Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa 32.692-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente el art. 2° de la Resolución (DE PRLA) Nº 5563/2012, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en el Expte. N° 12039-1610-2008, la cual condena a la importadora PILAR PARTES al pago de una multa, la que se reduce una (1) vez el importe de los tributos, la que asciende a la suma la suma de PESOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CON 84/100 CVOS. ($ 81.931,84.-). por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, por no haber regularizado dentro del plazo establecido, parte de la mercadería ingresada temporariamente (sin cancelar 3276 unidades) mediante el DIT N° 00 001 IT15 001420 N, cuyo vencimiento operaba el 30/06/2002. Respecto de las costas corresponde imponerlas conforme a sus respectivos vencimientos (conf. art. 1163 del C.A.), las que resultan en un 40% a cargo de la coactora importadora y en un 60 % a cargo del fisco.
2Confirmar parcialmente el art. 3° de la resolución apelada, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, conforme a la liquidación efectuada en el considerando XVII.- del presente, declarando que las coactoras adeudan la suma PESOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CON 84/100 CVOS. ($ 81.931,84.-), en concepto de tributos adeudados, con más los intereses que corren 10/05/2012 en razón de lo establecido por el art. 794 del C.A. (ver cons. …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-135048070-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 15 de Diciembre de 2022 Tribunal Fiscal de la Nación Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel Nathan Licht y Claudia B. Sarquis, a fin a fin de resolver en los autos caratulados: “PILAR PARTES S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación”, Expte. Nº 32.692-A., y su acumulado “CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A. y otro c/ DGA s/ recurso de apelación”; Expediente N° 32.869-A.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Determinar si la Resolución Nº 5563/2012 (DE PRLA) dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros en el marco de la Actuación N° 12039-1610-2008, resulta ajustada a derecho en cuanto condena a la firma Pilar Partes S.A.(Ex - ZF Argentina S.A), al pago de una multa igual a dos veces y media del importe de los tributos, la que asciende a la suma de $ 204.829,60.-, y formula cargo a la imputada y a la garante CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A., por la suma de $ 251.160,96.-, en concepto de tributos adeudados, por la comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A., por no haber regularizado dentro del plazo establecido, parte de la mercadería ingresada temporariamente (sin cancelar 3276 unidades) mediante el DIT N° 00 001 IT15 001420 N, cuyo vencimiento operaba el 30/06/2002.
II. Fundamentos de la apelación:
* Coactora Pilar Partes S.A.(Ex - ZF Argentina S.A); A fs. 29/36 se presenta por medio de apoderada e interpone recurso de apelación contra la resolución mencionada. Efectúa una reseña de los hechos ocurridos que originaron la presente causa. Asimismo, se agravia de la resolución apelada, en tanto y en cuanto, no es cierto que no haya cumplido con el régimen de destinación suspensiva vinculado al despacho Nº 00 001 IT15 001420 N. Manifiesta que la encartada no cuenta con toda la documentación atento al tiempo trascurrido desde la importación a la notificación de la corrida de vista, sin embargo, si acompaño la documental que acredita la reexportación de 6.893 unidades de las 7037 unidades importadas temporalmente, aunque señala no fue tenida en cuenta al momento de resolver por el servicio aduanero. Cita partes de la resolución apelada.
Se agravia, en cuanto a, que atento el tiempo transcurrido, no se encuentra en condiciones de ejercer su derecho de defensa en juicio, ya que al momento de correrse la vista habían pasado más de 10 años de la importación de la mercadería de autos, hallándose cumplido el plazo de conservación de dicha documentación conf. Res. ANA 3432/1984, no encontrándose obligada a contar con dicha documentación. Cita jurisprudencia.
Respecto al apercibimiento de suspender a la actora del registro de exportadores, señala que resulta improcedente y violatorio de las resolución dictadas por el juez interviniente en el concurso preventivo de la actora, las cuales se encuentran firmes, sin embargo el servicio aduanero suspendió a la importadora ocasionando perjuicios comerciales, dada la injustificada restricción de realizar operaciones de comercio exterior por más de un mes, plantea la nulidad de las resoluciones dictadas por el organismo aduanero en este aspecto.
Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se proceda a revocar la resolución apelada.
* Coactora aseguradora CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A.; A fs. 58/66vta. se presenta por apoderado e interpone recurso de apelación contra la resolución mencionada. Efectúa una reseña de los hechos ocurridos que originaron la presente causa.
Asimismo, se agravia de la resolución apelada, en tanto y en cuanto, no es cierto que la importadora PILAR PARTES S.A., no haya cumplido con el régimen de destinación suspensiva vinculado al despacho Nº 00 001 IT15 001420 N, en relación con la falta de regularización parcial de la mercadería ingresada temporariamente.
Manifiesta que la encartada cumplió con la destinación temporaria reexportando los insumos importados mediante las operaciones que detalla en cuadro anexo, sin embargo, señala que dicha documental no fue valorada correctamente por el servicio aduanero, ni extremo esfuerzos en ubicar los permisos involucrados por la firma en aras de arribar a la verdad material. Plantea la nulidad de la resolución por falta de motivación. Cita jurisprudencia.
Se agravia en cuanto a la falta de agregación de la póliza original y manifiesta que la impresión de pantalla agregada de la póliza no resulta suficiente prueba para que el servicio aduanero le reclame el pago de los tributos en calidad de garante, que es necesaria la agregación de la póliza o copia certificada de la misma. Se agravia en cuanto al reclamo tributario y a la aplicación del derecho adicional. Cita jurisprudencia.
Manifiesta que en el caso que la importadora no se haga cargo de sus obligaciones deberá determinarse la responsabilidad de la garante teniendo en cuenta el límite de su responsabilidad. En subsidio, plantea la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos en tanto ha transcurrido un plazo razonable al que hace referencia el art. 18 de la C.N (Pacto de San José de Costa Rica, art. 8). Cita jurisprudencia.
