones selectivas sobre cláusulas aisladas, extraídas de informes administrativos o escritos de presentación.
Frente a tal cuadro, y en virtud del principio de verdad jurídica objetiva que rige el procedimiento ante este Tribunal, me veo obligado —en cumplimiento de los deberes que impone el artículo 1017 del Código Aduanero y la doctrina del debido proceso sustancial— a desentrañar el sentido y alcance de la relación contractual sobre la base del conjunto de los elementos efectivamente disponibles en autos. En consecuencia, dicho análisis deberá construirse a partir de las referencias literales contenidas en los actos administrativos, la prueba documental incorporada por la actora y las argumentaciones formuladas por ambas partes, aun cuando ellas se presenten de modo fragmentario, siempre que permitan reconstruir con razonable precisión la arquitectura funcional y económica del vínculo que sirve de sustento al ajuste impugnado.
En tal contexto, y ante falta de prueba documental acabada, la verdad del caso habrá de reconstruirse desde la coherencia de los fragmentos, el peso de los argumentos y la luz que proyecta el principio de razonabilidad sobre las sombras de lo no probado.
Al respecto, no me es ajeno que, en casos como el presente, en los que se discute la procedencia de un ajuste de valor fundado en el pago de regalías, y dicho ajuste se apoya en la existencia de contratos de licencia o transferencia tecnológica, la ausencia de estos, en su versión íntegra, ha sido frecuentemente invocada por la parte apelante como causa invalidante del ajuste fiscal.
Sin embargo, este Tribunal ya ha sostenido —en línea con lo resuelto, entre otros, en los precedentes “World Sport SRL c/ DGA” (Expte. Nº 36.642-A) y “Papelería Francesa S.A. c/ DGA” (Expte. Nº 37.221- A)— que la omisión en la agregación completa del contrato no puede, por sí sola, erigirse en fundamento suficiente para desestimar un ajuste, cuando el contenido relevante del instrumento puede ser reconstruido con razonable precisión a partir de fuentes indirectas, fragmentos reproducidos en actos administrativos, o citas no controvertidas por las partes.
En efecto, ya sostuve en aquellas oportunidades que la obligación tributaria aduanera es esencialmente reglada y exige la reconstrucción precisa de los hechos para alcanzar una verdad objetiva, sin limitarse exclusivamente a las manifestaciones formales de las partes. Por consiguiente, resulta indispensable determinar si efectivamente el importador adquirió los productos licenciados, qué motivaciones económicas respaldaron dicha decisión, y cuál fue el rol específico desempeñado por la marca o tecnología licenciada en el proceso de importación. Advirtiéndose que esa mirada, respondía a una concepción profunda de la función judicial en materia aduanera, que demanda valorar los hechos con arreglo a la verdad jurídica objetiva (art. 1017 del Código Aduanero), lo cual |no puede quedar obstruido por la ausencia de una prueba formal, cuando el contenido sustancial puede inferirse de los elementos disponibles, habidas cuentas de que el ajuste aduanero no resultaba una ficción matemática, sino el reflejo de una realidad económica que debe ser reconstruida con seriedad, aun frente a carencias probatorias atribuibles a las partes.
En esa línea, recientemente afirmé en el caso “World Sport SRL” que la ausencia de una prueba absoluta sobre la condición de venta no justifica per se la revocación automática del ajuste aduanero cuando existen indicios sólidos y coherentes que no han sido adecuadamente refutados, por cuanto tales indicios pueden generar presunciones razonables suficientes para sostener válidamente el ajuste realizado por la Aduana. Por ende, y sin desconocer que la falta de agregación de los contratos es un déficit que debiera haberse subsanado, corresponde reiterar —como criterio de este voto— que la ausencia del instrumento contractual no impide el análisis de la relación jurídica subyacente, siempre que el contenido relevante pueda ser reconstruido con verosimilitud y que dicha reconstrucción sea objeto de un análisis razonado, imparcial y jurídicamente fundado.
VI. Siguiendo con la metodología propuesta, corresponde señalar ciertas circunstancias de hecho de la actividad comercial de la firma importadora confirmadas por ambas partes tanto en las actuaciones administrativas como en las presentaciones oportunamente efectuadas ante el presente Tribunal. En efecto, tanto PHILIPS como la representación fiscal coinciden en los siguientes dos puntos: a) en primer lugar, PHILIPS llevó a cabo operaciones de importación con respecto a productos PHILIPS fabricados por firmas pertenecientes al mismo grupo económico. De esta manera, se logra constatar una vinculación, en los términos del art. 15.4 del Acuerdo de Valor, entre la importadora (licenciataria), exportadora y licenciante y; b) en segundo lugar, PHILIPS, firma licenciataria, en ningún momento se encontró a cargo de la fabricación de productos PHILIPS en la República Argentina. Por el contrario, la firma argentina llevó a cabo, exclusivamente, operaciones de importación con relación a productos terminados PHILIPS con el principal objetivo de revenderlos en el mercado interno.
Por otra parte, en forma paralela a lo mencionado con anterioridad, resulta pertinente presentar algunas observaciones con relación a las facturas presentadas por la firma apelante. En efecto, en su recurso de apelación presentado en sede administrativa, PHILIPS adjuntó cuatro (4) facturas -Nº 2268 (13/10/2006), Nº 2428 (06/02/2007), Nº 2499 (20/04/2007) y Nº 2757 (07/09/2007)- elaboradas durante los años 2006 y 2007 por Koninklijke Philips Electronics NV y dirigidas a PHILIPS, con el objeto, de hacerse de los correspondientes importes en concepto de “remuneración” que correspondían supuestamente a servicios que Koninklijke Philips Electronics NV habría prestado a PHILIPS.
En efecto, la empresa recurrente insiste en afirmar que las regalías abonadas a Koninklijke Philips Electronics N.V. corresponden únicamente a la prestación de servicios generales, supuestamente desvinculados de manera causal con las mercaderías importadas. No obstante, debe destacarse que, si bien la recurrente hace expresa mención de esta circunstancia en términos formales del contrato, dicha afirmación carece de un sustento probatorio mínimamente exigible en términos objetivos y cuantificables. Al respecto, y reiterando lo expresado anteriormente en casos análogos (“Philips Argentina S.A.” Expte. 37.064-A), es preciso recordar enfáticamente que la sola manifestación formal contenida en los contratos, donde se alude de manera genérica a servicios generales o asesoramiento, resulta claramente insuficiente para desvirtuar la presunción razonada de la Aduana sobre la existencia efectiva de una condición de venta. Sucede que para que tales alegaciones resulten efectivamente oponibles en términos jurídicos, deben ser respaldadas por prueba concluyente, tangible y objetiva que demuestre de manera inequívoca la efectiva prestación material de tales servicios (TFN, Sala “G”, “Philips Argentina S.A. c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente N° 37.064-A, sentencia del 30 de abril de 2025).
En este sentido, resulta patente que PHILIPS no aporta en su apelación pruebas concretas ni ofrece o acompaña elementos documentales o periciales específicos que acrediten efectivamente tales servicios generales alegados. Esta deficiencia probatoria es determinante, especialmente teniendo en cuenta la sólida fundamentación técnica y jurídica expuesta por la Administración Aduanera, la cual sí aporta elementos objetivos que sustentan la naturaleza específica y funcionalmente condicionante de las regalías con relación a la importación.
En efecto, el acto administrativo aduanero destaca, acertadamente, que PHILIPS no es fabricante de los productos licenciados, sino que realiza importaciones directas de bienes terminados desde otras empresas del grupo económico. Desde este aspecto, la Aduana logra establecer con claridad un punto crítico, toda vez que la vinculación directa entre los cánones y los productos importados se robustece sustancialmente por el hecho de que la importadora, efectivamente, no desarrolla actividad productiva propia que pudiera justificar la supuesta prestación de servicios técnicos generales a los que se alude en las facturas. Así, no incumbe a la autoridad administrativa ofrecer por sí mismo pruebas adicionales o elementos periciales concretos que permitan desacreditar definitivamente la posibilidad de que ciertos servicios de carácter general hayan existido efectivamente. Ya que, en efecto, la situación comentada demandaba una prueba de la relación efectiva entre la regalía y la prestación de “servicios generales”.
Con toda verdad, la mera afirmación contractual resulta insuficiente para descartar la existencia efectiva de una condición de venta encubierta. En otras palabras, no basta simplemente con invocar un contrato cuya literalidad mencione servicios generales, pues es ampliamente aceptado en la doctrina aduanera y tributaria —y específicamente en la jurisprudencia del Tribunal Fiscal y de la Corte Suprema argentina— que la realidad económica prevalece sobre la mera declaración contractual (principio de realidad económica consagrado en el artículo 2 de la ley 11.683).
A estas alturas, nada nuevo se dice si se destaca que la carga de la prueba, al menos parcialmente, recae sobre quien afirma un hecho que altera la valoración aduanera estándar. Sin embargo, corresponde insistir en que PHILIPS, lejos de ofrecer una demostración exhaustiva limita, su argumentación a referencias generales y abstractas.
Por ende, -y lejos de parecer reiterativo-, si bien dichas facturas hacen referencia a un supuesto "Contrato de Servicios Generales con vigencia desde el 01/01/1998"[1], lo cierto es que PHILIPS no ha acompañado copia alguna de dicho contrato ni ha acreditado qué servicios concretos fueron prestados, en qué consistieron, cuáles fueron sus destinatarios ni cuál fue su efecto económico. En efecto, no se acompañaron anexos técnicos, reportes de actividad, manuales de procedimiento, órdenes de trabajo ni cronogramas de ejecución que permitan verificar el cumplimiento de las supuestas prestaciones descriptas.
VII. Continuando con el análisis, encuentro que del examen de los estados contables correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2006 —oportunamente acompañados como prueba por la firma apelante— se desprenden elementos de indudable relevancia para la presente controversia. En ese sentido, se advierte que la suma de $12.858.110, identificada como “regalías”, ha sido contabilizada por PHILIPS dentro del rubro “Costo de Ventas”, cuya cifra total asciende a $489.788.226, conforme se expone en el Estado de Resultados, específicamente en los Anexos V y VII. Dicha imputación no resulta accidental, ya que lejos de estar incluida bajo la categoría de “honorarios y retribuciones por servicios” —que se presenta separadamente dentro del mismo Anexo VII, el importe en concepto de regalías se distingue de modo expreso y autónomo, lo que permite inferir que ha sido tratado por la contabilidad de la empresa como un componente directo del costo atribuible a la comercialización de productos, y no como una erogación general de servicios.
Ciertamente, esta distinción adquiere aún mayor fuerza al analizar la Nota Nº 5 de los estados contables, titulada “Saldos y transacciones con partes relacionadas: sociedad controlante, controlada y vinculada (art. 33 de la Ley N.º 19.550)”. Allí se consigna como única transacción registrada entre PHILIPS y su casa matriz Koninklijke Philips Electronics N.V. el pago de regalías devengadas por el monto ya mencionado de $12.858.110. De hecho, no se hace referencia alguna a otros conceptos, tales como asistencia técnica, servicios profesionales, soporte financiero o retribuciones por prestaciones diversas. La nota, por tanto, corrobora de forma concluyente que el total del monto abonado a la casa matriz se corresponde íntegramente con regalías, y no puede ser desdoblado en rubros distintos, ni reinterpretado —ex post— como contrapartida de prestaciones genéricas.
