Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 34802-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco y confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios, con costas (artículo 68, del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación).
2Hacer lugar al recurso interpuesto por el letrado de la parte actora y elevar los honorarios por las actuaciones cumplidas en la instancia precedente de conformidad con lo señalado en el considerando IX y con la aclaración establecida en el considerando X.
3Regular los honorarios del Dr. Hernán Cancellieri, por las actuaciones cumplidas en esta instancia de conformidad con lo expresado en el segundo párrafo del considerando IX.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
18167/2021 PIONEER ARGENTINA SRL - TF 34802-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de mayo de 2021.
VISTOS Y
I. Que a fs. 67/70 el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la resolución n° 317/2013, mediante la cual el Administrador de la Aduana de San Pedro había condenado a la firma exportadora al pago de 2.518.829,04 pesos en concepto de multa, en los términos del artículo 954, apartado 1, incisos a) y c), del Código Aduanero y le había reclamado una diferencia de tributos por la suma de 119.944,06 pesos. Puso de manifiesto que la firma actora había documentado la exportación de mercadería, con destino Brasil, a la firma Du Pont do Brasil, según le fue indicado por la compradora Pioneer Overseas Corporation, a nombre de quien emitió la factura y de parte de quien recibió las divisas. Ésta última, había convenido con la empresa brasilera una venta sucesiva por un precio superior al de la venta inicial efectuada por la firma actora, circunstancia que motivó el cuestionamiento por parte del servicio aduanero.
Posteriormente, examinó si se hallaban reunidas las condiciones para que la conducta reprochada pudiera ser calificada como una declaración inexacta.
En tal sentido, puso de manifiesto que no se hallaba controvertido que la firma recurrente (Pioneer Argentina S.R.L.), la compradora (Pioneer Overseas Corporation, de los Estados Unidos), y la destinataria final de la mercadería (Du Pont do Brasil), estaban vinculadas entre sí; circunstancia que, además, había sido oportunamente declarada al momento de confeccionar la “Declaración de los elementos relativos al Valor de Exportación”. Ante tal situación, destacó que el servicio aduanero contaba con facultades para investigar y recabar información sobre la operación, a efectos de probar la eventual diferencia entre lo declarado y lo verificado.
En tales condiciones, refirió que el servicio aduanero había constatado, a partir de la información proveniente del sistema Alta en sistema: 01/06/2022 INDIRA (Sistema de Intercambio de Información de los Registros Aduaneros), que la mercadería vendida por Pioneer Argentina S.R.L. a la firma Pioneer Overseas Corporation había ingresado al mercado brasilero –en una venta sucesiva a Du Pont do Brasil– por un valor FOB superior al que se había exportado desde la República Argentina, mas entendió que esa circunstancia no constituía un elemento suficiente para concluir que el valor declarado en la primera venta no hubiera sido el precio real de la operación.
Señaló que la mera existencia de una venta posterior por un precio diferente, llevada a cabo por un trader vinculado (Pioneer Overseas Corporation) no demostraba que el precio declarado en la primera venta hubiera sido inexacto.
De manera concreta, indicó que mediante el permiso de embarque 10 060 EC01 000498 H se había documentado la exportación de 166.444,83 kgs netos de maíz para la siembra, clasificado en la posición arancelaria 1005.10.000 a un valor FOB total de 665.779,32 dólares estadounidenses (a razón de 4 dólares estadounidenses por kilo) suma que coincidía con la consignada en la factura comercial 0002- 00002191. Por ende, no se advertía una diferencia entre lo declarado y el resultado de la comprobación, de manera tal que no se daban las condiciones para afirmar la existencia de una declaración inexacta. Agregó que tampoco procedía el reclamo efectuado por el servicio aduanero en concepto de diferencia de derechos de exportación porque la recomposición de valor practicada no se había ajustado a derecho. Al respecto, puso de manifiesto que, de conformidad con lo establecido en el artículo 746 del Código Aduanero, en aquellos casos en que existiera vinculación entre el comprador y el vendedor, no se considera a dicha circunstancia como un motivo suficiente para considerar inaceptable el precio pagado o por pagar, salvo que dicha vinculación influyera en el precio. Sólo en ese caso, el servicio aduanero puede desestimar el precio pagado o por pagar como base de la valoración y determinarlo de conformidad con lo establecido en el artículo 748 del referido código.