Finalmente, ofrece prueba y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
III. Contestación del traslado: A fs. 99/104vta. y 108/112, se presenta la apoderada del fisco y contesta el traslado del recurso interpuesto por la actora importadora y la aseguradora, acompaña las actuaciones administrativas, antecedentes de la presente causa. Niega todos y cada uno de los hechos y derechos invocados por la actora, que no fueran objeto de su expreso reconocimiento.
En primer lugar, efectúa un detalle de los hechos y presentaciones acaecidos en sede administrativa. Sostiene que no se ha probado el efectivo cumplimiento del régimen de importación temporaria. Señala que la actora no ha dado cumplimiento con los requisitos legales, presentando la documentación indispensable para la cancelación de la temporal. Cita normativa y jurisprudencia.
Asimismo, argumenta que el proceso en cuestión es de carácter infraccional, por las cuales la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal recae sobre la importadora, quien debe demostrar fehacientemente y con la documentación aduanera pertinente, que ha cumplido con sus obligaciones bajo el régimen de importación temporaria. Cita normativa y jurisprudencia.
Se refiere a la prescripción planteada por la aseguradora y solicita su rechazo. Agrega que, en cuento a la finalidad del seguro de caución es la eliminación del riesgo de la mora del deudor principal y que el siniestro se configura con el incumplimiento de la obligación principal sin que sea necesario demostrar la insolvencia del tomador. Destaca que la aseguradora debe responder con los mismos alcances y en la misma medida que la obligación tributaria del tomador del seguro. Cita jurisprudencia.
Hace mención al art. 21 de la LCQ. Cita jurisprudencia. Señala que para determinar la condición pre o post-concursal de un crédito debe tenerse en cuenta su exigibilidad, y que dicho crédito se configura cuando la sentencia recaída en sede aduanera pasa a autoridad de cosa juzgada. Cita jurisprudencia al respecto. Plantea que el servicio aduanero liquido los tributos como correspondientes a la importación para consumo de la mercadería en cuestión.
Finalmente, ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace la reserva del caso federal y solicita se rechace la apelación interpuesta por la contraria, con costas.
IV. Que de las actuaciones administrativas Nº 12039-1610-2008 obra a fs. 1 Acta de denuncia por la presunta infracción tipificada en el art. 970 del C.A., en relación a las DIT 00 001 IT15 001420 N, (vto. 30/06/2002). A fs. 2/3 obra la citación y notificación al importador. A fs. 4 obra el sobre contenedor de la DIT original y documentación complementaria. A fs. 3 obra la Nota Nº 2793/03, dirigida a la sección Verificación (con fecha 24/03/2003) por medio de la cual se solicita establecer la clasificación arancelaria y valoración de la mercadería en infracción. A fs. 6 se realiza el aforo y clasificación de la mercadería en infracción, con fecha 06/05/2003. A fs. 7 obra la liquidación de tributos.
A fs. 8 obra el print de pantalla liquidación manual: 03 001 LMAN 037738 F (con fecha 22/05/03). A fs. 10 se dispone la instrucción de sumario, por la infracción al art. 970 del C.A., y se ordena que pase al Contador del Dpto. Proc. Legales Aduaneros, para que realice la liquidación correspondiente, (con fecha 28/08/07). A fs. 11 obra la determinación por multa y tributos. A fs. 12 obra el print de consulta de la garantía 234262 en estado AFECTADA. A fs. 13/17 obran los prints de consulta de empresas activas. A fs. 18 obra el print de Consulta de Juicios Universales. A fs. 19/vta., obra la corrida de vista (de fecha 15/11/2011) notificado a la actora importadora a fs. 22/vta. (con fecha 23/04/2012 y a la aseguradora CHUBB ARG.
DE SEGUROS S.A. con fecha 26/04/2012- a fs. 23/vta.). A fs. 31/34 y 35/36 se presenta la importadora y la citada en garantía, y contestan vista. A fs. 40/vta., se las tiene por presentadas a las recurrentes. A fs. 43/44 obra la Nota Nº 4262/12 (de fecha 09/08/2012) del cual surge que la DIT en cuestión se encuentra parcialmente descargada. A fs. 45 obra la nueva liquidación de multa y tributos. A fs. 46/57 obran las consultas al registro general de infractores. A fs. 58/62 obra la Resolución Nº 5563/12 apelada en autos. A fs. 63 obra la nota de fecha 23/08/2012, por medio de la cual se informa que la documentación aduanera relacionada al sumario que reservada en la Div. Sec. Act. Nº 4 dado su volumen.
A fs. 64/65 obra el dictamen relacionado a la absolución dispuesta en el art. 1 de la Res. Nº 5563/12. A fs. 67/69 obra la Res. Nº 848/2012, (notificada a la importadora a fs. 72/vta., (27/11/2012), y a fs.73/vta., ( 21/12/12). Asimismo, obra agregada al expediente administrativo sobre manila y Anexo I, con copia de la Declaración jurada de saldos de temporales detalladas, y los prints de consultas de declaración detallada de permisos de embarque que descargarían la DIT de autos.
V. Que a fs. 87 la apoderada de la actora denuncia la quiebra de la sociedad PILAR PARTES S.A., con fecha 12/06/2012 en los autos caratulados: “PILAR PARTES S.A. S/QUIEBRA”. Expte. Nº 45917, en trámite ante el Juzgado de 1ª inst., en lo Comercial Nº 6, secretaria Nº 12. Y en virtud de lo previsto por el art. 110 de LCQ cesa la representación procesal de la letrada apoderada. A fs. 55 se declara la rebeldía de la firma PILAR PARTES S.A.
