Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N°139/2018, con costas.
2Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de Pinipox S.R.L. en la suma de $636.155 equivalente a 7,49 UMA por la representación procesal y de $1.590.388, equivalente a 18,72 UMA por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, las etapas cumplidas, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, conforme a lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423.
3Regular los honorarios del CP Miguel Angel Tregob por la aceptación del cargo de perito designado por el Fisco Nacional en la suma $84.963 equivalente a 1 UMA conforme a lo dispuesto por la ley 27.423.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe firma conjunta Número: IF-2026-18930163-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 24 de Febrero de 2026 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente N° 49.069-I, caratulado “Pinipox S.R.L. s/ recurso de apelación”. La Dra. O’Donnell dijo:
I. Pinipox S.R.L. interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra la Resolución N°139/2018 dictada por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mercedes de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos, en la que se determinó de oficio su obligación en el impuesto al valor agregado de los períodos fiscales enero de 2012 a junio de 2013, y se la intimó a ingresar $1.699.548,76, más intereses resarcitorios (art. 37, ley). Asimismo, en dicho acto se hizo reserva de juzgar su conducta infraccional por los mismos periodos fiscales, por aplicación del art. 20 de la ley 24.769 (t.v.).
En su presentación ante este Tribunal, Pinipox S.R.L. solicita, en primer lugar, que se declare la nulidad de la Resolución por falta de causa y motivación, por perseguir una finalidad encubierta y porque en su dictado se omitieron formas esenciales del procedimiento, en violación a los principios de equidad tributaria, realidad económica y legalidad objetiva, y las normas al debido proceso y la garantía de defensa en juicio, de acuerdo a lo dispuesto por la ley 11.683 y la ley 19.549. Especialmente, se agravia del rechazo de la prueba ofrecida en sede administrativa lo que, según dice, le impidió acreditar que los ajustes eran infundados y meramente conjeturales.
Acto seguido, opone la defensa de prescripción de las acciones del Fisco Nacional para determinar de oficio el impuesto por los períodos fiscales enero a noviembre de 2012.
Sostiene, además, que la proyección de ventas realizada por el ente fiscal carece de sustento ya que se hizo sobre la base de elementos parciales sin tener en cuenta la totalidad de la documentación. Agrega que las adquisiciones a los proveedores fueron de buena fe, que pagó por los mismos y que le fueron entregados. Además, que cumplió con los controles exigidos por las reglamentaciones vigentes, es decir, que las facturas estaban autorizadas y fueron emitidas por sujetos inscriptos.
Agrega, por último, que los remitos de transporte acompañados por Pinipox S.R.L. dan cuenta del ingreso de la mercadería a su planta y que con los testimonios de los transportistas que intervinieron va a acreditar en esta instancia que efectivamente realizaron los viajes en las operaciones cuestionadas.
Cita por último jurisprudencia y doctrina, aporta prueba documental y ofrece la producción de prueba testimonial, pericial contable e informativa y solicita, en consecuencia, que se revoque la Resolución, con costas.
II. A fs. 386/404 el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso, solicitando que se confirme la Resolución, también con costas.
III. A fs. 418 se abrió la causa a prueba y se hizo lugar únicamente a la prueba pericial contable. Respecto de la prueba testimonial, se intimó a Pinipox S.R.L. a que indicara la relación de los testigos Graciela Pereira y Andrés Parada Álvarez con los hechos investigados y aclarase lo que pretendía probar, lo que fue cumplido a fs. 421/422. Luego, a fs.426 se rechazó la prueba testimonial por inconducente. Esta decisión fue recurrida y rechazado el recurso. Pinipox S.R.L. dedujo queja ante la Cámara la que también fue rechazada.
A fs. 433 se da por decaído el derecho de Pinipox S.R.L. a producir la prueba pericial contable admitida ante su inactividad procesal.
A fs. 447 se declaró el cierre del período probatorio. Por medio de la PV-2026-13588090-APN-VOCXI#TFN se elevaron las actuaciones a su consideración. Por último, a través del IF-2026-17424357 quedaron en estado para dictar sentencia.
IV. Corresponde expedirse en primer término sobre el planteo de prescripción en relación a las obligaciones determinadas en el impuesto al valor agregado de los periodos fiscales enero a noviembre de 2012.
Para ello cabe tener en cuenta que el art. 56 de la ley 11.683 dispone que el plazo de prescripción es de cinco años y según el art. 57 en el caso comenzó a computarse el 1° de enero de 2013 y terminó el 1° de enero de 2018. Teniendo en cuenta que la Resolución recurrida fue dictada el 23 de julio de 2018, debe analizarse a continuación si ha sucedido en el curso de dicho plazo alguna causal de suspensión y/o interrupción.
