Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la determinación de oficio apelada en autos en todos su términos, con costas.
I. Que mediante RE-2024-56677559-APN-SGAI#TFN la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 33/2024, dictada en fecha 08/05/2024, por el Sr. Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Oeste de la A.F.I.P-D.G.I., en virtud de la cual se dispuso determinar de oficio la obligación del recurrente frente al Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia (“ASE”) período fiscal 2020, con más intereses resarcitorios, y aplicar multa equivalente al 100% del impuesto presuntamente omitido en los términos del art. 45 de la ley 11.683.
En un primer lugar, sostiene que la normativa en que se sustenta la resolución infringe la garantía de no confiscatoriedad y violenta el derecho de propiedad. A su vez, alega la ilegitimidad de la resolución en su aplicación al caso concreto, en tanto el impuesto reclamado superaría holgadamente el límite razonable de presión fiscal, en la medida en que absorbería todas las utilidades generadas por los bienes de la actora en el año 2020, afectando incluso su capital.
Señala que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación también dijo que el alegado vicio de confiscatoriedad puede producirse no sólo con relación a un único impuesto, sino también en hipótesis de múltiple imposición. Pone en conocimiento que se encuentra en trámite una acción declarativa de certeza ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal nº 11, caratulado “Picasso, Luis A. c/EN-AFIP-DGI s/Dirección General Impositiva” (Expte. Nº 36699/2022).
Esgrime que, el ASE actúa como una sobre tasa del impuesto sobre los bienes personales en tanto grava idéntico hecho imponible.
Ataca la aplicación de una alícuota incrementada a los bienes situados en el exterior, dispuesta por la ley 27.605, indicando que resultaría lesiva del principio de capacidad contributiva, por cuanto la ubicación territorial de éstos no resultaría una pauta razonable para establecer una diferente categorización en el tributo, en tanto esa circunstancia no es indicativa de capacidad contributiva alguna. A su vez infringiría el principio de igualdad en materia tributaria y constituiría un trato discriminatorio respecto de quienes tienen un activo de igual dimensión, pero ubicado en otro lugar geográfico. Sobre este punto marca que vulneraría la garantía de razonabilidad de las leyes.
Se agravia sobre la valuación otorgada a los inmuebles sitos en la localidad de BELLA VISTA sosteniendo que resulta impugnable la valoración atribuida –a efectos de la liquidación del tributo creado por la Ley 27.605- al inmueble identificado como “casa habitación Bella Vista”. Manifiesta que no hay ninguna explicación del motivo por el que se decidió prescindir de la valoración resultante de la aplicación de las normas contenidas en el Título VI de la Ley 23.966 (indicada a fs. 25 de las actuaciones administrativas, por la suma de $ 1.940.571,01), adoptando en su lugar el valor declarado en la liquidación del Impuesto sobre los Bienes Personales correspondiente al período fiscal 2020.
Indica que la planilla agregada a fs. 25 de las actuaciones administrativas reflejan dos posibles valoraciones para cada uno de los cuatro inmuebles de propiedad de la actora, una teniendo en cuenta la valuación fiscal del año 2017 ajustada al año 2020, y otra teniendo en cuenta el valor declarado en la liquidación del Impuesto sobre los Bienes Personales del período 2020.
Alega que el Fisco utilizó el mayor valor correspondiente a cada inmueble, siguiendo un criterio puramente recaudatorio, alejado por completo de la letra de la Ley que debía aplicar, y basado únicamente en la voluntad del funcionario que firmó el acto. Luego, señala que resultaría inadmisible la inclusión de los anticipos como bienes integrantes de la categoría “otros bienes muebles”.
Plantea la improcedencia de la sanción aplicada, ante la manifiesta inexistencia de una conducta pasible de sanción. Por último, ofrece prueba, reserva la cuestión federal y solicita se revoque el acto apelado, con costas.
II. Que mediante IF-2024-89025222-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional contesta el recurso y niega todos y cada uno de los hechos alegados por la recurrente.
En primer lugar, el representante fiscal hace una breve reseña normativa de la ley N° 27.605. En relación con los alegados planteos de inconstitucionalidad, recuerda el valladar que representa el artículo 185 de la ley de rito fiscal.
Indica que la crisis queda de manifiesto con las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud y, los debates parlamentarios de la sanción de la ley 27.541. Señala que tanto la pandemia del Covid-19 como el ASPO (Aislamiento Social Preventivo Obligatorio), han traído importantes consecuencias a nivel económico y social impactando principalmente sobre el sector productivo del país y sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, agravando la situación de emergencia en la que ya se encontraba nuestro país.
Seguidamente, destaca que al aporte bajo estudio se le ha dado el carácter de “solidario”, pues se estableció con el fin primordial de morigerar los efectos adversos que trajo aparejada la pandemia del Covid 19.
Se apoya en el principio constitucional del “bien común”, cita los arts. 75 inc. 2, 8, 19 y 22, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Cita doctrina y jurisprudencia.
