Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa P-718/13-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por el actor a fs. 69/75.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: P-718/13-TSJ Sentencia N°: 387 Actor: PIEDRABUENA FELIPE SANTIAGO Demandado: PODER EJECUTIVO PROVINCIAL Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 28/03/17 Texto:
TOMO VIII -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 387 FOLIO Nº 1462/1466 PROT. ELECT. TSS1 002 O.171
Río Gallegos, 28 de marzo de 2017.-
Los presentes autos caratulados: “PIEDRABUENA FELIPE SANTIAGO C/ PODER EJECUTIVO PROVINCIAL S/ DEMANDA CON- TENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº P-718/13-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que, llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior en virtud del recurso extraordinario federal interpuesto por la parte actora a fs. 69/75, contra la sentencia dictada por este Alto Cuerpo a fs. 58/63 vta., por cuanto rechaza la demanda contencioso administrativa interpuesta (cfr. fs 63).-
La parte actora, suscita la instancia extraordinaria federal manifestando que “...nos encontramos frente a un posible caso de Sentencia Arbitraria...” (cfr. fs. 70 vta.) y que “Por otra parte se suscita una cuestión federal típica...” (cfr. fs. cit.), en tanto se encontrarían configuradas una cuestión federal simple y una cuestión federal compleja indirecta (conf. fs. cit.). Afirma, además, que “...el fallo del Superior Tribunal (sic) de Justicia de la provincia (sic) de Santa Cruz impugnado configura varios de los supuestos que el desarrollo jurisprudencial ha categorizado dentro de la doctrina de Arbitrariedad de Sentencia. La sentencia atacada es contradictoria (incurre en autocrontadicción) y carece de cohesión lógica interna y externa” (cfr. fs. 72 vta.). Continúa sosteniendo que “Yerra el Superior Tribunal (sic), al no advertir que es el propio demandado quien reconoce mi derecho a acceder al beneficio de la jubilación ordinaria atento que el computo que se pretende tendrá lugar una vez que el solicitante ‘renuncie’ al haber de retiro militar que percibe...” (cfr. fs. cit.). Finalmente argumenta que “...la Sentencia se aparta sin fundamento alguno de importante doctrina jurisprudencial del la C.S.J.N., en autos ‘Chaca’ expresando solo que el mismo no es similar a la especie, tornando dogmática la decisión adoptada...” (cfr. fs. 74).- A fs. 76 se ordena correr traslado a la demandada del recurso interpuesto por el término de ley.-
A fs. 84/89 contesta traslado la Provincia de Santa Cruz, por intermedio de su letrada apoderada, Dra. Andrea B. Askenazi, afirmando que “...no se encuentran reunidos los requisitos que hacen a la procedencia del remedio intentado, ni se advierte que la sentencia impugnada adolezca del vicio de arbitrariedad que alega la parte actora para fundar su recurso” (cfr. fs.84 vta.).-
Sostiene puntualmente que el recurso “...alude al gravamen irreparable que le causa la sentencia en crisis, afirmando genéricamente que afecta sus propios intereses...” (cfr. fs. 85), careciendo en consecuencia del requisito de fundamentación autónoma (conf. fs. cit.). Asimismo, afirma que esa “...indeterminada y genérica alusión a una afectación de intereses no coincide con la exigencia de la Acordada 4/2007, que expresamente requiere en el inc. c del art. 2 la demostración de que el pronunciamiento impugnado le ocasiona al recurrente un gravamen personal, concreto y actual” (cfr. fs. cit.). Agrega, que “El actor no especifica de qué manera concreta se ven afectados sus derechos, limitándose a exponer genéricamente la existencia de un perjuicio y de una errónea interpretación legal” (cfr. fs. 85 vta.), y que tampoco “...se expone concretamente qué derecho particular se encuentra afectado y de qué forma se produce esa afectación...” (cfr. fs. 85 vta./86).