Dicho de otro modo: , la información contable producida por la propia parte apelante confirma, por un lado, la existencia efectiva de pagos en concepto de regalías durante el ejercicio en que tuvieron lugar las operaciones de importación observadas, y, por otro, su directa imputación como regalías dentro del rubro costo de ventas, con lo cual se robustece la hipótesis de que dichos pagos guardan una relación funcional y económica con la mercadería importada, en los términos exigidos por el artículo 8.1 inciso c) del Acuerdo de Valor.
Este elemento adquiere particular relevancia si se considera que las facturas emitidas por la casa matriz aluden genéricamente a servicios en múltiples áreas —comercial, contable, legal, financiera— sin aludir de modo específico al uso de marcas, mientras que la contabilidad elaborada por la propia filial los registra como regalías asociadas al costo de ventas. En tal contexto, la forma en que la empresa decidió registrar contablemente esas erogaciones no puede reputarse irrelevante, sobre todo tratándose de un esquema de reventa de productos terminados, provistos por empresas del mismo grupo, identificados con signos distintivos de titularidad de la casa matriz.
Desde una mirada de conjunto, la coincidencia entre la identidad marcaria de los productos, la vinculación societaria entre vendedor, licenciante y filial local, y la categorización contable de los pagos como regalías, permite sostener —al menos como hipótesis razonable— que dichas sumas pudieron haber estado destinadas a retribuir el uso de intangibles marcarios en el marco de las operaciones de importación observadas.
VIII. El análisis que vengo desarrollando de las actuaciones también permite resaltar que PHILIPS ARGENTINA S.A. se allanó parcialmente al ajuste formulado por el servicio aduanero —reconociendo expresamente como legítima la porción correspondiente a la prestación contemplada en el inciso 2.b del contrato de transferencia de tecnología, relativa al uso de patentes de invención— constituye un elemento objetivo y jurídicamente relevante que contribuye a corroborar la hipótesis fiscal de que los pagos realizados durante el ejercicio 2006 guardaban vinculación directa con derechos de propiedad intelectual utilizados en el marco de operaciones de importación.
En efecto, si bien el contrato que contemplaba expresamente dicha prestación no se encontraba formalmente vigente al momento de las operaciones cuestionadas, lo cierto es que la propia parte —en uso de su autonomía procesal y con conocimiento acabado del vínculo económico subyacente— reconoció que la explotación de intangibles protegidos por la casa matriz generó una obligación económica que merecía ser adicionada al valor en aduana. Tal reconocimiento, aunque parcial, demuestra que los productos importados no eran bienes neutros o genéricos, sino que estaban integrados a un sistema de licencias activas y funcionales cuya utilización resultaba indispensable para la concreción del negocio de reventa local.
IX. Dicho lo anterior, considero indispensable continuar mi análisis con la descripción de la relación contractual presentada por la División Empresas Vinculadas a través del Estudio de Valor involucrado en el presente caso (Nota n° 1143/11 (DV EMVI) del 24 de noviembre de 2011. Mediante dicho documento, se hizo referencia a una primera disposición del contrato (artículo 2), mediante la cual se especifican los diferentes servicios puestos a disposición por parte de la licenciante (Koninklijke Philips Electronics NV), y el otorgamiento de la correspondiente licencia a favor de la licenciataria (PHILIPS) “…para fabricar, utilizar y/o vender productos” PHILIPS.
Siguiendo lo expresado por la actora en su escrito de impugnación, las prestaciones identificadas en el Contrato son las siguientes: (i) Artículo 2, inciso a) “La primera prestación es el acceso que la casa matriz otorga a las unidades de negocios a su know how, experiencia y datos informativos sobre ‘cuestiones tecnológicas’, así como la prestación de asistencia técnica y apoyo.”; (ii) Artículo 2, inciso b) “La segunda prestación consiste en otorgar a la sociedad una licencia (…) respecto de todos los derechos de patentes (…) en el país.”; y, (iii) Artículo 2, inciso c) “Poner a disposición de la sociedad su Know how, experiencia e información actuales relativos a asuntos comerciales, contables, de auditoría, financieros, impositivos, sociales y legales y respecto de todos los demás asuntos respecto de los cuales Philips cuenta con know how y experiencias disponibles, y asesorar y asistir a la Sociedad en la utilización y aplicación de dichos conceptos”.
A su vez, estas disposiciones están complementadas por los artículos 3, 4 y 5 del contrato, donde se brinda una descripción más detallada de los servicios y licencia mencionados en el citado art. 2. Así, en virtud de esta última disposición, la licenciante se comprometió “…a: a) poner a disposición y permitir a la [licenciataria] el acceso al know-how, experiencia e información actuales respecto de asuntos técnicos, y suministrar asistencia y respaldo técnico en la medida en la que la [licenciante] tenga libre derecho a hacerlo” (aspecto desarrollado mediante el art. 3 del mencionado contrato); b) “…otorga a la [licenciataria], por el plazo de vigencia y de conformidad con el objeto del presente contrato, una licencia no exclusiva, no transferible e indivisible para fabricar, utilizar y/o vender productos en el marco de todos los derechos de patentes presentes y futuros en el país, en virtud de los cuales [la licenciante] tiene o tendrá libre derecho a otorgar la mencionada licencia” (aspecto desarrollado mediante el art. 4 del mencionado contrato); c) poner a disposición de la [licenciataria] su know-how, experiencia e información actuales relativos a asuntos comerciales, contables, de auditoría, financieros, impositivos, sociales y legales, y respecto de todos los demás asuntos [con relación a] los cuales la [licenciante] oportunamente cuenta con know-how y experiencia disponibles, y asesorar y asistir a la [licenciataria] en la utilización y aplicación de dichos know-how, experiencia e información de la [licenciante]” (aspecto desarrollado mediante el art. 5 del mencionado contrato).
Finalmente, se menciona el art. 9 del contrato, disposición mediante la cual las partes acuerdan que la licenciataria abone una “remuneración” a la licenciante como contraprestación de los servicios y licencia detallados en el art. 2. En efecto, de acuerdo con el art. 9 del contrato, la licenciataria se comprometió a pagar a la licenciante “…una remuneración mediante la adición de montos que se calculará de la siguiente manera: a) la parte de los costos del desarrollo de la empresa por producto o grupo de productos que corresponde al índice entre la producción de la [licenciataria] de dicho producto o grupo de productos y la producción por parte de la Sociedad Miembro de la Empresa del producto o grupo de productos en cuestión, determinada de conformidad con los principios contables de [la licenciante]; b) la parte de los costos de la empresa (diferenciado en grupo de costos, de corresponder) que corresponde al índice entre el volumen de venta local relevante y el volumen de ventas mundial relevante; c) un recargo del 10% sobre los montos calculados de conformidad con lo establecido en los puntos precedentes a) y b); d) menos los costos de desarrollo de la empresa y los costos de la empresa en los que la [licenciataria] haya incurrido realmente con un recargo del 10%”.
De la interpretación de las cláusulas contractuales transcriptas/descriptas en el párrafo anterior, se pueden subrayar las siguientes conclusiones: i) la firma licenciante (Koninklijke Philips Electronics NV) se obligó a otorgar una licencia a la firma licenciataria (PHILIPS) con el objetivo de producir y vender productos PHILIPS en la República Argentina (arts. 2, inc. b), y 4 del Contrato). Junto a esta primera prestación, la firma licenciante se obligó a suministrar a la firma licenciataria otros dos tipos de servicios. Por una parte, se puso a disposición de PHILIPS el know how, experiencia e información técnica, asistencia y respaldo necesario a los fines de fabricar los productos PHILIPS en la República Argentina (arts. 2, inc. a), y 3 del Contrato). Por otra parte, se ofreció a PHILIPS el know how, experiencia e información actuales relativos a asuntos comerciales, contables, de auditoría, financieros, impositivos, sociales y legales (arts. 2, inc. c), y 5 del Contrato); ii) como contraprestación a los servicios y derechos de licencia mencionados con anterioridad, la licenciataria se obligó a pagar a la licenciante una remuneración, cuya fórmula se encuentra detallada en el art. 9 del Contrato.
X. Reseñadas las cuestiones fácticas y probatorias relevantes del caso traído en apelación, debo mencionar que, en sentido contrario a lo sostenido por la parte apelante, los agravios articulados por PHILIPS contra la Resolución nº 372/2019 (AD LAPL) no logran desvirtuar la razonabilidad ni la juridicidad de la decisión recurrida.
En efecto, uno de los cuestionamientos medulares introducidos por la empresa en su recurso consiste en afirmar que dicho acto adolece de una pretendida falta de fundamentación, en especial en lo que concierne al ajuste del valor en aduana practicado sobre las mercaderías importadas durante el año 2006. Según sostiene la apelante, la resolución impugnada habría incurrido en una motivación insuficiente, omitiendo justificar debidamente la razonabilidad y procedencia del incremento.
Tal agravio, sin embargo, no resiste el más elemental contraste con las constancias obrantes en el expediente, ni con el contenido expreso del acto administrativo cuestionado. Basta una lectura atenta, completa y sistemática de la resolución recurrida para advertir que la Aduana dió cumplimiento adecuado y sobrado al deber de motivación consagrado en el artículo 7º, inciso e), de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549, norma de aplicación supletoria en sede aduanera conforme a lo dispuesto en el artículo 1017 del Código Aduanero.
En rigor, la decisión impugnada expone con claridad las circunstancias de hecho y los fundamentos normativos que sustentan la determinación fiscal: se reseñan los antecedentes administrativos, se explicita el contenido relevante del contrato invocado, se enumeran las cláusulas contractuales pertinentes, se cita el Estudio de Valor Nº 1143/11 (DV EMVI), se analizan los criterios técnicos utilizados por la División Empresas Vinculadas, y se articulan las razones por las cuales —a juicio de la Administración— los pagos efectuados por PHILIPS en concepto de regalías deben ser considerados como condición de venta, en los términos del artículo 8.1 c) del Acuerdo de Valor.
No se advierte, en consecuencia, que la Administración se haya limitado a enunciar conclusiones o a emitir un acto vacío de razones. Por el contrario, el acto administrativo examinado expone sus motivaciones de manera ordenada, expresa y suficiente, con arreglo al estándar jurisprudencial vigente que exige que los fundamentos sean claros, adecuados y comprensibles para el destinatario del acto y para el órgano de revisión.
En definitiva, el agravio referido a la supuesta falta de motivación no encuentra asidero fáctico ni sustento jurídico, por lo que debe ser desestimado sin hesitación, confirmándose en este aspecto la validez formal del acto administrativo recurrido.
XI. Desde una perspectiva preliminar, cabe recordar que el ajuste en cuestión se circunscribe a operaciones de importación realizadas por PHILIPS ARGENTINA S.A. durante el año 2006, en las cuales se declaró como valor en aduana el precio de mercaderías terminadas adquiridas a empresas del mismo grupo económico. El servicio aduanero sostuvo que, en dicho contexto, correspondía adicionar al valor declarado determinados pagos efectuados por la filial argentina a su casa matriz, en calidad de regalías vinculadas con las mercaderías importadas, en los términos del artículo 8.1 inciso c) del Acuerdo. Asimismo, cabe hacer notar que PHILIPS enfrenta otro serio obstáculo crítico. Sucede que la Aduana resalta con razón que las importaciones efectuadas corresponden íntegramente a productos terminados fabricados por empresas vinculadas al mismo grupo económico, utilizando marcas y tecnologías específicamente licenciadas por la empresa extranjera. De hecho, esto implica, necesariamente, que el licenciante extranjero conserva un alto grado de control sobre las características de los productos importados, su calidad, tecnología empleada y condiciones esenciales para su comercialización. Precisamente, el dominio funcional o sustancial sobre los productos importados, reflejado en el uso exclusivo y condicionante de marcas, patentes y tecnologías definidas estrictamente por el licenciante extranjero, configura claramente una condición de venta conforme al artículo 8.1 c) del Acuerdo de Valor. Dicho dominio funcional implica, necesariamente, una interdependencia sustancial entre el licenciamiento y la importación, lo que constituye un elemento objetivo ineludible al momento de determinar el valor en aduana” (“World Sports SRL”, Expte. 36.642-A).
