Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 32.703-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de prescripción de la acción del fisco para imponer penas y para percibir los tributos interpuesto por Chubb Argentina de Seguros S.A., con costas.
2Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 5275/12, dictada en el marco de las actuaciones SIGEA 12039-1622-2008, respecto de las 6496 unidades en infracción, fijando el monto de la multa en cuatro (4) veces el importe de los tributos que gravan la importación para consumo de la mercadería en infracción, en la suma de $ 333.988,52 y los tributos en la suma de $ 83.497,13, con más los intereses del art. 794 del CA. Con costas a las actoras.
3Declarar que el importe que podrá exigírsele a la aseguradora “Chubb Argentina de Seguros S.A.” será el que resulte de convertir el monto máximo garantizado mediante póliza N° 236153 por USD 68.000,00, en relación $1=USD1, con más el CER que corresponda aplicar el día anterior a la fecha de pago o, en su caso, el importe en concepto de tributos adeudados, si este último resulte inferior, ello con más los intereses previstos en el art 794 del CA hasta la fecha de efectivo pago.
4Reencuadrar parcialmente la resolución DE PRLA N° 5275/12, dictada en el marco de las actuaciones SIGEA 12039-1622-2008, respecto de las 160 unidades reexportadas, en cuanto condena a la firma PILAR PARTES S.A. por la comisión de la infracción tipificada en el art. 972 del CA atento la presentación tardía del PE N° 00001EC03020774C condenándola al pago de la multa del 1% sobre el …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-125558873-APN-VOCXIV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 11 de Noviembre de 2025 A; Chubb Argentina de Seguros S.A.
Reunidos los Sres. Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Claudia B. Sarquis (Vocal Subrogante), Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria, con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados: “Pilar Partes S.A c/Dirección General de Aduanas s/recurso de apelación, expediente nº 32.703-A” al que se encuentra acumulado el que lleva el número 32.870-a caratulado, “Chubb Argentina de Seguros S.A. c/Dirección General de Aduanas s/recurso de apelación”.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 413/419vta. la actora “Pilar Partes S.A”, por apoderado, interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA Nro. 5275 dictada por el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros en el expte. administrativo ADGA Nro. 2003-601.790 (Actualmente SIGEA No. 12039-1622-2008) y que fue aprobada por la Resolución Nro. 849/2012 (SDG TLA), por la cual en el artículo 1 se la absuelve en relación a la infracción tipificada en el artículo 970 del C.A, respecto de 1244 unidades de la mercadería ingresada al amparo del DIT Nro. 00 001 IT14 004343 T, en el artículo 3 se la condena al pago de una multa de $ 342.214,88 y en el artículo 5 se le formula cargo en concepto de tributos por $ 262.263,80 -en forma solidaria con la compañía aseguradora “ Chubb Argentina de Seguros”-, todo ello por la comisión de la infracción del art. 970 del Código Aduanero, en relación a 6656 unidades de la mercadería ingresada al amparo del citado DIT.
Efectúa una breve reseña de lo actuado en sede administrativa manifestando que su mandante no cuenta con la totalidad de la documentación necesaria para demostrar la inexistencia de las infracciones imputadas y así lo explico en su descargo, ello ya que los originales fueron presentados en los correspondientes despachos, que obran en poder de la aduana, y las copias o documentación de respaldo obraba en poder del despachante, quien fue desprendiéndose de la misma a medida que se cumplían los plazos previstos en la Resolución ANA Nro. 3432/1984. Indica que de la documentación adjunta surge que su mandante reexportó 6100 unidades y no 1244 como afirmó el Servicio Aduanero. Agrega que dicha circunstancia debe obrar en favor del administrado y no en su perjuicio ya que tal como surge de la Jurisprudencia – que cita y transcribe- tratándose de una sanción penal la falta de prueba por parte de la Administración no puede sustentar la condena. Cuestiona el hecho de que la Aduana incumpliera lo resuelto en las medidas cautelares dictadas en el concurso preventivo solicitado, al intimar el pago de la multa impuesta por la presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del CA bajo apercibimiento de suspenderla del Registro de Importadores y Exportadores en violación manifiesta a lo ordenado por el juez comercial en reiteradas oportunidades. Añade que debido a este accionar, que impidió realizar operaciones de comercio exterior y que se prolongó por más de un mes, resultó severamente perjudicada comercialmente, poniendo de manifiesto la improcedencia del apercibimiento y su consecuente nulidad, la que solicita se declare. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se haga lugar al recurso interpuesto, con costas.
II. Que a fs. 443/451vta. la coactora “Chubb Argentina de Seguros S.A”, a través de su apoderado interpone recurso de apelación contra la referida Resolución DE PRLA Nro. 5275. A continuación, sostiene que la importadora señaló que la mercadería había sido reexportada y que resulta muy dificil diez años despues de documentar las exportaciones que la misma cuente con copias cmpletas de esos Permisos de Embarque, por lo cual aportó las copias que tenía en su poder solicitando que la aduana agregue los originales que debían obrar en su poder. Agrega que su mandante no desconoce la Jurisprudencia que dispone que en estos sumarios la carga de la prueba queda invertida y que es el beneficiario del régimen quien debe acreditar el incumplimiento, pero entiende que ello tiene un límite. Plantea que, en la instrucción de sumario, no se respetaron las disposiciones del C.A. Solicita se agregue la póliza o una copia certificada, ya que sin la misma entiende que su mandante no puede ser considerada garante de los tributos liquidados en el sumario. A continuación, cuestiona la liquidación tributaria, alegando la improcedencia del derecho adicional. Cita jurisprudencia. En subsidio, plantea la prescripción de la acción para perseguir el cobro de los tributos, ya no por las disposiciones del C.A sino por principio del debido proceso y del derecho a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones. Finalmente, ofrece prueba y solicita se revoque resolución apelada, con costas.
III. Que a fs. 474/477 la representación fiscal contesta los traslados de los recursos interpuestos por “Pilar Partes S.A” y por “Chubb Argentina de Seguros S.A”. Formula una negativa general respecto de los hechos y afirmaciones vertidos por la actora que no sean de su expreso reconocimiento y efectúa una breve reseña de los hechos y actos cumplidos en las actuaciones administrativas. Sostiene que de haberse respetado la ley la firma “Pilar Partes S.A” hubiese podido demostrar la cabal reexportación, pero no se apegó a la legislacición correspondiente y apeló a la burocracia, pretendiendo ahora suplir su accionar antijurídico desplazando la esfera de la responsabilidad hacia la órbita de la aduana Respecto al estado concursal de la actora señala que no le son aplicables las disposiciones de los artículos 19, 21 y 32 de la LCQ entre otros. Finalmente ofrece como prueba las actuaciones administrativas, formula reserva del Caso Federal y solicita que se dicte sentencia rechazando la apelación interpuesta por la contraria, con expresa imposición de costas.