Señaló que en ese artículo se establece que “…el precio comparable será el resultante de los precios corrientes o en su caso de determinados precios de venta de la mercadería que se exporte, o del Alta en sistema: 01/06/2022 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V costo de producción. Dichos precios corrientes son básicamente los valores que resultan de los parámetros de los incisos a), b) y c) del aludido art. 748, los señalados precios de venta son los previstos en los incisos d) y f) del mismo artículo y el valor a partir del costo de producción está previsto en el inciso e)”.
Indicó que, además, conforme preceptúa el art. 2.1.2.1., Anexo I, de la Resolución General AFIP 620/99, en aquellos casos en que existen razones fundadas que habiliten a la Aduana a apartarse del valor declarado, se debe llevar a cabo el procedimiento allí previsto, requisito que no había sido cumplimentado en la presente causa. Refirió que en el informe de la Sección Fiscalización y Valoración de Exportación se había dejado asentado que “no se ha efectuado un ajuste o recomposición de valor de acuerdo a lo normado a través de la resolución AFIP nº 620/99” (cfr. fs. 212 de las actuaciones administrativas).
Tampoco se había indicado la norma legal aplicada, ni especificado el criterio utilizado para determinar el nuevo valor asignado a la mercadería, sino que la Aduana, simplemente, había descartado el valor documentado por la exportadora Pioneer Argentina S.R.L. y lo había reemplazado por el valor al que se importó en la Aduana de Sao Borja. En tales condiciones, y en la medida en que la recomposición del valor no se había realizado de conformidad con las pautas fijadas a tal efecto, concluyó que tampoco procedía el reclamo por diferencia de tributos.
Por otra parte, a fs. 75 se regularon los honorarios del Dr. Hernán Cancellieri, por su actuación en el doble carácter de letrado apoderado y patrocinante de la parte actora en la suma de 140.000 pesos. Asimismo, allí se expresó que “…firmes e impagos los honorarios regulados se devengarán los intereses previstos en el artículo 61 de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432, hasta la fecha de su efectivo pago”.
II. Que, contra dicha sentencia apeló el Fisco y expresó agravios a fs. 94/105, que fue replicado a fs. 108/110 vta. En lo relativo al fondo de la cuestión, el Fisco circunscribe sus agravios a señalar que no es razonable que se haya exportado la mercadería desde nuestro país por un valor FOB de u$s 4,13 por tonelada [debió decir a un valor de u$s 4 por kilo], y que la misma haya Alta en sistema: 01/06/2022 ingresado en Brasil, como consecuencia de una venta sucesiva, por un valor FOB de u$s 7,96 por kilo. Sostiene además que el exportador debió demostrar que la referida vinculación no había influído en el precio de venta.
Considera que en el caso debió tenerse en cuenta el criterio sostenido por el Tribunal Fiscal en la causa n° 38.718-A, caratulada “Pioneer Argentina S.R.L. c/DGA s/apelación”, del 14 de junio de 2018, en la que se resolvió confirmar la resolución aduanera y se concluyó que era carga de la parte actora acreditar que la vinculación detectada no había influido en el precio.
III. Que, asimismo, a fs. 81 y a fs. 84/87, el letrado de la parte actora y el Fisco apelaron la regulación de honorarios por considerarlos bajos y altos, respectivamente. Además, el Fisco se agravió de que se haya dispuesto la adición de intereses respecto de los honorarios. Por un lado, en el entendimiento de que el Tribunal Fiscal carece de facultades para disponer la ejecución de sus sentencias y; por el otro, en la medida en que existe un trámite específico para el pago de los referidos honorarios, de manera tal que la eventual adición de intereses únicamente procederá en caso de que se constate mora, entendida como “…el retardo en el cumplimiento de la prestación cuando se incurre en él en las condiciones que la ley determina para asignarle consecuencias jurídicas”
IV. Que los agravios planteados por el Fisco no constituyen una crítica concreta y razonada de la sentencia apelada, pues no formula las mínimas referencias necesarias a las circunstancias particulares que fueron examinadas en la presente causa. En concreto, insiste en la falta de razonabilidad de que se haya exportado documentando un precio inferior al que terminó importándose en el país de destino, como consecuencia de una venta sucesiva, mas no se hace cargo de que los fundamentos expuestos en la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación para concluir que en el caso no cabía considerar demostrada la infracción de declaración inexacta, en los términos del artículo 954, apartado 1), inciso c) del Código Aduanero.
