Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA 7904/07, dictada en la actuación AGDA N° 602009-2002, en cuanto exige la suma de pesos noventa y nueve mil trescientos noventa y dos con 47/100 ($99.392.47), en concepto de multa; y la exigencia tributaria por la suma de pesos veintiocho mil trescientos noventa y siete con 84/100 ($28.397,84) más el CER y los intereses del art. 794 del CA, calculados desde el 25/3/2003 hasta la fecha de la total y efectiva cancelación de la deuda.
2Revocar la exigencia del derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y de ganancias.
3Costas según sus respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-86096671-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 4 de Septiembre de 2026 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Claudia B. Sarquis (titular de la Vocalía 20° Nominación), Horacio J. Segura (titular de la Vocalía 21° Nominación), y Miguel N. Licht (titular de la Vocalía 19° Nominación), a fin de resolver en los autos “PILAR PARTES S.A. c/DGA”, Nº 24.168-A; La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 70/82 se presenta la firma “PILAR PARTES S.A.”, por apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA 7904/07 dictada en la actuación AGDA N° 602009-2002, mediante la cual se condenó a Pilar Partes S.A. (“ex ZF Argentina S.A.”) al pago de multa de $99.392,47 y tributos por $87.758,37, más el CER y los intereses previstos en el 794 del C.A., por la presunta infracción tipificada en el art. 970 del mismo código, con relación a la mercadería documentada en la DIT 99 001 IT15 001252L. En primer lugar, se agravia por considerar improcedente el apercibimiento previsto en el art. 1122 del C.A. que se le fijó ante un eventual incumplimiento de pago de la multa. Explica que la posible suspensión del Registro de Importadores y Exportadores, contradice las medidas cautelares que el Juez del concurso preventivo ha dictado en otras situaciones. Por otra parte, y en relación a la exigencia tributaria contenida en la Resolución cuestionada, se agravia en cuanto a la aplicación del coeficiente CER. Señala que los tributos fueron reclamados en pesos desde el inicio del proceso; sin embargo, la DGA ordena aplicar el CER en la Resolución aquí apelada. Finalmente, y en otro orden de consideraciones, afirma haber cumplido con la totalidad de la reexportación de la mercadería involucrada en la DIT de autos y, en ese sentido, dice acompañar el cuadro por detalle de la descarga por cantidades y PE involucrados y demás documentación a fin de acreditar sus dichos. Además, ofrece prueba, hace reserva del caso federal, y solicita que se haga lugar al recurso interpuesto.
II. Que a fs. 101/110 la representación fiscal contesta el traslado del recurso y acompaña las actuaciones administrativas. Luego de la negativa genérica de rigor y de la reseña de los hechos, manifiesta que la actora no acreditó la regularización de la totalidad de la mercadería. Afirma que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporaria recae sobre la importadora. Señala que el vencimiento del plazo de permanencia sin que se acredite el cumplimiento de la importación temporaria, implica la configuración de la infracción del art. 970 del CA. A su vez, afirma que, por las circunstancias del caso, corresponde aplicar el coeficiente CER a la suma exigida por tributos. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva del caso federal y solicita que se rechace el recurso interpuesto, con expresa imposición de costas.
III. Que a fs. 111, se abre la causa a prueba. A fs. 181 se intima a la actora a manifestar el interés en la prueba ofrecida. Luego, a fs. 183, y como medida para mejor proveer, se requirió a la actora que practique la descarga de la mercadería.
A fs. 193 se presenta el síndico designado en la quiebra de la firma actora, asume su representación y constituye domicilio.
A fs. 170 se tiene por desinteresada a la actora de única prueba ordenada en autos, se deja constancia del incumplimiento de la medida dispuesta a fs. 183 y se declara la causa de puro derechos. A fs. 173 se elevan los autos a la Sala “G”. A fs. 174 se pasan los autos a sentencia.
IV. Que la actuación AGDA N° 602009-2002 se inicia a fs. 1 con el acta denuncia 416/02 por la presunta infracción del art. 970 del CA respecto de la destinación DIT 99 IT151252L (vencimiento: 31/07/2001), cuya carpeta obra a fs. 5. A fs. 7/18 se afora la mercadería y se liquidan la multa y los tributos. A fs. 19 se realiza la consulta de garantía.
