Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa P-718/13-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta a fs. 9/11 por el Dr. Felipe Santiago Piedrabuena en contra del Estado Provincial -Poder Ejecutivo Provincial-.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: P-718/13-TSJ Sentencia N°: 1020 Actor: PIEDRABUENA FELIPE SANTIAGO Demandado: PODER EJECUTIVO PROVINCIAL Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 11/08/16 Texto:
TOMO XVI -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 1020 FOLIO Nº 3170/3175 PROT. ELECT. TSS1 020 C.161
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a los 11 días del mes de agosto de dos mil dieciséis, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales, Dres. Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ernestina Ludueña Campos y el Sr. Vocal Subrogante, Dr. Domingo Norberto Fernández, bajo la presidencia a cargo del Dr. Daniel Mauricio Mariani para dictar sentencia en los autos: “PIEDRABUENA FELIPE SANTIAGO C/ PODER EJECUTIVO PROVINCIAL S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATI- VA”, Expte. Nº P-718/13-TSJ. Se fija el siguiente orden de consideración: 1º) Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, 2º) Dr. Enrique Osvaldo Peretti, 3º) Alicia de los Ángeles Mercau, 4º) Daniel Mauricio Mariani, y 5º) Dr. Domingo Norberto Fernández; y las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente la demanda contencioso administrativa?; SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamien- to corresponde dictar?.- A la primera cuestión la Dra. Ludueña Campos dijo:
I. A fs. 9/11 se presenta el Dr. Felipe Santiago Piedrabuena, por derecho propio, interponiendo demanda contencioso administrativa en contra del Estado de la Provincia de Santa Cruz -Poder Ejecutivo Provincial- con el objeto que se declare su derecho a acceder a la jubilación ordinaria provincial desde el 23 de junio de 2009, así como también se declare la inconstitucionalidad del artículo 100, inciso c), de la Ley Nº 1782 de Jubilaciones y Pensiones de esta provincia (conf. fs. 10 vta.).-
Explica que se agravia por el dictado del Decreto N° 2153/12 del Poder Ejecutivo Provincial del 30 de octubre de 2012, que rechazó el recurso jerárquico presentado como consecuencia de la denegación, por parte de la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz, del beneficio jubilatorio (conf. fs. 9).-
Al respecto, relata que acreditó la realización de aportes y prestación de servicios al Ejército Argentino por el plazo de diecisiete (17) años, un (1) mes y veintiocho (28) días, los cuales fueron expresamente reconocidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social (en adelante ANSES), quien sólo le señaló que dicho cómputo quedaba supeditado a la renuncia del haber de retiro (conf. fs. cit.). Agrega que también se han acreditado veinte (20) años, siete (7) meses y quince (15) días de servicios en el Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz, por lo que estando en condiciones de obtener la jubilación provincial, dio inicio al trámite el 23 de junio de 2009, siendo rechazada su petición con fundamente en el artículo 100, inciso c), de la Ley Nº 1782 (conf. fs. 9 y vta.).- Señala, que el citado artículo 100, inciso c), de la ley provincial de jubilaciones y pensiones, contiene el mismo texto que el artículo 17, inciso d), de la Ley Nº 18.037 de Previsión Social. Y que esta última norma fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en distintos precedentes, citando como ejemplo el caso “Chaca” (Fallos: 319:2177) (conf. fs. 9 vta.).-
Conforme lo expuesto, entiende que la protección que brinda el precedente jurisprudencial citado “…es abarcativa de la pretensión mas simple de esta parte, no ya de percibir ambos beneficios, sinó (sic) uno, por el que mas aportó en años y en cantidad. Abona lo dicho que el (sic) ANSES reconoce esos años expresamente para la caja de Santa Cruz. Surge de autos, que antes de iniciar el trámite, esta parte suspendió el retiro por convicción propia y por imperativo de la Anses y que una vez acordado, renunciará al retiro. Exigir renuncia antes de obtener la jubilación ordinaria es azaroso y contradice los principios del derecho provisional (sic), como es la irrenunciabilidad que consagra el art. 14 bis de la CN…” (cfr. fs. 10 y vta.).- Finalmente, indica que se encuentran acreditados más de treinta y ocho (38) años de aportes y que cuenta con cincuenta y nueve (59) años de edad, por lo que en virtud del principio ‘pro operario’ corresponde que se le conceda el beneficio de la jubilación retroactivamente a la fecha de inicio del trámite, es decir al 23 de junio de 2009 (conf. fs. 10 vta.).-
