Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Aceptar la excusación formulada en PE 1564654/2024 y apartar a la Dra. Bard del conocimiento y trámite de estos autos.
2Rechazar la petición de declaración de deserción del recurso.
3Rechazar los agravios vertidos por el recurrente y confirmar la sentencia en crisis incluso en el punto 4 que no fuera materia de agravios imponiendo las costas en la instancia por su orden (art. 68 del CPCC.) atento la forma que se resuelve al rechazarse la pretensión de deserción y los agravios.
4Regular, por los trabajos en la instancia el honorario del Dr. Julián Michavila como letrado apoderado del actor en la suma de quinientos ochenta mil pesos ($580.000) y el honorario del Dr. Eduardo Rubén González como letrado apoderado de la demandada en la suma de ochocientos cincuenta mil pesos ($850.000), ello en mérito de la extensión, importancia, mérito de la labor profesional desplegada en la instancia. (conf. Art. 1, 2, 3, 13, 18, 19, 24 y concordantes de la ley provincial 3330).
5Tener presente la reserva del caso federal formalizada en PE 1371900/2024.
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº8631 Sentencia: Definitiva Actor: Pino José Luis Demandada: Prevención ART S.A Objeto: Accidente Laboral Fecha: 03-04-2025 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los tres días del mes de abril de dos mil veinticinco se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “PINO, José Luis c/ PREVENCIÓN ART S.A. s/ accidente laboral” Expte.19840 del año 2020 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº 2 en los Civil, Comercial, Laboral y de Minería, secretaría Nº 2 de esta ciudad, que ingresaron en la instancia bajo el Nº 8631. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Humberto Eduardo Monelos, Horacio J. M. Fernández y Juan Pablo Olivera para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente la excusación formulada? SEGUNDA: ¿Es justa la sentencia recurrida? TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que la distinguida integrante de esta Cámara, la Dra. Griselda I. Bard, en PE 1564654/ 2024 se excusa de integrar el tribunal en este juicio por la intervención en autos como letrado de su esposo, el Dr. Eduardo Rubén González con fundamento en el art. 17 inc. 1º del CPCC y razones de decoro y delicadeza.
II. Que es de público conocimiento en el foro local que nuestra colega se encuentra unida en matrimonio con el Dr. Eduardo Rubén González por lo que se configura la causal del inciso 1º del art. 17 del CPCC motivo por el cual la excusación era obligatoria y por lo tanto procedente.
Propongo al Acuerdo aceptar la excusación formulada en PE 1564654/2024 y apartar a la Dra. Bard del conocimiento y trámite de estos autos.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
III. En atención a la unión conyugal de nuestra colega con el Dr. Eduardo Rubén González considero procedente la excusación y adhiero al voto que antecede.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
IV. Que con el escrito de fs. 26/30 vta. el Sr. José Luis Pino, por propio derecho patrocinado y luego representado por los Dres. Ramiro Esteban Castillo, Fernando Hernán Kustich y Julián Michavila promueve demanda contra Prevención ART S.A. por cobro de la suma de $4.033.467,14 o lo más o menos que surja de la prueba, con más intereses en concepto de prestaciones dinerarias tarifadas previstas por el régimen de reparación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales previstas en el art. 1 de la ley 26.733. Relata que comenzó a trabajar para la empresa Transpetrol Sur SRL el 21/11/2010 y que lo hizo de manera continua e ininterrumpida hasta la actualidad y detalla las remuneraciones percibidas de julio 2018 a junio 2019. Explica que del certificado médico que acompaña se desprenden las distintas patologías que padece transcribiendo el diagnóstico actual señalando las que deben ser consideradas enfermedades profesionales que provocan una incapacidad laboral del 34,29 de la T.O. Describe las tareas que manifiesta haber desarrollado y sostiene haber puesto en conocimiento de la demandada esas dolencias. Liquida las prestaciones reclamadas conforme el art. 14 inc. 2 ap. b) con sus modificaciones. Dedica un capítulo a los fundamentos jurídicos del reclamo y realiza diversos planteos de inconstitucionalidad. Hace reserva del caso federal y detalla la documental acompañada. A fs. 32/33 ofrece otras pruebas.
