Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución DE PLA N° 3909/06, dictada en la Actuación N° 12034-1-2006 (606.930/1), en cuanto a la multa allí impuesta; la que se modifica en cuanto a la exigencia tributaria liquidada, declarando inaplicable el CER allí dispuesto y revocando los rubros derecho adicional, IVA adicional e Impuesto a las Ganancias. Al importe nominal adeudado, deberán adicionársele los intereses devengados, en los términos del art. 794 del C.A., desde 10/12/2001 hasta la fecha de su efectivo pago.
2Costas según los respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-69677669-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 17 de Julio de 2026 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Claudia B. Sarquis (titular de la Vocalía 20° Nominación), Horacio J. Segura (titular de la Vocalía 21° Nominación), y Miguel N. Licht (titular de la Vocalía 19° Nominación), a fin de resolver en los autos “PILAR PARTES S.A. c/DGA”, Nº 23.200-A;
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 41/51 se presenta la firma “PILAR PARTES S.A.”, por apoderado, e interpone recurso de apelación contra la resolución DE PLA 3909/06 dictada en la actuación 12034-1-2006 (606.930/1), mediante la cual se condenó a Pilar Partes S.A. (“ex ZF Argentina S.A.”) al pago de multa de $35.500,03 y tributos por $70.815,09, más el CER y los intereses previstos en el 794 del C.A., por la presunta infracción tipificada en el art. 970 del mismo código, con relación a la mercadería que se consideró en infracción y se documentó en la DIT 98 001 IT14 007869G. Se agravia respecto de la verificación tardía efectuada por la AFIP-DGA en el concurso preventivo de Pilar Partes S.A. Explica que, con su pretensión, la DGA invade la competencia del juez del concurso quien aún no se ha pronunciado al respecto. Sostiene que su parte se encuentra impedida legalmente a realizar pagos por créditos de causa o motivo anterior a la presentación en concurso. En otro orden de consideraciones, se agravia de la procedencia del coeficiente CER exigido por el servicio aduanero. Sostiene que resultan inaplicables las disposiciones del Decreto 214/02. Esgrime que no se trata de una deuda que deba ser pesificada, ya que desde la primera intimación estuvo expresada en pesos, con lo cual no es susceptible de conversión alguna. Subraya que el CER reclamado en la resolución cuestionada no fue mencionado en la tramitación del sumario, lo que torna arbitraria su exigencia.
II. Que a fs. 70/78 la representación fiscal contesta el traslado del recurso y acompaña las actuaciones administrativas. Luego de la negativa genérica de rigor y de la reseña de los hechos, manifiesta que la actora no acreditó la regularización de la totalidad mercadería considerada en infracción en virtud del informe realizado por la Sección Procedimientos Técnicos. Afirma que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporaria recae sobre la importadora. Señala que el vencimiento del plazo de permanencia sin que se acredite el cumplimiento de la importación temporaria, implica la configuración de la infracción del art. 970 del CA. Por otra parte, sostiene que, decretada la apertura de un concurso preventivo, los procedimientos administrativos de trámite ante los organismos encargados de la aplicación, percepción y fiscalización de los tributos nacionales, provinciales o municipales, no se suspenden y corresponderá a ese organismo continuar el procedimiento para determinar la medida de lo imponible. Hace una breve reseña del concepto de “concurso preventivo” y aclara que, si bien el fisco no está exento de su obligación de presentar el pedido de verificación, antes de ello debe obtener cosa juzgada a efectos de plantear en forma definitiva su pedido de verificación. Cita jurisprudencia. Finalmente, y por las circunstancias del caso, afirma que corresponde aplicar el coeficiente CER a la suma exigida por tributos. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva del caso federal y solicita que se rechace el recurso interpuesto, con expresa imposición de costas.
III. Que, una vez trabada la Litis, se presenta a fs. 89/90 una nueva letrada en representación de Pilar Partes S.A. y señala que “sin perjuicio de estado procesal de autos, acompaño copia del DIT 98 001 IT14 007869G, la DDJJ de saldos, los PE por los cuales se descargó la mercadería importada…”. Y solicita que “se tenga presente la prueba documental aportada”.
