Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 32.004-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la resolución DE PRLA 9524/2011 dictada en la actuación 12039-980-2008, en cuanto exige multa y tributos a PILAR PARTES S.A. en los términos del art. 970 del CA, con costas.
2Revocar la exigencia del derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y de ganancias, con costas por su orden.
3Declarar que PILAR PARTES S.A. adeuda a la ARCA-DGA la suma de pesos noventa y cuatro mil novecientos cuarenta y dos con 35/100 ($ 94.942,35.-) en concepto de multa.
4Declarar que PILAR PARTES S.A. adeuda a la ARCA-DGA la suma de pesos dieciocho mil novecientos ochenta y ocho con 47/100 ($ 18.988,47.-) en concepto de tributos, con más el CER y los intereses del art. 794 del CA, calculados desde el 8.09.11 hasta la fecha de la total y efectiva cancelación de la deuda.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-114232680-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 14 de Octubre de 2025 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION En el día de la fecha, se reúnen los Vocales de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria y Héctor Hugo Juárez, con la presidencia del Vocal nombrado en segundo término (la Vocalía de la 14a. Nominación se encuentra vacante), a fin de resolver en los autos caratulados: “PILAR PARTES S.A. c/ DIRECCION GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, Expte. Nº 32.004-A;
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Que a fs. 16/23 la firma recurrente, mediante letrada apoderada, interpone recurso de apelación contra la resolución DE PRLA 9524/2011 dictada en la actuación 12039-980-2008, mediante la cual se condenó a Pilar Partes S.A. al pago de multa y tributos, con más el CER y los intereses -estos últimos conjuntamente con la aseguradora Chubb Argentina de Seguros S.A.- por la presunta infracción prevista en del art. 970 del Código Aduanero (en adelante “CA”) con relación a la destinación 00001IT15001864C. Se agravia de la resolución apelada pues sostiene que, habiendo transcurrido más de diez años entre la fecha de la importación hasta la corrida de vista, se encuentra ampliamente excedido el plazo de conservación de la documentación conforme lo previsto por la resolución ANA 3432/1984. Manifiesta que la importadora se presentó en concurso preventivo y que, por tratarse el reclamo aduanero de una deuda preconcursal, resulta obligatoria la verificación del crédito. Cita el art. 32 de la ley de Concursos y Quiebras (LCQ) y jurisprudencia. Señala que la aduana no incluyó su pedido en la verificación tardía, por lo que habría operado la prescripción prevista por el art. 56 de la LCQ con fecha 8.06.03. Se opone al reclamo del CER, por cuanto en la corrida de vista se indicó el monto en pesos sin incluir dicho coeficiente. Cita los arts. 1°, 4° y 8° del decreto 214/02 y afirma que no corresponde aplicar el CER a la deuda determinada en pesos. Cita jurisprudencia. Con relación a los intereses, señala que el proceso concursal suspende su aplicación. Se refiere a las sucesivas sentencias dictadas por el juez del concurso respecto de las medidas cautelares incoadas por la actora, que ordenaron el levantamiento de las suspensiones en el Registro y la abstención por parte de la aduana de aplicar dichas sanciones. Solicita la nulidad de las resoluciones dictadas por la DGA. Ofrece prueba documental e informativa. Hace reserva del caso federal, confiere autorizaciones y solicita que se revoque la resolución apelada.
II. Que a fs. 34/42 y vta. la representación fiscal contesta el traslado y acompaña las actuaciones administrativas. Luego de la reseña de los hechos y de la negativa general, manifiesta que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporaria recaen en la importadora. Sostiene que la actora debe acreditar la reexportación de la mercadería o su regularización en el plazo acordado al efecto. Afirma que la conducta de la importadora tipifica la infracción imputada en el art. 970 del CA. Manifiesta que tampoco resulta aplicable la prescripción concursal, pues el concurso o quiebra del importador no le impiden al órgano competente la determinación de las obligaciones tributarias. Afirma que no es obligatoria la verificación del crédito y cita jurisprudencia. Con relación al CER, sostiene que se aplica lo previsto por los arts. 4° y 8° del decreto 214/02 a la suma adeudada, atento a que la liquidación se practicó en dólares estadounidenses por aplicación del art. 20 de la ley 23.905 y la ley 23.928. Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva del caso federal, confiere autorizaciones y solicita que se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que la actuación 12039-980-2008 (ADGA-2002-601996) se inicia a fs. 1 con el acta denuncia 403/02 por la presunta infracción del art. 970 del CA respecto de la destinación 00001IT15001864C, cuya carpeta obra a fs. 5. A fs. 7 y 8 se practica el aforo y la liquidación de tributos, respectivamente. A fs. 16 se instruye el sumario y a fs. 17 se practica nueva liquidación de multa y de tributos. A fs. 19 obra el identificador de la garantía 00001029701C. A fs. 20 y vta. se corre vista a Pilar Partes S.A. y a Chubb Argentina de Seguros S.A., que se notifican el 24.08.11 (fs. 27/28). A fs. 29/30 y 41/45 la aseguradora y la importadora contestan la vista. A fs. 46 se desestima la prueba ofrecida. A fs. 49/51 obran las impresiones de pantalla del Registro de Infractores. A fs. 52/57 y vta. se dicta la resolución DE PRLA 9524/2011, apelada en autos.