Efectivamente, el concepto de dominio funcional (o sustancial) permite articular un razonamiento que trasciende la existencia o vigencia formal de un contrato específico, y se ancla en el funcionamiento real de la cadena de suministro, distribución y comercialización dentro de un grupo económico. En este caso, la empresa no produce, no controla los diseños, no interviene en decisiones sobre calidad ni comercializa marcas propias. Su rol se limita a revender productos terminados bajo marcas del grupo. Por tanto, la capacidad efectiva de PHILIPS de operar en el mercado depende del acceso concedido por su casa matriz a intangibles clave (marca, tecnología, patentes).
Lo cierto es que el conjunto de estos indicios aporta una base objetiva que justifica la formulación del ajuste y desplaza al importador la carga de desvirtuarlo.
Frente a esta realidad económica, PHILIPS no logra aportar elementos que desvirtúen efectivamente la existencia de este dominio funcional. Se limita a sostener que existe una separación conceptual entre las regalías y las importaciones, sin proporcionar evidencia concreta que demuestre autonomía funcional y comercial respecto de las licencias y marcas adquiridas. Claramente la sola referencia abstracta a que PHILIPS opera con independencia comercial, resulta insuficiente para eliminar las consideraciones sólidas que la Aduana presenta sobre la existencia de una interdependencia sustancial entre el pago de regalías y la operación concreta de importación.
En efecto, al configurarse un esquema triangular compuesto por licenciante, licenciataria e intermediarias del grupo económico —todas entidades vinculadas— corresponde adoptar una visión material, basada en la realidad económica y en la interdependencia funcional de las operaciones, conforme lo exige la doctrina consolidada de este Tribunal y la jurisprudencia sentada en precedentes, donde se sostuvo que la valoración aduanera no puede descansar en una segmentación artificial de contratos, precios y actores, cuando el conjunto de elementos revela la existencia de una operación unificada, donde el acceso a los productos está condicionado a la previa aceptación de cláusulas de licenciamiento impuestas por la casa matriz.
En definitiva, tales operaciones, en tanto implican la transmisión del derecho a comercializar productos con signos distintivos controlados por el grupo económico, constituyen contratos mixtos en los cuales el pago de la regalía no es un suplemento externo al precio, sino su condición misma, sin la cual la importación no sería autorizada ni la mercadería despachada. Esta conclusión resulta corroborada por lo estipulado en el artículo 136.1 del Reglamento de Ejecución (UE) 2447/2015 de la Comisión Europea, que dispone que los cánones deben considerarse relacionados con las mercancías si los derechos transferidos se incorporan a las mismas, y que el método de cálculo no resulta decisivo para la inclusión. Justamente, aplicado dicho criterio al sub examine, la relación entre el canon abonado y la mercadería importada se encuentra preponderantemente probada, concluyéndose que PHILIPS sólo podía vender productos PHILIPS si abonaba el canon correspondiente.
XII. Este encuadre se ve reforzado por el contenido de la contabilidad elaborada por la propia actora, en la que los pagos observados —pese a ser documentados mediante facturas genéricas que refieren a “servicios generales”— fueron clasificados internamente como “regalías” y registrados como parte del costo de ventas. Si bien esta calificación no resulta concluyente por sí sola, adquiere relevancia jurídica al ser coherente con otros elementos del expediente, en particular: a) el hecho, no controvertido, de que los productos importados portaban signos distintivos licenciados del grupo PHILIPS; b) la inexistencia de prueba de prestaciones técnicas o de asesoramiento que expliquen un pago de magnitud equivalente por servicios generales; y c) el reconocimiento expreso por parte de la empresa de que parte de esos pagos correspondían al uso de patentes, formalizado mediante el allanamiento parcial efectuado en sede administrativa.
Esta omisión probatoria reviste singular gravedad si se considera que el monto total de los pagos documentados en las facturas fue imputado contablemente, por la propia PHILIPS, como "regalías" y no como "honorarios por servicios". En efecto, los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2006, acompañados por la empresa apelante, registran bajo el rubro "Costo de Ventas" la suma de $12.858.110 identificada expresamente como "regalías".
La Nota Nº 5 de los estados contables refuerza esta conclusión. En dicho anexo, se consigna como única transacción registrada entre la filial argentina y su casa matriz el pago de regalías por el monto mencionado. No se registra prestación alguna de servicios, ni se describen otras transferencias de fondos, lo que autoriza a descartar que existiera un flujo paralelo de retribuciones que pudiera explicar las facturas aportadas por la empresa bajo otro rótulo económico.
XIII. En este contexto, resulta razonable interpretar que los pagos realizados constituyen regalías asociadas al uso de intangibles provistos por la casa matriz, y que tales intangibles fueron necesarios para comercializar los productos importados, lo que torna aplicable el artículo 8.1.c) del Acuerdo de Valor. Debe añadirse que, en marzo de 2017, PHILIPS se allanó parcialmente al cargo, y abonó el 33% del ajuste tributario reclamado por la Aduana. Si bien la empresa afirmó que dicho allanamiento se efectuó "por vía de hipótesis y analogía", y sin compartir los fundamentos del servicio aduanero, lo cierto es que la aceptación de dicho pago bajo la fórmula de prorrateo propuesta por la propia Aduana constituye un reconocimiento procesal relevante.
En efecto, dicha conducta debilita la tesis de desvinculación absoluta entre los pagos y las mercaderías importadas. Desde una perspectiva objetiva, el allanamiento parcial supone una admisión implícita de que, al menos en parte, los pagos realizados estaban relacionados con la importación y comercialización de los bienes.
El análisis desarrollado en los considerandos precedentes —en particular, en lo que atañe a las características operativas de PHILIPS durante el año 2006, el material probatorio reunido en autos y la interpretación sistemática del artículo 8.1 inciso c) del Acuerdo de Valor— permite arribar a una conclusión razonada en el sentido de que los pagos realizados por PHILIPS a su casa matriz durante el ejercicio fiscal en cuestión presentan características objetivas que justifican su inclusión en el valor en aduana como regalías vinculadas a la comercialización de productos importados bajo licencia. Si bien no se encuentra acreditada la existencia de un contrato vigente que regule en forma expresa los pagos efectuados durante el año 2006, ello no impide el análisis técnico de su naturaleza jurídica, toda vez que el expediente ofrece indicios objetivos y concordantes acerca de su relación con la importación de productos terminados marcados y la utilización de derechos de propiedad intelectual titularizados Por añadidura, resulta aplicable en este punto el principio de colaboración procesal, conforme al cual la carga de la prueba recae sobre quien se encuentra en mejores condiciones para aportarla. Tratándose de prestaciones supuestamente brindadas por la casa matriz a su filial local, ninguna otra parte —ni siquiera la Aduana— podía producir evidencia con igual grado de precisión o completitud. Esta circunstancia agrava la omisión probatoria verificada en autos, en tanto PHILIPS no acompañó documentación técnica, informes funcionales, ni respaldo contable específico que demostrara la efectiva ejecución de los servicios generales invocados.
En este marco, no puede soslayarse que la carga probatoria recaía principalmente sobre quien afirma que una parte sustancial del canon correspondía a prestaciones no vinculadas a la importación. Así lo impone el principio de colaboración procesal, máxime cuando se trata de operaciones intragrupo respecto de las cuales la empresa contaba con información exclusiva. La omisión de PHILIPS en aportar documentación técnica, informes funcionales o pericias independientes que demostraran la efectiva ejecución de tales servicios impide admitir válidamente su versión de los hechos, y robustece la razonabilidad del ajuste practicado por la Aduana.
XIV. Finalmente, si bien la Aduana ha invocado como sustento del ajuste un contrato de licencia celebrado el 09/10/2007 e inscripto en el INPI con vigencia a partir del 01/10/2008, dicho instrumento no se encontraba vigente durante el año 2006 y no puede ser utilizado como base directa del ajuste en cuestión. No obstante ello, su invocación debe ser valorada dentro de la lógica de los indicios y la continuidad económica de las relaciones contractuales dentro del grupo, en la medida en que refuerza el marco típico de prestaciones vinculadas al uso de intangibles que caracterizan la relación entre PHILIPS Argentina y su casa matriz.
En cualquier caso, la referencia al contrato del año 2007 no pretende sustituir la prueba específica de las operaciones realizadas en el año 2006, sino reflejar una modalidad estructural del grupo económico que ya se encontraba operativa en los hechos durante dicho período. En efecto, tanto el uso exclusivo de intangibles por parte de la filial local, como la ausencia de actividad productiva propia, la registración contable bajo el concepto de “regalía”, y la naturaleza de las mercaderías efectivamente importadas, permiten reconstruir un esquema contractual consolidado cuya formalización posterior mediante el contrato de 2007 no altera sustancialmente su vigencia material.
Aun reconociendo la insuficiencia de prueba directa, considero que el ajuste de valor practicado por la Aduana encuentra sustento razonable en: (i) La coincidencia temporal entre las facturas y las importaciones observadas; (ii) La registración contable del pago como "regalía" imputada al costo de ventas; (iii) La ausencia de prueba sobre la existencia y contenido de los servicios alegados; (iii) El reconocimiento implícito derivado del allanamiento parcial; y, (iv) El principio de colaboración probatoria, en cuanto la empresa se hallaba en mejor posición para acreditar el objeto y naturaleza de los pagos.
De esta manera, aunque formalmente invoca un contrato de "servicios generales", no logra sustentar materialmente su tesis ni probar efectivamente la prestación real, concreta y autónoma de dichos servicios. Tampoco logra desvirtuar el fuerte indicio del control funcional del grupo licenciante sobre los productos importados.
En ese sentido, resulta evidente que PHILIPS no logra desvirtuar la existencia de tal dominio funcional, limitándose a meras afirmaciones abstractas y generales que carecen de prueba concreta y suficiente para revertir la sólida presunción argumentativa y probatoria del organismo aduanero. En este punto crítico, debe recordarse enfáticamente que la simple invocación abstracta de independencia comercial y operativa resulta notoriamente insuficiente frente a la carga probatoria que recae en cabeza del recurrente. Como ya se ha subrayado con anterioridad en decisiones previas sobre casos análogos (“Philips Argentina S.A.” Expte. 37.064-A; “World Sports SRL”, Expte. 36.642-A), la recurrente debía haber acreditado con rigor técnico y jurídico la real prestación efectiva de los servicios generales alegados, lo que claramente no ha ocurrido. En ausencia de tal acreditación, se impone concluir con nitidez y precisión que la alegada desvinculación causal entre las regalías y las mercaderías importadas resulta una mera manifestación retórica carente de respaldo probatorio suficiente.