IV. Que a fs. 455 se dispone la acumulación del expediente 32.870-A al que lleva el número 32.703-A. A fs. 481 se abre la causa a prueba”, la que obra producida a fs. 490/496 habiéndose, a fs. 539, dado por decaído el derecho a producir la prueba ordenada en el punto 4 de fs. 481. A fs. 544 se cierra el período probatorio y a fs. 548 se elevan los autos a la Sala “E”. A fs. 549, toda vez se consideró que en la causa no había mérito suficiente para producir alegatos, se pasan los autos a sentencia.
V. Que las actuaciones administrativas correspondientes a la causa ADGA Nro. 2003-601.790 (Actualmente SIGEA No. 12039-1622-2008) se inician con el Acta de Denuncia DV-REIM Nro. 144/2003, con relación a la destinación Nro. 00 001 IT14 004343 T, por la presunta infracción tipificada en los arts. 970 y 972 del C.A. A fs. 4 obra agregada la carpeta de la Importación Temporaria P/Transf. C/Doc de Transp. Nro. 00 001 IT14 004343 T, con su documentación complementaria, entre ellas dicha destinación registrada ante la Aduana de Bs. As el 11 de agosto de 2000 al amparo del Dto. Nro. 1439/96, por el plazo de 360 días y cuyo vencimiento operaba el 04-08- 2002 ya que el citado plazo fue prorrogado por expediente Nro. 408.859/01 (Ver campo Observaciones/Otros trámites aduaneros del Despacho).
A fs. 5 obra la Nota Nro. 2748/03 (SE PRTEN) por la cual se ordena valorar la mercadería en presunta infracción y efectuar la clasificación arancelaria de la misma; asimismo se informa que la destinación en trato fue documentada bajo el régimen establecido por el Dto. Nro. 1439/96, que debe considerarse como momento imponible el día 04-08-2002 y que la denuncia se formuló por el total de la mercadería documentada en la Importación Temporaria P/Transf. C/Doc de Transp. Nro. 00 001 IT14 004343 T. A fs. 6 se efectúa la valoración de la mercadería en presunta infracción y se informa que la misma era de importación permitida. A fs. 10, con fecha 28-08-2007, se ordena instruir sumario en los términos del art. 1090 inc.“C” del C.A.
A fs. 11 se practica la liquidación de autos informándose un tipo de cambio de 3,63 y determinando que se adeudaban $ 310.309,07 en concepto de tributos y una multa mínima de $ 101.226,69. A fs. 19 y vta., con fecha 15/11/2011, se corre vista de las actuaciones a la firma “Pilar Partes S.A” en los términos de lo dispuesto en los arts. 1001/1010, 1101 y cc del CA, informándole que el monto mínimo de la multa correspondiente asciende a $ 101.226,69 y que el monto de los tributos que gravan la importación a consumo asciende a la suma de $ 310.309,07 y que para el caso de incumplimiento se aplicará el interés previsto en el artículo 794 del C.A. Finalmente se cita a la compañía “Chubb de Fianzas y Garantías S.A.
Cía. Argentina de Seguros” en su carácter de garante de la obligación tributaria -Aval Póliza Nro. 236.153. A fs. 22/23 obran glosadas las cédulas de notificación de fs. 19, dirigidas a la importadora y a la aseguradora, que fueran notificadas los días 23 y 26 de abril respectivamente. A fs. 24/27vta. la firma “Pilar Partes S.A” contesta la vista conferida manifestando que se reexportó la totalidad de la mercadería pero que debido al tiempo transcurrido solamente contaba con la documentación que adjunta siendo que el resto se encontraba en poder de la Aduana y ya había sido presentada en su oportunidad. A fs. 35/36 la aseguradora contesta la vista conferida. A fs. 41 y vta., con fecha 4-06-2012, la División Secretaría de Actuación Nro. 4 tiene por contestada la vista por parte de la importadora y de la aseguradora, por agregada la documental, que corre glosada por cuerda, ordenando el pase de las actuaciones a la Sección Procedimientos Técnicos a fin de que efectué el informe detallado de la mercadería que ha sido regularizada en tiempo y forma y aquella que se hallare en infracción.
Asimismo se rechaza el archivo solicitado. A fs. 44/45 se remiten los autos a la División Secretaría de Actuación Nro. 4 informando que se procedió al análisis de la documentación aportada por el Administrado y de la misma surgía que por los items 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 y 1.6 se importaron 900, 900, 1800, 800, 800 y 2700 unidades respectivamente habiendose descargado solamente 320 y 924 unidades correspondientes a los items 1.4 y 1.6 del despacho involucrado. A fs. 46 se glosa una nueva liquidación, de multa y tributos. A fs. 47/55 obran agregadas las impresiones de pantalla de los antecedentes infraccionales de la importadora. A fs. 56/60 se dicta la Resolución (DE PRLA) Nro. 5275 que dispuso, en el artículo 1, absolver a la firma “Z.F Argentina S.A” (en dicha fecha “Pilar Partes S.A”) con relación a la infracción tipificada en el artículo 970 del C.A respecto de 1244 unidades de la mercadería ingresada al amparo del DIT Nro. 00 001 IT14 004343 T, en el artículo 3 condenar a la citada firma al pago de una multa igual a cuatro veces el importe de los tributos la que asciende a la suma de $ 342.214,88 por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A respecto de 6656 unidades de la mercadería introducida temporalmente mediante el citado despacho, y en el artículo 5 formular cargo a la imputada y a la firma “Chubb Argentina de Seguros S.A” por los tributos adeudados cuyo monto asciende $ 262.263,80, debiendo tenerse en cuenta -respecto de la garanteque dicho reclamo debería efectuarse dentro de los límites y por los rubros afianzados conforme Póliza Nro. 236.153, rigiendo en lo demás lo establecido por el art. 794 del C.A.
A fs. 64/66 se agrega la Resolución Nro. 849/2012 (SDG TLA) por la que se resolvió aprobar la citada Resolución (DE PRLA) Nro. 5275.
VI-. Que en el entendimiento de que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes sino sólo aquéllos que estimen pertinentes para la resolución del caso (Fallos: 300:522, 301:602, 302:1191, entre muchos otros), por razones de orden lógico, corresponde examinar, en primer término, si la acción del fisco para imponer penas se encontraba prescripta al tiempo de dictarse la resolución apelada. Que el art. 934 del C.A expresa “La acción del fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de 5 años”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que, de este modo en el caso, la prescripción para imponer penas comenzó a correr el 01/01/2003 (teniendo en cuenta que el vencimiento de la importación temporaria se produjo, como se vio en el apartado anterior, el 04/08/2002) y vencía el 31/12/2007. No obstante, el dictado del auto de apertura de sumario en fecha 28/08/2007 interrumpió el plazo de la prescripción (de conformidad a lo dispuesto por el antes referido art. 934 inc. a) del C.A.) y, por ende, el nuevo plazo comenzó a correr el 29/08/2007 y el nuevo vencimiento ocurría el 29/08/2012. Que la Aduana, a fs. 47/55 previo al dictado de la Resolución DE PRLA N° 5275 -aquí apelada-, aprobada por la Resolución Nro. 849/2012 (SDG TLA) de fecha 30 de agosto de 2012, dispuso agregar las impresiones de pantalla del registro de infractores.
