Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 29584-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmar el pronunciamiento del TFN de fecha 21/06/2023, con costas (art. 68, 1° parte del CPCCN).
Pilar Partes SA (TF 29584-A) c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo Buenos Aires, 5 de julio de 2024.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 21/06/2023 el Tribunal Fiscal de la Nación declaró la nulidad de la instrucción del sumario en relación a la firma Z.F. Argentina S.A. –actualmente Pilar Partes S.A.- y de la resolución dictada en su consecuencia n° 131/11 AD PASO en el expediente administrativo Actuación SA42n° 628/99. Declaró la prescripción de la acción del Fisco para percibir e imponer penas en virtud de lo señalado en el considerando e Impuso las costas a la demandada vencida.
Para así resolver, en cuanto aquí interesa, sostuvo que, correspondía resolver en autos si la resolución apelada era ajustada a derecho.
Al respecto, recordó que la cuestión, objeto de autos, tuvo su origen en la operación de importación temporaria documentada mediante la destinación de importación temporaria n° 634/94, oficializada por Mercedes Benz el 17/11/94. El servicio aduanero entendió -y así lo plasmó- que al no verificarse la cancelación a las obligaciones contraídas por Mercedes Benz cabía formular la denuncia de estilo por infracción al régimen y consecuentemente, aperturó el sumario contencioso contra la importadora MERCEDES BENZ ARGENTINA SAFICIM, ampliando, luego, la imputación (y pretensión tributaria) respecto de la firma Z.F. ARGENTINA S.A. -actualmente PILAR PARTES S.A.-.
Adujo que, previa emisión del dictamen jurídico, el sumario se ve coronado con la resolución definitiva apelada en la especie.
Pondera que, el art. 970 del C.A. (imputado a Mercedes Benz y a la aquí recurrente Pilar Partes) establece que: “ ...El que no cumpliere con las obligaciones asumidas corno consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria o del exportación temporaria, según el caso, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de los tributos que gravaren la importación para consumo o la exportación para consumo, según el caso, de la mercadería en infracción, multa que no podrá ser inferior al TREINTA (30%) por ciento del valor en aduana de la mercadería, aun cuando ésta no estuviere gravada...".
Por su parte, el Código Aduanero en el art. 972 ap. 2 del C.A., establece que: “ ...A los fines de este código, se considera que el cumplimiento de la obligación de reexportar o de reimportar dentro del plazo acordado afecta la finalidad tenida en cuenta para el otorgamiento del régimen respectivo, no aplicándose lo previsto en el apartado 1...” .
Sentado ello, precisó que, era necesario centrar el análisis en la cuestión a los fundamentos técnico-jurídico que motivaron el decisorio en crisis, mediante el cual, el Administrador de la Aduana de Paso de los Libres resolvió condenar a la firma PILAR PARTES S.A. por incurrir en la infracción al régimen de importación temporaria.
A modo introductorio, destacó que, la aquí recurrente fue llevada a la discusión en razón de lo expuesto por la beneficiaria del régimen, Mercedes Benz al contestar la vista dispuesta en los términos del art. 1101 del C.A., que se presentó reconociendo la cancelación parcial de la temporal a la vez que manifestó haber transferido la mercadería sin reexportar a la firma aquí recurrente (por entonces ZF ARGENTINA SA).
Observó que, correspondía dejar en evidencia la particular lógica impresa por el servicio aduanero, textualmente tiene en cuenta que “surge que por DIT N°634/94 de fecha 17/11/94 la firma hoy denominada MERCEDES BENZ ARGENTINA S.A., importó en forma temporal diversas piezas destinadas a la producción de chasis Mercedes Benz...la propia firma importadora se presenta en relación al mencionado DIT informando acerca de la cancelación parcial de dicha temporal, acompañando planilla de declaración jurada e informando que por expediente N° 5196/95 fue transferida la mercadería sin reexportar a la firma Z.F. Argentina S.A., no obstante lo cual, a fs.17 por nota N 492/99 (REGSE) se informa que, habiéndose verificado el libro de registro de expedientes, se comprobó que el expediente EA42 N° 5196/95 corresponde a “Solicitud de Prórroga por 180 días a DIT 665/95”.
