Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala III · Causa MO-9219-2022
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAUTOS y VISTOS: Por ello, en virtud de las conclusiones obtenidas en el Acuerdo que antecede y de los fundamentos expuestos, por unanimidad se confirma el decisorio apelado del 16/10/25. Con costas al demandado a mérito de su carácter de vencido (arts. 68 y ccs. del C.P.C.C.). Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley arancelaria).
Causa nro. : mo-9219-2022
En la ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, reunidos los jueces de esta Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón, doctores Mirta Susana Collados y Roberto Camilo Jordá, ambos integrantes de esta Sala III, con la presencia del Sr. Secretario, proceden a celebrar Acuerdo digital, abocándose a pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: " PIÑERO CARLOS ALBERTO C/ GALENO SEGUROS S.A. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ." Causa nro.: mo-9219-2022 , habiéndose practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 263 y 266, C.P.C.C., Ley 5827), resultó que debía observarse el siguiente orden: COLLADOS - JORDA, resolviéndose plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es ajustada a derecho la sentencia de fecha 16/10/25?;
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN: LA SEÑORA JUEZA DOCTORA COLLADOS, DIJO:
El Sr. Juez titular del Juzgado de Primera instancia nro.4 departamental, dictó sentencia en atención al hecho ocurrido el 9 de febrero de 2022, haciendo lugar a la demanda promovida por Carlos Alberto Piñero por daños y perjuicios contra Wenceslao Lugo titular registral del Fiat Punto Attractive 1.4 8V dominio JXD 453 y contra Nair Landaschi en su carácter de asegurada.
Haciendo extensiva contra Galeno Seguros S.A. en los términos del art. 118 de la Ley 17.418 .
Siendo que el día antes dicho, aproximadamente a las 10.00 horas, el actor circulaba a bordo de su motocicleta Yamaha, dominio 157 KHA, por la avenida Santa Rosa, dentro de la localidad y partido de Ituzaingó, en sentido hacia la Autopista Acceso Oeste.
En esas circunstancias, antes de llegar a la intersección con la calle Francia, el vehículo Fiat Punto, conducido por Marcos León Lugo y propiedad de Wenceslao Lugo, que circulaba por la misma avenida y en igual sentido que el actor, realizó -según el relato del actor- una maniobra brusca e imprudente, girando repentinamente hacia la izquierda sin señalizar ni advertir la presencia del motociclista, lo que provocó la colisión y la caída del actor al asfalto, con las lesiones consecuentes que refiere.
Tratándose una colisión entre vehículos -moto/automóvil-, sostiene el a quo que le basta al damnificado probar la relación causal entre el daño y el riesgo atribuido al otro, incumbiéndole a éste probar la responsabilidad de la víctima o de un tercero por quien no tenga que responder. Se prescinde de la culpa, se toma como factor de atribución para atribuir responsabilidad al dueño o guardián, el riesgo creado - art. 1757 del CCC- ; quien tiene la carga de justificar los hechos en que pueda basarse su liberación. Encuentra por cierto probada la culpa de la víctima en cierto porcentaje y por ello determina que existió culpa concurrente, atento la actitud del propio actor que circulaba detrás del demandado en la misma dirección, lo hizo a velocidad excesiva y sin la debida atención, impactando contra la parte trasera izquierda del automóvil, determinando un 20% atribuible al actor y en un 80% al demandado.
Tal pronunciamiento mereció el embate de la parte actora mediante su pieza recursiva del día 16/10/25 y por otro lado la aseguradora el 24/10/25, concediéndose ambos recursos libremente.
El recurrente actor expresa sus agravios a través del escrito de fecha 6/7/26, haciendo lo suyo la apoderada de la citada en garantía con la pieza del 3/7/26; encontrando ambos réplica según presentaciones electrónicas que datan del 14/8/26.
Cumplidos los recaudos del caso, con fecha 20/8/26 se llamaron AUTOS para DICTAR SENTENCIA, providencia -firme- que deja las actuaciones -previo sorteo- en condiciones de ser resueltas; cerrando cualquier etapa probatoria y saneando los vicios de actividades anteriores.
AGRAVIOS :
La parte actora a través de su apoderado se agravia de la responsabilidad otorgada por el sentenciante en la resolución hoy en crisis, donde se le atribuye un 20%.
Claro está que esta parte pretende se endilgue la totalidad de la responsabilidad en el hecho dañoso a la parte demandada.
Entiende que la conclusión arribada se aparta arbitrariamente de la prueba producida en autos y termina por invertir la carga de la prueba prevista por el régimen de responsabilidad civil. Que luego de reconocer expresamente que el conductor del Fiat Punto ejecutó una maniobra antirreglamentaria, introduce una supuesta conducta imprudente del actor, sin que exista una sola prueba objetiva que permita sostener semejante afirmación. Que tal conclusión no constituye el resultado de una valoración razonada de la prueba sino de una mera conjetura, apartándose de la única prueba técnica producida en autos -dictamen del ing. mecánico-, sin que se expliquen las razones de dicho apartamiento. El experto concluyó que el Fiat no respetó las indicaciones legales del art. 43 inc. b) de la ley 24449, siendo el vehículo pasivo la motocicleta.
Endilga por ello la exclusiva responsabilidad en el siniestro al demandado, quien generó una maniobra antirreglamentaria en transgresión a las normas de tránsito.
Forma parte de su queja el monto otorgado por cada uno de los rubros indemnizatorios -los que entiende ser insuficientes para cubrir el daño que dice sufrido- y solicita se modifique la tasa de interés y se establezca el límite de cobertura al momento del cumplimiento de la condena .
A través de su apoderada, la citada en garantía , critica las partidas indemnizatorias, las cuales considera sumamente elevadas. Tilda al uso del juez del art. 165 del ritual en forma excesiva, sin justificación; el alcance de la cobertura más allá del monto consignado en la póliza.
LA SOLUCIÓN PROPUESTA :
I. ACUSE DE DESERCIÓN:
Conviene precisar liminarmente, que el recurso de apelación es un mecanismo impugnativo, que tiene por finalidad la revisión en una nueva instancia de un pronunciamiento judicial, a fin de modificarlo total o parcialmente, por haber incurrido en error de juzgamiento.
La frase "expresión de agravios" indica la carga que tiene el apelante de fundamentar ante la alzada el recurso concedido libremente. Es la debida argumentación de este medio de embate. Debe ser concreto, preciso y claro, es decir suficiente. Es el quejoso quien quiere romper el fallo atacado y en tal tarea poner de manifiesto los errores de la resolución atacada (Hitters. Recursos ordinarios, com. Art. 260; Arazi-Rojas, Cód. Proc.) .
En este sentido es bueno recordar que el art. 260 del C.P.C.C. establece puntualmente que "el escrito de expresión de agravios deberá contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas, no bastará remitirse a presentaciones anteriores". Ya sea por una interpretación equivocada de los hechos de la causa, o bien por aplicación errónea del derecho, para señalar a continuación la forma en que debió resolverse la cuestión, de modo tal que quede demostrado, a través de un razonamiento claro, el fundamento de la impugnación que se sustenta, pues ello constituiría lo que se ha denominado la personalidad de la apelación, a través de la cual se delimitará el conocimiento de la Alzada (Arazi-Rojas, Cód. Proc. TI-835).
No es una argumentación que pueda llevarse a cabo de cualquier forma, sino que se encuentra reglada, por normas procesales y por reglas de la lógica judicial.
Debe ser una crítica "concreta", es decir precisa, rigurosa, perceptible de manera clara y precisa; "razonada", lo que implica que debe demostrar el error en el razonamiento del decisorio que se ataca.