- Por otra parte, expresa que “...al margen de que no se ha menoscabado el derecho a acceder al beneficio jubilatorio -que será obtenido por el actor una vez reunidos los requisitos impuestos por la ley previsional provincial-, se observa que la Resolución emanada del Tribunal Superior de la Provincia de Santa Cruz se encuentra debidamente fundada y ajustada a derecho, de tal modo, el recurso del actor en relación a la decisión adoptada se traduce en meras discrepancias con lo resuelto que no justifican el recurso intentado” (cfr. fs. 86/87). Concluyendo que “Sólo basta una ligera lectura de la demanda y de la sentencia para advertir sin dificultad que la decisión emanada del Máximo Tribunal Provincial hace mérito de los argumentos planteados por el propio actor, quien al plantear el recurso extraordinario alega que existe una sentencia ultra petita, aún cuando los sentenciantes se han limitado a resolver sus planteos” (cfr. fs. 88).- A fs. 91/93, dictamina el Sr. Agente Fiscal Subrogante ante éste Tribunal, quien -por la razones que allí esgrime y a las cuales nos remitimos “brevitatis causae”- expresa que debe declararse admisible el recurso impetrado.-
Que, a fs. 94 pasan los presentes autos al Acuerdo.-
II. Que, corresponde entonces que este Tribunal verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formales y sustanciales del recurso articulado por la parte actora (conf. TSJ Santa Cruz, Otros Recursos, Tomo VI, Reg. 351, Folio 1331/1335), tal y como lo dispone el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, los artículos 14 y 15 de la Ley Nº 48 y las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nros. 4/2007 (modificada por la Acordada Nº 3/2012), 31/2011 y 38/2011.-
En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el presente recurso se articuló ante este Tribunal Superior, dentro del plazo procesal y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que el recaudo exigido por el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término, se observa que el recurrente dio íntegro cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011 al presentar el recurso deducido en formato de hoja A 4.-
Ahora bien, continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia corresponde analizar el recurso deducido a la luz de lo dispuesto en la Acordada Nº 4/2007, teniendo en cuenta la modificación introducida al inciso d) del artículo 2º por su similar Nº 3/12.-
Que, en dicha tarea, se evidencia que se han cumplimentado los requisitos del artículo 1º y 2º de las reglas para la interposición del recurso extraordinario federal, pero se ha incumplido con el requisito previsto en el artículo 8º. En efecto, la presentación no supera las cuarenta (40) páginas de veintiséis (26) renglones cada una, ha sido escrita con letra claramente legible (artículo 1º del Reglamento) y cuenta con una carátula en hoja aparte, conteniendo las exigencias establecidas en el artículo 2º. Pero, como se dijo, el actor omitió transcribir dentro del texto del recurso, o bien acompañar en un anexo aparte, todas las normas jurídicas citadas que no se hubieren publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, indicando asimismo el período de su vigencia, y contraviniendo entonces lo dispuesto en el artículo 8º de la Acordada Nº 4/2007.- Por otra parte, y analizando los recaudos exigidos por el artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007 y en particular por el inciso a), observamos que la resolución recurrida, tiene el carácter de sentencia definitiva en los términos que exigen el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la jurisprudencia del Máximo Tribunal elaborada en la materia, fue dictada por el máximo Tribunal de la Provincia y se agotaron las instancias revisoras locales.-
Es criterio sentado en la materia, que la procedencia del recurso extraordinario requiere que la decisión apelada revista el carácter de sentencia defini-tiva, entendiéndose por tal aquella que pone fin al pleito o hace imposible su conti-nuación, como así también las que causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, siempre que priven al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos o impidan el replanteo de la cuestión en otro juicio (Fallos: 303:633, entre otros). En consecuencia, en el presente recurso el recaudo en examen se encuentra debidamente cumplimentado.-
Con respecto a las restantes exigencias establecidas en el artículo 3º, se observa que el escrito recursivo logra poner de manifiesto parcialmente las observancias de los requerimientos del inciso b).-