IV. Que a fs. 44 se tiene por contestado el traslado. A fs. 47 la letrada apoderada de la actora informa la quiebra de la importadora y el cese de su mandato. Atento a la intimación de fs. 48, a fs. 49 se presenta el síndico de la quiebra. A fs. 56 se abre la causa a prueba y se provee a la ofrecida por la actora. A fs. 62 y 65 se intima a la recurrente a librar los oficios ordenados, bajo apercibimiento de tenerla por desistida de la prueba. Atento al estado de la causa sin que la actora acreditara el libramiento de los oficios, a fs. 67 se declara la causa de puro derecho y se elevan los autos a la Sala “E”. A fs. 69 pasan los autos a sentencia.
V. Que el artículo 250 del CA establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen de importación temporaria para los beneficiarios de este es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado al efecto.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. sanciona al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”.
Que la carga de la prueba de la reexportación y/o nacionalización de la mercadería en término recae sobre el beneficiario del régimen preferencial y es quien debe demostrar en forma fehaciente, mediante la documentación aduanera correspondiente, el cabal cumplimiento de sus obligaciones. En tal sentido, le basta al servicio aduanero acreditar el vencimiento del plazo de permanencia, por cuanto la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce la inversión de la carga de la prueba.
VI. Que la destinación involucrada en autos fue documentada en los términos del decreto 1439/96 -que establece el régimen de importación temporaria para perfeccionamiento industrial- en virtud del cual la mercadería que se importa para ser sometida a un proceso industrial debe ser exportada a consumo bajo la nueva forma resultante dentro del plazo de un año, prorrogable por otro plazo igual. La mercadería importada de acuerdo con este régimen no paga los tributos que gravan la importación para consumo ni la tasa de estadística, con excepción de las demás tasas retributivas de servicios. Que, para acceder a dicho beneficio, el decreto 1439/96 impone al beneficiario la obligación de obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación -CTC- que emite la Secretaría de Industria de acuerdo con las declaraciones de insumos, mermas, residuos y sobrantes presentadas por el importador.
Que cabe recordar que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos "Medefin S.A.", sentencia del 01/10/91).
VII. Que, como cuestión previa, la actora se agravia de la falta de verificación del crédito en el proceso concursal de la importadora y que por encontrarse vencido el plazo previsto por la ley 24.522, se encontraría prescripta la acción del Fisco.
Que cabe afirmar que el concurso o la quiebra de la firma importadora no puede constituir un obstáculo para que la aduana perciba la multa y los tributos exigidos por el incumplimiento del régimen de la importación temporaria. Que, en efecto, para la determinación tributaria y la aplicación de sanciones, no corresponde aplicar la ley de concursos, en tanto que la procedencia de los tributos, sus accesorios y sanciones en materia aduanera, se rigen por una normativa específica de carácter federal, siendo ésta la que debe prevalecer por su carácter especial y su mayor jerarquía constitucional.
Que el Código Aduanero regula el procedimiento para la investigación y juzgamiento de las infracciones, con exclusión de otras normas de fondo, por lo que el mismo no puede verse afectado por las disposiciones de la ley 24.522, que carece de fuero de atracción en esta materia.
Que todos los procedimientos contenciosos aduaneros con su eventual secuela recursiva, quedan excluidos de la suspensión de su trámite y del fuero de atracción previstos por la ley 24.522, aunque dicha ley no los excluya expresamente.
