Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 32.704-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar, parcialmente, la Resolución (DE PRLA) N° 3266/12 (con excepción del derecho adicional y las percepciones de IVA y ganancias) en tanto exige, a la firma importadora, el pago de tributos con relación a las destinaciones 01 001 IT15 286 W y 01 001 IT15 997 X, más los intereses del art. 794 los que deben calcularse desde el 11/04/12 y hasta la fecha de efectivo pago.
2Confirmar, parcialmente, la Resolución (DE PRLA) N° 3266/12 recaída en la actuación SIGEA Nº 12039- 1069-2007, (con excepción del derecho adicional y las percepciones de IVA y ganancias), en tanto exige el pago de tributos a la firma aseguradora “BOSTON COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.”, en su carácter de garante de la destinación de importación temporaria N° 01 001 IT15 286 W por la suma cuarenta y dos mil setecientos ochenta y ocho pesos con doce centavos ($ 42788.12.-) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, todo ello más los intereses del art. 794 del C.A., calculados desde el 2/12/12 hasta la fecha del efectivo pago.
3Las costas se imponen a la vencida, salvo con relación el derecho adicional y a la percepción del Impuesto a las Ganancias e IVA adicional, que se impone por su orden, atento el modo en que se decide el presente (cfr. art. 1163 del C.A.).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2021-105556074-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 2 de Noviembre de 2021 En Buenos Aires, reunidos los Vocales de la Sala “F”, Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: “PILAR PARTES S.A. c/Dirección General de Aduanas, s/recurso de apelación”, Expte. N° 32.704-A, El Dr. Garbarino dijo:
I. Vienen estos autos a conocimiento del Tribunal Fiscal, en virtud del pronunciamiento emitido, en fecha 1/10/19, por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (ver fs. 1545/1546 y vta.) que hizo lugar al recurso de la compañía “BOSTON COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.” y, como consecuencia, ordenó devolver la causa al tribunal de origen para que se pronuncie sobre el recurso que luce a fs. 1301/1308 de autos.
Para así decidir, la Excma. Cámara consideró que el pronunciamiento de este Tribunal Fiscal no fue lo suficientemente claro respecto a cuál de las tres firmas recurrentes debe satisfacer la pretensión tributaria exigida por el Fisco antes de examinar el recurso de la firma aseguradora “BOSTON COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.”. Agrega que, este Tribunal, supeditó el tratamiento del recurso de dicha compañía al cumplimiento de una condición cuyo obligado no ha sido individualizado. Por otra parte, advierte que en la sentencia de este Tribunal no se hizo explícita referencia a la confirmación de la resolución (DE PRLA) Nº 3266/12 que formuló el cargo tributario a la compañía importadora (Pilar Partes S.A.).
II. Que, en primer lugar, cabe aclarar que en la sentencia de fecha 15/09/17 (ver fs. 1495/1499 y vta.), este Tribunal Fiscal tuvo por allanada, de la pretensión tributaria, a la firma aseguradora “LA CONSTRUCCIÓN S.A. COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS” que desistió de toda acción y derecho, incluido el de repetición por los conceptos y montos comprendidos en la apelación planteada en autos en los términos de los arts. 52 y 53 de la Ley 27260 y art. 11 de la RG AFIP 3920/16 (ver fs. 1482/1494) por lo que, a su respecto, la cuestión ha quedado zanjada y no corresponde emitir pronunciamiento alguno.
Que, por otra parte, en la mencionada sentencia se omitió, parcialmente, pronunciarse respecto de la exigencia tributaria atribuible a la firma importadora y, como consecuencia directa, en relación con el límite de la responsabilidad económica que le cabe a la firma aseguradora “BOSTON COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.” en su carácter de garante de la obligación tributaria emergente de la destinación de importación temporaria Nº 01 001 IT15 286 W documentada por la firma “PILAR PARTES S.A.”.
III. Que, en esos términos, la cuestión se circunscribe a delimitar la responsabilidad tributaria de la firma importadora y, consecuentemente, a tratar los agravios esgrimidos por la firma aseguradora “BOSTON COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.” en su recurso que luce a fs. 1301/1308 de autos.
Que, este Tribunal Fiscal, en la sentencia de fecha 15/09/17, confirmó la resolución aduanera que condenó a la firma importadora “Pilar Partes S.A.” por la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. (Resolución Nº 3266/12 recaída en la actuación SIGEA Nº 12039-1069-2007), es decir, por el incumplimiento al régimen de destinación suspensiva de importación temporaria en relación con las destinaciones Nros. 01 001 IT15 286 W, 997 X, 810 P, 760 T y 750 S.
