Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Res.-Fallo N° 5567/12, dictada por el Administrador de la Aduana de Buenos Aires en el trámite de la Actuación SIGEA N° 12039-1615-2008 en cuanto condena a la firma Pilar Partes S.A. al pago de una multa que asciende a la suma de $ 200.499,95 y modificarla en relación al cargo formulado conforme la liquidación realizada en el considerando XV, y fijarla en PESOS OCHENTA MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 80.199,96) al que deberán adicionarse los intereses previstos en el art. 794 del C.A. que se hubieren devengado desde el 9/05/2012 hasta la fecha del efectivo pago.
2Revocarla parcialmente en cuanto a la exigencia del derecho adicional, I.V.A. Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3Costas por sus respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-114959531-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 28 de Septiembre de 2023 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: “PILAR PARTES S.A. c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente Nº 32.707-A, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 29/36vta. se presenta por apoderado la firma Pilar Partes SA e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 5567/12 (DE PRLA) dictada en el expediente SIGEA 12039-1615-2008, mediante la cual se la condena al pago de una multa por la suma de $200.499,95.- y una diferencia de tributos por un total de $245.874,55.- por la infracción al art. 970 del C.A. respecto a la operación documentada mediante el D.I.T. Nº 00 001 IT15 002124 P.
II. La recurrente señala que atento el tiempo transcurrido desde la oficialización del DIT y de las exportaciones que fueron descargando los despachos de importación temporal, se encuentra cumplido en exceso el plazo de conservación de la documentación que así lo respalda, conforme lo dispuesto en la Resolución ANA 3432/84, por lo que no cuenta con la totalidad de la documentación necesaría para demostrar la reexportación de la mercadería importada temporalmente. En ese sentido, entiende que corresponde se aplique el principio de duda a favor del infractor atento a que la aduana lo coloca en una total situación de indefensión, vulnerando su derecho de defensa en juicio protegido por el art. 18 de la CN. Manifiesta que encontrandose en situación concursal y mediando una medida cautelar ordenada por el juez natural del consurso preventivo, el apercibimiento de suspensión del importadores y exportadores no puede properar. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
III. A fs. 47/51vta. contesta el traslado la representante fiscal que luego de hacer una negativa generica, se explaya sobre los actuados aduaneros. En prieta sintesis, afirma que fue la actora quien se acogio a un regimen preferencial, circunstancia que desemboca en la más estricta observancia de los deberes inherentes a tal situación y el tiempo al que aduce que se demoró al correr la vista no tiene relevancia, ya que fue el lapso en el que omitio cancelar la destinación temporaria. Asimsimo, respecto a la violación de la medida cautelar que aduce la recurrente entiende que por la situación concursal en que se encuentra no le son aplicables los arts. 19, 21 y 32 de la LCQ, ello así, por no existir un credito a favor de la Aduana, hasta tanto quede firme la sentencia.
IV. A fs. 62 se declara la causa de puro derecho. A fs. 66 se elevan los autos a Sala G y a fs. 68 se pasan autos a sentencia.
V. Las actuaciones administrativas SIGEA N° 12039-1615-2008 dan inicio con la denuncia a la firma Pilar Partes SA por encontrarla incursa en la infracción al art. 970 del C.A por la destinación 00 001 IT15 002124 P. A fs. 4 obra la carpeta original del despacho de importación temporal. A fs. 6, 7, 8 se agrega la clasificación y valoración de la mercadería, determinación de derechos y demás tributos. A fs. 9/11 surge la liquidación de tributos y a fs. 12 print de pantalla de la liquidación N° 03001LMAN049146B. A fs. 14 se instruye sumario y a fs. 15 luce la determinación de multa y tributos. A fs. 16 /17 obra print de pantalla del identificador de garantía y a fs. 18/22 se agregan las constancias de consulta de empresa activa y buscador de juicios universales de concurso preventivo. A fs. 23/vta. se corre vista de todo lo actuado a la firma importadora y a la aseguradora Chubb Arg. de seguros S.A., notificándose de dicho auto el 23/04/2012 y 26/04/2012, respectivamente (v. cédulas a fs. 26 y 27). A fs. 28/38 contesta la vista Pilar Partes SA y a fs. 39/42 la compañía aseguradora. A fs. 44/vta. se los tienen por presentados y se proveen dichas presentaciones. A fs. 47/48 obra la descarga de la mercadería importada temporalmente y se detalla la que se encuentra en infracción. A fs. 49 obra una nueva determinación de multa y tributos conforme el informe precedente. A fs. 50/61 se agregan prints de pantalla de consulta del Registro de Infractores. A fs. 62/66 obra la Resolución N° 5567/12 apelada en autos.