Ofrece prueba y hace reserva del caso federal.-
II. Que, a fs. 28/33 contesta demanda el Estado Provincial, representado por el Sr. Fiscal de Estado -Dr. Iván Fernando Saldivia- conjuntamente con las Dras. Luisa Ordoñez y Silvina G. Ojeda.-
Luego de negar, genérica y particularmente, los hechos en los que se funda la demanda de autos (conf. fs. 28 y vta.), efectúan una reseña de los hechos relatados por el actor para luego señalar que “…los cuestionamientos que la actora realiza carecen de entidad suficiente para conmover lo resuelto por las autoridades provinciales, como determinar la procedencia del planteo de inconstitucionalidad. También se podrá corroborar que lo actuado en la sede administrativa resulta en un todo ajustado a derecho” (cfr. fs. 29).- Explican, que la resolución dictada por el jefe de UDAI Río Gallegos, el 22 de octubre de 2008 “…es clara, y así ha sido presentada por el actor, atento que el computo que se pretende tendrá lugar una vez que el solicitante ‘renuncie’ al haber de retiro militar que percibe, toda vez que el actor es funcionario público de la Provincia y simultáneamente percibía al momento de iniciar los trámites para la obtención del beneficio, un haber de retiro, que fuera percibido durante 19 años aproximadamente” (cfr. fs. 29 vta.).- Continúan manifestando, que posteriormente el actor acreditó la suspensión -peticionada por él mismo- de la percepción del retiro obligatorio que le fuera otorgado, y que dicho haber le fue concedido en virtud de los servicios prestados bajo el Régimen de las Fuerzas Armadas (conf. fs. cit.).-
Indican que lo pretendido por el actor es el reconocimiento de los aportes acreditados en el sistema nacional por el Estado Provincial, para que el ente previsional local asuma el rol de caja otorgante. Sin embargo entienden que “De la simple trascripción de la norma surgen claramente las condiciones para la procedencia del reconocimiento de los servicios, por lo que -de acuerdo al desarrollo efectuado- la tarea llevada a cabo por el ente previsional ha estado de acuerdo a derecho. El propio Organismo nacional dictó el acto administrativo de reconocimiento de servicios bajo la condición expresa de la renuncia del haber de retiro que el recurrente percibió efectivamente durante casi diecinueve años” (cfr. fs. 30).- Agregan, que el hecho que el actor suspendiera la percepción del beneficio de retiro, tampoco resulta condicionante para modificar la decisión administrativa, en tanto la norma resulta clara y contraria a dicha posibilidad, por lo que la interpretación del Dr. Piedrabuena se evidencia como parcial y segmentada (conf. fs. cit.).-
En cuanto al precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación citado por la parte actora, explican que “…los antecedentes de hecho sobre los cuales gravita la solución propugnada son disímiles -en aquel el actor acreditaba el cumplimiento de la totalidad de los requisitos para acceder a los dos sistemas jubilatorios a los cuales había aportado- y que posteriormente un acto le privo (sic) de un beneficio del cual ya gozaba, pero había acreditado haber dado cumplimiento integro (sic) de las condiciones para obtener ambos beneficios, recuérdese que los mismos se deben al sistema previsional Nacional” (cfr. fs. 30 vta.).- Por el contrario, señalan que el Dr. Piedrabuena no cumplimenta con la cantidad de años de aportes que ambos sistemas previsionales requieren “…sin perjuicio de que por la naturaleza jurídica del retiro impuesta (sic) al actor por las FF.AA., le ha sido concedido un haber por retiro, el que además ha estado percibiendo hasta el momento de la aludida suspensión” (cfr. fs. 30 vta./31). Por ello entienden que el criterio sostenido por el Alto Tribunal, en el citado precedente, no resulta aplicable al presente caso.-