En torno a la naturaleza jurídica del aporte, manifiesta que se enmarca en las contribuciones previstas en el art. 4 de la Constitución Nacional, a la vez que las mismas se erigen como uno de los recursos de los que dispone el Estado para hacer frente a los gastos de la Nación, gastos que -como se sabe- sufrieron un impacto por un hecho sin precedentes en la historia moderna, como es la pandemia producida por el Covid-19 y la propagación de tal enfermedad.
Seguidamente alega, que de conformidad con el artículo 28 de la CN, la inexistencia de derechos absolutos en nuestro sistema constitucional y de derechos adquiridos a un mantenimiento de las leyes.
En punto a ello, afirma que no existe afectación a garantías constitucionales, sino una reglamentación u ordenación del ejercicio de derechos en los términos del artículo 28 CN, pues no existe un derecho adquirido a que no se altere el régimen normativo del país. Cita jurisprudencia.
En respuesta a la ilegitimidad y confiscatoriedad alegada indica que el legislador decidió, para el Aporte, extraordinario y con fines específicos, a los fines de hacer frente a la pandemia, considerar el “patrimonio” del contribuyente, no su renta, sopesando que el mismo representa una exteriorización de capacidad contributiva, tal entendida como manifestación de riqueza- en atención a la potencialidad que el mismo ofrece para ser considerado en esta cuestión solidaria-.
Concluye al respecto que, el análisis relacionado con la magnitud de la carga en cuestión debe hacerse con relación al valor de los mismos y no a su utilidad económica.
Manifiesta que, no resulta procedente el análisis que la actora intenta a propósito de la rentabilidad que habría obtenido a lo largo del año 2020. Si los elementos del ASE se encuentran correctamente definidos y no se aprecia una valoración arbitraria o irrazonable, entonces no corresponde mayor análisis.
Subsidiariamente destaca que el planteo de la actora es incongruente teniendo en cuenta el criterio temporal utilizado en la Ley 27.605, en tanto no es una obligación de carácter anual; por el contrario, es de índole extraordinaria y por única vez.
Por otro lado, señala que debería considerarse a la totalidad de las rentas generadas desde la última vez que la actora se haya visto incidida por una obligación de carácter extraordinario. En tal sentido, manifiesta que el antecedente más cercano relacionado con una obligación de carácter extraordinario que pueda compararse es el Impuesto a las Altas Rentas según Ley 25.329 del año 1999.
Complementariamente, indica que resulta inconducente vincular una obligación exigible por única vez como lo es el ASE con un criterio temporal anual (rentas desde el 01/01/2020 al 31/12/2020) como lo pretende la actora. Manifiesta que toda la prueba rendida u ofrecida por la parte actora no alcanza para demostrar que el régimen impugnado es inconstitucional, atento la cuantía y el volumen de su patrimonio, y su ineficacia al momento de demostrar adecuadamente que ello le producirá un daño irreparable.
Indica que, contrariamente a lo sostenido el aporte solidario se aplica sobre los activos del contribuyente y no sobre la renta. Por lo tanto, el análisis relacionado con la magnitud de la carga en cuestión debe hacerse con relación al valor de los mismos y no a su utilidad económica.
En respuesta al agravio en torno a la valuación de los inmuebles radicados en la localidad de Bella Vista señala que quedó plasmado en el actuar del organismo frente al contribuyente, que solicitó la documentación en varias oportunidades y el contribuyente no la aportó.
Expone que el contribuyente, contando en la instancia administrativa con amplias posibilidades para aportar pruebas, limitó su accionar a expresar su queja sobre el criterio utilizado para la valuación de los inmuebles mediante el escrito de descargo presentado, sin acercar documentación respaldatoria alguna, esto es, las escrituras de compra de los inmuebles cuestionados para su comparación con las valuaciones fiscales de los mismos. Respecto a los anticipos ingresados a cuenta del impuesto sobre los Bienes Personales afirma que, al haber sido absorbidos por el propio impuesto determinado, no corresponde incluirlos dentro de la base imponible. Luego, en torno al principio de capacidad contributiva considera que no ha sido vulnerado, en tanto afirma que el aporte fue creado en armonía con dicho principio y pensado para patrimonios que reflejan mayores manifestaciones de riqueza, contribuyan a atenuar las repercusiones que implicó y que implica la enfermedad del COVID-19, que -como se dijo- trajo importantes consecuencias sobre distintos sectores del país. Siendo que este instituto refiere a una cuestión esencialmente basada en hechos y pruebas, afirma que la parte actora no ha acreditado de qué manera se vería conculcado este principio a partir de las constancias de la causa. Cita doctrina y jurisprudencia.
Finalmente sostiene la procedencia de los intereses resarcitorios liquidados e intimados y la existencia de mora culpable y la procedencia de la multa aplicada.
Acompaña los antecedentes administrativos, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
Por lo expuesto, solicita que se rechace el recurso impetrado, confirmando en todas sus partes la resolución recurrida, con costas.