Asimismo, las cuestiones debatidas en los autos aquí examinados presentan una sustancial analogía con aquellas ya analizadas por este Tribunal en el precedente vinculado con la misma firma (TFN, Sala “G”, “Philips Argentina S.A. c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente N° 37.064-A, sentencia del 30 de abril de 2025). En dicho antecedente, se examinó profundamente la cuestión central consistente en determinar si los pagos efectuados en concepto de regalías constituían o no una verdadera condición de venta, según las exigencias específicas del artículo 8.1 c) del Acuerdo de Valor. En aquella oportunidad, y tras un riguroso análisis de la documentación obrante en autos, se observó que PHILIPS había aportado como único respaldo probatorio la redacción formal del General Services Agreement, sosteniendo que las regalías abonadas no guardaban vinculación específica alguna con las mercaderías importadas, sino que constituían una mera contraprestación por servicios generales de carácter intangible y global (tales como asesoramiento técnico, financiero, contable, legal y administrativo).Sin embargo, tras un análisis minucioso y crítico, este Tribunal concluyó que dicha alegación no lograba superar el escrutinio probatorio exigido por la legislación aplicable.
Particularmente, se destacó que la mera formalidad de los términos contractuales no resulta en absoluto suficiente para desvirtuar la sustancia económica subyacente. Más aún, se subrayó con especial énfasis que la recurrente no aportó elementos objetivos y cuantificables que pudieran demostrar efectivamente la prestación real y concreta de tales servicios generales alegados. En este sentido, se enfatizó en aquella oportunidad que la ambigüedad y generalidad con la que estaban redactadas las cláusulas del contrato impedían establecer con claridad la naturaleza exacta y precisa de los servicios prestados, e incluso existían divergencias relevantes entre las fechas y números del contrato consignados en las facturas y documentación aportada.
Tales inconsistencias dificultaban aún más la comprensión precisa y transparente de la real naturaleza económica y jurídica de los pagos realizados. Por otra parte, y con singular contundencia, este Tribunal invocó el principio de realidad económica, ampliamente consagrado por la jurisprudencia tributaria nacional e internacional, destacando que las estructuras jurídicas escogidas por los particulares no pueden prevalecer cuando existe una discordancia manifiesta entre la forma adoptada y la sustancia económica efectiva. Como oportunamente afirmamos, citando jurisprudencia consolidada de nuestro Máximo Tribunal, “debe darse prioridad a la sustancia económica real de los negocios jurídicos, por sobre las formas y estructuras elegidas por los contribuyentes cuando estas últimas resultan manifiestamente artificiosas y se apartan de la realidad económica que las sustenta” (Fallos: 340:1513; Fallos: 344:2175).
Además, destacamos en aquella ocasión que la firma recurrente no acreditó haber desarrollado actividad productiva alguna sobre los productos licenciados en territorio nacional, sino que se limitó exclusivamente a la importación y posterior reventa de productos terminados procedentes de empresas extranjeras vinculadas, situación que revelaba claramente un dominio funcional sustancial por parte del licenciante extranjero, reforzando la tesis aduanera sobre la existencia efectiva de una condición de venta encubierta bajo la estructura formal del contrato.
Con base en estos argumentos detalladamente explicitados en el precedente bajo examen, sostuvimos que, ante la insuficiencia probatoria y la falta de elementos objetivos suficientes aportados por la recurrente, resultaba ineludible concluir que las regalías abonadas debían integrarse al valor en aduana de las mercaderías importadas, conforme lo previsto por el artículo 8.1 c) del Acuerdo Valor.
XV. Desde esta perspectiva, el pago aceptado en concepto de patentes no puede verse aislado, sino como parte de un esquema contractual más amplio —aunque no enteramente documentado—, en el que los intangibles titularizados por la casa matriz (marcas, patentes, know-how) operaban como base estructural del negocio importador. Y en este contexto, que la actora haya reconocido uno de esos componentes refuerza la lógica económica del ajuste, en la medida en que demuestra que al menos una parte del canon se encontraba causalmente vinculada con la importación y venta local de los productos provistos por empresas del mismo grupo.
Asimismo, frente a la falta de contratos vigentes y la ambigüedad de las facturas emitidas por la casa matriz —que aluden genéricamente a “servicios” sin mayor especificación—, el pago parcial por uso de patentes otorga un anclaje objetivo al ajuste, al tiempo que desplaza hacia la parte recurrente la carga de acreditar qué parte del canon no se vincularía con la importación. Esta inversión es coherente con el principio de carga dinámica de la prueba, dado que PHILIPS se encontraba en mejores condiciones de identificar y probar la causa concreta de cada componente del pago.
En tal contexto, el pago proporcional por uso de patentes constituye un dato económico y jurídico relevante, que permite sostener que el canon no fue abonado por servicios generales o administrativos, sino que respondía, al menos en parte, al uso de activos intangibles necesarios para la comercialización local de los productos importados. Ello, en conjunto con el carácter marcario de los productos, la contabilidad que registra el pago como regalía imputada al costo de ventas, y la vinculación societaria entre las partes intervinientes, conforma un haz de indicios razonables que justifica la inclusión del canon en el valor en aduana, conforme al artículo 8.1 inciso c) del Acuerdo de Valor.
La interpretación conjunta de estos elementos permite concluir —con el grado de convicción requerido por el estándar de preponderancia de la prueba— que la erogación en análisis no fue ajena a la operación de importación, ni puede entenderse desligada del uso de intangibles exigidos para que dicha operatoria resultara jurídicamente viable. Lejos de tratarse de un pago autónomo, espontáneo o accesorio, el canon se presenta como funcional al modelo comercial desplegado por la filial en el país: importar y revender localmente productos terminados provistos por el propio grupo económico, marcados con signos distintivos cuya titularidad y control permanecen en cabeza de la casa matriz.
En consecuencia, y sin necesidad de asignar porcentajes fijos o replicar estructuras contractuales posteriores, la razonabilidad del ajuste practicado por el servicio aduanero se sostiene en la existencia de elementos objetivos que, interpretados de forma armónica, permiten calificar la erogación como un pago por derechos de licencia, directamente relacionados con las mercaderías importadas y exigidos como condición de su comercialización.
Esta conclusión se encuentra alineada con la doctrina emanada del Comité Técnico de Valoración de la OMA, conforme a la cual el valor en aduana debe reflejar la totalidad del precio efectivamente pagado o por pagar por la mercancía, incluyendo regalías abonadas como condición para la venta, aun cuando no se identifique una cláusula explícita en tal sentido.
Por consiguiente, la decisión adoptada por la Administración Aduanera no resulta arbitraria ni infundada, sino que refleja una valoración razonable del material probatorio reunido y una aplicación prudente del principio de realidad económica en el marco del artículo 8.1 inciso c) del Acuerdo de Valor. En ausencia de elementos que desvirtúen la hipótesis fiscal, y ante la omisión de la parte de identificar con claridad la causa jurídica del pago que alega desvinculado, el ajuste practicado debe reputarse legítimo y ajustado a derecho.
Es decir, la Aduana entendió que, sin el pago de las regalías comprometidas en el contrato, la venta en las condiciones establecidas hubiera sido inviable. De manera complementaria, y destacando especialmente la realidad económica subyacente al negocio, la Aduana enfatiza que los pagos realizados no son una mera formalidad, sino que reflejan una retribución directa a la posibilidad efectiva de operar en el mercado con productos identificados por marcas cuyo uso exclusivo está controlado por el licenciante extranjero. A través de un análisis riguroso y profundamente sustentado en precedentes jurisprudenciales tanto nacionales como internacionales, la Aduana insiste en la legitimidad del ajuste aplicado, concluyendo categóricamente que los pagos en concepto de cánones y regalías cumplen, efectivamente, las condiciones exigidas por el Acuerdo de Valor para integrarse al valor en aduana, particularmente respecto de la esencial condición de venta, entendida como la interdependencia práctica y económica entre la adquisición del bien tangible importado y los derechos intangibles licenciados por la empresa extranjera.
En suma, del análisis efectuado en los considerandos precedentes se constata que PHILIPS no desarrollaba actividad fabril en el país, sino que se dedicaba exclusivamente a importar productos PHILIPS terminados, con el objeto de revenderlos en el mercado interno. Tales productos eran provistos por otras empresas del mismo grupo económico, configurándose así una cadena comercial integrada. Precisamente en ese marco, la firma local abonaba a su casa matriz una suma periódica en concepto de regalías, cuya naturaleza económica —revelada por las propias facturas y estados contables— corresponde a la de regalías devengadas por el derecho de uso de marca y otros activos intangibles que forman parte de la identidad del producto.
Particularmente la ausencia de producción local descarta cualquier retribución por asistencia técnica para la fabricación o asesoramiento comercial, financiero o jurídico, como sugieren las 4 facturas comerciales acompañadas por la actora como prueba documental o describen los artículos 3 y 5 del Contrato de Servicios Generales. En consecuencia, las sumas pactadas y abonadas por PHILIPS a la licenciante del exterior, revisten carácter unitario y guardan relación directa con la mercadería importada, ya que constituye la contraprestación por el uso de los elementos intangibles incorporados a los productos adquiridos: marca, diseño, tecnología, reputación y estándares de calidad del grupo económico.
Además, esa vinculación ha sido confirmada por los propios documentos contables de la empresa, en los que se identifican los pagos como “regalías devengadas” incluidas dentro del costo de ventas.
Efectivamente, en la especie, la marca no era un ornamento: era la llave, toda vez que el pago de la regalía configura una condición de venta implícita, exigida en los hechos por el grupo económico como presupuesto indispensable para canalizar la operatoria internacional, en línea con lo dispuesto por el inciso c) del artículo 8.1 del Acuerdo.
Este dato no es menor. No solo porque revela una incongruencia entre el contenido documental de las facturas y la registración contable, sino porque permite inferir que la propia empresa trató dichos pagos como componentes funcionales del valor atribuible a la mercadería importada. En efecto, el hecho de que las regalías hayan sido imputadas como costo de ventas y no como gasto general, denota que PHILIPS consideró que dichas sumas estaban directamente relacionadas con los bienes comercializados en el mercado local, lo cual satisface uno de los presupuestos exigidos por el art. 8.1.c).
En definitiva, la circunstancia de que PHILIPS haya efectuado un pago parcial del 33,33% en concepto de regalías por patentes, con sustento en un contrato celebrado con posterioridad a las operaciones observadas, no impide valorar dicho pago como un indicio relevante sobre la composición real del canon facturado en 2006. En efecto, aunque dicho contrato no fuera formalmente vigente durante el año fiscal cuestionado, su contenido refleja una estructura jurídica y económica que ya se encontraba operativa de facto, según lo evidencia la modalidad concreta de las operaciones de importación realizadas por PHILIPS.
La selección unilateral de una sola de las tres prestaciones previstas en ese contrato —la correspondiente a patentes— como objeto exclusivo del allanamiento parcial, deja al descubierto la inconsistencia de la tesis defensiva. En particular, no se explica de manera razonada por qué el componente vinculado al uso de marca o al know-how quedaría excluido del ajuste, máxime cuando la totalidad del monto fue registrada contablemente como “royalty” y no como gasto por servicios generales, y cuando los productos importados ostentan signos distintivos claramente licenciados.
En este contexto, la afirmación de que el 66,66% restante correspondería exclusivamente a “servicios generales” carece de respaldo probatorio técnico, documental o contable. Por el contrario, la estructura operativa de PHILIPS en 2006 —centrada en la importación de productos terminados con marca licenciada desde empresas vinculadas— evidencia que el uso de dichos signos distintivos constituía un elemento central e insustituible para la viabilidad comercial de las operaciones de importación y su posterior colocación en el mercado local.