Primera Cuestión VI.- Sentado lo anterior, es pertinente recordar que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo aquéllos que estimen pertinentes para la resolución del caso (Fallos: 300:522, 1163; 301:602; 302:1191, entre muchos otros). Este criterio resulta de aplicación más rigurosa en supuestos como el presente en que los agravios se encuentran vinculados a la revisión del ejercicio de la potestad sancionadora administrativa.
En relación a esta cuestión, cabe señalar que del análisis de las constancias de las actuaciones administrativas SIGEA N.º 12039-1615-2008 surge que el curso de la prescripción de la infracción endilgada comenzó a correr a partir del 01/01/2003 y el acto administrativo que ordenó la instrucción del sumario data del 28/08/2007 (v. fs. 14) y que se notificó de todo lo actuado el 23/04/2012 conforme la cédula de fs. 26 de las actuaciones administrativas.
En tales condiciones, no puede dejar de insistir en la preeminencia del criterio establecido en otras causas análogas, en las que hice notar la necesidad de que el auto de apertura del sumario administrativo se notifique al interesado para tener sus efectos jurídicos propios. En un afín orden de ideas, si se considera plausible examinar el cumplimiento de los requisitos de validez del auto de apertura del sumario, no se percibe la razón por la cual no se exige que medie notificación de éste para que surta sus efectos jurídicos propios.
En ese entendimiento del asunto, corresponde aplicar el criterio que he expuesto al sentenciar en las causas EX-2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-
70389086-APN-SGASAD#TFN “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, a cuyos fundamentos me remito brevitatiscausae.
Allí sostuve, esencialmente, que, con arreglo a lo normado en el artículo 1012 inciso b) del C.A., la D.G.A. tiene el deber de notificar el auto de apertura del sumario y que, la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los artículos 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A., no se producen sino a partir de dicha notificación. Ello, en tanto no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma -como es el caso de la notificación-, aparece como un procedimiento insoslayable para la administración no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su “validez”.
Asimismo, señalé que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, el mismo, debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado pues, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos.
En el mismo sentido se ha expedido la Corte Constitucional de Colombia: “… Si el desempeño del poder, en los distintos ámbitos del Estado, fuera clandestino y secreto, no sería posible que el ciudadano pudiera “participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” (C.P. art. 40). La publicidad de las funciones públicas (C.P. art. 209), es la condición esencial del funcionamiento adecuado de la democracia y del Estado de derecho…” (Corte Constitucional Sentencia C-038 de 1996, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). Explica a su vez, que el principio de publicidad respecto de la ley, cuando se trata de actos administrativos de carácter particular y concreto, se desarrolla con la notificación y posee dos objetivos: determinar la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones que contiene el respectivo acto y garantizar la oponibilidad al contenido de los mismos por parte de los ciudadanos legitimados, es decir, el acto administrativo es válido desde que se expide, pero su contenido únicamente vincula y se impone desde el momento en que se cumplen los requisitos de publicación o notificación según el acto de que se trate -de alcance general y particular-.
VII. En consecuencia, haciendo aplicación al caso sub examine de los lineamientos expuestos en los precedentes referidos, cabe señalar que el auto de apertura de sumario fue dictado con fecha 28/08/2007 (ver fs. 14 del expediente administrativo) advirtiéndose que la notificación al interesado fue enviada 5 años después de su dictado.
Que, con arreglo a lo expuesto en los considerandos anteriores, y en virtud del incumplimiento de esta exigencia impuesta por la ley, el acto examinado carece de la entidad suficiente para producir la suspensión de la prescripción de la acción para imponer penas –art. 937 inc. a) del CA- y perseguir el cobro de tributos en los términos art. 805 inc. a) del C.A.
Así las cosas, habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 01/01/2003, la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/2007 (cfme. arts. 803, 804, 805, 934, 935, 936 y 937 del CA), es decir, con anterioridad al dictado de la resolución apelada dictada el 23/08/2012.