Sostienen asimismo, que “…si el actor ha optado por continuar aportando al régimen previsional provincial, debe concluirse que se encuentra sujeto a las condiciones generales y particulares del mismo… lo expuesto no implica afectar el derecho que posee el demandante de ser beneficiario de una jubilación sino que simplemente es necesario que cumplimente las exigencias legales impuestas con carácter de orden público, pues ello [es] lo que permite el sostenimiento de la solidaridad del sistema” (cfr. fs. 31 vta.).-
Añaden, en este sentido, que “El sistema previsional vigente se fundamenta sobre principios armónicos, conforme los cuales la distribución debe ser equitativa. Y se observa que es este marco de justicia distributiva el que ataca el actor, pretendiendo sustraerse de una obligación o requisito que se impone a todos los aportantes, para ello acude a la tacha de inconstitucionalidad, que resulta a todas luces improcedente y vulneratoria del principio de igualdad ante la Ley consagrado por nuestra Carta Magna Nacional y Provincial” (cfr. fs. cit.).- Continúan explicando, que “…el respeto a la teoría de los actos propios conlleva que no resulta jurídicamente aceptable que el actor no hubiere dado cumplimiento a lo solicitado, pero que pretenda que para el otorgamiento de su jubilación se consideren años por los cuales ha estado percibiendo efectivamente un haber de retiro” (cfr. fs. 32).-
Citan jurisprudencia, ofrecen prueba y formulan la reserva del caso federal.-
A fs. 34 se corre vista al Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal, quien dictamina que es formalmente admisible la demanda, pudiendo ingresar este Alto Cuerpo al conocimiento de las actuaciones (conf. fs. 35 vta.).-
A fs. 38 se declara la cuestión de puro derecho y a fs. 43/45 la actora se manifiesta conforme lo establece el artículo 78 del CPCA -Ley Nº 2600-, no habiendo la demandada hecho uso de ese derecho (conf. fs. 49). Finalmente, a fs. 50 se llaman autos para sentencia.-
III. Primeramente, corresponde recordar que mediante el Decreto Nº 2153/12, el Poder Ejecutivo Provincial rechazó el recurso intentado por el Dr. Piedrabuena contra el Acuerdo N° 2434/11, emitido por el Directorio de la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz (conf. fs. 5/8).-
En el citado decreto -luego de efectuar una reseña de los antecedentes del caso-, se señaló que el recurrente pretendía que se le reconocieran los años de aportes acreditados por los servicios prestados en las Fuerzas Armadas, ante el Estado Provincial, para que el ente previsional local asumiera el rol de caja otorgante, en los términos del artículo 10 de la Ley Nº 1782 (conf. fs. 7).-
Se argumentó, asimismo, que de la lectura del artículo 100, inciso c), primer párrafo, de la Ley Nº 1782 que establece que “Se computarán además como tiempo de servicios:… c) Los servicios militares prestados en las Fuerzas Armadas y los militarizados y policiales cumplidos en las fuerzas de seguridad y defensa, siempre que no hayan sido utilizados total o parcialmente para obtener retiro u otro beneficio previsional” surgen claramente las condiciones para la procedencia del reconocimiento de los servicios, por lo que de acuerdo a los antecedentes del caso el reclamo no podía prosperar (conf. fs. cit.).- En cuanto al argumento del accionante respecto que el retiro del servicio militar no fue voluntario sino obligatorio (según surge de la copia del Boletín Reservado del Ejército N° 5245, obrante a fs. 65 del Expediente Administrativo Nº 233.530/09), la máxima autoridad del Poder Ejecutivo Provincial explicó que el artículo 80 bis de la Ley Nº 19.101 establece las condiciones para que el personal militar en situación de retiro tenga derecho a percibir un beneficio previsional de carácter civil, y que dicha norma no hace distinciones en relación al carácter del retiro (conf. fs. 6); entendiendo que debía aplicarse la norma conforme su literalidad. Asimismo señaló que el propio organismo nacional dictó el acto administrativo de reconocimiento de servicios, bajo condición expresa de la renuncia del haber de retiro que el recurrente percibió durante casi diecinueve (19) años (conf. fs. 7). Por lo expuesto, resolvió rechazar el recurso interpuesto por el actor (conf. fs. 8).- Estos mismos argumentos fueron esgrimidos por el Directorio de la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz, al momento de denegarle al actor el beneficio de jubilación ordinaria (conf. Acuerdo N° 2434/11, obrante a fs. 72/73 del Expediente Administrativo citado).-
