Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la multa aplicada, con costas.
2Regular en la suma de $ 220.780 (pesos doscientos veinte mil setecientos ochenta) los honorarios del Dr. Alejandro Felipe Noël por su actuación en el doble carácter de apoderado y patrocinante de la recurrente
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-78743797-APN-VOCIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 14 de Agosto de 2026 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúnen los miembros de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Viviana Marmillon (Vocal Titular de la 7ª Nominación), Claudio E. Luis (Vocal Titular de la 8ª Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Subrogante de la 9ª Nominación), para resolver el expediente 40.493-I caratulado “PIGS ARGENTINA S.A.”.
El Dr. Martín dijo:
I. Que a fs.11/17 PIGS ARGENTINA S.A., por apoderado, interpone recurso de apelación contra la Resolución S/MM/67/2014 de fecha 6 de agosto de 2014 dictada por el Jefe de la División Jurídica de la Dirección Regional Microcentro de la DGI - AFIP mediante la cual se le aplicó una multa en el Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2009, equivalente a un tercio (1/3) del cincuenta por ciento (50%) del impuesto omitido, en los términos de los artículos 45 y 49 de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y modif.).
Hace una reseña de los hechos, e indica que PIGS ARGENTINA S.A. es una empresa de capitales exclusivamente nacionales, dedicada a la producción de alimentos porcinos, que abarca la cría, engorde, faena y chacinado de la más amplia gama de productos alimenticios derivados del cerdo.
Señala que como consecuencia de la crisis productiva en el sector porcino las autoridades nacionales, mediante la resolución ONCCA N° 1.378/2007 modificada por la resolución ONCCA N° 5.523/2007, generaron un marco legal para incentivar a productores y engordadores de ganado porcino a través de compensaciones por continuar con su actividad, sin embargo, alega que dicha medida terminó resultando un perjuicio para su parte ya que si bien las mismas fueron devengadas nunca las percibió pese a haber iniciado reclamos ante el organismo estatal y acciones judiciales para procurar el cobro de las mismas.
Alega que el Fisco lo ha condenado al pago de ganancias por compensaciones que no percibió y que, aun cuando pagó el tributo que le fuera reclamado, fue sancionado por haber rectificado las declaraciones juradas presentadas y abonar las diferencias observadas.
Sostiene que no ha cometido ningún hecho que derive en la sanción específica que se le pretende aplicar establecida en el artículo 45 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y modif.).
Se agravia por cuanto la resolución en crisis se limita al análisis del elemento objetivo que se le imputa, la presentación de declaración jurada inexacta, sin detenerse a analizar el elemento subjetivo, desoyendo la prueba ofrecida por su parte a fin de acreditar la existencia de un error excusable.
Plantea la inconstitucionalidad de la sanción aplicada por considerar que viola el principio de razonabilidad consagrado en la Constitución Nacional ya que por medio de la misma se le reprocha un incumplimiento de un supuesto deber legal que nunca fue incumplido, afectando derechos de raigambre constitucional, consagrados en los artículos 14 y 17 de la C.N. Cita doctrina y jurisprudencia en sustento de su postura. Ofrece prueba informativa y testimonial a fin de acreditar los hechos invocados. Hace reserva del caso federal.
Por las razones expuestas, solicita que se revoque la sanción impuesta, con expresa imposición de costas al Fisco.
II. Que a fs. 28/39, el organismo fiscal contesta el traslado del recurso que oportunamente le fuera conferido Explica que a raíz de la fiscalización practicada al contribuyente se detectó que PIGS ARGENTINA S.A. presentó la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2009 en forma inexacta, dejando de ingresar el impuesto en su justa medida toda vez que omitió considerar como ingresos gravados por el citado impuesto aquellos derivados de las compensaciones otorgadas por la ONCCA devengadas en dicho período. Agrega que posteriormente la recurrente conformó el ajuste practicado y presentó la declaración jurada rectificativa, razón por la cual se le instruyó sumario encuadrando su conducta en los términos del artículo 45 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y modif.), el cual culminó con el dictado de la resolución apelada en autos.