A mayor abundamiento, corresponde considerar la siguiente información que resulta de las constancias obrantes en el expediente administrativo correspondiente a la causa:
ACTO FECHA
Oficialización 00 001 IT15 002124 P 3/10/2000 Vencimiento DIT con prórroga 23/09/2002 Instrucción de sumario (fs. 14) 28/08/2007 Corrida de vista (fs. 23/vta. ) 15/11/2011 Notificación de la instrucción de sumario y corrida de vista 23/04/2012 Contestación de la corrida de vista (fs. 28/38) 9/05/2012 Resolución apelada (fs.62/66) 23/08/2012 Notificación de la Resolución 28/11/2012 1/01/2003 Plazo de prescripción 31/12/2007 En adición a lo expuesto y conforme queda evidenciado en el detalle realizado, si bien la instrucción de sumario se dictó dentro del plazo de prescripción, la notificación de la misma fue enviada a la recurrente aproximadamente 5 años más tarde desde su dictado, sin que se advierta en el expediente administrativo razones que justifiquen la excesiva demora del servicio aduanero en notificar en tiempo oportuno. En virtud de ello, corresponde, a mi juicio, hacer lugar a la prescripción opuesta por la actora y, consecuentemente, declarar prescripta la acción del fisco para imponer una pena y perseguir el cobro de tributos relativos al DIT N.º 00 001 IT15 002124 P.
Segunda Cuestión VIII.- Sin perjuicio de lo expuesto en el apartado anterior, y en atención al criterio mayoritario de esta Sala “G”, corresponde analizar el fondo de la causa.
En ese sentido, se pretende resolver en autos si la Resolución DE PRLA Nro. 5567/12, mediante la cual se le imputa a la aquí actora la comisión de la infracción del art. 970 del C.A en relación a la mercadería documentada con el DIT Nro. 00 001 IT15 002124 P, se ajusta a derecho.
El art. 970 del Código Aduanero sanciona con multa al que no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del régimen de importación temporaria (arts. 250 y sgtes del CA) y el pago de los tributos resulta de lo dispuesto en el art. 274 del CA que establece: “La mercadería que hubiere sido sometida al régimen de importación temporaria se considerará importada para consumo aun cuando su importación se encontrare sometida a una prohibición, en cualquiera de los siguientes supuestos: a) hubiere vencido el plazo acordado para su permanencia sin haberse cumplido con la obligación de reexportar” el apartado 2 dispone “...quien hubiere importado temporariamente la mercadería será responsable de las correspondientes obligaciones tributarias, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondiere”.
En efecto, es jurisprudencia pacífica que en casos como el de autos, queda a cargo de la firma importadora probar fehacientemente que ha cumplido con la obligación de reexportar la mercadería importada temporariamente por el régimen especial. La forma de acreditar la reexportación de la mercadería en trato es con la descarga del DIT en el o los correspondientes permisos de embarque, y/o acreditar la importación para consumo de las mercaderías con anterioridad al vencimiento del plazo establecido.
IX. Del análisis de las constancias de las actuaciones administrativas SIGEA N° 12039-1615-2008 surge que por el dit N° 00 001 IT15 002124 P, Item 1 la actora importó “De vehículos de automóviles Partes de vehículos del capítulo 87 o de máquinas y aparatos de los capítulos 84, 85 o 90 Los demás --Los demás: LAS DEMAS MANUFACTURA DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER.”, 190 unidades bajo la PA 4016.9.90.310J. Asimismo, por el Ítem 2 de ese despacho se importaron 2.040 unidades de “Arandelas de muelle (resorte) y las demás de seguridad –Artículos sin rosca: TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, ESCARPIAS ROSCADAS, REMACHES, PASADORES, CLAVIJAS, CHAVETAS, ARANDELAS, (INCLUIDAS LAS ARANDELAS DE MUELLE RESORTE) Y ARTICULOS SIMILARES, DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO.”, PA 7318.21.00.100V. Del Ítem 3 surgen importadas 10.973 unidades de “… PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS N° 87.01 A 87.05”, con PA 8708.99.90.990P, divididos en subitem 0001: 1000 u., subitem 0002: 144 u., subitem 0003: 288 u., subitem 0004: 216 u., subitem 0005: 108 u., subitem 0006: 800 u., subitem 0007: 2.090 u., subitem 0008 :311 u., subitem 0009: 197 u., subitem 0010: 162 u., subitem 0011: 277 u. y subitem 0012: 5.380 u.