Que, en relación con los tributos derivados de dicho incumplimiento, cabe destacar que habiéndose vencido el plazo acordado para la permanencia de la mercadería allí importada temporariamente por la firma “PILAR PARTES S.A.” sin haberse cumplido con la obligación de reexportar (cfr. Considerando XVII de la sentencia que luce a fs. 1498/1499), debe considerársela importada para consumo, y a la firma importadora como responsable de las correspondientes obligaciones tributarias (art. 274 del C.A.) por ser, precisamente, quien la importó temporariamente. Es que el legislador al documentar el instituto de la importación temporaria expresamente consideró que se trataba de un régimen en el que la mercadería quedaba sometida desde el mismo momento de su libramiento a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del plazo acordado (art. 250 del C.A.).
Que cabe aclarar que parte de esos tributos, es decir, aquellos que emergen de las destinaciones de importación temporaria Nros. 00 001 IT15 000760 T, 00 001 IT15 000750 S y 00 001 IT15 000810 P documentadas por la firma “Pilar Partes S.A.” y que fueron garantizados por la firma aseguradora “LA CONSTRUCCIÓN S.A. COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS” ya fueron abonados (cfr. Considerando II del presente voto). Sin embargo, no ocurre lo mismo con las obligaciones que nacen de las destinaciones Nros. 01 001 IT15 286 W y 01 001 IT15 997 X y que fueron garantizadas por las firmas aseguradoras “BOSTON COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.” y “CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A.”, respectivamente, pues aún no han sido canceladas a la fecha.
Que, por ello, corresponde ampliar la sentencia de este Tribunal Fiscal de fecha 15/09/17 a fin de confirmar, parcialmente, el art. 3° de la Resolución (DE PRLA) N° 3266/12 en tanto exige, a la firma importadora, el pago de los tributos correspondientes a la mercadería importada temporariamente mediante las DIT Nros. 01 001 IT15 286 W y 01 001 IT15 997 X.
III. Que, sentado ello, corresponde ahora expedirse sobre la responsabilidad imputable a la compañía aseguradora “BOSTON COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.”. Ante todo, es necesario aclarar que la recurrente no discute el fondo del asunto, es decir, no alega ni mucho menos intenta demostrar que la firma importadora reexportó la mercadería ingresada en forma temporaria. En tales condiciones, la recurrente se agravia de que no se acompañó la póliza que garantizó las operaciones; que el tomador del seguro reconoció las cargas aduaneras; la prescripción de los tributos reclamados por el servicio aduanero; la duración del procedimiento en tanto afectaría su garantía constitucional y convencional de debido proceso y los alcances de la cobertura brindada o suma máxima garantizada (la improcedencia de la percepción del impuesto a las ganancias y el IVA adicional, como así también del CER).
IV. Que, en ese orden, cabe señalar que la póliza en virtud de la cual la aduana funda su exigencia a la firma aseguradora es la N° 4229 y cuya copia certificada obra agregada a fs. 1426 y vta., de autos (v. impresión de pantalla de la consulta de garantías N° 00 001 004686 H de fs. 30 de las act. adm.). Dicha póliza fue extendida por “BOSTON COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.” a favor de la Dirección General de Aduanas, respecto de la obligación tributaria que hubiera podido resultar de la importación temporaria realizada por la firma “ZF ARGENTINA S.A.” (actualmente denominada Pilar Partes S.A.”) mediante el DIT N° 01 001 IT15 000286 W y ello por la suma de U$S 72.000.- que cubría en forma total el importe de los tributos liquidados -a “garantizar”- en el DIT 01 001 IT15 286 W. En consecuencia, no cabe duda que la recurrente emitió la póliza N° 4229 por lo que debe entenderse que es la garante de la destinación en vista Que la firma aseguradora “Boston Compañía Argentina de Seguros S.A.” es garante de la destinación de importación temporaria N° 01 001 IT15 000286 W excluyéndose su responsabilidad del resto de los tributos garantizados por las destinaciones Nº 997 W, 810 P, 760 T y 750 S por lo que cabe circunscribir su responsabilidad únicamente a la mercadería allí importada.