IV. Que, conforme ha quedado trabada la presente litis corresponde analizar la legitimidad del Decreto Provincial N° 2153/12 del 30 de octubre de 2012, fundado en el artículo 100, inciso c), primer párrafo, de la Ley Nº 1782 de Jubilaciones y Pensiones, cuya constitucionalidad se cuestiona.-
De los antecedentes relatados de la causa surge que no constituyen hechos controvertidos: (i) que el Dr. Felipe Santiago Piedrabuena prestó servicios al Ejército Argentino por diecisiete (17) años, un (1) mes y veintiocho (28) días; (ii) que dichos aportes fueron reconocidos por la ANSES en la medida en que el titular renunciara a los servicios prestados bajo el régimen militar; (iii) que el actor acreditó aportes desempeñándose en el Poder Judicial de esta provincia conforme fs. 58 y 100 del Expediente Administrativo citado; (iv) que el accionante percibió un haber de retiro por los años de servicios prestados en las Fuerzas Armadas hasta el 1º de marzo de 2009, cuando suspendió voluntariamente dicha remuneración.- En el caso que nos ocupa, observo que el Dr. Piedrabuena pretende que se computen los años de servicios prestados ante las Fuerzas Armadas junto con los que se encuentra aportando como funcionario del Poder Judicial de esta provincia, a fin de alcanzar la cantidad de años requerida por la normativa local para obtener la jubilación ordinaria provincial.-
Respalda su argumento sosteniendo que el artículo 100, inciso c), de la Ley Nº 1782, en el cual la administración fundó el rechazo de su petición, al ser idéntico al artículo 17, inciso d), de la Ley Nº 18.037 resulta inconstitucional; ello, en razón de haber declarado la Corte Federal la inconstitucionalidad de este último dispositivo en el precedente “Chaca” (Fallos: 319:2177).-
V. Que, sentado lo expuesto, corresponde mencionar que el artículo 17, inciso d), de la Ley N° 18.037 -t.o. 1976- (norma que se encuentra actualmente derogada por el artículo 168 de su similar Nº 24.241, con la salvedad dispuesta en su artículo 156) prescribía que “Se computarán como tiempo de servicios:… d) Los servicios militares prestados en las fuerzas armadas y los militarizados y policiales cumplidos en las fuerzas de seguridad y defensa, siempre que no hayan sido utilizados, total o parcialmente, para obtener retiro”. Precisando en su segundo párrafo que “Los servicios civiles prestados por el personal mencionado en el párrafo precedente durante lapsos computados para el retiro militar, no serán considerados para obtener jubilación”. La norma transcripta coincide con el inciso c), del artículo 100, de la Ley Provincial N° 1782, cuya inconstitucionalidad persigue el accionante.- Como bien señala el actor en su escrito de demanda, ese apartado d) del artículo 17 de la Ley N° 18.037 -t.o. 1976-, fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación ‘in re’: “Chaca” (Fallos: 319:2177), en cuanto impedía al actor “…el goce de la jubilación civil y del retiro militar…” (cfr. cons. 10 de la sentencia citada).-
En tal sentido, entiende el actor que los argumentos expuestos por la Corte Suprema en ese precedente le son aplicables a su caso.-
Dicho análisis, debe realizarse teniendo en cuenta que, como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación “…un criterio jurisprudencial sólo puede reiterarse en la medida en que se presenten circunstancias fácticas equivalentes y un análogo marco jurídico…” (Fallos: 323:1669), siendo, en consecuencia, descalificables aquellos pronunciamientos que se limitan a aplicar automáticamente un precedente del Alto Tribunal sin examinar sus diferencias con el caso a resolver (De la disidencia de los Ministros Maqueda y Zaffaroni, y Petracchi en Fallos: 330:3801). Máxime, cuando lo que se persigue es la declaración de inconstitucionalidad de una norma, la cual constituye la más delicada de las funciones a encomendar a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado la “ultima ratio” del orden jurídico; por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados (Del dictamen de la Procuración General al cual remitió la Corte Suprema en Fallos: 326:3024, entre otros).