Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº8785/25 Sentencia: Definitiva Actor: Pinto Juan Carlos Demandada: Harasic S.A y Otra Objeto: Laboral- Cobro de pesos Fecha: 28-05-2025 Texto:
En la Ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los veintiocho días del mes de mayo de dos mil veinticinco se reúnen del integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción para dictar sentencia definitiva en los autos “PINTO, Juan Carlos c/ HARASIC S.A. y otra s/ laboral- cobro de pesos” Expte. 20.257 del año 2021 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de esta ciudad e ingresaron en la instancia bajo el Nº8785. A estos fines de estableció el siguiente orden de estudio: Humberto Eduardo Monelos, Griselda I. Bard y Horacio M. J. Fernández para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDO: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que en PE 301137/20 se presenta el Dr. Ramiro Esteban Castillo en representación de Juan Carlos Pinto y promueve demanda laboral contra HARASIC S.A. y Andrea Alejandra Vera por cobro de la suma de $969.803,97 o lo que en más o en menos surja de la prueba correspondiente a rubros que detalla con intereses y costas. Impugna el despido fundado en causal que niega. Aclara que el automotor cuya propiedad se le adjudica era de propiedad de su hijo. Funda en derecho los rubros pretendidos, ofrece prueba y practica liquidación. Reserva el caso federal.
En PE 426620/2022 se presenta el Dr. Santiago Javier Álvarez en representación de HARASIC VERA S. A. a contestar la demanda formulando una serie de negativas e insistiendo en la justa causa del despido dando su versión de los hechos y ofreciendo prueba, ofrecimiento que amplía en PE 505093/2022 y pide el rechazo de la demanda.
En PE 426633/2022 se presenta Andrea Alejandra Vera codemandada en autos, con el patrocinio letrado del Dr. Santiago Javier Álvarez a contestar la demanda. Interpone la excepción de falta de legitimación pasiva, formula negativas, da su versión de los hechos, ofrece prueba y pide el rechazo de la demanda con constas.
El actor contesta la excepción de falta de legitimación pasiva en PE 452617/2022, excepción cuya resolución se difiere para el momento de la sentencia definitiva.
II. Que en la audiencia de PE 503737, fracasada la conciliación, se tiene por ratificada la contestación de demanda de PE 426030/2022 y PE 426033/2022 y el actor ratifica el pacto de cuota litis acompañado en el escrito de inicio. En PE 355041/2022 se abre la causa a prueba produciéndose la obrante en autos. La representación de las partes sufrió cambios: en PE927011/2023 renuncia el Dr. Santiago Javier Álvarez y asumen la representación de la empresa HARASIC VERA S. A. codemandada en autos los Dres. German Juárez y Rubén Darío Martínez quienes se presentan en PE 981158/2023. Por la parte actora en PE 1128409 se presenta con una sustitución de poder la Dra. Julieta Anahí Díaz y desiste del testigo José Semino.
Al no quedar prueba pendiente en PE 764826/2024 se instrumente la audiencia del art.70 de la ley 1444 haciendo uso del derecho de alegar solamente la parte actora con la pieza de PE 1316892/2024. Se dispone el pase a sentencia en el proveído de PE 1327306/2024 y la sentencia que obra en PE 1569341/2024 FALLA: “1) Admite la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la codemandada ANDRÉA ALEJANDRA VERA por las razones expuestas en los considerandos con costas a cargo del actor. 2) Admitir parcialmente la demanda promovida por JUAN CARLOS PINTO contra HARASIC VERA S.A. en concepto de diferencias salariales por registración defectuosa en el período 2018/2020 conforme categoría administrativo especializado correspondiente al CCT 776/2019, SAC proporcional, vacaciones no gozadas; SAC sobre vacaciones no gozadas; indemnización art. 245 LCT, indemnización sustitutiva del preaviso art. 233 LCT, integración del mes de despido art. 232, SAC sobre integración del mes de despido; doble indemnización decreto 34/19 e indemnización del art, 80 de la LCT, condenando a las codemandadas, solidariamente, a pagar al actor, dentro de los diez días de notificada y firme le presente sentencia la suma a determinar por la CPN, durante la etapa previa a la ejecución de sentencia, desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago, con más los intereses por recomposición patrimonial conforme las pautas dadas en el considerando respectivo, con costas a las codemandadas(art. 68 del CPCC). 3) Rechazar parcialmente la demanda promovida por JUAN CARLOS PINTO en concepto de SAC s/ preaviso, diferencias salariales por comisiones por ventas e indemnizaciones arts. 1 y 2 de la ley 25323, por las razones expuestas en el considerando respectivo. 3) Intimar a la demandada a hacer entrega a favor del actor del certificado de trabajo y las certificaciones conforme lo estatuido por el art. 80 de la LCR con las modificaciones correspondientes, dentro de los diez días de notificada y firme la presente sentencia bajo apercibimiento de fijas astreintes, oportuna y eventualmente. 4) Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes y la determinación de la tasa de justicia hasta tanto obre en autos liquidación aprobada y firme a tales fines.” El 5 punto es de estilo.
