Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa 2598/24-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de queja articulado por la parte demandada en PE1488790-2024, INT00069632.pdf, declarando bien denegado el recurso de casación obrante en PE1284294-2024 de los autos principales y, en consecuencia, confirmar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial glosada en PE1476969-2024 de dichos autos, con costas.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: 2598/24-TSJ Interlocutorio N°: 3836 Actor: PINILLA NOELIA ALEJANDRA Y OTROS Demandada: LU 85 TV CANAL NUEVE RIO GALLEGOS Objeto: LABORAL s/ RECURSO DE QUEJA -ESTADO PROVINCIAL Fecha: 29-10-2024 Texto: TOMO XXXVI -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3836 FOLIO Nº 7016/7019 PROT. ELECT. TSS1 050 I.241
Río Gallegos, 29 de octubre de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “PINILLA NOELIA ALEJANDRA Y OTROS c/ LU 85 TV CANAL NUEVE RIO GALLEGOS s/ LABORAL s/ RECURSO DE QUEJA -ESTADO PROVINCIAL-”, Expte. Nº P-2598/24-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a fin de resolver el recurso de queja interpuesto por el Estado Provincial, por intermedio del Sr. Fiscal de Estado de la Provincia de Santa Cruz, Dr. Ramiro Esteban Castillo, y su letrada apoderada, Dra. María Daniela Vázquez (cfr. PE1488790-2024, INT00069632.pdf), contra la resolución dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial (cfr. PE cit., INT00069635.pdf, págs. 2/4), que declaró formalmente inadmisible el recurso de casación que dicha parte interpuso contra la resolución del 29 de febrero de 2024, que rechazó la apelación por ella articulada (cfr. PE y pdf cits., págs. 22/27).-
II. Que en su recurso, el Estado Provincial sostiene que motiva su queja la violación de la doctrina legal referente a las excepciones del principio general que admite los recursos extraordinarios únicamente respecto de las sentencias definitivas; como así también la doctrina establecida en relación al excesivo rigor formal; la garantía del juez natural y el debido proceso. Por último, denuncia arbitrariedad (cfr. PE1488790-2024, INT00069632.pdf, pág. 2).-
En el acápite titulado “Violación de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, dice que la resolución de la Cámara de Apelaciones no contempla ni refuta en ningún momento la vasta jurisprudencia y doctrina que esa parte citó para reforzar su postura casatoria. También cita jurisprudencia y agrega que las particularidades del caso superan la falta de definitividad de la resolución, ya que por hallarse tan íntimamente vinculada a una garantía constitucional: “…la valla formal expuesta por la anterior instancia no puede erigirse como un obstáculo para la admisibilidad o viabilidad del recurso extraordinario. De lo contrario, se tornaría inoperante (sic) las garantías elementales de defensa en juicio y juez natural.” (cfr. PE y pdf cits., págs. 4 y 6).- En lo tocante a la arbitrariedad y el excesivo rigor formal denunciados, afirma que la sentencia del Tribunal de Alzada sólo está aparentemente fundada, pues desoye la doctrina permanente y pacífica del Máximo Tribunal Nacional e incluso de organismos internacionales de Derechos Humanos. Agrega que, para resolver, la Cámara de Apelaciones acude al principio general existente en la materia, sin siquiera analizar la aplicación de la excepción al principio general ni ponderar el caso particular, desoyendo el dictamen del Fiscal de Cámara (cfr. PE y pdf cits., págs. 6/7).- Expone que: “…la Alzada no ha respetado la jurisprudencia existente en la materia, no ha analizado profundamente las circunstancias de la recusación (sic) planteada y tampoco ha considerado lo establecido en los tratados internacionales que adquieren plena vigencia en nuestro país por mandato constitucional, lo que determina que el resolutorio que deniega la casación no se ajusta al derecho aplicable al caso. A los efectos del presente recurso, la vía del extraordinario debe ser admitida en el presente pues estamos ante una resolución arbitraria que ocasiona a esta parte un gravamen irreparable…” (cfr. PE y pdf cits., pág. 7).- Finaliza su queja el Estado Provincial, manifestando que la interpretación ritualista que realiza la Cámara y el examen aislado e incompleto de las circunstancias que dieron lugar a la excepción de incompetencia incoada conlleva a una resolución que se encuentra fundamentada con argumentos aparentes (cfr. PE y pdf cits., pág. 8).-
Pasan los presentes al Acuerdo en PE1532477-2024.-
III. Que, como paso previo a revisar el mérito del presente recurso, corresponde remarcar que de acuerdo a la preceptiva que regula este medio de impugnación (cfr. art. 18 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-), se impone preliminarmente verificar si la presentación efectuada reúne ciertas pautas adjetivas que la doctrina en general denomina “condiciones formales”, por oposición a las sustanciales del derecho de impugnación (cfr. Hitters, Juan Carlos: “Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación”, Ed. Librería Editora Platense S.R.L., La Plata, 1998, 2da. edición, pág. 243), toda vez que dicha técnica procesal es rigurosa y de imperativo cumplimiento, con el objeto de que la queja, bastándose a sí misma, haga posible que el Tribunal Superior de Justicia pueda imponerse del planteo en forma integral.- En dicho sentido, advertimos que la resolución recurrida mediante la casación no reviste carácter de sentencia definitiva y, en consecuencia, ésta circunstancia sella desfavorablemente la admisibilidad del recurso de queja intentado.-
Aquí resulta pertinente destacar que -mediante esta queja- se pretende en última instancia, la revisión de la decisión de la Cámara de Apelaciones que rechazó el recurso de apelación incoado por el Estado Provincial y por cuyo conducto confirmó el decisorio dictado por el Juez de grado en cuanto desestimó la excepción de incompetencia planteada por el ahora quejoso. Dicha resolución carece de la nota de definitividad, requisito exigido por ley para habilitar el recurso de casación (cfr. art. 1° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-).- Al respecto, este Alto Cuerpo tiene dicho que: “…las sentencias definitivas propiamente dichas son aquellas que ponen fin al pleito tornando imposible su revisión, en cambio las resoluciones equiparables a sentencia definitiva tienen tres subtipos principales; a) las que impiden la prosecución de la causa; b) las que causan un gravamen de imposible, tardía, difícil o insuficiente reparación ulterior; c) las que conllevan gravedad institucional (cfr.