Corolario de ello es que no sería suficiente la simple copia de lo dicho en la instancia anterior, el simple relato de lo sucedido en autos, las citas jurisprudenciales y dogmáticas, la exposición de algún criterio distinto al usado, objeciones genéricas, etc.; por el contrario, debe tratar de demostrarse que lo decidido es erróneo. Ello implica ir sobre su motivación.
Ahora bien, a los fines de su análisis debe emplearse un criterio amplio y elástico, resguardando siempre la defensa en juicio -art.18 C. Nac.-, tutela judicial efectiva y continua -art. 15 C. Pcial.-, conjugándolo con las características del caso concreto.
Haciendo uso entonces de ese norte para apreciar el cumplimiento de la carga legal impuesta por el art. 260 del ritual, en la tarea de sustentar los recursos interpuestos por las partes, al analizar cada parcial del decisorio me expediré al respecto.
II. AGRAVIOS:
Centrándome en los agravios que constituyen el marco cognoscitivo de esta Alzada, comenzaré a dar tratamientos a los mismos, dejando constancia que debe examinarse el plexo probatorio, a la luz de las reglas de la sana crítica (conf. Morello-Passi, Lanza-Sosa-Berizonce, "Códigos., y jurisprudencia allí citada, art. 384 del ritual) , toda vez que las alegaciones son insuficientes para proporcionar al órgano los instrumentos necesarios para la emisión del fallo, sin que sea menester hacer una actividad complementaria, dirigida a otorgar convencimiento de que los datos son lógicos y responden a las características de exactitud y certeza. Los jueces han de formar convicción, entonces respecto de la prueba haciendo mérito de las reglas de la sana crítica. No hay obligación de valorar expresamente en la sentencia cada medio de prueba producido, sino únicamente aquellos que resultan esenciales y decisivos para el fallo -art 384 del ritual- . Igual proceder en relación al análisis y todos y cada uno de los argumentos volcados por la quejosa en su escrito postulatorio.
Cabe recordar a su vez que la prueba de los daños pesa sobre quien los reclama -art. 375 del ritual- .
Es necesaria una conexión causal entre el acto y su resultado, y ello se da cuando el primer ha contribuido al hecho de producir el segundo, o sea cuando ha sido una de las condiciones de él, y además debía normalmente producirlo de acuerdo con el orden natural y ordinario de las cosas. Ello por cuanto en atención a lo previsto por los arts. 1726 y 1727 CCC , serán reparables las consecuencias dañosas que tengan relación de causalidad con el hecho productor del daño, consecuencias inmediatas y mediatas previsibles.
La investigación sobre el nexo entre la conducta y su resultado es una cuestión de hecho, supeditada a la apreciación del juez quien debe establecer a través de las pruebas aportadas si la relación de causalidad ha existido o no, rigiéndose la carga probatoria -art. 375 antes dicha-.
Es doctrina legal que no existe omisión de cuestión esencial si la Cámara resuelve expresamente los temas que le son sometidos, no teniendo obligación de tener en cuenta todos los argumentos jurídicos de las partes para rebatirlos en su totalidad sino los que considere suficientes y decisivos para dar solución al asunto (cfr. SCBA, DJBA 117-175; Loutayf Ranea, Roberto G., El recurso ordinario de apelación en el proceso civil, Astrea, T°2 p. 291) .
III. RESPONSABILIDAD :
En el abordaje de las cuestiones traídas, corresponde tratar en primer lugar, la temática de la responsabilidad atribuida al actor -único quien la cuestiona- , por la incidencia que ello puede tener en las restantes quejas (arts. 163, 164 y 384, C.P.C.C.).
Señalo que las críticas del actor resultan de tal índole que me permite su análisis pasando el filtro de la suficiencia recursiva, aunque sea en forma mínima.
No se discute, atento ser contestes las partes en que, durante la mañana del 9 de febrero de 2022, en la intersección de la avenida Santa Rosa y la arteria Francia, dentro de la localidad y partido de Ituzaingó, tuvo lugar el accidente de tránsito en el que intervinieron la motocicleta Yamaha, conducida por el actor, y el Fiat Punto, al mando del señor Lugo.
Ahora bien, debo analizar si la conducta del actor implicó la ruptura -aunque sea en forma parcial- del nexo de causalidad para atribuírsele -también parcialmente- responsabilidad, tal como atribuyó el juez a quo y resulta sujeto a queja.
Frente a la colisión entre una moto conducida por la actora y el auto conducido por el demandado, que asumen la condición de cosas generadoras de riesgo, el factor de atribución de responsabilidad es objetivo (arts. 1722, 1757 y 1769, C.C.C.N.), por lo que quien generó el daño -esto es el conductor de la moto respecto de los daños que pudiera haber ocasionado al automóvil y/o a su conductor; y/o el conductor del auto por los daños ocasionados a la moto y/o a quien la manejaba- deben responder -en autos solo demanda el conductor de la moto-, salvo que se pruebe alguna eximente legal (arts. 1722, 1729, 1731, 1734, 1757 y 1769, C.C.C.N.), lo cual reposa sobre quien la alega (arts. 1734, C.C.C.N.; 375, C.P.C.C.), esto es sobre el sector pasivo, cuestión que se da en la especie .
Es decir, tal como acertadamente lo decide el colega de primera instancia y respecto de lo cual no hay cuestionamiento alguno, que siguiendo la doctrina de nuestro Tribunal Superior de la Provincia (art. 161 inc. 3ero. ap. "a" de la C. Pcial.) , ha de decirse que la cuestión que se trae a esta Alzada, se subsume dentro de la norma que consagra la llamada teoría del riesgo creado por las cosas . En tal supuesto, para eximirse de su responsabilidad el dueño o guardián de una cosa riesgosa debe demostrar que la intervención de terceros o de la propia víctima había tenido tal incidencia en el accidente que alcanzó para interrumpir -en forma total o parcial- cualquier nexo de causalidad que pudiera haber entre el hecho y el resultado dañoso, ello de conformidad con lo establecido en el antiguo art. 1.113, repitiéndose tal concepto en el nuevo Código Civil y Comercial, especialmente en los arts. 1.757 y 1758 (conf. doctr. causa C. 121.306, "Loscar", sent. del 29-IV-2019) , vigentes a la fecha del hecho.
De modo que ".para el factor de atribución de responsabilidad por el riesgo creado por las cosas, eminentemente objetivo y vacío de todo reparo moral, basta acreditar el daño sufrido y el nexo causal adecuado de tal daño con el riesgo o vicio de la cosa que lo provocó, para que el juicio de reproche se vuelque sobre el dueño o guardián de la cosa. Cabrá a éste, si quiere sacudirse de sus espaldas tal reproche, acreditar acabadamente un obrar de la víctima o de un tercero que posean virtualidad interruptiva -total o parcial- de aquel nexo causal" (Cám. Civil La Plata, SalaI cs. 284324/25).
Es del caso recordar que conforme lo normado por el art. 1722 del CC. y C. , en lo que se refiere a los factores de atribución, detalla que es objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad, liberándose el responsable demostrando la causa ajena, excepto disposición legal en contrario; y que resulta un elemento indispensable de la responsabilidad civil, la relación causal, prevista por el art. 1726 del código citado .