V. Que la recurrente se agravia de que el reconocimiento expreso del tomador de la póliza hace caer la cobertura del seguro.
Que, al respecto, cabe recordar que la finalidad del seguro de caución es la ejecutabilidad inmediata de la garantía, frente al incumplimiento del tomador (CNCom, Sala A, nov. 26-981, INDESA S.A. c/ APOLO CIA. DE SEGUROS, La Ley, 1982-B, 416, E.D. 97-588; CNFed Civil y Com., Sala III, julio 14, 1998, EMPRESA FERROCARRILES ARG. c/ AGENCIA ABRAXAS TURISMO SRL y otro, La Ley 1998-E, 549). El seguro de caución es el seguro concertado con el objeto de garantizar al asegurado hasta la suma máxima estipulada, el pago en efectivo que debe percibir del proponente con quien contrata teniendo por finalidad el pago inmediato por parte de la aseguradora ante el mero incumplimiento del deudor (CNCom, Sala A, precedente citado). Que corresponde señalar, además, que en el seguro de caución, los actos, declaraciones u omisiones del tomador no afectan en ningún caso los derechos del asegurado frente al asegurador (CNCom, Sala B, julio 8-1996, ALBA CIA. DE SEGUROS c/ GIORGETTI, Alejandro H. y otro, La Ley 1997-E, 1011).
Que, asimismo, surge de las condiciones pactadas y de la naturaleza del seguro contratado, que en el caso del seguro de caución el asegurador adquiere el carácter de pagador principal y fiador solidario, añadiendo su responsabilidad a la del obligado primigenio, que se supone solvente y fiel cumplidor de sus obligaciones por tratarse de una entidad aseguradora, perteneciendo este “tipo” de seguro a los contratos de garantía, cuyo objeto es la eliminación del riesgo de la mora (CNCom, Sala B, oct. 23-1990, E.D. 142,479). Tampoco el asegurador goza del derecho de excusión, con lo que no cabe agotar ningún procedimiento previo contra los bienes del deudor.
Que en ese orden de ideas, la Aduana, en su carácter de asegurado o acreedor frente al incumplimiento del tomador del seguro -importador- no se encuentra obligada a cumplir con otro requisito más que la determinación de dicho incumplimiento, y más aún si se tiene en cuenta que ni la firma importadora, ni la recurrente probaron el cumplimiento de la obligación de reexportar en tiempo y forma; razón por la cual, se tiene por indiscutible la producción del siniestro y la acción de la Aduana contra el asegurador.
Que, en definitiva, el servicio aduanero ha formulado un cargo, determinando los tributos adeudados como consecuencia de que al vencimiento del plazo de la destinación suspensiva de importación temporaria no se reexportó la mercadería, así como quienes son los obligados al pago. Ello así, no se advierte cuál es el agravio de la apelante, cuya responsabilidad por el pago de los tributos adeudados es consecuencia inmediata del incumplimiento del tomador del seguro y la falta de pago por parte del mismo, tal como ha sido convenido expresamente a través de la garantía o seguro de caución otorgado.
VI. Que incumbe entender en el planteo impetrado por la recurrente respecto de la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos.
Que, en primer lugar, corresponde aclarar que la declaración de nulidad en sede administrativa y judicial resulta ser siempre una decisión in extremis, es decir, que si existe la posibilidad de “salvar” el acto procesal viciado se deberá preferir la conservación de este, siempre y cuando se trate de un vicio subsanable.
Que el art. 1094 del Código Aduanero establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario y, en este sentido, dispone que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.
Que de la compulsa de los antecedentes administrativos SIGEA N° 12039-1069-2007 surge que el servicio aduanero dispuso la instrucción del sumario en fecha 21/06/07, es decir, antes de que opere el cumplimiento del plazo prescriptivo que vencía el 1/1/08 (atento a que la comisión de la infracción aduanera acaeció en el año 2002).
Que la mentada instrucción de sumario da cumplimiento con la totalidad de los requisitos exigidos en el art. 1094 del C.A. Ello pues al momento de su apertura, el servicio aduanero contaba con la carpeta original de la DIT N° 01 001 IT15 000286 W (v. fs. 5 de las act. adm.) que constituye la causa y antecedente de la obligación, como así también, ordena los pases internos para que se realice la clasificación y valoración aduanera. Que, sobre la base de las consideraciones anteriores, corresponde destacar que el plazo de prescripción respecto de los tributos es el de 5 años que prescribe el art. 803 del C.A., que comenzó a correr el 1/01/03, en los términos del art. 804 inc. b), del C.A., (atento a que el hecho gravado, es decir, el vencimiento del plazo de permanencia de la destinación de importación temporaria tuvo lugar el 2002), debiendo haber operado el 1/01/08, de no haberse producido causales suspensivas o interruptivas.
