Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la resolución DE PLA N° 4114/07 dictada en la actuación 12039-2821-2005 (601.994/2002), en cuanto exige la suma de pesos cinco mil doscientos sesenta y uno con 75/100 ($5.261,75), en concepto de multa; y, de pesos dos mil ciento cuatro con 69/100 ($ 2.104,69) más el CER y los intereses del art. 794 del CA, calculados desde el 25/3/2003 hasta la fecha de la total y efectiva cancelación de la deuda.
2Revocar la exigencia del derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y de ganancias.
3Costas según sus respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-86105847-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 4 de Septiembre de 2026 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Claudia B. Sarquis (titular de la Vocalía 20° Nominación), Horacio J. Segura (titular de la Vocalía 21° Nominación), y Miguel N. Licht (titular de la Vocalía 19° Nominación), a fin de resolver en los autos “PILAR PARTES S.A. c/DGA”, Nº 28.219-A;
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 55/64 se presenta la firma “PILAR PARTES S.A.”, por apoderada, e interpone recurso de apelación contra la resolución DE PLA 92/2010 dictada en la actuación 12039-535-2005 (604.613/2004), mediante la cual se condenó a Pilar Partes S.A. (“ex ZF Argentina S.A.”) al pago de multa de $5.261,75 y tributos por $6.298,20, más el CER y los intereses previstos en el 794 del C.A., por la presunta infracción tipificada en el art. 970 del mismo código, con relación a la mercadería considerada en infracción y documentada en la DIT 98 001 IT14 004897E. En primer lugar, explica que se encuentra concursada y que, el crédito ahora pretendido por la DGA, se encuentra prescripto en los términos del art. 56 de la Ley 24 522. Además, se agravia en cuanto a la aplicación del coeficiente CER. Señala que los tributos fueron reclamados en pesos desde el inicio del proceso; sin embargo, la DGA ordena aplicar el CER en la Resolución aquí apelada. En otro orden de consideraciones, denuncia que, al decidir como lo hizo, el Administrador de la Aduana vulneró el beneficio de la duda que debe regir en materia sancionatoria. En ese sentido, señala que al contestar la vista en el sumario administrativo, denunció la reexportación parcial de parte de la mercadería involucrada en la operación de autos y, asimismo, acreditó la importación para consumo del saldo pendiente de reexportar, que documentó por la DI 00 001 IC81 000421W. Destaca que acompañó la declaración jurada de descarga pertinente y las planillas informatizadas de los PE involucrados, junto con los CTC por los cuales se acreditaba la relación insumo-producto. Agrega que, atento al tiempo transcurrido desde la oficialización de la operación cuestionada, su parte no cuenta con la documentación original pertinente. Finalmente, ofrece prueba informativa, hace reserva del caso federal, y solicita que se haga lugar al recurso interpuesto.
II. Que a fs. 74/84 la representación fiscal contesta el traslado del recurso y acompaña las actuaciones administrativas. Luego de la negativa genérica de rigor y de la reseña de los hechos, manifiesta que la actora no acreditó la regularización de la totalidad de la mercadería. Afirma que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporaria recae sobre la importadora. Señala que el vencimiento del plazo de permanencia sin que se acredite el cumplimiento de la importación temporaria, implica la configuración de la infracción del art. 970 del CA. A su vez, afirma que, por las circunstancias del caso, corresponde aplicar el coeficiente CER a la suma exigida por tributos. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva del caso federal y solicita que se rechacen los recursos interpuestos, con expresa imposición de costas.
III. Que a fs. 100 se presenta el síndico designado en la quiebra de la firma actora, asume su representación y constituye domicilio. Que 106 se declara la causa de puro derecho. A fs. 109 se elevan los autos a la Sala “G”. A fs. 110 se pasan los autos a sentencia.