- Ahora bien, de la lectura del citado fallo surge que las autoridades de la ex Caja del Estado y Servicios Públicos resolvieron dejar sin efecto la jubilación que, oportunamente, le habían concedido al Sr. Eduardo Máximo Chaca; y que esa decisión tuvo como fundamento que el inciso d), segundo párrafo del artículo 17 de la Ley N° 18.037 -t.o. 1976-, impedía computar para obtener una jubilación civil, a los servicios civiles prestados por personal de las fuerzas armadas o de seguridad durante lapsos computados para el retiro militar. En suma, el organismo previsional tuvo en cuenta que, excluidos dichos servicios simultáneos, Chaca no acreditaba los extremos exigidos para acceder al beneficio de la jubilación.- Nótese que allí existía “simultaneidad” de servicios civiles y militares: el actor había ejercido la docencia durante treinta y ocho (38) años, y obtuvo la jubilación civil, al propio tiempo que se desempeñaba como militar en actividad. Es decir que el Sr. Chaca -en virtud de lo normado en el párrafo segundo del artículo 17, inciso d) de la Ley N° 18.037- no podía válidamente “acumular” ambos beneficios, porque existía “simultaneidad” de servicios.-
Si bien la Corte Federal había declarado la constitucionalidad de ese dispositivo en los precedentes “Logascio” (Fallos 304:1495) y Schweizer (Fallos: 306:533), existía un “…clamor doctrinario y alguna manifestación jurisprudencial aislada proclives a considerar inconstitucional al art. 17, inc. d), párr. 2º de la ley 18.037…” (cfr. Carnota Walter F. “Una inconstitucionalidad previsional más” en DT, 1997-A, pags. 818/819 y sus numerosas citas).-
Fue así, que el Alto Tribunal dejó de lado el criterio que hasta entonces había sostenido en los precedentes citados en el párrafo anterior, y afirmó que tal previsión legal -además de contradecir el carácter de integrales e irrenunciables que la Constitución Nacional le reconoce a los beneficios de la seguridad social-, le producía al Sr. Chaca un perjuicio irrazonable y desprovisto de causa (conf. cons. 6° y 7° del precedente citado), estableciendo, contrariamente a lo que disponía el segundo párrafo del artículo 17, inciso d) citado, la posibilidad de computar servicios militares y civiles “simultáneos”, en la medida en que se verificara la acreditación de la totalidad de los requisitos exigidos en ambos regímenes (conf. cons. 10).- Aclarado ello, corresponde señalar que el actor, a diferencia de lo que ocurrió con el Sr.
Chaca, una vez retirado de las tareas castrenses comenzó a percibir su haber de retiro militar -por el que había aportado durante diecisiete (17) años, un (1) mes y veintiocho (28) días- y luego lo suspendió voluntariamente. Es fácil advertir, entonces, que los aportes que el actor realizó durante todo ese tiempo le generaron un reconocimiento que percibió efectivamente, no viéndose en ningún momento privado de percibirlo sin causa o irrazonablemente, como sostuvo la Corte Federal que ocurrió en “Chaca”.- Precisamente, en el fallo citado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el gravamen se había generado porque los servicios que el Sr. Chaca prestó durante treinta y ocho (38) años, y por los cuales había efectuado durante todo ese lapso los aportes de ley, no le generaron ningún reconocimiento (conf.
Alice, Beatriz L. “Prestación simultanea de servicios civiles y militares”, LL-1998-C, 722. Cita Online: AR/DOC/15688/2001), configurándose, esa esterilización de tareas de la que habló la Corte Suprema en el considerando 7º de su pronunciamiento. El perjuicio, se derivaba, entonces, de la prohibición impuesta por el segundo párrafo del citado artículo 17, inciso d), es decir que fincaba en la imposibilidad de computar servicios civiles y militares “simultáneos”, pese a que el Sr. Chaca había realizado durante todo ese tiempo los aportes de ley.- Sin embargo, el presunto agravio del actor nada tiene que ver con ello, si no que sería, en todo caso, consecuencia de la exigencia contenida en el primer párrafo del artículo 100, inciso c) de la Ley Nº 1782 (que coincide con el primer párrafo del artículo 17, inciso d), citado).