Aun cuando PHILIPS haya alegado que el pago del 33,33% respondía exclusivamente a prestaciones vinculadas a patentes, lo cierto es que dicha proporción surge de un contrato posterior que no resulta aplicable directamente al período 2006. Por consiguiente, el acto de allanamiento parcial no puede entenderse como negación de la condición de venta respecto del resto del canon, máxime cuando no se aportó ninguna constancia concreta que demostrara que los pagos residuales respondían efectivamente a servicios independientes de las importaciones. Lejos de debilitar la posición de la Aduana, esta conducta empresarial refuerza la razonabilidad del ajuste, en tanto evidencia que una parte sustancial del canon sí estaba vinculada a derechos de propiedad intelectual asociados a los bienes importados.
Tampoco se ha demostrado que los supuestos servicios generales prestados por la casa matriz tuvieran entidad, cuantía o documentación suficiente para justificar por sí solos dos tercios del canon global abonado. En cambio, la conjunción del reconocimiento parcial de regalías por patentes, el uso exclusivo de la marca PHILIPS en los productos importados, el control del grupo sobre las especificaciones técnicas, y la contabilidad interna de la empresa, permite concluir con grado suficiente de convicción que la totalidad del canon facturado tenía por objeto la cesión del uso de activos intangibles directamente vinculados con las mercaderías importadas, ya sea bajo la forma de patentes, know-how o marcas comerciales. En este contexto, no resulta jurídicamente admisible proyectar la literalidad de las facturas como único parámetro de análisis, ni admitir una segmentación unilateral del canon efectuada ex post por la empresa sin prueba suficiente. A la luz de la prueba reunida y conforme al principio de primacía de la realidad económica, corresponde tener por configurada una condición de venta en los términos del artículo 8.1 inciso c) del Acuerdo de Valor, respecto del total del canon abonado por PHILIPS a su casa matriz. En consecuencia, el ajuste efectuado por la Aduana respeta plenamente el principio de legalidad y tipicidad que rige en materia tributaria, en tanto se basa en normas expresas —de jerarquía supralegal— que prevén la inclusión de regalías en el valor en aduana cuando constituyen una condición de venta. La interpretación aquí adoptada no implica una ampliación indebida del artículo 8.1.c), sino su aplicación razonada a una situación acreditada mediante indicios convergentes y elementos objetivos, conforme a la doctrina consolidada tanto a nivel internacional como nacional.
Finalmente, para precisar el ajuste, la Aduana presentó una fórmula clara y explícita, determinó el porcentaje de incremento del valor FOB a partir de la relación directa entre el canon devengado y el monto FOB de la mercadería importada, y confirmó la existencia de elementos objetivos y cuantificables exigidos por el acuerdo internacional para justificar la incorporación del canon al valor aduanero declarado. En síntesis, el recorrido argumental efectuado por la Aduana enfatizó sustancialmente la realidad comercial efectiva, la interdependencia económica concreta y los indicios sólidos que acreditaron objetivamente que el pago a la licenciante representó una verdadera condición sine qua non para la adquisición y comercialización de los productos importados bajo licencia.
Por todo lo expuesto, este Tribunal concluye que en el presente caso se encuentran reunidos los tres requisitos exigidos por el artículo 8.1 inciso c) del Acuerdo de Valor para adicionar las regalías al valor de transacción: (i) no fueron incluidas en el precio efectivamente pagado o por pagar; (ii) están directamente relacionadas con las mercaderías importadas; y, (iii) constituyen condición de venta de dichas mercaderías. En consecuencia, corresponde declarar la procedencia del ajuste practicado por la Aduana, en tanto se encuentra debidamente fundado en elementos objetivos, resulta jurídicamente válido y se ajusta a derecho.
XVI. Una vez resueltas las cuestiones de fondo vinculadas con la presente litis, resulta pertinente concentrar nuestra atención en los planteos de la apelante vinculados con las retenciones formuladas en concepto de IVA, IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, y con la tasa de interés finalmente aplicada. En lo que respecta al IVA, PHILIPS manifiesta la improcedencia de su cálculo debido, principalmente, a que la mencionada firma ya habría ingresado el IVA por importación de servicios, aplicable sobre las regalías devengadas en el período 2006. Para fundamentar sus afirmaciones con respecto a este punto, la apelante adjunta “respectivas constancias y se ofrece una certificación contable”. Por otra parte, mediante la pericia contable oportunamente agregada, se observa que la mencionada firma abonó, durante el año 2006, un importe total igual a $ 1.000.823,65, en concepto de IVA por prestaciones desde el exterior. En este contexto, considero oportuno referirme al voto que emití en el precedente "PIONEER ARGENTINA S.R.L. s/ recurso de apelación" (TFN, expte. 29.777-A, sentencia del 26/12/2022), a cuya letra me remito, ocasión en la que indiqué, en apretada síntesis, que el Impuesto al Valor Agregado recae, en lo que aquí interesa, sobre las importaciones definitivas de cosas muebles. Se trata de un tributo indirecto, real y plurifásico, no acumulativo, fundado en el principio de destino, que grava cada etapa del proceso económico en función del valor agregado incorporado. En el caso de las importaciones, la ley adopta un mecanismo de percepción anticipada al despacho a plaza, calculando el impuesto sobre el valor en aduana conforme al Código Aduanero más los tributos que inciden con motivo de la importación, siendo sujeto pasivo el importador. A estos efectos, la importación definitiva equivale a la importación para consumo definida por el Código Aduanero.
Sentado ello, pierde sustento el argumento según el cual el IVA habría sido ya ingresado como "importación de servicios". Si lo efectivamente pagado por la actora se encuentra relacionado con la utilización de activos intangibles cuya retribución debe adicionarse al valor en aduana de los productos importados, entonces el supuesto imponible aplicable es el que grava las cosas muebles importadas, y no la prestación autónoma de servicios. Desde el punto de vista jurídico, ambos hechos imponibles responden a hipótesis normativas diferentes. En consecuencia, aun si el contribuyente hubiera ingresado previamente el impuesto bajo la categoría de importación de servicios, ello no neutralizaría la obligación tributaria que nace con el ajuste de valor en aduana.
En todo caso, si existiera un ingreso previo de IVA como importación de servicios respecto de sumas que posteriormente fueron calificadas como regalías a incorporar al valor de mercadería importada, podría abrirse la posibilidad de solicitar la repetición del importe indebidamente ingresado o bien promover su recalificación, todo lo cual excede el objeto de este recurso.
Como se sostuvo en "PIONEER", no exige mayor esfuerzo de razonamiento comprender que el valor agregado que el intangible representa no está incluido en el precio declarado si el propio recurrente lo ha negado, y que su incorporación al valor en aduana constituye un hecho imponible distinto cuya imposición no puede considerarse cubierta por pagos efectuados bajo una calificación diferente.
XVII. En cuanto a los argumentos presentados por PHILIPS con relación a los rubros IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, debe recordarse, una vez más, la doctrina de nuestro Más Alto Tribunal en los autos “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA Resol. 2590/06 (Expte. N° 604.155/01) s/ DGA (TF 22.343-A)” (sentencia del 26 de noviembre de 2019), donde termina por afirmar que “[…] a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según Ley 25.063) y en el art. 22 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”. De esta manera, la CSJN terminaría por concluir que “[…] cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”. En tal inteligencia del asunto, la DGA carece de facultades para exigir los importes reclamados en concepto de IVA Adicional y percepción del impuesto a las ganancias. Consecuentemente, sobre la base de lo mencionado con anterioridad, corresponde realizar las correspondientes modificaciones en la liquidación llevada a cabo por el servicio aduanero.
XVIII. Finalmente, debo tratar el agravio planteado por la actora referido a la aplicación de intereses sobre el cargo objeto de la presente apelación.
Primeramente, debo decir que, en materia de tributos aduaneros, el art. 794 del Código establece, para el Fisco acreedor, que “vencido el plazo de DIEZ (10) días, contado desde la notificación del acto por el cual se hubieren liquidado los tributos, o vencido el plazo cierto de espera que se hubiere concedido para su pago, el deudor o responsable debe pagar juntamente con los mismos un interés sobre el importe no ingresado de dicho plazo, incluida en su caso la actualización respectiva. La tasa de interés será fijada con carácter general por la Secretaría de Estado de Hacienda y no podrá exceder, en el momento de su fijación, del doble de la que percibiere el Banco de la Nación Argentina para el descuento de documentos comerciales”.
Y, para los casos de devolución de importes indebidamente percibidos en concepto de tributos, ya fuera que el pago se hubiere efectuado espontáneamente o a requerimiento del servicio aduanero, el mencionado cuerpo normativo indica en los arts. art. 811 y art. 812 que “los intereses se devengarán desde la fecha de la presentación del escrito por el cual se reclamare la repetición, hasta el momento de su pago” y que “la tasa de interés aplicable será la que fijare la Secretaría de Estado de Hacienda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 794”. No redunda recordar que la tasa y el mecanismo de aplicación de los intereses resarcitorios tanto en materia impositiva como aduanera, para ambos casos de Fisco acreedor y deudor, fueron fijados con carácter general por el Ministerio de Hacienda, a través de la Resolución N° 314/2004 del Ministerio de Economía y Producción, la cual fue derogada el 01/08/19 mediante Resolución del Ministerio de Economía Nº 598/2019, que introdujo modificaciones significativas al esquema de tasas de intereses resarcitorios y punitorios, para impuestos y recursos aduaneros, tanto para fisco acreedor como deudor.
Y si bien la tasa correspondiente a impuestos, anticipos, pagos a cuenta y multas ha sufrido modificaciones a lo largo de los años –tanto a nivel nacional como provincial–, no se observó lo mismo respecto de la alícuota que paga el Fisco en el caso de repeticiones, devoluciones, reintegros o compensaciones, que se había mantenido en 0,50% desde su reglamentación tanto para materia aduanera (art. 3° de la mencionada resolución) como impositiva (art. 4° de la misma norma) hasta la Resolución N° 598/2019 ocurrida en agosto de 2019. En dicha oportunidad se estableció que tal tasa será, para los casos que se trate de conceptos no expresados en dólares estadounidenses, igual a la “efectiva mensual surgida de considerar la tasa pasiva promedio publicada por el Banco Central de la República Argentina para el período de treinta (30) días finalizado el día veinte (20) del mes inmediato anterior al inicio del referido trimestre”.
Mientras, para los casos “de conceptos expresados en dólares estadounidenses, la tasa de interés aplicable será del cero como veinte por ciento (0,20%) mensual”. La tasa de interés resarcitorio para los casos del Fisco acreedor (establecida en el art 1° de la Resolución Nº 314/2004) inicialmente se fijó en 2% mensual para tributos impositivos y aduaneros, cuatro meses más tarde reducida a 1,5% por la Resolución Nº 578/2004 del Ministerio de Economía y Producción. En el año 2010, el mismo Ministerio de Economía y Finanzas Públicas emitió la Resolución Nº 841 por la cual elevó la tasa aplicable a impuestos al 3% mensual. Durante el año 2019, y ante un marcado crecimiento de la deuda tributaria para con el fisco, el Ministerio de Hacienda mediante la Resolución N° 50/2019 (B.O. 8/2/2019) cambió de un régimen de tasa fija a uno variable, incrementando el porcentaje a 4,50% hasta el 31 de marzo de 2019.
A partir de entonces, dispuso que “...la tasa de interés resarcitorio mensual…, vigente en cada trimestre calendario, será la efectiva mensual equivalente a uno coma dos (1,2) veces la tasa nominal anual canal electrónico para depósitos a plazo fijo en pesos a ciento ochenta (180) días del Banco de la Nación Argentina vigente el día veinte (20) del mes inmediato anterior al inicio del referido trimestre”. La tasa resultante para el trimestre abril a junio de 2019 se ubicó en 3,76%, mientras que la correspondiente al período siguiente, esto es julio a septiembre próximos, se elevó a 4,73% mensual, lo que significó un incremento de 26% respecto del valor vigente en el trimestre anterior. Por su parte, la Resolución Nº 598/2019, con incidencia a partir del 01/08/2019, si bien no modificó la tasa de interés resarcitorio para deudas en pesos, si lo hizo para las aduaneras en dólares.