V. Que por la parte accionada se presentan los Dres. Eduardo Rubén González y Federico Pereyra con el escrito de fs. 58/71 a contestar la demanda. Niegan la autenticidad de la documentación y reconocen los recibos de sueldos expedidos por Transpetrol Sur SRL y formulan una serie de negativas. Sostiene que el actor debió observar el procedimiento administrativo previo. Como defensa de fondo acusan de defecto legal en el planteo de la demanda y señalan la ausencia de relación de causalidad entre la afección y el ambiente de trabajo. Acusan de ambigüedad el relato de los hechos con cita de doctrina y sostienen que las patologías que se invocan como base de su pretensión son inculpables y por ello fuera del ámbito de su cobertura. Entienden que se rechazará con costas la demanda. Como defensa de fondo también oponen la falta de legitimación pasiva. Dan su versión de los hechos que se tiene presente. Critican que se pretenda aplicar otro baremo que los que marca la ley. Impugnan la liquidación la aplicación del RIPTE y la determinación del IBM. Invocan la doctrina casatoria en cuanto a la tasa de interés. Ofrecen prueba, fundan en derecho su postura y piden el rechazo de la demanda con costas.
VI. El proceso sigue en forma digital y la sentencia se dicta en PE 1353242/2024 que resuelve declarar la inconstitucionalidad de los arts. 8, 21 y 22 de la ley 24557, Decretos 717/96, 1278/00 y 54/2017 y considera abstracto el tratamiento de la inconstitucionalidad del DNU 669/19 y de la inconstitucionalidad del art. 6 inc. 2 de la ley 24557, decreto 659/96 y art. 46 de la ley 24.557. Hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por accionada y rechaza la demanda incoada por el actor. Impone las costas por su orden y regula los honorarios de los profesionales. Tiene presente la reserva del caso federal. La sentencia no satisface las expectativas del actor quien por su apoderado en PE 1371900/2024 interpone recurso de apelación y mantiene la reserva del caso federal. En PE839721/ 2024 por providencia simple se le concede libremente y con efecto suspensivo corriendo traslado de los agravios. El apoderado de la demandada en PE 138371/2024 contesta el traslado conferido y por providencia simple de PE846078/2024 se tiene por contestado y se dispone la elevación de las actuaciones a esta instancia. Luego de las notificaciones de rigor los autos se elevan con la certificación de estilo instrumentada en PE1549184/2024, que son recibidos conforme constancia en PE 941607/2024. La Dra. Bard se excusa conforme se consignara al responder a la primera cuestión y se integra cámara en 1565164/2024. Consentida la integración en PE 1579731/2024 se dicta el llamado de autos a sentencia y se establece el orden de estudio.
VII. Que el actor por medio de su representante se agravia calificando de arbitrario que se hubiera hecho lugar a la falta de legitimación pasiva invocada por la demandada y abstracto el tratamiento de la acción. Sostiene que el a quo se sustenta en aseveraciones infundadas por desestimación de prueba esencial en cualquier proceso en materia de riesgos de trabajo. Le agravia la falta de valoración de la prueba pericial y las declaraciones testimoniales. Argumenta que la falta de legitimación esgrimida se funda en que supuestamente las enfermedades por las que se reclama las prestaciones sistémicas son de carácter inculpable sin relación con el trabajo y que es la empleadora quien debe entregarle los elementos de seguridad.
Critica que el Magistrado cuestione que no se encuentra agregado el contrato de afiliación del que surge las responsabilidades de cada parte y aclara que el actor no es parte en dicho contrato y sus cláusulas le son ajenas e inoponibles y por potro lado resulta una cuestión extraña a los hechos controvertidos que fundamentan la presente acción. Razona que la demandada justifica la falta de legitimación en que el reclamo en el padecimiento de una enfermedad inculpable y no debe ser cubierta lo que enciente desvirtuado por la prueba. Ataca el razonamiento del magistrado en cuanto entiende que ninguno de los presupuestos de la de la triple columna se encuentran acreditados en autos y que una ágil lectura determina como cada uno de ellos se ha incorporado a la causa. Detalla el concepto de agente como un componente (sea físico , químico o biológico) en el ambiente laboral capaz de producir daño a la salud del trabajado por sus condiciones de empleo nocivas y respecto de las enfermedades en la columna lumbar señala las cargas, las posiciones forzadas u gestor repetitivos de la columna lumbosacra. Respecto de las patologías del hombro se refiere a las posiciones forzadas y gestos repetitivos y entiende que dichos agentes se encuentran presentes en las tareas que el actor desempeñaba y acreditadas por la prueba testimonial que considera contundentes y a las que el a quo omitió valorar. Respecto de la exposición invoca que el actor acreditó ocho años de antigüedad en el puesto con los recibos de sueldo y no controvertida, cuando la legislación requiere tres años en forma continua o discontinua.
