Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2020-11220536-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la prescripción tributaria con costas al fisco.
2Revocar la resolución DE PRLA 3971/17, dictada en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 12197-15731-2007, en cuanto le impone una multa a la firma PHONEX ISOCOR SA S.A. por la comisión de la infracción prevista en el Art. 970 del CA.
3Imponer las costas a la Aduana (Art. 1163 del CA).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-101339208-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 11 de Septiembre de 2025 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Horacio J. Segura (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “PHONEX ISOCOR S.A. c/ D.G.A. s/ recurso de apelación”, EX-2020-11220536- -APN- SGASAD#TFN;
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Decidir si se ajustan o no a derecho las Resoluciones 3971/17, recaída en las actuaciones administrativas 12197-15731-2007, en cuanto le exigen el pago de una multa igual a una vez el importe de los tributos que gravan la importación a consumo y se formula cargo por tributos con más sus intereses emergentes del DIT 04 001 IT14 006713 D por la comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A.
II. Fundamentos de la apelación: Mediante RE-2020-11219874-APN-SGASAD#TFN, se presenta la firma referida en el epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución referida, en cuanto la condena a la firma PHONEX ISOCOR S.A., en los términos del art. 970 del C.A. Menciona los antecedentes y manifiesta que antes de finalizado el plazo de permanencia de la mercadería en cuestión, su mandante constató que existía un saldo de 7.454,21 krgs. de insumo que no había sido utilizado para la elaboración del producto, por lo que procedió a su importación para consumo a través del despacho de importación N° 07 001 IC83 000117K el 16/8/2007, antes del vencimiento de la temporal. Sostiene que su mandante ha dado cumplimiento a todas las obligaciones asumidas en el marco del régimen de importación temporaria y alega que la DIT fue cancelada con los PE 07001EC03013558L, 07001EC03011654G, 07001EC03021093E, 07001EC03022320V, 07001EC03026509L y 07001EC0309674P y la importación a consumo 07001IC83000117K.
Señala que transcurrieron más de 11 años desde el vencimiento de la temporal, debiendo declararse todo el sumario nulo atento a no cumplir con el plazo razonable que la Corte ha delineado para todo su proceso. Señala que el fundamento de imputación de la Aduana erróneamente se basa en que la importación a consumo de los 7.454,21 kgs a través de la temporal pertienente sub régimen IC83, implicaría una transgresión al régimen temporal, en tanto su mandante debió oficializar un despacho utilizado el sub régimen IC81 en lugar de un IC83. Sostiene que el argumento de la aduana carece de sustento normativo Señala que la Resolución General AFIP 1452/03 en su anexo III, identifica en la tabla de sub régimen al IC83 como “IC83: IMPORTACIÓN A CONSUMO DE IMPORTACION TEMPORARIA SIN TRANSFORMACIÓN-.
Alega la prescripción penal. Hace un reconto del tiempo transcurrido. Manifiesta la improcedencia del reclamo tributario toda vez que los tributos reclamados por la mercadería en presunta infracción ya han sido abonados al momento de la oficialización de la impotación a consumo 07001IC83000117L. Aduce que sin perjuicio de que el correcto subregimen para importar los insumos sin transformación era el IC83, ello no podría encuadrar más que en una infracción formal. Alega la prescripción del reclamo de IVA, manifiesta que la acción del fisco para reclamar el IVA no se encuentra sujeta a las disposiciones del Código Aduanero, en tanto, como lo dispone el art. 51 de la Ley de IVA, le resultan aplicables las disposiciones contenidas en la Ley 11.683.
Sostiene la improcedencia del reclamo de las percepciones de IVA Adicional y Ganancias. Aduce la ilegitimidad de los intereses que la Aduana calcula en dólares para las determinaciones tributarias sumplementarias. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se dicte sentencia revocando la resolución aduanera apelada con costas a la aduana.