En tales condiciones, como primera afirmación, destacó que, la incorporación de ZF ARGENTINA SA (hoy Pilar Partes) no encontró sustento documental que lo justifique, según lo reconoció la misma aduana. Sólo fue una mención de la imputada Mercedes Benz en un descargo que la aduana se encargó de desvirtuar (al punto de destacar que lo alegado se refería a otra destinación). Siguiendo con el análisis de lo acontecido y plasmado por la DGA en su resolutorio condenatorio, puso sobre relieve -respecto del rol que le hubiera cabido a la aquí recurrente- que “ ...al quedar un saldo sin acreditar su reexportación o nacionalización con anterioridad al vencimiento...diferentes piezas que según la presentación registrada corno EA 42N°8881/98 habrían sido transferidas a la firma Z.F. ARGENTINA S.A. (hoy Pilar PARTES S.A.) no habiéndose en definitiva en lo que se refiere a la cuestión de fondo quedado desvirtuado tanto por una y otra, la falta de cancelación del antes mencionado saldo...”.
En segundo lugar, aseveró que, en lo que respecta a Pilar Partes S.A., la DGA prosiguió su pretensión sancionatoria con una duda que no despejó (“se transfirió o no la mercadería en infracción?) y eso lo evidenciaba la potencialidad utilizada por el administrador para llegar al temperamento condenatorio (“habrían sido transferidas”). Si no pudo afirmar que se concretó la transferencia de la mercadería, no se colige cómo puede ser responsable quien no tiene obligación alguna a cumplir como presupuesto del tipo reprochado. Entendió que, claramente, de haberse concretado la correcta transferencia de la mercadería en cuestión, la situación procesal de Mercedes Benz hubiera sellado una suerte distinta a la de ZF ARGENTINA (hoy Pilar Partes S.A.) cuya responsabilidad tendría un correlato fáctico.
En este contexto, apuntó que, lo dicho, se condecía con lo que exponía a continuación el funcionario aduanero al intentar darle fundamento a su intención sancionatoria -coronando un razonamiento prístinamente errado-, al sindicar que “aun considerándose que la mercadería cuyo saldo sin reexportar motivara la presente causa, se transfiriera a la firma ZF ARGENTINA S.A, cabe hacer notar, que la autorización de dicha transferencia, conforme ha surgido de la prueba documental aportada en otras actuaciones similares seguidas contra Mercedes Benz Argentina S.A. por la propia beneficiaria, se produjo el 15/01/1996 (Expte 423.139/95) es decir, con posterioridad al vencimiento del plazo acordado para el cumplimento de la obligación de fondo en materia del régimen de importación temporal, y por consiguiente la infracción de fondo se habría configurado”.
Finalmente, adujo que, la tercera afirmación para derribar los argumentos del servicio aduanero.
a. Supone que la mercadería en infracción fue transferida en razón de operaciones similares de la importadora, restando toda trascendencia a lo dispuesto en el art.264 del C.A.
b. Sostiene que, “aún considerándose” que fue transferida, esta lo fue “CON POSTERIORIDAD” y por eso entiende incursa a la firma ZF ARGENTINA SA en las previsiones del tipo descripto en el art.970 del C.A. Expuso que, en síntesis: El funcionario aduanero responsable de la Aduana de Paso de los Libres, Corrientes, sin acreditar el por qué sería responsable la aquí recurrente, partiendo de un supuesto -la transferencia de la mercadería en infracción- sentado en “operaciones similares” y divorciándose de toda lógica, “asume por se” que PILAR PARTES (continuadora de ZF Argentina SA) es responsable por la comisión de una infracción que habría cometido el beneficiario del régimen de importación temporaria en cuyo poder -y así también lo “supone” el funcionario firmante- se encontraba la mercadería al vencimiento del plazo acordado.
