Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 1 de Junín · Causa JU-11567-2026
JU-11567-2026 - PINEDA MARIA LUCIANA C/ MUNICIPALIDAD DE FLORENTINO AMEGHINO S/ PRETENSION ANULATORIA - EMPL.PUBLICO
///nín, de NOVIEMBRE de 2026
Agréguese las copias del legajo personal de la actora remitido por la Municipalidad de Florentino Ameghino. Acumúlense a los presentes.
Pasen las presentes a resolver sobre la medida precautoria solicitada por la actora.
I. Que se presenta la Sra. María Luciana Pineda con el patrocinio letrado del Dr. Pablo Martín Peredo, y solicita en el marco de una pretensión anulatoria de la decisión que dispuso el apartamiento de la actora en sus funciones de jefatura, el dictado de una medida cautelar, por la cual se liquide y abone a la actora el adicional por coordinación equivalente al 50% de su sueldo básico y suma equivalente a guardias pasivas que venia percibiendo.
Relata que ingresó al Municipio el 1/2/16 y que luego de un derrotero como personal temporario, fue designada en planta permanente, pasando a gozar de la estabilidad en los términos de los art. 4, 6 de la ley 14.656. Revista en categoría Técnico II agrup, 4, cat. 26, con un régimen de 48 horas semanales. Se le liquida un adicional por titulo terciaria de enfermería. Presta servicio en el Hospital Municipal de Ameghino.
Indica que destinada al área de quirófano, oportunamente fue designada como jefa, percibiendo desde abril de 2025 un adicional por coordinación equivalente al 50% de su salario básico.
Concluye que el 13 de abril de 2026 la Directora del Hospital le comunica verbalmente su apartamiento del quirófano y que regiría un nuevo esquema en la organización del servicio. Le explicaron que se pretendía que todas las enfermeras se capacitaran en todas las áreas, por lo que rotarían 13 enfermeras por dicho sector en periodos de 3 meses. La actora fue incorporada a dicho esquema con nuevo régimen horario.
Disconforme con el nuevo sistema que implicaba reducción de haberes, intimó formalmente al cese de las modificaciones. Por nota de fecha 18/5/2026 el Director de Recursos Humanos rechaza la intimación y brinda fundamentos de la medida, que básicamente fueron: reorganización del servicio y circunstancias vinculadas al funcionamiento interno del área. Aclara por último que la administración no esta obligada a mantener remuneraciones cuando cesan las funciones que le dieron origen.
Memora que a partir de abril dejaron de liquidarle las guardias pasivas y el adicional por coordinación, cayendo su haber en un 37,5%.
Resalta que el nuevo régimen alteró su vida dificultando además la continuidad de sus estudios como instrumentadora quirúrgica.
Funda en derecho y cita los artículos de la ley 14.656 que amparan sus derechos. Básicamente aduce que nunca se explicitaron debidamente las necesidades de servicio que fundaron la medida, agraviando los limites legales de debida motivación, prohibición de sanción encubierta y ausencia de perjuicio material.
Aduce que la medida de apartamiento de la jefatura le generó perjuicio material, fue motivada genéricamente en razones de servicios sin especificar al respecto y que en realidad la medida implicaba una sanción encubierta con agravio al debido proceso por inexistencia de sumario.
Por ultimo brinda los argumentos que hacen a la cautelar requerida, que en lo esencial refiere a la inexistencia de acto fundado y a la naturaleza alimentaria de los derechos afectados, que justifican el peligro en la demora. Refiere a la inexistencia de afectación del interés público en tanto la medida solicitada no impacta en el servició y presupuestariamente de afectación mínima.
II. Que mediante proveido del 19/10/2026 se requirió a la demandada un informe relacionado con la cuestión planteada, de carácter previo al tratamiento de la medida, el cual fue contestado con fecha 29/10/2026.
Explica allí que la medida de apartamiento de la jefatura se fundó en: "... necesidades concretas de reorganización interna del Hospital Municipal, dispuestas por su Dirección en ejercicio de las facultades de organización y administración del servicio público de salud. En particular, se procuró reorganizar el esquema de enfermería, favorecer la rotación del personal entre los distintos sectores, promover la capacitación y versatilidad de los agentes y garantizar una adecuada cobertura de las necesidades operativas de la institución. Asimismo, circunstancias vinculadas con el funcionamiento interno del área de quirófano hicieron necesario revisar su organización y adoptar medidas destinadas a garantizar la seguridad, continuidad y eficiencia del servicio.."