Ello es así, toda vez que el recurrente cumple con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 3º de modo incompleto, ya que si bien se hace un relato de todas las circunstancias relevantes del caso, ello no es suficiente para considerar como autónomo al recurso deducido puesto que el relato de los hechos debe ser dividido en las distintas etapas procesales por los cuales discurrió y en cada una de ellas se deberá precisar la vinculación existente con la cuestión constitucional y convencional planteada (conf. Gil Domínguez Andrés: “Técnica Jurídica del Recurso Extraordinario y del Recurso de Queja”, Ed. Edial, pág. 107).-
Con relación al requisito establecido en el artículo 3º, inciso c), se observa que el recurrente no logra demostrar que el pronunciamiento impugnado le ocasione un gravamen personal, concreto, actual, y no derivado de su propia actuación, que la concreción del agravio incluya lesión, alteración y amenaza cierta, que el agravio sea subsistente, y que no haya existido un sometimiento voluntario al régimen que se impugna (conf. Gil Domínguez, Andrés, ob cit., pág. 107 y vta.) sino que se limitó a realizar un análisis de lo que, considera, debería haber resuelto este Tribunal Superior, a mencionar una serie de derechos y principios constitucionales que -a su criterio- habrían sido menoscabados, y a sostener que la sentencia obrante a fs. 58/63 vta. es arbitraria, cuestión ésta sobre la que nos detendremos mas adelante.- Un capítulo aparte debemos dedicar a la inobservancia del artí-culo 3º, incisos d) y e) de la Acordada Nº 4/2007 y 14 de la Ley Nº 48. Puesto que para la admisibilidad del recurso extraordinario se exige que se haya debatido en el pleito una cuestión federal (Fallos 148:60; 306:1740; 307:129, entre otros).-
Seguidamente se procederá a su tratamiento a la luz de la doctrina sentada por el cimero Tribunal Nacional (conf. autos: “Reynoso, Edgardo R. c/ Borzi, Celia T.”, publicado en E.D. 126 - 170 y 171) y por este Alto Cuerpo (conf. Otros Recursos, Tomo I, Reg. 34, Folio 100/103, entre otros), en cuanto obliga a resolver circunstanciadamente, por el Tribunal Superior de la causa, si el recurso cuenta, respecto de cada uno de los agravios que la originan, con fundamentación suficiente para dar sustento a la cuestión federal que se invoca.-
Así las cosas, la admisibilidad del recurso extraordinario requiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sea uno de los previstos en los tres incisos del artículo 14 de la Ley Nº 48. Es decir, la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como cuestión federal. Según la doctrina, la cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales (conf. Tribiño Carlos R.: “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema”, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, pág. 104).- La parte actora, funda el presente recurso extraordinario federal en el artículo 14, inciso 3º, de la Ley Nº 48 puesto que, a su entender, se ha configurado en autos una cuestión federal simple y una cuestión federal compleja indirecta (conf. fs. 70 vta.).-
En relación con la primera de ellas, debemos recordar que son las que sólo versan sobre la interpretación de la Constitución Nacional; de las leyes federales; los tratados con las naciones extranjeras; las reglamentaciones de las leyes federales; otras normas federales; y los actos federales de las autoridades de la Nación (conf. Esteban Ymaz y Ricardo E. Rey: “El Recurso Extraordinario”, 3º Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., pág. 86). Es fácil advertir, a la luz de lo expuesto, que no nos encontramos ante una cuestión federal simple, puesto que la controversia de autos no ha girado en torno a la interpretación de normas federales o de actos federales de autoridades de la nación, si no, antes bien, se ha puesto en duda la constitucionalidad de un artículo de la ley provincial de jubilaciones y pensiones, típica cuestión de derecho público local.- Acerca de la segunda de las hipótesis que plantea el actor, esto es la configuración de una cuestión federal compleja indirecta, debe señalarse que cuando la inconstitucionalidad de una norma o de un acto se funda en su incompatibilidad con otra norma o acto preeminente, el conflicto con la Constitución Nacional es indirecto y las cuestiones así producidas se denominan complejas indirectas.