Que, en fecha 21/06/07, el servicio aduanero dispuso instruir el sumario habiendo transcurrido hasta ese momento, desde el 1/01/03, la cantidad de tiempo exacta de 4 (cuatro) años; 6 (seis) meses y 21 (veintiún) días. De acuerdo con el art. 805, inc. a), del C.A., el plazo quinquenal para que el Fisco pueda exigir tributos se suspendió desde la apertura de sumario, es decir, desde el 21/06/07 "hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” (art. 805 inc. a).
Ahora bien, cuando el inc. a) del art. 805 del Código Aduanero expresa “...decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo” se refiere a la fecha de notificación de la Resolución aduanera. Ello es así, por cuanto con el simple dictado de la Resolución aduanera, el servicio aduanero no posee aún el ejercicio de la acción para percibir los tributos, es decir, no tiene abierta la vía ejecutiva, sino que, además, necesita notificar esa Resolución y esperar a que la misma quede firme para habilitar la acción. De allí que el art. 805, inc. a) del C.A., debe interpretarse en el sentido de que la acción del fisco para percibir tributos se suspende desde la apertura de sumario hasta que quede firme la Resolución aduanera, notificada, que pone fin al procedimiento. Que, en definitiva, el procedimiento infraccional, en sede aduanera, se ha desarrollado dentro del marco normativo y de acuerdo con los plazos allí establecidos. Por lo expuesto, entiendo que corresponde rechazar el agravio respecto de la invalidez del auto de apertura de sumario y la prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos, sin costas por su tratamiento conjunto con el fondo.
V. Que, en primer lugar, considero necesario referirme a los agravios de la recurrente con relación a que el proceso, iniciado por el servicio aduanero, ha excedido todo parámetro de razonabilidad de duración de un proceso infraccional con franca violación a la garantía constitucional del debido proceso (art. 18 C.N.) y al art. 8° inc. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incorporada al art. 75 inc. 22 de nuestra Constitución Nacional.
Que corresponde destacar que dicha garantía convencional no puede ser aplicada en la especie tal como me expedido en los autos caratulados “ABB S.A. c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” de fecha 13/5/19 -expte. N° 35.759-, criterio que he compartido en los autos caratulados “HTI CONO SUR S.A. c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” de fecha 2/12/19 -expte. Nº 38.908-A-, entre otros, que tramitaran por ante esta Vocalía de la 16a Nominación (Sala “F”), toda vez que con fecha 26 de febrero de 2016 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado la Opinión Consultiva OC 22-16, solicitada por la República de Panamá, donde sostuvo que “El artículo 1.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho Tratado” En tal sentido, debe tenerse presente que la jurisdicción consultiva fue establecida por el artículo 64 como "un servicio que la Corte está en capacidad de prestar a todos los integrantes del sistema interamericano, con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de sus compromisos internacionales referentes a Derechos Humanos (Corte I.D.H., "Otros tratados" objeto de la función consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-l/82 del 24 de setiembre de 1982. Serie A No. 1, párr. no 39). Además, como el referido Tribunal lo ha señalado en otra oportunidad, el proceso consultivo está "destinado a ayudar a los Estados y órganos a cumplir y a aplicar tratados en materia de derechos humanos, sin someterlos al formalismo y al sistema de sanciones que caracteriza el proceso contencioso" (Corte I.D.H., Restricciones a la pena de muerte (arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983. Serie A No. 3, párr. no. 43). (párr. 19, OC-4/84).
Y si bien es cierto que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que sus Opiniones Consultivas “…no tienen el mismo efecto vinculante que se reconoce para sus sentencias en materia contenciosa en el artículo 68 de la Convención…” (Opinión Consultiva, OC-1/82, párr. 51), no lo es menos que poseen “…efectos jurídicos innegables…” (Opinión Consultiva, OC-15/97, del 14 de noviembre de 1997, Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Art. 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Serie A: Fallos y Opiniones, N° 15, párr. 26) para todo el modelo regional y usualmente son acatadas por los Estados miembros, sin reparos; máxime cuando la OC en cuestión ha sido firmada por los actuales integrantes de dicha Corte Internacional, por lo que corresponde que este Tribunal Fiscal aplique dicha doctrina -sin perjuicio de la opinión personal del suscripto en cuanto al amplio alcance del ámbito de protección de la Convención Americana de Derechos Humanos- del mismo modo en que lo hace respecto de las sentencias del referido Tribunal internacional.