Que el art. 937 del CA establece que “La prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario; b) la comisión de otra infracción aduanera; c) la comisión de un delito aduanero; d) el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera” y el art. 938 del aludido plexo normativo dispone que: “1. Para que la comisión de otra infracción o de un delito aduanero tengan efecto interrumpido debe mediar, a su respecto, resolución o sentencia condenatoria firme. 2. Cuando surgiere la existencia de una infracción o de un delito aduanero, que se hubiere cometido con posterioridad a la infracción investigada y no mediare a su respecto resolución o sentencia firme, la prescripción no podrá resolverse y su término se suspenderá hasta tanto no se dictare aquélla”. Que de las impresiones de pantalla de reportes de infractores resulta: el dictado de los Fallos 258/06 (AD BS AS), 4986/08 (DE PRLA), 3516/08 (DE PRLA), 8262/07 (AD BS AS), y 6066/02 que habrían quedado firmes los días 02/08/2010, 18/02/09, 09/03/2009, 22/02/2008 y 30/05/2008 (ver fs. 51/55 de las act adm).
Que del análisis de las constancias aludidas se advierte que no lucen en la mismas las fechas de comisión de las infracciones imputadas, y solo se hace mención al número de cada Resolución y la fecha en la cual habrían quedado firmes las mismas.
Que con las referidas impresiones resulta imposible constatar que la recurrente hubiera cometido una infracción con posterioridad a la que en la causa se cuestiona (conforme lo dispone el apartado 2 del artículo 938 del C.A citado precedentemente) y siendo ello así y dado los elementos con que cuenta este Tribunal para resolver la cuestión, siendo la propia Aduana la que debería haber acreditado la existencia de causales de interrupción del plazo de prescripción iniciado el 29/08/2007 -con posterioridad al auto de instrucción de sumario- que vencía indefectiblemente el 29/08/2012, corresponde declarar la prescripción de la acción del fisco para imponer penas. Que por los motivos expuestos y atento que la Resolución Nro. 849/2012 (SDG TLA) -que aprobó la Resolución DE PRLA N° 5275 aquí apelada- fue dictada con fecha 30 de agosto de 2012, cuando ya había operado el plazo quinquenal establecido por el C.A, corresponde declarar la prescripción de la acción del fisco para imponer penas y en razón de ello revocar la resolución apelada en cuanto impone multa a la firma “Ciccone Calcográfica S.A” por la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del CA, con costas por su orden por tratarse de una cuestión que se resuelve de oficio.
VII. Que, a continuación, corresponde expedirse en relación a la prescripción de la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos.
Que la coactora, “Chubb Argentina de Seguros S.A”, considera prescripta la acción del fisco por el transcurso de un plazo razonable e invoca Jurisprudencia.
Que cabe señalar que no resulta de aplicación al caso la doctrina jurisprudencial referida al “plazo razonable” establecida por la CSJN en los autos “Bossi y Garcia S.A. (TF 5932-A) c/DGA” del 08/11/2011 y “Losicer, Jorge Alberto y Otros c/BCRA” del 26/06/2012, atento que en la primera de las causas se trataba de un procedimiento recursivo que se había prolongado durante más de veintitrés años y en el segundo, de un sumario administrativo que se extendió hasta casi veinte años, mientras que en autos la Aduana ha tramitado el sumario infraccional que diera origen a la resolución apelada ante este Tribunal durante un lapso de 9 años.
Que sentado lo expuesto resulta procedente mencionar que el Código Aduanero regula el instituto de la prescripción -relativo a la acción que ejerce el fisco para el cobro de los tributos- en los arts. 803 y concordantes. Que, en primer lugar, cabe señalar que es diferente la situación respecto de la cuestión penal. Que, en tal sentido el art. 803 establece que “Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción (art. 804 del CA). Que no existe controversia en el caso respecto a que la infracción (hecho generador de la obligación tributaria) se habría cometido el 04/08/2002 (fecha de vencimiento de la destinación suspensiva, ver carpeta DIT obrante en las actuaciones administrativas), y que, por ende, el comienzo del plazo quinquenal de la prescripción comenzó a correr el 01/01/2003 y vencía el 31/12/2007.
Que dicho plazo, se suspende -en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a)- desde la apertura del sumario. Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó con fecha 28/08/2007 (fs. 10 de las act. adm.), hasta ese momento habían transcurrido 4 años, 7 meses y 27 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 4 meses y 3 días, los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
Que, atento lo establecido en el art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario (en el caso, 28/08/2007) “… hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión; ...”. Que, no cabe duda de que la decisión a la que la norma hace referencia no puede ser otra que la resolución definitiva que se dicte en el sumario (art. 1112 del C.A.) cuando en esa resolución, además de la condena por el hecho infraccional, se determine la correlativa exigencia tributaria (y/o por la cual, asimismo y por el mismo hecho se condene al pago de los pertinentes tributos).
Que, en el caso de autos, esa “decisión” -la prevista en el referido art. 805 inc. a) del C.A.- ha sido, pues, la resolución definitiva recaída en el sumario del que aquí se trata, esto es, la Resolución (DE PRLA) Nro. 5275 aprobada por la Resolución Nro. 849/2012 (SDG TLA) de fecha 30 de agosto de 2012.
Que, en ese orden de ideas, la suspensión del plazo de prescripción de la acción tributaria, se ha dado entre el 28/08/2007 (fecha del dictado del auto de apertura del sumario) y el 30/08/2012 (fecha del dictado de la citada Resolución Nro. 849/2012 (SDG TLA)). Siendo esta última fecha el límite de la suspensión de la que se trata, correspondiendo tomar la misma en el sentido dispuesto por la última parte del inciso a) del art. 805, que refiere textualmente al momento en que “recayere” la “decisión”, sin que el texto aluda a su notificación. Que entonces, el curso de la prescripción de la acción tributaria “continuó” desde el 31/08/2012. Es decir, que desde allí comenzó a correr 4 meses y 3 días, que restaban para completar el plazo prescriptivo. Que sin que haya operado el transcurso de dicho plazo se efectuaron las notificaciones de la resolución Aduanera y su respectiva aprobatoria, los días 28 de noviembre y 21 de diciembre de 2012, con los correspondientes efectos que la legislación le atribuye en materia interruptiva del plazo de prescripción (“...la liquidación tributaria aduanera”, conforme lo prevé el art. 806 inc. a) del C.A.)