III. Contestación del traslado: Que mediante IF-2020-42312046-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el traslado del recurso interpuesto por la actora y acompaña las actuaciones administrativas. Efectúa un relato de los hechos y niega todos y cada uno de los hechos y derecho invocados por la actora que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. Manifiesta que las nulidades interpuestas no han sido en tiempo y oportunidad hábil. Alega que no puede declararse la nulidad del acto por la simple presencia de un vicio o una violación si no existe perjuicio. Señala que la nulidad por vicios procesales carece de un fin en sí misma. Sostiene que en modo alguno se ha vulnerado del derecho de defensa de la parte. Arguye que es jurisprudencia uniforme que si el defecto es subsanable en un recurso o en un proceso judicial posterior se ha considerado que no se ha violado el derecho de defensa. Manifiesta que en lo que respecta a la liquidación tributaria en dólares y la tasa de intereses aplicables recuerda la doctrina sentada por el fallo VOLKSWAGEN ARGENTINA SA y señala que no procede apartarse de la aplicación de una norma federal (art. 794 del C.A.) y sus normas reglamentarias. Aduce que las infracciones revisten un carácter objetivo sin que sea necesario considerar el elemento culposo. Alega que la actora debe proba en forma fehaciente y con la documentación aduanera pertinente que ha cumplido total y acabadamente con sus obligaciones dentro del plazo legal otorgado. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se dicte sentencia confirmando el fallo aduanero, con costas a la recurrente.
IV. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas SIGEA N° 12197-15731-2007 se inician a fs. 1 con la solicitud de liberación de garantía, la declaración jurada para la cancelación de importaciones temporales y documentación al respecto acompañada por la firma. A fs. 37/39 luce agregada el acta de denuncia 554/07. A fs. 40 obra el aforo de la mercadería. A fs. 42 obra la liquidación de tributos. A fs. 43 con fecha 30/5/2012 se dispone la instrucción a sumario. A fs. 44 luce agregada la determinación de multa y tributos. A fs. 45/47 obra el reflejo registral. A fs. 48 obra print de sistema de consulta de garantías. A fs. 49, con fecha 23/02/2017 se corre vista, notificada a la aseguradora y a la importadora en fechas 29-3-17 y 3-4-17, respectivamente, conforme surge de fs. 52 y 53. A fs. 54/57 contesta vista la aseguradora. A fs. 59 se declara la rebeldía de la firma importadora. A fs. 61 se notifica la rebeldía. A fs. 64 luce el registro de infractores. A fs. 69 con fecha 30-5-17 se dicta la resolución 3971, aquí apelada, notificada a la importadora en fecha 30-1-2020 conforme constancia de memorando acompañado por la importadora como documental en los presentes autos. A fs. 153 la actora comunica la interposición del recurso ante este Tribunal y acompaña formulario F4.
V. Que la prueba ordenada en PV-2020-87060575-APN-VOCXVIII#TFN, luce agregada en IF-2023-00429469- AFIP-SEORIM#SDGOAM. Mediante PV-2025-77877776-APN-VOCXVIII#TFN, se certifica que el periodo probatorio ha concluido, mediante PV-2025-77907355-APN-VOCXVIII#TFN se elevan los autos a la Sala “F” y pasan a alegar, agregados los alegatos respectivos, pasan los autos a sentencia.
VI. Que, en primer término, corresponde expedirse respecto del planteo de nulidad opuesto por la actora PHONEX ISOCOR S.A., vinculado a la violación al principio del debido proceso.
Que, respecto a dicho planteo, no se advierte perjuicio concreto alegado por la recurrente, la que se limita a efectuar agravios genéricos.
Que resulta así de aplicación al caso la doctrina de la C.S.J.N., que sostiene que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior. (Entre otros fallos: 205-549 y 267-393).
VII. Que, sentado ello, corresponde tratar la prescripción opuesta por la actora respecto de la acción del fisco para imponer las penas.