En tales casos, los conflictos se resuelven dando preferencia a la norma o al acto que, según la Constitución Nacional, sea preeminente (conf. Ymaz y Rey, ob. cit., pág. 135). Señala Tribiño, citando a Guastavino, que estas cuestiones se denominan “indirectas”, por cuanto la discusión no se produce inmediatamente entre alguna cláusula constitucional determinada y un precepto o acto inferior a ella, sino entre un acto o norma superior -que no es la Constitución Nacional- y un acto o norma inferior (conf. Tribiño Carlos R., ob. cit., pág. 112). Pero, en la pieza en estudio no se indica, si quiera mínimamente, cual sería el acto o norma superior con la que entrarían en conflicto las prescripciones del artículo 100, inciso c) de la Ley Nº 1782.
Tal circunstancia, sumada al objeto de la pretensión -donde claramente no se plantea ningún tipo de incompatibilidad normativa-, nos da una clara pauta de que tal supuesto no se encuentra configurado en estas actuaciones.- Por otra parte, es sabido que existe relación directa e inmediata cuando de la cuestión federal depende necesariamente, en todo o en parte, la decisión del litigio. Si, por el contrario, la causa puede ser resuelta por otros fundamentos, si no es indispensable pronunciarse sobre aquélla para decidir el pleito, falta relación directa (conf. Tribiño Carlos R., ob. cit., pág. 116).-
A la luz de la doctrina citada, podemos advertir que en este proceso no existe una relación directa con la cuestión federal invocada, ya que el litigio se resolvió en base a normas provinciales, por tratarse de cuestiones relativas a la aplicación de la ley provincial de jubilaciones y pensiones. Dicho en otras palabras, la materia en discusión no es una cuestión federal que habilite la instancia extraordinaria en los términos del artículo 14 de la Ley Nº 48, no existe cuestión federal alguna, ya que los agravios del actor remiten al examen de cuestiones de derecho público local, ajenas -como regla y por su naturaleza- a la instancia prevista en el artículo 14 de la Ley Nº 48 (conf. el Dictamen de la Procuración General al cual remitió la Corte en autos: Vega, Raúl - Intendente de San Francisco del Monte de Oro Pcia. de San Luis c/ Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de San Francisco del Monte de Oro Provincia de San Luis s/ Conflicto de Poderes (V.332 XLVIII.
REX), del 12 de marzo de 2013, entre otros). El respeto del sistema federal y de las autonomías provinciales exige que se reserve a los jueces locales el conocimiento y decisión de las causas que versan sobre aspectos propios de su derecho público (conf. el Dictamen de la Procuración General al cual remitió la Corte en autos: “Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza c/ Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Provincia de s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad (CSJ 421/2016), del 4 de agosto de 2016).- Cabe destacar, por lo demás, que la alegada violación de garantías y derechos que provienen de manera directa de la Constitución Nacional, constituye una mera enunciación de principios y normas constitucionales supuestamente vulnerados, que no logra demostrar la configuración de la cuestión federal o la excepcional arbitrariedad en el caso.
