Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 24.163-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 8005/2007, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en el trámite de la actuación administrativa SIGEA N° 12040-211-2007 (Expte. N° 602.826/2002), declarando que la multa adeudada se fija en la suma de $ 27.261,67, por la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A.
2Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 8005/2007, dictada en el trámite de la actuación administrativa SIGEA N° 12040-211-2007 (Expte. N° 602.826/2002), declarando que los tributos adeudados ascienden a la suma de PESOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CUATRO CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 10.904,67.-), en concepto de Derechos de Importación, Tasa de Estadística, e IVA, con más CER e intereses del art. 794 del C.A., que se hubieren devengado hasta la fecha de efectivo pago.
3Revocarla parcialmente en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, I.V.A. Adicional e Impuesto a las Ganancias.
4Costas por sus respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-34379384-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 29 de Marzo de 2023 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: “PILAR PARTES S.A. c/ D.G.A. s/ Recurso de Apelación”, expediente N° 24.163-A El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 35/42 la firma Pilar Partes S.A. (antes denominada “ZF ARGENTINA S.A.”), por apoderado, interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 8005/2007, dictada el 06 de noviembre de 2007 por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en el trámite de la actuación administrativa SIGEA N° 12040-211-2007 (Expte. N° 602.826/2002), por la que se la condena al pago de la multa de $ 27.262,17 y se le exige el pago de la suma de $ 22.157 en concepto de tributos, con más CER e intereses, por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del Código Aduanero, en relación a la mercadería amparada mediante la DIT N° 00 073 IT14 001269 J.
II. La recurrente sostiene, principalmente, que reexportó en tiempo y forma el total de la mercadería importada bajo el régimen de importación temporal mediante la DIT N° 00 073 IT14 001269 J. Adjunta como Anexo una planilla a fin de acreditar la descarga de los insumos importados temporalmente; también acompaña en autos la declaración jurada de saldos de la temporal citada precedentemente, copia de esta última, de los permisos de embarque a través de los cuales se exportaron cajas de cambio conteniendo la mercadería importada al amparo de la mentada DIT y de los CTC que justificarían la relación insumo/producto declarada. Se opone a la aplicación del CER por cuanto sostiene que se trata de una deuda que desde la primera intimación estuvo expresada en pesos, por lo que no sería susceptible de conversión alguna y cita jurisprudencia al respecto. Hace referencia a la “teoría de los actos propios” y al “principio de congruencia”, que -a su entender- el fisco pretende vulnerar. Resalta la improcedencia de la pretensión de aplicar el CER, en virtud de las disposiciones de una Nota Externa como lo es la 02/2004, ya que carece de efecto vinculante para los administrados. Asimismo, señala la inaplicabilidad del Decreto Nº 214/02, atento a la prohibición constitucional de legislar en materia tributaria a través de decretos de necesidad y urgencia. Finalmente, ofrece prueba documental e informativa, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
III. A fs. 124/133 se presenta la representación fiscal y contesta el traslado oportunamente conferido. Niega todas y cada una de las afirmaciones vertidas por la contraria y relata brevemente lo actuado en sede administrativa. Sostiene que una de las características de la figura infraccional en trato es que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporaria recae sobre la importadora, quien debe demostrar fehacientemente y con la documentación aduanera pertinente, que ha cumplido acabadamente con sus obligaciones. Manifiesta al respecto que la importadora no logró probar el cumplimiento de la reexportación de la mercadería antes del vencimiento del plazo legal otorgado por el mentado régimen. En cuanto al CER, sostiene su procedencia ya que si bien las liquidaciones se expresaron en pesos, lo adeudado eran dólares estadounidenses, como es lo usual en materia de comercio internacional y por aplicación del art. 20 de la ley 23.905. Considera que la simple pesificación, sin la aplicación del aludido coeficiente tornaría irrisorias las obligaciones del administrado para con el Fisco. Hace referencia a la situación que atravesaba el país al momento del dictado de la ley 25.561 y cita jurisprudencia. Acompaña las actuaciones administrativas, efectúa reserva del caso federal y, finalmente, solicita se confirme la resolución aduanera, con costas.