Que por ello, corresponde declarar que la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos no se encuentra prescripta.
VIII. Que, en tales condiciones, corresponde resolver si la Resolución DE PRLA Nro. 5275 -aprobada por la Resolución Nro. 849/2012 (SDG TLA)- mediante la cual se exige a las recurrentes el pago de tributos, por el incumplimiento del régimen de importación temporal penado por el artículo 970 del C.A. con relación a 6.656 unidades de la mercadería documentada con el DIT Nro. 00 001 IT14 004343 T cuyo vencimiento operara el 04/08/2002, se ajusta a derecho.
Que cabe señalar que, el art. 970 del Código Aduanero sanciona con multa al que no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del régimen de importación temporaria (arts. 250 y sgtes del CA) y el pago de los tributos resulta de lo dispuesto en el art. 274 del CA que establece: “La mercadería que hubiere sido sometida al régimen de importación temporaria se considerará importada para consumo aun cuando su importación se encontrare sometida a una prohibición, en cualquiera de los siguientes supuestos: a) hubiere vencido el plazo acordado para su permanencia sin haberse cumplido con la obligación de reexportar” el apartado 2 dispone “...quien hubiere importado temporariamente la mercadería será responsable de las correspondientes obligaciones tributarias, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondiere”.
Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería, sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivasrecae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo, CTC etc.) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrara en forma temporal ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que de modo tal, ése es el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. – eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el ó los P.E.) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
Que no resulta controvertido en autos que la importadora -“Pilar Partes S.A”- mediante el DIT Nro. 00 001 IT14 004343 T N, cuyo vencimiento operara el 04/08/2002, oficializado el día 11/08/2000, documentó en el item 1 la importación temporal de 7.900 unidades de “Los demás Partes Los demás - - Los demás- Las demás partes y accesorios: PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nº 87.01 A 8705”, PA 8708.99.90.990P (900 unidades Item 1 subitem 1, pieza AB 1307 302 109, subitem 2, 900 unidades pieza AB 1307 304 458, subitem 3, 1.800 unidades pieza AB 1307 304 628, subitem 4, 800 unidades pieza AB 1307 304 579 y subitem 5, 800 unidades pieza AB 1307 304 574 y subitem 6, 2.700 unidades pieza AB 1307 304 626), al amparo del Dto. Nro. 1439/96.
Que posteriormente el servicio aduanero le instruyó sumario por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, por la totalidad de la mercadería importada temporalmente, corriéndole la vista pertinente, que fuera contestada por la actora presentando la declaración jurada de saldos de temporales -perteneciente al DIT Nro. 00 001 IT14 004343 T- y acompañando copias de los P.E Nros. 00 01 EC003 019970 X, 00 01 EC003 021278 C, 00 01 EC003 020896 H, 00 01 EC003 021257 W, 00 01 EC003 02731 U, 00 01 EC003 023044 S, 00 01 EC003 01644 W, 00 01 EC003 022097 C, 00 01 EC003 021352 S, 00 01 EC003 022610 Z, 00 01 EC003 022552 V, 00 01 EC003 021968 X, 00 01 EC003 020772 A, 00 01 EC003 022322 Z, y Solicitudes de CTC Nros. 061-009095/98 - Certificado Nro. 9346/99-, 061-008446/98 -Certificado Nro. 1460/00-, 061-008447/98, 061-008098/98 - Certificado Nro. 1019/00-, 031-003432/96 -Certificado Nro. 2199/97-, 061-008099/99 -Certificado Nro. 1020/00- , 061-013892/00 -Certificado Nro. 3876/00-, 061-006762/98 -Certificado Nro. 9389/99-, 061-009096/98 - Certificado Nro. 9392/99-, 061-001527/99, 061-006763/98 -Certificado Nro. 0148/00-, 061-001530/999, 061- 008296/98 -Certificado Nro. 8225/99-, 061-002626/99 -Certificado Nro. 1018/00-, 061-013891/00 -Certificado Nro. 3969/00-, solicitando asimismo la agregación de los originales de los P.E relacionados con el DIT involucrado y de los respectivos CTC, lo cual fue denegado por el Servicio Aduanero en virtúd de que la importadora no individualizó el área o la persona a la cual dirigir el requerimiento y tampoco en lo relativo al C.T.C por considerar que no se discutía sobre la autenticidad de la prueba aportada.
Que conforme surge de fs. 44/45 la Sección Procedimientos Técnicos, teniendo en cuenta la documentación acompañada por la actora, detalla la cantidad de mercadería cancelada (320 unidades del item 1.4 y 924 del item 1.6 y asimismo la cantidad en infracción -900 unidades del item 1.1, 900 del item 1.2, 1800 del item 1.3, 480 del item.1.4, 800 del item 1.5 y 1776 del item 1.6), ya que no se encontraban agregados todos los P.E que descargarían la temporal en trato, informándose, luego la liquidación de multa y tributos por dicha cantidad. Que al interponer recurso ante esta instancia, la importadora acompañó la declaración jurada de saldos temporales detallada y diversos P.E entre los que se encontraban algunos de los ya acompañados en sede administrativa - Nros. 00 01 EC003 0019970 X, 00 01 EC003 021278 C, 00 01 EC003 021257 W, 00 01 EC003 023044 S, 00 01 EC003 022097 C, 00 01 EC003 021352 S, 00 01 EC003 022610 Z, 00 01 EC003 022552 V, 00 01 EC003 021968 X, 00 01 EC003 020772 A, 00 01 EC003 022322 Z- pero a su vez agrega nuevos P.E -Nros. 00 01 EC003 020774 C, 00 01 EC003 021644 W, 00 01 EC003 022884 G, 00 01 EC003 022731 U- y finalmente los mismos CTC que los adjuntos en sede administrativa, todo lo que obra glosado a fs. 9/281 y 284/287 de autos.
IX. Que en este estado del análisis, del cotejo de la documentación obrante en la causa, se pudo verificar que: *INSUMO IMPORTADO: ITEM 1.1 - cantidad 900 unidades No fueron acompañados los P.E denunciados por la actora en la declaración jurada de saldos temporales detallada, por lo cual, tal como indico la aduana en sede administrativa, las 900 unidades ingresadas al amparo de este subitem 1 se hallan en infracción.
*INSUMO IMPORTADO: ITEM 1.2 - cantidad 900 unidades.
No fueron acompañados los P.E denunciados por la actora en la declaración jurada de saldos temporales detallada, por lo cual, tal como indico la aduana en sede administrativa, las 900 unidades ingresadas al amparo de este subitem 2 se hallan en infracción.
*INSUMO IMPORTADO: ITEM 1.3 - cantidad 1.800 unidades.