Alta en sistema: 01/06/2022 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V En efecto, según lo expresado en la sentencia apelada, el precio declarado en el PE n° 10 060 EC01 000498 H, resultó idéntico al de la factura comercial 0002-00002191, que fue percibido y registrado contablemente (ver en la actuaciones administrativas SIGEA n° 12634- 54-2012: el permiso de embarque en el sobre contenedor agregado a fs. 234; factura comercial 0002-00002191 obrante a fs. 107 y la “Certificación Contable de Registraciones de Ventas y sus pagos con sus respectivos asientos contables y documentación respaldatoria”, obrante a fs. 105/114). Sobre el punto, cabe destacar que tanto el giro de las divisas como el respectivo asiento contable no fueron objetados por el servicio aduanero.
Por ende, y conforme resulta de las constancias de autos, no se advierten en el caso bajo análisis los elementos necesarios para afirmar la existencia de una declaración inexacta, por cuanto no existe una diferencia entre la declaración comprometida y el resultado de la comprobación (en similar sentido, esta Sala V en las causas n° 22.071/2018 caratulada “Maltería Pampa S.A. c/Administración Nacional de Aduanas s/recurso directo de organismo externo”, del 12 de junio de 2018, n° 20.412/2018 caratulada “Maltería Pampa S.A. c/Administración Nacional de Aduanas s/recurso directo de organismo externo”, del 13 de septiembre de 2018 y n° 37.207 /2019, caratulada “Maltería Pampa S.A. c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 2 de febrero de 2021, entre muchas otras).
V. Que, además, la centralización de las ventas de exportación por intermedio de terceras sociedades (o “traders”), constituye un mecanismo perfectamente lícito en la medida en que no se trate de una “maniobra” tendiente a perjudicar los intereses fiscales. Por ello, el hecho de que haya constatado mediante la utilización del sistema informático Indira, que la mercadería fue importada al mercado brasilero a un valor superior al que se exportó desde la República Argentina no constituye per se un elemento suficiente para cuestionar el valor en aduana consignado en la declaración. Ello, ya que la utilización de un esquema de ventas trianguladas (sucesivas) y el hecho de que las empresas estuvieran vinculadas no son suficientes para considerar que se trató de una maniobra simulada. De este modo, se advierte que la Alta en sistema: 01/06/2022 suposición de existencia de una simulación en las operaciones trianguladas (o de ventas sucesivas) no ha sido debidamente probada en la causa.
Lo expuesto precedentemente, se condice con el hecho de que, como fue expresado por el Tribunal Fiscal, no fue materia de controversia que el precio declarado había resultado idéntico al precio efectivamente facturado, percibido y registrado contablemente. Por lo tanto, a fin de sustentar la imputación determinada por el servicio aduanero, era necesario contar con pruebas que dieran cuenta de que se trató de una operación simulada, o que el precio declarado no constituía una base idónea para determinar el valor imponible en aduana, según lo establecido al respecto en el artículo 748 del Código Aduanero, circunstancia que en el caso no se verificó.
Por lo tanto, la circunstancia reprochada por la Aduana, es decir, que la declaración del precio de importación en el mercado brasilero difiere del precio declarado por el exportador, no configura el tipo previsto en el art. 954, apart. 1, inc. c) del CA, ya que en los hechos no se advierte una diferencia entre lo declarado y lo verificado, sino que se evidencia la existencia de dos ventas sucesivas, a dos valores diversos y respecto de los cuales no se ha probado que se trate de operaciones simuladas.
Conforme a lo expuesto precedentemente, y debido a que no es la modalidad de triangulación lo que tipifica por sí misma la conducta del administrado y considerando que el hecho infraccional únicamente puede darse en el supuesto que se constate una diferencia entre el precio declarado y el constatado –lo cual en el caso no se configura– , o bien que se advierta una manipulación artificiosa del precio para obtener una ventaja fiscal –que tampoco fue probado–, cabe concluir que no se configuró en autos el presupuesto exigido por el art. 954, apartado 1, inciso c), del Código Aduanero, de manera tal que el recurso interpuesto por el Fisco debe ser rechazado.