Y esta cuestión es advertida por el propio accionante a fs. 10, al manifestar que el Alto Tribunal en el precedente “Chaca” “…acogió la pretensión de acceder a la jubilación civil sin perjuicio de seguir percibiendo el retiro militar, por servicios simultáneos o coetáneos” (cfr. fs. cit.), supuesto que se encontraba vedado, no por el primero, sino por el segundo párrafo del artículo 17, inciso d) de la Ley Nº 18.037 -t.o. 1976-. Además el Sr. Chaca, a diferencia de lo que ocurre en el presente caso, cumplía con todos los requisitos legales para acceder a ambos beneficios.- Lo que aquí ocurre, en rigor, es que el accionante, al pretender sumar los años de servicio como militar (los cuales, no es ocioso reiterar, ya le han generado un efectivo reconocimiento) a los aportados como funcionario del Poder Judicial se encontró -como se dijo en el párrafo anterior-, con la exigencia impuesta por el artículo 100, inciso c), primer párrafo de la Ley N° 1782, el cual prescribe que se computarán como tiempo de servicios “…los servicios militares prestados en las Fuerzas Armadas y los militarizados y policiales cumplidos en las fuerzas de seguridad y defensa, siempre que no hayan sido utilizados, total o parcialmente, para obtener retiro…” (el subrayado es propio).- La propia ley es lo suficientemente clara: se pueden computar los servicios prestados siempre y cuando no hayan sido utilizados, y el actor los usó para obtener el retiro militar.
Si esta exigencia impuesta por el legislador es constitucional o no, es una cuestión que abordaré en el siguiente considerando, pero es evidente que no existe la pretendida analogía entre ambos casos.-
A la luz de lo expuesto, vemos que no solo la plataforma fáctica y jurídica de la causa “Chaca” difiere notoriamente con la del caso ‘sub examine’, sino que, además, el razonamiento y los motivos que ha dado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que han servido de base para su decisión en aquél caso, no son aplicables al que nos ocupa.-
VI. Descartada la aplicación del precedente citado por el actor en apoyo de su postura, corresponde analizar si el artículo 100, inciso c), primer párrafo de la Ley Nº 1782 -en el cual la administración basó el rechazo del otorgamiento de la jubilación del accionante-, resulta contrario a la Constitución Nacional.-
En primer lugar, debo señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de Fallos: 305:1888, afirmó que la necesidad de alcanzar los beneficios de la seguridad social, en sus diversos propósitos particulares, importa el reconocimiento de facultades concurrentes entre la Nación y las Provincias (conf. fallo citado, cons. 3º). Siendo ello así, y en cumplimiento de esa obligación, los estados provinciales pueden crear y reglamentar regímenes de seguridad social, jubilaciones y pensiones “…bien que limitada esa facultad al ámbito de los agentes de su administración pública, los magistrados y funcionarios de sus tribunales, los integrantes de sus legislaturas y también, en razón del ejercicio del poder de policía retenido sobre el ejercicio de las profesiones liberales…” (Fallos: 312:418; v. en igual sentido: Fallos: 331:1262).- Asimismo, se impone recordar que las relaciones jurídicas provenientes de leyes jubilatorias no son contractuales ni privadas, sino de derecho público y de manifiesto carácter asistencial (Fallos: 242:141), de lo cual se deriva, entre otras consecuencias, que a diferencia de lo que ocurre con las relaciones contractuales de derecho privado, imprescindiblemente se verifica la intervención del legislador para reglamentar los derechos en juego (Fallos: 319:3241).-
De ello se sigue, entonces, que el reconocimiento de este tipo de derechos está supeditado al cumplimiento de los requisitos que el propio legislador, por razones de mérito o conveniencia y ponderando diversos factores, determine en la ley, pero siempre teniendo en cuenta que “…la latitud de facultades que se ha reconocido al legislador para organizar los sistemas jubilatorios y establecer las condiciones con sujeción a las cuales se acuerden los beneficios derivados de aquellos, debe entenderse condicionada a que esas facultades se ejerciten dentro de límites razonables…” (Fallos: 307:274 y 2376; 323:2054).- Siendo ello así, observo que la exigencia legal impuesta en el primer párrafo del artículo 100, inciso c), de la Ley Nº 1782 para acceder al beneficio jubilatorio no excede el límite de razonabilidad contemplado en el artículo 28 de la Constitución Nacional, toda vez que dicha previsión encuentra sustento en razones de política legislativa que, en principio, no parecen irrazonables o discriminatorias con relación a quienes no cumplen con una de las condiciones establecidas para acceder a la jubilación, en razón de haber hecho uso del tiempo de servicios que pretenden computar para obtener el retiro en la caja local (conf. artículo 100, inciso c), primer párrafo de la Ley Nº 1782).- En efecto, dicha decisión del legislador importa únicamente el establecimiento de un requisito o condición, tal y como son la edad, la prestación de servicios computables durante un determinado lapso de tiempo, y el tiempo de aportes al sistema (conf. artículo 53, incisos a) y b), respectivamente, de la Ley Nº 1782) a efectos de lograr la obtención de la jubilación ordinaria, sin que de ello pueda seguirse -ni el actor lo demuestre-, que constituya una exigencia carente de causa, irrazonable o discriminatoria, o que por su intermedio se conculquen derechos y garantías emergentes de la seguridad social tutelados en nuestra Constitución Nacional.- Además, el actor no ha logrado demostrar con suficiente claridad, de que manera la norma impugnada contraría la Constitución Nacional causándole un gravamen, siendo estos extremos que necesariamente debe probar el interesado en la declaración de inconstitucionalidad (Del dictamen del Procurador General al cual remitió el voto de los Dres.