La propia actora en su declaración jurada de saldos temporales detallada no realiza ninguna descarga al respecto, por lo cual, las 1.800 unidades ingresadas al amparo de este subitem 3 se hallan en infracción. *INSUMO IMPORTADO: ITEM 1.4 - cantidad 800 unidades.
Del análisis efectuado surge que, tal como informó el Servicio Aduanero a fs. 44/45 de las actuaciones administrativas, solamente se pueden descargar las 320 unidades oficializadas a través del P.E Nro. 00 01 EC003 0019970 X ya que el resto de los P.E informados por la importadora no fueron acompañados en ninguna instancia del presente, por lo cual, tal como indico la aduana en sede administrativa, 480 unidades ingresadas al amparo del subitem 4 se hallan en infracción.
*INSUMO IMPORTADO: ITEM 1.5 - cantidad 800 unidades.
En este caso, de la compulsa efectuada, se pudo verificar las cantidades indicadas como descargadas por la importadora en los P.E Nros. 00 01 EC003 020772 A, 00 01 EC003 021257 W, 00 01 EC003 021352 S, 00 01 EC003 021644 W, 00 01 EC003 021968 X, 00 01 EC003 022097 C, 00 01 EC003 022322 Z, 00 01 EC003 022552 V, 00 01 EC003 022610 Z, 00 01 EC003 022731 U, 00 01 EC003 022884 G y 00 01 EC003 023044 S pero sin perjuicio de ello, no es posible considerar la descarga efectuada en dichos P.E, atento que si bien refieren al DIT Nro. 00 001 IT14 004343 T en todos ellos se indica que resultan aplicables las solicitudes de CTC Nros. 061-006762/98, 061-008447/98, 061-009096/98 y 061-001527/99, las cuales no tipifican el Número de pieza perteneciente al producto importado por el item 1 subitem 5 (pieza Nro. 1307 304 574) y por ello la totalidad de las unidades ingresadas al amparo de este subitem 5 se encuentran en infracción.
*INSUMO IMPORTADO: ITEM 1.6- cantidad 2.700 unidades.
En este caso, de la compulsa efectuada, se pudo verificar que a las 924 unidades que fueron consideradas descargadas por la aduana -en los P.E Nros. 00 01 EC003 0019970 X, 00 01 EC003 020772 A, 00 01 EC003 020896 H, 00 01 EC003 021257 W, 00 01 EC003 021278 C- corresponde descargar las 160 unidades documentadas a través del P.E Nro. 00 01 EC003 020774 C, que recién fue acompañado ante esta instancia, y al cual aplica la solicitud de CTC Nro 061-008099/99. En el citado permiso de embarque obra la correspondiente hoja de descarga en la que se especifica: número de DIT, fecha de vencimiento, número de solicitud de CTC, cantidad de insumos descargados en unidades, CIF total, todo ello conforme lo dispuesto por la normativa. Asimismo cabe señalar que el permiso fue oficializado con anterioridad al vencimiento del plazo otorgado 04/08/2002. Finalmente corresponde mencionar que el CTC aplica para el insumo importado y para el producto exportado bajo la posición arancelaria y la descripción conforme se describe en el DIT y en el permiso de embarque acompañado.
Que, por ello, de la compulsa realizada de la documentación obrante en las actuaciones administrativas y en los presentes obrados, conforme el detalle realizado precedentemente, resulta que de las 6656 unidades consideradas en infracción por la DGA en la resolución apelada se ha podido verificar que, mediante el P.E Nro. 00 01 EC003 020774 C, acompañado recién ante este Tribunal, se ha realizado la descarga de 160 unidades y en consecuencia han quedado sin regularizar 6496 unidades de la mercadería importada temporalmente, configurándose la infracción prevista y penada en el artículo 970 del C.A. respecto a dicha cantidad de mercadería, aclarándose que no corresponde exigir el pago de la multa que fue declarada prescripta conforme lo dispuesto en el considerando VI de la presente.
X. Que sentado lo precedente corresponde analizar la determinación de la deuda tributaria reclamada en autos. Que, corresponde expedirse respecto de la incorporación del derecho adicional en la liquidación practicada en las actuaciones administrativas, lo cual resultó motivo de agravio por parte de la coactora aseguradora en su recurso de apelación.
Que, por aplicación de la doctrina sentada por el más Alto Tribunal, cabe concluir que en la especie no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96. Ello, conforme lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “IEF Latinoamericana S.A. (TF 16.912-A) c/ DGA”, que remitió a la causa “Frisher S.R.L. (TF 16.236-A) c/ ANA”, en la que se sostuvo que el derecho adicional resulta aplicable en aquellos casos donde se ha registrado una solicitud de destinación para consumo con posterior autorización por parte del servicio aduanero y no en los casos en que corresponde imponer la sanción prevista en el art. 970 del C.A. por incumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería con anterioridad al vencimiento del plazo acordado. Al respecto sostuvo que “...no puede afirmarse sin más que hubo una imprevisión en el autor de la norma por la sola circunstancia de que ese recargo lo haya dispuesto únicamente para quien solicite expresamente la nacionalización de la mercadería. En efecto, quien no regulariza en término la situación de los bienes es pasible de la sanción prevista por el art. 970 del Código Aduanero, pues tal conducta constituye -en principio- una infracción prevista y penada por ese cuerpo legal. De tal manera, la autoridad que dictó la referida resolución 72/92 puede haber considerado, como una solución razonablemente posible, que para el infractor era suficiente la aplicación del citado art. 970, y que no se justificaba imponerle, además de la sanción allí establecida, y del pago de los derechos de importación vigentes al vencimiento del plazo para reexportar (…) un recargo adicional como el discutido en el sub examine” (página 6, considerando 9, párrafo tercero).
Que, por otro lado, debe recordarse que la Corte Suprema "sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos (..) De esa doctrina, y de la de Fallos: 212-51 y 160, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal ...” (C.S., "Incidente de prescripción Cerámica San Lorenzo, del 4/7/85, "Fallos", 307-1094 y sus citas).
Que en el caso de autos, no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación. Ello así, en razón de que aquí se trata de una importación a consumo irregular proveniente de una operación de importación temporaria - ”nacionalización ficta”-, penada mediante la infracción prevista del art. 970 del C.A.
Que en lo concerniente a los rubros IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, la cuestión analizada por la CSJN en la causa “Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN - DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas” del 26/11/2019, radicó en determinar si la Aduana se encuentra facultada para exigir el pago de las percepciones del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Ganancias conforme a lo establecido en las resoluciones generales DGI 3431/91 y 3543/92 luego de vencidos los plazos correspondientes a las declaraciones juradas en las que resultan computables esos tributos.
Que en el citado precedente la CSJN ha dicho “9°) Que, al ser ello así –tal como acertadamente se asevera en el dictamen obrante a fs. 223/225- a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos.
Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177).
