Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa P-2612/24/TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE1535659-2024, RCA00000195.pdf, y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante en PE1594818-2024.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: P-2612/24/TSJ Interlocutorio N°: 3854 Actor: PIÑEIRO MARIA CELESTE Y OTRO Demandada: CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Objeto: AMPARO Fecha: 11-03-2025 Texto: TOMO XXXVI -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3854 FOLIO Nº 7073/7076 PROT. ELECT. TSS1 005 I.251
Río Gallegos, 11 de marzo de 2025.-
Los presentes autos caratulados: “PIÑEIRO MARIA CELESTE Y OTRO c/ CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN s/ AMPARO”, Expte. Nº P-31.026/24 (P-2612/24-
TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte actora, con el patrocinio letrado de la Dra. Virginia Zapata (cfr. PE1535659-2024, RCA00000195.pdf), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial en cuanto declaró la nulidad de la sentencia de Primera Instancia, rechazó la acción de amparo articulada, dejó sin efecto la medida cautelar dictada en PE844342- 2024 e impuso las costas de ambas instancias en el orden causado (cfr. PE1520875-2024).-
A su turno, la sentencia de Primera Instancia había hecho lugar a la acción de amparo impetrada por los actores María Celeste Piñeiro y Miguel Ángel Mercado, revocando las Disposiciones N° 026/DGEE/2024 y Nº 023/DGEE/2024 emitidas por el Director General de Educación Especial del Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz, ordenando que las personas amparistas continúen en el ejercicio de sus funciones como maestros y maestras de grado de educación especial en el Equipo Técnico Interdisciplinario de Abordaje Temprano (E.T.A.T.) en el carácter de interinos e interinas, imponiendo las costas a la demandada (cfr. PE1350691-2024).-
II. En su impugnación extraordinaria, la parte actora aduce como motivos casatorios violación de la ley, vicios in iudicando y arbitrariedad (cfr. PE1535659-2024, RCA00000195.pdf, págs. 1/3).-
Expresan que la sentencia atacada estaría teñida de arbitrariedad por: “…aplicación de una fundamentación inexistente en el Estatuto Del Docente- Ley 14.473 y omisión de la que corresponde dentro de dicho cuerpo legal.” (cfr. PE y pdf cits., pág. 3).-
En cuanto a la nulidad de la sentencia de Primera Instancia, dicen que: “Si bien es cierto que el art. 66 LCT es inaplicable al caso en estudio por tratarse de empleo público, en cambio el principio del Ius Variandi es applicable (sic) a Toda (sic) relación de empleo sea Público o privado, el que, aunque sin esa denominación, halla aplicación en el caso especifico del docente interino en la Ley 1683 cuyo artículo 1° fue transcripto en el escrito de inicio […] si subiste la vacancia, por más que no haya alumnos o el servicio sea innecesario, hechos que jamás se probaron ni al dictarse las D.I (sic) cuestionadas ni a lo largo del juicio de amparo, debe respetarse la permanencia del interino mientras subsista la vacancia, o sea, el cargo vacante, situación que no se ha configurado en nuestro caso, por lo tanto, toda la fundamentación de las D.I (sic) es manifiesta y notoriamente ilegal…” (cfr. PE y pdf cits., pág. 4).- Desde el ángulo de la admisibilidad de la acción, sostienen que: “Al analizar la procedencia formal del amparo, y rechazar la misma, es cuando el fallo comete el gran yerro consistente en no haber revisado ni verificado si la decisión de ‘afectarnos’ a la Escuela Especial N° 10 estaba fundamentada en el régimen laboral docente que rige nuestra carrera docente y que no es otra que la Ley N° 14.473.” (cfr. PE y pdf cits., pág. 5).- Agregan que: “…el carácter de interino -si bien situación laboral precaria- no autoriza a la autoridad de aplicación (el CPE) a movilizar a su antojo al docente en tal situación, sino sola y exclusivamente en la oportunidad regulada en la Ley N° 14473, art. 20 o sea ante el cierre del curso, grado, escuela, etc…” (cfr. PE, pdf y pág. cits.).-
En orden a la violación de la ley, postulan que: “… tampoco los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelaciones al dictar el fallo que pretendemos casar, aplicaron la legislación específica al caso: Ley N° 14473 que es la legislación laboral docente vigente en la Provincia de Santa Cruz, art. 20 a contrario sensu; la Ley 1683 y art. 89 Ley 14473 punto V de la reglamentación […] el fallo recurrido se limitó simplemente a declarar en forma dogmática que las D.I (sic) no ostentan manifiesta ilegalidad…con solo comparar las normas que analizamos anteriormente con la fundamentación de las DI (sic) surge más que palmaria y evidente la ilegalidad…” (cfr. PE y pdf cits., pág. 6).-