Hizo hincapié en que, esta duda convertida en suposición -que el 1143 del C.A. no debe convalidar- fue interpretada y utilizada en contra del imputado, hecho que, teniendo en consideración los preceptos constitucionales que enmarcan el proceso infraccional como el aquí en trato, no podía receptarse, pues si había algo absoluto en la materia era que ante la duda debía estarse a la posición que más favorezca al imputado. El violentar el principio de in dubio pro reo era una afronta al debido proceso legal a cuya tutela jurisdiccional efectiva nos conminaba el ordenamiento constitucional Postuló que, no se entendía la decisión adoptada en tanto importaba una arbitrariedad manifiesta en la motivación de la resolución recurrida que afectaba al debido proceso, pues el andamiaje lógico impreso es propio de un razonamiento inválido por no estar fundado en hechos comprobados.
Puntualizó que, el razonamiento expuesto, llevaba a concluir que, tanto la ampliatoria de la instrucción del sumario en relación a la firma Z.F. Argentina S.A. -actualmente Pilar Partes S.A.- como la resolución apelada, son nulos de nulidad absoluta y así correspondía declararlo.
En consecuencia de lo decidido en el considerando precedente, aseveró que, no habiendo acaecido acto administrativo válido alguno a efectos de suspender o interrumpir la acción del Fisco para percibir tributos e imponer penas, dichas acciones se encontraban prescriptas, ello en virtud de lo previsto en los arts. 787, 803/805 inc.a), 929, 934, 935 y 937 inc.a) del código rector en la materia.
Por último, consideró que las costas del proceso, en virtud de lo señalado en el pronunciamiento, correspondía imponerlas al Fisco.
II. Que contra dicho pronunciamiento el 23/08/2023 interpuso recurso de apelación y expresó agravios la demandada, los que no fueron replicados por la contraria.
Sostiene la recurrente que, conforme se advierte, analizando los fundamentos vertidos en sede aduanera, de la demanda y el decisorio del Excmo. Tribunal Fiscal de la Nación, el a-quo se ha extralimitado al resolver no respetando el principio de congruencia que debe regir toda sentencia.
Destaca que no se encuentra probada la reexportación sino que el organismo jurisdiccional administrativo, toma el Permiso de Embarque, su copia, como que acreditó dicha reexportación, y aun mas con los dichos del a quo queda probado que no le asiste razón ya que considera que su parte pudo considerarse con derecho a litigar. Teniendo en cuenta que la normativa aduanera establece que el incumplimiento de la obligación de reexportación dentro del plazo acordado, afecta la finalidad tenida en cuenta para el otorgamiento del régimen, no cabe duda que el accionar de su ha sido ajustado a derecho.
Postula que, en cuanto a la nulidad decretada, independientemente no haberse provocado lesión alguna al derecho de defensa de la actora, la sentencia en crisis soslaya la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recaída en fallos 205-549; 247-52; 267-393 entre otros, según la cual “cuando la restricción de la defensa en juicio se invoca respecto del procedimiento que se sustancia en sede administrativa la efectiva violación del Art. 18 de la C.N. no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior.... porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio “ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia”.
Apunta que, corrobora más sus dichos en cuanto para resolver la cuestión planteada, el a quo, aplica el artículo 898 del Código Aduanero, el cual establece que "Salvo disposición especial en contrario, en caso de duda deberá estarse a lo que fuere más favorable al imputado”, dicho artículo es claro en caso de duda, que como podrá observarse tiene que haber una duda cierta que en los presentes autos no está determinada, porque no podemos olvidar que la falta de reexportación afecta la finalidad tenida en cuenta para el otorgamiento del régimen de importación temporal. Señala que, el artículo 898 del Código Aduanero no autoriza a deslindar de responsabilidad al imputado de una infracción por el sólo hecho que se dejó constancia de la solicitud, pues la responsabilidad tiene su basamento en el incumplimiento de los deberes impuestos por el ordenamiento aduanero que implica una omisión al deber genérico de cuidado, que coincide con la estructura del ilícito culposo, ya que no es exigido el grado de subjetividad, ello así la firma adora no cumplió con sus deberes toda vez que no puso en conocimiento del servicio aduanero ni presentó el certificado de Tipificación, lo que la llevó a la aduana a imputarle la infracción, es decir que con el actuar de la parte actora apoyado por el a quo, castiga al servicio aduanero revocando la resolución apelada, causando así un gravamen irreparable a su parte.
