Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad del auto de apertura del sumario.
2En su consecuencia, declarar prescripta la acción del Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos relativos a la actuación Nro. 12315- 1801/6 y 13289-8985/2006.
3Costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-113676640-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 24 de Octubre de 2022 Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados “PILAR PARTES S.A. c/D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente N° 24.534-A El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. En el caso se endilgó a la recurrente encontrarse incursa en la infracción prevista en el art. 970. El ente recaudador condena a la firma PILAR PARTES S.A. (EX- ZF ARGENTINA S.A.) al pago de una multa de $20.309,95 sobre la mercaderia sin exportar y sin pedido de nacionalización con anterioridad al vencimiento del plazo acordado de la destinación de importación temporal DIT N° 563/92 y tiene por abonado la suma de $63.088,80 en concepto de tributos, atento el pago realizado por Aseguradora de Creditos y Garantías S.A.
II. Contra ese pronunciamiento administrativo la firma Pilar Partes S.A., por apoderada interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 268/2008 (AD PASO). Efectúa una reseña de los hechos ocurridos que originaron la presente causa. Manifiesta que la firma exportó en tiempo y forma nueve de las doce máquinas importadas temporalmente mediante el despacho de importación Temporal 563/92 a través de los P.E. 97 042 EC02 510976, P.E. 97 042 EC02 511214, P.E. 98 042 EC02 000860 R, P.E. 98 042 EC02 000864 V y P.E. 98 042 EC02 000858 B y nacionalizó las tres restantes bajo el régimen previsto en el art. 271 del C.A. Señala que atento el tiempo transcurrido desde la oficialización del DIT y de la importación a consumo se encuentra cumplido en exceso el plazo de conservación de la documentación conforme lo dispuesto en la Resolución ANA 3432/84, no encontrándose obligada a contar con dicha documentación. Entiende que la AFIP-DGA no se presentó a verificar su crédito ni promovió un incidente de verificación tardía por el pretendido crédito, encontrándose a la fecha prescripta su acción. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada con costas.
III. De su lado, en su responde, se presenta la representación fiscal y afirma que según resulta de las constancias del expediente administrativo la actora no habría acreditado el cumplimiento de la reexportación de la mercadería antes del vencimiento del plazo otorgado por el régimen de importación temporaria. Sostiene que una de las características de la infracción en trato es que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal recae sobre la importadora, quien debe demostrar fehacientemente y con la documentación aduanera pertinente, que ha cumplido con sus obligaciones bajo el régimen de importación temporaria. Cita jurisprudencia y normativa. Manifiesta que respecto de la verificación del crédito en el concurso de la determinación tributaria se da en el marco del sumario aduanero. Cita jurisprudencia en favor de sus dichos, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se confirme el fallo aduanero, con costas.
IV. A fs. 41 se declara la causa de puro derecho y se elevan los autos a esta Sala G, la que los pasa a sentencia.
V. Las actuaciones administrativas N°12315-1801/6 y 13289/5 se inician a fs. 1 con un sobre contenedor DVCEAI N° 1167/97 y DIT N° 563/92. A fs. 5 la firma solicita autorización para nacionalizar la mercadería importada temporalmente. A fs. 10/11 obra agregado el detalle de declaraciones de importación temporal a nacionalizar y un informe de valor presentado por la firma ZF Argentina S.A. A fs. 16 obra la instrucción de sumario de fecha 17/02/2000. A fs. 18 obra Nota N° 161/2000. A fs. 33 obra el sobre contenedor original del DIT en cuestión. A fs. 38 obra la liquidación de la multa. A fs. 40, el 18/11/2005, se corre vista de todo lo actuado a la firma importadora y a fs. 47 obra el sobre del correo sin notificar. A fs. 48 se declara la rebeldía de ZF Argentina S.A. y a la Aseguradora de Créditos y Garantías. A fs. 50, el 27/12/2005, se dicta la Resolución N° 503/2005 (AD PASO).