Por otro lado señala con respecto de la enfermedad la existencia del daño en la salud ha sido constatada mediante la pericial médica a cargo del Dr. Álvarez Giral cuyas conclusiones resume. Señala en este punto que resulta fundamental que se ha prescindido del dicho dictamen que fuera consentido por la demandada y a la que el Sr. Juez se refiere pero sin dar razones para apartarse del apartamiento de las conclusiones de dicho dictamen. Cita jurisprudencia sobre valoración de la prueba que no reconoce absoluta discrecionalidad para apartarse de ella, aunque no sea vinculante. Se apoya en la pericia médica y la testimonial como prueba de la relación de causalidad. Critica la jurisprudencia señalada por el Sr. Juez a quo en la que basa su decisión poniendo de resalto que ella corresponde a una acción de responsabilidad civil y no una acción sistémica.
Se queja por la valoración de la prueba por analizarse desde la normativa civil en materia de daños que difiere de este proceso sistémico y hace notar que en el precedente citado por el magistrado no se produjo prueba testimonial medio a su entender más idóneo para acreditar la presencia de los agentes de riesgo y la exposición de estos del actor.
Razona que por ello la excepción planteada se debió rechazar y lo pide en esta instancia requiriendo se haga lugar a la demanda en todas sus partes de conformidad con el diagnóstico y grado de incapacidad determinado por la pericia médica. Mantiene la reserva del caso federal.
VIII. Que al contestar los agravios el apoderado de la demandada plantea en primer término la deserción del recurso por falta de una crítica concreta y razonada que señale los errores en que haya incurrido el juez al emitir el fallo. Entiende que se trata de una simple disidencia en conceptos de la sentencia. Señala los requisitos de la expresión de agravios que no contiene el memorial que contesta que a su juicio se limita a formular afirmaciones de carácter general sin demostrar o aportar elementos que fundamenten su posición. Por ello pretende se declare la deserción del recurso. En subsidio de la declaración de deserción contesta lo que considera hipotéticos agravios y solicita su rechazo.
Afirma que el recurrente atribuye a que la sentencia está fundada en que las enfermedades por las que se reclama prestaciones sistémicas son de carácter inculpable y no guardan relación con el trabajo que indica realizar y que la empleadora debe entregarle los elementos de seguridad; pero que en realidad le falta un relato de los hechos concretos y la orfandad probatoria es el fundamento de la sentencia.
Sostiene que el apelante no realiza un mea culpa de su incongruencia en el relato de los hechos toda vez que en el escrito de inicio invoca una enfermedad profesional inculpable pero al contestar el traslado de su respuesta, manifiesta que es producto de un accidente de trabajo ocurrido el ll/04/18 del que no existe denuncia administrativa ni se probó en autos el supuesto accidente.
Señala como dos cuestiones fundamentales. En base a los exámenes preocupacionales del actor de 2010 que el actor, previo a su ingreso a Transpretrol SRL, sufría de escoliosis lumbar. Por otro lado indica que la pericia médica legal surgiría el desempeño del actor en la empresa San Antonio desde el 05/12/2014 según consta en recibo de sueldo anexo en autos y que actualmente se desempeña en la Empresa Quintana o sea que el actor se encontraría trabajando en otra empresa al momento del supuesto accidente no denunciado y no incluido en el escrito de inicio. Razona que de ninguna de las pruebas aportadas surge la existencia de un trabajo de las características señaladas (carga, posiciones forzadas, y/o gestos repetitivos) puesto que la actora no realizó ninguna prueba de seguridad e higiene que acredite esos extremos.