10. Que, sobre esa base, cabe concluir que cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal”.
Que de acuerdo al pronunciamiento señalado, la DGA carece de facultades para el cobro de los importes en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
XI. Que por lo tanto, corresponde efectuar la reliquidación de los tributos, sin incluir el derecho adicional, ni las percepciones de IVA Adicional y el impuesto a las ganancias, en virtud de lo expuesto en el considerando anterior y teniendo en cuenta la liquidación de fs. 46/47 de las actuaciones administrativas y que las actoras no han esgrimido agravios al respecto.
(Conforme liquidación de fs. 46/47):
Valor en Aduana: $ 184.728,19 -correspondiente a 6496 unidades-.
Dchos. 19,5% $ 36.021,99 Estadística 0,5% $ 923,64 Base IVA $ 221.673,82 IVA 21% $ 46.551,50 Total tributos adeudados: $ 83.497,13.
Tipo de cambio $ 3,63.
XII. Así las cosas, los tributos adeudados por la mercadería no regularizada ascienden a la suma de $ 83.497,13, en concepto de Derechos de Importación, Tasa de Estadística e I.V.A. (la Aduana al efectuar la liquidación tributaria a fs. 46/47 de las act. adm. pesificó los tributos al tipo de cambio vigente al vencimiento del DIT y reclamó los tributos en moneda nacional). Todo ello sin perjuicio de los intereses devengados desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista -23/04/2011 (fs. 22 y vta. de las act adm.)-, hasta la fecha de su efectivo pago en los términos del art. 794 del C.A..
XIII. Que en tales condiciones corresponde ahora analizar la responsabilidad de la aseguradora -coactora-. Que, en primer lugar, con relación al cuestionamiento de la recurrente relativo al hecho de que la Aduana no hubiere glosado la póliza de caución por la que se le intima el pago de tributos, argumentando que sin la agregación de la misma no puede ser considerada garante de la operación en trato, cabe señalar que el mismo ha quedado subsanado ante esta instancia con la agregación de la misma, que fuera remitida por la Aduana a fs. 490/496, y de la que resulta que fue emitida por la firma “Chubb Argentina de Seguros S.A” con fecha 25/07/2000 para garantizar las obligaciones emergentes del DIT Nro. 00 001 IT14 004343 T por la suma de u$s 68.000, en concordancia con lo que surge de la impresión de pantalla de fs. 12 de las act. Adm, del DIT mencionado y del Comprobante de Recepción de una Garantía obrante del sobre contenedor del citado despacho. En relación a la extensión de la responsabilidad tributaria de la aseguradora, cabe señalar que mediante la Póliza Nº 236153 cuya copia certificada obra a fs. 493 y vta. de autos, aseguró a la AFIP-DGA hasta la suma máxima de de DOLARES SESENTA Y OCHO MIL (U$S 68.000), al que deberán adicionarse los intereses previstos en el art. 794 del C.A., que resulte obligado a efectuarle la importadora como consecuencia de la operación de importación temporaria documentada mediante el DIT aquí involucrado. Cabe poner de resalto que respecto del pago de accesorios no rige limitación o tope alguno para el garante en cuanto a su responsabilidad (ver cláusulas particulares de la póliza y art. 4° de las condiciones generales).
Al haber sido emitida la póliza en dólares con anterioridad al 03/02/2002, el tope máximo de responsabilidad deberá resultar de convertir el monto asegurado por la póliza, en la relación $1=U$S 1, con más el CER que corresponda al día anterior al pago. En consecuencia, el importe que podrá exigírsele a la co-actora “Chubb Argentina de Seguros S.A” será el que resulte de convertir el monto máximo garantizado mediante la póliza de U$S 68.000, en relación $1=U$S1, con más el CER que corresponda aplicar al día anterior a la fecha de pago, o, en su caso, el importe en concepto de tributos adeudados, si este último resultare inferior.
Que por consiguiente, corresponde confirmar parcialmente el artículo 5 de la Resolución N° 5567 (DE PRLA) en cuanto intima a las recurrentes al pago de tributos, por la suma de $ 83.497,13, a los deberán adicionarse los intereses previstos en el art. 794 del Código Aduanero, que deben calcularse desde el 11/05/2012, hasta la fecha de efectivo pago, declarando que podrá exigírsele a “Chubb Argentina de Seguros S.A” lo que resulte de convertir el monto máximo garantizado mediante la póliza nro. 236153 de u$s 68.000, en relación $1=U$S1, con más el CER que corresponda aplicar el día anterior a la fecha de pago, o, en su caso, el importe en concepto de tributos adeudados, si este último resultare inferior; y revocarla en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional y de las percepciones de IVA adicional y Ganancias que la Aduana les intima.
Que las costas deberán imponerse a las actoras con relación a la cantidad de mercadería que se tiene por no regularizada, al fisco en relación al derecho adicional y las percepciones Iva Adicional y Ganancias que se revocan y por su orden respecto a la cantidad de mercadería que se tuvo por exportada recién ante esta instancia. Que, por ello, VOTO POR:
1. Declarar prescripta la acción del fisco para imponer penas y en consecuencia revocar el art. 3 de la Resolución N° 5275 (DE PRLA) en cuanto impone multa a la firma “Pilar Partes S.A”, con costas por su orden.
2. Confirmar parcialmente el art. 5 de la Resolución N° 5275 (DE PRLA) en cuanto le exige a la actora “Pilar Partes S.A” y a la coactora “Chubb Argentina de Seguros S.A” solidariamente el pago de los tributos emergentes del despacho de importación Nro. 00 001 IT14 004343 T, con relación a las 6496 unidades no regularizadas cuyo importe asciende a la suma de OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON TRECE CENTAVOS ($ 83.497,13), todo ello sin perjuicio de los intereses devengados sobre dichos rubros, hasta la fecha de su total y efectivo pago, en los términos de los arts. 794, 1101 y 1103 del C.A. que deben calcularse desde el 11/5/2012.
Declarar que el importe que podrá exigírsele a “Chubb Argentina de Seguros S.A” será el que resulte de convertir el monto máximo garantizado mediante la póliza nro. 236153 de u$s 68.000, en relación $1=U$S1, con más el CER que corresponda aplicar el día anterior a la fecha de pago o, en su caso, el importe en concepto de tributos adeudados, si este último resultare inferior, ello con más los intereses previstos en el art. 794 del CA. hasta la fecha del efectivo pago. Con costas a las actoras.
3. Revocar parcialmente el art. 5 de la Resolución N° 5275 (DE PRLA) en cuanto le exige a la actora “Pilar Partes S.A” y a la coactora “Chubb Argentina de Seguros S.A” solidariamente el pago de los tributos emergentes del despacho de importación Nro. 00 001 IT14 004343 T, con relación a la mercadería reexportada -160 unidades-, con costas por su orden.
4. Revocar parcialmente la resolución apelada, en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, con costas al fisco.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que me remito al relato de los hechos efectuado en los considerandos I a V del voto de la Dra. Claudia B. Sarquis.