La actuación 13289-8985-2006 se inicia a fs. 54 con la acreditación de depósito del pago, por parte de la aseguradora, de los tributos reclamados mediante la Resolución N° 503/2005. A fs. 57 obra la póliza de caución N° 1533 y a fs. 59/60 obra el Dictamen N°1345/2006. A fs. 62 obra el comprobante de pago de la liquidación manual 07042LMAN000148W. A fs. 63 se dispone suspender del Registro de Importadores y Exportadores a la firma ZF ARGENTINA S.A. y a fs. 64/70 solicita que se levante la suspensión. A fs. 73/75 obra el Dictamen N° 244/2007 y a fs. 76/77 se declara la nulidad de la notificación de fs. 47 y todos los actos posteriores dictados en su consecuencia. A fs. 79/83 la firma presenta recurso de revocatoria y fs. 85/89 manifiesta cumplimiento de la importación temporaria. A fs. 90/115 obra copia de los despachos de exportación a consumo sin transformación. A fs. 127/129obra el dictamen N° 026/2008 (AD PASO) de fecha 23/01/2008 y a fs. 130/131vta. obra la Resolución N°268/2008 (AD PASO).
V. De la compulsa de las actuaciones administrativas, surge que no procede la acción intentada por el fisco para perseguir el cobro de la multa. Corresponde entones examinar si las acciones del fisco para el cobro de tributos e imposición de pena se encontraban prescriptas al tiempo de dictarse la resolución apelada.
Con relación a esta cuestión, corresponde aplicar el criterio que he expuesto al sentenciar en las causas EX-2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, a cuyos fundamentos me remito brevitatis causae.
Allí, sostuve esencialmente que, con arreglo a lo normado en el artículo 1012 inciso b) del C.A., la D.G.A. tiene el deber de notificar el auto de apertura del sumario y que, la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los artículos 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A., no se producen sino a partir de dicha notificación. Ello, en tanto no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma -como es el caso de la notificación-, aparece como un procedimiento insoslayable para la administración y no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su “validez”.
Asimismo, señalé que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, el mismo, debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado pues, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos. En el mismo sentido se ha expedido la Corte Constitucional de Colombia: “… Si el desempeño del poder, en los distintos ámbitos del Estado, fuera clandestino y secreto, no sería posible que el ciudadano pudiera “participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” (C.P. art. 40). La publicidad de las funciones públicas (C.P. art. 209), es la condición esencial del funcionamiento adecuado de la democracia y del Estado de derecho…” (Corte Constitucional Sentencia C-038 de 1996, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). Explica a su vez, que el principio de publicidad respecto de la ley, cuando se trata de actos administrativos de carácter particular y concreto, se desarrolla con la notificación y posee dos objetivos: determinar la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones que contiene el respectivo acto y garantizar la oponibilidad al contenido de los mismos por parte de los ciudadanos legitimados, es decir, el acto administrativo es válido desde que se expide, pero su contenido únicamente vincula y se impone desde el momento en que se cumplen los requisitos de publicación o notificación según el acto de que se trate -de alcance general y particular-.
VI. Haciendo aplicación al caso sub examine de los lineamientos expuestos en los precedentes referidos, cabe señalar que el auto de apertura de sumario fue dictado con fecha 17/02/2000 (ver fs. 16 del expte. adm.) no advirtiéndose, en las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, constancia alguna de su notificación al interesado.
Que, con arreglo a lo expuesto en los considerandos anteriores y en virtud del incumplimiento de esta exigencia impuesta por la ley, el acto examinado carece de la entidad suficiente para interrumpir la prescripción de la acción del fisco para imponer penas –art. 937 inc. a) del CA- y suspender la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos –art. 805 inc. a) del CA.
Que habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 01/01/1999 – en tanto se trata de una importación cuyo vencimiento se produjo el 15/12/1998- la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/2003 (todo ello cfme. arts. 934 a 937 y 803 a 806 del CA), es decir, con anterioridad al dictado de la resolución apelada (dictada el 14/04/2008 y notificada el 16/04/2008 cfme. constancias de fs. 130/131vta. y 132 de las act. adm. respectivamente).