Que, en primer término, respecto de la resolución recurrida, señala que la misma no adolece de vicio alguno que acarree su nulidad, menos aún de ausencia de motivación o de análisis de elemento subjetivo ya que en la citada resolución se han establecido, desarrollado y fundamentado los hechos sobre los cuales se sustenta el criterio aplicado por su parte, haciendo hincapié en las circunstancias fácticas y jurídicas que la presuponen y relacionándolas de manera tal que quedan descriptas y adecuadas a la normativa vigente.
Agrega que tampoco se ha violado o cercenado el derecho de defensa del recurrente, ya que tuvo oportunidad y posibilidad de desvirtuar o rechazar en forma fundada cada uno de los cargos o impugnaciones que se le formularan. Considera que no se verifica el vicio nulificante ni la irrazonabilidad alegadas, en tanto el acto apelado respeta la normativa procedimental administrativa y tributaria que lo rige cumpliendo acabadamente con los requisitos del artículo 7° de la ley 19.549, por lo que solicita se rechace el planteo de nulidad, con costas.
Que, con relación al error excusable invocado por la recurrente, sostiene que dicha parte no ha acreditado haber incurrido en un error con entidad suficiente para exculparlo de responsabilidad en su accionar, y que ha quedado demostrado que infringió con los deberes de cuidado que se exigen respetar para una correcta declaración de ingreso de los impuestos a los que está obligado a tributar, por lo que se configura el elemento subjetivo del tipo, una concreta manifestación de un obrar culposo, ajustándose la multa aplicada a derecho.
Que, sobre la cuestión de fondo y con relación a la multa aplicada en los términos del artículo 45 de la citada ley, alega que la infracción tributaria ha quedado configurada con la inexactitud de la declaración jurada presentada inicialmente y su posterior rectificación, ya que una vez puesto en conocimiento el recurrente de la errónea liquidación, los ajustes sugeridos por el fisco fueron aceptados y conformados por el contribuyente, quien presentó la declaración jurada rectificativa respectiva en el Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2009. A su entender, al someterse voluntariamente a las observaciones del personal fiscalizador, el contribuyente aceptó que había omitido ingresar el impuesto en su justa medida y que ello había sido detectado por la fiscalización.
Afirma que se ha configurado el elemento objetivo de la conducta imputada a PIGS ARGENTINA S.A., es decir, el accionar negligente de naturaleza culposa en el cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo en tiempo oportuno, lo que fue acreditado con los instrumentos obrantes en las actuaciones administrativas y por el propio reconocimiento expreso de la actora. En tanto que el elemento subjetivo, se verifica a partir de la actitud asumida por la recurrente de no adoptar los recaudos mínimos para dar satisfacción exacta a su deuda, ya que ha actuado con pleno conocimiento de la conducta en la que incurría lo que resulta idóneo para acarrear la responsabilidad penal.
Que cita doctrina y jurisprudencia en sustento de su postura, acompaña los antecedentes administrativos correspondientes a las actuaciones, se opone a la prueba ofrecida por el recurrente. Hace reserva de la cuestión federal. En virtud de los argumentos expuestos, solicita se haga lugar a la nulidad intentada, confirmando la resolución recurrida, con expresa imposición de costas a la actora.
III. Que a fs. 54 se abre la presente causa a prueba, haciéndose lugar a la informativa ofrecida por la recurrente solicitando oficiar al Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 12, Secretaría N°23, para que remita copia certificada del expediente N°12615/2013 y a la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno, a fin de que informe si en 2009 abonó compensación y/o subsidio alguno a PIGS ARGENTINA S.A. por producción y/o engorde de ganado porcino, obrando a fs. 63/64 y 67/71 agregadas las contestaciones de dichos oficios, respectivamente.