La Cámara de Apelaciones declaró formalmente admisible el recurso de casación (cfr. PE1594818-2024).-
Pasan los presentes al Acuerdo (cfr. PE969353-
2024).-
III. Que, ingresando al examen preliminar que establece el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado, se advierte que el mismo no alcanza a cumplimentar los requisitos formales que se interponen en el acceso a esta instancia extraordinaria.-
No debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido inveteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos XXIX, Reg. 3385, Folio 5667/5670 y XXXII, Reg. 3639, Folio 6356/6360, entre otros).-
En dicho sentido, surge que la sentencia recurrida mediante la casación no reviste carácter de sentencia definitiva y, en consecuencia, ésta circunstancia sella desfavorablemente la admisibilidad del recurso extraordinario articulado.-
Aquí resulta pertinente destacar que mediante el recurso bajo análisis se pretende, en última instancia, la revisión de la decisión de la Cámara que declaró la nulidad de la sentencia de Primera Instancia y rechazó la admisibilidad formal de la acción de amparo intentada. Así, dicha resolución carece de la nota de definitividad, requisito exigido por ley para habilitar el recurso de casación (cfr. art. 1° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-).-
Al respecto, este Alto Cuerpo tiene dicho que: “…las sentencias definitivas propiamente dichas son aquellas que ponen fin al pleito tornando imposible su revisión. Las resoluciones equiparables a sentencia definitiva, tienen tres subtipos principales; a) las que impiden la prosecución de la causa; b) las que causan un gravamen de imposible, tardía, difícil o insuficiente reparación ulterior; y c) las que conllevan gravedad institucional (cfr. Sagües, Néstor Pedro, “Recurso Extraordinario”, Ed. Astrea, 4ta. Edición actualizada y ampliada, Bs. As., 2002, Tomo 1, pág. 326).” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXXII, Reg. 3640, Folio 6361/6365, entre otros).-
Y también que: “…es necesario, a los fines de la revisabilidad extraordinaria que se pretende, que el caso esté ya acabadamente resuelto o fallado, es decir que no le quede al perdidoso ninguna oportunidad de juzgamiento (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorios, Tomos IX, Reg. 1285, Folio 1707/1710; X, Reg. 1425, Folio 1988/1991, entre otros). Ello así, por cuanto el objetivo del recurso casatorio es llevar a conocimiento del Tribunal Superior aquellas resoluciones vinculadas con la existencia del vicio que se imputa a la sentencia misma y que debe a los efectos de su estudio y posterior ponderación, revestir el carácter necesario e ineludible de definitiva.” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorios, Tomos XXXV, Reg. 3822, Folio 6972/6975).-
Es que la resolución de la Cámara no ha decidido sobre el fondo del asunto, por el contrario, únicamente desestimó la acción por exceder el marco cognoscitivo del amparo: “…la complejidad de debate y prueba es un motivo suficiente para su rechazo como mecanismo idóneo, y ésta viene dada justamente por la característica del caso […] el rechazo de la admisibilidad formal del amparo no priva a los accionantes de recurrir a la vía contencioso administrativa.” (cfr. PE1520875-2024, págs. 21 y 24).-
En este mismo sentido, se ha expedido el Máximo Tribunal Nacional: “Cabe desestimar el recurso extraordinario interpuesto contra la sentencia que desestimó la acción de amparo (…) pues no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal, dado que el pronunciamiento desestimó la demanda por exceder el marco del amparo, dejando abierta la posibilidad del empleo de las vías procesales hábiles a tal fin, y la ausencia del recaudo de “definitivo” que debe tener el pronunciamiento recurrido no puede suplirse aunque se invoque la existencia de arbitrariedad o el desconocimiento de garantías constitucionales.” (Fallos: 335:2211).- También, sostuvo el Cimero Tribunal que, si bien a efectos de habilitar la instancia extraordinaria, el recurso debe dirigirse contra una sentencia definitiva o equiparable, calidad de la que carecen -en principio- las que rechazan la acción de amparo pero dejan subsistente el acceso a la revisión judicial a través de la instancia ordinaria, ello no obsta para admitir la procedencia del recurso federal cuando lo resuelto causa un agravio de difícil o imposible reparación ulterior, casos en los que el recurrente debe demostrar que el pronunciamiento impugnado posee carácter definitivo, en el sentido de que el agravio alegado es de insuficiente o tardía reparación, o porque no habría posibilidad en adelante -o ésta sería inoportuna- para volver sobre lo resuelto. (Fallos: 341:274; 335:361; 326:3180; 322:3008; 320:1789).-