III. Que a través de la PV-2024-106421221-APN-VOCV#TFN se abre la causa a prueba, ordenando la producción del informe pericial, el que se encuentra agregado en IF-2025-09939372-APN-DTD#JGM. A través de la PV-2025-18228827-APN-VOCV#TFN se clausura el período probatorio y se elevan los autos a consideración de la sala “B”, la que mediante IF-2025-26789764-APN-VOCV#TFN los pone para alegar, habiendo hecho uso de su derecho solamente el Fisco Nacional. Finalmente, mediante IF-2025-37815841-APN- VOCV#TFN se llaman los autos para sentencia.
IV. Que del análisis de las actuaciones administrativas y del Informe Final obrante a fs. 55/60 del IF-2024- 92507861-APN-DTD#JGM, se observa que ante la falta de presentación por parte del contribuyente, de la declaración jurada requerida para la liquidación del monto en concepto de Aporte Solidario y Extraordinario la Administración Ley 27.605, se generó la Orden de Intervención N° 1.928.508 y remitió al recurrente F 8.000/1 y F 8600/1 en fecha 11/05/2021, requiriendo información para hacerse de la documentación necesaria para verificar los datos y determinar la correspondencia de la realización del aporte solidario y extraordinario. En fecha 27/05/2021 la actora respondió el requerimiento formulado, observando que no procedió a la presentación de la declaración jurada del aporte en virtud de que la aplicación del impuesto creado por ley 27.605 resulta inconstitucional, aportando la documentación requerida con excepción de la documentación relativa a los bienes inmuebles, a su vez manifiesta que se encuentra en trámite una acción declarativa de certeza ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal nº 11, caratulado “Picasso, Luis A. c/EN-AFIP-DGI s/Dirección General Impositiva” (Expte. Nº 36699/2022), El 15/06/2021 se aportan Estados Contables de la firma Central de Inversiones Carilo S.A. al 31/10/2020. Posteriormente –conf. se encuentra descripto a fs. 57vta./59 del informe final -, del análisis de la documental aportada, las consultas efectuadas y de la declaración jurada de bienes personales aportada por la actora, se confeccionaron papeles de trabajo –vide fs. 25 y 47 de los papeles de trabajo- con el detalle de bienes radicados en el país y en el exterior, verificándose la valuación de bienes radicados en el país y el conjunto de bienes en el exterior al 18/12/2020.
Para la determinación de la valuación de bienes inmuebles la inspección actuante efectuó los procedimientos detallados a fs 57vta./59, de los cuales se desprende que para los bienes inmuebles “OTROS INMUEBLES BELLA VISTA” y “COUNTRY, QUINTAS, ETC TIGRE” se utilizó la valuación fiscal 2017 por el índice de actualización al 18/12/2020.
A ese momento la inspección determinó el aporte. En fecha 08/03/2023 se puso a consideración del contribuyente el aporte determinado, no conformándose el ajuste, dando lugar con posterioridad a la determinación de oficio apelada en autos.
V. Que, reseñadas las actuaciones administrativas, corresponde desentrañar si la resolución apelada se encuentra ajustada a derecho.
En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
Previo a adentrarnos en las particularidades de la causa conviene resumir, en su parte pertinente, la normativa involucrada.
Así, el artículo 1° de la Ley 27.605 publicada en el Boletín Oficial el 18/12/20 dispone “Créase, con carácter de emergencia y por única vez, un aporte extraordinario, obligatorio, que recaerá sobre las personas mencionadas en el artículo 2° según sus bienes existentes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, determinados de acuerdo con las disposiciones de la presente ley”.
Por su parte, el artículo 2° establece que “Se encuentran alcanzadas por el presente aporte: a) Las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior, comprendidos y valuados de acuerdo a los términos establecidos en el título VI de la ley 23.966, de impuesto sobre los bienes personales, texto ordenado en 1997 y sus modificatorias, independientemente del tratamiento que revistan frente a ese gravamen y sin deducción de mínimo no imponible alguno, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley (...)”.
El art. 3° aclara que “Para los sujetos alcanzados en virtud de lo dispuesto en el inciso a) del artículo 2° de la presente ley, la base de determinación allí mencionada se calculará incluyendo los aportes a trusts, fideicomisos o fundaciones de interés privado y demás estructuras análogas, participación en sociedades u otros entes de cualquier tipo sin personalidad fiscal y participación directa o indirecta en sociedades u otros entes de cualquier tipo, existentes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley”.
En ese sentido, la ley 27.605 en su art. 1° crea, con carácter de emergencia y por única vez, un aporte extraordinario, obligatorio, que recaerá sobre las personas mencionadas en el artículo 2°, según sus bienes existentes a la fecha de entrada en vigencia de esa ley, determinados de acuerdo con las disposiciones de la misma, estableciendo un mínimo exento por debajo de los $ 200.000.000.