Que a fs. 73 se intimó a las partes para que informen si se había dado cumplimiento con la obligación sustancial que diera origen a la multa apelada en autos. A fs. 74 el recurrente solicitó que se declare abstracto el presente recurso en atención a la condonación de pleno derecho prescripta por el artículo 56 de la ley 27.260 dado que los errores formales controvertidos en las presentes actuaciones se corresponden a inexactitudes plasmadas en las declaraciones juradas rectificativas. Por su parte, el Fisco a fs. 78 informa que no le corresponden los beneficios de la citada ley atento a que el impuesto reclamado si bien fue incluido en un Plan de Facilidades de Pago, el mismo se encuentra caduco y por lo tanto la obligación impaga.
Que a fs. 95 se requirió a las partes para que manifiesten si la obligación correspondiente al Impuesto a las Ganancias período fiscal 2009 se encontraba cancelada o regularizada y si correspondía a la recurrente los beneficios de la ley 27.541, manifestando a fs. 102 dicha parte que nada adeuda, aunque podría resultar de interés tomar los beneficios de la ley 27.541 y a fs.106 deja constancia de que se proseguirá con el trámite. En tanto que el Fisco a fs.116/117 reiteró que la obligación sustancial no se encuentra cancelada o regularizada.
IV. Que a fs. 121 se elevan los autos a conocimiento de la Sala “C”. A fs. 125 se colocaron los mismos para alegar, obrando a fs.129/131 los alegatos del Fisco, dejando constancia a fs. 132 la Secretaría General de Asuntos Impositivos que la actora no ha hecho uso del derecho otorgado a fs.125. A fs. 133 se resolvió que pasen los autos para dictar sentencia.
V. Que, en primer lugar, corresponde expedirse sobre los planteos efectuados por la recurrente relativos a la nulidad de la resolución apelada, como así también la afectación al principio de razonabilidad consagrado en la Constitución Nacional al reprocharse mediante la sanción aplicada un incumplimiento de un supuesto deber legal que nunca fue incumplido (sic.).
Que es dable señalar que no se advierte en autos irregularidad alguna sostenida a lo largo de las actuaciones, sino que en todo momento y hasta el dictado de la Resolución atacada, se cumplieron acabadamente con los requisitos establecidos por el art. 7 de la Ley N° 19.549, ya que se han cumplimentado los procedimientos establecidos para su emisión, posibilitándose al contribuyente conocer la pretensión fiscal, tomar la intervención que consideró procedente y elaborar así la defensa que le pareció a su criterio adecuada.
Asimismo, el acto aquí recurrido contiene todos los elementos jurídicos formales que se reputan ausentes por la recurrente, posibilitándose a la contribuyente conocer la pretensión fiscal. Al respecto, la doctrina es conteste en señalar que la motivación tiene por objeto poner de manifiesto las razones que determinan el acto y su causa, es decir los fundamentos para llegar a la conclusión inserta en la parte resolutiva o la resolución misma (Chase Plate, Luis, “La Motivación del Acto Administrativo”, citado por Hutchinson, Tomás en “Ley de Procedimientos Administrativos”, Tomo 1, pág. 159).
Que, en conclusión, se advierte que los fundamentos de la nulidad y de la inconstitucionalidad planteadas por la actora que se tratan en este punto, constituyen una mera discrepancia con el criterio fiscal que integra el fondo de la cuestión, pero no afectan la validez del acto apelado, por lo que corresponde desestimarlos, no debiéndose imponer costas, en virtud de que tales defensas fueron interpuestas como otro agravio correspondiente al fondo, sin otorgarse el carácter de previo y especial pronunciamiento, razón por la cual serán tratados conjuntamente con el mismo.
VI. Que ello así, corresponde expedirse sobre el planteo efectuado por la recurrente a fs. 74 solicitando se declare abstracto el presente recurso en atención a la condonación de pleno derecho prescripta por el artículo 56 de la ley 27.260. Al respecto, cabe señalar que el artículo 56 de la citada ley en su parte pertinente dispone: “...Las multas y demás sanciones, correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas al 31 de mayo de 2016, quedarán condonadas de pleno derecho, siempre que no se encontraren firmes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley y la obligación principal hubiera sido cancelada a dicha fecha...”.