Que la prevalencia y especialidad de la ley tributaria, con exclusión de otras normas, ya ha sido reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversos pronunciamientos, en los que se expresó que respecto a la determinación de impuestos, la ley ha previsto, de manera específica, un procedimiento y un órgano de decisión y la posibilidad de apelar ante los tribunales federales (conf. “Hilandería Luján S.A.”, del 30.09.86; “Casa Marroquín S.R.L.”, del 31.03.87). Que, en efecto, el Tribunal Superior expresó en autos “Cosimati, Gregorio G. s/Conc. Preventivo” (sent. del 9.04.87), que el art. 22 de la ley 19.551 (que establecía la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado) es inaplicable “... toda vez que la misma -la aludida suspensión- debe ser entendida con el alcance de impedir que se realicen procedimientos de ejecución fuera del concurso, pero no el de vedar al órgano competente la determinación de las obligaciones tributarias y/o aplicación de sanciones, por hechos imponibles y punibles anteriores a la fecha de iniciación del concurso”.
Que en el mismo sentido se ha expedido nuevamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Supercanal S.A.”, sent. del 2.06.03, en la que se resolvió que, habiendo el contribuyente recurrido al Tribunal Fiscal de la Nación, “... no opera el fuero de atracción, operando éste recién una vez dictada sentencia por dicho Tribunal, oportunidad en que - recién- se produce el desplazamiento de la competencia original o exclusiva, otorgada a determinados tribunales por otras normas legislativas”.
Que, con posterioridad, el Máximo Tribunal se pronunció en la causa “Gauchat, Enrique”, sent. del 4.07.03, haciendo suyos los fundamentos del Procurador General en el sentido de que “... el fuero de atracción sólo podría operar después de la intervención del Tribunal de Alzada, y en el supuesto de que éste confirmara la sentencia ya dictada, se habilitaría el fuero de atracción y correspondería remitir el juicio al tribunal del concurso. Consecuentemente ... hasta el dictado de la sentencia definitiva del tribunal de revisión, la causa deberá continuar en dicho ámbito; es decir que corresponde el tratamiento del recurso pendiente, por la Sala IV de la C.N.A.C.A.F. y, en su caso, de confirmarse el fallo del Tribunal Fiscal, deberá remitirse la causa para su ulterior trámite, al juzgado del concurso”.
Que no obstante lo expuesto en cuanto a la improcedencia de la prescripción concursal en materia tributaria, cabe observar que la aduana se presentó a verificar el crédito con fecha 28.09.01 (v. consulta de juicios universales de fs. 14/15 de las actuaciones).
VIII. Que, con relación a la cuestión de fondo, corresponde resolver acerca de la procedencia de la multa y los tributos con más el CER e intereses reclamados a PILAR PARTES S.A., por la presunta comisión de la infracción del art. 970 del CA respecto de la destinación 00001IT15001864C oficializada por ante la aduana de Buenos Aires el 28.08.00. Que mediante dicha destinación, la actora documentó la importación temporaria -en los términos del decreto 1439/96- en el ítem 1 de 60 unidades de racks para cajas de velocidad de la p.a. 7326.90.00.900J “Los demás -Las demás LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO.”
Que habiendo vencido el plazo de permanencia el 25.08.01, el servicio aduanero dispuso instruir el sumario en los términos del art. 970 del CA, por la falta de documentación que acredite el cumplimiento del régimen de importación temporaria.
Que, no obstante, el descargo efectuado en las actuaciones administrativas y en la apelación ante este Tribunal, la firma recurrente no acompañó los permisos de embarque, certificados de tipificación y declaración jurada de insumos importados o, en su caso, la importación a consumo requeridos por la normativa aplicable para tener por cancelada la DIT. Cabe destacar, que la prueba ofrecida por la importadora en esta instancia, no fue impulsada por su parte y se tuvo por desistida.
Que, en consecuencia, atento a que no obran constancias de la cancelación de la destinación de conformidad con lo dispuesto por el decreto 1439/96 y la resolución ANA 479/95, corresponde tener por configurada la infracción prevista por el art. 970 del CA por la totalidad de la mercadería importada.
IX. Que con relación a la liquidación tributaria, cabe señalar, que en virtud de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “FRISHER S.R.L (TF 16.236-A) c/ A.N.A”, corresponde excluir el derecho adicional incluido en aquella.
Que lo mismo sucede con las percepciones de IVA adicional y de ganancias de conformidad con el criterio del Máximo Tribunal en la causa “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/En-DGA resol. 2590/06 (expte. 604.155/01) s/Dirección General de Aduanas” según el cual al encontrarse vencido el plazo para presentar la declaración jurada de los tributos, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de las mencionadas percepciones.