Sagües, Néstor Pedro, “Recurso Extraordinario”, ED. Astrea, 4ta. Edición actualizada y ampliada, Bs. As., 2002, Tomo 1, pág. 326).” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXXII, Reg. 3640, Folio 6361/6365, entre otros).- Y también que: “…es necesario, a los fines de la revisabilidad extraordinaria que se pretende, que el caso esté ya acabadamente resuelto o fallado, es decir que no le quede al perdidoso ninguna oportunidad de juzgamiento (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorios, Tomos IX, Reg. 1285, Folio 1707/1710; X, Reg. 1425, Folio 1988/1991, entre otros). Ello así, por cuanto el objetivo del recurso casatorio es llevar a conocimiento del Tribunal Superior aquellas resoluciones vinculadas con la existencia del vicio que se imputa a la sentencia misma y que debe a los efectos de su estudio y posterior ponderación, revestir el carácter necesario e ineludible de definitiva.” (cfr.
TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXXV, Reg. 3822, Folio 6972/6975).- En idéntico sentido se ha expedido reiteradamente nuestro más Alto Tribunal Nacional al decir que: “Las decisiones recaídas en materia de competencia, cuando no media denegatoria del fuero federal, no son susceptibles de apelación extraordinaria al no revestir carácter de sentencia definitiva, requisito que no puede suplirse aunque se invoque existencia de arbitrariedad o el desconocimiento de garantías constitucionales.” (cfr. Fallos: 327:312; 327:1245; 329:4928; 330:1447; 341:327).-
A mayor abundamiento, también ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación que: “Los pronunciamientos que resuelven cuestiones de competencia no autorizan en principio la apertura del recurso extraordinario, ya que no constituyen sentencia definitiva, salvo que medie denegatoria del fuero federal o determinadas circunstancias excepcionales que permitan equiparar esos interlocutorios a pronunciamientos definitivos, entre ellas, cuando la decisión atacada afecta, de manera no susceptible de reparación ulterior, un específico privilegio federal.” (cfr. Fallos: 328:785; 326:1871; 326:1663; 326:1198).- Así, advertimos que, en definitiva, la decisión impugnada constituye una mera cuestión procesal reservada a la jurisdicción ordinaria que no importa definición sobre los puntos que son materia de litigio y que no impide al recurrente continuar con el trámite de la causa (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos VIII, Reg. 1179, Folio 1557/1558; IX, Reg. 1236, Folio 1631/1632; XIII, Reg. 1775, Folio 2588/2590, entre otros). Así lo ha sostenido reiteradamente este Tribunal Superior de Justicia al decir que: “…dada la plenitud de la naturaleza procesal del tema en debate y la ausencia del dictado de una sentencia definitiva que ponga fin al pleito o cause un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior, entendiendo que, además, la invocación de las causales de arbitrariedad y de violación de las garantías constitucionales que se entienden conculcadas, no suple la falta de aquél requisito de definitividad a los fines de la procedencia del remedio intentado...” (cfr. Interlocutorio, Tomo XIII, Reg. 1741, Folio 2534/2536).- También debemos señalar que la pretensa violación de la doctrina legal de este Alto Cuerpo alegada por el recurrente no ha sido debidamente fundada y, por consiguiente, resulta incapaz a fin de habilitar la instancia extraordinaria.-
En dicho sentido, conforme surge del escrito recursivo el recurrente aduce que la resolución de la Cámara ha violado la doctrina legal del Máximo Tribunal Nacional, citando al efecto precedentes de tribunales federales y de la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación y, además, dice que el mencionado pronunciamiento resultaría contradictorio con otro precedente de la Alzada caratulado: “Bahamondez Víctor Hugo c/ Canal Provincial de Televisión s/ Laboral”.-
Al respecto, cabe recordar que la única doctrina legal obligatoria para los Tribunales de la Provincia es la que emana de este Alto Cuerpo (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3349, Folio 5590/5594).-
Por otra parte, el quejoso cita dos precedentes de este Cimero Tribunal, presuntamente transgredidos por el pronunciamiento recurrido, recaídos en las causas: “Oroplata S.A. c/ Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social s/ Medida Cautelar”, Expte. N° O-15.311/13 (O-2009/15-TSJ) y “Quilodran Claudio Emir s/ Lesiones leves y amenazas calificadas”, Sumarios Oficiales Poder Judicial de Santa Cruz, RC J 989/1.-