Considera que, debe concluirse que la resolución aduanera en cuestión es clara y contundente, fundamentada en la legislación vigente, desvirtuando todo argumento esgrimido por el Tribunal Fiscal de la Nación en la sentencia en crisis.
Como colofón, pone de resalto que no resulta apropiado, ni ajustado a derecho desconocer no sólo las facultades, sino las obligaciones que competen a su parte, a fin de resguardar la renta fiscal.
Pone de relieve que, queda claro que la conducta punible se materializó cuando, habiendo transcurrido el término legal y no cumpliendo la actora con la totalidad de las obligaciones asumidas corno consecuencia del beneficio, se tornó procedente la sanción impuesta por el fallo aduanero. En este sentido, alega que, su parte se agravia al entender que el sentenciante ha efectuado una errónea valoración de los hechos y pruebas de la presente causa. Por tanto, los dichos de su parte, alcanzan por sí solos para que la prueba producida en esa etapa no acredita la reexportación pretendida. De lo dicho, surge evidente que las pruebas de autos no pueden ser tenidas en cuenta para hacer caer la infracción cometida y la consecuente responsabilidad tributaria de la actora, circunstancia que no fue correctamente apreciada por el a-quo. En conclusión, expone que, la recurrente no acreditó haber intentado reexportar la mercadería, aún vencido el plazo, ni tampoco haber procurado su importación para consumo ante la imposibilidad de reexportar.
En ese punto, se agravia de la manera en que resolviera el sentenciante, puesto que no ha valorado acertadamente las pruebas aportadas, incurriendo, desde todo punto de vista, en arbitrariedad en la apreciación de los hechos y pruebas. Además de ello, el Tribunal olvida los dichos del fallo aduanero, que sigue probando la infracción cometida, por lo que resulta a las claras que se ha soslayado la prueba producida en su totalidad, no apreciándola en su correcto sentido, lo que traduce la arbitrariedad del fallo cuestionado.
En este sentido se agravia mi parte considerando que el sentenciante ha desconocido el principio de legalidad. Así, se ha desconocido o no se ha interpretado correctamente las pautas que surgen de la normativa específica aplicable al caso.
Por tanto, considera que, decidir corno lo hizo el a quo, ha sido valorar erróneamente los hechos y pruebas de la causa, incurriendo en arbitrariedad. Y no sólo ello, sino que, fundamentalmente, se ha violentado la legalidad, apartándose de lo dispuesto en la normativa, tanto nacional corno supranacional.
Por todo ello, cabe concluir, que la infracción formulada posee un adecuado fundamento y resultan ajustados a derecho mereciendo por ende la confirmación, con costas a la contraria.
III. Que el art. 265 del C.P.C.C.N. establece, en lo pertinente, que la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta, razonada y autosuficiente del pronunciamiento apelado, que no se sustituye con una mera discrepancia del criterio del juzgador, sino que implica el estudio de los razonamientos de aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas.
Sobre este punto, se ha dicho que la expresión de agravios es un acto de petición destinado específicamente a criticar la sentencia recurrida, con el fin de obtener su revocación o modificación parcial por el tribunal y su forma le impone claridad expositiva, para facilitar su estudio (conf., Fenochietto-Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado, T.1, Astrea, Buenos Aires, 1987, pp. 834/836).
Al efecto, corresponde recordar que la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta, razonada y autosuficiente del pronunciamiento apelado, que no se sustituye con una mera discrepancia del criterio del juzgador, sino que implica el estudio de los razonamientos de aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas.