VI. Que a fs. 119 se abre la causa a prueba. A fs. 233 se cierra el periodo probatorio. A fs. 237 pasan los autos alegar, los cuales obran a fs. 246/249 alegato de la coactora CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A., y a fs. 242/245 alegato representación fiscal. A fs. 250 se deja constancia que la coactora PILAR PARTES S.A no hizo uso del derecho conferido, y pasan los autos a sentencia.
VII. Que la cuestión de autos radica en determinar si en el caso se ha configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del C.A., con respecto a parte (3276 unidades) de la mercadería importada temporariamente mediante la operación N° 00 001 IT15 001420 N, de la firma PILAR PARTES S.A., registrada ante la Aduana de Bs. As., el 31/05/2002, al amparo del régimen del Decreto 1439/96, con vencimiento del plazo de permanencia el 30/06/2002.
Que ocurrido el vencimiento del referido plazo de permanencia se dispuso instruir sumario por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del C.A., condenándose a actora mediante la resolución aduanera aquí apelada.
VIII. Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivasrecae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba. Que, asimismo, lo que esta expresamente reglado, y específicamente respecto del régimen de perfeccionamiento del Decreto 1439/96 (Res. 72/92) –a cuyo amparo se efectuó la importación temporaria de autos–, mediante la Resolución ANA Nro. 127/92 y sus modificaciones, es que en el o en los respectivos permisos de embarque (de reexportación para consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante) se debe consignar “...lo relativo al certificado de tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número del D.I.T. (aduana de registro-dígito), clase y “cantidad” de la mercadería importada comprendida en la que se exporta, y el vencimiento de la importación temporaria”.
De modo tal que, ése es el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el ó los P.E.) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
IX. Que, previo a determinar si la actora dió cumplimiento o no a las obligaciones que asumió al momento de importar temporariamente la mercadería aquí comprometida, es preciso efectuar ciertas aclaraciones referidas a la importancia del C.T.C. en los regímenes de importación temporaria.
Que tanto el referido Dec. 1439/96, como la Resolución M.E. y O.S.P. Nro. 72/92 impusieron a los beneficiarios de sus regímenes el deber de obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.) expedido por la Secretaría de Industria.
Que, al respecto, establecen: “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.). A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos y si los mismos tienen valor comercial (...)”. (art. 8 de la Resolución M.E. y O.S.P. 72/92 y art. 14 del Dec. 1439/96).
Que en virtud de estos artículos puede afirmarse que la presentación del C.T.C. es una de las obligaciones que contrae el importador en virtud de su acogimiento al régimen de importación temporaria a la que debe dar cumplimiento si pretende exportar la mercadería en la forma y condiciones en que se obligó evitando así incurrir en la infracción bajo análisis.
Que tal documento es el que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que el formulario conforme al cual los C.T.C. eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. Nro. 18/92. En tal anexo se establece que, además del Nº de solicitud del C.T.C., debe indicarse tanto la P.A. del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que, el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su P.A. Que de ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el C.T.C. se refiere particularmente a la mercadería y a la P.A que en él se detalla.
Que, es en virtud de esos datos que surgen del certificado, (cuyo contenido, se encuentra definido en el Anexo III al Res. S.I.C. Nro. 18/92) la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los P.E.
Que existiendo, un procedimiento reglado para la demostración del cumplimiento del régimen al cual se acogió la firma importadora, en lo que respecta a la documentación a presentar, dicho procedimiento exige al importador la sustitución de la declaración jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes (o su rectificatoria) por el C.T.C. “al momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero” (conf. Art. 14 del Dto. 1439/96). A mayor abundamiento, el art. 9, parrafo 3° de la Res. ME 72/92 (aplicable de conformidad con el art. 36 del Dto. 1439/96) establece que: “La SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO deberá emitir el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.) dentro del plazo de NOVENTA (90) días contados a partir de la fecha de presentación de la correspondiente solicitud, caso contrario la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos presentada por el usuario se dará por válida y tendrá carácter definitivo a los efectos del presente régimen”.
Sin embargo, y a los fines de determinar el alcance del artículo citado precedentemente, el art.18 de la Res. 18/92 establece: “A fin de que se haga efectivo lo dispuesto por el Artículo 9º de la Resolución M.E y O.S.P. N° 72/92, el interesado deberá intimar por escrito a esta Secretaría cinco (5) días antes del vencimiento del plazo de Noventa (90) días contemplado en el mencionado Artículo 9º, para que se emita el correspondiente certificado. Este plazo se computará a partir de la fecha de presentación de la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos integrada en forma correcta y de que el interesado haya cumplido con todos los requisitos establecidos por la Secretaría de Industria y Comercio.”
X. Que corresponde resolver en primer lugar al planteo de nulidad de la Resolución DE PRLA N° 5563/12 incoado por las coactoras. Por cuanto lo entiende carente de motivación la resolución aduanera, y cercenado su derecho de defensa atento a que no se tuvo en cuenta la documental aportada al momento de contestar la vista en sede aduanera.
Vale destacar, que la resolución discutida contiene una fundamentación y motivación que no puede desconocerse, aunque las recurrentes no las compartan. Por lo demás, siendo la decisión fundada, no se requiere la expresa mención de todos los argumentos o pruebas invocados por las partes, debiendo tratarse sólo aquellos que razonablemente se estimen conducentes a la decisión del caso (entre otros, Corte Suprema Nacional: Fallos, 251-39).
Que respecto al agravio relacionado a que se han violado la garantía constitucional de defensa en juicio. Este argumento tampoco vale como causal de nulidad de lo actuado en sede administrativa, debido a que las recurrentes han tenido en esta instancia amplia posibilidad de defender sus derechos y solicitar las pruebas que considerara de su interés. Cabe señalar, además, que cuando la restricción de la defensa en juicio se invoca respecto del procedimiento que se sustancia en sede administrativa la efectiva violación del art. 18 de la C.N. no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior (Fallos, 205-549, 247-52 consid. 1º., 267-393 consid. 12 y otros), porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia" (Fallos, 205-549, consid. 5º y sus citas).