Cabe señalar en primer término que sin perjuicio del nomen iuris utilizado por el legislador, el Aporte Solidario y Extraordinario creado por la Ley 27605 se encuentra incluido dentro del concepto de “contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General” a las que refiere el artículo 4 de la Constitución Nacional. En efecto, se trata de “una suma de dinero que obligatoriamente han de sufragar algunos sujetos pasivos determinados por la norma, en función de ciertas consideraciones de capacidad para contribuir, y que se halla destinada a la cobertura de los gastos públicos” (CSJN, in re “Cladd Industria Textil S.A. Y otro c/Estado Nacional -SAGPYA resol. 91/03”, sentencia del 4/8/2009; “Camaronera Patagónica S.A. C/Ministerio de Economía y otros s/amparo”, del 15/4/2014).
Tiene dicho el Alto Tribunal que, para arribar a la caracterización de un tributo, cabe prescindir de la denominación asignada por las normas y atender sólo a su naturaleza, pues no se trata de un problema terminológico sino sustancial (Fallos 303:640); y que para definir su carácter debe estarse a la realidad de las cosas y a la manera como incide (Fallos 280:176).
En ese sentido, el Máximo Tribunal ha dicho que “la norma define un presupuesto de hecho que, al verificarse en la realidad del caso concreto, da origen a la obligación de ingresar al erario público una suma de dinero, en las condiciones establecidas por ella, siendo que tal obligación tiene por fuente un acto unilateral del Estado y que su cumplimiento se impone coactivamente a los particulares afectados, cuya voluntad carece, a esos efectos, de toda eficacia” (CSJN, in re “HORVATH, Pablo c/Nación Argentina”, Fallos 318:676, sentencia del 4/5/1995). En función de esa doctrina jurisprudencial cabe concluir que de las previsiones de la ley como de las de su decreto reglamentario, surge que el Aporte en cuestión constituye una contribución de carácter pecuniario, obligatoria, impuesta unilateralmente por el Estado mediante el dictado de una ley en sentido formal, dictada por el Congreso Nacional según el procedimiento consagrado en la Constitución Nacional, en circunstancias excepcionales en el contexto de una emergencia sanitaria.
El destino de los fondos recaudados no desvirtúa la naturaleza tributaria de la obligación pecuniaria creada por la Ley 27.605. Tampoco la clasificación formulada por la Secretaría de Hacienda mediante la resolución 22/2021, que en su artículo 1° dispone incorporar “... el concepto ‘12.9.4 Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia’ en la clase ‘12.9 Otros’ del tipo ‘12. Ingresos no tributarios’ del clasificador de recursos por rubros”, forma obstáculo para considerar al aludido aporte como un tributo, dadas las circunstancias apuntadas más arriba en orden a la real naturaleza de dicho aporte–que se subsume en los términos que definen el tributo- (véase CNCAF, Sala I, en los autos “T.,S. c/ EN -AFIP- ley 27605 s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 29 de marzo de 2022). En definitiva se trata de una calificación que conduce a un encuadre y tratamiento administrativo de los recursos obtenidos como resultado de la aplicación de la gabela, que carece de virtualidad y efectos a los fines de mudar la naturaleza y rasgos esenciales de la misma -definidos por vía legal-, proceder que por lo demás, le está vedado llevar a cabo al Poder Ejecutivo por vía reglamentaria (en tal sentido, CNCAF, Sala II, in re “Tarasido, Germán Enrique Ignacio c/ EN AFIP Ley 27605 s/Amparo Ley 16.986, sentencia del 14/02/2023).
Ahora bien, entrando al análisis de los agravios constitucionales esbozados por la parte actora, los que deben ser analizados en esta instancia en el marco de lo dispuesto por el artículo 185 de la Ley 11683, debe recordarse que tal como ha señalado reiteradas veces nuestro Máximo Tribunal la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico; por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados (Fallos: 345:951).
La Corte Suprema sostuvo que “el control de constitucionalidad, aunque debe preservar el derecho de propiedad en el sentido lato que le ha adjudicado esta Corte, encuentra fundamento en que tal derecho –cuya función social se ha de tener presente- se halla con la medida de la obligación de contribuir a las necesidades comunes que pueden imponerse a sus titulares por el hecho de serlo” (Candy S.A. c/ AFIP y otro s/ acción de amparo”, del 3/07/2009).
La Corte ha dicho también que “…escapa a la competencia de los jueces pronunciarse sobre la conveniencia o equidad de los impuestos o contribuciones creados por el Congreso Nacional o las legislaturas provinciales (Fallos: 242:73; 249:99; 286:301). Salvo el valladar infranqueable que suponen las limitaciones constitucionales, las facultades de esos órganos son amplias y discrecionales de modo que el criterio de oportunidad o acierto con que las ejerzan es irrevisable por cualquier otro poder (Fallos: 7:331; 51:349; 137:212; 243:98). En consecuencia, aquéllos tienen la atribución de elegir los objetos imponibles, determinar las finalidades de percepción y disponer los modos de evaluación de los bienes o cosas sometidos a gravamen siempre que, conviene reiterarlo, no se infrinjan preceptos constitucionales (Fallos: 314:1293)” (“HERMITAGE S.A. C/ PEN – MeyOS”, 15/06/2010).