A fs. 164, se declaró la causa de puro derecho. A fs. 177 se presenta el síndico designado en la quiebra de la firma actora, asume su representación y constituye domicilio. A fs. 182 se elevan los autos a la Sala “G”. A fs. 183 se pasan los autos a sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas 12034-1-2006 (606.930/1) se iniciaron con el acta obrante a fs. 1, de la que surge la imputación de la infracción al art. 970 del C.A correspondiente al DIT N° 98 001 IT14 007869G (vencimiento: 7/12/2002). A fs. 14 obra el sobre original del mencionado DIT. A fs. 18/19 se afora la mercadería y se liquida multa y tributos. A fs 22, el 23/11/2001, se dispone la instrucción de sumario y se corre vista (notificada a la importadora el 26/11/2001 –fs. 24)- A fs. 34/37 se presentó la imputada a contester la vista. A fs. 89/98 la Sección Procedimientos Técnicos efectúa, sobre la base de la documentación aportada, su informe técnico. A fs114/116 se dicta la Resolución N° 3909/2006 apelada en autos. A fs. 117/118 la importadora comunica la presentación de su recurso ante este Tribunal.
V. Que, en este estado del análisis, es pertinente recordar que los jueces no se encuentran obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración del Tribunal, sino tan solo aquellas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (según lo afirmado por la CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140 y 301:970).
VI. Que, sentado ello, cabe señalar que la actora con su recurso no discute el fondo de la cuestión; es decir, si reexportó en término la mercadería importada temporariamente o si, en su caso, se configuró alguna causal de exención de responsabilidad por la infracción prevista en el art. 970 del Código Aduanero. En efecto, sus argumentos se circunscriben a cuestionar las facultades de la DGA para dictar el acto administrativo impugnado por encontrarse ella concursada, así como la procedencia del CER sobre la exigencia tributaria reclamada. Sobre esa base se corrió traslado al organismo fiscal y, con su contestación, quedó trabada la litis.
Por otra parte, cabe recordar que la oportunidad procesal para acompañar prueba documental se encuentra prevista en los arts. 25, inciso 5); 26, inciso b) y 35 del Reglamento de Procedimiento de este Tribunal, y se refiere estrictamente a elementos vinculados a las pretensiones esgrimidas por las partes, ya que, de lo contrario, su ofrecimiento resultaría inconducente. A su vez, tampoco se advierte que la actora haya acreditado las circunstancias del art. 36 respecto de la configuración de un hecho nuevo que habilite la apertura a prueba en los términos del art. 37 de la citada reglamentación.
VII. Que, aclarado ello, respecto de los agravios sobre el concurso preventivo (actualmente quiebra) de la firma importadora y la falta de suspensión en el Registro de Importadores y Exportadores, cabe aclarar que la resolución apelada no ordenó tal medida. En cambio, la disposición aduanera condenó a la empresa bajo los términos del art. 970 del C.A., exigiéndole el pago de tributos y multa con la aplicación del CER, bajo apercibimiento de suspenderla de dicho Registro. Además, dado el efecto suspensivo del recurso de apelación presentado ante este Tribunal (según art. 1134 del C.A.), la sanción recurrida no puede ejecutarse por el momento.
VII.1. Que, asimismo, el hecho de encontrarse en quiebra, no incide en la virtualidad del crédito aquí analizado. En efecto, en primer lugar, todos los procedimientos contenciosos aduaneros y con su eventual secuencia recursiva quedan excluidos del fuero de atracción del concurso (preventivo o quiebra) así como de la suspensión de su trámite, dispositivos establecidos por la Ley 24.522, aunque en dicha ley -en la que taxativamente se indican los juicios excluidos al respectono se excluyen expresamente aquéllos.
La aludida exclusión obedece a un lógico y natural sentido de especialidad y practicidad, en orden a la forzosamente preliminar determinación tributaria, función del organismo recaudador y en su caso de la pertinente vía recursiva, y a la razonable necesidad de que el proceso penal (del que pueda derivar la sanción pecuniaria) concluya hasta sus últimas posibilidades de juzgamiento, criterio éste que fue establecido jurisprudencialmente.
En ese sentido, se expidió la CSJN, en autos “COSIMATI, Gregorio G. s/Conc. merc. preventivo”, sentencia del 9/4/87, que en relación al art. 22 de la Ley 19.551 (que establecía la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado) era inaplicable “... toda vez que la misma -la aludida suspensión- debe ser entendida con el alcance de impedir que se realicen procedimientos de ejecución fuera del concurso, pero no el de vedar al órgano competente la determinación de las obligaciones tributarias y/o aplicación de sanciones, por hechos imponibles y punibles anteriores a la fecha de iniciación del concurso”. En el mismo sentido, se ha expedido nuevamente en las causas “SUPERCANAL S.A.”, sentencia del 2/6/03; “GAUCHAT, Enrique”, sentencia del 4/7/03.