VI. En adición a lo expuesto, cabe subrayar que los actos inmediatamente posteriores al auto de apertura del sumario (liquidación de tributos y multa, y la corrida de vista de fs. 40) fueron dictados en noviembre del 2005, cuando el plazo prescriptivo analizado ya se encontraba ampliamente vencido. En virtud de los motivos señalados, considero que corresponde hacer lugar a la prescripción opuesta por la recurrente.
VII. A mayor abundamiento, corresponde considerar la siguiente información que resulta de las constancias obrantes en el expte. adm. correspondiente a la causa:
Apertura del Sumario Notificación corrida de Dictado de la resolución Vencimiento del DIT Corrida de vista (fs. 40) Plazo de prescripción sin notificar (fs. 16) vista (fs. 45vta.) apelada 15/12/1998 17/04/2000 18/11/05 Sin notificar. 1/1/1999 al 31/12/2003 14/04/2008 Que, conforme queda evidenciado en el detalle realizado, transcurrieron 9 años entre el inicio del cómputo del plazo prescriptivo y el dictado de la resolución apelada sin que se advierta en el expediente administrativo la existencia de algún acto previo al dictado de resolución apelada que, conforme la normativa aplicable, tenga efecto interruptivo ni suspensivo de la prescripción en los términos de los arts. 936; 937; 805 y 806 del CA, ni razones que justifiquen la demora del servicio aduanero en el dictado (y notificación) de un pronunciamiento oportuno.
VIII. En virtud del criterio mayoritario de la Sala G corresponde analizar como segunda cuestión si el auto de apertura de sumario reúne los elementos requeridos por el art. 1094 del CA.
Corresponde señalar que el art. 1094 del CA establece las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario en el procedimiento para las infracciones y, en lo que aquí interesa, precisa que el mismo “… determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá (…) d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder.
Que, del análisis de las actuaciones administrativas, cabe indicar que el auto de apertura de sumario fue dictado con fecha 17/02/2000 (ver fs. 16 del expte. adm.), que si bien se refirió a la presunta infracción imputada a la actora, el mismo no cumple con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del C.A. Es que, en efecto, así como un acto administrativo debe ser notificado al interesado para modificar su situación jurídica frente a la autoridad administrativa, también es pertinente hacer notar que no cualquier declaración de voluntad del funcionario administrativo puede surtir efectos legales directos e inmediatos. Es de rigor que la administración observe los requisitos dispuestos en la normativa por cuanto si carece de las condiciones exigidas por el legislador importaría un mero pronunciamiento administrativo carente de entidad para interrumpir o suspender el curso de la prescripción.
Sentado lo que antecede, corresponde poner en evidencia que el auto de apertura (ver fs. 16) no informó el valor en aduana de la mercadería, su posición arancelaria y ni liquidó los presuntos tributos a abonar. Asimismo, puede observarse que la liquidación se practicó con posterioridad al acto de apertura sumarial. Es evidente que el acto se encuentra vacío de todo elemento que permita identificar tanto la infracción endilgada, como los posibles imputados y a la destinación aduanera que motivara la denuncia.
Esa situación denota que la autoridad administrativa actuó fuera del marco de su competencia temporal, por lo que el acto administrativo es nulo de nulidad absoluta (art. 14 y 17 de la LNPA).