Que, si bien no se encuentra firme la presente multa, de las consultas efectuadas al fisco surge que la obligación sustancial que diera origen a la multa aquí apelada, Impuesto a las Ganancias período fiscal 2009, no se encuentra cancelada (vide fs. 78, 86, 93 y 116/117), ni el recurrente ha arrimado pruebas del pago del impuesto reclamado sino que en sus presentaciones de fs. 74 y 80 se limitó a mencionar que “…los errores formales controvertidos… fueron subsanados mediante declaraciones juradas rectificativas con anterioridad a la finalización del plazo del régimen de acogimiento prescripto por la ley 27.260…” (sic.).
Que no habiéndose acreditado los requisitos establecidos por la normativa en cuestión a efectos de que sea procedente la condonación solicitada en los términos de la ley N° 27.260, corresponde tratar la sanción impuesta.
VII. Que atento a lo resuelto en el punto precedente, se debe resolver si la multa aplicada se ajusta a derecho. Que, respecto de la prueba producida en autos, a fs. 64 se encuentra agregada la contestación del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 de fecha 31 de mayo de 2016, informando que los autos “PIGS ARGENTINA c/UCESCI Y OTROS s/PROCESO DE CONOCIMIENTO” se encuentran en plena etapa probatoria.
Que por su parte, a fs. 68 la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno (UCESCI) informó que luego de una búsqueda exhaustiva de la información relacionada con el reclamo de autos (si PIGS ARGENTINA S.A. percibió compensación y/o subsidio alguno por producción y/o engorde de ganado porcino), la misma no obra en su dependencia, destacando que la UCESCI no resulta ser continuadora de la ex ONCCA en tanto se trata de entes con atribuciones, radicación y conformación totalmente diferentes, y sugiere que se solicite dicha información al Ministerio de Agroindustria o AFIP.
Que a fs. 3 de los antecedentes administrativos obra agregada la declaración del Impuesto a las Ganancias por el ejercicio fiscal 2009 presentada por la recurrente con fecha 30 de noviembre de 2010, determinándose un impuesto de $52.697,25 y arrojando un saldo a favor de la actora de $ 23.178,33 y del fisco de $0.
Que con fecha 29 de abril de 2013 se notificó a la actora el inicio de la fiscalización, en la cual se verificó que no se consideraron alcanzados por el Impuesto a las Ganancias montos cobrados en concepto de compensaciones aprobadas por la ONCCA durante el período 2009 por un total de $1.458.730,36, devengados en los meses de julio y agosto de 2008 por $1.121.780,10 y $336.950,26, respectivamente (vide Resolución apelada e Informe Final de Inspección obrante a fs. 7/10 de los antecedentes administrativos). Ante dicha situación, con fecha 20 de diciembre de 2013 la actora presentó la declaración jurada rectificativa ajustada por el período fiscal 2009, en la cual se determinó un impuesto de $463.152,90 y consignó como saldo a favor de la actora la suma de $0 y del fisco $387.277,32, luego de incorporar como ajustes impositivos los montos de compensaciones otorgadas por la ONCCA.
Que si bien la actora manifiesta en su escrito recursivo que “…no ha existido perjuicio fiscal, toda vez que la propia resolución impugnada confirma que esta parte ha abonado la diferencia observada…”, de las consultas efectuadas al Fisco surge que la obligación sustancial se encuentra impaga (vide fs. 78, 86, 93 y 116/117). Ahora bien, cabe aclarar que la rectificación por sí misma no exime al recurrente de la sanción que pudiere corresponder.