La recurrente manifiesta que al contestar la vista acompañó constancias que dan cuenta de la reexportación de 7.512 unidades de la mercadería importada temporalmente y que, por el paso del tiempo no cuenta con la restante documentación. Asimismo, realizada la descarga por la Sección Procedimientos técnicos estableció que 6.374 unidades se encuentran en infracción, por lo que dictó la resolución condenatoria (v. fs. 47/48 de las acts. adms.).
X. Para un mejor entendimiento del asunto, corresponde realizar el siguiente detalle con la documentación obrante en los actuados aduaneros:
DIT 2124 P
ITEM 1 (PA 4016.99.90.310J) 190 unidades importadas = 190 unidades reexportadas ITEM 2 (PA 7318.21.00.100V) 2.040 unidades importadas = 920 unidades reexportadas 1.120 unidades en infracción. No se adjunta PE ITEM 3 (PA 8708.99.90.990P)
3.1 1.000 unidades importadas = 1.000 unidad en infracción. No acompañó CTC 3.2 144 unidades importadas = 144 unidades en infracción. No se adjunta PE 3.3 288 unidades importadas = 288 unidades en infracción. No se acompañó documentación.
3.4 216 unidades importadas = 74 unidades en infracción No se adjunta PE 3.5 108 unidades importadas = 108 unidades en infracción. No se adjunta PE 3.6 800 unidades importadas = 800 unidades en infracción. No se adjunta PE 3.7 2.090 unidades importadas = 2.090 unidades en infracción. No se adjunta documentación 3.8 311 unidades importadas = 311 unidades en infracción. No se adjunta documentación 3.9 197 unidades importadas = 197 unidades reexportadas 3.10 162 unidades importadas = 162 unidades en infracción. No se adjunta PE 3.11 277 unidades importadas = 277 unidades en infracción. No se adjunta documentación.
3.12 5.380 unidades importadas = 5.380 unidades reexportadas.
Total 6.374 unidades en infracción En efecto, del detalle precedente surge que la descarga realiza por la Aduana a fs. 47/48 de las actuaciones administrativas es correcta. Es decir, en la especie se ha demostrado la reexportación parcial de la mercadería, por lo cual ocurrió el hecho gravado consistente en el vencimiento del plazo conferido a la destinación temporal sin la reexportación total de la mercadería dentro del mismo.
XI. Es sabido que, sólo puede demostrarse la reexportación con los permisos de embarque o solicitudes de destinación de exportación debidamente oficializadas, teniendo en cuenta sus cumplidos e imputación específica al DIT. Como así también, en lo que respecta a la documentación a presentar, la sustitución de la declaración jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes (o su rectificatoria) por el C.T.C. “al momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero” (conf. Art. 14 del Dto. 1439/96). Cabe poner de relieve, que el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C), es el que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Todo ello indica claramente- como dice el acto administrativo recurrido- que se ha configurado la infracción endilgada y máxime que es doctrina inveterada que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos "Medefin S.A.", sentencia del 01/10/91).
Atento lo examinado y teniendo en cuenta que la prueba ofrecida por la actora como base de su defensa y ordenada en esta instancia no resulta ser suficiente para cumplir con la documentación exigida por el servicio aduanero, corresponde considerar configurada la infracción endilgada.
XII. En ese estado de cosas, corresponde señalar que, por la resolución apelada se intimó a la recurrente al pago de una suma en concepto de tributos, correspondientes a la operación de importación temporaria documentada mediante el DIT Nº 00 001 IT15 002124 P que incluyó, entre otros conceptos, el Derecho Adicional, I.V.A. Adicional y percepción del Impuesto a las Ganancias (ver liquidación de fs. 49 de las act. adm.).
XIII. Sentado lo que antecede, en cuanto aquí es de estricto interés, cabe consignar en relación al Derecho Adicional, que corresponde aplicar la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “IEF LATINOAMERICANA S.A.” sentencia del 14/08/2013 que remite en lo pertinente a la causa “FRISHER S.R.L.” sentencia del 14/08/2013, en la que se revocó la exigencia del Derecho Adicional previsto en el art. 15 de la Resolución ME N.º 72/92, limitando el pago solo a los casos en que se solicita la importación para consumo de las mercaderías importadas temporariamente, y no en los casos en que al no regularizar en término la situación de los bienes, corresponda imponer de las sanciones previstas por el art. 970 del C.A. Por consiguiente, en el caso de autos, no corresponde el pago del Derecho Adicional previsto en el art. 23 del Decreto N.º 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación, por lo que corresponde revocarlo modificando la exigencia tributaria.