Que, por lo expuesto, corresponde modificar la liquidación de fs. 17 de las actuaciones administrativas, conforme resulta a continuación:
Total tributos = $ 18.988,47.-
X. Que habiendo quedado determinada la exigencia tributaria, corresponde referirse al planteo efectuado por la recurrente con respecto al CER.
Que el art. 1° del decreto 214/02 dispuso la transformación en pesos de las obligaciones de dar sumas de dinero que, existiendo a la fecha de la sanción de la ley 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario -6.01.2002- , estuvieran expresadas en dólares estadounidenses y no se encontraren ya convertidas a pesos.
Que el art. 8º del decreto 214/02 dispone que “las obligaciones exigibles de dar sumas de dinero, expresadas en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, se convertirán en razón de un dólar estadounidense (u$s 1)= un peso ($1).”
Que el art. 4º del mencionado decreto establece la aplicación de un Coeficiente de Estabilización de Referencia publicado por el Banco Central de la República Argentina.
Que el vencimiento de la destinación se produjo el 25.08.01, es decir, con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 25.561 y el decreto 214/02.
Que el aforo de la mercadería de fs. 7 de las actuaciones, se realizó con posterioridad a la entrada en vigencia del decreto 214/02 (20.05.02) y fijó la base imponible en pesos. Asimismo, en la liquidación de fs. 17 también se determinó el valor en aduana expresado en pesos con la reserva del CER, el cual se intimó a la importadora y a la aseguradora en la corrida de vista.
Que, en consecuencia, atento a que la primera vez que la deuda fue expresada en pesos ocurrió con posterioridad a la entrada en vigencia del decreto 214/02, resulta aplicable lo dispuesto por los arts. 4º y 8º del mismo. Ello así, por cuanto la conversión de la deuda a razón de $1 con más el CER correspondiente a la fecha de pago viene impuesta legalmente, de conformidad con el criterio sentado por la CSJN in re “S.A. Cinematográfica c/ Bentivogli e Hijos S.R.L.”, sentencia del 17/04/07, en el sentido de que el CER es inescindible del capital adeudado.
Que, por tal motivo, corresponde que los intereses del art. 794 del CA (que son posteriores a la presentación en concurso de la importadora) se calculen sobre el capital actualizado por el CER a la fecha del pago.
XII. Que, por ello, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente la resolución DE PRLA 9524/2011 dictada en la actuación 12039-980-2008, en cuanto exige multa y tributos a PILAR PARTES S.A. en los términos del art. 970 del CA, con costas.
2. Revocar la exigencia del derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y de ganancias, con costas por su orden.
3. Declarar que PILAR PARTES S.A. adeuda a la ARCA-DGA la suma de pesos noventa y cuatro mil novecientos cuarenta y dos con treinta y cinco centavos ($ 94.942,35.-) en concepto de multa.
4. Declarar que PILAR PARTES S.A. adeuda a la ARCA-DGA la suma de pesos dieciocho mil novecientos ochenta y ocho con cuarenta y siete centavos ($ 18.988,47.-) en concepto de tributos, con más el CER y los intereses del art. 794 del CA, calculados desde el 8.09.11 hasta la fecha de la total y efectiva cancelación de la deuda.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Soria.
En virtud de la votación precedente SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la resolución DE PRLA 9524/2011 dictada en la actuación 12039-980-2008, en cuanto exige multa y tributos a PILAR PARTES S.A. en los términos del art. 970 del CA, con costas.
2. Revocar la exigencia del derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y de ganancias, con costas por su orden.
3. Declarar que PILAR PARTES S.A. adeuda a la ARCA-DGA la suma de pesos noventa y cuatro mil novecientos cuarenta y dos con 35/100 ($ 94.942,35.-) en concepto de multa.
4. Declarar que PILAR PARTES S.A. adeuda a la ARCA-DGA la suma de pesos dieciocho mil novecientos ochenta y ocho con 47/100 ($ 18.988,47.-) en concepto de tributos, con más el CER y los intereses del art. 794 del CA, calculados desde el 8.09.11 hasta la fecha de la total y efectiva cancelación de la deuda.
Regístrese, notifíquese, devuelvánse los antecedentes administrativos y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria y Juárez por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del R.T.F.N. y 1162 del CA).
Date: 2025.10.14 13:22:06 ART Date: 2025.10.14 15:43:31 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.10.14 15:44:14 -03:00
Fin de la sentencia