IV. De la compulsa de la actuación administrativa SIGEA N° 12040-211-2007 (Expte. N° 602.826/2002), surge que la misma se inicia a fs. 2 con el Acta de Denuncia N° 76/02 contra la firma Pilar Partes S.A. (antes denominada “ZF ARGENTINA S.A.”) por la presunta comisión de la infracción al art. 970 del C.A. A fs. 3 obra el sobre contenedor con la DIT N° 00 073 IT14 001269 J. A fs. 6 se practica liquidación de multa y tributos. A fs. 10 se informa el proceso concursal de Pilar Partes S.A. A fs. 11, el 08/11/2002, se instruye sumario y se corre vista de todo lo actuado a la firma Pilar Partes S.A. (quién se notifica el 28/04/2003, conforme cédula de fs. 32) y a Chubb de Fianzas y Garantías S.A. Cia. de Seguros, en su carácter de garante de la obligación tributaria. A fs. 12/31 y 34/39 la importadora y la aseguradora contestan la vista, respectivamente. A fs. 43 la Div. Verificaciones de la Aduana de Ezeiza, teniendo a la vista la nómina de exclusión al régimen de retenciones y percepciones del IVA agregada a fs. 42, con vigencia hasta el 30/09/2001, informa mediante -Nota N° 667/04 (DV VEEZ)- que a la fecha de infracción (29/06/2001) la firma se encontraba exenta, y que también correspondería la exención de ganancias. A fs. 44/49 se presenta la firma importadora solicitando el archivo del sumario por violación a lo dispuesto por la medida cautelar dictada con fecha 06/03/2002 por el juez a cargo del concurso preventivo de la firma y al art. 21 inc. 3 de la ley 24.522. A fs. 52 se resuelve no hacer lugar al pedido de archivo, por no encuadrar el presente sumario dentro de lo dispuesto por la justicia comercial (cautelar). A fs. 93 obra impresión de pantalla correspondiente al Registro de Infractores. A fs. 94/96 se dicta la Resolución DE PRLA Nº 8005/2017, apelada en autos.
V. A fs. 138 se abre la causa a prueba, la que obra agregada a fs. 146/150 y los antecedentes administrativos que corren por separado. A fs. 161 se ponen los autos para alegar. A fs. 167/170 obra agregado el alegato del Fisco, la actora no alegó. A fs. 172 pasan los autos a sentencia.
VI. Ante todo, corresponde determinar si se ha configurado en la presente causa la infracción prevista y penada en el artículo 970 del Código Aduanero, norma que en su ap. 1 textualmente reza: "El que no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria o del de exportación temporaria, según el caso, será sancionado con una multa de 1 a 5 veces el importe de los tributos que gravaren la importación para consumo o la exportación para consumo según el caso, de la mercadería en infracción, multa que no podrá ser inferior al 30% del valor en aduana de la mercadería, aun cuando ésta no estuviere gravada". En tal sentido, cabe indicar que no resulta controvertido que el importador se obligó a reexportar la mercadería importada temporalmente y que pesaba sobre él la carga de la prueba del cumplimiento de la obligación a la que se sometió voluntariamente. Es que, en efecto, es criterio reiteradamente expuesto que es suficiente para el servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba. Así también, es reconocido que al amparo del régimen aplicable se debe cumplir con determinadas exigencias formales para comprobar el cumplimiento de la obligación asumida.
VII. Así las cosas, por la DIT N° 00 073 IT14 001269 J, con vencimiento de fecha 29/06/2001, se importaron 1.520 Kg. de unidades de mercadería bajo la PA 8708.99.90.990P “Las demás partes y accesorios: PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS N° 87.01 A 87.05.”, 862 unidades correspondientes al Ítem 1.1 (Pieza 1307.304.643) y 658 unidades correspondientes al Ítem 1.2 (Pieza 1307.304.644). Ahora bien, del análisis de la documentación aportada en los presentes actuados obran los siguientes permisos de embarque: 00 EC03 023726 C, 00 EC03 023925 D, 00 EC03 024179 F, 00 EC03 024232 S, 00 EC03 024355 B, 00 EC03 024668X, 00 EC03 024488 X, 00 EC03 024888 M, 00 EC03 025226 W, 00 EC03 025709 F, 00 EC03 026178 G, 00 EC03 026640 A (que descargarían las 862 unidades del Ítem 1.1) y 00 EC03 021968 X, 00 EC03 021969 J, 00 EC03 022047 U, 00 EC03 022097 C, 00 EC03 022322 Z y 00 EC03 022552 V (que descargarían las 658 unidades del Ítem 1.2), pero lo cierto es que de ellos no surge que efectivamente descarguen la mercadería importada temporalmente mediante la DIT N° 00 073 IT14 001269 J ya que, como bien sostuvo a fs. 149/150 de autos el Ingeniero Alberto Cavallucci, oficial verificador especializado en mercadería del sector automotriz, en ninguno de los CTC involucrados se lee que mediante el insumo de la PA 8708.99.90.990P (Piezas 1307.304.643 y 1307.304.644) se obtiene el producto exportado mediante los citados permisos de embarque.