Respecto de los presupuestos de tripe columna reitera que no se ha probado en autos la existencia de un agente se riesgo, ni la exposición del actor a la carga de posiciones forzadas y gestos repetitivos. Afirma ambos conceptos fundamentales para considerar a las patologías denunciadas por el actor como enfermedades profesionales y no habiéndolas probado la sentencia resulta ejemplar.
Expresa que en función de la orfandad probatoria y la inexistencia material de las declaraciones vertidas hacer lugar a las pretensiones implicaría contradecir la verdad valiéndose solamente de manifestaciones de la parte que no puede ser tolerado. Entiende que lo expuesto pone de evidencia la inconsistencia de los agravios vertidos.
Pide se declare desierto el recurso que oportunamente se rechacen los agravios con costas.
IX. Que entiendo que el esfuerzo del apoderado del actor no merece la sanción de deserción. Se alcanza a entender (no obstante las debilidades de los argumentos que se indicará al tratar el recurso, toda vez que no atacan lo fundamental del fallo), cual es el sentido de la crítica que invoca el recurrente que se deberá tratar al analizar la razón del recurso y su procedencia o improcedencia.
Pero antes de ingresar al examen del recurso debo analizar y valorar la prueba y eliminar la broza que introdujeron las partes como argumentos en sus memoriales. Ello para aclarar el panorama y poder decidir.
En agravio se señala como fundamental que el magistrado prescinde absolutamente del dictamen oficial el cual ha sido consentido por la demandada al no haberlo impugnado en tiempo y forma (en realidad lo impugnó extemporáneamente en PE 910980/ 2023 y así se lo declaró en PE575728/2023) y menos presentado informe de su médico controlador. Se trata de un argumento ilógico. Las pericias no se consienten y deben ser valoradas por el juez. Con un ejemplo debe entenderse: un contador sostiene en pericia que 100 más 100 son 150 y ello no se convierte en verdad por el simple hecho que la parte confíe en que ese error patente se advertirá. El juzgador debe analizar el informe pericial (por más perito oficial que se trate) y no dejar pasar por alto el error. Y si no lo advierte aún sin agravio no se puede dejar pasar por alto toda vez que los errores no son fuente de derechos. Este argumento se vuelve contra el actor habida cuenta que el perito hace una enumeración de los antecedentes de hecho en PE 879712/2023 emanados del relato/anamnesis (trabajo del actor como boca de pozo y luego como enganchador y referencia a un accidente al desarmar una pileta) descripción que, como explico más adelante no se corresponderían con este caso o con este periodo. Y no por la falta de impugnación por el actor de los debe de tener por reconocidos y como verdad absoluta. La jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación que invoca el recurrente respecto que las pericias aún sin ser vinculantes fue incorporada como prueba, y el Juez debe dar razones fundada para su rechazo. Pero la Corte y toda la jurisprudencia requiere que la pericia debe tener motivación clara, basarse en hechos o datos probados con rigor técnico y científico. Analizaré más adelante la pericia. Cabe señalar que la simple invocación del art. 122 de la ley 1444 no es suficiente, sin complementarla con el correspondiente artículo del CPCC. Por otro lado invocar el error del perito en los antecedentes, (como sostiene la demandada y al que me referí más arriba) para sostener que el actor estaría trabajando en otra empresa y no fue incluido en el escrito de demanda es utilizar ese error evidente como argumento. Lo que no es atendible.
Las AIP (aparatos individuales de bombeo) cuyo mantenimiento, montaje y desmontaje era la ocupación a la que se afirma dedicaba su fuerza de trabajo el actor. Se trata de las “cigüeñas” que vemos en los yacimientos de la estepa patagónica. Es, en el fondo, una bomba que extrae el petróleo desde el yacimiento a la superficie y lo impulsa lugares donde se concentra el producto de varios pozos. En realidad en su funcionamiento los principios técnicos no se distingue de la bomba de aljibe o la bomba mixta de uso en el campo o bomba “aspirante” o la “aspirante impelente” como nos enseñaban en las clases de física en la escuela secundaria. Se diferencian eso sí, en el tamaño y peso. El corazón es un cilindro introducido dentro del petróleo (para evitar el ingreso de gas en el sistema) con dos válvulas una en la base y otra en el vástago, una varilla de acero que llega a la superficie.