VI.– Que, en idéntico sentido se pronunció la Sala I de esta Cámara en la causa n° 31.012/2019, caratulada “Pioneer Argentina S.R.L. (TF 34807-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 6 de febrero de 2020 y; además, éste es el criterio seguido en temas Alta en sistema: 01/06/2022 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V sustancialmente análogos por la Sala I de esta Cámara, en los autos “Maltería Pampa SA (TF 35103-A) c/ Administración Nacional de Aduanas s/ Recurso directo de organismo externo”, causa n° 22.091/2018, del 9 de mayo de 2019 y por esta esta Sala V en las causas n° 22.071/2018 caratulada “Maltería Pampa S.A. c/Administración Nacional de Aduanas s/ recurso directo de organismo externo”, del 12 de junio de 2018, n° 20.412/2018 caratulada “Maltería Pampa S.A. c/Administración Nacional de Aduanas s/recurso directo de organismo externo”, del 13 de septiembre de 2018 y n° 37.207 /2019, caratulada “Maltería Pampa S.A. c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 2 de febrero de 2021, entre muchas otras).
VII. Que, finalmente, y con relación al planteo del Fisco tendiente a que la presente causa sea resuelta de conformidad con lo concluido por el Tribunal Fiscal en el marco de la causa n° 38.718-A, caratulado “Pioneer Argentina S.R.L. c/DGA s/apelación”, del 14 de junio de 2018 (que obra en copia a fs. 94/100vta), cabe realizar las siguientes precisiones.
En primera medida, es dable poner de manifiesto que en dicha causa el mencionado Tribunal examinó una serie de operaciones de importación documentadas por la firma Pioneer Argentina S.R.L., relativas a mercadería que adquirió a la firma Pioneer Overseas Corporation Supply Management de los Estados Unidos de América, quien previamente las había comprado a Du Pont Brasil. Ésta última las había exportado de manera directa hacia la República Argentina, por indicación de su compradora, a un valor FOB inferior al que fue finalmente importada en nuestro país.
En la presente causa, la operación que se reprocha es de exportación, y fue documentada por la firma actora desde nuestro país con destino final Brasil, según le indicara la firma compradora -Pioneer Overseas Corporation-. El precio declarado en esa exportación fue el convenido entre ambas, reflejado en la factura comercial y que se corresponde con las divisas que ingresaron al país, según la certificación contable y el detalle de los pagos que obran agregados en la causa. A su vez, la firma estadounidense concertó con la firma brasilera una venta sucesiva a un mayor valor, que fue el que se consignó en el despacho de Alta en sistema: 01/06/2022 importación que se confeccionó al ingresar la mercadería en Brasil, según informó el sistema Indira.
Ahora bien, si bien se trata de circunstancias diversas, en tanto examinan la conducta de la firma Pioneer Argentina S.R.L. en su rol de importador (en la causa que invoca el Fisco) y de exportador (en la presente causa), lo cierto es que presentan como elemento común la mecánica de concertación del negocio, que coincide en ambos casos, y que fue examinada por la Sala III de esta Cámara, al tiempo de tratar el recurso interpuesto respecto de la sentencia que el Fisco invoca en sus agravios, en la causa n° 20/2019, caratulada “Pioneer Argentina S.R.L. TF 38.718-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 22 de octubre de 2019. En dicha causa, se revocó lo resuelto por el Tribunal Fiscal, con base en una serie de argumentos que fueron a su vez examinados, al tiempo de dictaminar la Procuradora Fiscal, el 22 de abril de 2021.
Allí puso de manifiesto, en orden a la interpretación del artículo 954, apartado 1), inciso c), del Código Aduanero, que “…sobre la base de los hechos y las pruebas rendidas en la causa, tuvo por demostrado [se refiere a la Sala III de esta Cámara] que los precios declarados por Pioneer Argentina S.R.L. se correspondían con los efectivamente pagados por ella a POCSM por las compras realizadas, lo que elimina toda posibilidad de configuración de la infracción imputada”. La Sala III había examinado que si bien se trataba de tres empresas vinculadas, circunstancia que además había sido declarada por la firma Pioneer Argentina S.R.L, lo cierto es que POCSM “…había explicado que la diferencia de los valores de salida de la mercadería de Brasil y el de ingreso a la Argentina obedecía a los riesgos que había asumido y a los costos asociados con el desarrollo de la semilla de fundación, la cual había suministrado a Du Pont Brasil para la producción de semillas comerciales. g) En tal sentido, POCSM especificó que Du Pont Brasil tenía un retorno garantizado sobre el costo incurrido en la producción, independientemente de los resultados, más un margen del 10%, mientras que POCSM asumía todos los riesgos económicos relacionados con la producción de la semilla, incluyendo, entre otras causas, el bajo rinde, las malas condiciones climáticas, el uso de técnicas inadecuadas en la cosecha y los defectos genéticos del producto que podrían surgir durante el proceso de producción de la semilla comercial…se había acreditado Alta en sistema: 01/06/2022 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V fehacientemente que los precios declarados por Pioneer Argentina S.R.L. se correspondían con los efectivamente pagados por ella, lo que eliminaba toda posibilidad de configuración del supuesto previsto en el art. 954, ap. 1, inc. c) del C.A.