Así también, no debe olvidarse que se trata del factor de atribución con base en el riesgo creado : aquel que se sirve en calidad de dueño o guardián de una cosa que es riesgosa (por su naturaleza o modo de empleo) debe responder por los daños que ocasione, salvo que demuestre la culpa de la víctima, la de un tercero por quien no debe responder o el caso fortuito. El fundamento por el cual el agente responde en forma objetiva (esto es, con total independencia de la prudencia o negligencia de su conducta) es que ha sido él quien ha introducido un riesgo en la comunidad del cual se deriva el deber jurídico de resarcir los daños que ocasione a terceros (v. Pizarro, Daniel R. - Vallespinos, Carlos G., Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones. Buenos Aires: Hammurabi, 2008, t. IV, pág. 567) .
Ello determina que quien acciona en función de los arts. 1757 y 1758 del C. C. y Comercial, debe probar: a) el daño, b) la relación causal, c) el riesgo de la cosa y d) el carácter de dueño o guardián de los demandados (SCBA, Ac. 85.552, sent. del 22-VIII-2007; C. 97.097, sent. del 7-V-2008, e.o.) . Es decir que, comprobada la participación de la cosa riesgosa o viciosa no cabe exigir al damnificado la acreditación de otros extremos, ni la demostración de la forma concreta en que se produjo el infortunio pues al tratarse de un daño causado por "el riesgo" de la cosa, basta con que demuestre el daño y el contacto con ella, quedando a cargo de la accionada -como su dueña o guardián- justificar el obrar culposo de la víctima o de un tercero ajeno.
En esta faena, es necesario apreciar el protagonismo que cupo a cada uno de los partícipes, ya que sólo mediante un análisis global de lo ocurrido se posibilitará comprobar si ha acontecido la eximente invocada por el sector pasivo para interrumpir el nexo causal, y la atribución parcial de responsabilidad a cada uno de los partícipes.
Ambas partes, se refieren al hecho, invocando casi las mismas circunstancias y, fundamentalmente, la atribución de responsabilidad al otro, uno por circular por una avenida y al doblar a su izquierda sin las previsiones legales y sin el aviso por luz intermitente que anticipara la maniobra y el otro manifestando una velocidad excesiva por parte del actor .
En este contexto sigue en el debate entonces si la culpa de la víctima tuvo idoneidad necesaria para quebrar, aunque en forma parcial, el nexo adecuado de causalidad, atribuyéndosele responsabilidad en el infortunio.
En el Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN) , la culpa concurrente se presenta cuando el daño en un accidente de tránsito es el resultado de la incidencia causal tanto del riesgo del vehículo (factor objetivo) como de la conducta de la propia víctima o de un tercero (factores que interrumpen el nexo causal).
Bajo el régimen de responsabilidad objetiva (Art. 1757 y 1758), el dueño o guardián de un vehículo solo se libera total o parcialmente si demuestra la "causa ajena". La culpa concurrente ocurre específicamente en los siguientes supuestos: por el hecho del damnificado -art. 1729-, es decir cuando la víctima contribuye con su propia conducta a la producción del daño. Si esta conducta no tiene la entidad suficiente para romper totalmente el nexo causal, la responsabilidad se distribuye proporcionalmente entre el riesgo de la cosa y la falta de la víctima; por el hecho de un tercero -art. 1731-, cuando un tercero, por quien el dueño/guardián no debe responder, interviene en el siniestro. Si su acción solo explica una parte del accidente, la responsabilidad será compartida y por último en la colisión de dos o más vehículos, en estos casos, ambos conductores se presumen responsables objetivamente por el riesgo de sus unidades. La culpa concurrente surge al analizar las infracciones de tránsito de cada uno (exceso de velocidad, prioridad de paso, etc.) para determinar en qué porcentaje cada conducta contribuyó al choque.
Para los juristas argentinos Ricardo Lorenzetti y Ramón Daniel Pizarro , la culpa de la víctima (o "hecho del damnificado") actúa como una exoneración parcial de responsabilidad cuando su conducta no es la causa exclusiva del daño, sino que concurre causalmente con el accionar del demandado para producir el resultado.
Según la doctrina de estos autores, esta configuración se basa en ruptura parcial del nexo causal , es decir la culpa de la víctima no elimina totalmente la responsabilidad del autor, sino que interrumpe parcialmente la relación de causalidad. El daño es el resultado de la suma de dos conductas: la del responsable y la de la propia víctima. La concurrencia de causas, se presenta cuando existe una "concurrencia de factores". La distribución de la responsabilidad : En estos casos, Lorenzetti y Pizarro sostienen que el juez debe determinar en qué medida cada conducta participó en la producción del daño para fijar el porcentaje de indemnización que corresponde reducir. Ahora bien, la exoneración parcial se aplica cuando la conducta de la víctima, aunque negligente o imprudente, no tiene la entidad suficiente para ser considerada la "causa única" o "exclusiva" del evento.
Acreditado que hubo colisión entre los dos vehículos -moto/auto- y que a raíz de ella la parte actora refiere que sufrió los daños que se reclama. Rige, como antes adelanté, la cuestión por las reglas de la responsabilidad objetiva, no otra cosa debe probar la actora para que el demandado quede obligado a repararlos (art. 1757 Cód. Civ. Com.) , quedando como prueba a cargo de la nombrada únicamente acreditar la índole y extensión del daño sufrido, mientras que el demandado, si quiere excusarse de la responsabilidad que de tal modo le viene impuesta, deberá acreditar que la causalidad adecuada en la ocurrencia del hecho dañoso, la puso total o parcialmente la víctima o un tercero por quien no debe responder, con lo cual, la carga de probar la mecánica del accidente, único modo de poder acreditar dichos extremos excusatorios, queda a exclusivo cargo de la demandada que los alega como presupuestos fácticos de su defensa (art. 375 Cód. Proc. ). En el caso la normativa invierte la carga de prueba, que pesa sobre el demandado.
Veamos entonces cuáles son los elementos de juicio objetivos con los que se cuenta, a los fines de dilucidar el debate bajo análisis.
La actual Ley de Tránsito y su modificatorias (24.449) en su art. 36 dispone que "en la vía pública se debe circular respetando las indicaciones de la autoridad de comprobación o aplicación, las señales de tránsito y normas legales, en ese orden de prioridad", mientras que el art. 39 da cuenta que los conductores deben "en la vía pública circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito".
La regulación del giro a la izquierda en avenidas en la Provincia de Buenos Aires se rige por la misma https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/818/texact.htm " style="color:#0000FF;font-weight:bold;text-decoration:underline ;">Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 (a la cual la provincia adhiere mediante ley 13.927).
La prohibición y sus excepciones están reguladas en el artículo 44, inciso f) (sección de Vías Semaforizadas): " En vías reguladas por semáforos: [...] f) En las vías de doble mano está prohibido el giro a la izquierda , salvo señal que lo permita."
En encrucijadas sin semáforo , si bien la ley nacional no contiene una prohibición taxativa explícita para avenidas generales (lo que genera debates reglamentarios), la normativa de tránsito prohíbe obstruir el paso del sentido contrario. Además, la gran mayoría de los municipios bonaerenses dictan ordenanzas locales que extienden formalmente la prohibición a toda la extensión de sus avenidas de doble mano, con o sin semáforo.
En el ámbito del derecho de daños, el giro a la izquierda se define bajo tres principios fundamentales: es una maniobra de alto riesgo, ya que quien la ejecuta introduce un riesgo extraordinario en la circulación. A su vez crea un obstáculo, ya que el vehículo que gira interrumpe y obstruye la fluidez y la línea de marcha de quienes circulan por el contracarril o vienen detrás. Debido al peligro que conlleva, recae sobre el conductor que realiza el giro la obligación de extremar al máximo los cuidados, cerciorarse de tener espacio suficiente y ceder absolutamente el paso a los vehículos que circulan en sentido contrario.