VIII. Que, respecto al agravio relacionado a la aplicación por parte del servicio aduanero del Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R.) en la intimación de tributos formulada en la resolución cuestionada, es dable destacar que por el art. 1° del decreto 214/02 se transformaron a pesos todas las obligaciones de dinero existentes a la sanción de la ley 25.561, de enero de 2002, que no se encontraban, ya a esa fecha, convertidas a pesos. Es a esas obligaciones que les resultan aplicables los arts. 4° y 8° del decreto 214/02.
Que, en el caso, la infracción se configuró el 7/12/2000; y la corrida de vista, junto con la liquidación de tributos perseguida, se realizó el 23/11/2001, en pesos (v. fs. 22 de las actuaciones), notificada 26/12/2001 (v. 25 de las actuaciones).
Que, en ese contexto, cabe recordar lo resuelto por la C.S.J.N. en la causa “Editorial Perfil SA (T.F. 13.456 A) c/ D.G.A.” (fallo del 12-8-2008), en el sentido de que el decreto 214/02 no es aplicable a la resolución aduanera por la que condena al pago de sumas de dinero en concepto de tributos expresados en pesos con anterioridad a la entrada en vigencia de ese decreto, pues la cantidad a pagar no estaba “expresada en dólares” (arts. 1º y 8º del citado decreto) y la autoridad administrativa no procuró modificar la moneda por las vías administrativas correspondientes.
Por ello, encontrándose la deuda tributaria expresada en pesos con anterioridad a la vigencia de la ley 25.561 y del decreto 214/02, corresponde admitir el agravio de la parte actora en cuento a que no corresponde la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (artículos 4 y 8 del Decreto 214/02) dispuesta en la Resolución aquí analizada. En efecto, la intimación al pago de tributos contenida en la Resolución DE PLA 3909/06, ya se encontraba fijada en pesos con anterioridad a la ley 25.561 y por tanto los arts. 4° y 8° del decreto N° 214/02 resultan inaplicables.
IX. Que con relación a la exigencia tributaria que se desprende del cargo, es dable expedirse respecto de determinados rubros tributarios que integraron el mismo, en particular: Derecho adicional, y percepciones de IVA adicional y de Impuesto a las Ganancias.
Que en relación al derecho adicional, por aplicación de la doctrina sentada por el más Alto Tribunal, cabe revocar este rubro previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96. Ello, conforme lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “IEF Latinoamericana S.A. (TF 16.912-A) c/ DGA”, que remitió a la causa “Frisher S.R.L. (TF 16.236-A) c/ ANA”. Que en lo concerniente a los rubros IVA adicional e Impuesto a las Ganancias también corresponde dejar sin efecto tales rubros, por estricta aplicación de la postura adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA SA c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26/11/2019.
X. Que, en tales condiciones, corresponde declarar la improdencia del CER dispuesta en la Resolución DE PLA 3909/06 y confirmar la exigencia nominal de los tributos liquidados, salvo respecto de los rubros derecho adicional, IVA adicional e impuesto a las ganancias, que se revocan. Ello, más los intereses devengados, en los términos del art. 794 del C.A., desde 10/12/2001 hasta la fecha de su efectivo pago.
Por ello, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente la Resolución DE PLA N° 3909/06, dictada en la Actuación N° 12034-1-2006 (606.930/1), en cuanto a la multa allí impuesta; la que se modifica en cuanto a la exigencia tributaria liquidada, declarando inaplicable el CER allí dispuesto y revocando los rubros derecho adicional, IVA adicional e Impuesto a las Ganancias. Al importe nominal adeudado, deberán adicionársele los intereses devengados, en los términos del art. 794 del C.A., desde 10/12/2001 hasta la fecha de su efectivo pago.
2. Costas según los respectivos vencimientos.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Que adhiero al voto que antecede.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
Que adhiero al voto de la Dra. Sarquis En virtud del acuerdo que antecede, se RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la Resolución DE PLA N° 3909/06, dictada en la Actuación N° 12034-1-2006 (606.930/1), en cuanto a la multa allí impuesta; la que se modifica en cuanto a la exigencia tributaria liquidada, declarando inaplicable el CER allí dispuesto y revocando los rubros derecho adicional, IVA adicional e Impuesto a las Ganancias. Al importe nominal adeudado, deberán adicionársele los intereses devengados, en los términos del art. 794 del C.A., desde 10/12/2001 hasta la fecha de su efectivo pago.
2. Costas según los respectivos vencimientos.
Regístrese, notifíquese y –devueltas las actuaciones administrativas- archívese.
Date: 2026.07.17 13:30:40 ART Date: 2026.07.17 17:04:26 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.07.17 17:18:25 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.07.17 17:18:49 -03:00
Fin de la sentencia