XIV. En relación a los conceptos IVA Adicional y percepción de Impuesto a las Ganancias, debe recordarse la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos.
Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
En el citado precedente, sobre esa base, se concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
En tal inteligencia del asunto, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
XV. En consecuencia, corresponde modificar la exigencia tributaria, conforme se detalla a continuación:
D.I.T. 00 001 IT15 002124 P
Item 2 Base imponible 493,25 D. IMPORTACIÓN 17,5% 86,32 Tasa de Estadística 0,50% 2,47 Base IVA 582,04 IVA 21% 122,22 Item 3 Subitem 1 al 11 (excluye el 9)
Base imponible 176.966,74 D. IMPORTACIÓN 19,5% 34.508,51 Tasa de Estadística 0,50% 884,83 Base IVA 212.360,08 IVA 21% 44.595,61 TOTAL 80.199,96 Así las cosas, los tributos adeudados por la mercadería en infracción ascienden a la suma de PESOS OCHENTA MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 80.199,96)
en concepto de Derecho de Importación, Tasa de Estadística e I.V.A. Todo ello sin perjuicio de los intereses devengados desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista. En consecuencia, los intereses deberán computarse desde el 9/05/2012 hasta la fecha de su efectivo pago, en los términos del art. 794 del C.A.
XVI. Por último, las cuestiones planteadas por la actora en cuanto a cuestiones verificatorias concursales y posibilidad o no de suspensión en el Registro de Importadores y Exportadores deben ser dirimidas por el juez concursal, en lo atinente al alcance de la medida cautelar y otros aspectos relativos a su competencia que este Tribunal no corresponde que resuelva.
XVII. Por consiguiente, corresponde confirmar la Resolución N° 5567/12 (DE PRLA) en cuanto condena a la firma Pilar Partes S.A. por la infracción al art. 970 del C.A. respecto a la falta de regularización de 6.374 unidades de mercadería ingresada bajo el DIT N° 00 001 IT15 002124P al pago de una multa que asciende a la suma de $ 200.499,95 y modificarla en relación al cargo formulado conforme la liquidación realizada en el considerando XV, y fijarla en PESOS OCHENTA MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 80.199,96) al que deberán adicionarse los intereses previstos en el art. 794 del C.A. que se hubieren devengado desde el 9/05/2012 hasta la fecha del efectivo pago.
Por ello, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente la Res.-Fallo N° 5567/12, dictada por el Administrador de la Aduana de Buenos Aires en el trámite de la Actuación SIGEA N° 12039-1615-2008 en cuanto condena a la firma Pilar Partes S.A. al pago de una multa que asciende a la suma de $ 200.499,95 y modificarla en relación al cargo formulado conforme la liquidación realizada en el considerando XV, y fijarla en PESOS OCHENTA MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 80.199,96) al que deberán adicionarse los intereses previstos en el art. 794 del C.A. que se hubieren devengado desde el 9/05/2012 hasta la fecha del efectivo pago.
2. Revocarla parcialmente en cuanto a la exigencia del derecho adicional, I.V.A. Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3. Costas por sus respectivos vencimientos.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la Res.-Fallo N° 5567/12, dictada por el Administrador de la Aduana de Buenos Aires en el trámite de la Actuación SIGEA N° 12039-1615-2008 en cuanto condena a la firma Pilar Partes S.A. al pago de una multa que asciende a la suma de $ 200.499,95 y modificarla en relación al cargo formulado conforme la liquidación realizada en el considerando XV, y fijarla en PESOS OCHENTA MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 80.199,96) al que deberán adicionarse los intereses previstos en el art. 794 del C.A. que se hubieren devengado desde el 9/05/2012 hasta la fecha del efectivo pago.
2. Revocarla parcialmente en cuanto a la exigencia del derecho adicional, I.V.A. Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3. Costas por sus respectivos vencimientos.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2023.09.27 17:08:48 ART Date: 2023.09.28 03:38:46 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.09.28 08:44:50 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.09.28 08:45:06 -03:00
Fin de la sentencia