IV. Que la Actuación Nº 12039-535-2005 (604.613/2004) se inicia a fs. 1 con el acta denuncia 1321/04 por la presunta infracción del art. 970 del CA respecto de la destinación DIT 98 001 IT14 004897E (vencimiento: 27/7/2000) por la que se importó temporalmente los insumos clasificados en las PA 7318.22.00.000B y 8708.99.00.990B, cuya carpeta obra a fs. 3. En el mismo sobre, obra la DI 00 001 IC81 000421W y certificados de tipificación relacionados a la PA específica del insumo 8708.40.90. A fs. 5 se dispone la instrucción de sumario. A fs. 6/7 se practica el aforo de la mercadería y a fs. 9 se liquidan de tributos. A fs. 34 el Jefe de la Sección Procedimientos Técnicos detalla la mercadería cancelada y el saldo en infracción. A fs. 35 se reliquida la multa y los tributos con relación a la mercadería considerada en infracción. A fs. 37 se corre vista a la firma importadora, que se notifica el 26/11/2009 (fs. 41). A fs. 49/56 contesta la vista y acompaña la declaración jurada de descarga pertinente, las planillas informatizadas de los PE por los que dice haber reexportado la mercadería, junto con los CTC por los cuales se acreditaba la relación insumo-producto. A fs. 80 Jefe de la Sección Procedimientos Técnicos ratifica su informe. A fs. 81/86 obran las impresiones de pantalla del Registro de Infractores. A fs. 87/82 se dicta la resolución DE PRLA 92/2010, que condena a la importadora por el saldo de mercadería considerada en infracción, aquí apelada. A fs. 103/104 se acredita la interposición del recurso de apelación ante este Tribunal.
V. Que, en este estado del análisis, es pertinente recordar que los jueces no se encuentran obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración del Tribunal, sino tan solo aquellas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (según lo afirmado por la CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140 y 301:970).
VI. Que, sentado ello, y respecto de los agravios sobre el concurso preventivo (actualmente quiebra) de la firma importadora cabe señalar que el hecho de encontrarse en quiebra, no incide en la virtualidad del crédito aquí analizado. En efecto, en primer lugar, todos los procedimientos contenciosos aduaneros y con su eventual secuencia recursiva quedan excluidos del fuero de atracción del concurso (preventivo o quiebra) así como de la suspensión de su trámite, dispositivos establecidos por la Ley 24.522, aunque en dicha ley -en la que taxativamente se indican los juicios excluidos al respectono se excluyen expresamente aquéllos.
La aludida exclusión obedece a un lógico y natural sentido de especialidad y practicidad, en orden a la forzosamente preliminar determinación tributaria, función del organismo recaudador y en su caso de la pertinente vía recursiva, y a la razonable necesidad de que el proceso penal (del que pueda derivar la sanción pecuniaria) concluya hasta sus últimas posibilidades de juzgamiento, criterio éste que fue establecido jurisprudencialmente.
En ese sentido, se expidió la CSJN, en autos “COSIMATI, Gregorio G. s/Conc. merc. preventivo”, sentencia del 9/4/87, en relación a que el entonces art. 22 de la Ley 19.551 (que establecía la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado) era inaplicable “... toda vez que la misma -la aludida suspensión- debe ser entendida con el alcance de impedir que se realicen procedimientos de ejecución fuera del concurso, pero no el de vedar al órgano competente la determinación de las obligaciones tributarias y/o aplicación de sanciones, por hechos imponibles y punibles anteriores a la fecha de iniciación del concurso”. En el mismo sentido, se ha expedido nuevamente las causas “SUPERCANAL S.A.”, sentencia del 2/6/03; “GAUCHAT, Enrique”, sentencia del 4/7/03.
VI.1. En ese contexto, el planteo de prescripción efectuado con fundamento en la verificación considerada tardía, no pueden prosperar.
Por lo demás, tampoco se advierte en el caso que se encuentre prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos aquí involucrados (cf. 803 y concordantes del C.A.).
VII. Que, aclarado ello, y no obstante el orden planteado por la parte actora, corresponde resolver sobre la procedencia de la multa, los tributos y los intereses reclamados a PILAR PARTES S.A. (ex ZF Argentina S.A.) por la presunta comisión de la infracción del art. 970 del CA. En efecto, las restantes cuestiones planteadas por la parte resultan accesorias a la determinación de si, en el caso, quedó configurada o no dicha infracción.
En ese sentido, cabe recordar que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería, sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo, CTC etc.) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrara en forma temporal ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que de modo tal, ése es el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. – eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el ó los P.E.) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
VII.1. Que, asimismo, y respecto de la importancia del C.T.C. en los regímenes de importación temporaria, cabe destacar que es mediante dicho instrumento que se establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporalmente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Así, cabe señalar que, en este caso, el Decreto N° 1439/96 a cuyo amparo se autorizó la operación en trato establece en su artículo 14 que “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC—. A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes, indicando si estos últimos tienen valor comercial. El importador deberá sustituir esta declaración jurada por el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC— en el momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero”. La mercadería importada de acuerdo con este régimen no paga los tributos que gravan la importación para consumo ni la tasa de estadística, con excepción de las demás tasas retributivas de servicios.