A fs. 23 se instruye el sumario y se corre vista a Pilar Partes S.A. -y a la compañía aseguradora-; la importadora se notifica el 11/3/2003 (fs. 24). A fs. 42/46 la importadora contesta la vista y acompaña el detalle de descarga. A fs. 47 se provee la prueba. A fs. 50/60, intervine el Jefe de la Sección Procedimientos Técnicos. Informa que de la documentación acompañada no resulta posible establecer la cantidad de insumos efectivamente descargados en cada PE. A fs. 62 se intima a la actora a que acompañe los CTC que amparan la mercadería de autos, sin que fuera respondida. A fs. 68/75 obran las impresiones de pantalla del Registro de Infractores. A fs. 76/82 se dicta la resolución DE PRLA 7904/07 aquí cuestionada. A fs. 98/99 la actora comunica la presentación del recurso ante este Tribunal. Corren por cuerda paquetes que contienen 28 Permisos de embarque originales y documentación presentada por la actora en copia.
V. Que, en este estado del análisis, es pertinente recordar que los jueces no se encuentran obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración del Tribunal, sino tan solo aquellas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (según lo afirmado por la CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140 y 301:970).
VI. Que, sentado ello, y respecto de los agravios sobre el concurso preventivo (actualmente quiebra) de la firma importadora y la falta de suspensión en el Registro de Importadores y Exportadores, cabe aclarar que la resolución apelada no ordenó tal medida. En cambio, la disposición aduanera condenó a la empresa bajo los términos del art. 970 del C.A., exigiéndole el pago de tributos y multa con la aplicación del CER, bajo apercibimiento de suspenderla de dicho Registro. Además, dado el efecto suspensivo del recurso de apelación presentado ante este Tribunal (según art. 1134 del C.A.), la sanción recurrida no puede ejecutarse por el momento.
VI.1. Que, asimismo, el hecho de encontrarse en quiebra, no incide en la virtualidad del crédito aquí analizado. En efecto, en primer lugar, todos los procedimientos contenciosos aduaneros y con su eventual secuencia recursiva quedan excluidos del fuero de atracción del concurso (preventivo o quiebra) así como de la suspensión de su trámite, dispositivos establecidos por la Ley 24.522, aunque en dicha ley -en la que taxativamente se indican los juicios excluidos al respecto- no se excluyen expresamente aquéllos.
La aludida exclusión obedece a un lógico y natural sentido de especialidad y practicidad, en orden a la forzosamente preliminar determinación tributaria, función del organismo recaudador y en su caso de la pertinente vía recursiva, y a la razonable necesidad de que el proceso penal (del que pueda derivar la sanción pecuniaria) concluya hasta sus últimas posibilidades de juzgamiento, criterio éste que fue establecido jurisprudencialmente. En ese sentido, se expidió la CSJN, en autos “COSIMATI, Gregorio G. s/Conc. merc. preventivo”, sentencia del 9/4/87, en relación a que el entonces art. 22 de la Ley 19.551 (que establecía la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado) era inaplicable “... toda vez que la misma -la aludida suspensión- debe ser entendida con el alcance de impedir que se realicen procedimientos de ejecución fuera del concurso, pero no el de vedar al órgano competente la determinación de las obligaciones tributarias y/o aplicación de sanciones, por hechos imponibles y punibles anteriores a la fecha de iniciación del concurso”. En el mismo sentido, se ha expedido nuevamente las causas “SUPERCANAL S.A.”, sentencia del 2/6/03; “GAUCHAT, Enrique”, sentencia del 4/7/03.
VII. Que, aclarado ello, y no obstante el orden planteado por la parte actora, corresponde resolver sobre la procedencia de la multa, los tributos y los intereses reclamados a PILAR PARTES S.A. (ex ZF Argentina S.A.) por la presunta comisión de la infracción del art. 970 del CA. En efecto, las restantes cuestiones planteadas por la parte resultan accesorias a la determinación de si, en el caso, quedó configurada o no dicha infracción. En ese sentido, cabe recordar que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería, sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivasrecae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo, CTC etc.) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrara en forma temporal ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que de modo tal, ése es el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. – eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el ó los P.E.) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
VII.1. Que, asimismo, y respecto de la importancia del C.T.C. en los regímenes de importación temporaria, cabe destacar que es mediante dicho instrumento que se establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporalmente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Así, cabe señalar que, en este caso, el Decreto N° 1439/96 a cuyo amparo se autorizó la operación en trato establece en su artículo 14 que “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC—. A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes, indicando si estos últimos tienen valor comercial. El importador deberá sustituir esta declaración jurada por el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC— en el momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero”. La mercadería importada de acuerdo con este régimen no paga los tributos que gravan la importación para consumo ni la tasa de estadística, con excepción de las demás tasas retributivas de servicios.