III. Que este pronunciamiento no satisface las pretensiones de los contendientes quienes, no conformes, interponen sendos recursos de apelación contra la sentencia.
El actor lo hace en PE 1590224/2024 y funda su recurso agraviándose por la imposición de costas por el rechazo de la excepción de falta de legitimación respecto del pedido de condena solidaria contra la codemandada; por el rechazo del pedido de la sanción de los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 planteando la irretroactividad del DNU que la deroga, y por el rechazo de la acción por cobro del SAC s/ preaviso. Este recurso le es concedido libremente y con efecto suspensivo por providencia simple de PE 961517/2024 que corre traslado de los agravios el que no es contestado.
La parte demandada apela la sentencia con el memorial de PE 1590369/2024 donde expresa sus agravios. El recurso se le concede libremente y con efecto suspensivo y corre traslado de los agravios por providencia de PE 961542/2024. Se agravia porque el magistrado entendió no probada la injuria e insiste en que hubo competencia desleal. Ataca que se haya declarado procedente el reclamo de diferencias salariales con fundamento en registración defectuosa con apoyo en la presunción del art. 55 de la LCT que, sostiene, tiene un valor relativo juris tantum. Se queja por la haberse hecho lugar a la doble indemnización del decreto 34/14 al que tacha de inconstitucional. Le agravia la imposición de costas. Plantea además un pedido de aclaratoria que no ha sido tratado. La parte actora contesta los agravios en PE 1590369/2024.
Sin tratar el pedido de aclaratoria contenido en otro si en el escrito de agravios de la parte demandada los autos se elevan con el certificado de elevación de PE 1705791/2024. En la instancia se dispone el pase a sentencia en proveído de PE 1711814/2025 que establece el orden de estudio.
IV. Que, antes de ingresar al examen de los agravios hago notar que aparece como una luz roja una incongruencia en la sentencia. La demandada la pretendió corregir con el pedido de aclaratoria en el escrito de agravios de la demandada (PE 1590369/24) contenido en el otro sí, pedido al el juzgado de grado no atendió. El actor al contestar el traslado tampoco hace referencia a este pedido. En efecto luego de admitir en la sentencia la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la codemandada ANDREA ALEJANDRA VERA(punto 1 del fallo) en el punto 2 condena “a las codemandadas, solidariamente, a pagar al actor” para rematar el punto disponiendo: “con costas a las codemandadas(art. 68 del CPCC)”. Es una incongruencia que resalta a la lectura toda vez que, después de admitir la falta de legitimación pasiva de la codemandada Andrea Alejandra Vera la condena solidariamente a abonar los rubros que la sentencia entiende procedente. Es decir la sentencia es autocontradictoria toda vez que después de establecer que no existía fundamento para traer a juicio a Andrea Alejandra Vera la condena solidariamente. El actor se ha conformado con la admisión de la falta de legitimación de la Sra. Vera, la demandada solicitó se aclarara la incongruencia de condenarla solidariamente y el magistrado no advirtió el pedido de aclaratoria, como no lo advirtió la actuaria al suscribir el certificado de elevación. Podría disponerse la remisión de los autos a primera instancia para tratar el pedido de aclaratoria pero ello llevaría a un inútil desgaste jurisdiccional con la consiguiente pérdida de tiempo en perjuicio del principio de celeridad procesal.