IV. Que en el sub examine, mientras el núcleo de la decisión del Tribunal a quo para declarar la nulidad de la instrucción del sumario en relación a la firma Z.F. Argentina S.A. -actualmente Pilar Partes S.A.- y de la resolución dictada en su consecuencia n° 131/11 AD PASO, en el expediente administrativo Actuación SA42 n° 628/99, se basó en la falta de sustento documental que justifique la instrucción de sumario y posterior condena de Pilar Partes S.A. por la comisión de infracción prevista en el art. 970 del C.A., toda vez que el servicio aduanero fundó la imputación de responsabilidad de la aquí actora, en el hecho de que la firma Mercedes Benz mencionara en el descargo, efectuado en sede administrativa, que parte de la mercadería importada había sido transferida a Pilar Partes y asimismo, conforme prueba documental aportada en otras actuaciones similares seguidas contra Mercedes Benz Argentina, lo que determinaba la arbitrariedad manifiesta de la motivación de la resolución recurrida, que afectaba el debido proceso, por fundarse en un razonamiento inválido sin respaldo en los hechos comprobados; la recurrente se limita a manifestar su disconformidad con lo decidido sin controvertir los sólidos argumentos del pronunciamiento impugnado.
En efecto, la recurrente, refiere que la actora no acreditó el cumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería, sin hacerse cargo del fundamento principal del fallo impugnado, referido a la falta de sustento documental para imputar responsabilidad a la actora. Pues, no obra en la causa constancia alguna que pruebe la existencia de la transferencia de parte de la mercadería importada temporalmente por Mercedes Benz a Pilar Partes, ni que aquélla se encuentre en poder de la aquí actora. Por el contrario, dichas circunstancias, el servicio aduanero las supone y las toma como válidas, “por prueba documental aportada en otras actuaciones similares seguidas contra Mercedes Benz Argentina S.A.”.
En tales condiciones, si la demandada no pudo afirmar que se concretó la transferencia de la mercadería, no se colige cómo puede ser responsable quien no tiene obligación alguna a cumplir como presupuesto del tipo reprochado.
En definitiva, el Fisco Nacional en su apelación sólo plantea una mera discrepancia con lo decidido, pero la misma no llega a conformar una crítica concreta y razonada del pronunciamiento apelado.
En tales condiciones, corresponde rechazar el recurso intentado.
V. Que a mayor abundamiento, cabe reseñar algunos párrafos de la resolución aduanera AD PASO nº 131/11 del 14/03/2011, que demuestran, claramente, la arbitrariedad de los fundamentos utilizados por el servicio aduanero, para condenar, en el caso concreto, a la firma Pilar Partes S.A. por la infracción prevista en el art. 970 del C.A., por incumplimiento de la reexportación de parte de la mercadería ampara da por el DIT nº 634/94.
En efecto, aquélla textualmente reza:
“Que las mismas tienen origen en la presunta falta de cancelación dentro del plazo acordado, de parte de las mercaderías importadas en forma temporal por medio del despacho de importación DIT N° 634/94 que estaban destinadas a la fabricación de chasis marca Mercedes Benz en los términos del Decreto N° 2284/91, Resolución nº 72/92 y Ley 22.415 lo que diera lugar con fecha 28/12/1999, a la apertura de causa sumarial contenciosa por la presunta comisión de la infracción al Art. 970 del C.A., ( fs 18), contra la firma MERCEDES BENZ ARGENTINA SAFICIM, medida que luego se ampliara respecto de la entonces firma importadora Z.F. ARGENTINA S.A., a fs. 26/27”.
“Que en efecto, teniéndose en cuenta los dichos de la firma importadora a través de la presentación realizada por EA42M0 8881/98 se amplía el auto de apertura de sumario en orden a la infracción al art. 970 del C.A., respecto de la firma Z.F. ARGENTINA S.A., a quien presuntamente se le transfiriera las piezas sin reexportar (…)”.