VIII. Que, en ese contexto, cabe señalar que por la destinación DIT 99 001 IT15 001252L, oficializada por ante la aduana de Buenos Aires el 11/8/1999, PILAR PARTES S.A. (ex ZF Argentina S.A.) documentó -en los términos del decreto 1439/96- la importación temporaria de 451 unidades de la PA 4016.99.90.310J (el ítem 1); 40.500 unidades de la PA 7318.15.00.900X (ítem 2, subítem 1 a 3); 16.500 unidades de la PA 7318.22.00000B (ítem 3, subítem 1 y 2); 607 unidades de la PA 8483.30.20.00D (ítem 4); 4.916 unidades de la PA (ítem 5, subítem 1 a 9).
Que, una vez vencido el plazo de permanencia el 31/7/2001, el servicio aduanero dispuso instruir el sumario en los términos del art. 970 del CA, por la falta de documentación que acreditara el cumplimiento del régimen de importación temporaria.
Que, al contestar la vista, la importadora acompañó como prueba documental la declaración jurada de insumos importados, copias de los PE de descarga y sus CTC definitivos –incompletos-; así como solicitó la agregación de los PE originales. Se agregaron por separado los PE: 99-001-EC03-18912-V, 99-001-EC03-22856-A, 99-001- EC03-26548-C, 99-001-EC03-25565-A, 99-001-EC03-20835-S, 99-001-EC03-20833-Z, 99-001-EC03-18935-D, 99-001-EC03-18931-Z, 99-001-EC03-19098-E, 99-001-EC03-19703-U, 99-001-EC03-19534-W, 99-001-EC03- 19536-B, 99-001-EC03-19209-V, 99-001-EC03-19210-N, 99-001-EC03-19437-B, 99-001-EC03-21916-T, 99- 001-EC03-20632-N, 99-001-EC03-19018-T, 99-001-EC03-360-Y, 99-001-EC03-322-M, 99-001-EC03-28370-C, 99-001-EC03-28377-J, 99-001-EC03-5778-J, 99-001-EC03-726-U, 99-001-EC03-626-T, 99-001-EC03-3314-R, 99-001-EC03-1669-F y 99-001-EC03-2551-T.
Que, de la compulsa de dicha documentación, la Sección Procedimientos Técnicos emitió la nota de fs. 60, según la cual “la presentación efectuada obrante a fs. 34/41 discrimina los insumos importados temporalmente y el detalle de los PE involucrados en cada caso, aunque no se hace mención a la cantidad de mercadería reexportada en cada caso. Cotejados los detalles de la temporal con el aludido informe solo es posible discriminar a qué ítem de la dit en trato corresponde c/insumo y la cantidad importada. Del cruce de lo PE con la destinación temporal no surge la descarga fehaciente de la mercadería en trato”.
IX. Que, al interponer el recurso de apelación, la parte actora afirmó haber cancelado la la DIT en trato por la totalidad de la mercadería. En ese sentido, señala que, en oportunidad de interponer el recurso ante este Tribunal, “ha podido dar con la documentación que acredita la reexportación del total de la mercadería”. Sin embargo, no acompañó la documentación que dijo acompañar, ni el cuadro de descarga que menciona. En efecto, tampoco dio cumplimiento con la medida para mejor proveer dispuesta a fs. 183, a fin de que efectuara la descarga que dijo haber realizado; así como tampoco instó la prueba por ella promovida y por la que se la tuvo por desinteresada.
X. Que, como se destacó, tratándose este de un régimen preferencial, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería, sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, sobre los beneficiarios de del régimen.
En tales condiciones, corresponde tener por configurada la infracción prevista por el art. 970 del CA respecto de la DIT 99 001 IT15 001252L.
XI. Que, corresponde expedirse sobre la exigencia tributaria contenida en el cargo en cuestión. En particular: el Derecho adicional, y las percepciones de IVA adicional y de Impuesto a las Ganancias.