Por lo expuesto, considero que en el particular caso bajo examen, corresponde hacer aplicación de la doctrina y precedentes citados, y rechazar la nulidad impetrada sin costas, por su tratamiento integrativo con el fondo.
XI. Que, corresponde decidir acerca del planteo de prescripción efectuado por la coactora aseguradora en tanto a que considera que ha transcurrido un plazo razonable al que hace referencia el art. 18 de la C.N.(integrado con el art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica).
Que al respecto debe señalarse que el Código Aduanero establece en los arts. art. 803, art. 804 y art. 934, art. 935 del CA, que la acción del fisco para percibir tributos e imponer penas prescribe por el transcurso de cinco (5) años, que deben comenzar a computarse desde el 1° de enero del año siguiente al que se hubiere cometido la infracción endilgada, que en el caso acaeció el 30/06/2002. Siendo ello así el plazo de prescripción comenzó a correr desde el 01/01/2003 y su vencimiento acaecería el 31/12/2008.
Que los arts. art. 805 inc a) y art. 937 inc a) del CA respectivamente disponen que: “La prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera se suspende en los siguientes supuestos: a) desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión...”, y que “La prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario...”.
En virtud de ello, el dictado del auto de instrucción de sumario del 28/08/2007 ( v. a fs. 10 act. adm.) suspendió el plazo de la prescripción de la acción del fisco para exigir el pago de tributos hasta el dictado de la resolución apelada de fecha 23/08/2012, encontrándose suspendida por la interposición del recurso ante este Tribunal (cfme art. 805 inc. a) del CA) en lo que respecta a dicho rubro.
Con respecto al efecto del auto de instrucción de sumario en relación a la prescripción de la acción del fisco para imponer penas, su dictado interrumpe el plazo quinquenal establecido por el código, debiendo computarse un nuevo plazo de cinco años, que en el caso comenzó a correr el 29/08/2007 (conforme lo resuelto por la CSJN en la causa “Parquerama SA” sent. del 22-2- 94 (Fallos:308:1095), y a la fecha en que fue dictada la resolución apelada (23/08/2012) aún no había vencido. art. 934 del CA.
A lo expuesto debe adicionarse que no resulta de aplicación al caso la doctrina jurisprudencial invocada por la coactora aseguradora referida al “plazo razonable” establecida por la CSJN en los autos “Bossi y García” del 08/11/2011 y “Losicer, Jorge Alberto y Otros” del 26/06/2012, atento que en la primera de las causas se trataba de un procedimiento recursivo que se había prolongado durante más de veintitrés años y en el segundo, de un sumario administrativo que se extendió hasta casi veinte años y, en los presentes autos se trata de un procedimiento infraccional el cual se encuentra dentro de los plazos prescriptivos establecidos por el C.A. Que por los motivos expuestos no cabe más que rechazar el planteo de prescripción formulado por las recurrentes, sin costas.
XII. Que, con relación a los agravios vertidos respecto del concurso preventivo de la firma importadora, a fs. 87 de autos se informó la quiebra de la referida firma con fecha 12/06/2012. La actora importadora hace referencia a las medidas que habría dispuesto el juez del concurso para que la DGA se abstuviera de suspenderla en el Registro de Importadores y Exportadores.
Sin perjuicio de ello, solicita que se revoque la resolución aquí apelada en cuanto es materia de agravio, solicitud que debe ser rechazada, por lo que indico a continuación.
En primer lugar, señalo que en la resolución apelada no se dispuso la suspensión de la importadora en dicho Registro sino que mediante la referida resolución la aduana condenó a dicha firma en los términos del art. 970 del C.A. y le exigió el pago de la multa y de los tributos, cuyos montos allí se indicaron, ello bajo apercibimiento de suspenderla en el aludido Registro. Por lo demás, de todos modos no corresponde acceder a la pretensión de la actora importadora dado que, por el carácter suspensivo del recurso de apelación interpuesto por las recurrentes ante este Tribunal (conf. el art. 1134 del C.A.), la Aduana, hasta tanto recaiga sentencia firme, no podrá ejecutar la sanción contenida en la resolución por ella dictada (siendo que la suspensión en el Registro es una medida de ejecución prevista en el art. 1122 inc. c del C.A.).
XIII. Que, encontrándose en estado concursal de la firma importadora (y luego en estos autos, habiéndose denunciado su quiebra), tal circunstancia no incide en la virtualidad del crédito.
En efecto, en primer lugar, todos los procedimientos contenciosos aduaneros y con su eventual secuencia recursiva quedan excluidos del fuero de atracción del concurso (preventivo o quiebra) así como de la suspensión de su trámite, dispositivos establecidos por la Ley 24.522, aunque en dicha ley -en la que taxativamente se indican los juicios excluidos al respecto- no se excluyen expresamente aquéllos.
La aludida exclusión obedece a un lógico y natural sentido de especialidad y practicidad, en orden a la forzosamente preliminar determinación tributaria, función del organismo recaudador y en su caso de la pertinente vía recursiva, y a la razonable necesidad de que el proceso penal (del que pueda derivar la sanción pecuniaria) concluya hasta sus últimas posibilidades de juzgamiento, criterio éste que fue establecido jurisprudencialmente. En efecto, ya la C.S.J.N. había expresado (en vigencia de la Ley 19.551), por sentencia del 9/4/87 en autos “COSIMATI, Gregorio G. s/Conc. merc. preventivo”, que el art. 22 de dicha Ley 19.551 (que establecía la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado) es inaplicable “... toda vez que la misma -la aludida suspensión- debe ser entendida con el alcance de impedir que se realicen procedimientos de ejecución fuera del concurso, pero no el de vedar al órgano competente la determinación de las obligaciones tributarias y/o aplicación de sanciones, por hechos imponibles y punibles anteriores a la fecha de iniciación del concurso”.