En este caso, estableció que la tasa de interés aplicable fuera de 0,83% “cuando las obligaciones de que se trate se encuentren expresadas en dólares estadounidenses o deban abonarse de acuerdo con el monto de categorías u otros conceptos similares vigentes a la fecha de su efectivo pago”. Esta norma fue derogada por la Resolución del Ministerio de Economía Nº 559/2022 y entró en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial (25/08/2022) surtiendo efectos desde el primer día del mes inmediato siguiente al de esa fecha, o sea el 01/09/2022. En lo que aquí interesa, dispuso que “Cuando se trate de conceptos expresados en dólares estadounidenses, la tasa de interés aplicable será del cero coma veinte por ciento (0,20 %) mensual”, con lo cual redujo la tasa de interés expresada por su antecesora.
Sin embargo, el art. 9º de la Resolución del Ministerio de Economía Nº 3/2024 derogó la norma en comentario, entrando en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial (22/01/2024), surtiendo efectos desde el primer día del mes inmediato siguiente al de esa fecha, es decir el 01/02/2024. Esta norma indicó que la tasa de interés resarcitorio mensual prevista en el artículo 794 del C.A. (art. 1º de la Resolución 3/2024) cuando las obligaciones de que se trate se encuentren expresadas en dólares estadounidenses o deban abonarse de acuerdo con el monto de categorías u otros conceptos similares vigentes a la fecha de su efectivo pago (art. 3 de la misma norma) sea del (0,83 %). Puesta así las cosas, y en relación a la posibilidad de morigerar la tasa de interés aplicable, advierto que podría hacerse sin declarar la inconstitucionalidad de la reglamentación aplicable y sin necesidad de violentar la norma procesal que limita las facultades jurisdiccionales de este organismo administrativo jurisdiccional.
En efecto, tal como dije al fallar en la causa: “PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA SA c/ DGA s/recurso de apelación”, EX-2020-15395348- -APN-SGASAD#TFN (sentencia del 18/02/21), este tribunal no puede declarar la inconstitucionalidad de una norma ley asimilándose a los jueces de la Constitución y brincando con juegos interpretativos la máxima que impone el sometimiento de la administración a la ley. No obstante ello, también advertí que ese obstáculo legal no encorsetaba la posibilidad de resolver el caso sometido a decisión mediante una justa ponderación de los principios aplicables y sin necesidad de declarar la inconstitucionalidad de norma alguna. En ese orden de ideas, hice hincapié en que la limitación legal tenía exclusiva relación con los casos que demandaban su solución mediante una subsunción de los hechos en las normas aplicables.
Añadiendo que solamente ante los casos de ausencia de complejidad sustancial, en donde el control de constitucionalidad debía ser directo, no podía prescindirse de resolver el caso sino mediante una declaración de inconstitucionalidad que me estaba prohibida realizar. En sentido contrario, advertí que no era menester la declaración de inconstitucionalidad si la resolución del caso demandaba recurrir a la ponderación de los valores, principios y normas con incidencia en la situación examinada. Así fue el 30 de abril de 2020, en la sentencia dictada in re “C., J. C. c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa - Ejército s/ daños y perjuicios”, EDCMXIX-139, Revista de Derecho Administrativo, mayo 2020 - Número 5, la Corte Suprema declaró inaplicable el régimen de ejecución de sentencias de condenas monetarias contra el Estado Nacional, regulado en el art. 22 de la Ley 23.982, respecto del crédito de una persona mayor de 70 años de edad, discapacitada, y con serios problemas de salud.
Así lo hizo el Alto Tribunal al encontrar que el caso del actor no estaba exceptuado normativamente del régimen general para la cancelación de créditos no consolidados en contra de un organismo del sector público, que implica una serie de trámites y plazos de espera para su percepción, considerándose entonces en el voto principal a la situación planteada como un “caso no previsto” que, por razones de equidad, debía ser resuelto por aplicación de normas análogas. En cuanto aquí es de específico interés, debe hacerse notar que el voto principal (suscripto por los Dres. Maqueda, Lorenzetti y Rosatti) evita expresa e intencionalmente declarar la inconstitucionalidad del art. 22 de la Ley 23.982, siquiera en cuanto a su aplicación al caso concreto.
A todas luces es significativo que en este nuevo pronunciamiento el Alto Tribunal elija apartarse de la declaración de inconstitucionalidad y se incline directamente por la inaplicabilidad de la ley en el caso concreto. En ese marco interpretativo, debe considerarse que la Corte Suprema no ha hecho otra cosa que prescindir de la norma aplicable cuando conduce ocasionalmente a un resultado injusto en su aplicación concreta a un caso particular, en función de sus particularidades, a veces imprevisibles para el propio legislador. En estos supuestos, corresponde prescindir de la letra de la norma y priorizar el espíritu del legislador, resolviendo el caso como este lo hubiera hecho de haberse representado las circunstancias del mismo, aun cuando esto implique dejar de lado el texto de la previsión normativa aplicable al caso.
Ello así, con fundamento en lo antes expuesto, y en concordancia con el voto de la mayoría en “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/Dirección General de Aduanas, s/recurso de apelación (TF. N° 39.770-A)”, Sala F, sentencia del 13/09/2021), debo considerar la exorbitancia manifiesta que significa cobrar una tasa de interés del 3%, 4,5%, 3,76 % o 4,73% mensual aplicada sobre una divisa extranjera actualizada al día del pago por el tipo de cambio vigente. Por lo expuesto, propongo la reducción de la tasa de interés al porcentaje estipulado en la Resolución Nº 3/2024 para deudas expresadas en dólares (esto es, 0.83% mensual), a aplicarse por el período devengado desde los 10 días de la notificación del cargo hasta la fecha de su efectivo pago en los términos de los art. 794 y 796 del Código Aduanero.
Por todo lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente la Resolución Nº 372/2019 (AD LAPL), dictada por el Señor Administrador de la División Aduana La Plata el 16 de diciembre de 2019 en la Actuación N° 12586-106-2012, en lo que respecta a la procedencia del ajuste de valor y la determinación tributaria principal, disponiendo que el Cargo Nº 58/11 devengará los intereses indicados en el Considerando XVIII.
2. Revocar parcialmente dicha resolución en lo que concierne a los importes reclamados en concepto IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, en virtud de lo desarrollado en el Considerando XVII.
3. Imponer las costas por su orden, atento a la naturaleza mixta del resultado.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
1.Primera Cuestión I.- Que adhiero en lo sustancial al relato que antecede, máxime teniendo en cuenta que la propia parte actora -en la oportunidad de allanarse parcialmente al ajuste en sede aduanera- reconoció que la explotación de intangibles protegidos por la casa matriz le generó una obligación económica que debía adicionarse al valor en aduana. (Ver Considerando VII del voto que antecede). Reafirma mi convicción en este caso en particular, que en la contabilidad interna de la firma, como parte del costo de ventas, estos pagos fueron denominados “regalías” (Ver también Considerando XII).
Como consecuencia lógica, comparto en general los Considerandos que en este caso en particular, derivan en confirmar parcialmente el fallo aduanero apelado (I.- a XVII.- inclusive). Con costas a la recurrente. Coincido también -por economía procesal.- con la aplicación al caso de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “CLADD ITA S.A. C/ EN – DGA resol 2590/06 DGA expte. 604155/01, causa TFN 22.343-A. Y con tal sustento, en revocar la decisión recurrida parcialmente, respecto de las Percepciones RG 3431/91 y Percepción de Impuesto a las Ganancias RG 3543/92 con costas por su orden.-
2. Segunda cuestión II.- Sin embargo, discrepo con las interpretaciones relativas a la tasa de interés aplicable a los administrados que deban abonar estas deudas aduaneras en dólares, en cuanto proponen morigerar la alícuota legalmente aplicable, al “prescindir” de la normativa, inclinándose por la inaplicabilidad de la ley, basada en un precedente jurisprudencial. (Considerando XVIII del voto del Dr. Licht).
III. Fundamento mi discrepancia de criterio, en la necesidad de respetar las tasas establecidas por cada norma, según el tiempo en que comenzaron a regir las mismas. Considero que en este ámbito -siendo un Tribunal de jurisdicción administrativa- está vedado dejar de aplicar las Resoluciones oportunamente pertinentes, aún para intentar evitar un resultado que se presume inequitativo (pero cuya confiscatoriedad no se encuentra cabalmente demostrada en estos actuados).
En este sentido, se ha pronunciado la propia Corte en el caso “Provincia de Santa Cruz” (Fallos 316:42), cuando sostuvo que no se justifica una interpretación que equivalga a prescindir del texto legal, si no media debate y declaración de inconstitucionalidad.
Por el contrario, y en concordancia con la letra expresa de la normativa -de cuya aplicación no encuentro graves razones para apartarme- observo que la intención del Legislador al momento de haber elevado las tasas, que luego fueron modificadas por la vía de otra Resolución -por la cual resultaron inferiores-, tendía en ese tiempo a permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado. Esta posición también se sostuvo cuando la Excma. C.S.J.N. sentenció:
“Se justifica que las leyes impositivas contemplen medios coercitivos para lograr la satisfacción oportuna de las deudas fiscales cuya existencia afecta de manera directa el interés de la comunidad porque gravitan en la percepción de la renta pública; con ese propósito se justifica la aplicación de tasas de interés más elevadas” (Fallos 316:42).
Asimismo, destaco que el Máximo Tribunal aún no ha anulado ó morigerado “per se” las tasas que surgen de las normas que rigen específicamente esta materia, para casos como el de autos.
Como consecuencia de los razonamientos precedentes, la DGA deberá en cada caso aplicar la normativa vigente según la resolución que determine las tasas correspondientes, dictadas por las autoridades competentes, según lo indicado en los arts. 37 y 52 de la Ley 11.683 y en los arts.794 y 797 del Código Aduanero (Ley 22415). Máxime, cuando su invalidez -hasta el momento- no ha sido declarada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Aplicar una morigeración distinta, ajena a lo normado, por la vía interpretativa de este Tribunal, implicaría pasar por alto los fines tenidos en cuenta por la autoridad competente, que legisló, en cada momento, las tasas aplicables a este tipo de deudas con el organismo fiscal. Ello, según su propia evaluación de oportunidad, mérito y conveniencia, que también está vedado a nuestra jurisdicción.
En tal sentido, no puedo olvidar que la fijación de la tasa de interés aplicable a los créditos tributarios es llevada a cabo en base a dichos criterios, que no son susceptibles de revisión en esta Instancia administrativa, y sólo corresponde a los jueces controlar la legitimidad del obrar de las autoridades. Por ello, entiendo que este Tribunal no está facultado para sustituirse a ellas en la valoración de las circunstancias ajenas al campo de lo jurídico (en sentido similar, CSJN; FALLOS 3 08:2246 y sus citas 311:2128; 321:1252, espc. Consid. VII y sus citas).... Y mucho menos, en consecuencia, si se trata, como en el caso que nos ocupa, de Vocales del Tribunal Fiscal de la Nación.
Como consecuencia de los fundamentos antes resumidos, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente la Resolución apelada. Con los intereses -que deberá calcular el Fiscosegún los Considerandos precedentes, y lo dispuesto por el art. 794 del Código Aduanero. Con costas a la accionante.