IX. Las costas deben imponerse por su orden en atención a la existencia de jurisprudencia contradictoria sobre el tema.
Por todo ello, voto por:
Declarar prescriptas las acciones del fisco para imponer sanciones y perseguir el cobro de tributos relativos a las actuaciones Nro. 12315-1801/6 y 13289- 8985/2006. Con costas por su orden.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que en aplicación del principio de economía procesal, como en causas homónimas precedentes de esta misma Sala, me remito al relato de los hechos y el derecho efectuado por el distinguido Vocal instructor. Particularmente, coincido en el análisis que realiza a partir del Considerando VIII, en el cual concluye que el auto de apertura del sumario se limita a disponer la instrucción, sin informar el valor en aduana de la mercadería, ni su posición arancelaria, tampoco liquidó los tributos a abonar, sino con posterioridad al acto de apertura sumarial. En consecuencia, no permitió identificar la infracción endilgada, ni los posibles imputados, ni la infracción aduanera que motivara la denuncia. Como resultado de todo ello, dicho auto se encuentra vacío de dichos elementos, y por ello no logra reunir en el tiempo oportuno los requisitos de fundamentación que exige el art. 1094 del Código Aduanero.
Por tal circunstancia, no existe jurídicamente otra posibilidad –en mi criterio- que declararlo nulo. Así se ha resuelto en varios fallos del Tribunal Fiscal, en los cuales del mismo modo se declaró la nulidad del acto de apertura de sumario, por no reunir los requisitos del art. 1094 del Código Aduanero. Ellos fueron oportunamente confirmados por algunas Salas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Fue a partir del voto minoritario del Dr. Horacio Joaquín Segura en la causa de la Sala “G” en los autos “CEARCA S.A., c/DGA”, Expte. Nº 25.681-A, sentencia del 13/10/11; luego del cual se modificaron las diversas interpretaciones anteriores. A título de ejemplo, se ha decidido de igual modo por mayoría, en la causa TFN Nro. 27.600-A, “S.A. Marítima y Comercial Williams c/ DGA s/ Recurso de Apelación, que tramitara ante esta misma Sala G.
Por dichos fundamentos y en cuanto a la consiguiente prescripción -operada a partir de dicha nulidad-, adhiero en lo sustancial a los fundamentos del Vocal preopinante.
En relación a las costas del pleito, corresponde considerar que tanto la jurisprudencia del Tribunal como de la Excma. Cámara -hasta el momento- no son unánimes. Por ello las partes pudieron considerarse con derecho a litigar, en los términos que tomó en cuenta la Dra. Catalina García Vizcaíno en la causa “Molinos Río de la Plata”, del 16/11/00, que condujo a apartarse en supuestos excepcionales del principio de imposición de costas al Fisco vencido, teniendo en cuenta que el art. 1140 del CA preceptúa que: “La sede del Tribunal Fiscal (...), los plenarios, el cómputo de los términos, el reglamento y demás facultades se regirán en el orden aduanero de conformidad con lo previsto en las disposiciones pertinentes de la ley 11.683”. Tal como la distinguida profesora lo evaluó, se encuentran comprendidas en el concepto de “facultades” las relativas a “la sala respectiva” de “eximir total o parcialmente de esta responsabilidad [del pago de costas] al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad de la eximición” (art. 184 de la ley 11.683, según la modificación introducida por la ley 25.239, ampliada por la ley 25.795 en cuanto a las costas en el orden causado cuando se recalifiquen las conductas infraccionales –salvo excepciones- y mantenida esta facultad por la ley 26.044).
En consecuencia, en el caso que nos ocupa, voto por:
1. Declarar la nulidad del auto de apertura del sumario.
2. En su consecuencia, declarar prescripta la acción del Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos relativos a la actuación Nro. 12315- 1801/6 y 13289-8985/2006.
3. Costas por su orden.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Que adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
De conformidad al acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Declarar la nulidad del auto de apertura del sumario.
2. En su consecuencia, declarar prescripta la acción del Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos relativos a la actuación Nro. 12315- 1801/6 y 13289-8985/2006.
3. Costas por su orden.
Regístrese, notifíquese, devuélvanse los antecedentes administrativos y, oportunamente, archívese.
Date: 2022.10.24 12:38:55 ART Date: 2022.10.24 15:28:55 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.10.24 23:28:41 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.10.24 23:29:05 -03:00
Fin de la sentencia