En el mismo sentido, se ha expedido nuevamente la C.S.J.N. en la causa “SUPERCANAL S.A.”, sentencia del 2/6/03, en la que se resolvió que, habiendo el contribuyente recurrido al Tribunal Fiscal de la Nación, “... no opera el fuero de atracción, operando éste recién una vez dictada sentencia por dicho Tribunal, oportunidad en que -recién- se produce el desplazamiento de la competencia original o exclusiva, otorgada a determinados tribunales por otras normas legislativas”. Finalmente, con posterioridad, la C.S.J.N. se ha pronunciado en la causa “GAUCHAT, Enrique”, sentencia del 4/7/03, yendo aún más adelante en la vía recursiva y precisamente contemplando los supuestos -esta vez- en que la sentencia del Tribunal Fiscal fuese apelada, haciendo suyos al respecto los fundamentos del Procurador General en el sentido de que “... el fuero de atracción sólo podría operar después de la intervención del Tribunal de Alzada, y en el supuesto de que éste confirmara la sentencia ya dictada, se habilitaría el fuero de atracción y correspondería remitir el juicio al tribunal del concurso.
Consecuentemente (...) hasta el dictado de la sentencia definitiva del tribunal de revisión, la causa deberá continuar en dicho ámbito; es decir que corresponde el tratamiento del recurso pendiente, por la Sala IV de la C.N.A.C.A.F. y, en su caso, de confirmarse el fallo del Tribunal Fiscal, deberá remitirse la causa para su ulterior trámite, al juzgado del concurso”.
XIV. Que, en consecuencia, debe efectuarse un examen de los documentos obrantes en la presente causa a fin de verificar si los mismos resultan suficientes para acreditar la cancelación total del D.I.T. bajo análisis, o, si por el contrario, existe “saldo” de mercadería en infracción.
Que, de la prueba informativa producida en autos, dirigida a la Dirección General de Aduanas, Sec. De actuación N° 4 (a fs. 141) informa: “…que los permisos de embarque requeridos mediante oficio de fecha 01/06/2015 no se encuentran en el ámbito de esta Secretaria (…) Dicha documentación (legajo documental) conjuntamente con los expedientes respectivos han sido remitidos oportunamente a la Div. Causas Tributaria (DE JUDI-SDG TLA) con motivo de haber sido apelados ante el Excmo. Tribunal Fiscal de la Nación”. A fs. 164 mediante Nota N° 754/2015 el servicio aduanero solicita que se detalle de la documentación solicitada a esa oficina, y informa que conf. la Dispo. N° 455/98 AFIP, la documentación correspondiente a la Aduana de Buenos Aires -periodo 2000 - ha superado los plazos de conservación, encontrándose destruida. A fs. 212, con fecha 07/04/17, el servicio aduanero acompaña impresiones de pantalla SIM de los permisos de embarque requeridos, en razón de la aplicabilidad de la Dispo. N° 455/98 (AFIP). A fs. 5/6 obran copia listado detallado de Permisos de embarque que descargarían la DIT de autos, y a fs. 11/15 copia de declaración jurada de saldos de temporales detallada vinculada a la DIT 1420-N/2000.
Cabe destacar que, no se menciona cuales serían los CTC aplicables a las operaciones en cuestión, asimismo, tampoco obra en autos Declaración jurada de insumos, mermas, sobrantes y residuos, lo cual torna de imposible la descarga de la DIT en cuestión toda vez que no se puede determinar la cantidad de insumo aplicado al producto terminado, (relación insumo/producto).
Por lo expuesto, del análisis de la documentación obrante en las actuaciones administrativas y en estos autos, resulta que la mercadería importada temporariamente mediante la DIT Nº 00 001 IT15 001420N se encontraría parcialmente reexportada, tal como se detalla en la NOTA Nº 4262/12 (a fs. 43/44 de las act. adm), toda vez que los elementos de prueba aportados resultan insuficientes para constatar el cumplimiento de las obligaciones asumidas como consecuencia del régimen de importación.
Que en dicho sentido, cabe recordar que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos "Medefin S.A.", sentencia del 01/10/91).
En atención a todo lo expuesto, no cabe más que concluir, que resulta ajustada a derecho la Resolución apelada en cuanto condena a la recurrente por la comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A., por no haber regularizado dentro del plazo establecido, parte de la mercadería ingresada temporariamente (sin cancelar 3276 unidades) mediante el DIT N° 00 001 IT15 001420 N, cuyo vencimiento operaba el 30/06/2002.
XV. Que la póliza en virtud de la cual la Aduana funda su exigencia a la firma aseguradora es la N° 234262 (ver a fs. 12 de las act. adm) extendida por la firma CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A., por la suma de U$S 97.000.- a favor de la aduana, respecto de la obligación tributaria que hubiera podido resultar de la importación temporaria realizada por la firma PILAR PARTES S.A. mediante la DIT N° 00 001 IT15 001420 N.
Que en cuanto a la responsabilidad de la aseguradora, destaco, tal como lo ha sostenido esta Sala en numerosos precedentes, que en razón de tratarse en la especie de la intervención de una compañía aseguradora mediante la extensión de un seguro de caución a favor del servicio aduanero, no estando regulada en particular la relación entre ese organismo y la aseguradora en la legislación del seguro, pero dándose la referida caución como una garantía en los términos de los arts. 453 inc. a) del CA, y no regulándose, tampoco, en dicho Código, específicamente la situación de ese garante frente al servicio aduanero eventual acreedor (salvo dos disposiciones relativas a la ejecución de la garantía, arts. 461 y 462 del C.A.), corresponde considerar a la mentada aseguradora como un "fiador" (garante), y a sus relaciones y/o derechos y deberes frente al acreedor (la aduana asegurada) en el contexto de la regulación de la fianza en el Código Civil y Comercial, de necesaria aplicación supletoria.