Asiste razón a la representación fiscal cuando invoca la suspensión de un año del art. 17 de la ley 26.860 (BO 03.06.2013), destacando la doctrina pacifica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a que las normas de carácter meramente procesal son de aplicación inmediata a partir de su entrada en vigencia. De todo ello se colige que, en el caso, las facultades fueron ejercidas en término y, por ello, el planteo de prescripción debe ser rechazado. En segundo término, corresponde expedirse sobre los agravios de nulidad, los que, cabe ya adelantarlo, no pueden prosperar, por cuanto sus invocaciones son meramente genéricas, sin alegarse un perjuicio concreto en su dictado. Sin perjuicio de ello, debe decirse que la Resolución, se encuentra debida y suficientemente motivada en los antecedentes de hecho y de derecho que surgen de las actuaciones administrativas, por lo que no se advierte violación alguna a las disposiciones de la ley 19.549, como así tampoco a la ley 11.683, ni tampoco media afectación a la garantía constitucional de defensa en juicio invocada. Prueba de ello es que Pinipox S.R.L. tuvo la posibilidad de ejercerla en la instancia administrativa previa y ahora ante este Tribunal.
Respecto del rechazo de la prueba ofrecida, los Considerandos de la Resolución dan cuenta de las razones que tuvo en cuenta el juez administrativo para tomar dicha decisión en relación a cada uno de los medios ofrecidos, facultad que le acuerda la ley, por lo que no puede calificarse como inmotivada.
No se advierte así que el Fisco Nacional haya incurrido en ningún vicio que justifique que este Tribunal declare la nulidad de dicho acto.
Sin perjuicio de lo señalado, cabe recordar que la nulidad de un acto no puede invocarse en forma abstracta, sino que es indispensable acreditar la existencia de afectación en algún derecho de quien la pide y un perjuicio concreto, requisitos que en el caso no se han cumplido.
Así lo ha manifestado en forma reiterada y constante la Cámara que ejerce como tribunal de alzada de este tribunal al decir que “… cuando se plantea la nulidad de un acto administrativo debe señalarse, concretamente, cuáles son los vicios que exhibe y qué perjuicio ha provocado (causa “Cooperativa de Trabajo AEI “Colonia Barraquero” LTDA c/ INAES – Resol. 806/08 (Expte. 137/03)”, pronunciamiento del 3 de febrero de 2012). También ha sostenido que el interesado debe acreditar la violación de una forma procesal, o la omisión de un acto, que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a su indefensión, por lo que las nulidades son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se vio privado de oponer el impugnante (causa “EDI Fumigaciones SRL (TF 27564-I) c/ DGI”, “Cachape SRL c/ DGI” y “Ángel Russo Combustibles SRL (TF 24979-I) c/ DGI”, pronunciamientos del 2 de febrero de 2012, del 12 de julio de 2012 y del 20 de mayo de 2015, respectivamente)” -conf. “Bringas Raul”, sentencia del 1.10.2020, entre otros-.
Por ello, corresponde rechazar los planteos de prescripción y nulidad, sin costas (“Bolland”, Fallos 336:70).
V. Corresponde entonces resolver sobre la legitimidad de la Resolución N° 139/2018.
Surge de sus Considerandos que luego de sustanciarse el procedimiento de fiscalización a Pinipox S.R.L., cuya actividad declarada es la fabricación de productos químicos, se impugnaron los créditos fiscales de operaciones con proveedores de aceite de soja que luego de una exhaustiva investigación realizada a cada uno de ellos fueron calificados de apócrifos: el Sr. Federico Daniel Battcock, cuya actividad es la venta de cereales, y Biosudcor S.A., dedicada a la elaboración de aceites.
Para ello se tuvo en cuenta que no tenían capacidad económica, ni patrimonial ni operativa para hacer las ventas y fue por ello que fueron incluidos en la base E-apoc (en el caso del Sr. Battcock como “usina de única actividad venta de facturas”); en relación a los transportistas identificados en los remitos aportados por Pinipox S.R.L. –el Sr. Juan Antonio Sedda, Transporte MC S.A. y Maraceite S.R.L.-, manifestaron no haber hecho el transporte o que lo hicieron pero que las facturas las había emitido otra empresa, Compañía de Cereales Salta S.R.L. El Sr. Sedda, además dijo que no tuvo ninguna relación comercial con el Sr. Battcock, ni con Biosudcor S.A.
Tuvo en consideración asimismo que de las propias manifestaciones del gerente de Pinipox S.R.L. surgía que las operaciones realizadas tanto con el Sr. Battcock como con Biosudcor S.A. fueron pactadas con el Sr. José Luis Malvicino a quien se le entregaban los cheques y remitos, sin que la fiscalización encontrara vinculación formal alguna –como empleado, directivo, representante- de esta persona con los proveedores impugnados.
En relación a los pagos, constató que la mayoría de los cheques eran de terceros y que no fueron endosados por estos últimos y que muchos de los endosos no tenían aclaración o la que tenían era poco legible; además, algunos cheques se libraron al portador y gran parte de los valores fueron canjeados en asociaciones mutuales.