Que, en relación al derecho adicional, cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se ha expedido respecto al mismo en la causa “IEF Latinoamericana S.A.(TF 16.912-A) c/ DGA”, en la cual remitió a la doctrina sentada en la causa “Frisher S.R.L. (TF 16.236-A) c/ ANA”, donde sostuvo que el derecho adicional resulta aplicable en aquellos casos donde se ha registrado una solicitud de destinación para consumo con posterior autorización por parte del servicio aduanero y no en los casos en que corresponde imponer la sanción prevista en el art. 970 del C.A. por incumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería con anterioridad al vencimiento del plazo acordado. Al respecto sostuvo que “No puede afirmarse sin más que hubo una imprevisión en el autor de la norma por la sola circunstancia de que ese recargo lo haya dispuesto únicamente para quien solicite expresamente la nacionalización de la mercadería. En efecto, quien no regulariza en término la situación de los bienes es pasible de la sanción prevista por el art. 970 del Código Aduanero, pues tal conducta constituye —en principio— una infracción prevista y penada por ese cuerpo legal. De tal manera, la autoridad que dictó la referida resolución 72/92 puede haber considerado, como una solución razonablemente posible, que para el infractor era suficiente la aplicación del citado art. 970, y que no se justificaba imponerle, además de la sanción allí establecida, y del pago de los derechos de importación vigentes al vencimiento del plazo para reexportar (...) un recargo adicional como el discutido en el sub examine.” (v. página 6, considerando 9, párrafo tercero). Que, en el caso de autos, no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96, atento a que, por la mercadería en infracción, no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación. En consecuencia, deben reliquidarse los tributos a su respecto sin incluir el derecho adicional, en contraposición a la liquidación efectuada por el servicio aduanero por esa condición.
Por otra parte, en lo que respecta al IVA Adicional y percepción de Impuesto a las Ganancias, corresponde señalar la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (Expte. N.° 604155/01) s/DGA (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido que, a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177).
Que, justamente, sobre esa base, concluye que “...cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
Que, ello así, resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir los importes reclamados en concepto de IVA Adicional y percepción de Impuesto a las Ganancias.
En conclusión, a los fines de determinar el importe nominal correspondiente de tributos adeudados por la mercadería en cuestión corresponde efectuar la reliquidación de los mismos sobre la base de la liquidación de fs. 16/18 de las actuaciones administrativas, sin incluir el derecho adicional, IVA Adicional y percepción de Impuesto a las Ganancias.
Así:
-Valor en aduana ITEM 1: 685,79 Derechos de importación (18,5%) ------------------- 126,87 Estadística (0,5%) -------------------------------------- 3,43 Base Imponible IVA 816,09 IVA (21%) ---------------------------------------------- 171,38 Sub total tributos: 301,68 Valor en aduana ITEM 2: 2.270,54 Derechos de importación (24,5%) ------------------- 556,28 Estadística (0,5%) -------------------------------------- 11,35 Base Imponible IVA 2.838,17 IVA (21%) ---------------------------------------------- 596,01 Sub total tributos: 1.163,64 Valor en aduana ITEM 3: 651,69 Derechos de importación (19%) --------------------- 123,82 Estadística (0,5%) -------------------------------------- 3,26 Base Imponible IVA 778,77 IVA (21%) ---------------------------------------------- 163,54 Sub total tributos: 290,62 Valor en aduana ITEM 4: 1.839,71 Derechos de importación (18,5%) --------------------- 340,35 Estadística (0,5%) -------------------------------------- 9,20 Base Imponible IVA 2.189,26 IVA (21%) ---------------------------------------------- 459,74 Sub total tributos: 809,29 Valor en aduana ITEM 5: 55.661,74 Derechos de importación (20,5%) --------------------- 11.410,66 Estadística (0,5%) -------------------------------------- 278,31 Base Imponible IVA 67.350,71 IVA (21%) ---------------------------------------------- 14.143,64 Sub total tributos: 25.832,61 Total tributos: 28.397,84 XII.- Que, sentado ello, cabe pronunciarse en relación al agravio relativo a la aplicación del CER sobre la exigencia tributaria que se desprende del cargo re-liquidado en la presente.
A tal efecto, cabe recordar que el Decreto 214/02, en su artículo 8, dispone: “Las obligaciones de dar sumas de dinero, expresadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, se convertirán en razón de un DÓLAR ESTADOUNIDENSE (U$S 1) = UN PESO ($ 1), aplicándose a ellas lo dispuesto en el artículo 4 del presente decreto”. El artículo 4, al que dicha norma remite establece que a dichas deudas “se les aplicará un Coeficiente de Estabilización de Referencia, el que será publicado por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA”.
Que, tratándose la deuda de autos de una obligación generada por un hecho anterior a la entrada en vigencia de la Ley 25.561 -importación para consumo irregular de fecha 31/7/2001- esa suma debió liquidarse conforme el art. 20 de la ley 23.905, es decir, en dólares. Sin embargo, en el caso, la liquidación de tributos efectuada por el servicio aduanero, así como el importe exigido en la corrida de vista de fecha 07/02/2003 de fs. 23 (notificada a la importadora el 11/03/2003, fs. 24), fueron expresados en pesos, cuando ya $ y U$S no eran equivalentes, pues, se había derogado esa paridad cambiaria prevista por la ley 23.928 y, asimismo, se efectuaron después del Decreto 214/02.