Manifiesta también que "...La medida adoptada no constituyó una sanción disciplinaria, un acto de persecución ni una decisión destinada a perjudicar a la trabajadora. Tampoco implicó la pérdida de su empleo, una disminución de su categoría escalafonaria ni la asignación de tareas ajenas a su capacitación profesional. Por el contrario, la agente continuó desempeñándose como enfermera dentro del Hospital Municipal, cumpliendo una jornada de 48 horas semanales mediante turnos rotativos, conservando su vínculo laboral y desarrollando tareas acordes con su profesión...
Por ultimo aclara que los adicionales que percibía guardaban fundamento funcional, por lo que cesadas estas por las causas antes aludidas, pierde el derecho a percibirlas por lógica consecuencia.
Con fecha 12/11/2026 acompaña el municipio legajo laboral de la actora, que se adunan a las presentes.
III. Que la medida cautelar, resulta un instituto procesal que implica una actividad preventiva, ante la objetiva posibilidad de frustración, riesgo o estado de peligro, anticipa los efectos de la decisión de fondo, es por ello que la misma se otorga sobre la base de una razonable probabilidad acerca de la existencia del derecho que invoca quien la peticiona.
IV. Que sentado lo expuesto, puede decirse que el pedido actoral, consiste en una medida innovativa, en tanto que se pretende que el receptor de la orden deba hacer algo distinto a lo que pretende el objeto de la decisión atacada. Requiere mientras se sustancia el presente se le sigan abonando el adicional por coordinación y por las guardias pasivas. Subsidiariamente requiere se la reincorpore al área de quirófano.
V. De conformidad a lo peticionado, corresponde analizar la concurrencia en el caso, de los presupuestos que hacen a la procedencia de la pretensión cautelar.-
V.1. Verosimilitud del derecho.
Que en el análisis de las medidas cautelares el juez debe valorar provisoriamente el derecho alegado, sin que ello implique un examen de certeza sobre su existencia (Doc. CSJN, Fallos, 306-2060 y 320:1633, entre otros).-
Asimismo, cuando la medida cautelar persigue alterar el estado de hecho o de derecho vigente antes de su dictado, ello justifica una mayor prudencia en los recaudos que hacen a su admisión, requiriendo además de los presupuestos generales, la posibilidad de que se consume un daño irreparable. (conf. CSJN fallos 307:1994)
Así entiendo que en el caso que nos ocupa, la verosimilitud del derecho debe surgir de manera patente de los elementos obrantes en la causa.
Sentado ello y dentro del limitado marco cognoscitivo propio de este tipo de procesos, advierto que de los antecedentes obrantes en la causa no me permiten formar una convicción, aún en grado de verosimilitud, acerca de la ilegalidad que se atribuye a la decisión de correrla de sus funciones de jefatura en el área de quirófano , razón por la cual, se habrá de desestimar la medida cautelar solicitada.
En particular, se ponderan las siguientes circunstancias:
Es útil comenzar recordando que resulta atribución propia de los órganos de la administración la posibilidad de reorganizar sus servicios para el mejor desenvolvimiento de sus funciones y que su acierto o eficacia son materias ajenas a la revisión judicial.
También que la estabilidad del empleado público no implica necesariamente inmovilidad, ya que la primera refiere a la permanencia en el empleo mientras que la segunda se vincula al lugar de ejercicio. Así entonces, salvo el supuesto, no verificado en el presente, de cargo cuya naturaleza no admite ejercicio en otro lugar, no puede sostenerse a la inamovilidad de los agentes públicos ante la innegable facultad que tiene la administración para su traslado (conf. doctrina causas B. 57.002 "Gonzalez"; y B 60.104 "Delledonne" de la SCBA.)
En tal sentido el Municipio demandado, emprendió una reorganización del servicio, con prestaciones rotativas de todo el personal de enfermería, dejando sin efecto el sistema anterior vigente de personal exclusivamente afectado a cada área. Luego entendía que tal modalidad prestaciónal no requería de jefatura, cesando en tal función a la actora.
Tal modalidad, que puede resultar opinable, no hallo razones para juzgarla ilegítima, única razón que legitima la intervención del suscripto. No existe norma o principio, que inhabilite el proceder referido, con sustento en atribuciones propias del ente municipal. (conf. ley 6769/58 arts. 108 inc. 17, 117 y 131)
No se advierte en esta etapa larval del proceso y a partir de las constancias obrantes en la causa, que el obrar de la administración municipal al disponer una nueva modalidad de gestión hospitalaria que afectara el área de prestación de servicios de la actora y consecuente corrimiento de la misma con perdida de sus funciones de jefatura, luzca manifiestamente ilegítimo o carente de fundamentación alguna, ni se encuentran a priori motivos para considerar a esta hora que en el caso pudiera existir una desviación de poder o sanción encubierta.