La totalidad de la jurisprudencia nacional coincide en señalar que la maniobra de girar o virar a la izquierda en una avenida tiene al menos tres caracteres definitorios: 1) es una maniobra riesgosa o muy riesgosa; 2) implica transformar al vehículo que realiza tal movimiento en un obstáculo -al menos momentáneo- para aquellos vehículos que circulan en la mano contraria a la que venía transitando quien dobla; y 3) por todo ello, quien efectúa ese viraje debe extremar al máximo las reglas de cuidado y debe -si advierte tránsito en la mano contraria- detener su marcha (.) Invariablemente la ... jurisprudencia ... imputa causalmente el evento a quien realiza la maniobra de giro y en algún caso -generalmente a partir de la excesiva velocidad del otro vehículo- distribuye la incidencia causal (SCBA en Ac. 103.053 del 15/04/2009).
Ahora bien, dicha responsabilidad puede ser compartida -concurrencia de la misma- únicamente si el demandado logra probar fehacientemente que la moto: circulaba a un exceso de velocidad determinante, intentó un sobrepaso indebido por la izquierda en una encrucijada (acción prohibida por el art. 42 de la ley referida), no conservó la distancia prudencial con el vehículo del demandado.
S i bien es cierto que estas reglas fijan rígidos criterios hermenéuticos, tales pautas deben conjugarse con todas las pruebas del juicio (arts. 384, 456 y 474 del Código Procesal Civil; conf. Ac. 70.193, sent. del 03/05/2000; Ac. 94577, sent. del 09/05/2007) .
Pues bien, aquí -como se dijo- ha quedado acreditado -más bien reconocido- que la demandada ha efectuado una maniobra peligrosa (arts. 384 CPCC; ley 24449) , lo que debe de todas formas conjugarse con el deber de circular con precaución, máxime al llegar a la encrucijada, y al realizar dicho giro, el actor quien debió contar con la distancia de precaución que evitara el impacto como se hizo al llegar a la intersección con la calle Francia -arts. 39, 41, 50, 51, 64 y conc. Ley de tránsito-
Bajo tales premisas -aunque bajo los parámetros antes dichos-, analizo el plexo probatorio.
Por el principio de adquisición procesal , una vez producida la prueba es asumida para el proceso y sirve a la convicción o certeza del magistrado con prescindencia de los sujetos que la ofrecieron o produjeron. En este sentido, las partes no pueden pretender que el juzgador al citar su fallo prescinda de alguna de ellas si consintieron su producción en el juicio (conf. causa Ac. 79216/03 SCBA), ante la falta de oposición oportuna la garantía de defensa en juicio se encuentra respetada (doc. Causa cit.; conf. D. Echandía "Teoria gral. de la prueba").
Ambas partes están contestes en que existieron actuaciones instructorias llevadas a cabo en sede penal, IPP 10.01.001076.22 , que si bien fueron archivadas, se puede extraer de sus actuaciones que, personal policial se apersonó en el lugar una vez ocurrido el accidente procediendo a la identificación de los vehículos y de las personas involucradas. Asimismo, se registró que el motociclista damnificado presentaba una lesión en la zona nasal, habiendo recibido asistencia médica en el lugar por parte del personal del móvil nro. 58 del S.A.M.E. que acudió al sitio del hecho.
A fs. 14, el actor prestó declaración manteniendo una versión congruente con la expuesta en su escrito postulatorio, aunque nada refirió sobre la previa advertencia o no de la maniobra del demandado .
A fs. 19 y 21 lucen los informes de inspección ocular practicados sobre los vehículos intervinientes, en los que se constató que el Fiat Punto presentaba rotura del parabrisas trasero, abolladuras en el guardabarros trasero izquierdo y daños en el paragolpes trasero ; mientras que la motocicleta exhibía daños en su parte frontal, amortiguadores doblados, luces corta y larga destruidas, guardabarros delantero dañado e instrumental averiado .
Las fotografías agregadas a fs. 9, 10, 18 y 20 ilustran adecuadamente lo descripto, coincidiendo con las imágenes acompañadas junto con la demanda y su contestación.
Respecto del informe pericial elaborado por el ingeniero mecánico Carlos Aníbal Ghioldi . Señaló que ambos vehículos circulaban por avenida Santa Rosa, en Ituzaingó, en igual sentido de marcha hacia la Autopista del Oeste, y que la colisión se produjo cuando el Fiat Punto, al girar a la izquierda para tomar la calle Francia, fue impactado en su lateral trasero izquierdo por la motocicleta que conducía el actor.
De los exámenes de visu indicó que la motocicleta presentaba daños en su parte frontal, mientras que el Fiat registraba rotura del parabrisas trasero y abolladuras en el guardabarros y paragolpes traseros izquierdos.
Sobre esa base concluyó que el impacto se produjo entre el frente de la motocicleta y el lateral trasero izquierdo del automóvil.
Finalmente, en su interpretación técnica , el perito consideró que el vehículo activo fue el Fiat Punto, por haber efectuado un giro a la izquierda sin ajustarse a lo dispuesto por el artículo 43 inciso b de la Ley 24.449, que exige circular desde treinta metros antes por el costado más próximo al giro y extremar las precauciones. En consecuencia, identificó a la motocicleta como vehículo pasivo, afectado por la maniobra indebida del automóvil.
Coincido en el análisis de esta experticia que realizara el juez a quo, sustentado además en el resto del plexo probatorio. Si bien la conducta del conductor del Fiat Punto, que intentó girar hacia su izquierda para tomar la calle Francia, constituyó una maniobra riesgosa que pudo haber afectado la fluidez del tránsito -puntualmente en caso de acercarse a la intersección vehículos en sentido contrario-, ejecutada sin la debida cautela que exigía el contexto y que debía realizarse extremando las precauciones necesarias para no causar daño a terceros -automovilistas, motociclistas o peatones-, no puede soslayarse que el actor, en su calidad de embistente, evidenció también una cuota de imprudencia en la conducción, al no mantener una distancia prudencial ni advertir oportunamente la maniobra del vehículo que lo antecedía, que respecto de la advertencia lumínica nada se ha acreditado en sentido afirmativo o negativo (arts. 375, 384, 472, 474 del C. Proc.).
Por último, analizo por su parte, el aviso de siniestro recibido en sus oficinas por la aseguradora. En dicho documento, el asegurado Lugo manifestó que "...venía por la calle Santa Rosa con el vehículo Fiat Punto; coloqué la luz de giro unos 30 metros antes para poder doblar, fui frenando despacio y, al constatar que no venía nadie de frente, comencé la maniobra de giro. La motocicleta venía detrás mío, no advirtió la luz de giro, continuó acelerando, no llegó a frenar y me chocó por detrás..." .
No obra en estos obrados, elemento de juicio que contradiga este relato, y con él, la dificultad del actor en tener un pleno dominio de su motocicleta para evitar la colisión y que merezca dar curso a los agravios de este parcial -responsabilidad-. Es decir, el accidente se produjo por cuanto ninguno de los partícipes observó adecuadamente las reglas de la prudencia que indican las normas de tránsito: el vehículo del demandado por cuanto yendo en la línea de circulación de la motocicleta del actor, realizó un giro a la izquierda y por otro lado el actor, al llegar a dicha encrucijada a excesiva velocidad y sin la distancia necesaria, que no le permitió controlar su ciclo ante la maniobra del vehículo que le precedía.
Si bien la conducta del conductor del Fiat Punto, que intentó girar hacia su izquierda para tomar la calle Francia, constituyó una maniobra riesgosa que afectó la fluidez del tránsito, ejecutada sin la debida cautela que exigía el contexto y que debía realizarse extremando las precauciones necesarias para no causar daño a terceros -automovilistas, motociclistas o peatones-, no puede soslayarse que el actor, en su calidad de embistente, evidenció también una cuota de imprudencia en la conducción, al no mantener una distancia prudencial ni advertir oportunamente la maniobra del vehículo que lo antecedía.