“Que del análisis de las presentes, surge que por DIT nº 634/94, de fecha 17/11/94 la firma hoy denominada MERCEDES BENZ ARGENTINA SA, importó en forma temporal diversas piezas destinadas a la producción de chasis Mercedes Benz, según lo declarado en dicha destinación, o cajas de velocidad, según lo manifestado en la contestación de vista, con plazo de vencimiento del 18/11/1995 (…), en el que la propia firma importadora se presenta en relación al mencionado DIT informando acerca de la cancelación parcial de dicha temporal, acompañando planilla de declaración jurada e informando que por expediente N° 5196/95 fue transferida la mercadería sin reexportar a la firma Z.F. ARGEMTINA S A , no obstante lo cual, a fs. 17 por Nota N° 492/99 ( REGSE), se informa que habiéndose verificado el libro de registro de expedientes se comprobó que el expediente EA42N0 5196/95, corresponde a: " Solicitud prórroga por 180 días a DIT N° 665/957 (…)”. “Que analizadas las constancias de autos, cabe concluir que la firma importadora o beneficiaria del régimen y la firma a quien se le transfiriera presuntamente el saldo sin reexportar determinado mediante Nota N° 492/1999 ( REGSE) de fs. 17, no ha podido acreditar la reexportación de la cantidad y detalle a que se refiere dicha nota, que fuera importado en forma temporal por DIT N° 634/94, toda vez que tal como surge de la propia documentación y declaración jurada del estado del despacho de importación temporaria aportada por la firma MERCEDES BENZ S.A., la misma concluye y reconoce la cancelación parcial de la mencionada destinación temporal, al quedar un saldo sin acreditar su reexportación o nacionalización con anterioridad al vencimiento de un total de piezas según detalle de fs. 17 correspondientes a diferentes tipos de piezas 'que según la presentación registrada como EA42N0 8881/98, habrían sido transferidas a la firma Z.F. ARGENTINA S.A., (hoy PILAR PARTES S.A.), no habiéndose en definitiva en lo que se refiere a la cuestión de fondo quedado desvirtuado tanto por una u otra, la falta de cancelación del antes mencionado saldo, conforme detalle y cantidad que se mencionan en la misma (…)”.
“Que en dicho sentido y a mayor abundamiento, no puede dejarse de citar, por su analogía con la presente causa, las consideraciones señaladas en su resolución de fecha 3 de marzo de 2008 dictada por el Tribunal Fiscal en la causa N° 20.302-A (…)”.
“Que por todo lo expuesto, es que esta instancia considera que se debería condenar a MERCEDES BENZ ARGENTINA S.A., en orden a la infracción que se le imputara por no haber cumplido con la obligación de reexportar con anterioridad a su vencimiento, de parte de la mercadería importada en forma temporal por DIT N° 634/94 (…)”.
“Que en definitiva, no encontrándose desvirtuado de manera alguna que la cantidad de piezas detalladas a fs. 17 de diferentes tipos y valores ingresadas al amparo del régimen de importación temporal por DIT N° 634/94 conforme detalla la Nota N° 492/99 ( REGSE) no han sido reexportadas ni por MERCEDES BENZ S.A., ni por la firma Z. F. ARGENTINA ( hoy PILAR PARTES S.A.), a quien se reconoce que se transfirió dicho saldo o cantidad de insumos, conlleva además de la pena de multa establecida en el Art. 970 del C.A., por infracción a esa norma, Arts. 972 apartado 2 del y 250 del C.A.), la obligación del pago de los tributos adeudados al haberse operado la presunción a que refiere el Art. 274 del Código Aduanero (…)”.
Las expresiones transcriptas, dan cuenta de forma acabada que el servicio aduanero tan siquiera pudo identificar claramente los extremos de hecho (tanto respecto de la situación del sujeto involucrado, como acerca de la conducta real y concretamente obrada, limitándose a elaborar meras presunciones respecto de ambos factores), con base en los cuales impuso la sanción, deficiencia que -para mas en el ámbito del ejercicio de la facultad punitiva- comporta un vicio de entidad tal que invalida lo así resuelto.
VI. Que las costas se imponen a la demandada vencida, de conformidad con el principio de la derrota, del que no existen motivos que justifiquen apartarse (art. 68, 1° parte del CPCCN).
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmar el pronunciamiento del TFN de fecha 21/06/2023, con costas (art. 68, 1° parte del CPCCN).
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
JOSE LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARIA CLAUDIA CAPUTI LUIS M. MARQUEZ
Fin de la sentencia