En ese orden de ideas, el fiador (en este caso la actora aseguradora) puede oponer al acreedor (el servicio aduanero), todas las excepciones propias y aún las del deudor principal (importador), y puede intervenir en la contienda entre el acreedor y dicho deudor.
Que, así las cosas, lo que se pretende al citar al deudor solidario en el procedimiento en el que se debate la responsabilidad del deudor principal, es poner en su conocimiento las razones por las que se exige su cumplimiento de la obligación garantizada, el monto líquido de la suma cuyo pago se le reclama, el plazo de que dispone para cancelarla, etc., lo cual garantiza el ejercicio de sus derechos a ocurrir ante un organismo jurisdiccional y ejercer sus defensas, ofreciéndole la oportunidad de ser oído, antes de recaer una resolución en la que se encuentre involucrado. Al respecto no debe olvidarse que, como ya se señalara, el fiador puede oponer al acreedor, todas las excepciones propias y aún las del deudor principal. (conforme art. 1587 del Cód. Civil y Comercial de La Nación). Queda claro, por lo tanto, que la mentada “responsabilidad” de la actora (fiadora-aseguradora) la colocan en cuanto a su obligación tributaria a la par de la importadora, respondiendo lisa y llanamente, en el caso, por la diferencia de tributos, cesando dicha responsabilidad frente a la aduana asegurada, si la importadora (deudor principal) pagara el total de lo debido (conf.: arts. 1580, 1590, 1591 del C.Civil y Comercial, Ley 26.994).
Que según surge del art. 462 del Código Aduanero y de las condiciones generales de la póliza el requerimiento de pago contra el asegurador sólo depende de la formulación del cargo al deudor principal, en cuyo procedimiento se le ha dado intervención al asegurador para garantizar su derecho de defensa. Que, resulta claro que la D.G.A. no se encuentra obligada a esperar que la resolución que formula el cargo se encuentre firme contra el importador para proceder luego a formular reclamo al asegurador. De acuerdo al art. 3° de las condiciones generales de la póliza (condiciones generales comunes a todas las pólizas emitidas a favor de la Aduana por este tipo de garantía), basta para formular el reclamo al garante el mero hecho que el cargo se hubiera formulado, resultando la posibilidad de que la resolución contra el tomador se encuentre firme, una mera alternativa a opción del acreedor.
Que, por lo demás, el reclamo al asegurador al momento de la formulación del cargo, en el caso al momento de correr vista del sumario, le permite intervenir en su tramitación y ejercer debidamente los derechos de defensa que han sido referidos más arriba.
XVI. Que, previo a efectuar la liquidación de lo adeudado en concepto de tributos por la mercadería en infracción, corresponde que me expida sobre los agravios vertidos sobre la incorporación del derecho adicional, que fuera reclamado en la liquidación practicada en las actuaciones administrativas. Al respecto, previamente a efectos de los rubros que componen los tributos, como se explicará, debe dejarse sentado que no procede el cálculo del derecho adicional.
En virtud de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos in re “IEF Latinoamericana SA (TF 16.912-A) c/ DGA” que remitió a la causa “Frisher SRL (TF 16.236-A) c/ A.N.A.”, en la que se sostuvo que el derecho adicional resulta aplicable en aquellos casos donde se ha registrado una solicitud de destinación para consumo con posterior autorización por parte del servicio aduanero, y no en los casos en que corresponde imponer la sanción prevista en el art. 970 del C.A. por incumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería con anterioridad al vencimiento del plazo acordado. Al respecto sostuvo que “...no puede afirmarse sin más que hubo una imprevisión en el autor de la norma por la sola circunstancia de que ese recargo lo haya dispuesto únicamente para quien solicite expresamente la nacionalización de la mercadería. En efecto, quien no regulariza en término la situación de los bienes es pasible de las sanciones previstas por el art. 970 del Código Aduanero, pues tal conducta constituye -en principio- una infracción prevista y penada por ese cuerpo legal. De tal manera, la autoridad que dictó la referida resolución 72/92 (en el caso la resolución 1439/96) puede haber considerado, como una solución razonablemente posible, que para el infractor era suficiente la aplicación del citado art. 970, y que no se justificaba imponerle, además de la sanción allí establecida, y del pago de los derechos de importación vigentes al vencimiento del plazo para reexportar (...) un recargo adicional como el discutido en el sub examine.” (página 6, considerando 9), párrafo tercero).
Que, por otro lado, debe recordarse que la Corte Suprema "sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos (...) De esa doctrina, y de la de Fallos: 212-51 y 160, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal..." (C.S., "Incidente de prescripción Cerámica San Lorenzo", del 4/7/85, "Fallos", 307- 1094 y sus citas).
Que en el caso de autos, no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación. Ello así, en razón de que aquí se trata de una importación a consumo irregular proveniente de una operación de importación temporaria -”nacionalización ficta”-, penada mediante la infracción prevista del art. 970 del C.A.
Consecuentemente, debe reliquidarse los tributos sin incluir el derecho adicional, en contraposición a la liquidación efectuada por el servicio aduanero a fs. 45 de las actuaciones administrativas.
XVII. Que, a los efectos de la determinación de los tributos adeudados, corresponde señalar que la liquidación tributaria practicada por el servicio aduanero a fs. 45 de las actuaciones administrativas, no ha sido cuestionada por la recurrente, en lo que hace a los rubros que la integran así como a las alícuotas aplicadas. Sin perjuicio de ello, debe señalarse la reciente doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos.
Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”. Que, justamente, sobre esa base, concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”. Que, ello así, resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde modificar la exigencia tributaria de fs. 45 de las act.adm, sin incluir las percepciones de IVA y ganancias, ni el derecho adicional, (conf., a la doctrina reseñada por la CSJN), conforme se detalla a continuación:
TOTAL TRIBUTOS ADEUDADOS POR LOS ITEMS 1 y 2 DE LA DIT DIT N° 00 001 IT15 001420 N SON PESOS $81.931,84 CVOS.-
XVIII. Que respecto de los intereses, es ya pacífica jurisprudencia que, como principio general, el garante responde por los intereses debidos por el deudor principal, es decir la importadora (básicamente, por aplicación del art. 1580 del C. Civil y Comercial), lo que así corresponde cuando –obviamente- la mora de dicho deudor principal es anterior a la propia mora del garante, y que, también como principio general, el garante responde por los intereses de su propia mora cuando ésta es anterior a la mora del deudor principal (es decir que en tal supuesto los intereses debidos por el garante se calculan desde antes de los intereses que individualmente debe el deudor principal).
En el caso de autos, los intereses corren desde la notificación de la corrida de vista, en el caso practicada en fecha 23/04/2012 (ver fs. 34 de las act. adm.). Por lo tanto, los intereses corren, en el caso, desde el 10/05/2012 (art. 794 del C.A.).
Que respecto del pago de los accesorios no rige limitación o tope alguno para el garante en cuanto a su responsabilidad.
Que las sumas adeudadas en concepto de tributos se encuentran dentro del tope máximo asegurado mediante la póliza N° 516.472 (ver a fs. 12 de las act. adm) extendida por la firma CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A, respecto de la obligación tributaria de la DIT N° 00 001 IT15 001420 N.
XIX. Que corresponde me refiera a la multa impuesta, que según resulta de la Resolución apelada, a los fines de determinar el quantum de la multa, se tuvo en cuenta las impresiones de pantallas del Registro General de Infractores obrantes a fs. 46/57 de las actuaciones administrativas, que resultaría antecedentes infracciónales, (razón, por la cual se graduó la pena en 2 veces y media).
Que al respecto cabe destacar que, según resulta de las constancias, las resoluciones con condena por infracciones han quedado firmes con posterioridad a la comisión de la infracción de autos. En tal situación, no puede afirmarse, que se de la situación de reincidencia a que alude el art. 927 del Código Aduanero, que considera que se es reincidente cuando con posterioridad a una condena firme, cometa una nueva infracción o delito aduanero.
Que, aunque el art. 915 del Código Aduanero, solo requiere tener en cuenta entre otros aspectos a los antecedentes del imputado, sin mencionar de manera específica a la “reincidencia” como concepto técnico, estimo que las situaciones expresadas en el párrafo anterior pueden ser tenidas también cuenta como un mero antecedente, aunque sin poder equipararse en su evaluación, que no reviste la misma importancia, al supuesto de “reincidencia”.
Que, al respecto, debe recordarse que la Corte Suprema ha dicho que “son aplicables a las infracciones aduaneras las disposiciones generales del Código Penal, conforme a las cuales sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos’ 290:202, 5º considerando y sus citas)” (“SAFRAR Sociedad Anónima Franco Argentina de Automotores”, del 27/12/88, Fallos, 311:2779). Que, entonces, la graduación de la conducta del responsable debe ser ponderada en consonancia con el conjunto de circunstancias que, en la convicción del intérprete -juez administrativo-, permitan encontrarla configurada y en los antecedentes computables que puedan endilgársele al infractor, no resultando óbice la graduación de la sanción mediante una mera afirmación dogmática.
Que, así las cosas, la multa debe fijarse en una (1) vez el importe de los tributos.
XX. Que en cuanto a las costas corresponde imponerlas conforme a sus respectivos vencimientos (conf. art. 1163 del C.A.).
Por todo lo expuesto, VOTO por:
1. Confirmar parcialmente el art. 2° de la Resolución (DE PRLA) Nº 5563/2012, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en el Expte. N° 12039-1610-2008, la cual condena a la importadora PILAR PARTES al pago de una multa, la que se reduce una (1) vez el importe de los tributos, la que asciende a la suma la suma de PESOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CON 84/100 CVOS. ($ 81.931,84.-). por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, por no haber regularizado dentro del plazo establecido, parte de la mercadería ingresada temporariamente (sin cancelar 3276 unidades) mediante el DIT N° 00 001 IT15 001420 N, cuyo vencimiento operaba el 30/06/2002. Respecto de las costas corresponde imponerlas conforme a sus respectivos vencimientos (conf. art. 1163 del C.A.), las que resultan en un 40% a cargo de la coactora importadora y en un 60 % a cargo del fisco.
2. Confirmar parcialmente el art. 3° de la resolución apelada, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, conforme a la liquidación efectuada en el considerando XVII.- del presente, declarando que las coactoras adeudan la suma PESOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CON 84/100 CVOS. ($ 81.931,84.-), en concepto de tributos adeudados, con más los intereses que corren 10/05/2012 en razón de lo establecido por el art. 794 del C.A. (ver cons. XVIII), con costas conforme a sus respectivos vencimientos (conf. art. 1163 del C.A.), las que resultan en un 33% a cargo de las coactoras y en un 67 % a cargo del fisco. El Dr. Miguel N. Licht dijo:
Adhiero, en lo sustancial, al voto del Vocal preopinante.
No obstante, en cuanto a la responsabilidad de la aseguradora formulada en el considerando XV, a lo referente a la aplicación supletoria del Código Civil y Comercial, corresponde hacer la salvedad acerca de la naturaleza jurídica de la relación entre las compañías que aseguran el cumplimiento de obligaciones de derecho público y el servicio aduanero.