En cuanto al agravio de afectación al principio de igualdad, cabe señalar que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema en la materia, cabe considerar la condición de las personas que soportan los impuestos en orden al carácter y magnitud de la riqueza (arg. Fallos: 207:270). Cabe recordar que la igualdad en materia tributaria alude a establecer gravámenes idénticos a los contribuyentes en condiciones análogas (arg. Fallos: 138:313), lo cual comporta la consecuencia de que todas las personas sujetas a una legislación específica sean tratadas del mismo modo, siempre que se encuentren en idénticas circunstancias y condiciones (arg. Fallos: 149:417).
Así pues, en el precedente “Unanué” (Fallos: 138:313) se dejó sentado que: “...la igualdad preconizada por el artículo 16 de la Constitución, importa, en lo relativo a impuestos, establecer, que en condiciones análogas deberán imponerse gravámenes idénticos a los contribuyentes. Fallos: tomo 132, página 198 y los allí citados. Que en ese mismo orden de ideas ha dicho la Suprema Corte de los Estados Unidos que la garantía constitucional mencionada no se propone erigir una regla férrea en materia impositiva, sino impedir que se establezcan distinciones, con el fin de hostilizar o favorecer arbitrariamente a determinadas personas o clases como serían si se hicieran depender de diferencias de color, raza, nacionalidad, religión, opinión, política u otras consideraciones que no tengan relación posible con los deberes de los ciudadanos como contribuyentes (Bell's Gap Railward Cº.V. Pennsylvania 134 U. S. 232). Que, en consecuencia, cuando un impuesto es establecido sobre ciertas clases de bienes o de personas debe existir alguna base razonable para las clasificaciones adoptadas, lo que significa que debe haber alguna razón sustancial para que las propiedades o las personas sean catalogadas en grupos distintos (Cooley On Taxation 3ª ed. página 75 y siguientes; Willonghby, On The Constitución, página 593)”. En el precedente “Drysdale” (Fallos: 149:417), la CSJN afirmó: “Que la igualdad ante la ley impuesta en el precepto citado, comporta la consecuencia de que todas las personas sujetas a una legislación determinada dentro del territorio de la Nación, sean tratadas del mismo modo, siempre que se encuentren en idénticas circunstancias y condiciones. Y en materia impositiva esta Corte ha establecido reiteradamente que la observancia de aquél principio se cumple cuando en condiciones análogas se imponen gravámenes iguales a los contribuyentes”.
Asimismo corresponde señalar que en lo relativo al principio de capacidad contributiva, se ha señalado en distintos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la misma debe ser entendida como la potencialidad de contribuir a los gastos públicos que el legislador atribuye al sujeto particular, a partir de la existencia de una riqueza en su posesión, siendo que constituye la causa jurídica del tributo (conf. Jarach, Dino, El Hecho Imponible, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1996, ps. 85/86, 91, 102/103, 119; citado por la Sala III de la CNCAF en la causa 5267/2021; P., S. O. c/ EN-MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OTRO s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO).
En el caso de la Ley 27.605, que aquí nos ocupa, se advierte que el hecho imponible ha sido establecido en base a un criterio de manifestación directa de capacidad contributiva, disponiendo que cada persona contribuya en proporción a su potencial aptitud para hacerlo en virtud de la existencia de un determinado patrimonio, y siendo que la contribución será igual para todas las personas de igual capacidad contributiva. Ello así, es dable concluir en la ausencia de arbitrariedad en las clasificaciones realizadas por el legislador al definir el hecho imponible. Dicho ello, cabe analizar el agravio sustentado por la parte en cuanto a la pretendida confiscatoriedad del aporte determinado por el Fisco Nacional.
En particular, en relación al supuesto de confiscatoriedad, se ha señalado inveteradamente que, para que ésta exista, debe producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital (Fallos: 242:73 y sus citas; 268:56; 314:1293; 322:3255, entre muchos otros). Asimismo, en todos los casos en que se ha hecho lugar a tal planteo, se ha puesto especial énfasis en la actividad probatoria desplegada por la parte actora, requiriendo una prueba concluyente a efectos de acreditar la mentada confiscatoriedad (Fallos: 220:1082, 1300; 239:157; 314:1293; 322:3255, entre otros). Bajo tales pautas, y como ha dicho esta Sala B en otros antecedentes (Casino de Misiones, del 19/07/2019), debe interpretarse que la confiscatoriedad no puede ser establecida sino a consecuencia del análisis detenido de las circunstancias de hecho que condiciona su aplicación, en definitiva, la violación del derecho constitucional de propiedad no puede resultar sino de la prueba de absorción por el Estado de una parte sustancial de la renta o del capital gravado, debiendo estarse al valor real de los bienes, no a su valuación fiscal, y considerar su productividad posible, esto es, su capacidad productiva potencial (Fallos: 314:1293 ya citado y sus citas). En esa línea conceptual se ha establecido asimismo, que la comprobación del índice de productividad es "siempre indispensable" (Fallos: 209:114) o un "elemento de juicio primordial e insustituiblemente necesario para estimar de un modo concreto y objetivo la gravitación del impuesto" (Fallos: 220:1082).