Por todo lo hasta aquí expuesto, no habiendo la parte actora demostrado acabadamente que la sentencia impugnada reviste carácter de definitiva, es decir que el agravio invocado es de tardía o imposible reparación ulterior, la resolución de la Cámara carece de la definitividad necesaria para que este Alto Cuerpo se adentre en el estudio del recuso extraordinario, máxime cuando los demandantes cuentan con la posibilidad de plantear la cuestión a través de otras vías judiciales o administrativas.-
IV. Sin perjuicio que lo anteriormente dicho es motivo suficiente para declarar la inadmisibilidad del recurso de casación, seguidamente analizaremos los demás planteos impetrados por los casacionistas.-
En cuanto al pretenso agravio referido a la violación de la ley, observamos que la parte recurrente no ha logrado poner de manifiesto la transgresión que aduce. Conforme surge del escrito recursivo, los impugnantes se limitan en mencionar las distintas normas que consideran vulneradas (v. gr. Ley N° 14.473 -Estatuto del Docente) sin advertir que el pronunciamiento de segunda instancia se funda justamente en la Ley N° 1117 y modificatorias, por cuanto decide la inadmisibilidad formal de la acción de amparo.- Desde esa misma óptica, este Tribunal Superior ha dicho que: “...ha omitido, la recurrente, efectuar una cabal demostración de cómo es que se ha producido esa violación de la ley o la aplicación falsa o errónea que genéricamente denuncia, de manera de suministrar con ello, fundamentos que estén referidos directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia. En efecto, no surge del libelo bajo estudio, el error jurídico que se le atribuye a la sentencia atacada, quedando los agravios reducidos a cuestiones fácticas y probatorias; de modo que los agravios del casacionista pretenden lograr un nuevo examen de los hechos, lo que resulta ajeno -como ya hemos dicho- a esta instancia.” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3079, Folio 5013/5016, entre otros). Así, la deficiente técnica recursiva desplegada por los recurrentes determina la suerte adversa del planteo.-
V. Desde el prisma de la arbitrariedad denunciada, tampoco puede prosperar el recurso propuesto por cuanto su contenido y técnica de fundamentación no suscita la cuestión insinuada, debiendo recordarse que este Alto Cuerpo, reiteradamente, ha sostenido que: “…la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema, en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos III, Reg. 282, Folio 457/458; VI, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros). Situación esta última que no acontece en la especie.-
Como corolario de lo dicho, podemos concluir que las críticas de los casacionistas no resultan suficientes para ingresar al análisis de las consideraciones expuestas en el pronunciamiento impugnado, en especial frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta y, más aún, teniendo presente que la interpretación sustentada por la Cámara resulta suficientemente motivada, lo que avienta la posibilidad de su descalificación como acto jurisdiccional válido.-
VI. En lo tocante a los presuntos vicios in iudicando alegados, no se advierte a lo largo de toda la impugnación un mínimo intento de fundamentación en cuanto a su concurrencia en la sentencia atacada, situación está que nos exime de realizar mayores consideraciones.-
Al respecto, ha dicho este Tribunal de Justicia que:
“De la atenta lectura del instrumento recursivo se desprende que el recurrente emplea una defectuosa técnica formal que impide deslindar el alcance y límite de los motivos casatorios invocados…A lo largo de toda su presentación se observa una promiscuidad argumental, por cuanto las causales se entrelazan y confunden, incumpliendo con la manda contenida en el artículo 4° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- que dispone que ‘Cada motivo se expresará separadamente’.” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXXVI, Reg. 3839, Folio 7028/7030).-
VII. En mérito a las consideraciones desarrolladas, el recurso de casación articulado por la parte actora en PE1535659- 2024, RCA00000195.pdf, no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido, y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante en PE1594818-2024, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por todo ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE1535659-2024, RCA00000195.pdf, y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante en PE1594818-2024.-
La presente resolución se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia las Sras. Vocales, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau y la Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1005I.251 Tomo: XXXVI Interlocutorio: 3854 Folio N°: 7073/7076 Secretaría: 1
Fin de la sentencia