VIII. Al respecto, cabe poner de relieve que el CTC (Certificado de Tipificación y Clasificación), es el que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta. A la luz del régimen expuesto, es mi parecer que corresponde mantener el acto administrativo recurrido. Ya que existiendo un procedimiento reglado para la demostración del cumplimiento del régimen al cual se acogió la firma importadora, en lo que respecta a la documentación a presentar, dicho procedimiento exige al importador la sustitución de la declaración jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes (o su rectificatoria) por el C.T.C. “al momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero” (conf. art. 14 del Dto. 1439/96).
IX. Lo expuesto precedentemente indica que se ha configurado la infracción endilgada, máxime teniendo en especial consideración que es doctrina inveterada que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos "Medefin S.A.", sentencia del 01/10/91).
X. En definitiva, encuentro que la mentada exigencia no se presenta baladí ni implica una renuncia a la búsqueda de la verdad jurídica objetiva. En efecto, el cumplimiento de la carga no se presenta exorbitante y de cumplimiento imposible para el importador. En ese sentido, se trata de una imposición razonable para facilitar la fiscalización y verificación del cumplimiento del régimen impositivo. Y no es de resorte de los tribunales de justicia el examen de la conveniencia o acierto del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus atribuciones, por lo que la prueba ofrecida por la actora, en esta instancia, como base de su defensa, no logra conmover la justicia del acto administrativo recurrido, por lo que cabe concluir que resulta ajustada a derecho la resolución apelada en autos en cuanto condena a la recurrente al pago de la multa prevista en el art. 970 del C.A., con la correlativa obligación tributaria de conformidad al art. 274 del C.A.
XI. Llegado este punto, corresponde señalar que, la suma reclamada a la recurrente en concepto de tributos incluyó, entre otros conceptos, el Derecho Adicional -Decreto Nº 1439/96-, I.V.A. Adicional y la percepción del Impuesto a las Ganancias (conforme liquidación tributaria practicada por el servicio aduanero a fs. 6 de las actuaciones administrativas).
XII. Sentado lo que antecede, y sin perjuicio de que la actora no ha cuestionado en autos la mentada liquidación tributaria, en cuanto aquí es de estricto interés, cabe consignar que en relación al Derecho Adicional, corresponde aplicar la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “IEF LATINOAMERICANA S.A.”, sentencia del 14/08/2013, que remite en lo pertinente a la causa “FISHER S.R.L.”, sentencia del 14/08/2013, en la que se revocó la exigencia del Derecho Adicional previsto en el art. 15 de la Resolución ME Nº 72/92, limitando el pago solo a los casos en que se solicita la importación para consumo de las mercaderías importadas temporariamente, y no en los casos en que al no regularizar en término la situación de los bienes, corresponde imponer las sanciones previstas por el art. 970 del C.A. Por consiguiente, en el caso de autos, no corresponde el pago del Derecho Adicional previsto en el art. 23 del Decreto Nº 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación, por lo que corresponde revocarlo modificando la exigencia tributaria.
XIII. En relación a los conceptos I.V.A. Adicional y percepción de Impuesto a las Ganancias, debe recordarse la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/ DGA (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
En el citado precedente, sobre esa base, se concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
En esta inteligencia del asunto, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de Impuesto a las Ganancias.
XIV. En atención a lo expuesto en los Considerandos XII y XIII, corresponde modificar la exigencia tributaria y, consecuentemente, la multa impuesta, conforme se detalla a continuación:
DIT 00 073 IT14 001269 J TRIBUTOS
Base imponible (Valor en aduana) $ 23.497,76 Derechos de Importación 20,50% $ 4.817 Tasa de Estadística 0,50% $ 117 Base IVA $ 28.431,76 IVA 21% $ 5.970,67 TOTAL $ 10.904,67 TRIBUTOS: $ 10.904,67.
MULTA (2 y ½ el importe de los tributos que gravan la importación a consumo, ya que su graduación no fue expresa materia de agravios): $ 27.261,67.
En consecuencia, el importe adeudado en concepto de multa se fija en la suma de PESOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 27.261,67.-) y el importe de tributos adeudados por la mercadería en infracción en concepto de Derecho de Importación, Tasa de Estadística e I.V.A. se reduce a la suma de PESOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CUATRO CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 10.904,67.-), con más CER y los intereses del art. 794 del C.A., hasta la fecha de su efectivo pago.
XV. En relación a la procedencia de la inclusión del CER a la deuda tributaria que se le reclama a la recurrente como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones del régimen de importación temporaria en relación a la mercadería amparada mediante la DIT N° 00 073 IT14 001269 J, cabe señalar primeramente que, de acuerdo a las constancias obrantes en las actuaciones administrativas, tanto en la corrida de vista (obrante a fs. 11) como en la resolución apelada, el monto intimado fue expresado en pesos.
