Abriendo la norma
Cámara Civil de la 1º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación planteado por la accionada a fs. 358 y vta., confirmando la sentencia de fs. 353/355 vta. en lo que ha sido materia de agravios.-
TOMO CXL - INTERLOCUTORIO REGISTRO N° 18.817 FOLIO N° 182/184 PROT. ELECT. A10115I.241
Río Gallegos, 29 de febrero de 2024.-
Estos autos caratulados: "Pinilla Noelia Alejandra y Otros c/LU 85 TV Canal Nueve Río Gallegos s/Laboral", Expte. Nº 19.149/18 (18.563/23), venidos del Juzgado de Primera Instancia Nº Dos en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, Secretaría Nº Dos, con asiento en esta ciudad, al Acuerdo para resolver, y;
I. Vienen los presentes autos a tratamiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 358 y vta. contra la sentencia interlocutoria dictada a fs. 353/355 vta., por el cual se rechaza la excepción de incompetencia interpuesta por la misma al contestar demanda.-
II. El a quo delimita el objeto de la acción pretendida conforme los términos de la demanda de la siguiente manera: "...los actores reclaman se condene a la parte demandada a abonarles las diferencias salariales que surgen de habérseles pagado sus salarios con escalas inferiores a las correspondientes según el convenio Colectivo vigente CCT 131/75, y que se regularice a partir de la sentencia, el pago de haberes conforme las escalas salariales que debían aplicarse. Alegan además los actores que el Canal Provincial de Televisión es un ente autárquico conforme lo dispone la ley provincial Nº 2136, y que por ley provincial N° 1808 del año 1985 se dispuso que el personal del Canal se regla por el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 131/75." por lo que se declara competente para entender en la presente causa (v. fs. 354 vta.).-
III. En su expresión de agravios la demandada intenta conmover la decisión del a quo alegando que planteada la incompetencia "…debería el inferior [haber] declinado su competencia ya que la materia en debate es de naturaleza contencioso administrativa, cuestión que no resulta discutida por ninguna de las partes, debiendo intervenir el Superior Tribunal de Justicia." (v. fs. 358).-
IV. A pesar del déficit argumental del escrito bajo estudio se ha de ingresar al tratamiento del planteo en atención al carácter de orden público que tienen las cuestiones de competencia como la que nos ocupa y atento el diseño constitucional que en nuestra provincia tiene el fuero contencioso administrativo, tal lo dicho por nuestro T.S.J.S.C. en la sentencia inscripta al Tº XIX - Rº 653, Fº 3754/3758 del 29/10/19.-
El art. 3° del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo dispone que: "No se regirán por esta Ley en tanto son materia excluida: …b) los que deban resolverse aplicando sustancialmente normas de derecho privado o del trabajo; c) los conflictos provenientes de convenios laborales;...".-
Asimismo, el art. 40 establece: "La acción contencioso-administrativa podrá tener por objeto para su resolución: a) la anulación total o parcial de la disposición administrativa de alcance general o particular o de la Ordenanza Municipal impugnada, no pudiendo determinar el Tribunal la forma en que han de quedar redactados los mismos en sustitución de los que se anularen ni el contenido discrecional de los actos anulados; b) el restablecimiento o reconocimiento de una situación jurídica individualizada o de un derecho vulnerado, desconocido o incumplido, o de un interés jurídicamente tutelado...", siendo ajeno a dicho ámbito el reclamo patrimonial.- A ello se debe sumar -tal como lo hubiera esgrimido el señor Agente Fiscal de Primera Instancia- que el artículo 3º de la ley Nº 1444 determina: "Competencia por materia: Serán de competencia de los jueces laborales en general, las causas contenciosas en conflictos individuales o colectivos de derecho, cualquiera fueren las partes -incluso la Provincia, sus reparticiones autárquicas, los municipios y comisiones de fomento de la Provincia y cualquier ente público-, por demandas o reconvenciones fundadas en los contratos de trabajo convenciones colectivas de trabajo, laudos con eficacia de convenciones colectivas, o disposiciones legales o reglamentarias del Derecho del Trabajo.".-
VI. También se debe reafirmar que la determinación de competencia se debe realizar sobre la base de la propia naturaleza de la demanda y con apoyo de los hechos expuestos en la misma, ya que éstos constituyen el sustento de la pretensión con relación al derecho sustancial reclamado.-
Por ello que debe estarse a lo sostenido por los actores al invocar la acción en que precisamente expresan que pretenden se le abone una suma de dinero, no atacan un acto administrativo ni buscan la anulación de actos de la misma naturaleza, como lo que exige el contencioso administrativo de la Provincia de Santa Cruz, sino que reclaman en razón de la -invocada- deficiente liquidación de salarios, derivadas de la errónea aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo que los ampara.- Sobre el particular, el T.S.J.S.C. ha sostenido que: "Conforme la situación fáctica de autos, surge a todas luces que los actores -en su pretensión- concurren en demandar, … el reconocimiento de derechos que derivan inequívocamente de normas preexistentes, en tanto atribuye como causa del reclamo cuestiones que se vinculan al derecho del trabajo, constituyendo materia especial la influencia decisiva que las mismas han de tener en la resolución del pleito, tanto en sus alcances como en los efectos de las mismas… Esto así en tanto la atribución de competencia por razón de la materia debe -inexorablemente- prevalecer sobre la efectuada en razón del órgano administrativo, autor del acto, por lo cual se pone de manifiesto la prevalencia frente al ente, posición que supera la visión estrictamente formal, abordándose sin retaceos, el contenido sustantivo de la resolución (por un lado) o de la petición jurisdiccional (por el otro), es decir, por razón del contenido material del acuerdo, o acto recurrido, o -como en el sub lite- por razón de la sustancia demandada.- (…) Ello así también, por cuanto el artículo 89 del CPCA establece que el fallo del Tribunal Superior de Justicia deberá limitarse a resolver la cuestión contencioso-administrativa conforme lo alegado y probado por las partes, excluyendo expresamente toda posibilidad de pronunciamiento respecto de derechos laborales o civiles (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XII, Reg. 792, Folio 2243/2246)." (cfr. T.S.J.S.C. Tº XIX - Sentencia - Rº 653 - Fº 3754/3758, del 29/10/2019).- En tal inteligencia debe rechazarse el recurso de apelación planteado por la demandada a fs. 358 y vta., con costas a la vencida (cfr. art. 68 del C.P.C. y C. por remisión del art. 121 de la ley N° 1444), difiriendo la regulación de honorarios profesionales correspondientes a esta instancia hasta tanto ocurra lo propio en la anterior (cfr. art. 24 ley N° 3330).-
Por ello, habiendo dictaminado la señora Agente Fiscal ante este Cuerpo a PE1133658-2023 (C.V.: zc31md), la Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial,
1. Rechazar el recurso de apelación planteado por la accionada a fs. 358 y vta., confirmando la sentencia de fs. 353/355 vta. en lo que ha sido materia de agravios.-
3. Diferir la regulación de honorarios profesionales correspondientes a esta instancia hasta tanto ocurra lo propio en la anterior.-
Atento existir conformidad de opiniones se suscribe la presente conforme lo establece el art. 44 de la Ley Nº Uno (texto según Ley Nº 2345).-
CARLOS E.ARENILLAS PRESIDENTE EDUARDO GABRIEL LÓPEZ JUEZ
Ma. CARLOTA GUTIÉRREZ MEYER SECRETARÍA
Fin de la sentencia