VIII. Que, en ese contexto, cabe señalar que por la destinación DIT 98 001 IT14 004897E, oficializada por ante la aduana de Buenos Aires el 5/08/1998, PILAR PARTES S.A. (ex ZF Argentina S.A.) documentó -en los términos del decreto 1439/96- la importación temporaria de 300 unidades de la PA 7318.22.00.000B (el ítem 1); y 758 unidades de la PA 8708.99.90.990B (ítem 2, subítem del 1 al 4).
Que, una vez vencido el plazo de permanencia el 27/7/2000, el servicio aduanero dispuso instruir el sumario en los términos del art. 970 del CA. A tal efecto, se giró el expediente al Jefe de la Sección Procedimientos Técnicos a fin de que evalúe la descarga de la operación DIT 98 001 IT14 004897E y establezca el total de la mercadería considerado en infracción. En esa oportunidad, se informó:
ITEM 1
Mercadería importada: 300 unidades Mercadería cancelada:
00001IC1000421W 300 unidades Mercadería en infracción: --- ITEM 2.1 Mercadería importada: 147 unidades Mercadería cancelada:
00001IC1000421W 147 unidades Mercadería en infracción: --- ITEM 2.2 Mercadería importada: 474 unidades Mercadería cancelada:
00001IC1000421W 474 unidades Mercadería en infracción: --- ITEM 2.3 Mercadería importada: 118 unidades Mercadería cancelada: --- Mercadería en infracción: 118 unidades ITEM 2.4 Mercadería importada: 19 unidades Mercadería cancelada: --- Mercadería en infracción: 119 unidades.
Luego, sobre la base de aquél informe, se re-liquidaron la multa y los tributos de acuerdo al saldo de mercadería en infracción.
En ese contexto, al contestar la vista, la importadora acompañó como prueba documental: la declaración jurada de saldos de temporales, en las que identificó en qué PE había descargado el saldo pendiente y, asimismo, prints de pantalla de consulta de declaración detallada y consulta de ítem de algunas de las operaciones de exportación mencionadas. Que, de la compulsa de dicha documentación, la Sección Procedimientos Técnicos ratificó el informe que ya había realizado. En esa oportunidad, se sostuvo “que habiendo analizado la documentación aportada se precede a ratificar el informe de fs. 34 toda vez que, no se menciona el CTC involucrado en la descarga”
IX. Que, al interponer se recurso de apelación, la parte actora confeccionó el cuadro de descarga por la totalidad de la mercadería restante y que no había sido importada para consumo por la DI 00001IC1000421W; es decir, por la mercadería por la que había sido condenada. En particular, señaló que, atento al tiempo trascurrido desde las operaciones, no le era posible acompañar los Permisos de Embarque. Respecto de los CTC no hizo mención alguna.
Así, del cuadro de detalle presentado por la actora resulta:
Permiso de embarque fecha Insumo item 10241-H/98 13/11/98 R383 283 01 05 2.4 10243-J/98 13/11/98 R383 283 01 05 2.4 8539-B/98 27/10/98 R383 283 04 06 2.3 2.3 9367-B/98 4/11/98 R383 283 04 06 9369-D/98 4/11/98 R383 283 04 06 2.3 9515-U/98 4/11/98 R383 283 04 06 2.3 10241-H/98 6/11/98 R383 283 04 06 2.3 10243-J/98 13/11/98 R383 283 04 06 2.3 11580-Y/98 27/11/98 R383 283 04 06 2.3 11581-P/98 27/11/98 R383 283 04 06 2.3 5883-B/98 2.3 26/3/99 R383 283 04 06 (duplicado)
6494-AB99 7/4/99 R383 283 04 06 2.3
X. Que, por lo precedentemente expuesto, cabe concluir que asiste razón al Fisco en cuanto a que la importadora no acreditó la cancelación de la totalidad de la mercadería importada temporariamente mediante la DIT 98 001 IT14 004897E, en particular respecto de los ítems 2.3 y 2.4 (P.A. N.° 8708.99.90.990B). En efecto, además de la inexistencia de los Permisos de Embarque, y tal como sostuvo el jefe de la Sección Procedimientos Técnicos, los Certificados de Tipificación de Importación (CTC) acompañados en instancia aduanera no amparan al insumo importado temporariamente y considerado en infracción (P.A. N.° 8708.99.90.990B), pues refieren a una posición arancelaria distinta a la allí declarada por la parte. En consecuencia, no resulta posible en autos establecer la relación insumoproducto para determinar la correspondiente descarga. A ello cabe agregar que, ni de las planillas computarizadas de las operaciones de exportación acompañadas por la actora —con su respectiva descripción del ítem—, ni del cuadro de descarga presentado, resulta posible determinar cantidad alguna de mercadería descargada.