También se ha sostenido que la doble imposición no importa por sí misma violación constitucional (Fallos: 210:500, 257:127, 263:534, 327:1729, entre otros).
Cabe considerar que la manifestación de capacidad contributiva escogida por el legislador para establecer el ASE es el capital, patrimonio o riqueza –aunque únicamente sobre los bienes-, por lo que no cabe considerar las rentas o ganancias reales que haya obtenido la recurrente, como elementos para establecer la posible confiscatoriedad en este tributo patrimonial.
En ese sentido, la Corte ha dicho que “la presunta conformidad de las leyes nacionales o provinciales con las normas constitucionales, que es el principio cardinal de la división, limitación y coordinación de los poderes en nuestro régimen institucional, no debe ceder -por transgresión a ese principio y a esas normas- sino ante una prueba contraria tan clara y precisa como sea posible y particularmente cuando se trata de impuestos creados por el Poder Legislativo en virtud de sus facultades no discutidas, cabe tener presente que el exceso alegado como violación de la propiedad debe resultar no de una mera estimación personal, aunque ella emane de peritos ilustrados y rectos, ni de circunstancias puramente accidentales y eventuales, sino de una relación estimada entre el valor del bien gravado y el monto de ese gravamen, al margen de accidentes transitorios y circunstanciales sobre la producción el aprovechamiento de aquél” (Fallos 207:238; replicado por la Corte en “Gómez Alzaga, Martín Bosco c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ inconstitucionalidad”, sentencia del 21/12/1999).
En definitiva, en palabras de la Corte (in re “Gómez Álzaga”, antes citado), “...surgen principios básicos aplicables en casos semejantes: a) el carácter confiscatorio de los tributos debe relacionarse con el valor real y actual del bien o su potencialidad productiva; b) esta apreciación de una situación fáctica no debe surgir de una mera calificación pericial de la racionalidad presunta de la explotación sino de la comprobación objetiva de los extremos indicados precedentemente; y c) la acreditación del agravio constitucional debe ser clara y precisa, esto es, inequívoca.” (el destacado es propio).
Es por ello que la posible consideración de las rentas potenciales en el análisis de confiscatoriedad del ASE, sería viable frente a la intención de establecer una valuación de determinados bienes, a partir de la potencialidad de rentas –flujos futuros de rentas estimadas-, cuando dicha valuación difiera de la valuación fiscal establecida a los fines de este Aporte.
Nada de ello se encuentra debidamente acreditado en las presentes actuaciones.
En efecto, entrando al análisis del informe pericial producido en autos, los puntos de pericia propuestos por la parte actora están dirigidos a que los expertos determinen el ASE, informen el porcentaje de la renta declarada por el contribuyente en el período fiscal 2020 y el porcentaje de renta declarada por los bienes que se consideran gravados por el ASE en el mismo período, que sería absorbida por el pago del ASE y la sumatoria del Impuesto a los Bienes Personales e Impuesto a las Ganancias de ese período y el ASE (puntos e) al j) del Informe Pericial IF- 2025-09939372-APN-DTD#JGM).
En ese sentido, corresponde señalar que no se advierte que del informe pericial contable producido en las presentes actuaciones y la certificación contable acompañada, hayan arrimado la información que se ha estimado necesaria a la luz de la doctrina emanada en los fallos citados anteriormente, habida cuenta que nada dice respecto del valor potencial estimado de sus bienes a partir de los flujos de rentas o ingresos que producirían aquellos bienes. Es decir, no se encuentra acreditado que el importe del ASE determinado por el Fisco Nacional, implique una absorción sustancial de los bienes alcanzados por aquél, en los términos requeridos en los precedentes jurisprudenciales de nuestro Alto Tribunal antes citados.
Por otro lado, y en torno al agravio donde la actora alega que el Fisco utilizó el mayor valor correspondiente a cada inmueble, siguiendo un criterio puramente recaudatorio, alejado por completo de la letra de la ley que debía aplicar, y basado únicamente en la voluntad del funcionario que firmó el acto, toda vez que a su entender corresponde valuar los bienes inmuebles situados en el país, o bien conforme valuación fiscal actualizada o bien conforme valor residual, corresponde señalar que la tarea del fisco nacional a la hora de explicitar los procesos desarrollados para arribar al ajuste en cuestión, han sido escasamente descriptos tanto a lo largo de la fiscalización como en la etapa determinativa.