Opto por tratar en la instancia esta incongruencia y recurrir a declarar oficiosamente la nulidad parcial de la sentencia en cuanto condena solidariamente y con costas a Andrea Alejandra Vera quien no estaba legitimada pasivamente para ser demandada toda vez que no era titular de la relación jurídica sustancial que se sustenta la pretensión del actor. Es decir se ha resuelto en el punto 1 de la sentencia que la Sra. Andrea Alejandra Vera no se encuentra obligada como deudora de la prestación. Ergo no puede ser condenada solidariamente sin incurrir en el vicio de incongruencia.
De esta forma queda aclarada la sentencia pues se advierte que se trata de un error cuando pasa por alto lo resuelto unos renglones antes dentro de la misma sentencia. Corresponde sí recomendar al juzgado una mayor atención y cuidado al redactar la parte dispositiva de una sentencia.
V. Que por una razón de lógica entiendo que se debe tratar en primer lugar el primer agravio de la demandada habida cuenta que lo que se resuelva puede tener influencia sobre las demás cuestiones a tratar pues de ello depende la calificación del despido en con y sin causa.
Los agravios de la demandada no indica donde se encuentra el error de la sentencia. Solo invoca el testimonio del testigo Vera que hace referencia a la exhibición, por parte del hijo del actor, de un automotor de su propiedad en el salón de la demandada. Pero no demuestra actos cometidos por el actor o su intervención personal en la venta del automotor Audi dominio EEI547 o que el precio de la venta hubiera sido depositado en la cuenta personal del Sr. Juan Carlos Pinto, como actos que justifiquen la pérdida de confianza o que impliquen competencia desleal por parte del dependiente. El magistrado ha valorado correctamente que la prueba de la causal del despido corresponde a quien la invoca y no al trabajador demostrar su inocencia. Propongo al Acuerdo rechazar este primer agravio de la demandada. En el segundo agravio la parte demandada no realiza un discurso jurídico demostrando donde se encuentra el error del razonamiento del juez. Hace referencia a la “exhibición de los registros laborales requeridos a la demandada SEDISUR S.A. (ver peritaje contable incorporado el 3/02/21)” cuando esta empresa a la que se califica de demandada no es parte en autos y la pericia contable que en éstos se presentó el 18/10/23. Estamos hablando de dos pleitos distintos.
Critica la aplicación de la presunción del art. 9 de la LCT por entender que ella no es aplicable en caso de ausencia de prueba, pero sin considerar el deber de la empleadora, quien está en mejores condiciones para aportar las pruebas y hacerlo sin ampararse en la facil negativa. (Ver “La Prueba- tendencias modernas” de Augusto Mario Morello, ed. Abeledo Perrot 1991 páginas 55 y siguientes).
En concreto el razonamiento empleado por el quejoso solo consigue demostrar una disconformidad con lo decidido y no la existencia de errores en el punto atacado. Las consideraciones que realiza la apoderada del actor al contestar agravios en el punto III respecto de la categoría laboral no corresponde su tratamiento en atención a la forma que me expido. Corresponde también rechazar este agravio y así lo propongo al acuerdo.
En un tercer agravio cuestiona la procedencia de la doble indemnización a la que condenó la sentencia conforme el decreto de necesidad y urgencia 34/19 planteando la inconstitucionalidad del mismo.
Al sostener su recurso recién la parte demandada plantea la inconstitucionalidad del decreto 34/19 que la contraria califica de extemporánea. No critica los fundamentos del DNU, que siguió el procedimiento del art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional. El decreto no deroga el art. 245 de la LCT como se argumenta. No afecta la facultad indelegable de los empleadores de dirigir y organizar la empresa, que en este caso optó por atribuir una causal para despedir que luego no pudo comprobar. Es decir al proceder así asumió el riesgo de la prueba de la injuria laboral que atribuía al trabajador, motivo por el que debe atenerse a las consecuencias de no haber acreditado la causal. Propongo el rechazo del agravio. Antes del tratamiento del último agravio de la demandada ingresaré al estudio del segundo y tercer agravio del actor para recién luego examinar los agravios relativos a costas expresados por ambas partes por un motivo de lógica y orden.
En el segundo agravio el actor cuestiona el rechazo de las indemnizaciones de los arts. 1 y 2 de la ley 25323 que fueran rechazados en primera instancia con fundamento en el carácter sancionatorio y aplicación del art. 7 del Código Civil y Comercial se encuentra actualmente derogada por el DNU 70/2023.