El peso de muchos metros de varilla se equilibra con los contrapesos y un sistema de palanca para izarla. He consultado la “Práctica Recomendada” por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas que incluye esquemas de dos de los tipos de bombas (y sus accesorios de seguridad) que difieren en el tipo de palanca y punto de apoyo que se utiliza para elevar mediante la cabeza de mula el vástago e aspirar así el petróleo. La consulta nos familiariza con la designación de cada elemento y la traje a este voto pues nos permite entender las declaraciones poco claras de los testigos. Que poco aclara la transcripción automática que realiza el programa informático, toda vez que no es fiel con lo que murmura el testigo y cambia lo que declara: así por ejemplo “pie de biela” lo transforma en “pie de viera”; “pernos” en “perros”, “bulones” en “hurones”; “cabeza de mula” en “cabeza de muro” ; “4, 8, 12 bulones” en “4812 hurones”; “muchachos nuevos” por “pechos nuevos”; “mandar el bulón” en “mandar culo”; “que no se caiga” en “que no se calle”; o “la intermedia” en “la enferma” entre las más llamativas traiciones a los dichos de los testigos.
Es difícil (para mi) entender a los dos testigos que han declarado. Lo han hecho con el barbijo puesto por imponerlo quien toma la audiencia, no obstante estar ella detrás de una mampara transparente. Pero se advierte en el video que no se ha acercado el micrófono al testigo, lo que hace más difícil una fiel captación y por ende entender sus palabras. Ello me obligó a pasar varias veces la grabación de la audiencia, insistiendo en algunos tramos. Pretender seguir el video simultáneamente con la transcripción confunde. Superadas y aclaradas estas dificultades para ingresar en la valoración de la prueba, aspecto del que se queja el actor en agravios, debo señalar que observo en la redacción de las preguntas propuestas por el proponente del testigo presentadas en PE 220790/2021 que muchas de ellas son indicativas.
Ello en violación de lo dispuesto por el art. 421 del viejo CPCC (ley 1418) al que remite el art. 121 de la ley 1444 ordenamiento jurídico vigente a la fecha de la ley del rito laboral. Esta norma establece: “Las preguntas no contendrán más de un hecho, serán claras y concretas; no se formularán las que estén concebidas en términos afirmativos, sugieren la respuesta o sean ofensivas o vejatorias. No podrán contener referencias de carácter técnico, salvo si fueren dirigidas a personas especializadas.”
La norma permitía al magistrado o funcionario que tomó la audiencia o bien no formularla o en su caso reformularla toda vez que no dejan al testigo más que responder en forma afirmativa o negativa. Al no haberse cumplido con esta manda no corresponde nulificar la audiencia pero se debe valorar los dichos con mayor rigurosidad. (conf. Cámara Nacional Civil y Comercial Federal Sala III en La Ley 1988-A-504). No le otorga mayor fuerza de convicción la circunstancia que la demandada no se haya opuesto. (conforme Cámara 1ª La Plata sala III La Ley t.155 pág. 676 Sumario 31.384 ambos citados en “Cod. Procesales… comentados y anotados” de Morello, Sosa y Berizonce- tomo VI. Páginas 181 y 183- Cuarta Edición ampliada y actualizada). En la audiencia de autos ni se las dejó de formularlas ni se las reformuló. Tampoco el apoderado de la demandada se opuso (como se opuso el representante del actor en repreguntas). Sobre el particular tema de las preguntas sugestivas en una obra de Francois Gorphe “La Critica del testimonio” sexta edición en las páginas 282/283 se analizan las distintas graduaciones de la sugestibilidad de las preguntas demostrando su peligrosidad. El autor considera más peligrosas a las que su carácter sugestivo se encuentra oculto y dictan la respuesta sin parecerlo como las parcialmente sugestivas. Me remito a su interesante texto que no transcribo por su extensión. Con las pautas descriptas en la obra y la manda del art. 421 del CPCC consideró sugestivas las preguntas 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 19 y 21, por lo menos en la primera parte.