Que el artículo 45 de la ley N° 11.683 (t.o en 1998 y sus mod.) vigente al momento de los hechos, en su parte pertinente establece que “El que omitiere el pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas, será sancionado con una multa graduable entre el cincuenta por ciento (50%) y el ciento por ciento (100%) del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente, siempre que no corresponda la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusable…”, es decir que se requiere de la concurrencia de dos elementos para su configuración: a) la omisión de pago del impuesto, b) mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o la inexactitud de las mismas.
Hay que tener en cuenta, además, que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos: 271:297 “Parafina del Plata S.A.” 02/09/1968).
Que en el presente caso ha quedado acreditada la configuración del elemento objetivo del ilícito que nos ocupa, toda vez que la recurrente, a instancias de la verificación, a través de la presentación de la declaración jurada rectificativa efectuada con fecha 20 de diciembre de 2013 (obrante a fs. 4 de las actuaciones administrivas) reconoció la existencia de las compensaciones en su favor por parte de la ONCCA por los montos cuestionados en autos; su devengamiento en el período fiscal 2009 por el ejercicio finalizado en el mes de junio de ese año y produjo la reversión del ajuste efectuado en la declaración jurada original.
Que en lo que concierne al elemento subjetivo, si bien alega la existencia de un error excusable y ofrece prueba a fin de acreditarlo, aquella producida en autos no logra desvirtuar la culpa que se le imputa, atento que por el principio general del devengado las ganancias corresponden al período 2009 con independencia de que se hubieren cobrado o no, ya que admitir una interpretación en contrario llevaría a considerar en la tercera categoría el principio del percibido para un supuesto no contemplado. En consecuencia, la actitud que asume el responsable frente a la autodeterminación del impuesto pudo preverse y así evitar la falta de ingreso debido del tributo, ya sea por impericia, imprudencia o negligencia, en cualquiera de los casos se lesionó el bien jurídico tutelado.
Que conforme lo ha sostenido la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en numerosas oportunidades “si bien la infracción prevista en el artículo 45 de la ley 11.683, es de carácter prevalentemente objetivo -por lo cual, en principio, bastaría el hecho externo de la falta de pago en término para que se la tenga por configurada-, en el supuesto de que la culpabilidad esté excluida, no puede considerarse cometida la infracción omisiva ya que la finalidad de la norma penal es castigar a quien, por su culpa o negligencia no paga, pudiéndolo hacer. De allí es que puedan existir circunstancias que atenúen o, inclusive, eliminen la imputación, tales como el error excusable de hecho o de derecho, la imposibilidad material de pago u otras circunstancias excepcionales debidamente justificadas” (CNACF, Sala IV, “Club Atlético Rosario Central” del 23/05/2006). En este sentido se pronunció la CSJN, señalando que, si bien se ha reconocido en numerosas oportunidades que el principio de culpabilidad rige en el campo del derecho represivo tributario, “…el apelante ni siquiera ha alegado tal como lo exige la doctrina reseñada que, a pesar de haber actuado con la debida inteligencia, no tuvo la posibilidad real y efectiva de comprender el carácter antijurídico de su conducta” (CSJN “Wortman, Jorge Alberto y otros” del 08/06/1999).
Que no se advierte en autos la configuración de un error excusable, es decir, la existencia de una causal exculpatoria válida que permita al contribuyente eximirse de la responsabilidad endilgada. Por lo tanto queda configurado el elemento subjetivo de la sanción al requerir la existencia de un accionar culposo y habiendo obrado la recurrente de manera negligente.
VIII. Sin embargo, habiendo el suscripto tomado conocimiento con posterioridad a la emisión del voto, de la Disposición 2025-219-APN-DGDAGYP#MEC, por la que se rechazan las solicitudes de compensación presentadas por la firma PIGS ARGENTINA SA en el marco de la Res. ONCCA N° 1378/2007 y modif. considero que ha devenido abstracta la resolución de la presente causa.