II. Que respetuosamente disiento con el voto de la Dra. Sarquis respecto de los argumentos expuestos en su considerando VI, en virtud de las siguientes consideraciones.
III. Que, en relación al agravio planteado –en forma subsidiaria- por la coactora Chubb Argentina de Seguros S.A. sobre la prescripción de la acción del fisco para imponer penas, corresponde señalar que, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 934 del CA, la acción del fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras, prescriben por el transcurso de cinco años computados a partir del 1° de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción (o en caso de no poder precisársela, en la de su constatación). En el caso que nos ocupa, surge claramente que el vencimiento de la DIT en cuestión operó el día 04/08/2002. Por lo tanto, el cómputo de la prescripción comenzó a regir el 01/01/2003, se interrumpió el 28/08/2007 con el dictado del auto de apertura del sumario, hasta la fecha del dictado de la resolución que habilita el ejercicio de la acción para percibir multa y tributos que, en el caso de autos, esa resolución fue dictada el 15/08/2012.
Por lo tanto, no se constata en el caso la pretendida prescripción de la acción aduanera para perseguir a la importadora por la presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del CA, por cuanto el dictado del auto que ordenó la apertura del sumario ha interrumpido el cómputo del plazo de prescripción, conforme lo establece el art. 937, inc. a), del CA, sin exigirse la notificación del referido auto.
Que en el caso de autos, la acción para imponer penas se interrumpe por el dictado de la resolución condenatoria, no por su notificación ni por la aprobación superior de la parte absolutoria del resolutorio (Artículo 1ro.), que nada incide en la condena dispuesta en el art. 3ro. -e intimaciones del 4to. y 5to.- toda vez que dicha condena no requiere de ninguna aprobación para su validez y fue dictada por un juez administrativo en el pleno ejercicio de su competencia. El acto decisorio que “impone pena” lo dicta el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros (DE PRLA), extremo que se acredita con su firma y registración. Por ello, si la condena fue dictada por el DE PRLA el 15/08/2012, no estaba prescripta pues fue impuesta dentro del quinquenio contado desde 29/08/2007, que recién vencía con fecha 29/08/2012.
Que en relación a la acción para percibir los tributos y sus accesorios corresponde tener presente que la misma prescribe a los cinco (5) años (art. 803 C.A.), a contar desde el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado. En el caso de autos, el plazo comenzó el 01/01/2003 hasta el 28/08/2007, fecha del auto de apertura de sumario, en que el curso quedó suspendido por aplicación del art. 805, inc. A) del Código Aduanero. Desde entonces y hasta la decisión administrativa que resolvió el sumario (Res. DE PRLA 5275/12, 15/08/2012), no corrió el plazo de prescripción tributaria. Consecuentemente, el tiempo transcurrido antes del 28/08/2007 no alcanzó a completar el quinquenio, y el lapso posterior permaneció legalmente suspendido, de modo que no operó prescripción.
Que, por lo expuesto, la acción del fisco para imponer multas y cobrar los tributos que se le reclaman a la firma imputada y su garante no se encuentra prescripta, por lo que corresponde rechazar el planteo de prescripción interpuesto por la coactora, con costas (art. 1163 del CA).
IV. Que, adhiero parcialmente a lo resuelto por la Vocal preopinante en cuanto a:
a.- Se encuentra configurado el supuesto previsto en art 970 del CA, respecto de 6496 unidades importadas temporalmente.
b.- No se encuentra configurado el supuesto previsto en art 970 del CA, respecto de 160 unidades importadas temporalmente.
Todo ello conforme los fundamentos que expone en el Considerando IX de su voto.
V. Asimismo, adhiero a la revocación de la exigencia tributaria del derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y ganancias respecto de las unidades en infracción salvo en cuanto a la imposición de costas al fisco dispuesta en el punto 4 de la parte resolutiva de su voto, toda vez que entiendo que las mismas deben imponerse “por su orden” en relación al Derecho Adicional, las percepciones de IVA adicional y del impuesto a las ganancias, atento que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“IEF LATINOAMERICANA SA (TF 16.912-A) c/DGA”, del 14/08/13, y “FRISHER SRL (TF 16.236-A) c/DGA”, también del 14/8/13 y “CLADD ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN – DGA RESOL. 2590/06 - EXPTE. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas”, de fecha 26/11/19), que fijan los criterios interpretativos respecto de su aplicación, son de fecha posterior al dictado de la Resolución objeto de apelación (15/11/2011 y aprobada con fecha 02/12/2011) y de la fecha de interposición del presente recurso (30/08/2012).
VI. Que, el PE N° 00001EC03020774C que permite tener por acreditada la correcta descarga de 160 unidades correspondientes al Ítem 1 subitem 6, recién fue presentado en esta instancia por lo tanto es claro que la recurrente no cumplió con el procedimiento previsto en el Dto. 1439/96 en cuanto no adjuntó en tiempo y forma la documentación necesaria para tener por acreditada la reexportación de los insumos importados temporalmente mediante la DIT 00001IT14004343T.
Que el punto 8 de la Res. ANA 479/95 indica que se debe presentar a la Aduana una declaración jurada por cada DIT conteniendo: …Número y Año del Despacho de Importación Temporaria y Aduana por la que se registró, Permiso de Embarque: Número, dígito, año y Aduana donde se tramitó la operación Tipificación y Clasificación y Circular Interna en que fuera publicado, Detalle indicando la cantidad de mermas, residuos y sobrantes irrecuperables, Detalle indicando la cantidad de mermas, residuos y sobrantes con valor comercial, informando el número y año del Despacho de Importación y la Aduana de registro por la que se importaron definitivamente para consumo, Detalle de la cantidad de mercadería, importada para consumo, sin perfeccionamiento industrial, informando el número y año del Despacho de Importación y la Aduana de registro por la que se importó definitivamente para consumo, Detalle de la cantidad de mercadería exportada para consumo, sin perfeccionamiento industrial, informando número, año, dígito y Aduana del correspondiente Permiso de Embarque, Resumen de la declaración jurada que indique el total importado temporariamente y a consumo, exportado y las cantidades irrecuperables, y Detalle de los Certificados de Tipificación y Clasificación o copia de los mismos autenticadas por el Despachante de Aduana...
En este orden de ideas, corresponde determinar, si la omisión resulta sancionable en alguno de los supuestos previstos en el CA, para lo cual este Tribunal es competente por aplicación de lo dispuesto en el art. 1143 de dicho plexo normativo, en cuanto lo faculta para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso, independientemente de lo alegado por las partes.
Que estimo, que dicha conducta encuadra en la infracción establecida en el art. 972 del CA, por cuanto tuvo como consecuencia la transgresión a los deberes impuestos en la legislación aduanera y la afectación al control aduanero.