Sobre este aspecto y para valorar los dichos de los dos testigos tengo en cuenta que: los recibos (fs. 11(25) y contestación de los pedidos de informe a la patronal que dan cuenta que el actor se desempeñaba como encargado de cuadrilla (ver PE194115-2021; AGR00006247PDF); que no se encuentra en discusión que se realizaban tareas de mantenimiento y de montaje y desmontaje de equipos AIB.
En cuanto a la utilización de las llaves de golpe con mazas que el testigo Zambrano describe como de 15 Kg mientras el testigo Curaqueo testimonia las más pesadas de 12 o 15 kg. El actor en su demanda indica que “se trabaja con mazas de hasta 12 kgs” (ver fs. 43 vta.) que me parece más razonable. Conforme el sentido común esas mazas deben usarse sólo para aflojar un bulón y luego se sigue con mazas de 2 o 3 Kg a la que el testigo Zambrano dice están acostumbrados. Ello es razonable toda vez que sería un inútil dispendio de esfuerzos desenroscar un bulón con una llave de golpe y una maza más pesadas sean estas de 10 o 12 kilos. Obsérvese que Zambrano ha explicado que para aflojar un bulón rebelde se turnaban para dar diez mazazos con la masa de 15 kilos cada operario y tras una ronda de 30 se llamaba a un soldador para que calentara el bulón antes de una segunda ronda.
Si tampoco aflojaba se cortaba el bulón. De es explicación extraigo como consecuencia que existía un número tope de intentos para aflojar un bulón pero ello no quiere decir que en todos los casos de bulón incrustado hubiera que hacer dos tandas de 30 golpes a razón de 10 por cada integrante de la cuadrilla. Pudieron existir casos en que al primer golpe de masa el bulón se aflojara y por otro lado no está claro que el actor integrara el grupo de personal de la cuadrilla que daban golpes de maza. Por otro lado tenemos que conforme las declaraciones el trabajo de mantenimiento duraba una hora a dos horas según el testigo, tarea que no requería aflojar bulones. El sentido común me indica que no todos los días se debía montar o desmontar un equipo AIB, tarea que requería más tiempo y esfuerzo.
Pero no está probada que todos los pernos o bulones requerían una posición ergométrica forzada. El testigo Curaqueo explica que “se trabajaba agachado cuanto se ajustaba algún bulón en la base porque es incómodo, como cuando se ajustan las patas”. En los gráficos existente en la “practica Recomendada” referido anteriormente se hace mención a los accesorios de seguridad y aparte de la línea de vida para trabajos en altura se señalan escaleras con guarda hombre y plataforma, plataforma de acceso a traba de freno o plataformas de inspección o plataformas de trabajo opcional para las maniobras de espaciado (páginas 4 y 5) aparte de la posibilidad de la utilización de guindolas mediante grúas o hidro grúas lo que disminuye la necesidad de posiciones forzadas de trabajo para las distintas tareas: Montaje y alineación de la caja reductora, de los contrapesos, giro de las manivelas para montar las bielas, montaje del poste maestro y refuerzo angular, el ensamble de la viga balancín con el travesaño igualados y bielas que luego se vinculan con bulones y seguros, se monta y alinea la cabeza de mula a la que previamente se le instaló el cable colgador.
Finaliza con el montaje del motor, poleas, correas, cubre correas y cerco perimetral y verificar la alineación del vástago. No se ha invocado que intervinieran en la carga y descarga de los aparatos AIB. Si bien se aconseja el uso de herramientas hidráulicas o neumáticas no se encuentra prohibido el uso de llaves de golpe.
Por ello entiendo que en autos nos ha faltado una pericia de perito ingeniero en seguridad industrial quien hubiera podido ser preciso en todo lo que se refiere incluso a que tipo de equipos AIB (marca Vulcan, clase I, clase III, los convencionales o los Mark II) atendía la contratista, las distintas operaciones, cantidad de bulones y pernos, como se realizaban las operaciones, pesos, e incluso la cantidad de montajes y desmontajes, usos de la grúa los accesorios de utilidad utilizados y la ergometría de los trabajos. El actor considera una enfermedad profesional la patología que lo aqueja por los trabajos en mantenimiento, montaje y desmontaje de equipos AIB.