Por su parte atento que la actora impulsó el cobro de compensaciones , admitió el devengamiento de su derecho a las mismas, produciendo la rectificación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias 2009 sobre la base del criterio de lo devengado, dando lugar a la aplicación de la multa correspondiente y que el Juez Administrativo actuó sobre la base de lo ordenado en la Res. Conjunta N° 334 (MAGyP), N° 166 (MI) y N° 235 (MEyFP)
considero que las costas deben imponerse en el orden causado.
La Dra. Marmillon dijo:
I. Que adhiero a los puntos I a V del voto precedente.
II. Que respecto de la cuestión de fondo traída a decisión de este Tribunal, cabe recordar en primer término la indiscutida naturaleza penal de las infracciones tributarias, por lo que debe analizarse si en el caso de autos se han configurado los elementos del tipo penal y el proceder culposo a la luz del art. 45 de la ley 11.683 (t.o vigente al momento de configurarse el hecho considerado punible), esto es la omisión de impuesto y la ausencia de error excusable como causal de exoneración de responsabilidad prevista por aquella norma.
En el caso de autos, el Fisco Nacional fundamenta la aplicación de la sanción apelada en la omisión de considerarse como ingresos gravados en el impuesto a las ganancias los ingresos por compensaciones otorgadas por la ONCCA, devengadas en el período 2009.
Si bien con fecha 30/7/2013 se presenta declaración jurada rectificativa, de conformidad con el ajuste propuesto por la fiscalización actuante, la empresa inicia reclamo judicial por el cobro de dichas compensaciones, dando origen a la causa Nº 12.615/2013 “Pigs Argentina S.A. c/ Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno y Otros s/ Ordinario”, en trámite ante el Juzgado Nacional de 1ra. instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 12. A fs. 64, luce agregada la contestación al oficio ordenado oportunamente por este Tribunal, del que surge que la referida causa se encontraba abierta a prueba desde el día 24/02/2016.
Por otra parte, a fs. 68 con fecha 1/7/2016 obra la contestación al oficio diligenciado a la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno (Ex ONCAA)” a fin de que informe si en el año 2009 abonó compensación y/o subsidio alguno a PIGS ARGENTINA S.A por producción y/o engorde de ganado porcino (Resolución ONCAA N° 1379/2007 modificada por la Resolución ONCAA N° 5523/2007)”; en ella se comunica que “luego de una búsqueda exhaustiva de la información relacionada con el reclamo de autos, la misma no obra en esta dependencia”. Ahora bien, según constancia obrante en el sistema de consultas web del Poder Judicial de la Nación (https://scw.pjn.gov.ar/scw/expediente.seam?cid=791487), el citado juzgado hace lugar a la demanda iniciada el día 16/4/2013 y en consecuencia, respecto del pago de los incentivos promocionales que se encuentran pendientes, correspondientes a los períodos junio de 2008 a mayo de 2010, declara la nulidad del artículo 5° de la resolución conjunta 235,166 y 334/2011, ordenando a la UCESCI o ente que corresponda que en el plazo que se fija dé curso a los trámites de solicitud de las compensaciones .
El 9/4/2024 la Cámara Contencioso Administrativo Federal -Sala I- dicta sentencia, la que se encuentra firme, por la que confirma dicho pronunciamiento, en el entendimiento que, “en la medida en que las solicitudes presentadas por Pigs Argentina SA de conformidad con la resolución (ONCCA) n° 1397/07 carecen de una resolución administrativa válida que se pronuncie sobre su eventual procedencia, se comparte lo decidido por la jueza de grado en cuanto a que se condene a la demandada a emitir la resolución mencionada” y fija un plazo para que la administración dicte el acto correspondiente,...“ tendiente a obtener un acto administrativo individual que se expida acerca de si las solicitudes formulada por la actora se corresponden con el derecho objetivo vigente al momento de su presentación, dado que incumbe a su competencia evaluar el cumplimiento de tales extremos, valoración que no puede ser suplida por el juzgador”.