En ese contexto, y como se dijo, cabe recordar que, tratándose en el caso de un régimen preferencial, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término recae, indudablemente, sobre los beneficiarios de dichos regímenes.
Que, en consecuencia, corresponde tener por configurada la infracción prevista por el art. 970 del CA respecto de los ítems 2.3 y 2.4 de la DIT 98 001 IT14 004897E y confirmar la multa impuesta por la DE PRLA N° 92/2010.
XI. Que, en tales condiciones, corresponde expedirse sobre la exigencia tributaria contenida en el cargo en cuestión. En particular: el Derecho adicional, y las percepciones de IVA adicional y de Impuesto a las Ganancias.
Que, en relación al derecho adicional, cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se ha expedido respecto al mismo en la causa “IEF Latinoamericana S.A.(TF 16.912-A) c/ DGA”, en la cual remitió a la doctrina sentada en la causa “Frisher S.R.L. (TF 16.236-A) c/ ANA”, donde sostuvo que el derecho adicional resulta aplicable en aquellos casos donde se ha registrado una solicitud de destinación para consumo con posterior autorización por parte del servicio aduanero y no en los casos en que corresponde imponer la sanción prevista en el art. 970 del C.A. por incumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería con anterioridad al vencimiento del plazo acordado. Al respecto sostuvo que “No puede afirmarse sin más que hubo una imprevisión en el autor de la norma por la sola circunstancia de que ese recargo lo haya dispuesto únicamente para quien solicite expresamente la nacionalización de la mercadería. En efecto, quien no regulariza en término la situación de los bienes es pasible de la sanción prevista por el art. 970 del Código Aduanero, pues tal conducta constituye —en principio— una infracción prevista y penada por ese cuerpo legal. De tal manera, la autoridad que dictó la referida resolución 72/92 puede haber considerado, como una solución razonablemente posible, que para el infractor era suficiente la aplicación del citado art. 970, y que no se justificaba imponerle, además de la sanción allí establecida, y del pago de los derechos de importación vigentes al vencimiento del plazo para reexportar (...) un recargo adicional como el discutido en el sub examine.” (v. página 6, considerando 9, párrafo tercero). Que, en el caso de autos, no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96, atento a que, por la mercadería en infracción, no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación. En consecuencia, deben reliquidarse los tributos a su respecto sin incluir el derecho adicional, en contraposición a la liquidación efectuada por el servicio aduanero por esa condición.
Por otra parte, en lo que respecta al IVA Adicional y percepción de Impuesto a las Ganancias, corresponde señalar la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (Expte. N.° 604155/01) s/DGA (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido que, a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177). Que, justamente, sobre esa base, concluye que “...cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”. Que, ello así, resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA Adicional y percepción de Impuesto a las Ganancias.
En conclusión, a los fines de determinar el importe nominal correspondiente de tributos adeudados por la mercadería en cuestión corresponde efectuar la reliquidación de los mismos sobre la base de la liquidación de fs. 35 de las actuaciones administrativas, sin incluir el derecho adicional, IVA Adicional y percepción de Impuesto a las Ganancias. Así:
Valor en aduana ITEM 2 (sub ítems 3 y 4): 4.476,65 Derechos de importación (21%) --------------------- 940,10 Estadística (0,5%) -------------------------------------- 22,38 Base Imponible IVA 5.439,13 IVA (21%) ---------------------------------------------- 1.142,21 Total tributos: $ 2.104,69 XII.- Que, sentado ello, cabe pronunciarse en relación al agravio relativo a la aplicación del CER sobre la exigencia tributaria que se desprende del cargo re-liquidado en la presente.
A tal efecto, cabe recordar que el Decreto 214/02, en su artículo 8, dispone: “Las obligaciones de dar sumas de dinero, expresadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, se convertirán en razón de un DÓLAR ESTADOUNIDENSE (U$S 1) = UN PESO ($ 1), aplicándose a ellas lo dispuesto en el artículo 4 del presente decreto”. El artículo 4, al que dicha norma remite establece que a dichas deudas “se les aplicará un Coeficiente de Estabilización de Referencia, el que será publicado por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA”.