De admitirse tal argumento, toda pretensión con fundamento constitucional constituiría cuestión federal y sería, por ende, objeto de recurso extraordinario, quedando la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional, aunque esté directa e inmediatamente regido por el derecho no federal (Fallos: 327:2291).- En mérito de ello -la inexistencia de cuestión federal- es que no se ha podido dar cumplimiento al requisito del artículo 3º, incisos d), y e), de la Acordada Nº 4/2007 y 14 de la Ley Nº 48, tal como se ha expresado precedentemente.-
III. Por otro lado, el recurrente insiste en plantear su recurso extraordinario en torno a una de las causales a través de la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ingresado, en ciertas ocasiones, a tratar recursos extraordinarios que versaban sobre cuestiones de derecho no federal: la arbitrariedad. Respecto de este carril por el que el actor intenta encauzar su recurso, debe recordarse que la Corte Suprema ha establecido que dicha doctrina es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, el reexamen de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la “sentencia fundada en ley” a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos 325:3265, entre otros).- En efecto, el actor pretende fundar su disconformidad con la decisión adoptada bajo un pretendido ropaje de sentencia arbitraria, soslayando que éste Tribunal ha dado las razones jurídicas derivadas de la solución normativa aplicable que fundamentan la decisión adversa a su postura.
Contrariamente a lo que sostiene el recurrente, en el fallo se efectuó un adecuado tratamiento de las cuestiones propuestas que satisface lo exigido a los pronunciamientos judiciales, pues cuenta con fundamentación suficiente y constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, todo lo cual descarta el vicio que se le atribuye (Fallos 313:559, 315:2969, 316:2718, 319:103 y 321:1909).- Mal puede sostener el actor, entonces, que “La sentencia es arbitraria por carecer de fundamentos fácticos y de derechos (sic), ya que en sus considerando (sic) establece posiciones de las partes que estas no adoptan...” (cfr. fs. 74) y que “...la Sentencia se aparta sin fundamento alguno de importante doctrina jurisprudencial de la C.S.J.N., en autos Chaca” (cfr. fs. cit.).
Sobre este último punto cabe resaltar que, en la sentencia recurrida, éste Tribunal -a lo largo de todo el considerando V- realizó un pormenorizado análisis del citado precedente y dio suficientes razones de por qué no era análogo al de autos. Siendo ello así, la afirmación de que la sentencia se apartó de dicho precedente sin dar fundamento alguno, cae por su propio peso.- Además, sostiene que “...el Superior Tribunal (sic) se expide concretamente sobre una cuestión no solicitada por las partes, resolviendo una pretensión no interesada (ultra petita)” (cfr. fs. 74), cuando de una simple lectura del escrito introductorio surge que el actor solicitó expresamente que se reconozca su derecho a acceder a la jubilación ordinaria provincial desde el 23 de junio de 2009, así como también que se declare la inconstitucionalidad del artículo 100, inciso c), de la Ley Nº 1782 de Jubilaciones y Pensiones de esta provincia (cfr. fs. 10 vta.).
Ello fue así, dado que en éste último dispositivo la Administración había fundado el rechazo de su solicitud de jubilación ordinaria (conf. fs. 7). Recordemos en tal sentido que, como bien enseña Hutchinson “El actor es el que al poner en marcha la actividad jurisdiccional delimita el petitum y la causa petendi de la acción ejercitada, vinculando al Tribunal en su decisión” (cfr. Hutchinson, Tomás: “Derecho Procesal Administrativo”, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2009, Tomo III, pág. 226) y que en los procesos contencioso administrativos “...la sentencia debe adecuarse a las pretensiones formuladas por las partes y a los motivos aducidos y decididos en sede administrativa” (cfr. Hutchinson, Tomás, ob. cit., Tomo III, pág. 227).