2. Revocar parcialmente los conceptos de Percepciones RG 3431/91y Percepción del Impuesto a las Ganancias RG 3543/92, Con costas por su orden.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Los antecedentes de la causa se encuentran adecuadamente reseñados en los considerandos I a III del voto del Dr. Licht, a cuyos términos nos remitimos por motivos de brevedad.
II. Que, en primer lugar, corresponde tratar la nulidad planteada por la actora en su recurso de apelación. Como fundamento de dicho planteo, la recurrente entiende que la resolución aduanera, aquí apelada, resulta nula por cuanto ha omitido ponderar argumentos esenciales para la decisión del caso, y ha denegado prueba que su parte considera esencial.
Que el planteo de nulidad esgrimido por la recurrente sería inadmisible entendiendo que cualquier menoscabo al derecho de defensa puede ser subsanado en esta instancia recursiva ulterior. Tal como surge de las constancias obrantes en autos, además de la documental acompañada con el recurso de apelación, la recurrente pudo ofrecer la totalidad de la prueba que hacía a su derecho. Por lo expuesto, en este punto, resulta aplicable la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostiene que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior (entre otros fallos: 205:549 y 267:393).
Que, a mayor abundamiento, y en relación a las demás cuestiones que forman parte del planteo de nulidad efectuado por la recurrente, las mismas contienen una estricta vinculación con los agravios que sustentan la apelación, de modo que como lo enseña Francesco Carnelutti, “... del principio de la absorción de la invalidación en la impugnación deriva también para el proceso penal la regla formulada por los estudiosos del proceso civil en el sentido de que los vicios de la providencia impugnada se convierten en motivos de impugnación; esto quiere decir que en cuanto una providencia viciada sea impugnable, el poder de invalidación no concurre con el de impugnación, sino que en el mismo es absorbido como en la rescisión es absorbida la anulación. Tal absorción está al punto de llegada de una evolución histórica que aquí ni siquiera en sus puntos generales podría trazar; en línea muy general, indico sólo que la rescisión del acto injusto constituye un paso adelante sobre la anulación del acto viciado; en esto se manifiesta el pensamiento, lentamente formado, de que los requisitos del acto y, en particular, los requisitos formales valen no por sí sino como medios al fin de su justicia, la cual verdad, aun cuando obvia, no ha tenido un camino fácil en la historia del derecho ...” (Lecciones sobre el proceso penal. Vol. III, pág. 217. Bosch y Cía. editores. Buenos Aires. 1950).
Que, habiéndose desplegado como parte del sustento de la nulidad impetrada fundamentos que guardan directa relación con los agravios de fondo, cabe concluir que debe rechazarse la cuestión de nulidad en cuanto a tratársela autónomamente.
Que, en consecuencia de lo expuesto precedentemente, corresponde rechazar el pedido de nulidad efectuado por la actora, sin costas.
III. Que, corresponde dilucidar, si el ajuste de valor practicado mediante la formulación del cargo N° 58/11, y cuya impugnación fuera rechazada por las resolución apelada en autos, ha sido efectuado sobre la base de las normas establecidas en el Acuerdo Relativo para la Aplicación del Art. VII del GATT, Ley 24.425.
Asimismo, cabe destacar que la actora se allanó respecto del 33,33% del cargo intimado mediante el plan de facilidades J342305, el que asciende a la suma de U$S 2.872,71 monto respecto del cual se la tiene por desistida de toda acción y/o derecho, inclusive el de repetición, de conformidad con el art. 53 de la Ley 27.260. Este porcentaje lo adoptó con expresa relación a la prestación indicada en el inc. b) del art. 2 del Contrato de Transferencia de tecnología.
Por lo cual, solo se agravia respecto del 66,67% del cargo cuestionado, por considerar que el incremento del valor resulta improcedente por considerar que no existe ningún otro activo intaginble previsto en el Contrato que se encuentre incluido en las mercaderías importadas de autos.
Que, la ley 24.425 aprueba el Acta Final en la que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, las decisiones, declaraciones y el Acuerdo de Marrakech por el que se crea la OMC y, entre otros, el Acuerdo relativo a la aplicación del Art. VII del GATT, incorporando además la Decisión del Comité de Valoración en Aduana relativa a los casos en que las administraciones tengan motivo para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado.
Que el Acuerdo Relativo a la aplicación del Art. VII del GATT establece que el “valor de transacción”, tal como se define en su artículo 1, es la primera base para la determinación del valor en aduana. Dicho artículo debe considerarse en conjunción con el artículo 8 que dispone, entre otras cosas, el ajuste del precio realmente pagado o por pagar en los casos en que determinados elementos, que se considera forman parte del valor en aduana, corran a cargo del comprador o estén incluidos en el recio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas. Los apartados 1 y 2 de la Nota General (incluida dentro de las Notas Interpretativas del Anexo I del Acuerdo), prevén que cuando el valor de transacción no pueda determinarse sobre la base de lo dispuesto en el artículo 1 del Acuerdo, en los arts. 2 a 7 se establecen los diferentes métodos a aplicar para determinar el valor en aduana, los que deben aplicarse en el orden en que se enumeran, salvo la inversión que autoriza el art. 4 con relación a los métodos previstos en los arts. 4 y 5. Que dicha ley aprueba el Acta Final en la que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, las decisiones, declaraciones y el Acuerdo de Marrakech por el que se crea la OMC y, entre otros, el Acuerdo relativo a la aplicación del Art. VII del GATT, incorporando además la Decisión del Comité de Valoración en Aduana relativa a los casos en que las administraciones tengan motivo para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado.
Que el Acuerdo Relativo a la aplicación del Art. VII del GATT establece que el “valor de transacción”, tal como se define en su artículo 1, es la primera base para la determinación del valor en aduana. Dicho artículo debe considerarse en conjunción con el artículo 8 que dispone, entre otras cosas, el ajuste del precio realmente pagado o por pagar en los casos en que determinados elementos, que se considera forman parte del valor en aduana, corran a cargo del comprador o estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas. Los apartados 1 y 2 de la Nota General (incluida dentro de las Notas Interpretativas del Anexo I del Acuerdo), prevén que cuando el valor de transacción no pueda determinarse sobre la base de lo dispuesto en el artículo 1 del Acuerdo, en los arts. 2 a 7 se establecen los diferentes métodos a aplicar para determinar el valor en aduana, los que deben aplicarse en el orden en que se enumeran, salvo la inversión que autoriza el art. 4 con relación a los métodos previstos en los arts. 4 y 5.
IV. Que, el Estudio de Valor practicado en este caso en la instancia administrativa y que motivara, como se dijo, la formulación del cargo aquí cuestionado, tuvo por finalidad establecer, si los cánones devengados por PHILIPS ARGENTINA S.A. a lo largo del Ejercicios 2006 debieron adicionarse a los valores FOB las importaciones documentadas durante dicho año de empresas vinculadas (Notas Nº 1160 y 1143 del 2011 de la “División Empresas vinculadas” –DV EMVI-).
Asimismo, surge el valor de transacción fue ajustado por el servicio aduanero con fundamento en “el contrato de transferencia de tecnología” celebrado por la firma “PHILIPS ARGENTINA S.A.” y la firma “KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N. V.” por el que se obliga a pagar una remuneración en retribución por los servicios recibidos (Certificado INPI: 13.420 Exp.: 23.019, de fecha 09/10/07 y con vigencia a partir del 01/01/08. Actuación N° 12586-106-2012).
Que, resulta oportuno mencionar entonces que, como principio general, el valor en aduana de las mercaderías importadas resulta ser el valor de transacción, definido en el art. 1 del Acuerdo como el precio realmente pagado o por pagar, ajustado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, y siempre que concurran las circunstancias descriptas en dicho artículo 1.
Que, el artículo 8 del Acuerdo de Valoración establece cuáles conceptos se añadirán al precio realmente pagado o por pagar, a fin de determinar el valor en aduana de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, y los enlista bajo distintos incisos y sub incisos. En cuanto aquí interesa, el inciso c) del artículo 8 dispone que se añadirán “… c) los cánones y derechos de licencia relacionados con las mercancías objeto de valoración que el comprador tenga que pagar directa o indirectamente como condición de venta de dichas mercancías, en la medida en que los mencionados cánones y derechos no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar;…”. Y, en la Nota al artículo 8 del Acuerdo se establece específicamente respecto al inciso en comentario que “1. Los cánones y derechos de licencia que se mencionan en el párrafo 1 c) del artículo 8 podrán comprender, entre otras cosas, los pagos relativos a patentes, marcas comerciales y derechos de autor. Sin embargo, en la determinación del valor en aduana no se añadirán al precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas los derechos de reproducción de dichas mercancías en el país de importación. 2. Los pagos que efectúe el comprador por el derecho de distribución o reventa de las mercancías importadas no se añadirán al precio realmente pagado o por pagar cuando no constituyan una condición de la venta de dichas mercancías para su exportación al país importador”.
Que, teniendo en cuenta que el ajuste de valor practicado por la aduana en el caso de autos se encuentra fundado en la norma contenida por el antes citado artículo 8 inciso c) del Acuerdo de Valoración, resulta de primordial importancia establecer, en primer lugar, si efectivamente la importadora pagaba cánones o derechos de licencia relacionados con la mercadería importada y, en caso afirmativo, si los mismos resultaban ser una condición de venta de dichas mercancías. Ello, por supuesto, si los referidos cánones o licencias no hubiesen estado ya incluidos en el precio realmente pagado o por pagar.
V. Que, a los fines de dilucidar si se encuentran configuradas dichas circunstancias, se deben merituar los hechos antecedentes del caso y la documentación que surja de las constancias obrantes en la causa. Que, si bien la incidencia de una marca es alta a la hora de valorar una mercadería, y partiendo de la base de que la venta de mercaderías en ocasiones comprende la transferencia de ciertas creaciones de la mente protegidas por la legislación, el Acuerdo de Valoración ha previsto que las sumas de dinero abonadas en retribución del derecho a usar esa creación intelectual formen parte del valor en aduana de las mercaderías junto con el precio estipulado para aquéllas, siempre que –como se dijo- dichos cánones o derechos de licencia no se encuentren ya incluidos en el precio, que exista una relación entre los mismos y la mercadería importada, y que el pago de dichos cánones haya sido efectuado como condición de venta de las mercaderías importadas. (conf. “World Sport SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo” Expte. N° 10.056/2015 Sent. 15/09/2015 Sala IV CNACAF; “Nestle Argentina SA c/ Administracion Nacional de Aduanas s/recurso directo de organismo externo”, Expte. N° 8106/2018 Sent. 10/05/18 Sala IV; “Vulcabras Azaleia Argentina SA c/DGA” Expte. N° 28732/2015 Sent. De fecha 24/02/2021 –firme- Jdo. CAF N° 5).
Que, la Aduana sostiene a través del Estudio de Valor que, “… las prestaciones que retribuye Philips Argentina SA a su Licencia responden al concepto de otorgamiento de licencia para la venta en el país de los productos con derechos de licencia, quedando en evidencia su relación con la mercadería importada…”(Nota Nº 1078/18 (DV EVIN) a fs. 76/84 de las act.adm).