Que, tratándose la deuda de autos de una obligación generada por un hecho anterior a la entrada en vigencia de la Ley 25.561 -importación para consumo irregular de fecha 27/07/2000- esa suma debió liquidarse conforme el art. 20 de la ley 23.905, es decir, en dólares. Sin embargo, en el caso, la liquidación de tributos efectuada por el servicio aduanero, así como el importe exigido en la corrida de vista de fecha 25/11/2009 de fs. 37 (notificada a la importadora el 26/11/2009, fs. 41), fueron expresados en pesos, cuando ya $ y U$S no eran equivalentes, y por ello, se hizo saber a la parte que la suma requerida se ajustaría mediante el Coeficiente CER; pues, ya se encontraba derogada la paridad cambiaria prevista por la ley 23.928 y se efectuaba después del Decreto 214/02.
Así, la deuda tributaria quedó así “pesificada” por el Decreto 214/02 (con la paridad 1 a 1), es decir “en virtud” de dicho decreto (y no había sido pesificada -por la Aduana- antes de dicho decreto). Por eso, es aplicable el criterio de la CSJN sentado en el caso “Sociedad Anónima Cinematográfica”, sent. del 17/4/07, en el sentido de que para las deudas pesificadas con posterioridad a la vigencia del Dec. 214/02, el CER es inescindible del capital adeudado, por lo cual, la reserva del ajuste C.E.R. se ajusta a derecho.
Que ello importa que el Coeficiente de Estabilización de Referencia se le aplique a la apelante, en tanto que su obligación quedó convertida a pesos con fecha 3/2/02, por imperio de los arts. 1°, 4° y 8° de este Decreto.
Que corresponde señalar que la Ley 23.928 estableció un tipo de cambio en el que un peso era igual a un dólar ($1=U$S1) por lo que las deudas en dólares existentes podían ser canceladas, en ese momento, en su equivalente en pesos pero no modificó ni derogó la moneda en la que debían liquidarse los derechos de aduana.
Que, el art. 20 de la Ley 23.905 (liquidación en dólares de los tributos) no implica, de modo alguno, un régimen de actualización monetaria que pudiere considerarse derogado por la Ley 23.928.
En conclusión, la obligación tributaria nació expresada en dólares estadounidenses al tiempo de registro del DIT en cuestión, por aplicación del art. 20 de la ley 23.905 (B.O. 18/2/1991), subsistiendo como tal a la fecha en que entró en vigencia la ley de emergencia 25.561, por lo cual no cabe duda que resulta alcanzada por la pesificación dispuesta por el Decreto N° 214/02, del 3/2/2002.
XIII. Que, en consecuencia, corresponde declarar que PILAR PARTES S.A. adeuda a la DGA en concepto de tributos, la suma de pesos dos mil ciento cuatro con 69/100 ($ 2.104,69) más el CER y los intereses del art. 794 del CA, calculados desde el 11/12/2009 hasta la fecha de la total y efectiva cancelación de la deuda.
Que, por ello, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente la resolución DE PLA N° 4114/07 dictada en la actuación 12039-2821-2005 (601.994/2002), en cuanto exige la suma de pesos cinco mil doscientos sesenta y uno con 75/100 ($5.261,75), en concepto de multa; y, de pesos dos mil ciento cuatro con 69/100 ($ 2.104,69) más el CER y los intereses del art. 794 del CA, calculados desde el 25/3/2003 hasta la fecha de la total y efectiva cancelación de la deuda.
2. Revocar la exigencia del derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y de ganancias.
3. Costas según sus respectivos vencimientos.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Que adhiero al voto que antecede.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
Que adhiero al voto de la Dra. Sarquis En virtud del acuerdo que antecede, se RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la resolución DE PLA N° 4114/07 dictada en la actuación 12039-2821-2005 (601.994/2002), en cuanto exige la suma de pesos cinco mil doscientos sesenta y uno con 75/100 ($5.261,75), en concepto de multa; y, de pesos dos mil ciento cuatro con 69/100 ($ 2.104,69) más el CER y los intereses del art. 794 del CA, calculados desde el 25/3/2003 hasta la fecha de la total y efectiva cancelación de la deuda.
2. Revocar la exigencia del derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y de ganancias.
3. Costas según sus respectivos vencimientos.
Regístrese, notifíquese y –oportunamente- archívese.
Date: 2026.09.04 12:34:15 ART Date: 2026.09.04 16:02:56 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.09.04 16:21:52 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.09.04 16:22:23 -03:00
Fin de la sentencia