Que conforme lo dispuesto en los arts. 934 y 935 del CA, la acción del fisco para imponer penas prescribe por el transcurso de cinco (5) años, los que deben comenzar a computarse desde el 1° de enero del año siguiente al que se hubiere cometido la infracción endilgada, que en el caso acaeció el 17/08/2007 . Siendo ello así, el plazo de prescripción comenzó a correr desde el 01/01/2008 y su vencimiento acaecería el 31/12/2012.
Que, conforme lo dispuesto en el art. 937, inc. a), del C.A. “La prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario...”.
Que, en consecuencia, habiéndose dictado la instrucción de sumario el 30/05/2012 -fs. 43 de las actuaciones administrativas-, el curso de la prescripción penal se interrumpe, comenzando a correr nuevamente desde el 31/05/2012 hasta el 31/05/2017; por lo que habiéndose dictado la Resolución aquí apelada el 30/05/2017, la misma fue dictada en plazo.
Que, en consecuencia, corresponde rechazar el planteo de la actora en este sentido.
VIII. Que, seguidamente corresponde analizar el planteo de prescripción de la acción del fisco para exigir los tributos.
Que, el art. 803 del C.A. dispone que: 'Prescribe por el transcurso de CINCO (5) años la acción del fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera", comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que, según el art. 805, inc. a) del C.A., la prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos se suspende: "desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión".
Que, en el caso, el vencimiento de los DIT en trato, operó en fecha 17/08/2007 (hecho generador de la obligación tributaria); razón por la que comienza a correr el plazo de prescripción tributaria el 1/1/08. En consecuencia, de no mediar causales suspensivas del curso de la prescripción tributaria operaría el 31/12/12.
Que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó en fecha 30/5/2012 (ver fs. 43 de las act. adm.), por lo que se suspende el curso de la prescripción tributaria hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción.
Que, hasta ese momento habían transcurrido 4 AÑOS 4 meses y 29 dias del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 7 meses y 30 días, los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
Que en el caso, la resolución aduanera aquí apelada se dictó el 30/05/2017.
Que respecto a la notificación de la resolución aduanera, el C.A. no posee disposición alguna que imponga un plazo al servicio aduanero para notificar la resolución dictada, que al respecto, cabe recordar que el art. 1017 del C.A. dispone que “1. Las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos se aplicarán supletoriamente en los procedimientos que se cumplieren ante el servicio aduanero.”
Que en cuanto a las notificaciones, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos dispone que “(…) las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas.”
Que tal como interpretó este Tribunal (Sala “F”) en el precedente ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación” -expediente EX-2019-112544550- -APN- SGASAD#TFN “(…) la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en el referido artículo 40 no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana y armónica interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inciso a), del CÓDIGO Aduanero, sólo opera hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.”
Que, en consecuencia, el curso de la prescripción de la acción tributaria "continuó" desde el 6-6-17. Es decir, que desde allí comenzaron a correr los 7 meses y 30 días que restaban para completar el plazo prescriptivo. Que, dicho plazo se cumplió el 30/01/18, sin que se hubiera producido en el transcurso del mismo, algún otro acto suspensivo o interruptivo.
Que la resolución en trato fue notificada a la importadora por memorándum el día 3/2/2020, conforme la constancia acompañada por la actora en esta instancia mediante RE-2020-11220156-APN-SGASAD#TFN, es decir, cuando ya había vencido ampliamente el plazo prescriptivo por lo que no pudo tener el efecto interruptivo previsto por la norma.
Que, con fundamento en todo lo antes expuesto, corresponde declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos, con costas.
IX. Que atento a lo dispuesto en el considerando VIII (rechazo de la prescripción penal), corresponde resolver si se configuró la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A. solo respecto de la multa impuesta a la aquí actora en relación a la mercadería ingresada temporariamente mediante la operación N° 06 001 IT14 005813 ítem 1.