Especificó que dicha circunstancia se encontraba demostrada con la certificación contable sobre las operaciones de importación, con el detalle de las facturas del proveedor POCSM, con la registración de sus respectivos pagos y con las constancias de los giros de divisas de las destinaciones de importación involucradas. Puso de relieve que el propio Tribunal Fiscal había reconocido que el giro de las divisas y su asiento contable no habían sido objetados por el servicio aduanero…”.
En tales condiciones, corresponde poner de manifiesto que, en el caso, la firma Pioneer Argentina S.R.L. concertó con Pioneer Overseas Corporation el mismo contrato de suministro de “semillas de fundación” al que se refirió la Sala III cuando examinó, en el caso referido, la exportación a nuestro país a un valor inferior al que finalmente fue importada en nuestro territorio. Es decir que, si con base en el mismo esquema de negocios se consideró que era razonable que la mercadería hubiese sido importada en nuestro país al valor convenido en la segunda venta y más allá de que hubiese sido exportada desde el Brasil consignando el valor -inferior- de la primera venta del mismo modo debe considerarse razonable que, al tiempo de ser exportada desde nuestro país lo haya sido al valor de la primera venta, más allá de que al tiempo de ser importada al territorio brasilero, se hay tomado en cuenta el valor de la segunda venta, que le resulta ajena al exportador argentino, que no participa en las ganancias que pudiera reportarle al comprador estadounidense y asumió otros riesgos, de conformidad con lo expresamente informado por dicha parte (cfr. fs. 129/133 de las actuaciones administrativas) y acorde a los términos convenidos en el contrato que se halla agregado a fs. 134/147 de las actuaciones administrativas; y recibe a cambio el pago convenido como consecuencia de ese acuerdo, que se halla debidamente facturado y cuyo ingreso de divisas y registro contable fue también acreditado y no se encuentra debatido.
En consecuencia, corresponde rechazar el recurso del Fisco en cuanto controvirtió el valor declarado por no coincidir con la Alta en sistema: 01/06/2022 información existente en el sistema Indira, en la medida en que, según fue precedentemente examinado, aquello no implicó que se trate de una operación simulada ni constituyó una declaración inexacta ni produjo el ingreso de divisas por una suma inferior a la debida.
VIII. Que, finalmente, y en atención a que el Fisco no formula consideraciones concretas en orden a que las circunstancias reprochadas podrían haber producido un perjuicio fiscal, corresponde rechazar su recurso y confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios, con costas.
IX. Que, respecto a los recursos de apelación interpuesto contra la regulación de honorarios practicada a favor del letrado apoderado y patrocinante de la parte actora, Dr. Hernán Cancellieri, y de acuerdo con la base regulatoria (2.518.829,04 pesos en concepto de multa y 119.944,06 pesos en concepto de tributos más sus respectivos intereses), la cantidad de etapas cumplidas (una), y el carácter en el que actuó dicho letrado, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto por el mencionado letrado, y elevar a 267.000 pesos los honorarios regulados a fs.75 (cfr. artículos 7, 9, 37 y 38 de la ley 21.839).
Asimismo, en lo que respecta a la actuación ante esta Alzada (v. contestación de agravios obrante a fs. 108/110vta), corresponde regular los honorarios del Dr. Hernán Cancellieri, en su carácter de apoderado y patrocinante de la parte actora, en la cantidad de 14,32 UMA, equivalentes a $ 128.894,32 pesos (conf. arts. 16, 19, 29, 44 y ccdtes. de la Ley Nº 27.423 y Ac. CSJN Nº 12/22).