Sin perjuicio de ello, a mi juicio procede en el caso y sobre el importe nominal de tributos que se le exigieran a la actora, la aplicación del CER (arts. 4 y 8 del Dec. 214/02).
En lo que aquí interesa, por el art. 1 del Decreto 214/02 se dispuso la transformación a pesos de las obligaciones de dar sumas de dinero que, existiendo a la fecha de sanción de la Ley 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario (sancionada el 06/01/02 y publicada en el B.O. el 07/01/02), estuvieran expresadas en dólares estadounidenses y no se encontrasen ya convertidas a pesos. Asimismo, por el art. 8 del mentado decreto se dispuso que las obligaciones de dar sumas de dinero, expresadas en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, se convertirán en razón de UN DÓLAR ESTADOUNIDENSE (U$S 1) = UN PESO ($1).
Por su parte, el artículo antes citado, además de transformar a pesos la obligación, estableció la aplicación de lo dispuesto en el art. 4 de esa norma con relación al CER (lo que resultó ratificado posteriormente por la Ley 25.820 que modificó el art. 11 de la Ley 25.561 de Emergencia Económica y Reforma del Régimen Cambiario).
Ahora bien, por aplicación del art. 20 de la Ley 23.905, la obligación tributaria que nos ocupa nació expresada en dólares estadounidenses al vencimiento de la DIT (29/06/01) subsistiendo como tal al 06/01/02 (fecha en la que fue sancionada la Ley 25.561 de Emergencia Económica y Reforma del Régimen Cambiario), no habiéndose pesificado con anterioridad a esa fecha, por lo cual resultó alcanzada por la pesificación dispuesta por el art. 8 del Decreto 214/02. Cabe señalar que de las actuaciones administrativas surge que se instruyó sumario y se corrió vista con fecha 08/11/02 y que, consecuentemente, la deuda fue correctamente expresada en moneda nacional, por primera vez, debido a que a esa fecha -como ya he mencionado- se encontraba vigente el Decreto 214/02 que dispuso la pesificación de la obligación tributaria.
Es menester resaltar que el hecho de que el servicio aduanero no haya hecho, en dicha corrida de vista, reserva de aplicar el CER sobre el monto reclamado no implica renuncia alguna a la aplicación de la normativa antes citada, en tanto que ello viene impuesto por la normativa de emergencia y no por voluntad de las partes. Al respecto cabe destacar que resulta de aplicación la doctrina emanada de la C.S.J.N. en el caso “Sociedad Anónima Cinematográfica” (17/4/07), en el sentido de que para las deudas pesificadas con posterioridad a la vigencia del Decreto 214/02, el CER es inescindible del capital adeudado.
De lo esbozado precedentemente, se concluye que la inclusión del CER a la deuda tributaria resulta ajustado a derecho.
Por todo lo expuesto, voto por:
1. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 8005/2007, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en el trámite de la actuación administrativa SIGEA N° 12040-211-2007 (Expte. N° 602.826/2002), declarando que la multa adeudada se fija en la suma de $ 27.261,67, por la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A.
2. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 8005/2007, dictada en el trámite de la actuación administrativa SIGEA N° 12040-211-2007 (Expte. N° 602.826/2002), declarando que los tributos adeudados ascienden a la suma de PESOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CUATRO CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 10.904,67.-), en concepto de Derechos de Importación, Tasa de Estadística, e IVA, con más CER e intereses del art. 794 del C.A., que se hubieren devengado hasta la fecha de efectivo pago.
3. Revocarla parcialmente en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, I.V.A. Adicional e Impuesto a las Ganancias.
4. Costas por sus respectivos vencimientos.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 8005/2007, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en el trámite de la actuación administrativa SIGEA N° 12040-211-2007 (Expte. N° 602.826/2002), declarando que la multa adeudada se fija en la suma de $ 27.261,67, por la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A.
2. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 8005/2007, dictada en el trámite de la actuación administrativa SIGEA N° 12040-211-2007 (Expte. N° 602.826/2002), declarando que los tributos adeudados ascienden a la suma de PESOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CUATRO CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 10.904,67.-), en concepto de Derechos de Importación, Tasa de Estadística, e IVA, con más CER e intereses del art. 794 del C.A., que se hubieren devengado hasta la fecha de efectivo pago.
3. Revocarla parcialmente en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, I.V.A. Adicional e Impuesto a las Ganancias.
4. Costas por sus respectivos vencimientos.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2023.03.28 10:57:07 ART Date: 2023.03.28 16:39:20 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.03.29 10:59:25 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.03.29 10:59:51 -03:00
Fin de la sentencia