Petracchi y Maqueda en Fallos: 330:5111). Es que el principal argumento de aquél para lograr la declaración de inconstitucionalidad, giraba en torno a la supuesta analogía existente entre su caso y el precedente de Fallos: 319:2177, y una vez descartada la aplicación de este último la demanda quedó huérfana de argumentos, no logrando dar ninguna razón válida que justifique declarar la inconstitucionalidad del dispositivo cuestionado. Esa orfandad argumental, sumada a la razonabilidad del requisito en estudio, terminará, a fin de cuentas, sellando la suerte adversa de su petición.- El actor, en definitiva, disiente con el diseño de la norma, y no comparte valores y evaluaciones de una política legislativa adoptada -como dije mas arriba- por razones de mérito o conveniencia, correspondiendo poner de relieve que “…el acierto o el error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que el Poder Judicial deba pronunciarse (Fallos: 313:410), por lo que la declaración de inconstitucionalidad de una ley -acto de suma gravedad institucional- no puede fundarse en apreciaciones de tal naturaleza, sino que requiere que la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable (Fallos: 314:424)” (Fallos: 320:1166, entre otros).- En consecuencia estimo que el artículo 100, inciso c), primer párrafo de la Ley Nº 1782, no resulta contrario a la Constitución Nacional.
Siendo ello así, resulta legítimo el Decreto Provincial N° 2153/12 mediante el cual se rechazó el recurso jerárquico interpuesto por el actor, contra el Acuerdo Nº 2434/11 de la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz.-
En razón de todo lo expuesto, a la primera cuestión voto en forma negativa.-
Los Dres. Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau, Daniel Mauricio Mariani, y Domingo Norberto Fernández, por compartir sus fundamentos, adhieren al voto de la Dra. Ludueña Campos.-
A la segunda cuestión la Dra. Ludueña Campos dijo:
Atento a la forma en que me he pronunciado respecto de la Pri- mera Cuestión, propongo se dicte sentencia rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta a fs. 9/11 por el Dr. Felipe Santiago Piedrabuena en contra del Estado Provincial -Poder Ejecutivo-, imponiéndose las costas en el orden causado de conformidad con lo establecido en el artículo 90 del CPCA -Ley Nº 2600-; teniendo presente la reserva del caso federal efectuada a fs. 10 vta.-
Los Dres. Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau, Daniel Mauricio Mariani, y Domingo Norberto Fernández, adhieren al pronunciamiento propuesto por la Dra. Ludueña Campos.-
En virtud de todo lo expuesto, se dicta la siguiente sentencia:
Río Gallegos, 11 de agosto de 2016.-
VISTO Y
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto unánime de los Sres. Vocales, Dres. Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ernestina Ludueña Campos, del Sr. Vocal Subrogante, Dr. Domingo Norberto Fernández y del Sr. Vocal a cargo de la Presidencia, Dr. Daniel Mauricio Mariani; y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta a fs. 9/11 por el Dr. Felipe Santiago Piedrabuena en contra del Estado Provincial -Poder Ejecutivo Provincial-.-
3. Regístrese. Notifíquese. Oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas mediante oficio y archívese la presente causa.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dr. Domingo Norberto Fernández -Vocal Subrogante-.
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1020C.161 Tomo: XVI Sentencia: 1020 Folio N°: 3170/3175 Secretaría: 1
Fin de la sentencia