En lo tocante a los mencionados precedentes, este Alto Tribunal reiteradamente ha dicho que: “Para que resulte de aplicación la doctrina legal que se alegue, no sólo debe tratarse de casos idénticos, sino además la vinculación concreta entre el caso antecedente y el presente, ‘...no siendo suficiente -como ha dicho el Supremo Tribunal Español- la simple analogía, pues como es obvio si las situaciones de hecho son diferentes el precedente no es de aplicación. El valor persuasivo de la jurisprudencia ha de fundarse en lo que el Tribunal hizo y en las razones decisivas por las que lo hizo, para demostrar que la misma razón que antes fue decisiva ha de serlo también en el litigio pendiente de solución...’ (confr. Hitters, Juan Carlos, ‘Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación’, ed. 1984, p. 250...esto es, ‘... ha de haber identidad entre la situación fáctica y jurídica del juicio antecedente que se invoca como sostenedor de la doctrina y la del que se pretende hacer valer...’ (confr. STJ Chubut, 28-5-90, ‘Delgado Uribe, Florentino c. Empresa Tapko S.A.M.S.I.C. s. Despido’, Causa A-58), y en su caso, ‘...la demostración de su vinculación con el problema a resolver...’ (confr. CNCiv., Sala E, agosto 27-980, L.L. 1981-A 564).” (cfr. Sentencia, Tomo XIII, Reg. 478, Folio 2592/2595).- Desde el prisma de la arbitrariedad denunciada, tampoco puede prosperar el recurso propuesto por cuanto su contenido y técnica de fundamentación no suscita la cuestión insinuada, debiendo recordarse que este Tribunal Superior de Justicia ha sostenido que: “…la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema, en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación…” (cfr. Interlocutorio, Tomos III, Reg. 282, Folio 457/458; VI, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros). Situación esta última que no acontece en la especie.- Sobre este piso de marcha, no se advierte la nota de definitividad de la materia en tratamiento, pretendiendo la parte suplir tan esencial condición bajo un variopinto de supuestas violaciones legales y arbitrariedades, inoperante dentro de los parámetros que prefiguran esta situación procedimental, y cuyos presupuestos no se hallan configurados en la resolución recurrida.-
En cuanto a la denuncia de violación de las garantías de juez natural, defensa en juicio y debido proceso, advertimos que el recurrente se circunscribe: “…a invocarlos sin realizar una relación concreta al caso de autos con la debida fundamentación. Es que la sola mención de normas y principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían afectado las garantías que ellas tutelan no es base idónea de agravio…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3143, Folio 5153/5156, entre muchos otros).-
IV. Que, en virtud de todas las consideraciones realizadas, el recurso de queja articulado se desarrolla fuera del ámbito casatorio por ausencia de los requisitos formales en la presentación recursiva, por carecer de la nota de definitividad necesaria para el acceso a la vía extraordinaria, conforme a la exigencia establecida en el artículo 1º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Que, por los argumentos expuestos, corresponde rechazar el recurso de queja articulado por la parte demandada en PE1488790-2024, INT00069632.pdf, declarando bien denegado el recurso de casación obrante en PE1284294-2024 de los autos principales y, en consecuencia, confirmar la resolución dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial glosada en PE1476969-2024 de dichos autos; con costas al recurrente, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la normativa mencionada.-
Por todo ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazar el recurso de queja articulado por la parte demandada en PE1488790-2024, INT00069632.pdf, declarando bien denegado el recurso de casación obrante en PE1284294-2024 de los autos principales y, en consecuencia, confirmar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial glosada en PE1476969-2024 de dichos autos, con costas.-
2. Regístrese y notifíquese. Agréguese copia certificada de la presente resolución a los autos principales y oportunamente devuélvase. Cumplido archívese la presente queja.-
La presente sentencia se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia las Sras. Vocales, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau y Dra. Reneé G. Fernández (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1050I.241 Tomo: XXXVI Interlocutorio: 3836 Folio N°: 7016/7019 Secretaría: 1
Fin de la sentencia