Por ello, considerando tal actitud violatoria de las normas de tránsito, concluyo que hubo una cuota de responsabilidad por parte del accionante, al circular rápido y no de forma moderada, como había asegurado su mandatario, lo que, sin dudas, le dificultó tener el pleno dominio de su motocicleta para poder evitar la colisión, respetando por ello la concurrencia en atribución de la responsabilidad en un 20% en cabeza del actor y 80% a los demandados.
Sentado lo expuesto, queda enhiesta la responsabilidad de ambos partícipes tal como se ha consignado en el decisorio cuestionado y habilitada la reparación total de las consecuencias dañosas que tengan nexo adecuado de causalidad adecuado con el hecho productor del daño, bajo tales circunstancias (arts. 59, 60, 163, 164, 260, 261, 330, 354 in. 1384 y 474, C.P.C.C.; 1, 2, 3, 7, 1716, 1717, 1721, 1722, 1723, 1725, 1726, 1727, 1729, 1730, 1731, 1734, 1736, 1737, 1739, 1746, 1749, 1757, 1758 y 1769, C.C.C.N.; 1, 36, 43, 45, 64 y 77, ley 24.449, aplicable conf. ley 13.927).
II. RUBROS BAJO ANÁLISIS, tal como fueron desarrollados por el aquo :
I ncapacidad sobreviniente: daño físico y psicológico; tratamiento tanto de uno y otro.
Las quejas del actor señalan que, la indemnización determinada por el Sr. Juez resultan ser insuficientes para cubrir el daño sufrido.
Por su parte, la citada en garantía tilda a los montos otorgados como "excesivo, arbitrario al apartarse de las constancias de las pruebas obrantes en el proceso, más teniendo en cuenta el porcentaje.
Para llegar a mi propuesta por este parcial, señalo que al fijar la cuantía dineraria que, como en el sub exámine, produce una lesión incapacitante parcial y permanente como la sufrida por el reclamante, queda librada a la prudencia y razonabilidad de los jueces, puesto que no debe perderse de horizonte que la indemnización que correspondiere se caracteriza por un signo de relatividad; precisamente ante ello no puede basarse en rígidos cálculos matemáticos , aritméticos, actuariales o financieros, puesto que su aplicación al caso no pasa del límite de lo puramente hipotético o conjetural. Por otra parte, la vida no es una ecuación matemática, y las tabulaciones brindadas por esas ciencias y los principios financieros económicos no conducen a una acertada solución al prescindirse del arbitrio del juzgador ( CC0201 LP 134137 204 S 11/07/2023 Juez SOSA AUBONE).
De la interpretación armónica de los arts. 1740 y 1746 CCyC y de los principios generales en la materia, se desprende que no basta con la aplicación de una "cuenta" que determine un capital en base a la actividad productiva o económicamente valorable del damnificado, sino que el resarcimiento en materia civil debe tener un marco de valoración más vasto y amplio. No tiene como objeto -tal como las reparaciones en el ámbito del derecho del trabajo- sólo las limitaciones del orden laborativo, relacionadas con la edad y grado de incapacidad, sino que debe incluir necesariamente las implicancias de la persona tanto desde su faz individual como desde su inserción social, su vida en relación, sus relaciones amorosas, familiares, deportivas, lúdicas, etc. Las que deben ser analizadas detalladamente en cada caso individual. En este sentido, un aspecto importante de la nueva norma es la referencia a una pauta o criterio matemático de ponderación para determinar una suma global definitiva a título de capital que, invertido adecuadamente, produzca renta o ganancia que le permita al damnificado continuar percibiendo durante su vida útil un monto equivalente al que cobraba antes del hecho nocivo. Si bien la redacción de la norma podría dar margen a otra interpretación, concluyo que mantienen vigor los criterios interpretativos que confieren al razonable arbitrio judicial la función por excelencia de cuantificar los daños. Tanto los parámetros matemáticos como los porcentajes de incapacidad resultantes de prueba pericial han de ser valiosos aportes, pero no obligan matemáticamente al juez, porque la cuantía por incapacidad sobreviniente no debe ceñirse a cálculos rígidos, cerrados y herméticos, sino que debe fijarse sujeta al prudente arbitrio judicial ponderando la multiplicidad factores particulares de cada caso (enunciadas por el art. 1746 CCyC).
Parto de la base que l a integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. Arts. 33, 75 inc. 22 y concs. Constitución Nac.. art. 89 del Cód. Penal, arts. 1746 y ss. del CCCN.).
El individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud, y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento -doloso o culposo- debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público.
Lo que se indemniza en este ítem es el daño económico ocasionado como consecuencia de las secuelas que dejó la lesión traumática una vez completado el plazo de recuperación o restablecimiento, que se traduce en una merma de la capacidad de la víctima en el sentido amplio, no sólo en su aptitud laboral, sino también en la relacionada con la actividad social, cultural, deportiva.
La finalidad del resarcimiento por incapacidad sobreviniente es cubrir la proyección económica de la limitación corporal en todas las esferas de la personalidad de la víctima, no solo en la faz laboral (CNac.Civ Sala M, causas libres n° 503.511 del 06¬09-2010 y n° 546.289 del 09-12-2010; Llambías, J. J., "Tratado de Derecho Civil -Obligaciones", t. IV-A, p. 120, n.E2373; Kemelmajer de Carlucci, en Belluscio - Zannoni, "Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado", t. 5, p. 219, n. E 13; Cazeaux-Trigo Represas, "Derecho de las obligaciones", t. III, p. 122; Borda, G. A., "Tratado de Derecho Civil Argentino -Obligaciones", t. I, p. 150, n. E 149; Mosset Iturraspe, J., "Responsabilidad por daños", t. II-B, p. 191, n.E 232; Alterini-Ameal-López Cabana, "Curso de Obligaciones", t. I, p. 292, n° 652) .
Bajo el término "incapacidad" debo considerar los efectos de una reparación plena o integral -receptada por el art. 1740 del Cód. Civil y Com.- con sustento en los artículos de raigambre constitucional -arts. 17 y 19- . Identifico la ofensa a la integridad corporal del damnificado -física-, el detrimento que ello acarrea en su aptitud laboral o productiva, como a su vez en la faz de su vida en relación, al dificultar su interrelación familiar, social, cultural, hogareño, de esparcimiento, o inconvenientes con las cosas, a su vez debe merituarse el daño psíquico o psicológico, ya que en virtud del principio antes dicho y la numeración ejemplificativa del art. 1738 del mismo cuerpo legal, se descarta la aplicación de un criterio restrictivo.
Ha de recordarse que quien acciona por daños en función a un factor de atribución objetiva de conformidad con lo dispuesto por los arts. 1757, 1758 y 1769 del Código Civil y Comercial (en adelante denominado CCyC) -en similares términos que los establecidos por el Código Civil derogado (art. 1113)- debe probar 1) el daño; 2) la relación causal; 3) el riesgo de la cosa; 4) el carácter de dueño o guardián de los demandados y 5) el hecho antijurídico (conf. SCBA; Ac. 86.378 sent. del 9/02/2005; Ac. 93337 sent. del 9/07/2006, C. 85.552 sent. del 22/08/2007); respondiendo en principio el dueño o guardián de la cosa riesgosa productora del daño de manera objetiva. Se ha reiterado también que como derivación de lo establecido en el art. 375 del CPCC, es a cargo de quien reclama el perjuicio la acreditación de la relación de causalidad (conf. SCBA; AC. 88506, Sent del 6/08/2005; Ac. 93.684 Sent. del 9/08/2006; C. 97.097, Sent. del 7/05/2008).