Si tenemos en cuenta que la Administración rechazó la solicitud del actor con fundamento en el citado artículo 100, inciso c), de la Ley Nº 1782, y que ante dicha negativa aquél inicio este proceso, a efectos de que se declare la inconstitucionalidad de dicho artículo, vemos sin mucha dificultad que ha existido conformidad entre la sentencia, lo discutido en sede administrativa, y lo solicitado en sede judicial.- Una alegación de tal magnitud, debió haberse hecho sobre bases serias, y no con el mero afán de lograr suplir la falta de cuestión federal y la inexistencia de arbitrariedad en el pronunciamiento apelado.-
Es útil recordar, a efectos de aventar toda duda en el ánimo del actor, que el principio de congruencia puede vulnerarse por omisión, esto es cuando el fallo contenga menos de lo pedido por las partes (ne eat iudex citra petita partium), por extralimitación, cuando otorga más de lo impetrado por los litigantes (ne eat iudex ultra petita), o por ambas razones, es decir mixta, en caso de padecer ambos defectos a la vez (conf. SCBA, Causa: “F. , A. d. l. M. y D., R. J., Recurso de amparo contra Mutual Federada 25 de Junio”, sentencia del 18 de junio de 2014, entre otros), pero nunca puede vulnerarse por el hecho de haberse dictado una sentencia en sentido desfavorable a los intereses del peticionante (conf. SCBA. Causa: “B. , a. A. y o. s/ Inc. de exclusión de vivienda familiar” en autos: “Bruguiere, Angel A. s/ Conc. prev. (hoy quiebra)”, sentencia del 17 de junio de 2009). Y esta última es la posición tomada por el presentante en su recurso, dado que su único agravio es, en rigor de verdad, la decisión que tomó éste Tribunal Superior al rechazar su petición.- Cabe recordar, sólo a mayor abundamiento, que la Corte Suprema en materia de sentencias arbitrarias ha establecido reiteradamente que ella no tiene por objeto la corrección en tercera instancia de decisiones que a criterio de los recurrentes se estimen equivocadas (Fallos 245:327, entre otros), sino que, por el contrario, está dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de las calidades mínimas para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial (Fallos 237:74).-
En este sentido, también debemos señalar que la doctrina elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de recurso extraordinario federal ha establecido reiteradamente que dicho remedio resulta improcedente si los argumentos desarrollados en el decisorio que se impugna no han sido rebatidos en términos que satisfagan el requisito de “fundamentación autó-noma” a que se refiere el artículo 15 de la Ley Nº 48 pues, según esta exigencia, la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo, de modo que el ape-lante debe rebatir los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclu-siones que lo agravian (Fallos 308:761 y 2421; 310:722; 311:499). No configura una correcta fundamentación del recurso extraordinario la aserción de determinada solución jurídica en tanto no esté razonada -constituya agravio concretamente referido a las circunstancias del juicio- y contemple los términos del fallo en recurso.- En autos, la presentación en estudio denota la ausencia de debida fundamentación, toda vez que el presentante realiza un análisis sesgado de lo resuelto oportunamente por este Tribunal Superior, sin lograr una argumentación crítica capaz de revertir la decisión a que se arribó. Ello, por cuanto el verdadero agravio del recurrente, lo reiteramos una vez más, es el criterio adoptado por este Alto Cuerpo, quedando en claro que su pretensión es, entonces, que se sustituya éste por una interpretación más favorable a sus intereses.-
Por último debe señalarse, como ya se ha afirmado en párrafos precedentes, que las cuestiones de derecho público local resultan extrañas, por su naturaleza, a la instancia extraordinaria del artículo 14 de la Ley Nº 48, y la apreciación de la tacha de arbitrariedad es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de superiores tribunales de provincia, cuando deciden sobre aspectos de aquélla índole (Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte en Fallos: 330:4489).-
Corresponde concluir, entonces, que los agravios esgrimidos no resultan hábiles para alcanzar la apertura del remedio federal, toda vez que se soslayan en definitiva los argumentos del resolutorio, poniendo al descubierto la mera disconformidad con la solución dada a la causa, extremos que en modo alguno viabilizan la admisibilidad del remedio intentado.-
Por ello y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por el actor a fs. 69/75.-
2. Regístrese y notifíquese. Oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas mediante oficio y archívese la presente causa.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidente-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dr. Domingo Norberto Fernández -Vocal Subrogante-.
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1002O.171 Tomo: VIII Sentencia: 387 Folio N°: 1462/1466 Secretaría: 1
Fin de la sentencia