Como hace notar la parte actora, la relación laboral había finalizado y las consecuencias jurídicas consolidadas desde la época del despido. En la sentencia lo único que se determinó es que la causal invocada no existió o por lo menos no se acreditó. Ergo, se debe analizar sí corresponde atender al agravio en tratamiento, es decir si eran procedentes las indemnizaciones de los arts. 1 y 2 de la ley 25323. Sobre el particular el Excmo. Tribunal Superior de Justicia estableció doctrina casatoria en los autos “Almonacid Aurora c/ Fleitas, Dora Elisa s/ demanda laboral” en sentencia del 23 de noviembre de 2016 (T.XVIII-sentencia TSJ. Reg. 604, F.3465/3470 Prot. Elect.TSS1008 S.161). El art. 1 de la ley 25323 en lo pertinente establece que las indemnizaciones previstas en el art. 245 de la LCT (texto ordenado en 1976) y art. 7 ley 25.013 o las que las reemplacen en el futuro serán incrementadas al doble cuando se trate de una relación laboral que al momento del despido no esté registrada o lo esté de modo deficiente incremento que no es acumulable a las indemnizaciones previstas por los arts. 8, 9, 10 y 13 de la ley 24.013.
Sobre el art. 1 estableció que no era necesaria la previa intimación, y que dicha normativa establece una sanción indemnizatoria adicional cuando la relación no estuviera registrada o lo esté de modo deficiente. Y entiende que por deficientemente registrada (con referencia a los arts. 8, 9 y 10 de la ley 24.013) en que se haya asentado una fecha de ingreso posterior o una remuneración menor a la real (cita el tribunal un artículo de Leonardo Pablo Ferraro sobre la viabilidad de las multas de la ley 25.323 -cita Online DOC/1117/2023 y sumario de fallo in re “Cabrera, José Eugenio c/ Expreso Oriente S.R.L. del 26/11/2007 de la CNTrab. Sala I cita Online AR/jur/8625/2007). Resulta pues procedente este rubro en atención a haber progresado el reclamo de diferencias salariales.
Su importe deberá ser calculado por el Cuerpo Pericial Contable en la oportunidad del art. 99 de la ley 1444 conforme las pautas emergentes del art. 1 de la ley 25323. Respecto de la sanción del art. 2 de la ley 25323 entiendo que resulta de aplicación el supuesto de justificación del último párrafo del, mencionado art. 2 en cuanto existen causas que justifican la conducta de la empleadora. En efecto existió una operación de venta de un automóvil AUDI dominio EEI 547 de propiedad del hijo del actor en circunstancias confusas por el reclamo de la adquirente que fue determinante de la decisión rupturista asumida por la demandada. La parte ejerció la defensa de sus derechos en juicio que es un derecho de raigambre constitucional que no se le puede negar.
Y perdió su pretensión que el Juez entendiera que lo ocurrido implicaba una injuria que por su gravedad no permitía la prosecución de la relación. Por ello deberá afrontar gastos e indemnizaciones, que a mi juicio no deben ser agravadas por la multa del art. 2 de la ley 25.323. Consideró que el segundo agravio sólo prosperará parcialmente por al agravamiento del art. 1 de la ley 25.323 pero debe ser rechazado en cuanto critica el rechazo de la sanción del art. 2 de la ley. Así lo propongo al Acuerdo El actor se agravió por el rechazo del SAC sobre el preaviso. Creo que sus críticas no demuestran el error del magistrado pues si bien ataca uno de los precedentes citados por el magistrado ello no conmueven la cita de precedentes de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, toda vez que el magistrado al invocarlos hace suyos los argumentos del máximo tribunal mendocino.
Es decir que considera que la indemnización sustitutiva del preaviso no es una retribución de carácter remunerativo, sino precisamente indemnizatoria, compensatoria de una obligación de hacer, esto es de permitir al trabajador que con una jornada reducida de trabajo, pueda salir a encontrar otro con el cual reemplazar la relación laboral. Y que por ello no debe devengar la parte proporcional del SAC. Por esa razón, al compartir este precedente de la Provincia de Mendoza, entiendo que el agravio no resulta procedente y corresponde su rechazo. Así lo propongo. Debemos ingresar al examen del primer agravio del actor por la imposición de costas por el admisión de la excepción de falta de legitimación pasiva de la demandada.