Por lo demás, tampoco en la litis se verifica análogo o similar lapso de dilación del procedimiento aduanero que aquellos analizados en los precedentes de nuestra Corte Suprema que fueran expresamente citados por la recurrente en su líbelo inicial (”Losicer” y “Bossi y García S.A.”), y que, en supuestos excepcionales, permitirían apartarse de la referida restricción establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aplicar la doctrina de nuestro Tribunal Cimero, solamente en materia infraccional (pues en materia tributaria nunca lo ha hecho), en relación a la violación de la garantía del derecho de defensa en juicio consagrado por el artículo 18 de la Constitución Nacional, por lo que el planteo de la firma actora deviene improcedente.
VII. Que el derecho adicional – establecido en el art. 20 del decreto 1330/04 – resulta improcedente por expresa aplicación de la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados “FRISHER SRL (TF 16236-A) c/ A.N.A.” e “IEF Latinoamericana S.A. (TF 16.912-A) c/ D.G.A.”, ambos del 14/08/2013; sin perjuicio de señalar que he declarado la inconstitucionalidad de dicha norma al votar con fecha 31/07/13 la causa N° 23.469-A, caratulada “La Mercantil Andina Cía. Argentina de Seguros S.A. c/ D:G.A. S/ apelación”, que tramitara por ante la Vocalía de la 13a Nominación (Sala “E”).
VIII. Que, asimismo, resulta de aplicación la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/ D.G.A.”, de fecha 26/11/2019, donde se expidió, con relación a las percepciones de IVA adicional e impuesto a las ganancias. Allí el Alto Tribunal expresó que “cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal.”; ello con fundamento en que en el caso "Volkswagen Argentina SA (TF 22.179-A) c/ DGA", fallado el 23 de agosto de 2011, la Corte consideró -tal como lo resumió la señora Procuradora Fiscal en su dictamen- que las percepciones establecidas en los citados reglamentos no constituyen pagos a cuenta de tributos cuyos hechos imponibles recaigan sobre las operaciones de importación.”. Ello así, habiendo transcurrido, en el presente caso, el período fiscal al que correspondían dichas percepciones (fecha en la se consideró importada a consumo la mercadería importada temporariamente) corresponde declarar extinguida la facultad del servicio aduanero para reclamar dichos anticipos.
XII. Que a razón de lo expuesto en los Considerandos II, VII y VIII y teniendo en cuenta las pautas de la liquidación de fs. 28 de las act. adm. SIGEA N° 12039-1069-2007, la reformulo de la manera siguiente:
DIT N° 01 001 IT15 000286 W ITEM 1 y 2 TRIBUTOS Concepto % $ Valor en Aduana 2393,46 Derecho de Importación 18,5 443,34 Tasa de estadística 0,5 11,96 Derecho adicional 0 Base imponible IVA 2848,76 IVA 21 598,24 IVA adicional 0 Ganancias 0 TOTAL EN PESOS 1053,54 DIT N° 01 001 IT15 000286 W ITEM 3 y 4 TRIBUTOS Concepto % $ Valor en Aduana 89925,83 Derecho de Importación 20,5 18434,8 Tasa de estadística 0,5 449,63 Derecho adicional 0 Base imponible IVA 108810,26 IVA 21 22850,15 IVA adicional 0 Ganancias 0 TOTAL EN PESOS 41734,58 IX.- Que es menester expedirse sobre el límite máximo garantizado por la recurrente.
Que tal como fuera señalado en el Considerando VIII del presente voto, no corresponde reclamar a la recurrente el importe de las percepciones de impuesto a las ganancias e IVA adicional como tampoco el derecho adicional. Sin embargo, sí corresponde exigirle el importe de resto de los tributos, a saber: derecho de importación, tasa de estadística e IVA toda vez que no se ha acreditado en autos la reexportación de la mercadería introducida al amparo de la destinación N° 01 001 IT15 000286 W.