Cabe dejar aclarado que en los importes precedentemente indicados no se encuentra incluida suma alguna en concepto de Impuesto al Valor Agregado, por lo que -frente a la acreditación de la condición de responsable inscripto en dicho tributo que oportunamente realicen los beneficiarios-, la obligada respecto de dichos emolumentos deberá depositar el importe correspondiente a dicho tributo, como parte del monto a abonar.
X. Que, asimismo, y en cuanto a lo dispuesto por el Tribunal Fiscal de la Nación en relación a la aplicación de las previsiones Alta en sistema: 01/06/2022 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V de la Ley 21.839 respecto a los intereses por la posible mora en el pago de los honorarios regulados, es oportuno indicar que “… la deuda por emolumentos no resulta exigible hasta tanto culmine el procedimiento especial vigente en materia de ejecución judicial de condenas dinerarias contra el Estado [en el caso art. 22 de la Ley Nº 23.982] que desplaza al régimen general de cancelación de créditos por honorarios y, en consecuencia, al plazo establecido en el art. 49 de la Ley de Arancel.” (conf. esta Sala V en la causa n° 30451/2018, caratulada “Wintershall Energía S.A. c / DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 19 de marzo de 2019).
En consecuencia, aun cuando el artículo 49 de la Ley 21.839 no haya sido modificado, tratándose de una norma de carácter general en materia de honorarios, queda desplazada en el aspecto especial del régimen de cancelación cuando el obligado al pago sea el Estado Nacional, sin que tal solución importe una discriminación arbitraria en perjuicio de los letrados que litiguen en su contra en la medida que tiene fundamento en la organización administrativa y presupuestaria propias de su personalidad jurídica y alcanza a todos los sujetos que revistan la calidad de deudores del mismo.
Es menester destacar que, de conformidad con lo establecido en los artículos 22 de la ley 23.982 y el artículo 170 de la ley 11.672 (t.o. 2014), ante la falta de crédito presupuestario suficiente en el ejercicio en el que corresponde satisfacer el pago, el Poder Ejecutivo debe arbitrar las medidas necesarias para su inclusión en el ejercicio siguiente; es decir, se le confiere al Estado Nacional la prerrogativa de diferir por única vez el pago de la condena en el supuesto de que se agote la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio en el que se encontraba prevista su cancelación (cfr. C.S.J.N. in re: “Recurso Queja nº 2 –Curti Gustavo Alberto –inc. Ejec. Sent.- y otros c/ EN- Mº Defensa- Ejército- Dto. 1104/1053 y otros s/ Proceso de Ejecución”, CAF 025191/2012/2/RH002, resolución del 27/12/2016, y esta Sala en la causa “Lucena Jorge Ricardo c/ EN- Tribunal de Tasaciones- Dtos. 1487/01 1561/01 s/ Empleo Público”, sentencia del 14 de noviembre de 2013; entre muchos otros). Ahora bien, no se sigue de dicho régimen especial de ejecución que, durante ese tiempo que se le otorga al Estado para Alta en sistema: 01/06/2022 cumplir con la condena, no corran los intereses establecidos en el artículo 61 de la ley nro. 21.839.
En efecto, ninguna norma del régimen de orden público dispone que el Estado esté exento de pagar los referidos accesorios (cfr. esta Sala en “Bazze Amin Jose y Bazze Maria Marta SH c/ Dirección General Impositiva s/Recurso directo de organismo externo”, Nº 45329/2015, del 6 de noviembre de 2018).
Por todo lo expuesto, SE
1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco y confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios, con costas (artículo 68, del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación). 2) Hacer lugar al recurso interpuesto por el letrado de la parte actora y elevar los honorarios por las actuaciones cumplidas en la instancia precedente de conformidad con lo señalado en el considerando IX y con la aclaración establecida en el considerando X. 3) Regular los honorarios del Dr. Hernán Cancellieri, por las actuaciones cumplidas en esta instancia de conformidad con lo expresado en el segundo párrafo del considerando IX. Se deja constancia de que el Dr. Guillermo F. Treacy no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (artículo 109 del R.J.N.).
Regístrese, notifíquese y; oportunamente, devuélvase.
Jorge F. Alemany Pablo Gallegos Fedriani Alta en sistema: 01/06/2022
Fin de la sentencia