Así, la deuda tributaria quedó así “pesificada” por el Decreto 214/02 (con la paridad 1 a 1), es decir “en virtud” de dicho decreto (y no había sido pesificada -por la Aduana- antes de dicho decreto). Por eso, no es aplicable al caso el criterio de la C.S.J.N. sentado en el caso “Editorial Perfil”, sent. del 12/8/08, y sí es aplicable el criterio de dicha C.S. sentado en el caso “Sociedad Anónima Cinematográfica”, sent. del 17/4/07, en el sentido de que para las deudas pesificadas con posterioridad a la vigencia del Dec. 214/02, el CER es inescindible del capital adeudado, por lo cual, aunque en el auto de apertura de sumario y de vista del art. 1101 del C.A. y en su notificación (actos posteriores al Decreto 214/02) la liquidación de tributos estaba expresada en pesos y sin reserva del ajuste C.E.R., la aplicación de dicho ajuste, que sí se dispuso en la resolución apelada, resulta ajustada a derecho conforme el fallo de la Corte Suprema citado en último término.
Que ello importa que el Coeficiente de Estabilización de Referencia se le aplique a la apelante, en tanto que su obligación quedó convertida a pesos con fecha 3/2/02, por imperio de los arts. 1°, 4° y 8° de este Decreto. Que corresponde señalar que la Ley 23.928 estableció un tipo de cambio en el que un peso era igual a un dólar ($1=U$S1) por lo que las deudas en dólares existentes podían ser canceladas, en ese momento, en su equivalente en pesos pero no modificó ni derogó la moneda en la que debían liquidarse los derechos de aduana. Que, el art. 20 de la Ley 23.905 (liquidación en dólares de los tributos) no implica, de modo alguno, un régimen de actualización monetaria que pudiere considerarse derogado por la Ley 23.928.
En conclusión, la obligación tributaria nació expresada en dólares estadounidenses al tiempo de registro del DIT en cuestión, por aplicación del art. 20 de la ley 23.905 (B.O. 18/2/1991), subsistiendo como tal a la fecha en que entró en vigencia la ley de emergencia 25.561, por lo cual no cabe duda que resulta alcanzada por la pesificación dispuesta por el Decreto N° 214/02, del 3/2/2002.
XIII. Que, en consecuencia, corresponde declarar que PILAR PARTES S.A. adeuda a la DGA en concepto de tributos, la suma de pesos veintiocho mil trescientos noventa y siete con 84/100 ($28.397,84 ) más el CER y los intereses del art. 794 del CA, calculados desde el 25/3/2003 hasta la fecha de la total y efectiva cancelación de la deuda.
Que, por ello, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA 7904/07, dictada en la actuación AGDA N° 602009-2002, en cuanto exige la suma de pesos noventa y nueve mil trescientos noventa y dos con 47/100 ($99.392.47), en concepto de multa; y la exigencia tributaria por la suma de pesos veintiocho mil trescientos noventa y siete con 84/100 ($28.397,84) más el CER y los intereses del art. 794 del CA, calculados desde el 25/3/2003 hasta la fecha de la total y efectiva cancelación de la deuda.
2. Revocar la exigencia del derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y de ganancias.
3. Costas según sus respectivos vencimientos.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Que adhiero al voto que antecede.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
Que adhiero al voto de la Dra. Sarquis En virtud del acuerdo que antecede, se RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA 7904/07, dictada en la actuación AGDA N° 602009-2002, en cuanto exige la suma de pesos noventa y nueve mil trescientos noventa y dos con 47/100 ($99.392.47), en concepto de multa; y la exigencia tributaria por la suma de pesos veintiocho mil trescientos noventa y siete con 84/100 ($28.397,84) más el CER y los intereses del art. 794 del CA, calculados desde el 25/3/2003 hasta la fecha de la total y efectiva cancelación de la deuda.
2. Revocar la exigencia del derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y de ganancias.
3. Costas según sus respectivos vencimientos.
Regístrese, notifíquese y -oportunamente- archívese.
Date: 2026.09.04 12:37:57 ART Date: 2026.09.04 16:02:46 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.09.04 16:03:44 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.09.04 16:04:41 -03:00
Fin de la sentencia