Que la suma total de los tributos debidos asciende a la suma de cuarenta y dos mil setecientos ochenta y ocho pesos con doce centavos ($ 42788.12.-) tal como surge del Considerando anterior (la suma de los tributos correspondientes a los ítems 1 y 2 más los ítems 3 y 4). Ahora bien la póliza en virtud de la cual la aduana funda su exigencia a la firma aseguradora está garantizada por la suma máxima de U$S 72.000 (ver la póliza N° 4229, que obra agregada a fs. 1426 y vta., de autos, que fue extendida por “BOSTON COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.” a favor de la aduana en su condición de garante de la importación temporaria N° 01 001 IT15 000286 W). Ello así el importe que el servicio aduanero tendría derecho a cobrar en virtud del incumplimiento al régimen de destinación suspensiva de importación temporaria excede el importe máximo asegurado por la firma recurrente, por lo que dicho organismo fiscal sólo debe limitarse a reclamar dicho monto inferior y no más, pues en dicho caso operaría un enriquecimiento sin causa a favor del Fisco Nacional.
Que, por lo expuesto, la responsabilidad de la firma aseguradora que asciende a la suma de cuarenta y dos mil setecientos ochenta y ocho pesos con doce centavos ($ 42788.12.-) queda circunscripta por el límite máximo asegurado en la póliza que totaliza la suma, en concepto de capital, la suma de setenta y dos mil dólares estadounidenses $ U$S 72.000, con más los intereses del art. 794 del C.A. desde el 9/04/12 hasta la fecha del efectivo pago.
Por ello, Voto por:
1. Confirmar, parcialmente, la Resolución (DE PRLA) N° 3266/12 (con excepción del derecho adicional y las percepciones de IVA y ganancias) en tanto exige, a la firma importadora, el pago de tributos con relación a las destinaciones 01 001 IT15 286 W y 01 001 IT15 997 X, más los intereses del art. 794 los que deben calcularse desde el 11/04/12 y hasta la fecha de efectivo pago.
2. Confirmar, parcialmente, la Resolución (DE PRLA) N° 3266/12 recaída en la actuación SIGEA Nº 12039- 1069-2007, (con excepción del derecho adicional y las percepciones de IVA y ganancias), en tanto exige el pago de tributos a la firma aseguradora “BOSTON COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.”, en su carácter de garante de la destinación de importación temporaria N° 01 001 IT15 286 W por la suma cuarenta y dos mil setecientos ochenta y ocho pesos con doce centavos ($ 42788.12.-) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, todo ello más los intereses del art. 794 del C.A., calculados desde el 2/12/12 hasta la fecha del efectivo pago.
3. Las costas se imponen a la vencida, salvo con relación el derecho adicional y a la percepción del Impuesto a las Ganancias e IVA adicional, que se impone por su orden, atento el modo en que se decide el presente (cfr. art. 1163 del C.A.)
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiere en lo sustancial al voto del Dr. Garbarino.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar, parcialmente, la Resolución (DE PRLA) N° 3266/12 (con excepción del derecho adicional y las percepciones de IVA y ganancias) en tanto exige, a la firma importadora, el pago de tributos con relación a las destinaciones 01 001 IT15 286 W y 01 001 IT15 997 X, más los intereses del art. 794 los que deben calcularse desde el 11/04/12 y hasta la fecha de efectivo pago.
2. Confirmar, parcialmente, la Resolución (DE PRLA) N° 3266/12 recaída en la actuación SIGEA Nº 12039- 1069-2007, (con excepción del derecho adicional y las percepciones de IVA y ganancias), en tanto exige el pago de tributos a la firma aseguradora “BOSTON COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.”, en su carácter de garante de la destinación de importación temporaria N° 01 001 IT15 286 W por la suma cuarenta y dos mil setecientos ochenta y ocho pesos con doce centavos ($ 42788.12.-) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, todo ello más los intereses del art. 794 del C.A., calculados desde el 2/12/12 hasta la fecha del efectivo pago.
3. Las costas se imponen a la vencida, salvo con relación el derecho adicional y a la percepción del Impuesto a las Ganancias e IVA adicional, que se impone por su orden, atento el modo en que se decide el presente (cfr. art. 1163 del C.A.).
Regístrese y notifíquese a la CUIT 20-20581247-5, 20-25436060-1 y 33-69345023-9. Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese. Date: 2021.11.02 10:48:39 -03:00 Date: 2021.11.02 11:31:30 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.11.02 11:31:31 -03:00
Fin de la sentencia