Que no resulta controvertido en autos que mediante el DIT 06 001 IT14 005813 ítem 1, la actora documento la importación temporaria de 21.541 kilogramos de mercadería que clasifica en la PA 7211.23.00.900B, “Los demás- Con un contenido de carbono inferior al 0,25% en peso- Simplemente laminados en frío: PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA INFERIOR A 600 mm SIN CHAPAR NI REVESTIR”.
Que cabe recordar que el legislador, al regular el instituto de admisión temporaria, expresamente consideró que se trata de un régimen en el que el importador temporario queda sometido, desde el mismo momento del libramiento de la mercadería, a la obligación de exportarla y/o importarla para consumo con anterioridad al vencimiento del plazo fijado (art. 250 y 271 del C.A.).
Que, por su parte, el régimen del decreto 1439/96, bajo cuyos términos se documentó el despacho de importación que nos ocupa, recepta el mismo principio, permitiendo, a quien se acoge a sus disposiciones, importar en forma temporaria mercadería destinada a ser utilizada en un proceso industrial en el país y exceptuarse del pago de los tributos que gravan la importación para consumo de dicha mercadería -con excepción de las tasas retributivas de servicios-.
Que, en consecuencia, para considerar que el importador temporario cumplió debidamente con el régimen especial del decreto 1439/96 y que no incurrió en la infracción prevista en el art. 970 del C.A., debe hallarse acreditada la exportación de la mercadería importada en forma temporaria y posteriormente transformada en producto final o, en su caso, la importación para consumo de la misma, dentro del plazo acordado. Resulta claro que, tratándose de un régimen de excepción mediante el cual quien se acoge a sus disposiciones obtiene un beneficio tributario, la carga de la prueba recae en el importador o en su garante.
Que la única forma de acreditar la salida de la mercadería introducida temporariamente es mediante los permisos de embarque en los cuales se deje constancia de que, en la elaboración de la mercadería que allí se documenta, se utilizaron los insumos importados por la destinación que se individualiza. Los datos necesarios para la comprobación de la reexportación de los insumos deben estar documentados de forma clara y correcta, de manera que no quepan dudas acerca de la identidad de la mercadería y su valor.
X. Que, en consecuencia, debe efectuarse un examen de los documentos aportados en la presente causa para verificar si los mismos resultan suficientes para acreditar la cancelación del D.I.T. involucrado en autos. Que, en la decisión bajo análisis, el servicio aduanero consideró que la firma no regularizó dentro del plazo de permanencia otorgado la situación de la mercadería introducida temporalmente mediante el despacho de importación mencionado ut-supra- en relación a 7.454,21 kilogramos de la mercadería importada toda vez que debería haber documentado una destinación IC81, en lugar de la destinación 07 001 IC83 000117K. Que del análisis de la documentación obrante en las actuaciones administrativas y en los presentes actuados, surge que:
Respecto del DIT 06 001 IT14 005813 F, oficializado el 16/08/2006, no hay mercadería en infracción toda vez que el despacho de importación a consumo 07 001 IC83 000117 K oficializado el 16/08/2007, canceló la importación temporaria de 7.454,21 kilogramos; por lo que acreditó la reexportación de la cantidad respecto de la cual la aduana le imputaría la infracción al art. 970 del C.A.
Que, respecto al argumento de la aduana en relación a los subregimenes utilizados por la actora, cabe destacar que la misma importó para consumo la mercadería importada temporariamente sin transformarla, en consecuencia, el subregimen utilizado condice con la operación efectuada.
Por lo que corresponde revocar la multa impuesta por el servicio aduanero.
Que ello así, no corresponde tratar los demás agravios esgrimidos por la actora.
Por todo lo expuesto, VOTO POR:
1. Declarar la prescripción tributaria con costas al fisco.
2. Revocar la resolución DE PRLA 3971/17, dictada en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 12197- 15731-2007, en cuanto le impone una multa a la firma PHONEX ISOCOR SA S.A. por la comisión de la infracción prevista en el Art. 970 del CA.