En función de las reglas de la sana crítica, analizaré las conclusiones periciales a tenor del resto de las pruebas producidas (arts. 1744 CCC, 375, 384, 474 CPCC) .
Conforme surge del acta de procedimiento que dio inicio a las actuaciones penales, el actor fue asistido en el lugar de los hechos por personal médico del móvil nro. 58 del SAME , con diagnóstico presuntivo de "epistaxis controlada" (v. oficio de fecha 10/5/2023).
Del oficio recibido del Sanatorio Estrada de Merlo , surgen las constancias de antecedentes vinculados al siniestro 2069110, en el que intervino a raíz del accidente in itinere a través de Experta ART.
De dicha documentación se desprende que el paciente, de 37 años de edad y que se desempeñaba como auxiliar mecánico, sufrió un accidente de tránsito (9/2/22) mientras se dirigía a su lugar de trabajo a bordo de una motocicleta de 135 cc, colisionando con un automóvil y cayendo al asfalto. Refirió haber perdido brevemente la conciencia, presentando posteriormente cefalea intensa, dolor facial y dolores en la rodilla, tobillo y muñeca derechos.
Al examen físico se constató que se hallaba lúcido y orientado (Glasgow 15/15), evidenciando edema y eritema doloroso en el dorso nasal y la mandíbula izquierda, contractura paravertebral lumbar derecha con dolor a la palpación y limitación en la flexión, así como excoriaciones superficiales en rodilla, muñeca y tobillo derechos, con dolor rotuliano y maleolar a la palpación .
Se diagnosticó politraumatismo y se indicaron estudios complementarios -TAC de cráneo, macizo facial, encéfalo, columna lumbar, rodilla y tobillo derechos, y resonancias magnéticas de columna lumbar, rodilla y muñeca derechas-, prescribiéndose reposo, crioterapia, antiinflamatorios no esteroides y cinco sesiones de fisiokinesioterapia en las zonas afectadas, disponiéndose control evolutivo a las 48 horas. El paciente continuó recibiendo asistencia médica hasta el día 8 de marzo de 2022.
Luce del 27/03/2024 por el médico legista y traumatólogo Emiliano Javier Cozzi. El profesional, luego de examinar clínicamente al actor, revisar la documentación obrante en autos y analizar los estudios complementarios disponibles, determinó -aplicando baremo elaborado por Altube-Rinaldi para el fuero civil- que el peritado presentaba una incapacidad física parcial y permanente del 22.17% para la total vida, atribuible 6% por Esguince lateral de tobillo derecho con bostezo positivo; 10% por Síndrome meniscal de rodilla derecha no operado con signos objetivos y 8% por Lumbalgia con contractura muscular dolorosa, pérdida de la lordosis en las radiografías y reducción del rango de movilidad de la columna.
Posteriormente, al ampliar su dictamen, el perito determinó además una incapacidad del 8% por cervicalgia con contractura muscular y rigidez, acompañada de cambios degenerativos discales. No obstante ello, aclaró que solo podría atribuirse al siniestro denunciado, a modo concausal, un 4%, por cuanto -según se desprende de la anamnesis, la prueba informativa médica producida y los estudios complementarios analizados- existían alteraciones de probable origen traumático, más allá de la patología degenerativa sin relación causal. Por tal razón, el experto modificó el porcentaje de incapacidad total, elevándolo del 22,17% al 25,28% de la total vida.
El perito médico precisó que al tratarse de secuelas consolidadas por el tiempo transcurrido se podría indicar tratamiento kinésico con fines paliativos / antiálgicos, iniciando el mismo por 10 sesiones por región y luego "a demanda" según la clínica (dolor).
Por su parte el 24/03/2024, presenta dictamen la Lic. Sonia Cecilia Flamini quien concluyó que el actor presentaba un Daño Psíquico compatible con los criterios que definen el Trastorno de adaptación con estado de ánimo deprimido, perteneciente al apartado de los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés de la clasificación internacional DSM-V, compatible con un Desarrollo reactivo moderado (2.6.5), estimando un 20% de incapacidad psíquica parcial y permanente , atribuible en exclusividad al accidente que motiva la presente litis.
La perito psicóloga, recomendó que, con el objeto de evitar el agravamiento del cuadro clínico del actor, deberá realizar un tratamiento psicoterapéutico . La duración estimada sería de 2 años, con una frecuencia de una sesión semanal.
En consecuencia, con lo expuesto encuentro probadas las lesiones, coincidiendo en las mermas realizadas el por a quo, por la ocurrencia del siniestro anterior -agosto/21, que da cuenta la causa MO 32089/22-, y a la falta de referencia en la atención realizada coetáneamente al hecho desafortunado en que se vio afectado, razón por la cual corresponde computar dichos parámetros (arts. 384 y 474 del CPCC) .
Dicho esto, y en lo que a la cuantificación refiere, tengo dicho desde antaño que "probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras) , siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137) .
Sobre este piso de marcha, y en cuanto a la justipreciación económica del menoscabo -valiéndonos de la sana crítica y las máximas de la experiencia- con las demás circunstancias del caso (sexo, edad, expectativa de vida, condición económica, posibilidades futuras, concreta repercusión del menoscabo permanente en los actos de su vida diaria, incidencia del daño en las diversas actividades de la víctima) y así llegar a una suma que, en la mayor medida posible, se adecue a las circunstancias del caso (art. 165 CPCC) y respete el principio de integridad (art. 1083 del C. Civil) .
Sentado ello, debe tenerse en cuenta la edad del actor al momento del hecho -37 años-, el grado de incapacidad física parcial y permanente que a raíz de las secuelas ocasionadas por el siniestro pueda repercutir en su vida cotidiana, ocasionando limitaciones y detrimentos.
Todo lo que me lleva a obrar con escasos medios para justipreciar.
Procede entonces, el resarcimiento, pues se ha probado una merma de la capacidad física que el perito médico consideró de verosímil relación causal con el evento traumático que motivó este juicio, con las salvedades antes concluídas, por accidente acreditado que sufriera el actor (doct. arts. 1716, 1737, 1746 y ccs. CCyCN; arts. 163 inc. 5°, 375, 384, 462, 474 del CPCC).
En esas circunstancias y dada la mecánica del siniestro, es posible establecer que la incapacidad reseñada, es parcialmente atribuible al hecho imputado a la parte accionada. Ello razonablemente repercute en forma negativa en el plano económico, pues afecta el desenvolvimiento pleno de la actora.
Por lo expuesto, entiendo y así propongo, por no encontrar mérito para apartarme, se confirme esta parcela del reclamo (incapacidad sobreviniente, daño físico y su tratamiento) (arts. y ccs. del Cód. Civ. y Com., 375, 373, 384, 474, 165 y ccs. del CPCC.
GASTOS MÉDICOS DE FARMACIA Y TRASLADOS :
Abordando la queja es del caso recordar que corresponde resarcir a la víctima de un accidente por los gastos en que ha debido incurrir para el tratamiento de las lesiones, aunque no haya aportado prueba concreta de cada uno de ellos, sobre la base de una presunción legal al respecto (art. 1746 del CCyCN). Basta que traiga al proceso referencias o indicios que hagan formar convicción acerca de la razonabilidad del reclamo (arts. 165, 384 del CPCC.).