Finalmente, el 5/3/2025 la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, dependiente del Ministerio de Economía, en el marco del expediente 2025-07997324-APN-DGDAGYP#MEC dicta la disposición 2025-219-APN- DGDAGYP#MEC (5/3/2025) que reza: ARTÍCULO 1°.-: Recházanse las solicitudes de compensación presentadas por la firma PIGS ARGENTINA S.A. (CUIT…), por los motivos de los que dan cuenta los considerandos de la presente medida. ARTÍCULO 2°.- Comuníquese el alcance de la presente disposición al Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12, Secretaría N° 23, a través de la Dirección ...”. (El destacado es propio)
Cabe señalar que, aún con anterioridad al dictado de la referida disposición, las constancias de autos ya evidenciaban que la procedencia de las compensaciones invocadas por el Fisco Nacional se encontraban condicionadas a lo resuelto en sede judicial. En efecto, a raíz del oficio librado por este Tribunal a fs. 61, el Juzgado interviniente informó con fecha 31/05/2016, que la causa Nº 12.615/2013 aún no había concluido la etapa probatoria, circunstancia que demostraba que la cuestión relativa a tales compensaciones aún carecía de una decisión definitiva. En este contexto, la resolución 2025-219- APN-DGDAGYP#MEC no hizo más que poner fin a un procedimiento, del cual la suscripta tomó conocimiento de su evolución a través del sistema de consultas web del Poder Judicial de la Nación. (El subrayado es propio)
III. Que teniendo en consideración la doctrina sentada por nuestro Más alto Tribunal al establecer que “los pronunciamientos que se dicten deben ajustarse a las condiciones existentes al momento en que ellos se dictan, aun cuando ellas resulten sobrevinientes y producidas durante la sustanciación del proceso (Fallos 311:787)” y a la luz de lo analizado en el considerando precedente, cabe concluir que en la especie no se ha configurado el elemento material de la sanción impuesta, ante la inexistencia de las compensaciones en favor de la recurrente, invocadas por el organismo recaudador en la resolución apelada, por lo que corresponde su revocación. Costas a la vencida.
IV. Que sentado lo que antecede, corresponde proceder a la regulación de honorarios del profesional interviniente por la recurrente, aplicando las pautas emergentes de la ley 21.839 y destacándose que resulta necesario apartarse de las escalas legales ya que de seguirse aquéllas se obtendría un arancel con valores de muy escasa significación en función de la tarea desarrollada en autos.
En tal sentido nuestro más Alto Tribunal ha reconocido la posibilidad de apartarse de los porcentajes previstos en el arancel, a fin de arribar a una solución justa y mesurada, acorde a las circunstancias de cada caso. (“Cia. Financiera Argentina”, sentencia del 2/3/2016, entre muchas otras).
Ello así, se regula en la suma de $220.780 (pesos doscientos veinte mil setecientos ochenta) los honorarios del Dr. Alejandro Felipe Noël por su actuación en el doble carácter de apoderado y patrocinante de la recurrente, teniendo en consideración la labor profesional desarrollada, el resultado de la causa, las etapas procesales cumplidas, demás pautas de la ley 21.839.
Se deja constancia que dichos emolumentos se encuentran a cargo del Fisco Nacional y no incluyen el impuesto al valor agregado.
El Dr. Luis dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Marmillon.
Que en atención a la votación que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Revocar la multa aplicada, con costas.
2. Regular en la suma de $ 220.780 (pesos doscientos veinte mil setecientos ochenta) los honorarios del Dr. Alejandro Felipe Noël por su actuación en el doble carácter de apoderado y patrocinante de la recurrente Se deja constancia que dichos emolumentos se encuentran a cargo del Fisco Nacional y no incluyen el impuesto al valor agregado. Regístrese, notifíquese, y archívese.
Date: 2026.08.13 17:42:40 ART Date: 2026.08.14 14:29:43 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Viviana Marmillon Claudio Esteban Luis Vocal Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.08.14 15:10:47 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Daniel Alejandro Martín Vocal Subrogante Vocalía IX Sala C Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.08.14 15:11:36 -03:00
Fin de la sentencia