Ahora bien, a pesar de ello el decreto reglamentario de la ley del impuesto sobre los bienes personales N° 127/96 en su artículo 14 reza: “A los efectos de la aplicación de lo dispuesto en el cuarto párrafo del inciso a) del artículo 22 de la ley, el contribuyente del gravamen deberá tomar en consideración, para cada uno de los inmuebles de los que sea titular, el valor determinado de acuerdo con las normas contenidas en el primero y segundo párrafos del inciso citado, o el de la base imponible fijada al 31 de diciembre del año por el que se liquida el gravamen a los efectos del pago de los impuestos inmobiliarios o tributos similares, el que sea mayor. El valor establecido para los inmuebles según lo dispuesto en los párrafos mencionados, al solo efecto de esta comparación, deberá únicamente incluir el atribuible a aquellos edificios, construcciones o mejoras que hayan sido tomados en consideración para determinar dicha base imponible. Aquellos no tomados en cuenta para la aludida determinación, deberán computarse al valor establecido según los mencionados párrafos.” (el destacado es propio).
Que, como derivación lógica de la normativa transcripta, corresponde confirmar el criterio fiscal para la valuación de los bienes inmuebles situados en el país. En efecto, tal como surge del IF-2024-92508609-APN-DTD#JGM en reiteradas oportunidades el Fisco le solicitó al contribuyente que acompañe documentación respaldatoria y ante la falta de acreditación con escrituras o documentación que acredite el valor de adquisición de los inmuebles en cuestión se tomaron los declarados por el propio contribuyente en la DJ del impuesto sobre los bienes personales período fiscal 2020, no encontrándose controvertidos en autos los mismos, razón por la cual corresponde estar a la liquidación efectuada por la Administración en la determinación recurrida.
Más aún cabe destacar que en esta instancia tampoco la recurrente aportó ningún medio probatorio idóneo a efectos de que este Tribunal pueda atender los agravios expuestos por esa parte. En ese sentido, la certificación contable acompañada por la contribuyente en la instancia administrativa (vide IF-2024-92508506-APN- DTD#JGM) a efectos del cálculo del Aporte Solidario y Extraordinario toma los valores de los inmuebles que surgen de la liquidación efectuada por el Fisco Nacional. En otras palabras no aporta valores distintos a los consignados por el Fisco en autos.
Tampoco la pericia producida en autos resulta ser un elemento a considerar en este aspecto, ya que los peritos se limitaron a contestar lo solicitado por la parte actora que apunta a ratificar o rectificar los datos vertidos en la certificación contable.
Del punto 2 a) surge que los peritos replican nuevamente los valores de los bienes que se exponen en la certificación contable y son coincidentes con la determinación de oficio no permitiendo a este Tribunal comparar las valuaciones conforme la normativa detallada. Asimismo, en el último punto de pericia (m) que tiene como objeto identificar los bienes inmuebles incorporados en la liquidación del aporte y su valuación, los peritos contestan la pregunta conforme fuera confeccionada por la recurrente tendiente a establecer el valor que corresponde atribuir a cada uno de ellos en función de la aplicación del coeficiente de ajuste sobre las respectivas valuaciones fiscales del año 2017 (2,97303 o el que consideren), no permitiendo así a este Tribunal atender con esos elementos el planteo de la parte, ya que no ha logrado demostrar que el valor del inmueble no sea aquél que él mismo ha consignado en su declaración jurada de bienes personales del año 2020.
Así, en nada afecta lo expuesto por los peritos en la respuesta al punto m) del informe pericial, toda vez que no proporcionan información respecto del valor de adquisición de los bienes en cuestión a efectos de poder determinar si corresponde la aplicación del método por ellos aplicado en el caso, resultando ajustado a derecho que se tomaran las valuaciones declaradas por el propio contribuyente en la declaración jurada del año 2020. Por último, plantea la acora que resulta inadmisible la inclusión de los “anticipos de impuestos” como bienes integrantes de la categoría “otros bienes muebles”, entendiendo que no podrían ser válidamente calificado como un “crédito”, como tampoco corresponde esa calidad al rubro “saldo a favor ganancias”. Señala que así como el acto apelado eliminó el cómputo de los rubros “anticipos de Impuesto a las Ganancias”, “anticipos de Impuesto sobre los Bienes Personales” y “Retenciones según el Fisco”, de la misma manera procede eliminar el concepto “saldo a favor Ganancias” de $557.735,98.
Al respecto, cabe señalar que el art. 7° del decreto reglamentario de la ley de impuesto a los bienes personales establece “Los anticipos, retenciones, percepciones y pagos a cuenta de gravámenes, incluso los correspondientes al impuesto de esta ley, se computarán sólo en la medida en que excedan el monto del respectivo tributo, determinado por el ejercicio fiscal que se liquida”.