Pero me permito reproducir los antecedentes de interés médico legal contenida en la pericia no impugnada temporalmente por las partes que trae confusión y a la que me referí más arriba. Dice así el perito:
“Hechos: el actor se desempeñaba en la actividad petrolera en la empresa San Antonio desde el 5/12/2014 según consta en el recibo de sueldo de anexo a autos. Actualmente se desempeña en la empresa Quintana. Entre sus tareas relata en la demanda haberse desempeñado como boca de pozo y enganchador, en la cual es habitual la manipulación de caños y herramientas de gran peso haciendo referencia a la cuña y llave de poder, las cuales son esenciales en la manipulación de caños y varillas utilizadas en la industria antes mencionada. Refiere además que dicha tarea se realizaba en bipedestación con piernas abiertas y en un piso de enganche, el cual presenta vibraciones molestas. El actor relata durante la entrevista/ anamnesis que su trabajo habitual era armar y desarmar piletas en los yacimientos petroleros y que en una oportunidad al encontrarse desarmando una locación al descender por una escalera al mismo tiempo comienzan a elevar la pileta lo cual provoca que se mueva la escalera por la cual descendía cayendo de espalda sobre los escalones lo cual le provocó dolor. Refiere además haber realizado la consulta con un profesional especialista en traumatología el cual lo medicó con analgésicos con resultados ambiguos. Posteriormente en diciembre de 2018 se realizó “un bloqueo de columna” y lo repitió en agosto de 2019 con resultados favorables según sus dichos. Actualmente comenta automedicarse con analgésicos al aparecer alguna molestia en espalda baja.” Estos antecedentes o bien corresponder total o parcialmente a otro juicio y peritado o el actor no ha sido veraz ante el profesional médico. Debo entender que corresponde a otro juicio pero afectan la seriedad de la pericia, que más adelante señala:
“Esta incapacidad guarda, de modo verosímil, relación de causalidad con los antecedentes que originan los presentes autos, ya que en caso de demostrarse que ha ocurrido tal como lo relata el actor, por su etiología, topografía, mecanismo de producción y cronología, es causa suficiente y eficiente la secuela descripta en este informe pericial”
Es decir el Dr. Walter Alejandro Álvarez Giral en su dictamen ha condicionado la existencia de causalidad a demostrarse que los antecedentes han ocurrido como lo relata el actor.
Y en este punto de la relación causal que considero no se ha alcanzado a acreditar. Si bien en el montaje y desmontaje de un equipo AIB se puede tener que lidiar con partes de gran peso, se ha acreditado el uso de grúas e hidro grúas. Soy consiente que una pieza de gran tamaño elevada por la grúa, debe ser posicionada para lo cual juega la pericia del operador de la grúa, pero necesita de un ajuste fino donde la pieza en el aire es guiada con sogas o palancas a su exacta destino lo que no requiere mayor esfuerzo pues trabaja como un péndulo. Con lo expuesto estoy en condiciones de rechazar el agravio intentado, acusando al magistrado de omisión de prueba decisiva desestimando prueba esencial en cualquier proceso de riesgo de trabajo y hace referencia a la prueba pericial y las declaraciones testimoniales.
X. Que los agravios que he seguido en el orden propuesto haciendo referencia al fondo de la cuestión pero sin decir concretamente fuera lo tratado cual era el error de la sentencia al admitir la defensa de falta de legitimación pasiva.
Pretende el actor que la falla del razonamiento seguido por el juez en la sentencia es errado por cuanto no valoró la prueba dándole una interpretación favorable a su causa. Pero, de lo expuesto más arriba se advierte que se interpretó la prueba con la sana crítica. No hay error en la sentencia al hacer lugar a la defensa de falta de legitimación activa. Ello por falta de acreditar que la patología del actor tenga relación de causalidad con el trabajo efectuado. En la sentencia se hace referencia a la contradicción en que se incurre al contestar la defensa de falta de legitimación pasiva y no se ha indicado donde se encuentra el error de este razonamiento que se comparte. El actor razona que no ha sido parte en el contrato entre su empleador y la demandada, pero se trata de un seguro con un beneficiario ajeno a la contratación. Es semejante a sostener en un seguro de vida por el beneficiario que él no ha sido parte en el contrato. Al pretender el pago del daño asegurado el actor quiere ampararse en el contrato y por ende no puede desconocer las cláusulas que debió y pudo consultar o eventualmente recurrir a las diligencias preliminares o pruebas anticipadas que autoriza el rito. El juez no tuvo a la vista el contrato, aunque son semejantes. Al contestar el traslado el actor deja en claro que reclama por consecuencias ulteriores de un accidente sufrido el 11/4/2018 del cual no se han aportado detalle alguno.