No obstante, evalúo el rubro con suma prudencia, destacando en primer lugar que se ha probado atención médica en diversos nosocomios e institutos médicos a días del evento a los cuales ha debido trasladarse por sus propios medios el tiempo de convalecencia y los obvio traslados y gastos en medicación que ello erogó, aunque a su vez con intervención de su ART.
Teniendo en cuenta la realidad del caso y los costos vigentes a la fecha, encuentro que el reclamo ha de prosperar, proponiendo su confirmación (arts. 163 inc. 5º, 375, 384, 401, 474 del C.P.C.C.; arts. 1738, 1742, 1744, 1746 y ccs. del CCyCN).
DAÑO MORAL (DAÑO NO PATRIMONIAL) :
Este tópico deviene también apelado, conforme los argumentos referidos en cuanto a la cuantía del parcial.
"El daño moral -hoy extrapatrimonial- resulta ser una lesión a los sentimientos, en el padecimiento y las angustias sufridas, molestias, amarguras, repercusión espiritual, producidos en los valores más íntimos de un ser humano; que, probado el daño, el monto de la indemnización ha sido diferida por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias del proceso- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. entre otros: S.C.B.A., Ac. y Sent., 1992, t. I., pág. 99; 1974, t. I., pág. 315; 1975, pág. 187;) .
Cabe, además, tener en cuenta las nuevas previsiones del CCyCN , que enfocan la cuestión -ahora- desde el ángulo del daño extrapatrimonial, indicando la metodología a seguir para la fijación de su monto (art. 1741 CCyCN) .
Valoro, en este caso, el shock que provoca el hecho en sí y los trastornos posteriores.
Con ese plafón, propongo sostener la cuantía fijada (arts.1738 y 1741 del CCCN; arts. 375, 165 del CPCC) .
RUBROS DAÑOS MATERIALES EN LA MOTOCICLETA y PRIVACIÓN DE USO :
Liminarmente el actor refiere que a raíz del impacto el vehículo propiedad -motocicleta- , sufrió daños materiales, los cuales surgen del presupuesto acompañado, así como de las fotografías que como documental se adjuntan. La reparación, repuestos y mano de obra fueron parte del reclamo.
Del examen de visu practicado a fs. 21 en sede penal dio cuenta de daños en la parte frontal de la motocicleta, constatándose amortiguadores doblados, luces corta y larga destruidas, guardabarros delantero dañado e instrumental averiado.
La pericia mecánica emitida en autos, e stimó el costo total de reparación de la motocicleta en $712.000, compuesto por repuestos (óptica, tubos barrales, guardabarros delantero y tablero, por $612.000) y mano de obra (desarme, armado y pintura, por $100.000), conforme a valores de mercado vigentes al 31 de enero del año 2024.
Luego del cotejo de las probanzas en autos que allí refiere y después de realizar un análisis detallado del presupuesto presentado en autos pued o decir que consider o que los daños que obran en el mismo se corresponde n con los sufridos en el rodado del actor, presupuesto en el cual se visualiza el gasto al que asciende su reparación .
Teniendo en cuenta fecha del presupuesto, la indemnización por este rubro a valores actuales, tengo en cuenta el proceso inflacionario y la realidad económica actual, la desvalorización del rodado sufrida por los daños producidos, siendo que alguna s de las piezas deben ser repuestas y por ende el cambio revaloriza el vehículo, encuentro prudente reconocer este parcial tal como el a quo, proponiendo confirmarlo (art. 165 del CPCC).
Al momento de interponer la demanda se alude a su vez a la falta de movilidad por la indisponibilidad del rodado como consecuencia del accidente.
Existen situaciones donde los daños que porta el rodado a consecuencia del evento dañoso conllevan un tiempo de reparación en el que inevitablemente estará indisponible para su uso cotidiano. De modo tal que la sola privación del uso de la moto durante el lapso temporal necesario para llevar adelante los trabajos pertinentes sobre la unidad genera un perjuicio resarcible sin necesidad de demostrar un daño concreto (art. 1740, 1741, 1941 del CCCN).
Como bien nos enseña Moisset de Espanés, el uso es una de las facultades que integran el derecho de dominio (aut. cit. en "Automotores. Privación del uso", publicado en https://www.acaderc.org.ar/).
Sin perjuicio de no desconocer la postura contraria que desde antaño tiene el Superior Tribunal Provincial en cuanto a que el tópico bajo análisis al considerar que no es un daño in re ipsa sino que debe acreditarse el perjuicio ocasionado por la privación (SCBA LP Ac 54878 S 25/11/1997 Juez SAN MARTIN -MA-), no puedo soslayar que la CSJN transita por la otra vereda, reconociendo la partida indemnizatoria reclamada por el mero hecho de no poder tener la disponibilidad del rodado (CSJN autos "Tatedetuti Sociedad Anónima, Importadora y Exportadora de Productos Frutícolas c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios", sentencia de fecha 15/07/1997, entre muchas otras).-
Al respecto, y sin pasar por alto la doctrina legal de nuestro Superior Tribunal en derredor de tal temática, visualizo que debe hacerse un paréntesis cuando existen pronunciamientos de la CSJN que abordan la materia.
Al respecto, Camps tiene dicho que "las pautas allí sentadas no obligan directamente a los jueces provinciales. Sin embargo, dada la importancia del cuerpo, no puede negarse la trascendencia de los decisorios del Máximo Tribunal Nacional, teniendo en cuenta que el mismo tiene competencia -como ya se dijo, cumplidos los recaudos de admisibilidad pertinentes- para revisar los fallos que emiten los superiores tribunales de las provincias a través del recurso previsto en el art. 14 ley 48 (ALJA 1853-958-1-14), la "doctrina legal" de la Corte Federal adquiere una importancia particular". (aut. cit. "Jurisprudencia obligatoria y doctrina legal en la Corte bonaerense", publicado en: SJASJA 30/6/2004; JAJA 2004-II-1164).- (subrayado agregado).-
Y agrega: "De tal modo, los jueces de la Suprema Corte de Justicia bonaerense han venido sentando como regla que "...la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no constituye la doctrina legal a que alude el art. 278 CPCC., máxime cuando se trata de la interpretación de normas no federales".
Sin embargo, en los últimos años se ha observado una flexibilización de tales pautas. (aut y ob. Cit).
Jurisprudencia del fuero nacional más novedosa y alineada con la postura de la CSJN -que acompaño- ha señalado que la privación de uso de un vehículo es un daño cuya existencia no requiere de prueba, resultando el lapso de indisponibilidad del rodado, los gastos ocasionados y la profesión del reclamante -si usara el vehículo para ella- elementos hábiles a considerar al fijar la indemnización. (CNCIV Sala H en autos "Borthwick Ricardo Alfredo y otro c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ daños y perjuicios", sentencia del 27/09/2017).
Para analizar la procedencia del ítem no debe contemplarse sólo el impedimento de utilizarlo para sus actividades laborales -si así lo hacía-, sino que deben meritarse otros aspectos de la vida cotidiana (esparcimiento, actividades deportivas, movilidad familiar, etc.) para los cuales la parte damnificada -y potencialmente su entorno familiar- debe suplir tal ausencia material, acudiendo inexorablemente a erogaciones de su peculio para cubrir gastos de traslado y movilidad a través de medios alternativos de transporte.
En esta senda no reviste condición sine qua non aportar prueba sobre la extensión cuantitativa del perjuicio que le ocasiona la privación. De ahí que para fijar su caudal deba acudirse a las reglas de la sana crítica y estimar los variables promedio de los transportes públicos, sin soslayar los de actividad privada -remís, taxi, servicios de aplicación como Uber, etc.-
En el caso concreto de autos, es claro que la parte actora se ha visto privada del uso y libre disposición de su vehículo durante el tiempo necesario para su reparación, siendo que utilizaba dicho medio para ir a su trabajo, se ha hecho alusión a 3 días que el rodado debía estar inmovilizado en el taller para su reparación, de la lectura del presupuesto se lee varias reparaciones que ocasionan la paralización de su uso. Estimo propicio proponer la confirmación.