3. Imponer las costas a la Aduana (Art. 1163 del CA).
El Dr. Pablo Garbarino dijo:
Adhiero al voto del Dr. Segura.
El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
Hago propio el relato de los hechos y de la prueba acollarada efectuados por el Sr. Vocal preopinante, a cuyas constancias me remito en mérito a la brevedad.
En segundo término, no comparto la solución propiciada por el Sr. Vocal instructor en punto a la prescripción de la acción fiscal. Por aplicación del artículo 805, inciso a), del Código Aduanero, la suspensión del curso prescriptivo cesa únicamente cuando la decisión que habilita la acción deviene firme; y la firmeza exige notificación válida y el transcurso del plazo recursivo. Computar desde el mero dictado de la decisión —sin notificación— prescinde de ese presupuesto y desnaturaliza el propio texto legal.
Este entendimiento encuentra su estamento jurisprudencial basal en la Corte Suprema: en “Wonderland S.A.” (Fallos 332:1109)1, el Tribunal afirmó que la prescripción —como límite al poder estatal— debe aplicarse con criterio estricto y no puede fundarse en actos carentes de eficacia por falta de notificación. Dicho estándar impide iniciar el cómputo a partir de actos que no han adquirido firmeza por ausencia de comunicación válida al interesado; lógica congruente con el diseño del art. 805, inc. a), C.A. A mayor abundamiento, el DNU 70/2023 se cita aquí sólo como confirmación interpretativa de esa lectura.
Aplicado al sub lite: antes de la notificación de la resolución recurrida, no podía tenerse por firme la decisión habilitante. Por ende, el término invocado al efecto no se encuentra cumplido.
Superada la cuestión de la prescripción y conforme las constancias cuya reseña efectúa el preopinante —a las que me remito—, de la prueba instrumental surge que la obligación cuyo incumplimiento se reprocha fue material y oportunamente cumplida por la actora. No se verifican desvíos objetivos ni remanentes exigibles que sostengan la pretensión fiscal en los términos de la resolución apelada.
No obstante lo reseñado respecto de mi criterio sobre la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos, en razón de lo detallado por el Dr. Segura —de cuyas constancias me hago cargo—, destaco el buen tino del Vocal que advierte que la obligación cuyo incumplimiento se reprocha ha sido debidamente cumplida por la actora; por ello, voto por revocar in totum la resolución recurrida.
En materia de costas rige el principio objetivo de la derrota (o de causalidad): desestimada la pretensión fiscal, corresponde imponerlas a la Dirección General de Aduanas, no advirtiéndose motivos para apartarse de dicho criterio.
Por ello, voto:
1. Rechazar el planteo de prescripción propuesta, por no haberse acreditado el cumplimiento del plazo computado conforme el artículo 805, inciso a), del Código Aduanero.
2. Hacer lugar al recurso de la parte actora y revocar in totum la resolución recurrida, en cuanto tuvo por incumplida la obligación verificada como cumplida en autos.
3. Imponer las costas a la Dirección General de Aduanas (DGA), por aplicación del principio objetivo de la derrota/causalidad.
Que, en virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Declarar la prescripción tributaria con costas al fisco.
2. Revocar la resolución DE PRLA 3971/17, dictada en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 12197-15731-2007, en cuanto le impone una multa a la firma PHONEX ISOCOR SA S.A. por la comisión de la infracción prevista en el Art. 970 del CA.
3. Imponer las costas a la Aduana (Art. 1163 del CA).
Suscriben la presente los Dres. Horacio Joaquín Segura (vocal subrogante de la vocalía 18), Pablo Adrián Garbarino y Christian Marcelo González Palazzo.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2025.09.08 17:09:05 ART Date: 2025.09.10 15:24:38 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.09.11 18:28:52 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.09.11 18:29:46 -03:00
Fin de la sentencia