En este sentido, la Aduana agrega que teniendo en cuenta la realidad comercial que se relaciona con el convenio bajo estudio, las condiciones necesarias a que se refiere el Acuerdo de Valoración se verifican plenamente que: 1) las regalías devengadas tienen relación directa con los Productos Licenciados Importados terminados que son provistos por vendedores del mencionado Grupo Internacional, cuya reventa, origina el devengamiento de regalías. 2) El pago de las regalías pactadas en el contrato analizado, constituyen una condición de venta de las mercaderías importadas provistas por vendedores del exterior vinculados al Grupo Internacional PHILIPS, pues se trata de productos específicos con características, tecnologías y Marcas definidas por el licenciante/propietario que integran el Grupo Económico mencionado., y 3) que el monto ajustado no se encuentra incluido en el precio realmente pagado o por pagar.
De este modo, y en dichos términos, la Aduana justifica su criterio ya que entiende cumplidos los requisitos establecidos en el Acuerdo a los fines del ajuste de valor relacionado con el pago de cánones o derechos de licencia, por lo cual, propone incrementar el valor FOB de las mercaderías importadas en un 4,29% para el año 2006 ( Nota 1143/11 -expediente N° 13681-50-2010/5).
Según se cita en la Nota Nº 1143, para arribar a las conclusiones finales contenidas en el Estudio de Valor, la Aduana asegura que las mismas “… se basaron en el análisis de documentos e información aportada por la firma, y los datos obtenidos del Sistema Oracle Discoverer y Exi-Pro de Nosis. …”.
Sin perjuicio de ello, resulta oportuno adelantar que, pese a lo aludido en tal sentido por la DGA, no se encuentra en las actuaciones administrativas la documentación a la que alude como aportada por la firma (salvo la acompañada en de actuaciones N° 13681-50-2010 agregadas Notas Nº 1160 y 1143 DV EMVI, la liquidación de tributos, el cargo Nº 58/11 y la cedula de notificación del mismo) tampoco obra el contrato suscripto entre KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V y PHILIPS ARGENTINA S.A. al que se alude en el Estudio de Valor.
Solo obra la documentación acompañada por la recurrente, de la que surge que al tiempo de las destinaciones de autos, el Contrato que se encontraba vigente y resultaría aplicable era General Services Agreement effective, de fecha 01-01-98 (ver copias de las facturas a fs. 12/15 de las act.adm). Que, no obstante, se estima que más allá de la circunstancia de que se puedan haber abonado cánones o derechos de licencia relacionados con la mercadería importada, y que los mismos no fueran incluidos en el valor de la misma, la afirmación vertida por la División Empresas Vinculadas (citada en el dictamen jurídico y en la resolución aduanera apelada), en los términos de que “… Un canon es siempre ´condición de venta´ si, de no mediar pago alguno de ese canon o derecho de licencia, loa bienes no se hubieran vendido o bien no se hubieran vendido al precio acordado. …” resulta extrema y la misma se aparta de las pautas de valoración contenidas en el Acuerdo.
Que, por su parte, el propio Acuerdo establece que los incrementos que se hagan de conformidad con lo dispuesto en el art. 8 deberán ser calculados sobre la base de datos objetivos y cuantificables (punto 3 del art. 8). Entiende la doctrina que “… Se evitan así ajustes discrecionales en perjuicio del importador. …”, a la vez que “… Para que el pago de un canon sea posible, el producto importado debe conservar su individualidad, o al menos, debe resultar identificable. Si la mercadería importada es mezclada con otras nacionales, y no es posible identificarlo, resulta imposible realizar un ajuste de valor, y el valor de transacción debe rechazarse. (Nota interpretativa al art. 8º). (…) Todos estos ajustes dice el art. 8º punto 3, deben ser realizados en base a datos objetivos y cuantificables. Cuando no los existen, debe descartarse el valor de transacción y aplicarse el art. 2º del acuerdo, o el método de valoración que en definitiva corresponda. …” (“La valoración en Aduana en la ley 23.311.” de Daniel Zolezzi, La Ley, Tomo 1987-A, pág. 970, Buenos Aires).
Circunstancia que no puede corroborarse, en el caso de autos, en tanto ni siquiera se conocen las operaciones de importación respecto de las cuales fuera practicado el ajuste.
Que, asimismo, resulta oportuno señalar que más allá del texto explícito de la norma aplicada en este caso por la Aduana para efectuar el ajuste, el Acuerdo de Valor del GATT brinda otras herramientas a los fines de la interpretación y aplicación de su articulado. Así el Comité Técnico de Valoración, como organismo constituido en el seno de la Organización Mundial de Aduanas, emite instrumentos que, sin ser normas internacionales (como por ejemplo las Opiniones Consultivas y Comentarios) aconsejan ciertas formas de interpretar el Acuerdo. En tal sentido, considero relevante y aplicable el Comentario 25.1 el cual establece que: “Con miras a proceder a la determinación del valor según el artículo 8.1 c), es importante examinar todos los documentos pertinentes, incluidos los acuerdos de canon o de licencia y el contrato de venta (...) La información recogida en estos acuerdos y otros documentos pertinentes puede dar algún indicio para saber si el pago del canon o derecho de licencia se debería incluir en el valor en aduana con arreglo al artículo 8.1 c)”. Luego añade que “La prueba más evidente de que el comprador no puede adquirir las mercancías importadas sin pagar el canon o derecho de licencia, es que los documentos de la venta de las mercancías importadas incluyan una declaración explícita estableciendo que el comprador debe pagar el canon o derecho de licencia como condición de venta (...) El Comité Técnico reconoce, sin embargo, que es posible que los documentos de la venta no incluyan una disposición tan explícita, especialmente cuando el canon o derecho de licencia se paga a una parte no vinculada al vendedor. En este caso, puede que sea necesario examinar otros factores con miras a determinar si el pago del derecho de licencia se efectúa como condición de venta…”.
En doctrina nacional se ha expresado que “… La expresión ´como condición de venta de las mercancías importadas´ es necesariamente más amplia que ´como una condición del contrato de venta de las mercancías´.” Ello atento a que los contratos de venta internacional “Muy insólitamente albergarán en sus cláusulas alguna ´condición de venta´. (…) la ´condición de venta´ puede existir aunque no haya cláusula contractual alguna que la establezca …”. (“Cánones y derechos de licencia: su incidencia en el valor en aduana (y un fallo que acierta y otro que no)” Daniel Zolezzi. ED 4/11/19.)
Que, en el caso particular de autos, las afirmaciones vertidas en el Estudio de Valor, en base a cuyos fundamentos se formulo el cargo cuya impugnación pretendió la firma importadora en sede aduanera, no pueden ser contrarrestadas con la documentación que el mismo Estudio invoca a los fines de fundamentar el ajuste de valor pretendido. Así, como se mencionara con anterioridad, en el Estudio de Valor se hace expresa mención a la documentación aportada por la firma, al contrato suscripto entre PHILIPS ARGENTINA S.A. y KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V., y a datos obtenidos del Sistema Oracle Discoverer y Exi-Pro de Nosis. Sin embargo, ninguno de dichos documentos obran agregados a las actuaciones acompañadas por la Aduana, resultando indispensables a los fines de determinar la pertinencia del ajuste de valor practicado por la Aduana en base a lo estipulado en el Acuerdo de Valor del GATT. Que, en tal sentido, consideramos de aplicación lo resuelto por este Tribunal en la Causa N° 33.431-A “GRUPO AGROS S.A. c/D.G.A. s/apelación”, en los siguientes términos: “… el análisis de los tres requisitos que deben concurrir a los efectos de que proceda el ajuste, debe realizarse a la luz de la normativa indicada anteriormente y, asimismo, debe tenerse especialmente en cuenta las peculiaridades de la relación comercial involucrada. Ello sobre la base del convenio celebrado entre las partes, en tanto que sus términos resultarían de incidencia fundamental sobre la operación de importación aquí analizada.”
“Que no se han agregado los contratos que supuestamente vincularan a las firmas vinculadas (…) ni tampoco surge de documentación alguna que existieran dichos contratos, ni que se encontraran vigentes a la fecha en que se realizó la operación aquí cuestionada…”
“Que ante la inexistencia de la documentación señalada no puede determinarse si existen cánones o derechos de licencia ni si, en caso de existir, están o no incluidos en el precio, si existe relación entre aquellos y las mercaderías y si el pago de los mismos es condición de venta de las mercaderías importadas”.
“Que, ante la ausencia, tanto en las actuaciones administrativas como en la presente causa, de la documentación necesaria, no cabe sino concluir la improcedencia del ajuste de valor efectuado por el Fisco sobre la destinación de importación aquí involucrada, por no encontrarse reunidos los elementos y requisitos necesarios a tales fines y, asimismo, la improcedencia del cargo n° 19/12 formulado en su consecuencia …”. (“GRUPO AGROS S.A. c/DGA s/apelación” TF N° 33.431-A, Sala F, Sent. de fecha 08/03/18, confirmada por la Sala V de la CNACAF, Expte. N° 74976/2018, Sent. de fecha 13/06/19). Que, en igual sentido se expidió esta Sala G en la Causa N° 33.435-A: “GRUPO AGROS S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”, Sentencia de fecha 12/07/24. Que por último, cabe destacar que en el sentido al que se propicia se ha pronunciado recientemente esta Sala G en la causa de igual carátula que la presente EX- 2019-110016580- -APN-SGASAD#TFN, sentencia del 14/04/2025 y en causa Nº 37.064-A, de fecha 29/04/2025.
Conforme todo lo antes expuesto, se rechaza el ajuste de valor efectuado por la Aduana, y se deja sin efecto el cargo formulado. Con costas a la DGA.
Por ello, VOTO POR:
Revocar, en cuanto resulta materia de recurso, la Resolución N° 372/2019 dictada en la Actuación SIGEA Nº 12586-106-2012 y, en consecuencia, se revoca el cargo formulado. Costas a la DGA.
Atento el resultado del Acuerdo y a efectos de conformar mayoría en el punto relativo a los intereses (arts. 794 y concs. del C.A.), el Dr. Horacio J. Segura emite voto complementario exclusivamente respecto de dicha cuestión, dejando expresamente sentado que adhiere al criterio sustentado por el Dr. Miguel N. Licht, ello sin perjuicio de lo sostenido en los considerandos de su voto y por resultar, en definitiva, más favorable al apelante, aplicando ello exclusivamente en el presente caso y por las razones expuestas. En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
1. Confirmar parcialmente la Resolución Nº 372/2019 (AD LAPL), dictada por el Señor Administrador de la División Aduana La Plata el 16 de diciembre de 2019 en la Actuación N° 12586-106-2012, en lo que respecta a la procedencia del ajuste de valor y la determinación tributaria principal, disponiendo que el Cargo Nº 58/11 devengará los intereses indicados en el Considerando XVIII del Voto del Dr. Licht.
2. Revocar parcialmente dicha resolución en lo que concierne a los importes reclamados en concepto IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3. Imponer las costas por su orden, atento a la naturaleza mixta del resultado.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
[1] Conforme señalé precedentemente, en la parte correspondiente a la descripción de los ítems facturados, se detalló la siguiente leyenda: “[w]ith reference to the General Services Agreement effective 01-01-98, we herewith debit your account for the provisional share of services in commercial, accounting, auditing, financial, fiscal, social and legal matters and in all other similar fields in which we have know-how and experience rendered during the period […]” (“[c]on referencia al contrato General de Servicios vigente [a partir del 1° de enero de 1998], debitamos de su cuenta la parte provisional de servicios en materia comercial, contable, de auditoría, financiera, fiscal, social y jurídica y en todos las demás cuestiones similares en el que contamos con el know-how y experiencia aportados durante el período […]” [traducción propia]). Date: 2026.03.04 13:14:58 ART Date: 2026.03.05 09:28:02 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.03.05 11:04:26 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.03.05 11:06:02 -03:00
Fin de la sentencia