Por su parte, la fiscalización detectó también que los importes declarados por los proveedores por ventas superaban ampliamente la capacidad de producción de la planta aceitera de Biosudcor S.A. y que la capacidad potencial máxima de producción de esa planta era menor al volumen de la mercadería involucrada en las transacciones registradas. Se tuvo en cuenta asimismo que el Sr. Federico Daniel Battcock era el presidente de Biosudcor S.A. al momento de la investigación. Todo ello tuvo como resultado la impugnación de los créditos fiscales en el impuesto al valor agregado al desconocerse la realidad de las operaciones con los proveedores, por lo que correspondía a Pinipox S.R.L. probar en contrario. En efecto, le correspondía a la recurrente, en el derecho de contradicción que la ley procesal le acuerda ejercer, demostrar la sustantividad de las operaciones impugnadas por la inspección a partir de razones que tienen entidad suficiente para poner seriamente en duda su real existencia.
Ello así, toda vez que ante ajustes como el que aquí se analiza resulta de aplicación la interpretación realizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de las disposiciones del art. 12 de la ley del gravamen en la causa “Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/ DGI”, del 10 de marzo de 2015, entre muchas otras, al sostener: “Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: “[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles …”.
Lo explica la Cámara que ejerce como alzada de este Tribunal cuando dice que “… el contribuyente debe acreditar fehacientemente la real existencia de las operaciones realizadas y a su vez, para que se pueda computar el crédito fiscal, es necesaria la existencia de la generación de un débito fiscal en la etapa anterior por esa misma operación para el vendedor, locador o prestador, pues se supone que el contribuyente puede tomar en cuenta el crédito así constituido por haber abonado el Impuesto al Valor Agregado en la etapa anterior (conf. esta Sala, in re “Molinos Río de La Plata SA c/ EN- AFIP DGI- Resol. 227/0639/06 (GC) s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 14/08/12)” – conf. “Avital S.A.”, del 24.2.2022, entre otras-.
Resulta así claro que el art. 12 de la ley del gravamen subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto del prestador del servicio o del vendedor de los bienes, extremo que es el que corresponde analizar aquí, en orden a determinar si fueron realmente los proveedores impugnados los que efectivamente vendieron el aceite de soja a Pinipox S.R.L., por ende, si le asiste el derecho a computar el crédito fiscal de los comprobantes fiscales extendidos por éstos, a pesar de las múltiples irregularidades invocadas por el juez administrativo a partir de las tareas de fiscalización llevadas a cabo a cada uno de ellos. En esta instancia, Pinipox S.R.L. aportó como prueba documental en 290 fojas copia de su contrato social, diversas piezas del expediente administrativo, las copias de las facturas, las órdenes de pago, tickets de pesada y remitos por el transporte correspondientes a las transacciones impugnadas, documentación que ya obraba agregada a dicho expediente en el marco de las tareas de fiscalización previamente llevadas a cabo. Y si bien en esta instancia le fue admitida la prueba pericial contable, por su propia inacción no la produjo.
Se advierte así que, en el caso, la recurrente no ha logrado probar la efectiva compra de las mercaderías -aceite de soja- a los dos proveedores impugnados, ya que la prueba documental aportada, como ya se dijo, la misma recolectada durante el procedimiento de fiscalización, nada muestra al respecto, más que, a lo sumo, la instrumentación por las partes de las compras que nunca estuvo en discusión.
No puede soslayarse además que respecto de los proveedores investigados el Fisco Nacional puso en evidencia una serie de irregularidades graves que lo llevaron a concluir que en realidad eran personas interpuestas para ocultar la identidad de los verdaderos proveedores, situaciones que no puede calificarse como de meros incumplimientos formales de terceros - conf. Cámara, en “Las Tres Mulitas”, sentencia del 9.12.2015-. Ello así, máxime cuando el propio gerente de Pinipox S.R.L. reconoció ante la fiscalización que las compras las hacía a otra persona, el Sr. José Malvicino, a quien le pagaba y entregaba el remito de la mercadería. De ese modo, la comprobada incapacidad atribuida a los proveedores, tanto operativa, como económica y financiera para operar por los volúmenes facturados a Pinipox S.R.L., inclusive calificándolos como usinas de facturas, impide considerarlos como generadores genuinos del crédito fiscal, extremos que no fueron cuestionados -ni desvirtuados- por la recurrente -conf. criterio de la CSJN en “Molinos Río de la Plata S.A.”, sentencia del 25.9.2015-.
Por lo expuesto, corresponde confirmar la Resolución N°139/2018, tanto en cuanto al capital, como los intereses resarcitorios que se devengan en forma automática desde el vencimiento de la obligación por aplicación del art. 37 de la ley 11.683.
El Dr. Martín y la Dra. Gómez dijeron:
Que adhieren al voto de la Vocal Instructora.
En atención al resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución N°139/2018, con costas.
2. Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de Pinipox S.R.L. en la suma de $636.155 equivalente a 7,49 UMA por la representación procesal y de $1.590.388, equivalente a 18,72 UMA por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, las etapas cumplidas, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, conforme a lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423.
3. Regular los honorarios del CP Miguel Angel Tregob por la aceptación del cargo de perito designado por el Fisco Nacional en la suma $84.963 equivalente a 1 UMA conforme a lo dispuesto por la ley 27.423.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2026.02.23 17:21:15 -03:00 Date: 2026.02.24 08:16:59 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.02.24 10:31:50 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.02.24 10:31:51 -03:00
Fin de la sentencia