Si bien liminarmente pudo advertirse alguna deficiencia a la hora de anoticiar a la implicada sobre los alcances de la medida, eso tuvo subsanación con la respuesta brindada por el Director de Recursos Humanos en nota de fecha 18/5/2026 donde explicita claramente los fundamentos de la medida al expresar: "... En el caso concreto, la decision cuestionada tuvo fundamento en la necesidad institucional de reorganizar el esquema de enfermeria del Hospital Municipal, promover la rotacion y capacitacion del personal por los distintos sectores, garantizar una prestacion versatil y asegurar la continuidad operativa de areas sensibles. A ello se agrega que, segin informe elevado por la Direccion del Hospital, existieron circunstancias vinculadas al funcionamiento intermo del 4rea de quirófano que tornaron necesario adoptar medidas inmediatas y preventivas, a fin de resguardar la adecuada prestacion del servicio y evitar eventuales riesgos derivados de la organizacion del sector..."
En ese sentido, no considero mínimamente acreditado, al menos con la patencia necesaria en las instancia cautelar, el humo de buen derecho que se requiere como primer requisito, para justificar el dictado de una medida como la pretendida, que persigue dejar sin efecto una decisión administrativa, que no luce excedida del marco de competencias, deberes y atribuciones asignado al Departamento Ejecutivo Municipal para la gestión del personal afectado al servicio de atención hospitalaria.
No surge de forma palmaria que la decisión adoptada, encubra una sanción disciplinaria, no vislumbrándose una posible desviación de poder en la motivación dada por el ejecutivo comunal, para reorganizar el personal hospitalario y correrla de sus funciones de coordinación.
En lo concerniente a la supresión de adicionales por jefatura y/o guardias pasivas, que hasta ese entonces componían la remuneración de la actora en el contexto antedicho, no se aprecia una apreciación errónea del derecho que rige el caso o vicio invalidante, en tanto las mismas correspondían a un adicional por funciones de coordinación (ver nota que precede al decreto N° 137 del 27/3/2025 en legajo personal) efectivamente prestadas y encomendadas, por lo que cesadas estas, se extingue el derecho a percibirlas.
No se avizora entonces, en esta etapa del juicio, una ilegitimidad manifiesta en la actuación estatal en punto a los cambios en las condiciones de trabajo de la Sra. Pineda, que implicaran la interrupción del cobro de los adicionales cuyo reintegro se pretende.
En suma: hasta aquí no se encuentran en la decisión adoptada y cuya innovación parcial se pretende por vía cautelar, que la misma luzca verosimilmente arbitraria, irrazonable y/ contraria de derecho, como herramienta administrativa para la gestión de los servicios hospitalarios. Si la misma obedeció a otras razones distintas a las esgrimidas, ello no surge patente en esta etapa y deberá ser materia de efectiva comprobación a lo largo del proceso.
No luce el proceder atacado, con los elementos colectados hasta el momento, un ejercicio irrazonable o arbitrario del ius variandi, o que oculte potestad disciplinaria bajo el ropaje citado.
Tales apreciaciones, que no implican en modo alguno anticipar criterio acerca de la cuestión de fondo, denotan la existencia de un derecho que se encuentra supeditado a la producción de la prueba ofrecida, por lo que no resulta "prima facie" acreditada la verosimilitud del derecho invocada (arts. 22 inc. 1 "a" del C.C.A.).-
Que la ausencia del recaudo sub-exámine, impide la valoración de los restantes requisitos, toda vez que su ausencia no puede ser suplida aún cuando exista una fuerte presencia del otro (CCALP, causas nº 2 "Fracchia", res. 29-7-04; nº 126 "Pellegrini", res. 9-11-04; nº 287 "García", res. 11-11-04; entre otras).-
Que conforme lo expuesto, entiendo que en autos no se ha acreditado el fumus bonis iuris exigido para el dictado de dicha cautelar; en consecuencia, desestímase sin más la medida precautoria solicitada por la actora en el punto VII del líbelo de inicio (art. 22 inc. 1 ap a) del C.P.C.A.).
Juan Bazzani
Juez
Firmas
Funcionario firmante: BAZZANI Juan Atilio - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 821-2026
Fin de la sentencia