Adelanto que este agravio contra lo resuelto en el punto 1 del fallo no puede progresar. El actor, con patrocinio letrado trajo a juicio a Andrea Alejandra Vera como codemandada solidaria. Sin perjuicio de la nulidad oficiosa parcial del punto 2 del fallo lo cierto es que la parte ha consentido la admisión de la excepción es decir que trajo a juicio a quien no era titular de la relación jurídica sustancial que sustenta su pretensión del actor. Y consintió la admisión de la excepción. Ergo debe soportar las costas originadas por su accionar al demandar a quien no era su empleadora, con los gastos y molestias que insume traer a juicio a quien no goza del beneficio de gratuidad. Propongo al Acuerdo rechazar el agravio.
Igual solución corresponde al cuarto agravio de la parte demandada. La suerte que puedan haber tenido alguno de los rubros reclamados no quitan que la demandada despedió con invocación de causa al actor sin llegar a demostrar la injuria siendo los distintos rubros que concluyeron con surtes varias una consecuencia del despido incausado como se lo calificó. Debe cargar con las costas por haber resistido la demanda y obligado al trabajador a transitar todo el juicio sin allanarse a abonar los rubros admitidos o intentado una conciliación. Tampoco corresponde imponer las costas en el orden causado como se propone. No existe duda que las costas de la instancia corresponden a la empresa empleadora al mantener su condición de vencida (art. 68 del CPCC).
VI. Que por estas consideraciones entiendo que con el limitado alcance respecto del agravio que progresa parcialmente y la nulidad parcial oficiosamente propuesta del punto 2 de la sentencia en cuanto condena solidariamente a quien no estaba legitimada pasivamente la sentencia es injusta. Pero es justa en lo demás que decide. Es mi voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
VII. Luego de estudiar las constancias de la causa, la sentencia y los agravios de las partes considero acertadas las consideraciones del voto que antecede y coincido con los argumentos desplegados. Adhiero pues al voto que antecede.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
VIII. Adhiero al voto que antecede por considerar acertadas las consideraciones efectuadas y coincido con los argumentos desplegados.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
IX. En función de las razones expuestas al responder a la primera cuestión propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Declarar oficiosamente la nulidad parcial del punto 2 del resuelve de la sentencia en cuanto condena “a las codemandadas solidariamente” y en cuanto condena “con costas a las co-demandas” Queda única condenada la codemandada HARASIC VERA S.A. 2º) Admitir parcialmente el 2º agravio del actor y modificar la condena incluyendo también la multa del art. 1 de la ley 25323 y rechazar el primer y el tercer agravio expresados por el actor. 3º) Rechazar los agravios vertidos por la demandada HARASIC VERA S.A. y confirmar la sentencia en lo demás que fuera materia de agravios. 4º)Las costas de la instancia se imponen a la empleadora en su calidad de vencida (art. 68 del CPCC) y se difiere la regulación de honorarios de los profesionales hasta que obre en autos regulación en la instancia de grado. 5º) Tener presente la reserva del caso federal del escrito contestando agravios (PE 1605646/2024). 6º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
X. Si bien la solución dada al caso fue suficientemente debatida y se comparte la forma en que debe decidirse la cuesitón, disiento en la forma propuesta para su redacción. Verdad sabida es que la sentencia debe ser clara y autosuficiente, procurando que las personas interesadas comprendan la decisión correspondiente sin necesitar de recurrir a otros documentos y en el caso explicaciones por parte de los profesionales. Cabe recordar que con fecha 10 de octubre de 2023, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó, mediante la Resolución N° 2640/2023, los lineamientos generales para sentencias claras. En su anexo, entro otras recomendaciones señala "...OCTAVO: Redacción clara de la parte resolutiva de la sentencia del Tribunal" Se enseña también "...Cuando sea necesario remitirse a dictámenes, normas o precedentes, se sugiere especificar brevemente y en lo que resulte pertinente su contenido...Si se resolviera remitir “en lo pertinente” a alguno o algunos de ellos, deberá procurarse aclarar qué partes del precedente o del dictamen resultan pertinentes para la resolución de la causa o brindar suficientes elementos para que el lector pueda advertirlo con facilidad".