En efecto, tal como surge del IF-2024-92510311-APN-DTD#JGM el Fisco señala que del juego armónico establecido por los artículos 10 del Decreto N° 42/21 y 7° del Decreto N° 127/96 deberán formar parte de la base de imposición del Aporte establecido mediante la Ley N° 27.605 los créditos originados en anticipos, retenciones, percepciones y pagos a cuenta de gravámenes, únicamente en la proporción que exceda el importe del impuesto que fuera determinado en el ejercicio fiscal bajo liquidación. Continúa expresando que en la liquidación acompañada a la VISTA notificada al recurrente, se computaron en el rubro “Otros bienes muebles” un total de $10.557.40,94, que corresponden a anticipos y retenciones. Sin embargo la Administración realizó la reliquidación, del crédito que pudiera computarse por los anticipos y retenciones sufridas en el Impuesto a las Ganancias, verificandosé un excedente proporcional a computar en la liquidación de ASE de $ 557.735,98 por el saldo a favor del contribuyente en Ganancias. Respecto a los anticipos ingresados a cuenta del Impuesto sobre los Bienes Personales, tales anticipo fueron absorbidos por dicho impuesto por lo tanto se excluyeron del cálculo. Ello así, la liquidación del ente fiscal se encuentra ajustada a derecho.
Por lo tanto, cabe confirmar la resolución apelada en cuanto determina el ASE, con costas.
VI. Que, respecto de los intereses resarcitorios cabe precisar que la CSJN ha señalado que “Es evidente entonces que la conducta del contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto o que lo ha hecho por un monto inferior al debido en razón de sostener un criterio en la interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente para decidir la cuestión no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con prescindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia. Ello es así máxime si se tiene en cuenta que, como lo prescribe la ley y lo puntualizó la corte en otros precedentes..., se trata de la aplicación de intereses resarcitorios cuya naturaleza es ajena a la de las normas represivas” (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000). Por lo tanto, se confirman los intereses fijados en la determinación recurrida, con costas.
VII. Que en el caso de autos se le aplicó al contribuyente multa con sustento en el artículo 45 de la ley procedimental. En ese sentido, es sabido que dicho ilícito requiere para su configuración, además de los presupuestos de culpa o negligencia, la concurrencia de dos situaciones: a) omisión de pago y b) falta de presentación de declaraciones juradas o presentación de declaraciones juradas inexactas.
Al respecto, corresponde tener en cuenta lo expresado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia recaída en los autos “Elen Valmi de Claret y Garello” del 31 de marzo de 1999, en donde al analizar la figura del art. 45 de la ley 11683, en lo que aquí interesa dijo: “...Surge claramente del texto transcripto que no es exigible una conducta de carácter doloso del contribuyente que deba ser acreditada por el organismo recaudador”. Sentado ello, y tras recordar su conocida doctrina en el sentido que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena (que en esencia responde al principio de que solo puede ser reprimido quien sea culpable, esto es, aquél a quien la acción punible puede ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente), concluyó: “...si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad solo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación de alguna excusa admitida por la legislación vigente”. Con respecto a la excusabilidad del error, la jurisprudencia se ha inclinado por comprender tanto al error de hecho como al de derecho. Para que el error de derecho, en cuanto equiparable al de hecho pudiere resultar admisible, debe aducirse y demostrarse oscuridad en las distintas disposiciones de la ley cuestionada o que de la inteligencia de su texto surgieran dudas acerca de la situación frente al tributo (CSJN -Morixe Hnos. SACI - 20/8/96). En efecto, la causal exonerativa del error excusable requiere para su viabilidad que sea esencial, decisiva e inculpable, extremos que deben ser examinados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquel a quien se le atribuye la infracción tributaria. El error es excusable si la conducta del infractor proviene de la certeza y de la convicción de la obligatoria aplicación de las normas fiscales de difícil y alambicada interpretación”.
Por su parte, el segundo artículo agregado mediante la ley 27.430 a continuación del artículo 50 de la ley de rito, incorpora que se entenderá por “error excusable” cuando la norma aplicable al caso —por su complejidad, oscuridad o novedad— admitiera diversas interpretaciones que impidieran al contribuyente o responsable, aun actuando con la debida diligencia, comprender su verdadero significado. Y continúa, en orden a evaluar la existencia de error excusable eximente de sanción, deberán valorarse, entre otros elementos de juicio, la norma incumplida, la condición del contribuyente y la reiteración de la conducta en anteriores oportunidades. En el caso de autos, nada de ello ha sido acreditado.
En tales condiciones, en el caso particular, corresponde concluir que se encuentra acreditada en autos la materialidad de la infracción prevista en el art. 45 de la ley de procedimiento fiscal, y ante la falta de elementos que permitan tener por configurada la existencia de un error excusable previsto en la norma, corresponde confirmar la multa aplicada. Con costas.
Que en virtud de lo anteriormente expuesto corresponde confirmar la resolución apelada en autos en todos sus términos. Con costas.
Por ello SE RESUELVE:
Confirmar la determinación de oficio apelada en autos en todos su términos, con costas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2025.04.16 13:12:53 ART Date: 2025.04.21 08:38:00 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.04.21 09:56:15 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.04.21 09:57:01 -03:00
Fin de la sentencia