Que, en consecuencia, corresponde reencuadrar la multa impuesta, según lo tipificado en el art. 972 del CA respecto de 160 unidades, la que asciende a la suma de $ 45,36 (pesos, cuarenta y cinco con 36/100.-), calculada sobre el valor en Aduana y el tipo de cambio utilizado en la liquidación practicada a fs. 46 act. adm. y que por disposición de la Ley 27260 y la Resolución AFIP Nro. 4007/17, se encuentra condonada de pleno derecho y así se declara. Con costas por su orden (conf. art. 14 de la Resolución –AFIP- 3920/2016).
El distinto encuadre legal que se efectúa en autos, de ninguna manera afecta la garantía de la defensa en juicio, ya que se juzgaron los mismos hechos que fueron objeto de debate y prueba en la tramitación del sumario, y encuentra su justificación en la naturaleza del proceso, en el que prima la búsqueda de la verdad objetiva de los hechos, constituyendo un deber el encuadre de los mismos, dentro de las normas que resultan aplicables. En este sentido, la CSJN ha afirmado que: "la normativa procesal, indispensable y jurídicamente valiosa, no se reduce a una mera técnica de organización formal de los procesos sino que, en su ámbito específico, tiene como finalidad y objetivo ordenar adecuadamente el ejercicio de los derechos en aras de lograr la concreción del valor justicia en cada caso y salvaguardar la garantía de la defensa en juicio, ello no puede lograrse si se rehúye atender a la verdad objetiva de los hechos que de alguna manera aparecen en la causa como de decisiva relevancia para la justa decisión del litigio" (Fallos 302:1611). Que corresponde señalar que tampoco se está violando el principio de la reformatio in pejus, en atención a que el monto de la multa impuesta por el servicio aduanero es claramente superior.
VII. Corresponde, entonces, confirmar la resolución apelada en cuanto condena a la firma PILAR PARTES S.A. en los términos del art. 970 del CA respecto de 6496 unidades (con costas – Art. 1163 del C.A.) y condenarla respecto de 160 unidades por la comisión de la infracción establecida en el art. 972 del CA (con costas por su orden conf. art. 14 de la Resolución –AFIP- 3920/2016).
Por ello VOTO POR:
1. Rechazar el planteo de prescripción de la acción del fisco para imponer penas y para percibir los tributos interpuesto por Chubb Argentina de Seguros S.A., con costas.
2. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 5275/12, dictada en el marco de las actuaciones SIGEA 12039-1622-2008, respecto de las 6496 unidades en infracción, fijando el monto de la multa en cuatro (4) veces el importe de los tributos que gravan la importación para consumo de la mercadería en infracción, en la suma de $ 333.988,52 y los tributos en la suma de $ 83.497,13, con más los intereses del art. 794 del CA. Con costas a las actoras.
3. Declarar que el importe que podrá exigírsele a la aseguradora “Chubb Argentina de Seguros S.A.” será el que resulte de convertir el monto máximo garantizado mediante póliza N° 236153 por USD 68.000,00, en relación $1=USD1, con más el CER que corresponda aplicar el día anterior a la fecha de pago o, en su caso, el importe en concepto de tributos adeudados, si este último resulte inferior, ello con más los intereses previstos en el art 794 del CA hasta la fecha de efectivo pago.
4. Reencuadrar parcialmente la resolución DE PRLA N° 5275/12, dictada en el marco de las actuaciones SIGEA 12039-1622-2008, respecto de las 160 unidades reexportadas, en cuanto condena a la firma PILAR PARTES S.A. por la comisión de la infracción tipificada en el art. 972 del CA atento la presentación tardía del PE N° 00001EC03020774C condenándola al pago de la multa del 1% sobre el valor en Aduana de la mercadería en infracción, monto que asciende a la suma de $ 45,36 (pesos, cuarenta y cinco con 36/100.-) la que por disposición de la Ley 27260 y la Resolución AFIP N° 4007/17, se encuentra condonada de pleno derecho y así se declara. Con costas por su orden (conf. art. 14 de la Resolución –AFIP- 3920/2016).
5. Revocar parcialmente la resolución apelada, en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, con costas por su orden.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Adhiero al voto del Dr. Héctor Hugo Juárez.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
1. Rechazar el planteo de prescripción de la acción del fisco para imponer penas y para percibir los tributos interpuesto por Chubb Argentina de Seguros S.A., con costas.
2. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 5275/12, dictada en el marco de las actuaciones SIGEA 12039-1622-2008, respecto de las 6496 unidades en infracción, fijando el monto de la multa en cuatro (4) veces el importe de los tributos que gravan la importación para consumo de la mercadería en infracción, en la suma de $ 333.988,52 y los tributos en la suma de $ 83.497,13, con más los intereses del art. 794 del CA. Con costas a las actoras.
3. Declarar que el importe que podrá exigírsele a la aseguradora “Chubb Argentina de Seguros S.A.” será el que resulte de convertir el monto máximo garantizado mediante póliza N° 236153 por USD 68.000,00, en relación $1=USD1, con más el CER que corresponda aplicar el día anterior a la fecha de pago o, en su caso, el importe en concepto de tributos adeudados, si este último resulte inferior, ello con más los intereses previstos en el art 794 del CA hasta la fecha de efectivo pago.
4. Reencuadrar parcialmente la resolución DE PRLA N° 5275/12, dictada en el marco de las actuaciones SIGEA 12039-1622-2008, respecto de las 160 unidades reexportadas, en cuanto condena a la firma PILAR PARTES S.A. por la comisión de la infracción tipificada en el art. 972 del CA atento la presentación tardía del PE N° 00001EC03020774C condenándola al pago de la multa del 1% sobre el valor en Aduana de la mercadería en infracción, monto que asciende a la suma de $ 45,36 (pesos, cuarenta y cinco con 36/100.-) la que por disposición de la Ley 27260 y la Resolución AFIP N° 4007/17, se encuentra condonada de pleno derecho y así se declara. Con costas por su orden (conf. art. 14 de la Resolución –AFIP- 3920/2016).
5. Revocar parcialmente la resolución apelada, en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, con costas por su orden.
Regístrese, notifíquese a la actora “Pilar Partes S.A” al domicilio sito en la calle Rodriguez Peña 434, Piso 9º CABA, a la coactora “Chubb Argentina de Seguros S.A” en el CUIT 20-18110621-3 (Dr. Enrique Benitez Cruz), al fisco nacional en el CUIT 33-69345023-9 y a la Dra. Veronica Laura Cicchi en el CUIT 27-20355359-0, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y archívese. Suscriben la presente los Dres. Claudia B. Sarquis (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 14ª Nominación), Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria (cfme Art. 1162 del C.A.).
Date: 2025.11.11 13:25:48 ART Date: 2025.11.11 16:27:58 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.11.11 16:48:29 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Subrogante Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.11.11 16:49:42 -03:00
Fin de la sentencia