Como surge del informe del Dr. Álvarez Giral se desprende “que la relación causal con los antecedentes que originan los presentes autos ya que demostrarse que ha ocurrido tal como lo relata el actor, por su etiología, topografía, mecanismo de producción y cronología es causa suficiente y eficiente para producir la secuela descripta en este informe pericial” (ver PE 879712/2023).
Ergo, no demostrándose la relación causal puede sostenerse que no se encuentran cumplidos todos los presupuestos de la triple columna. Y por ende no se ha demostrado el error del sentenciante al apoyarse en ese fundamento para sostener la procedencia de la defensa de falta de legitimación pasiva.
XI. Que por esta razón contesto en forma afirmativa a la segunda cuestión propuesta al Acuerdo por considerar que la sentencia es justa y debe ser confirmada. Es mi voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
XII. Que comparto las razones y fundamentos dados en el voto que antecede y comparto que la sentencia en crisis es justa. Por ello adhiero en todos sus términos al voto que antecede.
A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XIII. Que en razón y con los fundamentos expuestos al responder a las anteriores cuestiones propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Aceptar la excusación formulada en PE 1564654/2024 y apartar a la Dra. Bard del conocimiento y trámite de estos autos. 2º) Rechazar la petición de declaración de deserción del recurso. 3º) Rechazar los agravios vertidos por el recurrente y confirmar la sentencia en crisis incluso en el punto 4 que no fuera materia de agravios imponiendo las costas en la instancia por su orden (art. 68 del CPCC.) atento la forma que se resuelve al rechazarse la pretensión de deserción y los agravios. 4º) Regular, por los trabajos en la instancia el honorario del Dr. Julián Michavila como letrado apoderado del actor en la suma de quinientos ochenta mil pesos ($580.000) y el honorario del Dr. Eduardo Rubén González como letrado apoderado de la demandada en la suma de ochocientos cincuenta mil pesos ($850.000), ello en mérito de la extensión, importancia, mérito de la labor profesional desplegada en la instancia. (conf. Art. 1, 2, 3, 13, 18, 19, 24 y concordantes de la ley provincial 3330). 5º) Tener presente la reserva del caso federal formalizada en PE 1371900/2024. 6º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
XVI. Toda vez que considero justa y equitativa la propuesta formulada al Acuerdo adhiero a la misma.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 03 de abril de dos mil veinticinco.
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y doctrinarias y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial:
1. Aceptar la excusación formulada en PE 1564654/2024 y apartar a la Dra. Bard del conocimiento y trámite de estos autos.
2. Rechazar la petición de declaración de deserción del recurso.
3. Rechazar los agravios vertidos por el recurrente y confirmar la sentencia en crisis incluso en el punto 4 que no fuera materia de agravios imponiendo las costas en la instancia por su orden (art. 68 del CPCC.) atento la forma que se resuelve al rechazarse la pretensión de deserción y los agravios.
4. Regular, por los trabajos en la instancia el honorario del Dr. Julián Michavila como letrado apoderado del actor en la suma de quinientos ochenta mil pesos ($580.000) y el honorario del Dr. Eduardo Rubén González como letrado apoderado de la demandada en la suma de ochocientos cincuenta mil pesos ($850.000), ello en mérito de la extensión, importancia, mérito de la labor profesional desplegada en la instancia. (conf. Art. 1, 2, 3, 13, 18, 19, 24 y concordantes de la ley provincial 3330).
5. Tener presente la reserva del caso federal formalizada en PE 1371900/2024.
6. Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.
El Dr. Juan Pablo Olivera no suscribe la presente sentencia por no existir disidencia. Fdo. Humberto E. Monelos- Juez de Cámara; Horacio J.M. Fernández- Juez de Cámara.
Protocolización: A201013S.251 Tomo: CII Sentencia: 3109 Folio Nº: 062/072 Secretaria: 1
Fin de la sentencia