Forma parte de las quejas el parcial previsto por INTERESES:
El a quo -siguiendo la doctrina del Superior Tribunal en el precedente "Paredes" fijando el 6% anual desde la ocurrencia del hecho de Litis (8/12/21) hasta la fecha de su pronunciamiento. Desde allí y hasta su efectivo pago, resultará aplicable la tasa es decir la Tasa Pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días.
La parte demandada reclama que los intereses sean calculados exclusivamente sobre el capital desde la fecha del hecho hasta la valuación por esta Alzada y a partir de allí, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días hasta el efectivo pago.
Basta decir que lo resuelto, como bien se señala, recientemente la SCBA se ha expedido en la causa C. 123.090, "Paredes, Roberto Gabriel Horacio contra Transporte La Perlita S.A. y otros. Daños y perjuicios" (fallo del 18 de Septiembre de 2020) considerando aplicable la doctrina sentada en materia de cálculo de intereses en casos de evaluaciones de deudas realizadas a valor real en las causas C. 120.536, "Vera", sent. de 18-IV-2018 y C. 121.134, "Nidera", sent. de 3-V-2018 a un supuesto análogo al presente.
Consecuentemente, y habiéndose expedido en tal sentido el Alto Tribunal local, entiendo que la postura que se ha adoptado a partir del Acuerdo 839 de esta Alzada, debe mantenerse.
Las indemnizaciones aquí fijadas, si bien consienten los valores asignados por la a quo, se consideran a valores actuales. Ello implica que de plena conformidad con la doctrina legal de la Suprema Corte emergente de los precedentes antes dichos sobre la condena fijada a valores actuales se devengarán intereses entre la fecha del hecho y la justipreciación del daño, a una tasa del 6% anual.
Y desde el dictado de esta sentencia, corresponde la aplicación de la tasa tasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a 30 días, tal como lo fallara el juez de primera instancia y sobre lo cual no encuentro justificación para apartarme.
Por último, ataca la citada en garantía el LÍMITE DE COBERTURA:
El juez ha hecho extensiva la condena a la citada en garantía "con ajuste -en su caso- a la limitación de cobertura convenida y conforme a las normas vigentes al momento de su efectivo pago".
Acertadamente ha dicho el juez de grado que la condena a la aseguradora es tal en la medida del seguro contratado.
Es decir, la sentencia hace " cosa juzgada respecto del asegurador y será ejecutable en la medida del seguro ".
La doctrina legal de la SCBA (Causas C 119.088 "Martínez, Emir contra Boito, Alfredo Alberto" ya citada y C 122.588 "González, Maximiliano Ramiro c/ Acosta, Emir Dorval") despeja toda duda acerca del alcance de la condena que se efectúa en los términos del art. 118 de la Ley 17.418.
La doctrina legal que fluye de tales precedentes es que el monto de la cobertura no permanece estático, sino que cuando la condena a afrontar ha sido hecha con precisiones indemnizatorias actuales, la compañía aseguradora deberá responder en base a la cobertura que se encuentre vigente según el tipo de seguro que se trate.
Por aplicación de tal doctrina emergente de "Martínez c/Boito" y de "González c/Acosta" (Exptes. SII-33.972 "Cabrera, Marcos D. c/Remolgao, Jorge A.", sent. del 20/4/2023 y SII-32.000 "Maidana, María L. c/Sucesores de López", sent. del 24/5/2023 entre muchos otros) y es la forma en que propongo se decida esta cuestión, dejándose establecido que la "medida del seguro" en virtud de la cual será ejecutable la presente sentencia en los términos del art. 118 de la ley 17.418 será aquel que corresponda al de la cobertura contratada que esté vigente en el momento en que la sentencia deba ser cumplida, pues el límite de cobertura establecido en un contrato de seguro debe ajustarse a la normativa vigente al momento del pago de la condena.
Ello de ningún modo implica la inoponibilidad de las cláusulas que establecen una delimitación cuantitativa del seguro, sino que lo que se considera es que el valor de ese límite no es el histórico sino su real valor actualizado (Cfr. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II, Expte.175.368, sent. del 23/11/22) .
Deber de esta Alzada :
Que la Cámara de apelación está obligada a pronunciarse sobre los agravios oportunamente deducidos, en tanto ello configura expresión del derecho de defensa; sin embargo, tal deber no exige el examen pormenorizado de cada alegación subsidiaria ni la contestación literal de todos y cada uno de los argumentos vertidos en la expresión de agravios, sino la motivación suficiente respecto de los planteos que resulten decisivos para la resolución del conflicto.
Que la jurisprudencia de la Suprema Corte ha sostenido en forma reiterada que la omisión en el tratamiento de cuestiones que carecen de incidencia en el resultado o que son meramente accesorias no configura, por sí sola, incongruencia ni vicio de nulidad, siempre que la decisión revele un análisis razonado de los aspectos esenciales sometidos a su conocimiento.
Que, por el contrario, la falta de pronunciamiento sobre agravios que resulten aptos para alterar la solución adoptada o que versen sobre cuestiones centrales del pleito sí puede constituir vicio susceptible de impugnación, extremo que impone al tribunal de alzada la obligación de ponderar y motivar expresamente por qué determinadas cuestiones fueron tenidas por irrelevantes, innecesarias o subsumidas en el razonamiento decisorio.
Que, en aplicación de tales principios -sin perder de vista el deber de congruencia y la tutela del derecho de defensa- he examinado los agravios que reputo determinantes para la suerte del recurso y he motivado la inadmisibilidad o la falta de incidencia de los restantes planteos, en forma coherente con la doctrina y la práctica jurisprudencial provincial (SCBA c.123025/21; c.124096/24, A 76371/25 entre otras) .
No siendo necesario tratar más cuestiones que las conducentes a la adecuada solución del pleito (art. 266 del C.P.C.C.) , y conforme todo lo hasta aquí dicho, de concitar adhesión lo expuesto, me adelanto a dejar propuesta la confirmación del fallo; voto en consecuencia POR LA AFIRMATIVA, lo que así decido.
A LA MISMA CUESTION, EL SR. DR. JORDÁ por iguales consideraciones, adhiere también POR LA AFIRMATIVA .
A LA SEGUNDA CUESTION LA SRA. JUEZ DRA. COLLADOS, dijo: conforme se ha votado en la cuestión anterior, corresponde confirmar la sentencia apelada con costas. ASI LO VOTO.
El señor Juez Doctor Jordá, por los mismos fundamentos, votó en análogo sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
AUTOS y VISTOS: Por ello, en virtud de las conclusiones obtenidas en el Acuerdo que antecede y de los fundamentos expuestos, por unanimidad se CONFIRMA el decisorio apelado del 16/10/25. Con costas al demandado a mérito de su carácter de vencido (arts. 68 y ccs. del C.P.C.C.). Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley arancelaria). Regístrese. Notifíquese conforme Ac. 4013, SCBA.
Firman digitalmente la presente los señores Jueces Dres. Collados y Jordá, por ante el Secretario Dr. Pili, en la fecha y hora según la referencia.
Firmas
Funcionario firmante: COLLADOS Mirta Susana - JUEZ
Funcionario firmante: JORDA Roberto Camilo - JUEZ
Funcionario firmante: PILI Damian Ignacio - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 358-2026
Fin de la sentencia