Con respecto a esta cuestión, debo decir que no concibo la posibilidad de que el Estado tenga capacidad para entablar relaciones jurídicas que se desarrollen al amparo del derecho privado. En efecto, si bien el legislador tiene un cierto margen de discrecionalidad para hacer actuar a los órganos estatales bajo modalidades privadas, lo cierto es que esa opción regulatoria es meramente instrumental, en tanto por la naturaleza misma de las cosas, el Estado siempre está sometido a exigencias jurídicas que le son impuestas por las razones que justifican su existencia. En consecuencia, las eventuales normas de derecho privado que pudieran regir la actividad de la empresa aseguradora son meros accidentes de la sustancial relación jurídica entre el servicio aduanero y la aseguradora que voluntariamente decidió incursionar en una disciplina regida por las normas, principios y valores que rigen las cuestiones públicas. Si no se reconociera esta elemental cuestión, el problema se encontraría mal planteado y discurriría en un recuento de las cláusulas contractuales entre el asegurado y la compañía aseguradora. Encontrándose el quid del asunto en la sustantividad pública de la relación jurídica examinada, existe un hecho que se impone por sí mismo: la responsabilidad de la compañía aseguradora deberá determinarse en razón del régimen de derecho público aplicable, considerándose también que los mecanismos de tutela específicamente previstos para controlar la actividad administrativa se ajusten a derecho.
En tales condiciones, corresponde señalar que el art. 453 inc. c) del C.A. prevé que el seguro debe cubrir los eventuales tributos que correspondieren a la importación a consumo. A lo consignado, cabe agregar que el art. 255 del mismo cuerpo normativo indica que la garantía debe otorgarse a los fines de “asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones que el régimen impone”, las que consisten en el aspecto tributario, es decir, el pago de los gravámenes aplicables al momento de la oficialización de la importación.
Sentado lo anterior, es dable destacar que la finalidad del seguro de caución es la ejecutabilidad inmediata de la garantía, frente al incumplimiento del tomador (CNCom, Sala A, nov. 26, 1981, INDESA S.A. c/ APOLO CIA. DE SEGUROS, La Ley, 1982-B, 416, E.D. 97-588; CNFed Civil y Com., Sala III, julio 14, 1998, EMPRESA FERROCARRILES ARG. c/ AGENCIA ABRAXAS TURISMO S.R.L. Y OTRO, La Ley 1998-E, 549). El seguro de caución, es el seguro concertado con el objeto de garantizar al asegurado, hasta la suma máxima estipulada, el pago en efectivo que debe percibir del proponente con quien contrata, teniendo por finalidad el pago inmediato por parte de la aseguradora ante el mero incumplimiento del deudor (CNCom, Sala A, precedente citado).
En este sentido, en el seguro de caución los actos, declaraciones u omisiones del tomador no afectan en ningún caso los derechos del asegurado frente al asegurador (CNCom, Sala B, julio 8-1996, ALBA CIA. DE SEGUROS c/ GIORGETTI, Alejandro H. y otro, La Ley 1997-E, 1011).
Asimismo, de las condiciones pactadas y de la naturaleza del seguro contratado surge que en el caso del seguro de caución el asegurador adquiere el carácter de pagador principal y fiador solidario, añadiendo su responsabilidad a la del obligado primigenio, que se supone solvente y fiel cumplidor de sus obligaciones por tratarse de una entidad aseguradora, perteneciendo este “tipo” de seguro a los contratos de garantía, cuyo objeto es la eliminación del riesgo de la mora (CNCom., Sala B, oct. 23, 1990, E.D. 142,479). El asegurador, además, tampoco goza del derecho de excusión, con lo que no cabe agotar ningún procedimiento previo contra los bienes del deudor.
Sobre la base de lo expuesto y en esa comprensión del asunto, el importe que podrá exigirse a la aseguradora será el monto máximo garantizado por la póliza, convertido al tipo de cambio del día anterior al de la fecha de pago, o en su caso, el importe en concepto de tributos adeudados, si este último resultare inferior. Ello con más los intereses del art. 794 del C.A.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE
1. Confirmar parcialmente el art. 2° de la Resolución (DE PRLA) Nº 5563/2012, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en el Expte. N° 12039-1610-2008, la cual condena a la importadora PILAR PARTES al pago de una multa, la que se reduce una (1) vez el importe de los tributos, la que asciende a la suma la suma de PESOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CON 84/100 CVOS. ($ 81.931,84.-). por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, por no haber regularizado dentro del plazo establecido, parte de la mercadería ingresada temporariamente (sin cancelar 3276 unidades) mediante el DIT N° 00 001 IT15 001420 N, cuyo vencimiento operaba el 30/06/2002. Respecto de las costas corresponde imponerlas conforme a sus respectivos vencimientos (conf. art. 1163 del C.A.), las que resultan en un 40% a cargo de la coactora importadora y en un 60 % a cargo del fisco.
2. Confirmar parcialmente el art. 3° de la resolución apelada, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, conforme a la liquidación efectuada en el considerando XVII.- del presente, declarando que las coactoras adeudan la suma PESOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CON 84/100 CVOS. ($ 81.931,84.-), en concepto de tributos adeudados, con más los intereses que corren 10/05/2012 en razón de lo establecido por el art. 794 del C.A. (ver cons. XVIII), con costas conforme a sus respectivos vencimientos (conf. art. 1163 del C.A.), las que resultan en un 33% a cargo de las coactoras y en un 67 % a cargo del fisco. Regístrese, notifíquese a las partes, respecto a los Sres. Agusto Luis Fiorillo y Jose Julio Bugueiro, en sus caracteres de síndicos de la coactora Pilar Partes S.A, notifiquese mediante oficial notificador al domicilio constituido en autos, a saber: Rodríguez Peña 434, Piso 9º, CABA, atento a que los mismos no se encuentran dados de alta en TAD, y oportunamente, archívese.
Date: 2022.12.14 12:06:39 ART Date: 2022.12.15 13:28:13 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.12.15 14:41:06 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.12.15 14:41:55 -03:00
Fin de la sentencia