(véase https: // lenguajeclaro. jusbaires.gob.ar). En lo particular entiendo que remitir a los agravios en forma de numeración al momento de decidir, sin indicar concretamente a qué se refiere es una forma de redacción poco clara que no permite comprender al lector medio concretamente "qué es lo que se decide" y eventualmente le correspondería percibir a Juan Carlos Pintos. Por ello propongo al acuerdo el siguiente pronunciamiento: 1) Declarar la nulidad parcial del fallo en cuento condena a Andre Alejandra Vera por haber sido declarada la falta de legitimación con relación a la nombrada. 2º) Admitir parcialmente el agravio del actor y revocar el punto 2 del fallo y admitir la procedencia de la multa del art. 1 de la ley 25323. 3º) Rechazar los demás agravios vertidos por las partes y confirmar la sentencia en lo demás que fuera materia de apelación. 4º) Las costas de la instancia se imponen a la demandada HARASIC VERA S.A. en su calidad de vencida (art. 68 del CPCC). 5°) Diferir la regulación de honorarios de los profesionales hasta que obre en autos regulación en primer instancia. 6º) Tener presente la reserva del caso federal del escrito contestando agravios (PE 1605646/2024). 7°) Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
XI. Que la disidencia planteada entre mis estimados colegas preopinantes radica exclusivamente en la redacción dada a la parte dispositiva propuesta por el primer votante, es decir, debo opinar sobre si es comprensible o no la forma en la que está redactado el pronunciamiento que el Dr. Monelos propuso al acuerdo, pues, en lo demás, la Dra. Bard entendió acertadas las consideraciones y argumentos desplegados por el primero adhiriendo a su voto. En ese sentido, no puedo dejar de destacar los lineamientos generales para la redacción de sentencias claras elaborados por la CSJN en el marco de sus políticas institucionales que refiere nuestra colega al argumentar su disidencia, pues, como lo sostuvo nuestro Cimero Tribunal, la utilización de un lenguaje claro, sencillo, conciso y concreto tiene en miras favorecer la comprensión de sus pronunciamientos por parte de sus destinatarios. Dicho ello, observo que la diferencia dada entre ambos, se concentra básicamente en el punto 1 y 2 del fallo, proponiendo aquella distinta redacción para una misma conclusión jurídica, ello conforme a la propuesta que surge de la disidencia planteada. En ese sentido, debo reconocer que no advierto que el primer votante haya elaborado un fallo que sea dificultoso en cuanto a su comprensión por parte del lector, saliéndose en éstos puntos específicos, de aquellas directrices con la que se tienen que escribir las sentencias judiciales. Más allá de la diferente semántica utilizada por mis colegas para emitir sus votos, cada uno con su característica prosa, mi opinión entonces es que se debe respetar y por ende adhiero al pronunciamiento propuesto al acuerdo por el Dr. Monelos, ello a mérito de la razón expuesta.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 28 de mayo de dos mil veinticinco
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y jurisprudenciales y lo dispuesto en el art. 44 de la ley 1 orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, por mayoría, F A L L A: 1º) Declarar oficiosamente la nulidad parcial del punto 2 del resuelve de la sentencia en cuanto condena “a las codemandadas solidariamente” y en cuanto condena “con costas a las co-demandas”. 2º) Admitir parcialmente el 2º agravio del actor y modificar la condena incluyendo también la multa del art. 1 de la ley 25323 y rechazar el primer y el tercer agravio expresados por el actor. 3º) Rechazar los agravios vertidos por la demandada HARASIC VERA S.A. y confirmar la sentencia en lo demás que fuera materia de agravios. 4º) Las costas de la instancia se imponen a la empleadora en su calidad de vencida (art. 68 del CPCC) y se difiere la regulación de honorarios de los profesionales hasta que obre en autos regulación en la instancia de grado. 5º) Tener presente la reserva del caso federal del escrito contestando agravios (PE 1605646/2024). 6º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. Fdo. Griselda I. Bard- Jueza de Cámara- Presidenta; Humberto Eduardo Monelos- Juez de Cámara; Horacio Fernández- Juez de Cámara. - Protocolización: A201024S.251 Tomo: CII Sentencia: 3120 Folio Nº: 168/175 Secretaria: 1
Fin de la sentencia